Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-218-10 — Registro 16863

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Abuso de autoridad y se le absolvió por Prevaricato, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR ACUSADO E. N. Z. ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE ESTE ULTIMO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD INCURRIO EN UNA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 349, NUMERAL 2 DEL CÓDIGO PENAL, QUE SE LEE ASÍ: "SERÁ CASTIGADO CON RECLUSIÓN DE TRES A SEIS AÑOS E INHABILITACIÓN ESPECIAL POR EL DOBLE DEL TIEMPO QUE DURE , EL FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO QUE:… 2) DICTE O EJECUTE ÓRDENES, SENTENCIAS, PROVIDENCIAS, RESOLUCIONES, ACUERDOS O DECRETOS CONTRARIOS A A LAS LEYES O SE ABSTENGA DE CUMPLIR LO DISPUESTO POR CUALQUIERA DE DICHOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS", COMPRENDIDO EN EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO XIII, DE LOS "DELITOS CONTRA ". PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-Argumentan los recurrentes que el precepto que tipifica el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, está comprendido en el Código Penal entre los delitos que se cometen contra , que es el bien jurídico protegido por esa figura. Analiza el hecho probado y refiere que del mismo no resulta lesión de dicho bien jurídico. Después de citar diversas fuentes doctrinarias sobre el concepto de , concluye que esta reside en el Poder Ejecutivo. Asimismo, considera que la propia Ley General de , dispone en su artículo 2 que: “ puede ser centralizada y descentralizada”. El Artículo 9. Centralizada está constituida por los órganos del Poder Ejecutivo. Artículo 10. Son órganos del Poder Ejecutivo: a) de ; b) El Consejo de Ministros; y, c) Las Secretarías de Estado. Artículo 49. descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: a) Instituciones Autónomas, y, b) Municipalidades o Corporaciones Municipales." Del análisis que realiza al hecho único declarado probado por el Juzgador, frente a la doctrina y ley enunciada, estima que no establece la más mínima relación con, como el bien jurídico protegido del delito objeto del proceso. Concluye que el cuadro fáctico de la sentencia impugnada no subsume la figura del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, siendo por ello evidente la infracción, por aplicación indebida, al artículo 349. 2 del Código Penal. Esta Sala de lo Penal, es del criterio que el presente motivo debe ser declarado con lugar, debiendo estarse el recurrente a lo expuesto por este Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación que por infracción de ley promoviera.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

General de de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de septiembre de de dos mil once, por medio de , integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional interpuestos contra la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual: 1) Condenó a E. N. Z., como autor responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de , a la pena principal de TRES (03) AÑOS DE RECLUSION, más las accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL por el doble de tiempo por el indicado delito e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; 2) Absuelve de toda responsabilidad penal al señor E. N. Z., por el delito de PREVARICATO en perjuicio de y del señor O. K. K..- Interpusieron los Recursos de Casación el Abogado E. J. L. Z., actuando en su condición de Acusador Privado en representación del señor O. K. K.; el Abogado V. R. C., actuando en su condición de Representante del Ministerio Público; y los Abogados G. M. A. y R. H. B., actuando en su condición de Apoderados Defensores del imputado E. N. Z., como recurrentes-recurridos respectivamente.- SON PARTES: Los Abogados G. E. M. y R. H. B., Apoderados Defensores del encartado E. N. Z.; el Abogado E. J. L., en su condición de acusador privado y apoderado del señor O. K.; y, L. C., en su condición de Representante del Ministerio Público. CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- HECHO PROBADO Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: “UNICO: Que en fecha tres de mayo del año dos mil seis, en el Juzgado Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, se presentó demanda ordinaria para la formalización de un aumento de capital social de A., S.A., (ALISA) mediante la ejecución de actos previos que concluyeran con la protocolización e inscripción de un acuerdo asambleario en el registro público de comercio; misma que fue admitida, tramitada y resuelta por el señor E. N. Z., en su condición de Juez de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua, quien fuera destituido de su cargo por de Justicia, y sin ser el Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma, ya que la referida sociedad mercantil tiene su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., y por cuestión de territorio el referido ex juez Nolasco Zúniga, solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.” III.- El recurrente, Abogado E. J. L. Z., en su condición de Acusador Privado en representación del señor O. K. K., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION UNICO MOTIVO: Haber infringido el juzgador un precepto penal sustantivo u otro precepto del mismo carácter que deba ser observado en la aplicación de la ley penal, en relación a los hechos probados establecidos en la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 360 del Código Procesal Penal (en adelante CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, es el Art. 379, numeral 1 del Código Penal (en adelante CP), que textualmente dispone: "Artículo 379. Se sancionará con reclusión de tres (3) a cinco (5) años: 1) Al juez que con malicia y verdadera conciencia de su injusticia dicte sentencia contraria a la ley en un juicio no criminal; 2)...". Dicho Artículo debe relacionarse con el Art. 36 del CP, que refiere el Concurso Ideal Medial de Delitos. EXPLICACIÓN DEL VICIO. A) Contenido de los hechos probados. La estructura de hechos probados establecidos en la sentencia que hoy se recurre, literalmente señala: "UNICO: que en fecha tres de mayo del año dos mil seis en el Juzgado Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, se presentó demanda ordinaria para la formalización de un aumento de capital social de A. S. A de C. V. (ALISA) mediante la ejecución de actos previos que concluyeran con la protocolización e inscripción de un acuerdo asambleario en el registro público de comercio, misma que fue admitida, tramitada y resuelta por el señor E. N. Z., en su condición de Juez de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua, quien fuera destituido de su cargo por de Justicia, y sin ser el Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma, ya que la referida sociedad mercantil tiene su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, M D. C y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua". B) La manera en que se dejó de aplicar el Art. 379.1 del CP. El presente motivo de casación, como en efecto lo cita el Art. 360 del CPP, parte de un elemento indispensable: Los hechos probados de la sentencia.- Son esos hechos probados la base para la aplicación del derecho, puesto que como su nombre lo indica, son esos los acontecimientos que estructura el juzgador partiendo del análisis de pruebas, y es a esas circunstancias probadas a las que hay que asignarles una norma jurídica para determinar la consecuencia de la sentencia: La absolución o condena del imputado.- Por ello, para estimar si la norma sustantiva ha sido correctamente aplicada, debe necesariamente hacerse una obligatoria referencia a los hechos probados de la sentencia, para así estimar si éstos mantienen correspondencia con el fallo que se emita, producto de la relación que deben tener con la norma jurídica que la resolución les asigna. Pero, además de ello, para verificar si la sentencia emitida por el Tribunal de instancia ha acertado en la selección de la norma penal de carácter sustantivo para proferir el fallo de absolución o condena, es necesario revisar la fundamentación jurídica de la sentencia, puesto que es en este apartado de la sentencia penal (como al efecto lo dispone el Art. 338 del CPP), donde se consignan, entre otros aspectos jurídicos, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido como probados.- Así, si la sentencia encierra en sí misma un solo pensamiento -el cual no puede ser fraccionado, ya que los elementos que lo componen se encuentran articulados-, corresponde pues, al analizar la posible infracción de ley sustantiva como motivo de casación, revisar la argumentación jurídica del Juzgador, para comprobar qué fundamentos utilizó para la selección de la norma sobre la que ha ejercido esa calificación, y determinar de ahí su correcta aplicación del derecho sustantivo o material. En relación a la sentencia que hoy se revisa, partiendo inicialmente de la narración de acontecimientos consignados en el hecho probado UNICO, se observa, por un lado, la acertada calificación de los mismos en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, consignado en el Art. 349.2 del CP.- Sin embargo, de los mismos hechos probados y de las normas jurídicas invocadas en el apartado de FUNDAMENTACION JURIDICA, se evidencia la subsunción de los mismos en el delito de PREVARICACION, el cual, a pesar de estar referido en la exposición de hechos, y en los propios Artículos señalados en la argumentación jurídica, fue dejado de aplicar por el Tribunal de Sentencia, resultando de ello la infracción a Art. 379.1 del CP. Ello es así, puesto que en la narración fáctica el Tribunal de Sentencia expone que la demanda ordinaria presentada ante el Juzgado Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, dirigida a obtener de ese despacho de justicia la emisión de la sentencia que formalizara el aumento de capital de la sociedad Alimentos S.A de C.V., para luego obtener la protocolización e inscripción en el Registro Público de Comercio, FUE ADMITIDA, TRAMITADA Y RESUELTA por el imputado, en su condición de Juez de Letras Seccional, sin ser JUEZ NATURAL NI TENER JURISDICCION para conocer de dicha demanda.- Es decir, los hechos probados cuestionan jurídicamente tres actos procesales desarrollados ilegalmente, y en momentos diversos, por el imputado en su condición de Juez de Letras: 1) , 2), Y 3) SENTENCIA, DE , cuando el imputado no tenía competencia territorial para conocer del asunto, como tampoco jurisdicción para resolverlo.- Pero el error de falta de aplicación del delito de PREVARICACION se constituye cuando el Tribunal de Sentencia le atribuye a estos tres momentos una sola connotación jurídica: el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, dejando de observar que con la decisión definitiva adoptada por el imputado al resolver la improcedente demanda, por la materia que resuelve y sus efectos, se consumó el delito referido atentatorio contra la sana administración de justicia. De la propia narración de los hechos probados, se aprecia la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD bajo la hipótesis jurídica apreciada por la sentencia (el Art.349.2 del CP), al haberse ADMITIDO y luego TRAMITADO la improcedente demanda presentada por el señor L. K. B., en relación a la sociedad mercantil Alimentos S.A. de C.V., que no tenía su domicilio en la ciudad de Siguatepeque, y que, por lo tanto, resultaba imposible jurídicamente esa admisión y posterior tramitación de la misma por parte del imputado, puesto que no tenía competencia territorial que le permitiera el conocimiento del asunto arribado a su conocimiento. Pero, la calificación jurídica otorgada por la sentencia recurrida se queda corta al no estimar el delito de PREVARICACION (y por ello la falta de aplicación del Art. 379.1 del CP), por el cual, también se acusó el imputado E. N. Z., cuando del mismo cuadro fáctico establecido en los hechos probados se observa su comisión, al señalarse en el mismo que la improcedente demanda presentada fue RESUELTA por el procesado, cuando la ley no le atribuía JURISDICCION para resolver la misma, con lo cual, al proceder a emitir su sentencia en relación con la demanda presentada, sobre un asunto sobre el cual sabía que material u objetivamente no podía resolver, y al proceder a hacerlo, es que actuó con malicia y verdadera conciencia de su injusticia al dictar sentencia contraria a la ley en un juicio no criminal.- La propia sentencia que hoy se recurre, reconoce la comisión del delito imputado, al relatar esa falta de jurisdicción del acusado para proceder a resolver la improcedente demanda presentada en su despacho de justicia, siendo más bien, este acto procesal (el de la resolución de la demanda) el que más relevancia jurídico penal tiene entre los tres citados por los hechos probados (admisión, tramitación y resolución), puesto que la sentencia dictada en su momento por el ex Juez E. N. Z., generó efectos jurídicos perjudiciales al ofendido O. K. K., ya que con ella se procedió a operar el aumento de capital de la sociedad ALIMENTOS S.A de C.V., y en consecuencia y por orden del mismo ex Juez en la sentencia, a la modificación de la escritura social de constitución; facultades que son propias y exclusivas de de Accionistas de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio y no de un órgano jurisdiccional, lo que a la larga conllevó la reducción de acciones del ofendido de 11, 9,180. Es así, que al reconocer los hechos probados de la sentencia que el imputado no podía resolver la demanda presentada por carecer de JURISDICCION por no gozar de la facultad de conocer el objeto mismo de la referida demanda; al haberlo hecho, el imputado se atribuyó una facultad que el mismo ordenamiento jurídico no le concedía, como ser, la autorización de aumento de capital social que corresponde única y exclusivamente a de Accionistas, y la posterior modificación de la escritura social.- Y es la misma sentencia recurrida, en su FUNDAMENTACION JURIDICA, concretamente en el desarrollo que hace del delito de Abuso de Autoridad, donde confirma que al momento de resolver, el imputado no tenía jurisdicción para hacerlo, y asume esas facultades privativas de , y a pesar de ello no reconoce la comisión del ilícito de prevaricato.- Así, el propio Tribunal señala: "Consideran estos juzgadores, que el referido señor E. N. Z. desplegó su acción al admitir, tramitar y resolver una demanda en donde todas la partes tenían o tienen su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en contravención a lo que estipula la norma legal respecto a las Jurisdicción de los asuntos o negocios que deberán conocer los Juzgados y Tribunales de , consignando en los artículos 5, y 143 de de Organización y Atribución de los Tribunales, en relación con los artículos 169 y 198 del Código de Comercio; por lo que deviene este Tribunal de Sentenciador castigar esta conducta por el delito de Abuso de Autoridad...". Obsérvese que en este apartado de la sentencia, el Tribunal recurrido ratifica los tres momentos procesales desarrollados por el imputado, en su condición de Juez de Letras de Siguatepeque, y sobre los que concede la significación jurídico-penal de Abuso de Autoridad: La admisión, la tramitación y la resolución de la demanda.- Sobre los dos primeros, se señala como norma infringida el Art. 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales (en adelante LOAT), que dispone: "Los Juzgados y Tribunales sólo podrán ejercer su jurisdicción en los asuntos y dentro del territorio que les hubieren designado las leyes, lo cual no impide que en los asuntos de que conocen puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio", y la misma resolución la relaciona con el Art. 198 del Código de Comercio, el cual dispone que: "Para resolver las acciones de oposición a los acuerdos y suspensión de la ejecución, será competente el Juez del domicilio de la sociedad ... ", con lo cual, al Juzgador no le queda duda que el procesado al haber admitido y tramitado la demanda de de aumento de capital de la sociedad mercantil, cuando estaba a cargo de un Tribunal cuya competencia territorial no correspondía al domicilio de aquella, ni de ninguno de los involucrados en dicha demanda, y procediendo, a pesar de esa prohibición, a su conocimiento, evidencia la comisión del delito en comento, y por ello a esa infracción de las normas comentadas le atribuye la comisión del delito de Abuso de Autoridad. Pero a la vez, en ese mismo razonamiento de justificación de la comisión del delito de Abuso de Autoridad (y de lo cual se deriva la infracción de ley al delito de PREVARICACION), dicho Tribunal introduce el hecho de la resolución de la demanda y para ello cita el Art. 143 de : "El Juzgado o Tribunal a que los litigantes se sometieren, expresa o tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y actos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles, siempre que la sumisión se haga en quien tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado", disposición legal que relaciona con el Art. 169 del Código de Comercio, y que se refiere a la atribución exclusiva de la que gozan las Asambleas Extraordinarias de Socios para proceder a la modificación de la escritura social.- Y en esa relación se confirma la falta de aplicación del delito de PREVARICACION, puesto que ignora la sentencia, a pesar de percibirlo, que el sólo hecho que un juez proceda a resolver un asunto sobre el cual no le ha otorgado jurisdicción, como en el presente caso que trata de un asunto que el mismo ordenamiento jurídico deposita en el conocimiento y resolución de de Socios, implica por sí el actuar con malicia y verdadera conciencia de su injusticia al dictar sentencia contraria a la ley en un juicio no criminal, como lo establece nuestro Código Penal. Así, a pesar de estar reconocido en los hechos probados la comisión de PREVARICACION, es en la fundamentación jurídica donde se niega su realización, a pesar de invocarse las normas jurídicas, que muestran su apreciación.- Si el Tribunal de Sentencia ha establecido que en un primer momento el imputado admitió y luego tramitó una demanda sobre la cual no tenía competencia territorial, para al final decidir resolver la misma, sabiendo, por su condición de Juez de Letras y por tanto conocedor del derecho, y especialmente de las normas que rigen la jurisdicción, que no podía resolver ese asunto, puesto que se lo prohibían los Arts. 165, 169 del Código de Comercio y el 143 de , resulta obvia la malicia y conciencia de la injusticia con que el ex juez E. N. Z. decidió emitir su sentencia, que a la larga significó el aumento de capital de la sociedad Alimentos S.A de C.V.; la modificación a la escritura social, y la reducción de las acciones del socio O. K. K. quien al no ser parte del referido juicio, con malicia le fue vedado su derecho para reclamar por el número de acciones que legalmente le correspondían en proporción a las acciones de que era titular con motivo del aumento ilegalmente acordado por el Juez.- El imputado, entonces, sabía desde el principio que no podía resolver este tipo de asuntos, no obstante eso, decidió al principio admitir la demanda, luego darle trámite, y al final resolver la misma conllevando con ello asumir atribuciones que la ley no le concedía, siendo esto último lo que constituye el delito de PREVARICACION al que la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida se niega reconocer. Sobre este ilícito, A. DEL M. G., en su obra CODIGO PENAL (Comentarios y Jurisprudencia), Tomo II, señala, en cuanto a la tipicidad objetiva del delito relacionado, que: "El elemento básico del tipo es la injusticia de la sentencia o resolución, concepto que ha de cubrirse por referencia a la legalidad y no a concepciones extralegales de lo que puede considerarse justo o no. Será injusta la resolución cuando no se adapte a los parámetros de legalidad que marca el ordenamiento, representando una contradicción con el mismo... Por tanto estimo que debe bastar para apreciar la injusticia la contradicción con el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de que para la punición de la conducta sea necesario además que el Juez o Magistrado haya obrado con conciencia de esa injusticia". Y sobre la tipicidad subjetiva, dicho autor refiere que: "... es necesario el dolo directo, la conciencia de que la resolución que se dicta se aparta de la legislación o con la expresión de la jurisprudencia, la intención deliberada de faltar a la justicia" (Págs.2467 y 2468).- En ese mismo orden de ideas, JUAN BUSTOS RAMIREZ, en el MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL, segunda edición, enseña que: "Prevaricar es la aplicación torcida del Derecho... El adjetivo injusta no hay que tomarlo en el sentido dogmático penal, sino como la aplicación torcida del derecho (positivo, así García Arán, p. 117s.) que perjudica a una persona (o beneficia a otra)" (Pág 366).- Partiendo de este apoyo doctrinal se nota lo equivocado del Tribunal de Sentencia que en lo atinente al delito de PREVARICACION, dice que no se demostró que el imputado haya actuado, al emitir sentencia, con conciencia de la injusticia, cuando lo que realmente se exige, en cuanto a este aspecto, es que la sentencia no se adapte a los parámetros de legalidad que marca el ordenamiento; que represente contradicción con el mismo, lo que implica la aplicación torcida del derecho. - Situación que evidentemente ocurrió, y es recogida en los hechos probados que mencionan que el imputado resolvió sobre un asunto sobre el cual no tenía jurisdicción. Así, por el contenido de los hechos probados de la sentencia recurrida, por los argumentos señalados, y por el apoyo doctrinal citado, se concluye que la sentencia recurrida adolece del vicio de falta de aplicación del delito de PREVARICACION, por lo cual se genera la necesidad de casar la sentencia, y agregar a la sentencia de condena dicho delito; debiéndose agregar que el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, se constituye en el medio necesario para la comisión del delito de PREVARICACION, en vista que de no admitirse y darse a trámite la demanda ilegalmente presentada, no se habría producido en un último momento, la resolución definitiva, por lo cual, de conformidad al Art. 36 del CP, se presenta un concurso ideal impropio o medial de delitos, en cuya virtud deberá imponerse la pena del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, aumentada en una cuarta parte.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL APODERADO ACUSADOR ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INFRINGIDO EL ARTICULO 379 No. 1) DEL CODIGO PENAL EN TANTO QUE DE LOS HECHOS PROBADOS SE DESPRENDE QUE EL IMPUTADO E. N. Z. ADEMAS DE INCURRIR EN DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD TAMBIEN COMETIO EN CONCURSO MEDIAL EL DELITO DE PREVARICACION- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PRIMER PARRAFO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el precepto penal sustantivo infringido por falta de aplicación es el artículo 379, numeral 1 del Código Penal que dispone: " Se sancionará con reclusión de tres (3) a cinco (5) años: 1) Al juez que con malicia y verdadera conciencia de su injusticia dicte sentencia contraria a la ley en un juicio no criminal; 2)...". añadiendo que tal precepto debe relacionarse con el artículo 36 del Código Penal referente al concurso ideal medial de delitos. Esgrime que de los hechos probados de la sentencia recurrida el Juzgador deja de aplicar el artículo 379.1 del Código Penal. Estima por un lado, la acertada subsunción de los mismos en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, tipificado en el artículo 349.2 del Código Penal, pero es del parecer que de los mismos hechos probados se evidencia que también el comportamiento del acusado se subsume en el delito de PREVARICACION, figura que a su juicio fue dejada de aplicar por el Juzgador, por lo que estima que concurre una infracción del artículo 379.1 del Código Penal. Señala que en la narración fáctica el Juzgador expone que la demanda ordinaria presentada ante el Juzgado Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, dirigida a obtener de ese despacho de justicia la emisión de la sentencia que formalizara el aumento de capital de la sociedad Alimentos S.A de C.V., para luego obtener la protocolización e inscripción en el Registro Público de Comercio, FUE ADMITIDA, TRAMITADA Y RESUELTA por el imputado, en su condición de Juez de Letras Seccional, sin ser JUEZ NATURAL NI TENER JURISDICCION para conocer de dicha demanda.- Estima que el error por la falta de aplicación del delito de PREVARICACION se produce cuando el A Quo le atribuye a estos tres momentos una sola connotación jurídica: el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, soslayando que con la decisión definitiva, es decir, la sentencia dictada por el imputado al resolver la improcedente demanda incurrió en la comisión de aquel delito. El Censor es del criterio que la calificación jurídica de los hechos realizada en la sentencia recurrida se queda corta al no estimar el delito de PREVARICACION por el que también se acusó el imputado E. N. Z., cuando del relato fáctico se desprende su comisión, al señalarse en el mismo que la improcedente demanda que se interpusiera fue RESUELTA por el procesado, cuando la ley no le atribuía JURISDICCION para resolver la misma, con lo cual, al proceder a emitir su sentencia en relación con la demanda presentada, sobre un asunto sobre el cual sabía que material u objetivamente no podía resolver, actuó con malicia y verdadera conciencia de su injusticia al dictar sentencia contraria a la ley en un juicio no criminal. Concluye que el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, se constituye en el medio necesario para la comisión del delito de PREVARICACION, en vista que de no admitirse y darse trámite a la demanda ilegalmente presentada, no se habría producido en un último momento, la resolución definitiva, por lo cual, de conformidad al artículo 36 del Código Penal, se presenta un concurso ideal impropio o medial de delitos, por lo que solicita que se imponga al acusado la pena del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, aumentada en una cuarta parte.” .considera que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la mismas. En el caso bajo examen, el hecho declarado probado por el Juzgador en la sentencia impugnada refiere que: "..que en fecha tres de mayo del año dos mil seis en el Juzgado Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, se presentó demanda ordinaria para la formalización de un aumento de capital social de Alimentos S. A de C. V. (ALISA) mediante la ejecución de actos previos que concluyeran con la protocolización e inscripción de un acuerdo asambleario en el registro público de comercio, misma que fue admitida, tramitada y resuelta por el señor E. N. Z., en su condición de Juez de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua, quien fuera destituido de su cargo por de Justicia, y sin ser el Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma, ya que la referida sociedad mercantil tiene su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, M D. C y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua". A criterio de , debe sancionarse al encartado por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD EN CONCURSO IDEAL CON EL DE PREVARICACION DOLOSA, en este sentido y para los efectos de seguir un orden sistemático en la resolución del motivo, es pertinente referirnos en primer lugar al delito de ABUSO DE AUTORIDAD tipificado en el artículo 349 No. 2) del Código Penal que describe el comportamiento del funcionario o empleado público que “dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a de o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. Para llevar a cabo una correcta interpretación de la norma contenida en el artículo aludido [349 No. 2) C.P.] es conveniente determinar cuál es el alcance o el sentido otorgado a la palabra “abuso”. Al respecto, cabe recordar las palabras de CARRARA, para quien ese término contempla en sí mismo dos significados diversos sumamente diferentes, denominándose a uno de ellos “sentido ontológico” y al otro “sentido jurídico”. “En sentido ontológico se abusa de una cosa siempre que se emplea para un servicio diverso de su destino natural. En sentido jurídico se abusa de una cosa aunque se la emplee según su destino, si esto se hace de modo ilícito o por fines ilícitos” ( vid. CARRARA, FRANCESCO; Programa de Derecho Criminal-Parte Especial, volumen V, Temis-Depalma, 1977, &2514, p. 58), añadiendo que “puede abusarse de la autoridad en sentido ontológico cuando se usa de un poder público traspasando los límites que el cargo concede, y a pesar de esto puede no cometerse delito, es decir, no haberse abusado en sentido jurídico, por no ser criminosos ni el fin ni los medios… .En cambio, puede no haber abuso en sentido ontológico porque la autoridad concedida se ejerce dentro de los límites del poder respectivo, y sin embargo hay abuso de autoridad en sentido jurídico por la maldad del fin o de los medios” (ob. cit. pp. 58/59). A idéntica conclusión arriba SEBASTIAN SOLER, cuando señala que “…es preciso señalar el límite mínimo, lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcionarial que determina a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria. Este límite mínimo está señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar in fraudem legis. Por su parte, CREUS sostiene que no es exacto exigir para su configuración una determinada forma de malicia, sin embargo afirma que este tipo penal sólo se configura con dolo directo, en virtud de que además de requerirse el conocimiento por parte del autor de la oposición a la ley, la resolución o la orden; en su aspecto volitivo el agente debe querer oponerse a la ley, desconociéndola, pues quedan descartados aquellos supuestos de aplicación incorrecta de la ley por una interpretación errónea (cfr. CREUS, CARLOS; Derecho penal- Parte especial, Tomo 2, Astrea, 5° edición actualizada, 1° reimpresión, Buenos Aires, 1996, p. 260)”. “En el mismo sentido, DONNA refiere que uno de los requisitos esenciales que debe contener este tipo penal es la existencia de dolo directo, pues para su configuración resulta indispensable la existencia del propósito de violentar la ley de modo tal de menoscabarla mediante el empleo abusivo de la autoridad. En otros términos “…el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos de que se trate” (vid. DONNA, EDGARDO ALBERTO: Delitos contra , Colección Autores de Derecho Penal, Rubinzal Culzoni, 2° edición actualizada, 2008, p. 190)”. “Por consiguiente, el interés se concentra en los supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso, esto es, “en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica” (Soler, Sebastián; ob. cit., p. 138)”. “Es decir, la expresión “acto arbitrario” puede interpretarse correctamente sólo sí se toman en consideración su sentido objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay “abuso” o “arbitrariedad” allí donde el funcionario de que se trate disponga de poderes discrecionales y los emplee maliciosamente con un fin diverso a aquél perseguido por la ley”. “Resulta absolutamente irrelevante cuál sea la suerte que corra una resolución cuyo origen ha sido subjetivamente honesto, pues no adquiere el carácter de arbitrario por el mero hecho de que con posterioridad sea declarada su ilegalidad objetiva. A su vez, el funcionario que incurre en un error de derecho no comete abuso, en tanto aun cuando pueda afirmarse la existencia de ese error, no podrá decirse que hay falsedad, mentira y, en consecuencia, malicia”. “En palabras de Soler, “…en ningún caso se castigará la buena fe”. Expuestos los elementos objetivos y subjetivos del tipo de abuso de autoridad por el cual resultara condenado el imputado, cabe recordar que con respecto a la competencia formal por razón del territorio, el artículo 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales dispone que “Los Juzgados y Tribunales sólo podrán ejercer su jurisdicción en los asuntos y dentro del territorio que les hubieren designado las leyes, lo cual no impide que en los asuntos de que conocen puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio.”; sin embargo, el artículo 143 del mismo cuerpo de leyes, señala por excepción que: ”El Juzgado o Tribunal al que los litigantes se sometieren, expresa o tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y actos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles, siempre que la sumisión se haga en quien tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado. En el presente caso las partes demandante y demandada se han sometido a la jurisdicción territorial del Juez E. N. Z., a la sazón Juez Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con capacidad jurisdiccional para dirimir conflictos intersubjetivos de intereses de naturaleza civil y/o mercantil tramitados en juicio ordinario en su primera instancia. De este modo, y si bien es cierto que en principio tal y como se establece en el relato fáctico, y tratándose de una acción entablada contra una sociedad mercantil, la demanda interpuesta por el actor debió ser presentada en el Juzgado de Letras de lo Civil competente en el domicilio social de A. S.A., esto es, en en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, no es menos cierto, que por efecto de la sumisión de las partes a la competencia del Juez de Letras Seccional de Siguatepeque no cabe considerar que las acciones de admitir y tramitar el libelo de mérito constituya un delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 349 No. 2) del Código Penal. Cabe aquí la aplicación de las reglas de interpretación de la ley que establece el Código Civil, mismas que resultan útiles en diversas disciplinas del ordenamiento jurídico. Así tenemos que el artículo 19 de ese texto normativo alude al metodo lógico o sistemático cuando expresa que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de modo que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Por otro lado, prevé que los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. El artículo 146 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales dispone que fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, tratándose de accciones personales será Juez competente el del lugar donde deba cumplirse la obligación y a falta de este, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato…, por su parte el artículo 149 del mismo texto normativo establece que el domicilio de las compañías civiles y mercantiles será el pueblo que como tal esté señalado en la escritura de sociedad o en los estatutos porque se rijan. Finalmente, en apoyo de la tesis mantenida por esta Sala, cabe señalar a modo de ilustración, (pues es una ley que tiene una vigencia posterior al juicio ordinario cuestionado por el recurrente), que el Código Procesal Civil admite la posibilidad de sumisión de las personas jurídicas cuando estas son demandadas ante un Juez que no es competente territorialmente en el lugar donde tienen fijado su domicilio, y que si bien es cierto que imperativamente establece que no cabe tal sumisión cuando se trata de impugnación de acuerdos sociales, lo cierto es que en el caso que ahora nos ocupa, en ningún momento el objeto de la demanda conocida por el entonces Juez E. N. Z., ha sido la impugnación de tales acuerdos. De este modo, una interpretación lógica y sistemática de los preceptos legales antes mencionadas nos permite concluir que tratándose de una acción ordinaria declarativa personal entablada contra una sociedad mercantil en la que ha mediado sumisión por quienes intervinieron en el juicio como partes, la admisión y trámite de la demanda tantas veces relacionada, no se presenta como una infracción manifiesta de la ley, y por lo tanto un comportamiento subsumible en el delito de abuso de autoridad por el que resultara condenado el imputado E. N. Z. Expuesto lo anterior debemos ahora referirnos al delito de PREVARICACION tipificado en el artículo 379 No. 1) del Código Penal que se le atribuye al encartado antes mencionado, y que se describe como la conducta del Juez que con malicia y verdadera conciencia de su injusticia dicte sentencia contraria a la ley en un juicio no criminal. La acción en esta figura delictiva consiste en dictar una sentencia injusta contraria a la ley. La injusticia de la sentencia es un concepto normativo específico del tipo. Su determinación supone una valoración que debe realizarse en función del caso concreto y en atención a postulados de justicia material y no meramente formalistas. En el delito de prevaricación, el Juez se aparta infundadamente de la ley y decide según su propia voluntad, que sustituye a aquélla. En cuanto al elemento subjetivo, la expresión “con malicia y verdadera conciencia”, aluden a la necesaria concurrencia de un dolo directo. Para determinar si en el caso bajo examen cabe la aplicación de la figura de la prevaricación dolosa, debemos tomar como punto de partida el análisis de la legislación mercantil vigente, concretamente la contenida en el Código de Comercio, en tanto que se trata de resolver sobre un “aumento de capital social de una Sociedad Mercantil y la protocolización e Inscripción de un acuerdo asambleario en el Registro Público de Comercio”. El artículo 22 del Código de Comercio dispone que: “Toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital. El aumento del capital requerirá el consentimiento de los socios, dado en la forma correspondiente a la clase de sociedad de que se trate….”Por su parte el artículo 165 del mismo cuerpo de leyes manda que “La asamblea general formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia. Las facultades que la ley o los estatutos no atribuyen a otro órgano de la sociedad serán de la competencia de la asamblea, que la tendrá exclusiva para los asuntos mencionados en los artículos 168 y ; el artículo 166, expresa que: “Las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias”. Asimismo el artículo 169, refiere que: ”Son asambleas extraordinarias, las que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos: I.- Modificación de la escritura social. II.- Emisión de obligaciones o bonos; y, III.- Los demás para los que la ley o la escritura lo exijan. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo.” Una interpretación armónica de las disposiciones legales antes señaladas, nos permite concluir lo siguiente: 1) Que de conformidad con la ley que regula las sociedades mercantiles corresponde solo a los socios en asamblea general extraordinaria decidir sobre la modificación de la escritura social; 2) que los socios reunidos en asamblea forman la voluntad social en materia de aumento de capital; 3) que la facultad de los socios en es materia es indelegable. Por lo anterior, esta Sala concluye que no obstante la sumisión expresa de dos de los socios de la s. M. A. S.A. de C.V., a la jurisdicción del Juez de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, este órgano jurisdiccional infringió la ley al ordenar la modificación de la escritura social y su inscripción en el Registro Público de Comercio, en tanto que los sometidos al proceso fueron únicamente dos socios y de acuerdo a Código de Comercio esta facultad corresponde a todos los socios convocados en Asamblea General extraordinaria. Habida cuenta de lo anterior, el acusado E. N. Z., al haber dictado sentencia en su condición de Juez Seccional no podía ignorar y estaba obligado a conocer así como aplicar, la normativa sustantiva en materia mercantil atinentes al caso concreto (curia novit iura). Al haber dictado sentencia, en el caso sometido a su conocimiento, con infracción de las disposiciones legales que por razón de la materia societaria regulan la modificación de la escritura social, el aumento del capital social y ordenado la inscripción de dicha sentencia en el Registro Público de Comercio, el acusado ex Juez E. N. Z., ha vulnerado la ley, en perjuicio de socios que no intervinieron en el juicio ordinario relacionado, quienes por no ser parte del proceso no han tenido la oportunidad de expresar su voluntad, sobre la necesidad de la modificación de la escritura social y aspectos relacionados con el aumento de capital, siendo ello núcleo del litigio no obstante ser esta una facultad exclusiva de la asamblea general de socios. Sin embargo, a criterio de esta Sala, de las pruebas evacuadas en el debate no se desprende de manera objetiva que el imputado haya actuado con malicia y plena conciencia del carácter ilegal e injusto de la sentencia que dictó como tampoco de las repercusiones que su comportamiento reprochable habrían de causar, más sí puede desprenderse del acervo probatorio evacuado en el proceso que el entonces Juez E. N. Z., actuó con ignorancia inexcusable, al actuar con ligereza y sin mayores precauciones en el análisis del caso sometido a su conocimiento, de tal manera que el resultado perjudicial causado por su comportamiento ha podido ser evitado con un mayor esfuerzo en el estudio del asunto sometido a su decisión, tanto en los aspectos fácticos como jurídicos, diligencia que por su condición de Juez y Profesional del Derecho le era exigible. En este sentido su conducta se subsume en el tipo de prevaricación culposa tipificado en el artículo 380 No. 2) del Código Penal, que sanciona con la pena de inhabilitación especial de tres a cinco años al Juez que por negligencia o ignorancia inexcusable dicte sentencia manifiestamente ilegal. De este modo el motivo formulado por debe ser estimado parcialmente, en cuanto que sí cabe condenar al encartado E. N. Z. por un delito de prevaricación, pero en su modalidad imprudente, resultando improcedente condenarle por el delito de abuso de autoridad en concurso medial con el de prevaricación dolosa como lo ha pretendido el recurrente. IV.- El recurrente, Abogado V. R. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “UNICO MOTIVO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia, una sentencia absolutoria, inobservando las reglas de en la valoración de la prueba. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra "comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador dictó sentencia absolutoria por el delito de Prevaricato a favor del imputado, incurriendo en violación a las reglas de , transgrediendo específicamente la regla de integrante del postulado de Derivación, específicamente en la característica de suficiencia; en virtud que la pretensión acusatoria del Ministerio Público desde el inició del proceso ha sido sostenida por el ilícito penal precitado y por ende la probanza de cargo en el debate; configura un andamiaje fáctico, el cual resultó útil y pertinente para demostrar la ejecución del delito en mención por parte del acusado. Sin embargo el Sentenciador consideró en su resolución, específicamente en la sección de la fundamentación jurídica del fallo, en su apartado tercero: "En lo referente al delito de PREVARICATO, en perjuicio de y del señor O. K. K., el mismo no fue probado ya que durante la sustanciación de la presente causa no se presentó prueba capaz que demostrara que el ex Juez E. N. Z., actuó con verdadera conciencia de su injusticia al dictar la resolución de fecha dieciséis de mayo del año dos mil seis, mediante la cual se ordena, entre otras cosas, el aumento de capital de la sociedad m. A. S.A., a través del presidente del consejo de administración señor j. K. K., que en la misma ni en sus considerandos ni parte resolutiva menciona o refiere el porcentaje que deberá acreditarse a cada socio de la referida sociedad mercantil, si no quien distribuye ese porcentaje es el ejecutor especial, es decir el presidente del consejo de administración, porque ante la inexistencia de esas pruebas suficientes y capaces para condenar por el delito en comento, al señor El. N. Z., es procedente dictar a su favor una sentencia absolutoria tal y como lo determina el artículo 339 del Código Procesal Penal, que dice: Si "el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictar sentencia absolutoria ..... ". Razonamiento que se aparta del proceso intelectivo de valoración de la prueba que exige nuestro Código Procesal Penal y como resultado de ello, omite en los hechos que declara como probados, circunstancias que de la prueba se derivan y que constituyen elementos objetivos del delito por el cual se acusa; tal como a continuación demostramos. Para el Juzgador de la prueba evacuada resultó probado el hecho siguiente: "UNICO: Que en fecha tres de mayo del año dos mil seis; en el Juzgado Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, se presentó demanda ordinaria para la realización de una aumento de capital social de A. S.A. de C. V. (ALISA) mediante la ejecución de actos previos que concluyeran con la protocolización e inscripción de un acuerdo asambleario en el registro público de comercio, misma que fue admitida, tramitada y resuelta por el señor E. N. Z., en su condición de Juez de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua, quien fuera destituido de su cargo por de Justicia, y sin ser el Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma, ya que la referida sociedad mercantil tiene su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua". (Lo subrayado es nuestro). Partiendo de estos hechos probados, si bien es cierto el A quo, condena al acusado por el delito de Abuso de Autoridad, tipificado en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal Vigente, imponiéndole una pena de reclusión de tres años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure aquella; no obstante y tal como antes citamos, absuelve por el delito de Prevaricato; infracción penal por el cual también hemos sostenido nuestra acusación y razón que hoy motiva nuestra recurso casacional; en virtud de considerar que cierto es que se ha constituido el delito de Abuso de Autoridad, este resulta ser un medio necesario para la concurrencia del Prevaricato. Nuestra tesis supraindicada parte, de que no habiendo duda alguna de que el señor E. N. Z., quien en el mes de mayo del 2006, fungiendo entonces como Juez de Letras Seccional de Siguatepeque, admite y resuelve una demanda ordinaria para la formalización de un aumento de capital social de una sociedad mercantil, mediante la ejecución de actos previos que concluyan con la protocolización e inscripción de una acuerdo asambleario en el registro público de comercio, sin tener competencia por cuestión de jurisdicción para conocer de ello, de acuerdo a lo que establece el artículo 198 párrafo primero del Código de Comercio, que establece que: "Para resolver sobre las acciones de oposición a los acuerdos y de suspensión de la ejecución, será competente el Juez del domicilio de la sociedad"; de aquí se deriva que la ley ordena que exclusivamente el Juez que debió conocer la causa en mención, es un Juzgado de Letras de Tegucigalpa, pues es este el domicilio de A. S.A. de C.V. (ALISA); y bajo ningún concepto la jurisdicción de Siguatepeque, ya que la norma mercantil de manera alguna hace excepciones a este mandato. Sin embargo tal como antes establecimos, este no es el único hecho por el cual el Ministerio Público, ha ejercitado la acción penal en contra del encausado Nolasco Zúniga; sino además porque éste dictó una sentencia sin tener competencia para ello, ya que conoció y resolvió una demanda de "aumento de capital social de una sociedad anónima… que concluye con la protocolización e inscripción… en el registro público de comercio"; materia de la cual no debió pronunciarse, puesto que la ley no le faculta para ello, ya que de acuerdo a lo que establecen los artículos 22 y 165 del Código de Comercio, "el único órgano encargado para consentir si se aumenta o no el capital social de una sociedad anónima es la asamblea general formada por los accionistas de la misma, ya que es esta, quien expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia"; siendo dicha facultad por disposición de la ley indelegable en ningún otro órgano, tal como lo estipula el párrafo ultimo del artículo 165 en relación con el 169 de la misma norma mercantil. Siendo por ello, que además de admitir la demanda supraseñalada, también el ex Juez N. Z., al dictar la sentencia de fecha 16 de mayo del año, donde la declara con lugar; contravino lo que establece el artículo 321 de de en relación con las normas mercantiles referidas; y es por ello que se le condena por el delito de Abuso de Autoridad. No obstante a lo anterior, nuestra pretensión acusatoria se ve transgredida, al inobservar el Juzgador en su fallo, que pese a que el acusado dictó una sentencia contraria a derecho, medió para ello "malicia y verdadera conciencia de su injusticia", pues con su resolución, causó sin lugar a dudas perjuicios a terceros, en este caso específico al señor O. K. K., accionista de ALISA; y a ; siendo evidentemente dichos perjuicios prevenibles pero consentidos por el acusado cuando dictaba la sentencia objeto de este litigio. Lo anterior es demostrado en el momento del debate ante el Tribunal de Sentencia a través de los medios de prueba y las circunstancias que de ellos se derivan, y que fuesen aportados tanto por el Ministerio Público, los acusadores privados y la defensa misma, como ser: • Al momento que el ahora acusado E. N., tuviese conocimiento de la demanda ordinaria para la formalización de un aumento de capital social de una sociedad mercantil, mediante la ejecución de actos previos que concluyan con la protocolización e inscripción de un acuerdo asambleario en el registro publico de comercio. Se evacuó como medio de prueba denominado inspección en el expediente judicial No. 053-2006 del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, en donde se tuvo a la vista el escrito de la demanda de mérito, de cuyo contenido en síntesis se visualiza que: 1. Solamente uno de los socios de la sociedad mercantil ALISA, es quien demanda a la sociedad, específicamente el señor L. K. B. 2. Se argumenta que los accionistas de dicha sociedad acordaron y consintieron aumentar el capital social de la sociedad, el cual ascendería hasta doce millones de lempiras (L.12,000,000.00). 3. Se efectuaron dos depósitos a favor de la sociedad ALISA: el primero, en fecha 15 de abril de 1998, mediante cheque No. 08251, por la cantidad de dos millones de lempiras (L.2,000,000.00); y el segundo, en fecha 03 de febrero de 1999, mediante cheque por la cantidad de cinco millones de lempiras (L.5,000,000.00); los cuales se acreditaron mediante copia autenticada. 4. Se argumenta que el Sr. M. O. K., el 20 de marzo del 2001, fungiendo este en aquel entonces como Presidente del Consejo de Administración de ALISA, y el Sr. C. M., actuando como Secretario del mencionado Órgano de Administración, emitieron títulos valores de acciones con carácter provisional a favor de los accionistas, en base a los capitales sociales de cinco millones de lempiras, siete millones de lempiras y de doce millones de lempiras. Y que además el 06 de julio del 2005 se emitieron títulos en base al capital de doce millones de lempiras. 5. Se sostiene que la sociedad demandada en el año 2005, hizo declaración de utilidades para efecto de pago de impuestos ante de Ingresos, en base a un capital social de doce millones de lempiras (L.12,000,000.00). Según copia simple del documento de declaración. Partiendo de estos hechos argumentados por el demandante, el entonces Juez y ahora acusado, pese a que la demandada Sociedad Alimentos S.A. a través del Sr. J. K. K., en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la misma se allanó a la demanda; incurrió en las siguientes inobservancias que por su cargo estaba obligado: 1. Teniendo a la vista la copia autenticada de la escritura de constitución de A. S.A. de C.V.; tuvo la oportunidad de verificar que la sociedad demandada la componen además del demandante otras personas que también tienen la misma condición de accionistas, y que al igual que el demandado, aquellos también tienen iguales derechos, pero que no obran como demandantes; y que por ende cualquier decisión que se tomase respecto al demandante, también le favorece o bien le afecta a terceros. Razón por la cual el artículo 22 del Código de Comercio, de carácter exclusivo otorga la facultad de aumentar el capital social de una sociedad a los socios; no estableciéndose para ello excepción alguna a otro Órgano; por lo tanto el Juez N. Z., no podía decretar mediante sentencia, el aumento de capital que al efecto decreto. 2. Que argumenta el demandante K. B., que existió un acuerdo de accionistas de aumentar el capital social de la sociedad, hasta por doce millones de lempiras (L.12,000,000.00); no obstante era deber del ahora acusado, por su cargo de Juez, verificar qué dice la ley respecto a los acuerdos de los accionistas para el efecto citado por el demandante, como ser: 2.1. Que los aumentos de capital, únicamente se trataran en las asambleas extraordinarias de socios, pues ello requiere necesariamente la modificación de la escritura social, tal como lo establece el artículo 169 del Código de Comercio; y en ese juicio no se acreditó que se llevara a cabo asamblea alguna. 2.2. Que el artículo 172 del Código de Comercio, establece que los acuerdos solamente serán validos para la asamblea general, si su reunión y la adopción de estos se ha hecho con observancia de las disposiciones de ese Código y de las que los estatutos determinen. En el caso de mérito, no consta que se haya llevado el procedimiento regulado en los artículos del 22, 169 en relación con los artículos del 240 al 249 del Código de Comercio, para el aumento de capital por la cantidad de doce millones de lempiras, pues no se acreditó tal circunstancia, con el acta debidamente protocolizada ante Notario y que la misma fuese inscrita en el registro público de comercio del domicilio de la sociedad, tal como lo ordena el artículo 191 de la misma norma mercantil antes citada. 2.3. No constaba que el demandante L. K. B., por ser socio de la demandada en algún momento previo a la demanda hubiese evacuado el tramite administrativo interno de pedir al Consejo de Administración, la convocatoria de una asamblea general de socios, con la finalidad de evacuar los puntos que después fueron objeto de la cuestionada demanda y que ahora ocupa el ámbito penal, tal como se lo permiten los artículos 175, 176 Y 178 párrafo segundo del Código de Comercio. 2.4. Que no constando en los términos que la ley establece y que ya antes señalamos, que se llevase a cabo un Acuerdo en asamblea extraordinaria de socios, para efectos de aumento capital, la misma norma mercantil supraseñalada en su artículo 171 párrafo tercero, establece que todo acuerdo será nulo. Partiendo de los puntos legales expuestos, pese a que el demandado se hubiese allanado a las pretensiones del demandante, era una obligación inexcusable del Juez N. Z., apegarse a las facultades que la ley le confiere y no apartarse de ellas como en efecto lo hizo; ello por el cargo que el ostentaba, en el cual se exige que posea un grado de preparación académico, que le permita tener los conocimientos necesarios de la materia, en los cuales ejerce su profesión. 3.Si bien es cierto existen depósitos efectuados a favor de la demandada; no menos cierto es, que se desconoce a titulo o en condición de qué, fueron realizados; puesto que como muy bien es sabido, en una Sociedad puede ingresar aportaciones, ya sea para la emisión de nuevas acciones, o bien porque las acciones ya emitidas elevarían su valor, o por otro lado si era aportes como primas de acciones; o como aportación para capitalización de reservas aportados; pero lo que si es preciso, es que en el caso de los tres primeros supuestos, ya haya acordado y publicado el aumento de capital social. En el caso sub judice no sucedió nada de lo anterior, pues solamente consta que se hicieron los depósitos en mención, sin más detalle alguno; por lo que el J. E. N., no tenía sustento documental para dar por cierto que se trataba de pago de acciones por aumento de capital. 4. Retomando el numeral anterior y el presente, no consta quién o cuáles de los accionistas de A. S.A. detalladamente suscribieron nuevas acciones y por qué montos o bien a cuantas ascendían éstas, por lo tanto entonces se podría decir que solamente el depositante era el beneficiario de las acciones y que sólo a él se le debieron dar los títulos provisionales; circunstancia que esta en el limbo judicial. 5.En el caso de que la sociedad Alimentos S.A. hiciese declaraciones ante de Ingresos, tomando como capital social 12 millones de lempiras, esta circunstancia no es acreditable con la simple copia de un supuesto de declaración; ya que el Juez debió ir más allá y verificar si ese extremo era cierto. Por los puntos antes desarrollados, en este caso lo que se denota es que el señor E. N., fungiendo como Juez de Letras Seccional de Siguatepeque, se apartó totalmente de la ley y resolvió este caso en concreto, con la conciencia de favorecer tanto al demandante como al demandado en los términos que estos quisieron, no importando los perjuicios que dicha resolución ocasionaría a terceros (demás accionistas), lo que sin duda constituye malicia en el accionar de él como funcionario judicial; pues además de lo antes señalado, también se denota: • Al momento de emplazar al demandado. Se acreditó con la misma inspección de parte del A quo al expediente 053-2006 específicamente en el folio 42, que el acta de citación y emplazamiento efectuada por el Receptor del despacho del Juzgado Seccional de Siguatepeque al señor J. K. K., fue realizada en el Restaurante B., ubicado en la ciudad de Siguatepeque, en fecha 08 de mayo del 2006. Como se puede observar basta hacer un simple análisis de máximas de la experiencia, para descifrar primero, que el domicilio del demandado en su condición antes señalada y según se cita en el escrito de la demanda, es la ciudad de Tegucigalpa, hecho que es confirmado con el mismo escrito de la contestación de la demanda; por lo tanto, nos motiva a realizarnos las siguientes interrogantes ¿por qué este fue citado y emplazado en la ciudad de Siguatepeque y sobre todo en un Restaurante? ¿Cómo pudo enterarse el receptor del despacho, que ésta persona se encontraba en dicho restaurante? Si además de lo anterior, sumamos que la demanda fue presentada el 03 de mayo del 2006, y ya muy convenientemente el demandado se aprestó a llegar a la ciudad Siguatepeque en donde se tramitaba una demanda en contra de la sociedad a quien el representa solo 5 días posteriores a esa fecha, es decir el 08 de mayo del mismo año; y no por ellos es que pretendemos decir que es que el referido no pudiese transitar por Siguatepeque; sino por el contrario lo que evidenciamos es la llamase "casualidad" de que el receptor del despacho y el coincidiesen en el mismo lugar, el cual no es el Juzgado sino que un restaurante, pero será que el receptor carga consigo todas los expedientes en los cuales debe citar y emplazar a los demandados, que ese día estuvo tan presto a poder hacerlo; cuando lo normal hubiese sido que el demandado hubiese sido citado y emplazado mediante la comunicación que se había librado a los juzgados de Tegucigalpa. • Contestación de la demanda. Ya una vez citado y emplazado el demandado, a través del receptor del Juzgado de Letras de Siguatepeque a la excepcional velocidad y en las condiciones que describimos en los acápites anteriores, y pese a que conocemos los problemas de transporte, ubicación, etc., que les requiere a los receptores de los despachos, cumplir con su trabajo, éste se logró hacer en 5 días, ello sin tomar en cuenta los días inhábiles. Por su parte el demandado una vez de su conocimiento la demanda, procede a través de su apoderado legal a contestar la misma en fecha 10 de mayo del 2006, es decir 2 días después de ser emplazado y se allana a todos los hechos de la demanda. • El Juez E. N. Z. dicta sentencia. El 16 de mayo del 2006 (13 días después de incoada la demanda, sin contar días inhábiles), el ahora acusado dicta la sentencia en el caso en relación, y de manera sucinta falla: "Declarar con lugar la demanda ordinaria para la formalización de aumento de capital social de una sociedad mercantil, promovida por… en consecuencia (1) condena a la sociedad A. S.A. a través del presidente del consejo de administración Sr. J. K. K. a la formalización en los Libros respectivos de de los aumentos de capital social efectuados por dicha empresa mercantil, en la fechas siguientes (a) aumento de capital realizados en fecha 15 de abril de 1998 por la cantidad de siete millones de lempiras (L7,000,000.00) exactos…… (b) el aumento de capital realizado por la cantidad de doce millones de lempiras (L. 12,000,000.00) exactos, en fecha 03 de febrero de 1999 por el cual se efectuó un depósito por la cantidad de cinco millones de lempiras exactos (L.5,000,000.00)……(2) Ordena que en un término no mayor de 15 días (a) el señor K. K., otorgue en su condición anteriormente expresada las protocolizaciones respectivas de dicho aumento de capital (b) realizar el otorgamiento de la escritura pública de modificación de la escritura social por el aumento de capital (c) Proceder a hacer las inscripciones de los documentos relacionados en el registro mercantil respectivo. Una vez que adquiera el carácter de firme el presente fallo (d) otorgar a los accionistas de la sociedad mercantil los títulos de las acciones correspondientes". Partiendo de los apartados anteriormente relacionados, se evidencian algunos de los indicios concomitantes, que denotan en el acusado, la malicia y la verdadera consciencia de la injusticia que cometió con la emisión del fallo en relación; pero no basta con ellos, pues también en debate se acreditó mediante las declaraciones testifícales de L. L. M., quien fungió como Juez de Letras Departamental de Choluteca; así como también con el testimonio del Abogado R. A. P. G., que en fechas anteriores a que se presentara la demanda ordinaria de aumento de capital social en el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, un equipo de abogados, entre ellos F. I. y J. C. M. y otro de quien no se identificó su nombre, visitaron el Juzgado de Letras Departamental de Choluteca, pretendiendo incoar dicha demanda en ese Juzgado, pero que ante la negativa de su admisión por parte de M., por cuestión de falta de Competencia por razón de Jurisdicción territorial que ella les expuso, no presentaron el libelo en cuestión. Al respecto planteamos la interrogante que no se hizo el A quo, ¿qué motivó al Juez E. N., para admitir, darle trámite y resolver la demanda cuestionada, si otros juzgados de , ya le habían negado su admisión?, ya que por mandato de la ley, no se acepta excepción alguna de modificación de jurisdicción, ni siquiera la establecida en el artículo 145 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Siendo entonces, que con los medios de prueba denominados documentales, como ser: Certificación extendida por el Instituto de de de Tegucigalpa, del instrumento 150 de fecha 12 de diciembre del 2005; y con la escritura de constitución de S.A. de C.V., se acredita que el domicilio de ésta última es de Tegucigalpa; con el escrito mismo de la demanda, se acredita que el domicilio del demandante L. K. B., así como también lo es el del demandado J. K. K. en la condición que ya hemos señalado anteriormente. Por otro lado, con la constancia de fecha 30 de septiembre del 2009, extendida por el Jefe de Control Tributario de de Siguatepeque; con la constancia extendida por el Registro de de de Siguatepeque de fecha 30 de septiembre del 2009; se acredita que S.A. de C.V., no se encuentra registrada en dicha comprensión edilicia; razón suficiente entonces, que nos indica que si el Juez N. admitió la demanda de mérito lo hizo en franco contubernio con las partes, dado lo expresado por los testigos antes referidos. Todas las anteriores circunstancias también las advirtió de Tribunales; de Administración de Personal de y el mismo Pleno de Magistrados de de Justicia, razón que derivó consecuentemente en la destitución y despido del Juez E. N. Z., por tanto la remisión de su expediente al Ministerio Público a efecto que se le siguiese proceso criminal. Y es en fundamento de todos estos raciocinios, que fundamentamos nuestro reproche al fallo que ahora impugnamos, en virtud que del razonamiento a todos y cada uno de los medios de prueba indicados y una vez concatenados y armonizados entre sí, patentizan la comisión del delito de Prevaricato; por ende al haber resuelto el Juzgador de la manera en que lo hizo, vulneró de en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de las probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desemboque en una conclusión que en nuestro caso concreto, no puede ser distinto que el de condenar al acusado también por ese delito y por ende procede casar el fallo impugnado; ya que la malicia y la consciente injusticia que motivó al acusado para emitir su fallo, se evidencia: primero, en el deliberado interés en el caso concreto, de admitir y resolver una cuestión de naturaleza mercantil, que indiscutiblemente incluía a terceros y no sólo al demandante y demandados con tan escasa, por no decir inexistente probanza que le respaldare, olvidando que en él, el Estado había depositado la potestad de impartir justicia y por ésta razón, es responsable por su conducta oficial; segundo, todo lo anterior desembocó en causar un perjuicio al señor O. K. K., quien como accionista de una 46.84% de las acciones totales de S.A. de C.V. con esta injusta sentencia, sus acciones fueron descendidas a una 38.25%, y esto se derivó, propiamente, porque el Juez N., delegó funciones en el demandado de que hiciese el desglose del capital social que resolvió declarar aumentado; facultad que en todo caso debió ser indelegable, ya que si el Juez fue quien decidió aumentar el capital social de la sociedad y se abrogó facultades que son exclusivas de la asamblea de accionistas, debió ser éste también, quien hiciese el reparto de las acciones según las aportaciones de cada socio; obviamente esto le era imposible, pues ante su vista solamente tuvo conocimiento de la supuesta situación de uno de los socios; no obstante estos son las resultas de su injusto fallo. Es así que el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; ya que se debió resolver en una sentencia condenatoria por el delito de abuso de autoridad en concurso ideal medial o impropio con el delito de prevaricato, de acuerdo a lo que establece el artículo 36 del Código Penal en relación con los artículos 349 numeral 2) y 379 numeral 1) de la misma norma. Hacemos la salvedad que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia; en lo demás sometemos a Vosotros, la correcta aplicación de la justicia, que no puede traducirse de manera contraria, que no sea declarando con lugar el recurso y casar la sentencia impugnada.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL IMPUTADO POR EL DELITO DE PREVARICACION, INOBSERVO LAS REGLAS DE EN AUTORIZANTE.-ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala de lo penal no se pronuncia sobre el contenido del motivo de Casación de Quebrantamiento de forma invocado por el recurrente en su condición de Representante del Ministerio Público, en virtud de haber prosperado parcialmente el motivo único de casación de Infracción de ley invocado por el acusador privado, debiendo estarse por lo demás a lo expuesto por esta Sala al resolver dicho motivo. V.- Los recurrentes, Abogados G. M. A. y R. H. B., en su condición de Defensores Privados del señor E. N. Z., formalizaron su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción, por falta de aplicación, del artículo 304 de de de Honduras, que se lee así: "Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. EN NINGUN TIEMPO PODRAN CREARSE ORGANOS JURISDICCIONALES DE EXCEPCION". (Lo destacado es nuestro). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, que establece: "En todos los casos en que con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional" EXPLICACION DEL MOTIVO Para demostrar la infracción que en este motivo estamos alegando, de entrada, transcribimos el hecho probado único en que se funda la sentencia que estamos impugnando, cuyo contenido aceptamos como verdad, única y exclusivamente, para los efectos de este recurso: "UNICO: Que en fecha tres de mayo del año dos mil seis, en el Juzgado Seccional de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, se presentó demanda ordinaria para la formalización de un aumento de capital social de A., S.A. de C. V. (ALISA) mediante la ejecución de actos previos que concluyeran con la protocolización e inscripción de un acuerdo asambleario; en el registro público de comercio (sic), misma que fue admitida, tramitada y resuelta por el señor E. N. Z., en su condición de Juez de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua, y sin ser Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma, ya que la referida sociedad mercantil tiene su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., M.D.C., y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua." (Lo resaltado es nuestro). La sentencia que hoy se impugna contiene la afirmación en el hecho probado transcrito que el señor ex juez E. N. Z., NO ERA EL JUEZ NATURAL, para conocer la demanda ordinaria para la formalización de dos aumentos del capital social de la sociedad mercantil A. S.A. de C.V. (ALISA).- Doctrinariamente la denominación de JUEZ NATURAL se conoce fundamentalmente en los procesos penales, para demostrarlo permítasenos transcribir la definición contenida en el Diccionario de Términos Judiciales: "Juez Natural: Es la garantía que posee toda persona a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad a la ocurrencia del hecho delictual". Independientemente de lo que venimos de exponer, es importante señalar que el Principio de Juez Natural debe ser entendido como el Juez de , esto es, el designado con anterioridad a la situación fáctica que da origen al proceso de que se trata. Esta designación previa comprende, entre otras cosas: , , , , ETC. En este orden de ideas, encontramos que el Doctor R. C. C. en su libro " Penal y el Ministerio Público en Honduras. Justificación y Perspectivas", expone razonamientos que nos hacen arribar, con relación al Juez Natural, a las siguientes ideas: se deducen dos aspectos básicos del principio en referencia (Juez natural): un aspecto positivo, en cuanto establece el derecho que tienen, tanto la víctima como el procesado, a que su causa sea dirimida por un Juez ordinario y predeterminado por la ley; y, un aspecto negativo, contentivo de la prohibición constitucional relativa a la creación de Tribunales de excepción. Esta conceptualización de JUEZ NATURAL, como aquel predeterminado por la ley, también se encuentra recogida en sentencias dictadas por Suprema de Justicia, propiamente por , al resolver acciones de amparo, las que en sus partes conducentes fueron motivadas en las siguientes consideraciones: AMPARO SJCSJ AP 1136...CONSIDERANDO: Que con respecto al artículo 90 que se refiere a la inviolabilidad al principio-derecho del debido proceso, esta Corte observa que en los autos los funcionarios judiciales que han intervenido, son los jueces naturales que para ello se han establecido; que son ellos los que del Estado ha encomendado para resolver litis como lo presente y todas aquella contiendas que en su jurisdicción y competencia se presente, por lo que no descubre esta Corte, en ningún pasaje del expediente, lo burla al concepto bifronte del debido proceso. AMPARO SJCSJS AP 1057...CONSIDERANDO: Que examinado en detalle el recurso planteado y los antecedentes del caso, encontramos que el asunto planteado ha sido sometido al conocido del Juez natural designado previamente por de Justicia con competencia y jurisdicción paro estos asuntos, quien resolvió respetando las formalidades derechos y garantías que la ley establece; asimismo, el recurrente ha tenido libertad de acceso para presentar sus peticiones permitiéndosele defenderse con las garantías que constitucional y legalmente le asisten. Éste juez "excepcional", que el precepto en referencia prohíbe, no debe confundirse con la de jurisdicciones o competencias, que también debe estar PREDETERMINADA por ley; tal y como doctrinariamente y a manera de ilustración contiene la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú (EXP. No. l013-2003-HC/TC), en la que al respecto se expone: En segundo lugar, el derecho en referencia exige que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley. Ello, por un lado, comporta la predeterminación (y no sólo la determinación) del órgano judicial y también la de su competencia. Desde esta última perspectiva, la asignación de competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un juez ex post facto o por un juez ad hoc. Vistas así las cosas cabe afirmar: a) Que JUEZ NATURAL equivale a Juez predeterminado por la ley, designado previamente por la ley, establecido previamente por la ley, constituido con anterioridad por la ley, etc. Y por el contrario afirmar: b) NO ES JUEZ NATURAL, el Juez de excepción, Juez ex post facto, Juez ad- hoc, Juez para el caso, comisión especial creada ex profesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales, etc. La afirmación contenida en el fallo que se impugna de que el señor ex Juez E. N., NO ERA EL JUEZ NATURAL, conlleva implícito el aspecto negativo del PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL, esto es no haber sido PREDETERMINADO por la ley, en consecuencia afirma que ES UN JUEZ DE EXCEPCION.- Resulta evidente del proceso que el señor ex Juez E. N., tenía la calidad de Juez desde mucho antes de que se presentara la demanda ordinaria para la formalización de dos aumentos de capital social; de igual forma el señor ex J. N., tenía nombramiento de de Justicia en un Juzgado de Letras "promiscuo" esto es que conocía asuntos de Jurisdicción penal, civil, de familia, etc., Juzgado creado y en funciones desde mucho antes de que se presentara la demanda a que se hace referencia, de igual manera la delimitación de su jurisdicción por territorio y competencia por la materia (en el caso que nos ocupa civil) se encuentra regulada en una ley anterior a la tan mencionada demanda, precisamente de Organización y Atribuciones de los Tribunales creada según el decreto 76 de 1906. Claramente se desprende, entonces, que la afirmación hecha en la sentencia que hoy se impugna infringe la norma Constitucional que se invoca como violada.- Afirmar que no era Juez Natural equivale a reconocer que era un Juez de Excepción, y que, además, existe en Honduras la posibilidad legal de que existan jueces de esa naturaleza, lo que implica una infracción del precepto constitucional citado. En consecuencia, haber declarado probado que N. Z. no era un Juez Natural, significa indiscutiblemente una violación, vale decir una infracción por falta de aplicación del artículo 304 de de , porque a su vez significa que para el Tribunal de Sentencia, es de lo más normal que un Juez de Excepción esté ejerciendo la función jurisdiccional. De haberle dado aplicación al citado precepto constitucional, jamás el Tribunal sentenciador pudo haber declarado probada semejante situación fáctica. De esa manera, se configura el motivo de casación que estamos terminando de explicar.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR ENCAUSADO E. N. Z. INVOCANDO APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 304 DE MANDA: "CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES APLICAR LAS LEYES A CASOS CONCRETOS, JUZGAR Y EJECUTAR LO JUZGADO. EN NINGUN TIEMPO PODRAN CREARSE ORGANOS JURISDICCIONALES DE EXCEPCION". PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el hecho declarado probado por el Juzgador en la sentencia impugnada, contiene la afirmación de que el imputado E. N. Z., no era el Juez Natural para conocer la demanda ordinaria para la formalización de dos aumentos de capital social de la sociedad mercantil denominada A. S.A. de C. V. (ALISA). Afirma que la denominación de JUEZ NATURAL es la garantía que posee toda persona a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad a la ocurrencia del hecho delictual. Refiere que el JUEZ NATURAL equivale a Juez predeterminado por la ley, y que en sentido negativo NO ES JUEZ NATURAL, el Juez de excepción. El recurrente impugna la afirmación contenida en el fallo referente a que el encausado E. N., no era el JUEZ NATURAL, porque supone el aspecto negativo del Principio de JUEZ NATURAL, esto es no ser PREDETERMINADO por la ley y en consecuencia tratarse de un JUEZ DE EXCEPCION.- Reprocha que el encartado E. N., tenía la calidad de Juez desde antes que se presentara la demanda ordinaria para la formalización de dos aumentos de capital social, tenía nombramiento de de Justicia en un Juzgado de Letras que conocía asuntos de Jurisdicción penal, civil, de familia, etc., en el Juzgado tenia delimitada su jurisdicción por territorio y competencia por razón de la materia civil, regulado en una ley anterior a la demanda, precisamente de Organización y Atribuciones de los Tribunales creada según el decreto 76 de 1906. Por lo anterior concluye que la afirmación hecha en la sentencia impugnada infringe la norma Constitucional que se invoca como violada. Esta Sala de lo Penal, aprecia que la garantía orgánica del Juez predeterminado por la ley y la prohibición de Jueces especiales está fuertemente vinculada a las de independencia e imparcialidad del Juez. Las figura del Juez Natural impone la inderogabilidad y la indisponibilidad de las competencias, esto es, la reserva absoluta de la ley, y la no alternabilidad discrecional de las competencias judiciales. La predeterminación presupone la generalidad de los criterios de atribución de la competencia, eliminando la posibilidad de distribución discrecional o arbitraria, que se manifiesta como una garantía específica de la inexistencia de Jueces Ad Hoc o Jueces de Excepción. En el caso concreto reprocha el recurrente que haya sido declarado probado que el ex Juez E. N. Z., no era el Juez Natural para conocer de la demanda en cuestión, a pesar que con anterioridad a la presentación de dicha demanda ya tenía la calidad de Juez y el Juzgado era competente para l conocer asuntos civiles por lo que estima infringido el artículo 304 de de donde se establece que “corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción…”. Esta Sala de lo Penal considera que en el caso que nos ocupa, si bien es cierto que la expresión contenida en el hecho probado único de que el imputado E. N. Z., no era el juez natural para conocer de la demanda impetrada para conocer de una acción personal dirigida contra una sociedad mercantil, a los efectos de que se declarara el aumento del capital social, es en principio correcta, no es menos cierto que ya explicamos abundamentente al resolver el recurso de casación interpuesto por , cuales han sido las razones para considerar que si era competente en razón de la materia y grado, y aún territorialmente por sumisión de las partes para conocer de la demanda de mérito, y que por lo tanto al admitir y dar trámite a la misma no incurrió en un delito de abuso de autoridad , otra cosa es que a la postre la resolución final dictada por el encausado al otorgar lo pedido por el actor, resultara ilegal e injusta y constitutiva de un delito de prevaricación culposa. Por otro lado, no se entiende como el Tribunal de Sentencia habría infringido lo dispuesto en el artículo 304 de , al dictar la sentencia impugnada, pues es el órgano jurisdiccional predeterminado por la ley para conocer del proceso penal incoado en contra del imputado E. N. Z. Por las razones anteriormente expuestas debe ser desestimado el presente motivo formulado por del acusado. VI.- Los Recurrentes, Abogados G. M. A. Y R. H. B., desarrollaron su recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO PRIMERO. Infracción, por aplicación indebida, del artículo 349 numeral 2 del Código Penal, que se lee así: "Será castigado con reclusión de tres a seis años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que:… 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a de o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos", comprendido este precepto en el Capítulo III del Título XIII, cuya rúbrica es "Delitos contra ", Libro Segundo del mencionado ordenamiento jurídico. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 360, párrafo primero, del Código Procesal Penal, en la parte que se lee así: "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley...cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal...de carácter sustantivo..." EXPLICACION DEL MOTIVO Para entrar a explicar el presente motivo, transcribiremos nuevamente el hecho probado único contenido en la sentencia, el que tal como anteriormente hemos expresado y para los efectos de esta impugnación, acepta mas como verdad: “UNICO: Que en fecha tres de mayo del año dos mil seis, en el Juzgado Seccional de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, se presentó demanda ordinaria para la formalización de un aumento de capital social de Alimentos, S.A. de C. V. (ALISA) mediante la ejecución de actos previos que concluyeran con la protocolización e inscripción de un acuerdo asambleario en el registro público de comercio (sic), misma que fue admitida, tramitada y resuelta por el señor E. N. Z., en su condición de Juez de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua, y sin ser Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma, ya que la referida sociedad mercantil tiene sus domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.” Hemos visto que el precepto en que se tipifica el delito de abuso de autoridad, está comprendido en el apartado que en el Código Penal corresponde a los que se cometen contra , que es el bien jurídico protegido por esa figura, o, expresado con más precisión, es el correcto funcionamiento de esa administración. Se impone, en consecuencia, determinar si del hecho probado en que se funda el fallo recurrido resulta alguna lesión para ese bien jurídico. Pero antes veamos en qué consiste : "Es el Poder Ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos"; así la define el Maestro Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Gabino Fraga en su "Derecho Administrativo" nos dice que “la organización especial para la satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa constituye ", la cual "desde el punto de vista formal es parte, quizás la más importante, de uno de los poderes del Estado en los que se halla depositada la soberanía del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo", Para Antonio Canasi, en la obra "Derecho Administrativo", "es Administración Pública la actividad práctica que el Estado desarrolla para atender de manera inmediata los intereses públicos que tomó a su cargo para el cumplimiento de sus fines", Pero para salirnos de la doctrina y echar mano de nuestro Derecho Positivo, tenemos que en de se dispone: "Artículo 2, puede ser centralizada y descentralizada. Artículo 9. Centralizada está constituida por los órganos del Poder Ejecutivo. Artículo 10. Son órganos del Poder Ejecutivo: a) de ; b) El Consejo de Ministros; y, c) Las Secretarías de Estado. Artículo 49. descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: a) Instituciones Autónomas, y, b) Municipalidades o Corporaciones Municipales," Si hacemos un análisis del hecho único declarado en el fallo impugnado frente a lo que la doctrina y la ley nos dicen acerca de lo que es Administración Pública, encontramos con que ahí no se declara probado ni el más mínimo elemento que haga la más mínima relación a como bien jurídico protegido por el delito objeto del proceso. Así las cosas, nos encontramos con que la situación fáctica configurada en el hecho probado único, no se subsume en la figura del delito de abuso de autoridad, y si es así, dados los hechos probados de la sentencia es evidente la infracción, por aplicación indebida, del artículo 349 numeral 2 del Código Penal. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR ACUSADO E. N. Z. ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE ESTE ULTIMO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD INCURRIO EN UNA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 349, NUMERAL 2 DEL CÓDIGO PENAL, QUE SE LEE ASÍ: "SERÁ CASTIGADO CON RECLUSIÓN DE TRES A SEIS AÑOS E INHABILITACIÓN ESPECIAL POR EL DOBLE DEL TIEMPO QUE DURE , EL FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO QUE:… 2) DICTE O EJECUTE ÓRDENES, SENTENCIAS, PROVIDENCIAS, RESOLUCIONES, ACUERDOS O DECRETOS CONTRARIOS A A LAS LEYES O SE ABSTENGA DE CUMPLIR LO DISPUESTO POR CUALQUIERA DE DICHOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS", COMPRENDIDO EN EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO XIII, DE LOS "DELITOS CONTRA ". PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-Argumentan los recurrentes que el precepto que tipifica el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, está comprendido en el Código Penal entre los delitos que se cometen contra , que es el bien jurídico protegido por esa figura. Analiza el hecho probado y refiere que del mismo no resulta lesión de dicho bien jurídico. Después de citar diversas fuentes doctrinarias sobre el concepto de , concluye que esta reside en el Poder Ejecutivo. Asimismo, considera que la propia Ley General de , dispone en su artículo 2 que: “ puede ser centralizada y descentralizada”. El Artículo 9. Centralizada está constituida por los órganos del Poder Ejecutivo. Artículo 10. Son órganos del Poder Ejecutivo: a) de ; b) El Consejo de Ministros; y, c) Las Secretarías de Estado. Artículo 49. descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: a) Instituciones Autónomas, y, b) Municipalidades o Corporaciones Municipales." Del análisis que realiza al hecho único declarado probado por el Juzgador, frente a la doctrina y ley enunciada, estima que no establece la más mínima relación con , como el bien jurídico protegido del delito objeto del proceso. Concluye que el cuadro fáctico de la sentencia impugnada no subsume la figura del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, siendo por ello evidente la infracción, por aplicación indebida, al artículo 349. 2 del Código Penal. Esta Sala de lo Penal, es del criterio que el presente motivo debe ser declarado con lugar, debiendo estarse el recurrente a lo expuesto por este Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación que por infracción de ley promoviera MOTIVO SEGUNDO. Infracción, por falta de aplicación, del artículo 2-C del Código Penal, que a la letra, y en la parte conducente, dispone lo que sigue: "No podrá imponerse pena... alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal." PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 360, párrafo primero, del Código Procesal Penal, en la parte que se lee así: "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley...cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal...de carácter sustantivo..." EXPLICACION DEL MOTIVO Resulta que en el hecho probado único, no aparece ningún elemento que implique, siquiera lejanamente, lesión o puesta en peligro de , como bien jurídico protegido, por lo que al haberse condenado al Abogado N. Z., sin haberse declarado probada una situación de lesión o puesta en peligro del indicado bien jurídico, resulta más que clara la infracción, por aplicación indebida del precepto invocado en el planteamiento de este motivo.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR ACUSADO E. N. Z. ALEGANDO QUE EN CONTRA DE ESTE ULTIMO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD COMPORTA DEL ARTICULO 2-C DEL CÓDIGO PENAL, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE, DICE: "NO PODRÁ IMPONERSE PENA... ALGUNA SI OMISIÓN NO LESIONA O PONE EN PELIGRO EFECTIVO UN BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR " PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Argumenta el recurrente que en el hecho declarado probado único, no aparece ningún elemento que implique, siquiera lejanamente, lesión o puesta en peligro de , como bien jurídico protegido, por lo que al haberse condenado al Abogado E. N. Z., por la comisión del delito de abuso de autoridad sin haberse declarado probada una situación de lesión o puesta en peligro del indicado bien jurídico, resulta más que clara la infracción, por aplicación indebida del precepto invocado en el planteamiento de este motivo. Esta Sala de lo Penal, estima que el bien jurídico protegido al sancionarse el delito de Abuso de Autoridad, es la administración pública, pero no entendida desde la rigurosa perspectiva que asume el Censor a partir de lo dispuesto en de , puesto que de ser así ningún Juez podría incurrir en la comisión del delito de abuso de autoridad, en tanto que los Juzgados y Tribunales no se ubican dentro del conjunto de órganos y entidades que la referida ley señala que conforman la estructura de A criterio de esta Sala el bien jurídico tutelado por la figura delictiva en referencia es la administración pública entendida en un sentido lato y material, que incluye el servicio público de impartición de justicia, de otro modo no se explica que siendo una potestad exclusiva de los Juzgados y Tribunales de , juzgar y ejecutar lo juzgado (vid. artículo 304 de ) el tipo penal de abuso de autoridad sancione con una pena al funcionario, que dicte sentencias contrarias a y las leyes, que en este caso naturalmente se refiere a la persona natural que individual o de manera colegiada ejerce potestades jurisdiccionales al dictar sentencia, esto es, con exclusividad, los Jueces y Magistrados. Sentado lo anterior este Tribunal considera procedente el motivo invocado puesto que como lo explicamos en su oportunidad, al admitir y dar trámite a la demanda interpuesta por el señor L. K. B., el procesado E. N. Z. no incurrió en una lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido por el delito de abuso de autoridad, por lo que la imposición de la pena prevista para esa conducta delictiva comporta la infracción de lo dispuesto en el artículo 2.-C del Código Penal. VII.- Los recurrentes, formalizaron su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- MOTIVO PRIMERO. La declaración de hechos probados contenida en la sentencia de que se recurre no es clara ni es terminante, situación que implica inobservancia del artículo 338 regla cuarta, numeral primero del Código Procesal Penal, que a la letra y en la parte conducente dispone: "Las sentencias se redactarán por escrito con sujeción a las reglas siguientes:...CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo en la forma siguiente: 1) En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, ..." PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral uno, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: "Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) Que la declaración de hechos probados...no sea clara y terminante..." EXPLICACION DEL MOTIVO En el apartado correspondiente a los hechos probados del fallo impugnado solamente se expuso un hecho el cual, una vez más, transcribimos a continuación: “UNICO: Que en fecha tres de mayo del año dos mil seis, en el Juzgado Seccional de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, se presentó demanda ordinaria para la formalización de un aumento de capital social de A., S.A. de C. V. (ALISA) mediante la ejecución de actos previos que concluyeran con la protocolización e inscripción de un acuerdo asambleario en el registro público de comercio (sic), misma que fue admitida, tramitada y resuelta por el señor E. N. Z., en su condición de Juez de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua, y sin ser Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma, ya que la referida sociedad mercantil tiene sus domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.” El precepto que citamos como inobservado en el planteamiento del motivo, o sea el artículo 338, regla cuarta, numeral uno, del Código Procesal Penal, dispone que los hechos que se declaren probados en la sentencia deben ser "descritos con claridad, precisión y coherencia", lo cual significa que debe usarse un lenguaje en el que los términos, las denominaciones, se empleen con propiedad, atribuyéndoles el sentido que realmente tienen. En el hecho único declarado probado por el Tribunal sentenciador no se llena esa exigencia, pues para principiar se hace referencia a un "Juzgado Seccional de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua", ya que un tribunal con esa denominación no existe, sabemos de un Juzgado de Letras Seccional de esa comprensión territorial, denominación que es totalmente distinta a la empleada en el hecho probado; así, de entrada, se ha obviado la exigencia de claridad, precisión y coherencia a que hemos aludido. Luego, tenemos que adelante se expone que E. N. Z. "fue destituido de su cargo por de Justicia3”, afirmación esta que no tiene ninguna relación con el contexto del hecho, aparece ahí de manera incoherente. Por último, encontramos la expresión "sin ser el Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma". La denominación de juez natural, doctrinariamente, corresponde fundamentalmente, como ya antes al explicar otro motivo lo hemos dicho, a quienes conocen de procesos en el área penal, pero no en la civil; veamos, para el caso, lo que nos dice el Diccionario de Términos Judiciales: "Juez Natural: Es la garantía que posee toda persona a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad a la ocurrencia del hecho delictual"; pero si asumiéramos que también cabe hablar de esa figura en materia civil, lo importante es que la característica que identifica al Juez Natural, es que haya sido creado por la ley con anterioridad a los hechos que motivaron su intervención; se contrapone ese concepto al de Jueces de Excepción, Jueces ex post facto, Jueces ad-hoc, Tribunales Especiales creados específicamente para conocer de determinados asuntos precisamente cuando los hechos ya han ocurrido; de manera, pues, que E. N. Z., a la luz de ese razonamiento sí era un Juez Natural. Pero lo que trasciende, para los efectos del motivo que estamos explicando, es que el afirmar que el ex Juez N. Z. no era Juez Natural entraña un elemento de falta de claridad, precisión y coherencia. Y el término jurisdicción es empleado sin la precisión exigida por la ley; en efecto, jurisdicción es la potestad pública de conocer asuntos, civiles, criminales y de otra naturaleza, sentenciarlos con arreglo a las leyes y hacer que se cumpla lo fallado; no puede, por lo tanto, decirse de un Juez que carece de jurisdicción para conocer de determinado asunto; ya que de lo que podría hablarse es de competencia. Hay en ello una evidente falta de precisión. Ya para terminar, en el hecho probado que se contiene en el fallo que estamos impugnando, se expresa: "... y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua." El término "génesis" según Española significa "origen o principio de una cosa": por manera, que en el hecho probado se expresa, con otra palabra, que solamente los asuntos que hayan tenido su origen en Siguatepeque pueden ser conocidos por el Juzgado que estuvo a cargo de N. Z.; con lo cual se ha llevado un elemento más de falta de claridad, pues no son pocos los casos que no tienen su origen en esa ciudad, que sí pueden ser conocidos por ese Tribunal. Como se trata de un Juzgado de los denominados "promiscuos", que puede conocer de lo criminal, lo civil, lo laboral y otras materias, se puede enumerar toda una gama de situaciones en las que se dé esa posibilidad; veamos: a) Se ignora el lugar en que ha ocurrido un delito y el inculpado es aprehendido en Siguatepeque; b) Se celebra un contrato en San Pedro Sula, y ambos contratantes renuncian a su domicilio para el caso de que surja un conflicto entre ellos y se someten al de Siguatepeque; c) Se celebra un contrato de trabajo en Jesús de Otoro y el servicio ha sido prestado en ese mismo lugar, pero el domicilio del patrono es Siguatepeque; y se produce un despido. En todos esos casos los asuntos no habrán tenido su origen en Siguatepeque, pero pueden ser presentados ante el Juzgado de Letras Seccional de esa ciudad, que tendrá competencia para conocer de ellos. Es evidente, pues, que al haberse declarado probado que el ex Juez Nolasco Zúniga sólo podía conocer de asuntos que hubieran tenido su génesis en la ciudad en mención, se privó también de la característica de claridad a los hechos declarados probados. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estamos impugnando. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR ACUSADO E. N. Z. BASADO EN QUE LOS HECHOS PROBADOS DE NO SON CLAROS NI ES TERMINANTES, EN INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 338 REGLA CUARTA, NUMERAL PRIMERO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, QUE DISPONE: "LAS SENTENCIAS SE REDACTARÁN POR ESCRITO CON SUJECIÓN A LAS REGLAS SIGUIENTES:...CUARTA: SE CONSIGNARÁ FALLO EN : 1) EN PÁRRAFOS SEPARADOS Y NUMERADOS, SE HARÁ DECLARACIÓN EXPRESA Y TERMINANTE DE LOS HECHOS QUE SE CONSIDERAN PROBADOS, DESCRITOS CON CLARIDAD, PRECISIÓN Y COHERENCIA…”. El recurrente cita como inobservado el artículo 338, regla cuarta, numeral uno, del Código Procesal Penal, que dispone que los hechos probados en la sentencia deben ser "descritos con claridad, precisión y coherencia", lo que significa que el lenguaje, los términos y las denominaciones, se empleen con propiedad, atribuyéndoles el sentido que realmente tienen. Considera que el hecho único declarado probado no llena esa exigencia, porque se hace referencia a un "Juzgado Seccional de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua", y esa denominación no existe, sino el Juzgado de Letras Seccional de esa comprensión territorial. Agrega que se expone en el relato fáctico que E. N. Z. "fue destituido de su cargo por de Justicia”, afirmación que a su juicio que no tiene ninguna relación con el contexto del hecho, y que por ende aparece ahí de manera incoherente. El Censor es del criterio que la expresión "sin ser el Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma" adolece de claridad precisión y coherencia. Refiere que la denominación “Juez Natural”, corresponde fundamentalmente, a quienes conocen de procesos en el área penal, pero no en la civil, pero si también fuera una figura en materia civil, lo importante es que haya sido creado por la ley con anterioridad a los hechos que motivaron su intervención, lo que se contrapone al Juez de Excepción, Juez ex post facto, Juez ad-hoc;. Añade que el término jurisdicción es empleado sin la precisión exigida por la ley; pues esta es la potestad pública de conocer asuntos, civiles, criminales y de otra naturaleza, sentenciarlos con arreglo a las leyes y hacer que se cumpla lo fallado; no puede, por lo tanto, decirse de un Juez que carece de jurisdicción para conocer de determinado asunto; ya que de lo que podría hablarse es que no tiene competencia. Hay en ello una evidente falta de precisión. Ya para terminar, el recurrente considera que adolece de la debida precisión y claridad la expresión contenida en el hecho probado único cuando se expresa que "... y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. Esta Sala de lo Penal considera pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. Esta Sala de lo Penal considera que si bien es cierto que en el relato fáctico no se menciona que el Juzgado en el que prestaba sus servicios el imputado E. N. Z. era uno de Letras, tal omisión no es relevante para invalidar la sentencia impugnada, en tanto que es intrascendente y debe sobrentenderse que un Juzgado Seccional es un Juzgado de Letras y no de Paz. Señala que el hecho probado resulta incoherente por mencionar que “el señor E. N. Z. fue destituido de su cargo por de Justicia”. Esta Sala estima que si bien la redacción pudo haber sido mejor, la mención aludida, es una referencia que no afecta a la descripción de los hechos probados de la sentencia impugnada y tampoco es relevante como para invalidar la sentencia recurrida. Sobre la expresión: “sin ser el Juez natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma”, esta Sala aprecia que en este caso la connotación de Juez Natural, pese a ser un concepto normativo, no afecta de manera relevante el factum de la sentencia, tomando en cuenta que suprimido mentalmente el mismo, es posible para esta Sala establecer con un mínimo de claridad la premisa fáctica necesaria para formular la calificación jurídica, de forma que se puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, esto es que el procesado E. N. Z. actuando como Juez admitió, tramitó y resolvió una demanda para que se declarase el aumento de capital de una sociedad mercantil y se autorizara la modificación de la escritura social y su posterior inscripción en el Registro Público de Comercio, y que además que siendo el domicilio social de la entidad mercantil demandada la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central tal demanda se interpuso en el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque. En cuanto a las afirmación contenida en el relato de hechos probados …y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.” Ciertamente contiene algunos conceptos que en principio, es decir aprorísticamente podría entenderse que predeterminan el fallo.. Sin embargo, como ya lo dijimos antes, pese a las deficiencias que presenta el relato fáctico, las mismas no son de tal relevancia que suprimidas mentalmente produzcan una laguna o vacío en la descripción histórica de los hechos, que determinen una falta de premisa fáctica mínima para formular la calificación jurídica correspondiente en el proceso de subsunción. La sentencia debe ser considerada un todo integral, de tal manera que en el relato de hechos probados se expresa que el entonces Juez E. N. admitió, tramitó y resolvió la demanda tantas veces relacionada, de tal manera que no constituye un hecho discutido ni controvertido por las partes que quienes intervinieron como actor y demandado en el trámite de la demanda civil ordinaria referida se sometieron a la competencia del Juzgado de Letras de Siguatepeque, y que por ende en aplicación de lo dispuesto en diversas disposiciones de de Organización y Atribuciones de los Tribunales dicho órgano jurisdiccional era competente para conocer de la misma, cuestión distinta como también lo apuntamos líneas arriba es que el imputado actuando con negligencia e ignorancia inexcusable otorgó lo solicitado por el actor en contravención manifiesta del ordenamiento jurídico. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo debe ser desestimado. MOTIVO SEGUNDO. En la sentencia de que se recurre se han inobservado las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público, al no haberse aplicado lo que disponen los artículos: A).- 334 párrafo último, 335 párrafos primero y segundo, del ordenamiento jurídico antes citado; disposiciones en las cuales se dispone, por su orden, "Finalmente, el presidente preguntará al imputado si tiene algo mas que manifestar. Inmediatamente después de lo que él exprese, declarará cerrado el debate"; "De la deliberación. Cerrado el debate el Tribunal de Sentencia se reunirá de inmediato para deliberar a fin de dictar la sentencia que proceda en derecho. La deliberación no podrá suspenderse salvo fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión durará lo estrictamente necesario" y B).- 338, regla cuarta, numeral uno, del mismo cuerpo legal, en la parte que a la letra dispone: "En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, ...sin emplear conceptos que por su exclusivo carácter jurídico predeterminen el fallo que haya de dictarse." PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral cinco, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: "Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: … 5) La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código (Código Procesal Penal), para la realización del juicio oral y público". EXPLICACION DEL MOTIVO A).- En la celebración del juicio oral y público en el caso que nos ocupa nos encontramos situaciones que implican, indiscutiblemente, inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la celebración de un juicio de la naturaleza señalada. Pasamos a hacer relación de esas situaciones: PRIMERO: En virtud que de conformidad a lo establecido en el artículo 263 del Código Procesal Penal, el proceso de investigación y juzgamiento constará de las fases siguientes: 1) , 2) Y 3) DEBATE O JUICIO ORAL Y PUBLICO, para luego en los artículos siguientes desarrollar los actos que forman cada una de sus etapas. Con relación al Juicio Oral y Público estará formado por los siguientes actos: 1) PREPARACION DEL DEBATE, 2) SUSTANCIACION DEL JUICIO Y 3) DELIBERACION y SENTENCIA, de lo que resulta entonces que el motivo de casación aquí invocado, incluye también la inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización de la deliberación como un acto integrante del juicio oral y público. Habiendo establecido lo anterior, debemos entonces determinar que en el Título IV, CAPITULO III, SECCION PRIMERA, del Código Procesal Penal, se encuentran las reglas, de cómo se debe llevar a cabo, como acto integrante del debate, y , Y es así que el artículo 335 establece: "CERRADO el debate, el Tribunal de Sentencias se reunirá DE INMEDIATO para deliberar, a fin de dictar la sentencia que proceda en derecho. La deliberación NO PODRA SUSPENDERSE, salvo fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión durará el tiempo estrictamente necesario". (LO RESALTADO EN MAYUSCULAS ES NUESTRO) En el caso de autos consta en el acta de juicio oral y público, que el día lunes catorce de diciembre del dos mil nueve, siendo las nueve con cuarenta minutos se reanuda la audiencia de juicio oral y público para el efecto de que las partes procedan a emitir las conclusiones que tuvieran a bien, es así, que consta en el acta que en el orden comienza el Ministerio Público, luego el Abogado R. C., en su condición de acusador privado, a continuación, el defensor abogado G. E. M. A., apoderado del señor E. N Z.; hizo uso de la palabra el señor O. K. K., absteniéndose de su derecho a la última palabra el señor E. N.; terminado así el debate, sin haberlo declarado cerrado el Presidente del Tribunal y sin haberse retirado a deliberar, se dictó la resolución que consta en el acta página número 71 en los siguientes términos: "Se suspendió la presente audiencia siendo las doce con treinta y cinco minutos del medio día y convocó a las partes para conocer del fallo correspondiente el día martes quince a las dos de la tarde” El día señalado siendo las cinco con veinte minutos de la tarde, tal como consta en la página número 71 del acta respectiva que dice: "Se reanudó la presente audiencia siendo las cinco con veinte minutos de la tarde del día martes quince de diciembre del dos mil nueve, con el fin de dar a conocer el fallo correspondiente…” De la simple lectura del acta se desprende que el Tribunal de Sentencia INOBSERVO TRES REGLAS, para la realización de la deliberación y son: 1. Declarar cerrado el debate 2.Reunirse de INMEDIATO para deliberar 3. La deliberación NO PODRA SUSPENDERSE, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Todo lo contrario a lo que dice la norma, el Tribunal de Sentencia omitió declarar cerrado el debate, convoca a las partes para más de veinticuatro horas después, no sabemos cuándo, ni cuanto deliberaron pero no fue INMEDIATAMENTE, y lógicamente habiendo transcurrido tantas horas esa deliberación se suspendió y no fue por las causas que exige la ley (caso fortuito o fuerza mayor). El Código Procesal Penal, de manera taxativa y obligatoria para los órganos jurisdiccionales establece esta forma de DELIBERACION, lo cierto es que de conformidad a lo establecido en los mencionados artículos 334 y 335 del Código Procesal Penal, el Tribunal estaba OBLIGADO a declarar CERRADO EL DEBATE Y retirarse INMEDIATAMENTE A DELIBERAR, tomarse el tiempo que fuere necesario sin SUSPENDER tal deliberación, y concluida ésta pronunciar oralmente su fallo. Pero inobservando la norma procesal el Tribunal de Sentencia no declara cerrado el debate, ni se retiró a deliberar y convocó a las partes para que más de veinticuatro horas después regresaran a escuchar el fallo, circunstancia no permitida por el Código Procesal Penal ya que en su artículo 340 (fallo absolutorio) como el 342 (fallo condenatorio), establecen: "concluido lo anterior (la deliberación) el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala" "concluido lo anterior (deliberación) el Tribunal regresará al salón de debates...", de lo que se desprende claramente que el Tribunal luego de cerrado el debate, se retira a deliberar y concluida la deliberación REGRESA al salón de debates. B).- Haciendo relación al ex Juez N. Z., se declara probado que "sin ser Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma, ya que la referida sociedad mercantil tiene su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua." Con ello evidentemente se hizo empleo de conceptos, Juez Natural y jurisdicción, que por su exclusivo carácter jurídico, predeterminaron sin lugar a dudas el fallo que al final fue dictado. Al haberse actuado de esa manera, el Tribunal sentenciador inobservó la disposición contenida en el artículo 338, regla cuarta, numeral uno, del Código Procesal Penal, que es una de las reglas contenidas en ese ordenamiento para regular la realización del juicio oral y público, que precisamente finaliza con la sentencia en que se incurrió en la inobservancia relacionada. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estamos impugnando. RECURSO DE CASACION DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR PROCESADO E. N. Z. POR INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA JUICIO ORAL Y PÚBLICO, AL NO HABERSE APLICADO LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS: A).- 334 PÁRRAFO ÚLTIMO, 335 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANTES CITADO; Y B).- 338, REGLA CUARTA, NUMERAL UNO, DEL MISMO CUERPO LEGAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 5) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que en el proceso seguido contra el imputado se han inobservado las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público, al no haberse aplicado lo que disponen los artículos: A).- 334 párrafo último, 335 párrafos primero y segundo, del ordenamiento jurídico antes citado; disposiciones en las cuales se dispone, por su orden, "Finalmente, el presidente preguntará al imputado si tiene algo mas que manifestar. Inmediatamente después de lo que él exprese, declarará cerrado el debate"; "De la deliberación. Cerrado el debate el Tribunal de Sentencia se reunirá de inmediato para deliberar a fin de dictar la sentencia que proceda en derecho. La deliberación no podrá suspenderse salvo fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión durará lo estrictamente necesario" y B).- 338, regla cuarta, numeral uno, del mismo cuerpo legal, en la parte que a la letra dispone: "En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, ...sin emplear conceptos que por su exclusivo carácter jurídico predeterminen el fallo que haya de dictarse." Aprecia que en el Título IV, Capitulo III, Sección Primera, del Código Procesal Penal, se encuentran las reglas, de cómo se debe llevar a cabo, como acto integrante del debate, la deliberación y la sentencia, y es así que el Art. 335 establece: "cerrado el debate, el Tribunal de Sentencias se reunirá de inmediato para deliberar, a fin de dictar la sentencia que proceda en derecho. La deliberación no podrá suspenderse, salvo fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión durará el tiempo estrictamente necesario". A) Afirma que consta en el acta de juicio oral y público, que el día lunes catorce de diciembre del dos mil nueve, siendo las nueve con cuarenta minutos se reanuda la audiencia de juicio oral y público para el efecto de que las partes procedan a emitir las conclusiones.- terminado así el debate, sin haberlo declarado cerrado el Presidente del Tribunal y sin haberse retirado a deliberar, se dictó la resolución que consta en el acta página número 71 así: "Se suspendió la presente audiencia siendo las doce con treinta y cinco minutos del medio día y convocó a las partes para conocer del fallo correspondiente el día martes quince a las dos de la tarde” El día señalado siendo las cinco con veinte minutos de la tarde, tal como consta en la página número 71 del acta respectiva que dice: "Se reanudó la presente audiencia siendo las cinco con veinte minutos de la tarde del día martes quince de diciembre del dos mil nueve, con el fin de dar a conocer el fallo correspondiente…” Afirma que del acta se desprende que el Tribunal de sentencia inobservó tres reglas, para la realización de la deliberación, es decir,: 1. Declarar cerrado el debate; 2. Reunirse de inmediato para deliberar 3. La deliberación no podrá suspenderse, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Considera que el A Quo omitió declarar cerrado el debate, convocando a las partes para más de veinticuatro horas después, es decir que no sabe cuándo, ni cuanto tiempo deliberaron pero no fue inmediatamente, y lógicamente habiendo transcurrido tantas horas esa deliberación se suspendió y no fue por las causas que exige la ley (caso fortuito o fuerza mayor). B).- El recurrente también reprocha que se declara probado que "sin ser Juez Natural y carecer de jurisdicción para conocer de la misma, ya que la referida sociedad mercantil tiene su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. y por cuestión de territorio el referido ex juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua." El Censor considera que se hizo empleo de conceptos de Juez Natural y jurisdicción, que son de exclusivo carácter jurídico, por lo que estima que predeterminaron el fallo que al final fue dictado, de ahí que a su juicio el A Quo inobservó la disposición contenida en el artículo 338, regla cuarta, numeral uno, del Código Procesal Penal. .en este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del proceso como lo es el juicio oral y público, de tal manera que estas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa del procedimiento: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase del juicio, sino que se refiere a la vulneración de una norma de tal incidencia, que su violación afecte sustancialmente al proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el juicio oral están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. El vicio será de estimar cuando se trate de una violación de esas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir las que desarrollan los principios antes apuntados, como por ejemplo, no permitir a una de las partes el ejercicio de su derecho a interrogar los testigos de su contendor, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Penal, y con ello se afectarían los principios de contradicción y defensa. Esta Sala observa que efectivamente, no consta del acta de debate –tomo II, folio 139- que el presidente del tribunal A Quo haya tenido por cerrado el debate, después de concluir las conclusiones y conceder al imputado el derecho a la pronunciar la última palabra. Esta Sala estima que la omisión de la frase “se tiene por cerrado el debate”, pronunciado por el Presidente del Tribunal de Juicio, o la falta de su incorporación en el acta de debate por parte del Secretario al momento de elaborar el acta respectiva, si bien es un acto procesal que pone fin a la fase de sustanciación del juicio, como parte integral del debate, no es menos cierto que es un mero formalismo, en tanto su omisión carece de relevancia procesal suficiente para invalidar el debate, al no provocar la violación de derechos fundamentales. Asimismo, consta del acta respectiva que el tribunal de juicio suspendió la audiencia para reanudarla al día siguiente a efecto de pronunciar el fallo. Al respecto dispone el Art. 335 del Código Procesal Penal que “Cerrado el debate el Tribunal de Sentencias se reunirá de inmediato para deliberar, a fin de dictar la sentencia que proceda en derecho.- La deliberación no podrá suspenderse, salvo fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión durará el tiempo estrictamente necesario….” Esta Sala ha constatado que el tribunal suspendió la audiencia a efecto de deliberar y dictar el fallo correspondiente. La duración del tiempo de que deberá disponer el A Quo para deliberar y emitir el fallo, tiene estrecha relación con el grado de dificultad o de la complejidad de cada caso. Esta Sala no desconoce que la deliberación y votación se rigen por los principios de inmediatez y de concentración o unidad del acto, pero al mismo tiempo considera importante señalar que la inmediatez y continuidad han de ser interpretados de acuerdo con el principio de razonabilidad. La conclusión tardía del debate puede aconsejar que la deliberación se inicie al día siguiente y su prolongación, y que el Tribunal por tal razón se tome períodos de descanso precisos para garantizar que el debate y la decisión se tomen en condiciones psicofísicas óptimas. La ley no establece un plazo determinado, sino de uno que “durará el tiempo que sea necesario”. Se debe de entender en el caso concreto, que una vez suspendida la audiencia de debate el tribunal de juicio estimó que el tiempo necesario para deliberar y dictar el fallo, habida cuenta de la dificultad y complejidad del caso, era por lo menos de veinticuatro horas. Esta Sala estima que el mandato establecido en la norma invocada por el Censor y que dispone que “el tribunal se reunirá de inmediato para deliberar a fin de dictar la sentencia que proceda en derecho”, tiene la finalidad de garantizar la estricta observancia de los principios reguladores del proceso penal de “continuidad” de las audiencias del juicio y la “inmediación” de las partes y de los miembros del Tribunal con los actos del proceso y la prueba. Por todo ello, esta Sala considera que el haber suspendido la audiencia para deliberar, pronunciar el fallo y reanudado la misma veinticuatro horas más tarde, habida cuenta de la complejidad del caso, no es motivo suficiente para invalidar el debate con fundamento en una violación a las reglas del debido proceso, establecidas en el Código Procesal Penal, en tanto que se aprecia que con ello, no se ha afectado, ni limitado los principios de continuidad e inmediación, ni se han puesto en peligro derechos fundamentales del acusado, amen de que el recurrente no formuló protesta alguna cuando se produjo el supuesto vicio que ahora denuncia por la vía casacional. En lo que concierne al argumento de que el relato de hechos probados contiene conceptos que por su carácter jurídico han predeterminado el fallo, esta Sala ya se ha pronunciado sobre este extremo en el motivo que antecede a este, por lo que el impugnante debe remitirse a lo que ahí se expresa. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo debe ser desestimado. MOTIVO TERCERO. Se dejó de considerar, negándole toda eficacia probatoria, prueba de valor decisivo, que obra en los expedientes números 0-53-2006 Y 0-93-2006 ambos del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua y 3-0-5212 del Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, de los cuales la defensa presentó, como medios de prueba, copias fotostáticas debidamente autenticadas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral dos, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: "Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 2) Que se... deje de considerar alguna prueba de valor decisivo." EXPLICACION DEL MOTIVO Hay cuatro aspectos probatorios en que se dejó de considerar la prueba de la defensa, los que se desarrollan a continuación: I.- En primer lugar, en el medio de prueba consistente en el expediente que corresponde a la demanda 0-53-2006 que, se declaró probado, E. N. Z. no tenía jurisdicción para conocer de ella, aparece que el demandante se sometió tácitamente a la competencia del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, cuya titularidad estaba a cargo de N. Z.; y aparece, también, que la parte demandada se sometió expresamente a la misma competencia. Resulta de lo anterior que, de acuerdo a lo que disponen los artículos 143 y 145 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, el Juzgado de Letras en mención, sí tenía competencia para conocer del asunto a que se hace referencia; en este mismo expediente se encuentran los fallos emitidos por de Apelaciones de Comayagua, en el que se reconoce a la sentencia proferida por el ex Juez N. Z., la calidad de firme, y el fallo en revisión emitido por de de Justicia, en el que establece que: "Todo proceso civil contencioso inicia con la demanda y finaliza con la sentencia definitiva, de manera que todo lo puesto en disputa por las partes es decir, demanda y contestación, se resuelve dentro de este espacio, de tal suerte que de lo Constitucional arriba a la convicción que las alegaciones dirigidas en contra de la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, deberán practicarse con arreglo a nuestras leyes procesales; en todo caso, no podrán realizarse mediante la reapertura del proceso a través de un incidente, admitir esta situación provocaría una trasgresión evidente al sistema procesal vigente en el país, y que dicha sentencia fue dictada conforme a derecho...(LO RESALTADO ES NUESTRO) Si las Cortes se pronunciaron conforme a lo estipulado en el artículo 139 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, la jurisdicción y competencia se las delimitó el Juzgado Inferior (El Juzgado del que era Titular el Juez E. N. Z.), es evidente la jurisdicción y competencia del mencionado funcionario judicial. De que esa prueba es de valor decisivo es incuestionable, puesto que de haber sido tomada en consideración por el Tribunal, la decisión de éste hubiera sido otra, no de condena, sino que de absolución. II.- Luego, tenemos que con relación al fondo del asunto de que se conoció en el juicio cuestionado, hay prueba irrefutable en cuanto a que los aumentos de capital de la sociedad "Alimentos, S.A. de C.V.", de CINCO a SIETE MILLONES Y de SIETE A DOCE MILLONES, habían sido una realidad desde hacía varios años; en efecto, en ese expediente se acreditaron los siguientes hechos: I. Que las cantidades correspondientes a esos aumentos fueron pagadas y depositadas en una institución bancaria; 2. Que tales aumentos fueron debidamente consignados, en su oportunidad, en los registros contables; 3. Que los mismos fueron declarados a de Ingresos (DEI); y, 4. Que fueron expedidos títulos provisionales de las acciones en los que se consignan los incrementos, suscritos por el Presidente del Consejo de Administración, don M. O. K. K., V por el Secretario, Abogado C. A. M. V., cuyas firmas fueron reconocidas judicialmente. Y, hay que decirlo con todo énfasis, todo esto ocurrió cuando era Presidente del Consejo de Administración el acusador privado y supuesto ofendido en el proceso que nos ocupa, don M. O. K. K., y Gerente su hijo E. K. G. Para que los indicados aumentos quedaran debidamente formalizados solamente faltó que se hiciera la modificación de la escritura social, así como su inscripción en el Registro Público de Comercio, lo que era de la incumbencia, fundamentalmente del Presidente mencionado. O sea que lo que el Juez N. Z., hizo con su sentencia fue suplir esa omisión, formalizando en legal forma los indicados incrementos. En manera alguna significa que él, sin contar con la voluntad de los accionistas, ordenó los tales aumentos. Si el Tribunal de Sentencia hubiera tomado en consideración toda esa prueba sobre el fondo de la cuestión debatida, y le hubiera reconocido la eficacia probatoria de que legalmente estaba investida, habría arribado a la conclusión de que en el proceder de N. Z. no hubo ni la más mínima irregularidad, que su actuación estuvo apegada a la ley, y que, por lo tanto, no incurrió en el ilícito penal que se le ha atribuido, ni ningún otro. III.- De igual manera existe prueba de valor decisivo como es el expediente de nulidad número 0-93-2006, promovido en la ciudad de Siguatepeque, admitida y tramitada por un Juez distinto que por el señor ex Juez E. N. Z., donde los hoy acusadores privados, solicitan la nulidad de la sentencia emitida en el expediente 0-53- 2006 Y por la que se ha procesado y condenado al señor N. Z., y que en idénticas circunstancias renunciando a su domicilio el señor O. K. K., contesta la demanda allanándose a la misma, en sumisión expresa, para luego de provocar una nulidad RETIRARLA.- Si se hubiere valorado este documento, se hubiera establecido con claridad que PRIMERO: La sumisión expresa o tacita en un procedimiento normal permitido por la ley y común en los Órganos Jurisdiccionales y SEGUNDO: Que los acusadores privados utilizan en su práctica forense este procedimiento como algo normal y legal, sin considerar que los Jueces que les resuelven tales petitorias de sumisión expresa incurren en ABUSO DE AUTORIDAD. IV.- En similares circunstancias se encuentra el expediente 3-0-5212 del Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés donde los ACUSADORES PRIVADOS, promueven en sumisión tacita una Demanda Ordinaria, en domicilio distinto del de , A. S. A. DE C.V., Y es admitido por el Juez de Letras y tramitada la misma, con la única diferencia que al momento de contestar la demanda, el demandado promueve INCOMPETENCIA, por no ser del domicilio de y los ACUSADORES PRIVADOS se allanan a este incidente aceptando el mismo.- De lo que se puede colegir que los Órganos Jurisdiccionales, admiten y dan trámite a las Demandas promovidas ante ellos, admitiendo la sumisión sea expresa o tácita y que conforme a la ley si las partes en juicio no están conformes con la sumisión tienen expedito el camino para promover las cuestiones de competencia a que hubiere lugar.- De haber valorado estos documentos, el Tribunal no hubiera llegado nunca a la conclusión que como hecho probado se tiene que el señor ex Juez E. N. "solo podía conocer de asuntos cuya génesis fuera Siguatepegue".(EL RESALTADO ES NUESTRO) El motivo de casación en la forma que hemos explicado queda de esa manera debidamente configurado. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estamos impugnando. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR ACUSADO E. N. Z. FUNDADO EN QUE SE DEJARON DE CONSIDERAR, NEGÁNDOLE TODA EFICACIA PROBATORIA, PRUEBAS DE VALOR DECISIVO, QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES NÚMEROS 0-53-2006 Y 0-93-2006 AMBOS DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA Y 3-0-5212 DEL JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 2) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el Juzgador dejó de considerar varios medios de prueba de valor decisorio, que de haber sido tomados en consideración por el A Quo, la decisión hubiese sido de absolución, siendo ellos los siguientes: I) Expediente que corresponde a la demanda 0-53-2006 –y que el A Quo declaró probado que el Juez E. N. Z. no tenía jurisdicción para conocer de la demanda- en la que el demandante y demandado se sometieron tácitamente a la competencia del Juzgado de Letras SeccionaL de Siguatepeque. Considera que de acuerdo a lo que disponen los artículos 143 y 145 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, el Juzgado de Letras en mención, sí tenía competencia para conocer del asunto a que se hace referencia, al contener los fallos de de Apelaciones de Comayagua, en que se reconoce que la sentencia dictada por el Juez N. Z. es firme; y el fallo en revisión emitido por II.- Prueba de que los aumentos de capital de la sociedad "Alimentos, S.A. de C.V.", de cinco a siete millones y de siete a doce millones, habrían sido una realidad desde hacía varios años; en ese expediente (0-53-2006) a juicio del Censor se acreditaron los siguientes hechos: 1. Que las cantidades correspondientes a esos aumentos fueron pagadas y depositadas en una institución bancaria; 2. Que tales aumentos fueron debidamente consignados, en su oportunidad, en los registros contables; 3. Que los mismos fueron declarados a de Ingresos (DEI); y, 4. Que fueron expedidos títulos provisionales de las acciones en los que se consignan los incrementos, suscritos por el Presidente del Consejo de Administración, don M. O. K. K. y por el Secretario, Abogado C. A. M. V., cuyas firmas fueron reconocidas judicialmente. Afirma que para que los aumentos de capital quedaran formalizados solamente faltó que se hiciera la modificación de la escritura social, así como su inscripción en el Registro Público de Comercio, a instancia del Presidente y que el Juez N. Z., lo que hizo con su sentencia fue suplir esa omisión, formalizando en legal forma los indicados incrementos de tal manera que es contrario a la verdad que haya dictado sentencia ordenando el aumento de capital sin contar con la voluntad de los accionistas, III.- Expediente de nulidad número 0-93-2006, promovido en la ciudad de Siguatepeque, admitida y tramitada por un Juez distinto que el ex Juez E. N. Z., donde los acusadores privados, solicitan la nulidad de la sentencia emitida en el expediente 0-53-2006. Afirma que de haberse valorado este documento, se hubiera establecido con claridad que PRIMERO: La sumisión expresa o tacita en un procedimiento normal permitido por la ley y común en los Órganos Jurisdiccionales y SEGUNDO: Que los acusadores privados utilizan en su práctica forense este procedimiento como algo normal y legal, sin considerar que los Jueces que les resuelven tales petitorias de sumisión expresa incurren en abuso de autoridad. IV.- El expediente 3-0-5212 del Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés donde los acusadores privados, promueven en sumisión tacita una Demanda Ordinaria, en domicilio distinto del de , A. S. A. DE C.V., Y es admitido por el Juez de Letras y tramitada la misma, con la única diferencia que al momento de contestar la demanda, el demandado interpone la excepción de incompetencia, por no ser del domicilio de y los acusadores privados se allanan a este incidente aceptando el mismo.- De lo que se puede colegir que los Órganos Jurisdiccionales, admiten y dan trámite a las Demandas promovidas ante ellos, admitiendo la sumisión sea expresa o tácita y que conforme a la ley si las partes en juicio no están conformes con la sumisión tienen expedito el camino para promover las cuestiones de competencia a que hubiere lugar.- Concluye el recurrente que de haber valorado estos documentos, el Tribunal A Quo no hubiera llegado a la conclusión que el señor ex Juez E. N. "solo podía conocer de asuntos cuya génesis fuera Siguatepegue". Esta Sala de lo Penal, considera importante señalar que el motivo consignado en el artículo 362 No. 2) párrafo in fine del Código Procesal Penal contiene dos hipótesis: a) cuando la sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considere ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio comporta de ese modo la infracción de varios artículos del Código Procesal Penal: I) Del artículo 202, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción como producto de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba, II) del artículo 336, que señala que el Tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto, y III) del artículo 338 sección cuarta, numeral 2) que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. De esta manera, el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de pronunciarse sobre la fuerza de convicción que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción, el Juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. Cabe añadir a lo antes expuesto, que no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración de la prueba), sino que es necesario que la misma sea de valor decisivo. Ello comporta efectuar una operación de inclusión mental hipotética, en cuyo caso, de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del juez, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas. En el presente caso, esta Sala observa que la prueba documental señalada por el Censor no ha dejado de ser valorada por el Juzgador, lo que se corrobora con lo expuesto por el Tribunal de Instancia en el capitulo DECIMO de la sentencia impugnada, precisamente al valorarse la prueba de descargo aportada por la defensa del acusado –folios 1302 vuelto y 1303 frente y vuelto del proceso- el Juzgador razona que con dichos documentos no se logra desvirtuar los hechos imputados al acusado, en tanto no le merecen valor probatorio, salvo la prueba documental número uno, consistente en el expediente judicial número 0-53-2006, del que aprecia que la mencionada demanda fue “admitida y resuelta por el ex Juez E. N. Z., sin tener jurisdicción para conocer de la misma…”. En consecuencia, esta Sala no aprecia que el Juzgador haya dejado de valorar las pruebas de reproche, cuestión distinta es que tal valoración no sea compartida por el recurrente en cuyo caso ha debido canalizar su reclamo por una vía recursiva distinta. Y siendo como se dejado expuesto que no se trata de un caso de falta de consideración de prueba, no procede determinar si la prueba en referencia es o no decisiva para la litis, por lo que procede rechazar el motivo de casación invocado por el recurrente. MOTIVO CUARTO. que hoy se impugna tiene una motivación insuficiente y en algunos casos carece de motivación fáctica y jurídica, situación que implica inobservancia del artículo 141 del Código Procesal Penal último párrafo que dice: "La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimiento hechos por las parte o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará la motivación" PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral tres, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: "Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 3) Que carezca de motivación fáctica o jurídica, que dicha motivación sea insuficiente o contradictoria..." EXPLICACION DEL MOTIVO. Contiene el Fallo que hoy se impugna 32 folios útiles, de los cuales casi el 80%, de su contenido es una copia textual del acta de debate, el contenido íntegro de los antecedentes procesales y los apartados de la valoración de la prueba contiene el resumen de todo lo manifestado por los testigos y peritos, esto es un requisito propio del acta conforme al artículo 346 numerales 4 y 5 del Código Procesal Penal. Siendo que conforme al último párrafo del mencionado artículo así como al artículo 340 del mismo cuerpo legal, el acta es complemento de la propia sentencia, esta copia de actuaciones judiciales (resumen de lo dicho por testigos y peritos) y requerimiento hechos por las partes (conclusiones), si bien conforme a los requisitos de la sentencia (artículo 338 del Código Procesal Penal) deben incluirse, en ningún caso pueden reemplazar la motivación.- La riqueza de la sentencias no se encuentran cuantificadas en la cantidad de folios que transcriban los hechos consignados en la propia acta, el verdadero valor es la dura función intelectiva que obliga a los jueces a llegar a conclusiones, razones y justificaciones que llevan en definitiva a emitir un fallo, basta la simple lectura de la sentencia que hoy se impugna para establecer que en ella, la motivación es insuficiente y en algunos casos inexistente. En idénticas circunstancias se encuentra , en la que solamente se transcriben los preceptos penales aplicables, por lo que resulta insuficiente la motivación. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estamos impugnando. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR ACUSADO E. N. Z. BASADO EN QUE TIENE UNA MOTIVACIÓN INSUFICIENTE Y EN ALGUNOS CASOS CARECE DE MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA, SITUACIÓN QUE IMPLICA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL ÚLTIMO PÁRRAFO QUE DICE: " DE LAS ACTUACIONES DEL PROCESO, LOS REQUERIMIENTO HECHOS POR LAS PARTE O TRANSCRIPCIÓN DE PRECEPTOS LEGALES, NO REEMPLAZARA " PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el fallo impugnado tiene 32 folios útiles, de los cuales casi el 80%, de su contenido es una copia textual del acta de debate, de los antecedentes procesales y de la valoración de la prueba, al ser un resumen de lo manifestado por los testigos y peritos. Señala que conforme al último párrafo del artículo 346 y artículo 340 del Código Procesal Penal, el acta es un complemento de la sentencia, que en ningún caso reemplaza a la motivación. Considera que la riqueza de la sentencias no se encuentra en la cantidad de folios, sino en la función intelectiva que obliga a los jueces a llegar a conclusiones, razones y justificaciones que en definitiva llevan a emitir un fallo. A criterio del Censor basta con la lectura de la sentencia impugnada para establecer que la motivación es insuficiente y en algunos casos inexistente. Agrega que en idénticas circunstancias se encuentra la fundamentación jurídica, al sólo transcribir los preceptos penales aplicables, por lo que concluye que resulta insuficiente la motivación. Esta Sala de lo Penal considera importante aludir a lo que explica el jurista argentino FERNANDO DE , en su obra titulada: “El Recurso de Casación”, sobre la temática de la falta de motivación, donde expresa que: “Es la ausencia de una exposición de los motivos, que justifiquen la convicción del Juez, en cuanto al hecho a las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma a ese hecho, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a la cuestión” Habrá también falta de motivación cuando “esa exposición de motivos exista, y no obstante sea ilegítima, por estar constituida por pruebas inadmisibles, o nulas, o cuando no consista en una exposición lógicamente razonada de los fundamentos, o cuando de otra manera viole la reglas jurídicas que determinan su forma y contenido.- La falta de motivación no puede consistir simplemente, en que el Juzgador no consigne por escrito las razones que lo determinan a declarar una concreta voluntad de la ley material que aplica, sino también en no razonar sobre los elementos introducidos en el proceso, de acuerdo con el sistema impuesto por la ley procesal, esto es en no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia. El mismo jurista refiere que “Debe distinguirse, la falta de motivación, de la simple “insuficiencia de motivación”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces”. Agrega que “la ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con nulidad cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta, o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial…”. Esta Sala aprecia que en el presente caso, el recurrente ha alegado la falta de motivación fáctica y jurídica y en algunas casos hasta ausencia de motivación, sin embargo, no es menos cierto que tal reproche ha sido formulado de manera muy general y abstracta, por lo que no logra detallar con claridad y precisión los aspectos de la motivación fáctica en la fundamentación intelectiva de la prueba y de la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, que a su parecer resultan insuficientes, así como tampoco describe en su reproche recursivo en qué caso son inexistentes. No obstante la falta en la técnica recursiva del recurrente, esta Sala observa que si bien es cierto que la motivación en la valoración de la prueba y en la fundamentación jurídica aplicada por el Juzgador al caso concreto, no se encuentra abundamentente desarrollada, siendo los razonamientos del Tribunal de Instancia limitados y escuetos, tal deficiencia carece de entidad suficiente como para invalidar la sentencia, de ahí que por lo anteriormente expuesto el motivo de casación formulado por el recurrente debe ser desestimado. MOTIVO QUINTO: En la sentencia que hoy se impugna no se observaron las reglas de la sana crítica para la valoración de la prueba, infringiéndose así la exigencia contenida en el artículo 202 del Código Procesal Penal que, en la parte conducente, dispone que "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica" PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral tres, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: "Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 3) ... en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica."EXPLICACION DEL MOTIVO. En el fallo de que hoy se recurre se han inobservado las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba que los llevaron a condenar al señor E. N. Z., si bien, la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, está en cambio sujeto a control el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento. Es a través de este recurso que el Tribunal de casación deberá realizar un examen de la aplicación del sistema probatorio establecido por la ley, con el fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crìtica en la fundamentación de la sentencia, verificando sí se han observado las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. Conforme a lo anterior la sentencia que hoy se recurre ha violentado las siguientes leyes o reglas: a) VIOLACION A DE viola esta ley cuando el juzgado en una parte de su sentencia afirma una cosa, para luego negarla o afirmar cosa contraria. En los hechos probados de la sentencia, y a los que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, debía haber llegado de conformidad a los criterios de la sana crítica, afirma entre otras: "UNICO: El señor E. N. Z... y carecer de jurisdicción... Por cuestión de territorio el referido ex Juez N. Z., solo podía conocer de asuntos que tuviera su génesis en la ciudad de Siguatepeque..." De lo que resulta que conforme al fallo y el hecho declarado probado en los acápites a que se hace referencia, el señor N. Z., en primer lugar: “no tenia JURISDICCION por cuestión del territorio", y en segundo “solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en la ciudad de Siguatepegue". (LO RESALTADO ES NUESTRO) En total contradicción a lo antes expresado encontramos que en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal, propiamente en el numeral octavo del respectivo apartado, último párrafo, se afirma una razón distinta para que el señor E. N. no tuviera jurisdicción que la declarada probada, estableciendo categóricamente: "...Realizarse ante quien tenga JURISDICCION para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado, por lo que este Tribunal concluye que el ex Juez E. N. no tenia jurisdicción para conocer, tramitar y resolver la referida demanda de aumento de capital" (LO RESALTADO ES NUESTRO). Nótese que la valoración de la prueba hace relación a tres aspectos que solo pueden atribuirse a de que conocen los órganos jurisdiccionales, como es establecer DE NEGOCIOS (se refiere a negocios civiles, mercantiles, administrativos o penales) y luego establece mismo grado (juez de primera o segunda instancia) para terminar estableciendo el fondo propio de la demanda PARA AUMENTOS DE CAPITAL. Como se aprecia, las razones por las cuales concluye el Tribunal la falta de jurisdicción del señor N., resultan totalmente distintas a las declaradas probadas, ya que en esta valoración la carencia de jurisdicción es atribuida a conocida por el Juez y no al TERRITORIO, como anteriormente declaro probado. b) VIOLACION A LEY DE : PRINCIPIO DE DERIVACION. El principio de derivación consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, no debiendo violarse en el razonamiento ninguna de las reglas de la sana crítica específicamente la lógica. Según lo que entiende FERNANDO DE () como derivación, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando." Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente a un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. En este orden de ideas se ha pronunciado ya de Suprema de Justicia en fallos dictados así: Sentencia SJCSJ CP 1076 Los impetrantes tienen razón, por cuanto se aprecia que en la sentencia no se observó la regla lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, por lo cual el razonamiento debe de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de las se vayan determinando; En la sentencia que hoy se impugna se aprecia el VICIO descrito, en la mayoría de la prueba valorada, tal es así: Se aprecia en el numeral primero de la valoración de la prueba, después de narrar lo expuesto por el testigo señor O. K. K., en forma textual en dos folios útiles, establece sin llegar a ninguna conclusión en la valoración, que es un testigo de referencia y que su credibilidad será corroborada por otro medio de prueba, sin que se encuentre en la totalidad de la sentencia este nexo de valoración, para determinar si se le dio o no valor a lo dicho por el testigo y si con su testimonio el Juzgador llegó a alguna convicción que fundamentara la sentencia. En idénticas circunstancias se encuentra la valoración hecha en el numeral cuarto de la testigo C. L. L. M., ya que de la lectura de la sentencia no se deriva si lo dicho por ella y la opinión emitida relacionada a la posibilidad de que las partes puedan renunciar al domicilio en sumisión expresa, fue o no tomada en cuenta por el Tribunal para emitir su fallo. Importante también establecer que no existen inferencias razonables de la prueba valorada en el numeral segundo relacionada a la testigo M. E. T., que los jueces dicen que “MAS PARECE UN DICTAMEN PERICIAL QUE UNA DECLARACION TESTIFICAL", al final de la valoración de esta prueba el Tribunal señala los aspectos que deben ser puntualizados, pero no concluye si estos aspectos señalados son o no creíbles o aceptados por el Tribunal como verdaderos para emitir su fallo, y gramaticalmente solo llegan a ser un resumen sucinto de lo dicho por la testigo. El único medio de prueba donde el Tribunal taxativamente emite una conclusión de valoración es el contenido en el numeral séptimo de la declaración del señor R. P., donde categóricamente establece “Esta declaración no merece mayor análisis por carecer de credibilidad", de lo que resulta que es imposible derivar una condena de esta prueba, ya que no es creíble, y es la única de la que se emite conclusión de valoración en la sentencia que hoy se impugna. La valoración hecha a la prueba documental e inspecciones de cargo, se limitan a un resumen de los documentos sin establecer qué se probó o no con cada uno, ni cuales sirvieron a los Juzgadores para establecer y concluir que el señor E. N., hubiera cometido el delito de abuso de Autoridad por el que se le condenó. De esta manera, se puede apreciar que en la sentencia que hoy se impugna no se observó la regla lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, por lo cual, el razonamiento debe de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. De esta forma el fallo que hoy se recurre, en su Valoración no llega a conclusiones como fuente de convicción, contradictorias en sus dichos, ni derivaciones que sirvan como nexos unas con otras para llegar a una interpretación de la valoración de la prueba evacuada en juicio, por la cual se condena, VIOLENTADO RACIONAL, como forma obligada de valorar la prueba. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estamos impugnando.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR PROCESADO E. N. Z. ARGUYENDO QUE EN IMPUGNADA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INOBSERVO LAS REGLAS DE PARA , INFRINGIÉNDOSE ASÍ EN EL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL QUE, EN , DISPONE QUE "LAS PRUEBAS SERÁN VALORADAS CON ARREGLO A ".- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que en el fallo impugnado se han inobservado las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Afirma que la sentencia recurrida viola las reglas de la lógica, concretamente las de contradicción y de derivación. Explica que se viola, primero la ley LOGICA DE CONTRADICCION cuando en una parte de la sentencia se afirma una cosa y luego se niega o se afirma cosa contraria. Reprocha que en los hechos probados el A Quo declara que el señor E. N. Z. carece de jurisdicción por cuestión de territorio y que solo podía conocer de asuntos que tuvieran su génesis en Siguatepeque. Asume que ello es contradictorio a lo expresado por el A Quo en la valoración de la prueba -numeral octavo, último párrafo- al afirmar razón distinta para que el señor E. N. no tuviera jurisdicción, para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado. Refiere que en la valoración de la prueba menciona que un Juez puede atribuirse la materia que conoce en razón: a) los negocios civiles, mercantiles, administrativos o penales; b) al grado ( de primera o segunda instancia); y, c) al fondo de la demanda: la formalización de aumentos de capital. Concluye que las razones por las que en la valoración de la prueba el A Quo considera la falta de jurisdicción del señor N. son distintas a lo declarado probado; y segundo, la ley LOGICA DE DERIVACION. Asegura que el principio de derivación consiste en que de cada elemento probatorio tiene que derivarse una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, y sin violarse en el razonamiento ninguna de las reglas de la sana crítica específicamente la lógica. Señala que en el -numeral primero- de la valoración de la prueba, que después de narrar lo expuesto por el testigo O. K. K., el A Quo establece que es testigo de referencia y que su credibilidad será corroborada por otro medio de prueba, pero que no se determina el valor a lo dicho por el testigo y si con su testimonio llegó a alguna convicción que fundamentara el fallo. Asimismo, en el -numeral cuarto- de la valoración de la declaración de la testigo C. L. L. M., razona que no se expone en la sentencia si la opinión relacionada a la posibilidad de que las partes puedan renunciar al domicilio en sumisión expresa, fue o no tomada en cuenta para emitir el fallo. Agrega que no hay inferencias razonables de la prueba valorada en el -numeral segundo- relacionada a la testigo M. E. T., en que los jueces dicen: “MAS PARECE UN DICTAMEN PERICIAL QUE UNA DECLARACION TESTIFICAL", pues de su valoración el Juzgador señala los aspectos que deben ser puntualizados, pero no concluye si son o no creíbles o aceptados como verdaderos para emitir su fallo. Estima que el único medio de prueba donde el A Quo emite una conclusión de valoración es en el -numeral séptimo- declaración de R. P., donde categóricamente establece: que “esta declaración no merece mayor análisis por carecer de credibilidad", de lo que resulta que es imposible derivar una condena. La valoración hecha a la prueba documental e inspecciones de cargo, se limitan a un resumen de los documentos sin establecer qué se probó o no con cada uno, ni cuales sirvieron a los Juzgadores para establecer y concluir que el señor E. N., hubiera cometido el delito de ABUSO DE AUTORIDAD. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia sobre el presente motivo, toda vez que el mismo va dirigido a cuestionar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Instancia para condenar al procesado E. Z. N. por el delito de abuso de autoridad, de ahí que no procediendo a criterio de este Tribunal Supremo, que se haya condenado al imputado por dicho delito en atención a las razones expuestas en su oportunidad, resulta innecesario resolver el presente motivo que por quebrantamiento de forma, ha formulado del encartado. POR TANTO: DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de de , 1 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 numeral 1, del Código Procesal Penal Y 380 No. 2) del Código Penal, FALLA: 1) Declarando parcialmente CON LUGAR, el recurso de casación por Infracción de Ley, en su único motivo, invocado por el recurrente y Apoderado de , Abogado E. J. L. Z., 2) Declarando sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo único, invocado por los recurrentes y Apoderados Defensores, Abogados G. M. A. y R. H. B., 3) Declarar con lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por los Defensores del Acusado, 4) Declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus motivos primero, segundo, tercero y cuarto, interpuesto por los Defensores del encartado E. N. Z., 4) Casa la sentencia en el sentido de REFORMAR la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil diez (2010), y por tanto: A) Absuelve al señor E. Z. N. del delito de PREVARICACION DOLOSA en perjuicio de y del señor M. O. K., B) Declara penalmente responsable al señor E. N. Z., como autor del delito de PREVARICACION CULPOSA en perjuicio de y del señor M. O. K., y le impone la pena de INHABILITACION ESPECIAL, por lo cual se le priva de manera definitiva del cargo de Juez de Letras que venía ostentando, y se declara su incapacidad por un período de CUATRO AÑOS para acceder a cualquier cargo en el Poder Judicial de Honduras, sea este jurisdiccional o administrativo, incapacidad que se extiende para el ejercicio de cualquier otro cargo que tenga anexa jurisdicción en entidades u órganos del Estado de Honduras, C) Absuelve al señor E. N. Z. del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de y del señor M. O. K., por el cual había sido condenado, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil once.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-218-2010. LUCILA CRUZ MENENDEZSECRETARIA GENERAL