Sentencia CP-194-09 — Registro 16853
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por los delitos de Asesinato, Robo agravado y encubrimiento , resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que si existiere prueba indiciaria, el Tribunal de Instancia deberá precisar, en primer lugar, cuales son los indicios probados y en segundo término, como se deduce de ellos la participación del o los acusados en el tipo penal, de ahí que la sentencia debe explicar la conexión existente entre los indicios y el delito que se considera demostrado, es decir, el razonamiento o inferencia que los une, de tal modo que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de tales indicios. Doctrinariamente se ha hecho clasificación de los indicios partiendo entre otros parámetros de su relación temporal con el delito y de la intensidad de su conexión. Por su relación temporal con el delito se habla entonces de: a)anteriores al delito: son generalmente los hechos que sirven de preparación al delito. Adquisición del arma, veneno, manifestación de amenazas previas a la ejecución del contenido de las amenazas, etc.., b)Concomitantes al delito: son los hechos que solo pueden producirse en el mismo lapso temporal de la ejecución material del delito: presencia en el lugar de los hechos en la hora de la comisión, rastros de manchas de sangre, semen, etc… del agresor en el cuerpo de la víctima, o a la inversa, c) posteriores: son los actos o hechos que ocurren tras el delito. Pueden ser por ejemplo: darse a la fuga, destrucción de las ropas, ocultación de los instrumentos delictivos o el botín, amenazas a los testigos, etc…Por la intensidad de su conexión, tenemos: a) próximos: los indicios que guardan una relación clara y directa con el delito, B) Remotos: son meras posibilidades, alejadas del hecho base, que indican hechos falsamente engañosos. La existencia de indicios puede no ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, a pesar de que se parte de una actividad probatoria lícita, tanto cuando el hecho base excluye el hecho consecuencia, como cuando del hecho base acreditado no se infiere de modo inequívoco la conclusión a la que se llega, es decir, cuando se trata de una inferencia irrazonable o de inferencias no concluyentes por excesivamente abiertas, débiles o indeterminadas, lo que equivale a rechazar la conclusión cuando la inferencia sea tan inconcluyente que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada1. Expuesto lo anterior, esta Sala no puede soslayar que la muerte causada dolosamente a un ser humano acompañada del robo y agresiones a la integridad corporal en perjuicio de otras personas, ejecutadas en el interior de las viviendas donde estas habitan, son hechos que por su extrema gravedad generan una gran alarma y repulsa social, empero, tampoco puede desconocer que en un Estado de Derecho solamente se puede condenar a una persona por la comisión de un hecho delictivo, cuando más allá de toda duda razonable, ya sea mediante prueba directa o indiciaria se tiene la certeza de que aquella es responsable, ya sea a título de autor o partícipe del ilícito penal que se le atribuye. En el caso que ahora nos ocupa, tal y como lo señala el recurrente, han quedado demostrados y descritos en el relato fáctico de la sentencia los hechos base que consisten en el hallazgo del arma de fuego que pertenecía al occiso G. L. S., así como también la que pertenecía al señor E. R. A., en la morada del imputado J. A. L. B., e igualmente la incautación de un arma de fuego que fuera utilizada en el interior de la vivienda del señor G. L. S. (deducido tal extremo por el hallazgo de casquillos percutidos por dicha arma en el interior de la misma), y que se encontraba en poder del señor A. A. S. B., quien a su vez testificó que se la había entregado en calidad de préstamo al procesado J. A. L.. Por otra parte, esta Sala constata que efectivamente la testigo presencial de los hechos y esposa del hoy occiso, esto es, la señora C. R. DE S. al momento de declarar refiere que no reconoció a ninguno de los individuos que ingresaron a su casa de habitación porque llevaban cubiertos sus rostros con pasamontañas, así como también ignoraba quien de ellos le disparó a su difunto esposo, y que por otro lado si observó a varias personas que se dirigían hacia su casa para perpetrar los hechos objeto de juzgamiento (vid. Folios No. 322 vuelto y 323). De este modo esta Sala estima que el razonamiento del Tribunal A Quo no se presenta arbitrario ni contrario a las reglas de la lógica cuando absuelve a los imputados V. M. L. B., C. D. C. R., M. E. M. B., L. E. B. y O. G. L. V. de los delitos de asesinato, robo y asociación ilícita que les atribuye el Ministerio Público, en tanto que al momento de perpetrarse los hechos no se pudo identificar a los sujetos que habrían ingresado a la vivienda de los ofendidos, lo que impide que a partir de ese dato, se pueda concluir que son los mismos que posteriormente han resultado procesados, a lo que añade la ausencia de dictámenes balísticos, dactiloscópicos y otros de carácter científico en virtud de los cuales se pueda determinar que algunos de los antes mencionados hayan disparado contra la persona del occiso. Sin embargo, en lo que concierne a la absolución del procesado J. A. L. B., esta Sala es del criterio que el Tribunal de Instancia incurre en vulneración de las reglas de la sana crítica, concretamente del principio de derivación, al razonar su veredicto absolutorio a favor de este último por la comisión de los delitos de asesinato y robo, y condenarle por el delito de encubrimiento. De los antecedentes se desprende que se incorporó por lectura la declaración testifical que con las formalidades de la prueba anticipada, rindiera el señor A. A. S. B. (vid. Folio No. 131 y 326), quien expreso haber facilitado en calidad de préstamo un revólver al imputado J. A. L. B., precisamente el día en que se produjeron los hechos objeto de juzgamiento (domingo 11 de diciembre de 2005). Que por otro lado se encontraron casquillos percutidos con dicha arma de fuego en el interior de la vivienda que habitaba junto con su esposa, el hoy occiso G. L. S., y que posteriormente el mismo testigo, indicó que el arma le fue devuelta posteriormente a los hechos (13 de diciembre de 2005), sin que hasta este momento procesal el procesado J. A. L. B., a través de su Defensa o al momento mismo de ejercer su derecho a declarar haya explicado las razones por las cuales el arma que le habría sido dada en calidad de préstamo fue precisamente utilizada al interior de la casa de habitación de quien en vida fuera el señor G. L. S., y que la misma fuera devuelta posteriormente al testigo propietario de los hechos tras la ejecución de los delitos investigados, a lo que se añade que tras la práctica de un allanamiento se haya encontrado en la vivienda del señor J. A. L. B., la pistola perteneciente al difunto y otra perteneciente al ofendido E. R. A., misma que éste último había dado en calidad de préstamo a la vecina del occiso, P. R. G.. Todos estos indicios, anteriores, concomitantes y posteriores al hecho, son de tal intensidad que permiten hasta este momento procesal estimar de manera razonable la presencia física del imputado J. A. L. B. en el momento y lugar que se perpetraron los hechos objeto del proceso en compañía de otros individuos, razón por la cual su absolución por los delitos de asesinato y robo, no resulta conforme a las reglas de la lógica. Así las cosas, esta Sala de lo Penal considera que el A Quo ha valorado la prueba de cargo en forma conjunta y armoniosa, y vertido en la fundamentación intelectiva de la sentencia impugnada razonamientos lógicos y suficientes, de los cuales no ha logrado derivar el conocimiento, ni certeza necesaria para deducir responsabilidad penal a los encausados V. M. L. B., C. D. C. R., M. E. M. B., L. E. B. y O. G. L. V. por los delitos de asesinato, robo y asociación ilícita que les atribuye el Ministerio Público, no así en lo que concierne a la absolución del imputado J. A. L. B., en lo que atañe a los delitos de asesinato y robo y su condena por encubrimiento. Es cierto que hasta este momento procesal no se ha logrado determinar el tipo de arma de fuego con el que se causó la muerte al señor G. L. S., ni quien fue la persona que hizo los disparos que en una relación causa efecto derivaron en su fallecimiento, pero no es menos cierto que para atribuir responsabilidad por los delitos de robo y asesinato no se castiga solamente a los autores en sentido estricto que realizan el verbo nuclear descrito en el tipo penal, sino también a los cooperadores necesarios, inductores y cómplices que hayan contribuido a la realización del hecho, operando el principio in dubio pro reo en materia de autoría y participación cuando habiéndose acreditado la participación de un procesado en la realización del hecho delictivo, no se sabe con certeza sí actuó por ejemplo como autor o mero cómplice, o si solamente participó en uno o varios de los delitos que se le atribuyen, por lo que el Juzgador deberá imponer, si le considera culpable, la sanción prevista para un grado de participación de menor importancia o la que corresponda al delito o delitos en cuya realización resulta acreditada más allá de toda duda razonable la contribución del reo. Por lo anteriormente expuesto, es del criterio que se declare parcialmente con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por del Ministerio Público, únicamente para que en un nuevo juicio celebrado con Jueces diferentes a los que participaron en el debate, se determine la culpabilidad o inocencia del procesado J. A. L. B., por los delitos de asesinato y robo que se le imputan, decretando al mismo tiempo la nulidad de la condena que por el delito de encubrimiento se le ha impuesto, manteniéndose incólume en lo demás la sentencia recurrida. Finalmente esta Sala considera importante señalar que el presente recurso se declara parcialmente con lugar, sin perjuicio del principio-derecho de presunción de inocencia que consagra el artículo 89 de de y que le asiste al procesado J. A. L. B., respecto a los delitos que serán objeto del nuevo juicio, de tal manera que en razón de ello conserva el Derecho de presentar pruebas y formular alegatos en orden a preservar dicho estado, lo mismo que en igualdad de armas al Ministerio Público para sustentar la hipótesis acusatoria que en el sentido antes apuntada ha venido manteniendo contra el encartado antes mencionado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 y 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil once, por medio de , integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL A. HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO A. CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de marzo de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de , Departamento de Atlántida, mediante la cual: 1)Condenó a J. A. L. B., como autor responsable del delito de FACILITACION INTENCIONAL DE LOCAL PARA EL TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de ESTADO DE HONDURAS, a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN y una MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.50,000.00); 2)Condenó a O. G. L. V., como autor responsable del delito de ALMACENAR Y ADQUIRIR MUNICIONES DE GUERRA, en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSION y una MULTA DE SEIS MIL LEMPIRAS (L.6,000.00); 3) Condenó a J. A. L. B., V. M. L. B., como autores responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSION respectivamente; 4) Condenó a J. A. L. B., V. M. L. B., como autores responsables del delito de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de , a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSION, respectivamente, debiendo cumplirse las mismas de forma sucesiva, 5) Absolvió a J. A. L. B., V. M. L. B., C. D. C. R., M. E. M. B., L. E. B. y O. G. L. V. de los delitos de: a) ASESINATO, en perjuicio de G. L. S., b) ROBO AGRAVADO, en perjuicio de E. R. A. y P. R. G., c) ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS; 7) Absolvió a C. D. C. R., M. E. M. B. y L. E. B., por los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES y de ALMACENAR y ADQUIRIR MUNICIONES DE GUERRA, en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación, G. A., actuando en su condición de Representante del Ministerio Público.- INTERVIENE EN EL RECURSO: del Ministerio Público, Abogada K. M. A., en su condición de parte recurrente. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: El día once de diciembre del año dos mil cinco, a eso de las tres con treinta de la tarde, el señor G. L. S., junto a su esposa C. J. R., estaban en el interior de su casa de habitación ubicada en …, …, en el momento en que ingresan a dicha vivienda varios individuos portando armas de fuego, pasamontañas y pañuelos cubriendo sus rostros, y guantes en sus manos, corriendo G. L. y su esposa a encerrarse a una de las habitaciones, comenzando los individuos a disparar en dirección hacia la puerta de la habitación, respondiendo G. L., disparando con un arma de fuego de su propiedad tipo pistola, calibre .m., color negra marca B., serie …, produciéndose un intercambio de disparos entre los individuos y G. L., seguidamente aquellos logran ingresar al dormitorio y le disparan con las armas de fuego al señor G. L. S. en varias ocasiones, produciéndole las siguientes heridas: 1.- Debajo de la manzana de Adán, cuello anterior, produce laceración de tiroides, cartílago cricoideo, vena yugular interna derecha, fractura de la primera vértebra dorsal lado derecho, sin penetrar cavidad; 2.- Región del costado izquierdo, con laceración el lóbulo izquierdo del hígado, fondo del estómago, páncreas, mesenterio, vasos gástricos, esplénico y pancreáticos del mesenterio y aorta abdominal con hemoperitoneo masivo; 3.- En región de 1/3 proximal anterior del brazo derecho, y 2 heridas contusas por rozón de proyectil, 1 en brazo izquierdo altura del hombro y otra en región supra escapular izquierda; ocasionándole dichas heridas a G. L. S. la muerte. Segundo: El día catorce de diciembre del año dos mil cinco, a eso de las seis de la mañana, Agentes policiales y fiscal del Ministerio Público, allanaron la morada del señor J. A. L. B., ubicada en Barrio …, en el lugar conocido como …, en …, en la misma se encontraba dicho señor junto a V. M. L. B. y otras personas; al registrarse la vivienda se encontró encima de una de las camas debajo de una ropa doblada las siguientes armas: el arma de fuego propiedad del señor G. L. S., tipo pistola, calibre .m., color negra, con 2 cargadores con munición, marca B.ing, serie …; y un revólver calibre 38, SPL, marca Taurus, con 6 proyectiles, serie …; esta última arma del señor E. R. A., dueño de una empresa de seguridad, se la había prestado a la señora P. R. G., vecina de G. L. S., y a quien el día 11 de diciembre del 2005 varios individuos ingresaron a su vivienda llevándose consigo dicha arma de fuego. También se encontró en el interior de la vivienda y dentro de una hielera color azul y blanco varias envolturas de papel aluminio conteniendo treinta y dos punto cuatro gramos, (32.4 gr.), de marihuana y un estuche plástico para guardar rollo de película dos punto dos gramos, (2.2gr.), de cocaína base conocida como crack. Tercero: También el día catorce de diciembre del año dos mil cinco, a eso de las seis de la mañana, Agentes policiales y fiscal del Ministerio Público allanaron la morada del señor O. G. L. V., estando presente este, junto a L. E. B. y C. D. C. R., dicha vivienda está situada en una planta alta, y al registrarse la misma en un compartimiento falso de dos paredes se encontró lo siguiente: 180 proyectiles calibre 7.62; 121 proyectiles calibre .m., 47 proyectiles calibre 380, 64 proyectiles de calibre 30-30 , 7 cartuchos de escopeta calibre 12, siete pasamontañas, dos guantes de mano color negro, y ropa húmeda. Cuarto: Al señor A. A. S. B., se le decomisó con fecha 28 de diciembre del 2005, un arma de fuego marca S. & Wesson, calibre 0.38, cañón corto pavón negro, serie …, número … en yugo y empuñadura; arma que también fue disparada por los individuos que ingresaron a la casa de G. L. S..” III.- La recurrente, Abogada D. G. A., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al Sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Para facilitar la comprensión del escenario donde se desarrolla el hecho enjuiciado nos permitiremos recordar que el hecho criminoso se llevó acabo en dos casas, por un lado la de la señora P. R. G., y por otro la morada del occiso, G. L. S.. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos se desarrollaron, como prueba de cargo, los siguientes Medios de Prueba: las declaraciones testificales de: A. F. O. Y., Agente de Investigación, E. R. A., ofendido del Robo Agravado, C. J. R., esposa del occiso, P. R. G., ofendida en Robo Agravado y A. A. S. B., conocedor de algunos hechos del delito, así como también las Actas de Inspección, Dictamen de de Autopsia, Dictamen de de Toxicología, Dictamen de de Balística, Acta de Allanamiento de dos viviendas y el Acta de Decomiso de instrumentos y efectos del delito. El señor A. F. O. Y., Agente de Investigación que se hizo presente a la escena del crimen, señala que encontraron al señor G. L. "tirado" a la orilla de la cama en su habitación y varios casquillos de diferente calibre dentro de la misma, la puerta de ingreso a la habitación presentaba perforaciones de disparos en ambas direcciones (de afuera hacía adentro y viceversa), refiere que en la sala encontraron manchas de sangre, un pedazo de tela en forma de capucha con dos agujeros para los ojos, además se encontró ropa de mujer coincidente con la tela del pasamontaña, refiere los dichos de la esposa del ofendido en aquel momento, quien dijo: «que el esposo era un ex-policía, tenía una 9mm. y que ante los disparos en la puerta él empezó a defenderse desde adentro de la habitación donde se había refugiado, que se quedó sin municiones y que mientras recargaba entraron y lo hirieron de qravedad", el testigo también alude a su participación en los allanamientos practicados en las casa de J. L., donde se encontraron las armas sustraídas de las casas de la señora G. y el señor S., así como una hielera conteniendo droga y el allanamiento practicado en la vivienda de O. G. L. V., en la que encontraron, en una pared de panelit con fondo falso y puerta falsa, municiones de arma de fuego e instrumentos como pasamontañas y ropas húmeda. Se evacuó además la declaración del señor E. R. H., quien señaló que una de las armas objeto del delito de robo agravado es de su propiedad, que la misma se había asignado para efectos de seguridad en la casa de la señora P. R. G. y era la que portaba el vigilante de aquella vivienda, a quien se la extrajeron materialmente, el día de los hechos. También se recibió la declaración de la señora C. J. R., esposa del occiso, quien sostuvo que el día de los hechos ella se encontraba en la sala de su casa cuando, por los latidos de los perros, divisó a varios individuos armados que iban hacia su casa, por lo que corrió hacia la habitación en la que estaba su esposo viendo televisión y le puso llave a la puerta de dicho dormitorio, con la intención de dejar que las personas hicieran lo que quisieran, momentos después los agresores empiezan a disparar a través de la puerta por lo que el esposo decidió responder a los disparos con una arma 9mm. que poseía, no puede precisar cuanto tiempo duró la refriega, cuando lo agresores logran abrir la puerta, uno de ellos la golpeó y le colocó el arma en la cabeza y es en ese momento que se percata de que su esposo estaba herido, a ella la tomaron del brazo y la llevaron a otra habitación, el esposo la llamaba pero no podía atenderlo, añade que observó dos hombres en el corredor y uno en la sala, los agresores le decían que les diera más dinero a parte del que ya habían encontrado, ella contestaba que no había más, le quitaron las llaves del carro, posteriormente tomándola del pelo la trasladan al garaje de la vecina y la amarran, refiere que por no conocer bien el idioma español no comprendía muchas cosas que le decían, solo entendía que la callaban amenazándola con matarla si no lo hacía, no sabe cuanto tiempo permaneció amarrada hasta que llegó su vecino que la encontró y desamarró, no le permitió que fuera a su casa para evitar que viera a su esposo muerto, reconoció el arma de su esposo que fue encontrada en uno de los allanamientos practicados, además reconoció una de las camisas encontradas en otro allanamiento, como usada por uno de los agresores e indica que muchas de las cosas mostradas son similares a las que usaban sus agresores. Consta además el Dictamen de realizada al cadáver del señor G. L. S., en el cual se establecen las lesiones que se le encontraron y la causa de muerte. Así también se encuentra el Dictamen Balístico que determina que seis de los casquillos encontrados en la escena fueron percutidos por el arma que poseía el señor G. L. S., que otros dos casquillos fueron percutidos por el arma que se le decomisara al señor A. A. S. B., quien se la había prestado al señor J. A. L. B. para efectos de realizar el hecho que se enjuicia. También se agregó la diligencia de inspección al lugar del hecho, diligencia en la que se recolectó los casquillos examinados por el Perito Balístico. Igualmente se allegó un Dictamen Toxicológico que establece que la sustancia encontrada en el allanamiento practicado en la casa de J. A. L. B. son marihuana y crack, en cantidades que superan la estimada para consumo personal inmediato. De la misma manera se recibió el testimonio de la señora P. R. G., quien refiere que ella no se encontraba en su casa al momento del suceso, que al llegar encontró a la vecina atada, que efectivamente en su casa se encontraba un arma propiedad de señor E. R. A. y que en su casa faltaban algunas cosas, que también habían golpeado al guardia de seguridad de su casa. Asimismo se celebraron allanamientos en dos casas distintas: en la morada del señor J. A. L. B. en la cual se encontró al referido señor y su hermano, V. M. L. B., a quienes se les dio detención, además se encontró en el sitio dos armas de fuego, una de ellas era la extraída de la casa de la señora G. y la otra la usada por el señor S. en la refriega en la que perdió la vida, también se encontró, en el interior de una hielera, marihuana y crack, en cantidades que sobrepasan la estimada para consumo personal inmediato. Respecto al otro allanamiento, realizado en la morada del señor O. G. L. V., en la misma se encontró, después de un búsqueda de 45 minutos un compartimiento falso en una de las paredes, en la cual se encontraron implementos que fueron utilizados en los hechos enjuiciados; como ser siete pasamontañas, municiones de diferente calibre en cantidades de 180 calibre 7.62, 121 calibre 22mm, 47 calibre 3-80, 64 calibre 30-30, 7 calibre 12, ropa que se encontraba humedad, guantes. Y también se cuenta con la declaración de A. A. S. B., introducida mediante lectura autorizada, quien señala que una de las armas usadas en el injusto penal él se la había prestado al imputado J. A. L.. El Tribunal divide su razonamiento en tres secciones, utilizando como referencia para tales divisiones los distintos hechos que ha probados. El primer ejercicio valorativo lo circunscribe al primer Hecho Probado, sostiene que con algunas de las declaraciones evacuadas (Agente de investigación, el ofendido de robo agravado y la esposa del occiso), con las dos pericias (Autopsia y Balística) y la prueba preconstituida de la inspección, el Juzgador ha abordado a las siguientes conclusiones: que la dinámica de los hechos (que sucedieron al interior de la casa del señor G. L. S.) se dieron como lo refiere la testigo C. J. R. y el Agente O. Y.; que el occiso hizo uso de una arma; que los individuos que ingresaron a la vivienda del señor S. dispararon las armas que portaban y ocasionaron heridas que le causaron la muerte al señor S.; que no es posible determinar la identidad de los agresores, en tanto que se cubrían con pasamontañas; que según el Tribunal, el hallazgo de instrumentos y efectos del delito en poder de los acusados no es una situación que genere contundencia sobre quienes fueron los disparadores; que no es posible determinar que los acusados son los mismos agresores que dieron muerte al señor S.. La crítica que le realizamos a este ejercicio intelectivo se centra en el hecho de que en el mismo no hace un valoración del universo de la prueba y se omiten elementos de juicio que al ser incorporados inevitablemente desembocan en la conclusión de la responsabilidad de los imputados en el delito de Asesinato en perjuicio del señor G. L. S.. Analizando solo la prueba que refiere la sección reflexiva que hemos mencionado el razonamiento no se muestra inválido, pero sucede que del mismo se están excluyendo aspectos como el préstamo de una arma que le hacen a uno de los imputados, el testigo A. A. S. B. le prestó un arma al procesado J. L., arma que según la pericia balística fue percutida en la casa del señor S., en la refriega que éste muriese, acreditado con la declaración de su viuda, máxime cuando en poder de éstos indiciados, J. A. L. y V. M. L., se encontraron efectos del delito de Robo Agravado (una arma extraída de la casa de la señora G. y otra arma que era la usada por el señor S. para su infructuosa defensa), es decir, el resultado es uno, existe una persona a quien se le encontraron efectos del delito, mismas a quien se le había prestado un arma y que dicha arma fue usada en la ejecución de un delito, no puedo menos que concluir que esa persona participó en la consumación del injusto, no es posible, en una estructura lógica de razonamiento, que incluya éstos elementos de juicio, se pueda sostener que esa persona no haya perpetrado los ilícitos penales a ellos imputados (máxime cuando no existe ningún elemento que contradiga las premisas referidas). Es evidente entonces la vulneración a las reglas de en la que el ente Juzgador ha incurrido, especialmente de , en tanto que no ha logrado extraer, de la prueba vertida en juicio, la información que la misma le brinda; mientras que por otro lado su conclusión, de que los imputados no estaban en el lugar de los hechos, se exhibe como contradictorio a lo que la prueba informa, sacrificando la ley de tercero excluido, que se configura cuando el Juzgador estima probado hechos que no son congruente con el contenido de la información que otorga la prueba, ley que el sentenciador deviene obligado a respetar al momento de valorar la prueba. La segunda, de las tres secciones en las que el Tribunal Sentenciador ha dividido su valoración, refiere que tiene por probado, con el allanamiento, la declaración de la viuda del occiso y la deposición del Agente O. Y., lo siguiente: la presencia de los imputados J. A. L. B. y V. M. L. B., en la vivienda del primero de ellos, en la cual se desarrolló un allanamiento; que se encontraron dos armas, una extraída de la casa de la señora P. R. G. (confirmado con la declaración de E. R. A. y la señora G.) y otra la despojada al occiso G. L. S. (reafirmado por la pericia de balística y los casquillos encontrados en la escena); que los imputados sabían que aquellas armas habían sido utilizadas en un hecho criminoso; el descubrimiento de varios envoltorios de papel aluminio, conteniendo de marihuana y de crack, en el interior de una hielera. Respecto a ésta valoración debemos recalcar que, igual que en el caso anterior, el Juzgador se limita a realizar una actividad intelectiva circunscribiéndose a una determinada cantidad de prueba y omite el examen del universo de la misma, incurriendo en la vulneración a las normas contenidas en el artículo 202 y 336 párrafo primero del Código Procesal Penal, que estipulan la obligación de valorar el conjunta la prueba vertida en juicio. Por otro lado, la probanza aludida en esta sección de la valoración, confirma la versión que establece la presencia y responsabilidad de los imputados en el suceso enjuiciado, el descubrimiento de las armas, aunada a la "disgregada" declaración del señor A. A. S. B., viene a establecer con suficiente claridad ese extremo, a pesar de ello el ente Juzgador no logró extraer esa conclusión, a pesar de esa información que le brinda la prueba, incurriendo así en el irrespeto a de Derivación y de Tercero Excluido. En la tercera sección de la valoración hecha por el Sentenciador, se refiere que con el allanamiento realizado en la vivienda del procesado O. G. L. V., en la cual se encontraban presente los co-imputados L. B. y César C., y la declaración de Agente O. Y., logra concluir: que al quedar acreditado que se allanó la morada del señor L. V.; que se descubrió la existencia de un compartimiento falso; Que al interior de ese falso compartimiento se encontraron 180 proyectiles calibre 7.62, 121 calibre , 47 calibre 3-80, 64 calibre 30-30, 7 calibre 12, 7 pasamontañas, dos guantes negros y ropa húmeda; que el indiciado L. V. tenía en posesión aquellos objetos; que se decomisó una arma al señor A. A. S. B.; que dicha arma le había sido prestada al imputado J. A. L. B., que la arma fue usada en el suceso enjuiciado, pero a pesar de toda esta información el Tribunal sólo concluye, con respecto a esta prueba, tener por probado el decomiso del arma al señor S. B.. Es esta sección de la exposición intelectiva la que demuestra la endebilidad del razonamiento judicial, ya que si bien se ve obligado a referir la existencia de la prueba y lo que con ella se ha acreditado, pero fuerza su conclusión, omitiendo la información que le brinda aquella y la reduce a la determinación de la existencia de un decomiso, perfeccionando así la vulneración a de Razón Suficiente y de Tercero Excluido. Es importante resaltar que de las piezas de convicción recuperadas en este allanamiento, la señora C. J. R. logra reconocer alguna de ellas, a pesar de que el Tribunal le ha brindado total credibilidad a esa declaración no es capaz de extraer esa información para conformar su conclusión, violentando también en este aspecto de y la de Tercero Excluido. Con ese dato otorgado por la referida testigo se genera la vinculación, de participación en el hecho, de las personas detenidas en ambos allanamientos, se debe resaltar que la información en la que se apoya dicha versión en los dichos de una persona que le amerita toda credibilidad al Juzgador, y no fue expuesto ni la mínima circunstancia que haga dudar de éste dicho o del reconocimiento de las piezas de convicción. Sobre la declaración de la testigo debemos decir que la misma se muestra sincera, en tanto que refiere los aspecto de la manera vívida, y limitándose simplemente a indicar que existen cosas que no puede recordar (como lo que le decían), es más, el mismo hecho que cuando se le pidió reconocer las ropas e implementos encontrados en el allanamiento de la vivienda de O. G. L. V., fue tan sincera que dijo que no reconocía algunas (aunque aclaró que tenían bastante similitud) y sí indicó reconocer otras, es una situación que le da credibilidad a su dicho. Además, existe un elemento objetivo que permite darle mayor credibilidad a la versión de cargo, respecto a la configuración de la participación de las personas encontradas en el allanamiento de la casa de L. V., y es el hecho de que una de las prendas encontradas en aquel sitio era de la misma tela encontrada en la casa del señor S., este aspecto es otra circunstancia de la cual el Juzgador no logró nutrir su decisión al momento de valorar la prueba, generando la infracción a de y Tercero Excluido. En cuanto a la determinación de la persona que ejecuta los disparos que le causa la muerte al señor G. L. S., se debe de considerar la responsabilidad del grupo, en tanto que es una ejecución delictiva con hálito de organización, pero al fin esa es una discusión de la que se nos privó al simple hecho de considerar que los acusados no eran los agresores y será hasta que las conclusiones sean correctas que podremos discutir sobre los extremos de la autoría. Respecto al delito de Robo Agravado opera el mismo yerro judicial en la estructuración del razonamiento, en tanto que acreditada la presencia y participación de los imputados en la escena del crimen, queda debidamente confirmada el apoderamiento que de las armas hicieran, que se reafirma con el hallazgo de las misma en posesión de ellos, hecho que se enmarca en el delito de robo agravado, situación que informa la misma prueba que hemos venido analizando y de la cual el sentenciador no logró extraer dicha información vulnerando de Razón Suficiente y de Tercero Excluido. Es la información que brinda la prueba la que también deja al descubierto la falencia judicial en la valoración, respecto a la determinación de la concurrencia de los elementos del tipo penal de Asociación Ilícita, ya que si la prueba precisa que los procesados estuvieron en el lugar y realizaron el hecho delictivo enjuiciado, se puede terminar con facilidad que existe un ánimo delictivo permanente, así lo indican las municiones almacenadas, y la forma en las que lo almacenaban, los implementos como los pasamontañas y aun la misma dinámica de los hechos, en los cuales procedieron a introducirse en viviendas distintas, incurriendo en vanas acciones delictivas en serie, se exhibe de nuevo la vulneración a las Reglas de en la que incurrió el Sentenciador, específicamente a de y la de Tercero Excluido. Por lo anterior también consideramos que esta apreciación judicial constituye un irrespeto a las Reglas de en tanto que el Órgano Jurisdiccional no logra derivar la información contenida en la totalidad de la prueba, que considerada en conjunto, nos permiten la configuración del delito de Asociación Ilícita. Por las anteriores razones creemos que en el transcurso del debate se logró acreditar la participación de los imputados en los hechos imputados. Por lo anterior nos atrevemos a sostener que toda esta actividad probatoria de cargo no fue debidamente valorada, porque de haber sido así se hubiese condenado a los imputados también por los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Asociaciones Ilícitas; el sentenciador, al no lograr extraer esta información de esas pruebas, incurrió en una infracción a las reglas de Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INOBSERVO LAS REGLAS DE EN AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que en la valoración de la prueba el A Quo, inobservó las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Reprocha al Juzgador la valoración que hace a las pruebas de cargo consistentes en: las declaraciones de los testigos A. F. O. Y., Agente de Investigación, E. R. A., ofendido por el delito de Robo Agravado, C. J. R., esposa del occiso, P. R. G., ofendida por el delito de Robo Agravado y A. A. S. B., conocedor de algunos hechos del delito, así como la valoración de las Actas de Inspección, Dictamen de de Autopsia, Dictamen de de Toxicología, Dictamen de de Balística, Acta de Allanamiento de dos viviendas y el Acta de Decomiso de instrumentos y efectos del delito. Señala que el A Quo divide su razonamiento en tres secciones, utilizando los distintos hechos probados. Reprocha que en el primer ejercicio valorativo lo circunscribe al primer Hecho Probado, el A Quo sostiene que no es posible determinar la identidad de los agresores, en tanto se cubrían con pasamontañas, que el hallazgo de instrumentos y efectos del delito en poder de los acusados no genera contundencia sobre quienes fueron los disparadores y que no es posible determinar que los acusados son los agresores que dieron muerte al señor G. L. S.. El recurrente centra la critica a este ejercicio intelectivo del A Quo, en que no hace una valoración completa de la prueba, en tanto que omite elementos de juicio que al ser incorporados inevitablemente acreditan la responsabilidad de los imputados por el delito de Asesinato en perjuicio del señor S.. Considera que el Juzgador excluye aspectos importantes derivados de la prueba como son: el préstamo de un arma que le hace el testigo A. A. S. B. al procesado J. L., arma que según fue percutida en la casa del señor S., durante la refriega en que éste muriese, acreditado con la declaración de su viuda; además que en poder de los indiciados J. A. L. y V. M. L., se encontraron efectos del delito de Robo Agravado (una arma extraída de la casa de y otra arma que era la usada por el SEÑOR S. para su infructuosa defensa). Arguye que no es posible, que en una estructura lógica de razonamiento, incluyente de éstos elementos de juicio, el A Quo pueda sostener que los imputados no hayan perpetrado los ilícitos penales a ellos atribuidos, cuando no existe ningún elemento que contradiga las premisas referidas. Considera que resulta evidente la vulneración a las reglas de la sana crítica, en la que el Juzgador ha incurrido, especialmente de de , en tanto no ha logrado extraer, de la prueba vertida en juicio, la información que la misma le brinda; mientras que su conclusión, de que los imputados no estaban en el lugar de los hechos, es contradictoria a lo que la prueba informa, sacrificando la ley de tercero excluido, que se configura cuando el Juzgador tiene probado hechos que no son congruentes con el contenido de la prueba, ley por la que el sentenciador deviene obligado a valorar la prueba. La segunda, de las tres secciones en las que el Tribunal Sentenciador ha dividido su valoración, refiere que tiene por probado con el allanamiento, la declaración de la viuda del occiso, la deposición del agente O. Y., la presencia de los imputados J. A. L. B. y V. M. L. B., en la vivienda del primero de ellos, en la cual se desarrolló un allanamiento; que se encontraron dos armas, una extraída de la casa de la señora P. R. G. (confirmado con la declaración de E. R. A. y ) y otra la despojada al occiso G. L. S. (reafirmado por BALÍSTICA y los casquillos encontrados en la escena); que los imputados sabían que aquellas armas habían sido utilizadas en un hecho criminoso; además el descubrimiento de varios envoltorios de papel aluminio, conteniendo de marihuana y de crack, en el interior de una hielera. El Censor considera que al igual que en el caso anterior, el Juzgador se limita a realizar una actividad intelectiva de determinadas pruebas, pero omite el examen completo de las mismas, incurriendo con ello en vulneración a las normas contenidas en los artículos 202 y 336 párrafo primero del Código Procesal Penal, que establecen la obligación de valorar el conjunto de la prueba evacuada en juicio. Estima que la prueba de esta sección de la valoración, confirma la presencia y responsabilidad de los imputados en el suceso enjuiciado, el descubrimiento de las armas, aunada a la "disgregada" declaración del señor A. A. S. B., establece con suficiente claridad ese extremo, no obstante el Juzgador no logra extraer esa conclusión, a pesar de la información que le brinda la prueba, incurriendo así en el irrespeto a de Derivación y del Tercero Excluido. En la tercera sección de la valoración hecha por el Tribunal de Instancia, se refiere a que con el ALLANAMIENTO realizado en la vivienda del procesado O. G. L. V., en la cual se encontraban presente los co-imputados L. B. Y C. C.S, y la declaración del Agente O. Y., logra concluir: que al quedar acreditado que se allanó la morada del señor L. V.; se descubrió la existencia de un compartimiento falso, en cuyo interior SE ENCONTRARON: 180 proyectiles calibre 7.62, 121 calibre , 47 calibre 3-80, 64 calibre 30-30, 7 calibre 12, 7 pasamontañas, dos guantes negros y ropa húmeda; que el indiciado L. V. tenía en posesión aquellos objetos; que se decomisó una arma al señor A. A. S. B.; que dicha arma le había sido prestada al imputado J. A. L. B., que el arma fue usada en el suceso enjuiciado, pero a pesar de toda esta información el Tribunal sólo concluye, con respecto a esta prueba, tener por probado el decomiso del arma al señor S. B.. Es esta sección de la exposición intelectiva la que demuestra a criterio del recurrente la debilidad del razonamiento judicial, ya que si bien se ve obligado a referir la existencia de la prueba y lo que con ella se ha acreditado, fuerza su conclusión, omitiendo la información que le brinda aquella y la reduce a la determinación de la existencia de un decomiso, perfeccionando así la vulneración a de Razón Suficiente y del Tercero Excluido. El recurrente estima importante destacar que de las PIEZAS DE CONVICCIÓN recuperadas en este ALLANAMIENTO, la señora C. J. R. logra reconocer alguna de ellas, y a pesar de que el A Quo le ha brindado total credibilidad a esa declaración no es capaz de extraer esa información para conformar su conclusión, violentando también en este aspecto de y la de Tercero Excluido. Alude el recurrente que con ese dato otorgado por la testigo se genera la vinculación, de participación en el hecho de las personas detenidas EN AMBOS ALLANAMIENTOS. del Ministerio Público señala que la información basada en los dichos de la testigo le amerita al Juzgador toda credibilidad y que no fue expuesta la mínima circunstancia que hiciera dudar de su veracidad o del reconocimiento de las piezas de convicción. Enfatiza en que existe un elemento objetivo que permite dar mayor credibilidad a la versión de la testigo de cargo, respecto a la configuración de la participación de las personas encontradas en el ALLANAMIENTO de la casa de L. V., y es el hecho de que una de las prendas encontradas en aquel sitio era de las misma tela encontrada en la casa del señor S., este aspecto es otra circunstancia de la cual el Juzgador no logró nutrir su decisión al momento de valorar la prueba, generando la infracción a de y Tercero Excluido. Reflexiona el recurrente que en cuanto a la determinación de la persona que ejecuta los disparos que le causa SEÑOR G. L. S., se debe de considerar la responsabilidad del grupo, en tanto es una ejecución delictiva con hálito de organización. Asegura que respecto al delito de ROBO AGRAVADO opera el mismo yerro judicial en la estructuración del razonamiento, en tanto estima que fue acreditada la presencia y participación de los imputados en la escena del crimen, con el apoderamiento que hicieran de las armas, con el hallazgo de las misma en su posesión, situación que informa la prueba analizada de la cual el sentenciador no logró extraer dicha información vulnerando de Razón Suficiente y de Tercero Excluido. Asimismo afirma que es la información que brinda la prueba la que también deja al descubierto la falencia judicial en la valoración, respecto a la determinación de la concurrencia de los elementos del tipo penal de ASOCIACIÓN ILÍCITA, ya que si la prueba precisa que los imputados estuvieron en el lugar y realizaron el hecho delictivo enjuiciado, se puede determinar con facilidad que existe un ánimo delictivo permanente, así lo indican las municiones incautadas, y la forma en las que las almacenaban, los implementos como los pasamontañas y aun la misma dinámica de los hechos, en los cuales procedieron a introducirse en viviendas distintas, incurriendo en varias acciones delictivas en serie, se exhibe de nuevo la vulneración a las Reglas de en la que incurrió el Sentenciador, específicamente a de y la del Tercero Excluido. Por lo anterior concluye que toda esta actividad probatoria de cargo no fue debidamente valorada, porque de haberlo hecho se hubiese condenado a los imputados también por los delitos de ASESINATO, ROBO AGRAVADO y ASOCIACION ILÍCITA. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el Artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cuál se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a un conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la sicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Así por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Las reglas de la psicología están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de instancia en el caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Pedro. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Concretamente, en el presente caso, el Juzgador ha dotado de credibilidad suficiente y valor probatorio a las pruebas de cargo consistentes en las declaraciones de los testigos A. F. O. Y., Agente de Investigación, E. R. A., C. J. R., esposa del occiso, P. R. G. y A. A. S. B., conocedor de algunos hechos del delito, a las Actas de Inspección, Dictamen de de Autopsia, Dictamen de de Toxicología, Dictamen de de Balística, Acta de Allanamiento de dos viviendas y el Acta de Decomiso de instrumentos y efectos del delito. En la valoración intelectiva de la prueba de la prueba relacionada el Juzgador solo ha logrado vincular a los encausados del hecho justiciable de la manera siguiente: 1) a J. A. L. B. con los delitos de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS; PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES y ENCUBRIMIENTO en perjuicio de 2) a O. G. L. V. con el delito de ALMACENAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MUNICIONES DE GUERRA; 3) a V. M. L. B. con los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIALES y ENCUBRIMIENTO. Asimismo, el Juzgador no ha logrado establecer la participación de los encausados en los delitos de: 1) ASESINATO en perjuicio de G. L. S.; 2) ROBO AGRAVADO en perjuicio de E. R. A. y P. R. G.; y, 3) En el de ASOCIACION ILÍCITA en perjuicio de del Estado de Honduras. En el caso bajo examen, del Ministerio Público, de manera implícita hace referencia a la prueba indiciaria o circunstancial, cuando no cuestiona el hecho de que al momento de cometerse los delitos objeto de juzgamiento, los sujetos que participaron en el mismo no fueron identificados por los testigos ya que utilizaban pasamontañas, sino que el hallazgo de dos armas, (una propiedad del occiso y la otra del señor E. R. A., facilitado esta última a una vecina del difunto (P. R. G.)), en el domicilio de del imputado J. A. L. B., tras el allanamiento practicado tres (3)días después de ocurridos los hechos, más el hallazgo de casquillos en la vivienda del señor G. L. S., percutidos por un revólver que según el testigo A. A. S. B. le había facilitado en calidad de préstamo al encartado J. A. L., arma de fuego que posteriormente le fuera incautada al deponente, más otras evidencias, permitirían arribar a la conclusión de que los procesados son responsables del delito de asesinato, robo agravado y asociación ilícita que les atribuye el ente acusador. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que si existiere prueba indiciaria, el Tribunal de Instancia deberá precisar, en primer lugar, cuales son los indicios probados y en segundo término, como se deduce de ellos la participación del o los acusados en el tipo penal, de ahí que la sentencia debe explicar la conexión existente entre los indicios y el delito que se considera demostrado, es decir, el razonamiento o inferencia que los une, de tal modo que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de tales indicios. Doctrinariamente se ha hecho clasificación de los indicios partiendo entre otros parámetros de su relación temporal con el delito y de la intensidad de su conexión. Por su relación temporal con el delito se habla entonces de: a)anteriores al delito: son generalmente los hechos que sirven de preparación al delito. Adquisición del arma, veneno, manifestación de amenazas previas a la ejecución del contenido de las amenazas, etc.., b)Concomitantes al delito: son los hechos que solo pueden producirse en el mismo lapso temporal de la ejecución material del delito: presencia en el lugar de los hechos en la hora de la comisión, rastros de manchas de sangre, semen, etc… del agresor en el cuerpo de la víctima, o a la inversa, c) posteriores: son los actos o hechos que ocurren tras el delito. Pueden ser por ejemplo: darse a la fuga, destrucción de las ropas, ocultación de los instrumentos delictivos o el botín, amenazas a los testigos, etc…Por la intensidad de su conexión, tenemos: a) próximos: los indicios que guardan una relación clara y directa con el delito, B) Remotos: son meras posibilidades, alejadas del hecho base, que indican hechos falsamente engañosos. La existencia de indicios puede no ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, a pesar de que se parte de una actividad probatoria lícita, tanto cuando el hecho base excluye el hecho consecuencia, como cuando del hecho base acreditado no se infiere de modo inequívoco la conclusión a la que se llega, es decir, cuando se trata de una inferencia irrazonable o de inferencias no concluyentes por excesivamente abiertas, débiles o indeterminadas, lo que equivale a rechazar la conclusión cuando la inferencia sea tan inconcluyente que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada1. Expuesto lo anterior, esta Sala no puede soslayar que la muerte causada dolosamente a un ser humano acompañada del robo y agresiones a la integridad corporal en perjuicio de otras personas, ejecutadas en el interior de las viviendas donde estas habitan, son hechos que por su extrema gravedad generan una gran alarma y repulsa social, empero, tampoco puede desconocer que en un Estado de Derecho solamente se puede condenar a una persona por la comisión de un hecho delictivo, cuando más allá de toda duda razonable, ya sea mediante prueba directa o indiciaria se tiene la certeza de que aquella es responsable, ya sea a título de autor o partícipe del ilícito penal que se le atribuye. En el caso que ahora nos ocupa, tal y como lo señala el recurrente, han quedado demostrados y descritos en el relato fáctico de la sentencia los hechos base que consisten en el hallazgo del arma de fuego que pertenecía al occiso G. L. S., así como también la que pertenecía al señor E. R. A., en la morada del imputado J. A. L. B., e igualmente la incautación de un arma de fuego que fuera utilizada en el interior de la vivienda del señor G. L. S. (deducido tal extremo por el hallazgo de casquillos percutidos por dicha arma en el interior de la misma), y que se encontraba en poder del señor A. A. S. B., quien a su vez testificó que se la había entregado en calidad de préstamo al procesado J. A. L.. Por otra parte, esta Sala constata que efectivamente la testigo presencial de los hechos y esposa del hoy occiso, esto es, la señora C. R. DE S. al momento de declarar refiere que no reconoció a ninguno de los individuos que ingresaron a su casa de habitación porque llevaban cubiertos sus rostros con pasamontañas, así como también ignoraba quien de ellos le disparó a su difunto esposo, y que por otro lado si observó a varias personas que se dirigían hacia su casa para perpetrar los hechos objeto de juzgamiento (vid. Folios No. 322 vuelto y 323). De este modo esta Sala estima que el razonamiento del Tribunal A Quo no se presenta arbitrario ni contrario a las reglas de la lógica cuando absuelve a los imputados V. M. L. B., C. D. C. R., M. E. M. B., L. E. B. y O. G. L. V. de los delitos de asesinato, robo y asociación ilícita que les atribuye el Ministerio Público, en tanto que al momento de perpetrarse los hechos no se pudo identificar a los sujetos que habrían ingresado a la vivienda de los ofendidos, lo que impide que a partir de ese dato, se pueda concluir que son los mismos que posteriormente han resultado procesados, a lo que añade la ausencia de dictámenes balísticos, dactiloscópicos y otros de carácter científico en virtud de los cuales se pueda determinar que algunos de los antes mencionados hayan disparado contra la persona del occiso. Sin embargo, en lo que concierne a la absolución del procesado J. A. L. B., esta Sala es del criterio que el Tribunal de Instancia incurre en vulneración de las reglas de la sana crítica, concretamente del principio de derivación, al razonar su veredicto absolutorio a favor de este último por la comisión de los delitos de asesinato y robo, y condenarle por el delito de encubrimiento. De los antecedentes se desprende que se incorporó por lectura la declaración testifical que con las formalidades de la prueba anticipada, rindiera el señor A. A. S. B. (vid. Folio No. 131 y 326), quien expreso haber facilitado en calidad de préstamo un revólver al imputado J. A. L. B., precisamente el día en que se produjeron los hechos objeto de juzgamiento (domingo 11 de diciembre de 2005). Que por otro lado se encontraron casquillos percutidos con dicha arma de fuego en el interior de la vivienda que habitaba junto con su esposa, el hoy occiso G. L. S., y que posteriormente el mismo testigo, indicó que el arma le fue devuelta posteriormente a los hechos (13 de diciembre de 2005), sin que hasta este momento procesal el procesado J. A. L. B., a través de su Defensa o al momento mismo de ejercer su derecho a declarar haya explicado las razones por las cuales el arma que le habría sido dada en calidad de préstamo fue precisamente utilizada al interior de la casa de habitación de quien en vida fuera el señor G. L. S., y que la misma fuera devuelta posteriormente al testigo propietario de los hechos tras la ejecución de los delitos investigados, a lo que se añade que tras la práctica de un allanamiento se haya encontrado en la vivienda del señor J. A. L. B., la pistola perteneciente al difunto y otra perteneciente al ofendido E. R. A., misma que éste último había dado en calidad de préstamo a la vecina del occiso, P. R. G.. Todos estos indicios, anteriores, concomitantes y posteriores al hecho, son de tal intensidad que permiten hasta este momento procesal estimar de manera razonable la presencia física del imputado J. A. L. B. en el momento y lugar que se perpetraron los hechos objeto del proceso en compañía de otros individuos, razón por la cual su absolución por los delitos de asesinato y robo, no resulta conforme a las reglas de la lógica. Así las cosas, esta Sala de lo Penal considera que el A Quo ha valorado la prueba de cargo en forma conjunta y armoniosa, y vertido en la fundamentación intelectiva de la sentencia impugnada razonamientos lógicos y suficientes, de los cuales no ha logrado derivar el conocimiento, ni certeza necesaria para deducir responsabilidad penal a los encausados V. M. L. B., C. D. C. R., M. E. M. B., L. E. B. y O. G. L. V. por los delitos de asesinato, robo y asociación ilícita que les atribuye el Ministerio Público, no así en lo que concierne a la absolución del imputado J. A. L. B., en lo que atañe a los delitos de asesinato y robo y su condena por encubrimiento. Es cierto que hasta este momento procesal no se ha logrado determinar el tipo de arma de fuego con el que se causó la muerte al señor G. L. S., ni quien fue la persona que hizo los disparos que en una relación causa efecto derivaron en su fallecimiento, pero no es menos cierto que para atribuir responsabilidad por los delitos de robo y asesinato no se castiga solamente a los autores en sentido estricto que realizan el verbo nuclear descrito en el tipo penal, sino también a los cooperadores necesarios, inductores y cómplices que hayan contribuido a la realización del hecho, operando el principio in dubio pro reo en materia de autoría y participación cuando habiéndose acreditado la participación de un procesado en la realización del hecho delictivo, no se sabe con certeza sí actuó por ejemplo como autor o mero cómplice, o si solamente participó en uno o varios de los delitos que se le atribuyen, por lo que el Juzgador deberá imponer, si le considera culpable, la sanción prevista para un grado de participación de menor importancia o la que corresponda al delito o delitos en cuya realización resulta acreditada más allá de toda duda razonable la contribución del reo. Por lo anteriormente expuesto, es del criterio que se declare parcialmente con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por del Ministerio Público, únicamente para que en un nuevo juicio celebrado con Jueces diferentes a los que participaron en el debate, se determine la culpabilidad o inocencia del procesado J. A. L. B., por los delitos de asesinato y robo que se le imputan, decretando al mismo tiempo la nulidad de la condena que por el delito de encubrimiento se le ha impuesto, manteniéndose incólume en lo demás la sentencia recurrida. Finalmente esta Sala considera importante señalar que el presente recurso se declara parcialmente con lugar, sin perjuicio del principio-derecho de presunción de inocencia que consagra el artículo 89 de de y que le asiste al procesado J. A. L. B., respecto a los delitos que serán objeto del nuevo juicio, de tal manera que en razón de ello conserva el Derecho de presentar pruebas y formular alegatos en orden a preservar dicho estado, lo mismo que en igualdad de armas al Ministerio Público para sustentar la hipótesis acusatoria que en el sentido antes apuntada ha venido manteniendo contra el encartado antes mencionado. POR TANTO: de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 94 párrafo primero, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de de , 1 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 362 No. 3)y 369 párrafo primero del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando parcialmente CON LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el recurrente en su condición indicada, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de , Departamento de Atlántida, en fecha veintiséis de marzo del dos mil nueve.- 2) Ordenando: que se celebre un nuevo juicio con Jueces diferentes a los que participaron en el presente debate, para los efectos de establecer la inocencia o culpabilidad del imputado J. A. L. B. respecto a la participación que se le atribuye en los delitos de ASESINATO en perjuicio del señor G. L. S., y de ROBO AGRAVADO en perjuicio de E. R. A. y P. R. G.. 3) Declarando la nulidad de la condena que por el delito de ENCUBRIMIENTO ha sido dictada contra el imputado J. A. L. B., sin perjuicio de que sea nuevamente objeto de controversia entre las partes al celebrarse el nuevo juicio, 4) Declarar incólume los demás pronunciamientos de la sentencia en que se condena al imputado J. A. L. por los delitos de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL la dictada contra el procesado O. GEOVANNY L. por el delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE GUERRA, y contra el encartado V. M. L. POR LOS DELITOS DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIALES y ENCUBRIMIENTO, 5) Mantener incólume los demás pronunciamientos absolutorios dictados contra los encausados. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL A. HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO A. CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-194-2009. LUCILA CRUZ MENENDEZ SECRETARIA GENERAL