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Sentencia CP-190-09 — Registro 2139

Resumen

En primera instancia ser absuelve al imputado por el delito de homicidio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“El impetrante manifiesta que los juzgadores al momento de la valoración de la prueba lo hicieron inobservando las reglas de la Sana Crítica transgrediendo la regla de la razón suficiente en su elemento de la derivación; y que los jueces al valorar los testimonios no extraen de los mismos más que la ubicación de tres personas en una escena y que escuchan disparos, sin identificar quién de los sujetos realiza los disparos, por ende los testigos a criterio del A quo no aportan datos directos a la observación de los hechos que se investigan, este criterio evidentemente transgrede la regla lógica ya mencionada, pues bien ambos testigos no refieren haber visto quién disparó, no menos cierto es que ambos coinciden en que vieron que una tercera persona (es decir ninguno de los dos muchachos que estaban forcejeando, siendo uno de ellos la víctima) sale de la casa (refiriéndose a la vivienda más próxima a los muchachos, la cual quedó probado y así establecido en el factum, se trata de la vivienda del encartado) portando una arma de fuego.- II.- Con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal esta limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal.- III.- Esta Sala de lo Penal, en respuesta a lo expuesto por el impetrante, y sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba evacuada, consistente en las testifícales de R. A. H. A., (folio # 49 v.), y J. D. G. (folio # 50 v.), que son testigos presenciales; del primero de ellos se extrae “miré un forcejeo de un muchacho vestido de negro, que al quien lo agarró, y en eso yo iba caminando hacia abajo y en eso miré que al muchacho lo soltaron y el se quiso ir, y luego alguien salió de una casa, luego sacó el arma y luego el muchacho quiso salir a la carrera…….”; y el testigo J. D., en lo conducente declaro “vimos dos personas que tenían un forcejeo y una discusión, realmente no pude escuchar bien, pero discutían respecto de una muchacha y de repente cuando en eso salió de adentro otra persona, y empezó hacer disparos y nosotros salimos corriendo…….- Visto el extracto de estas declaraciones no se llega apreciar que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, al ser éstos los únicos testigo presenciales del hecho, son correctas las inferencias de los Juzgadores, al dejar establecido que existió una discusión y forcejeo entre la víctima y otras dos personas, de la que resulta el señor F. H., herido por arma de fuego, causándole dicha herida la muerte, y entrelazando estas declaraciones con el resto de las testifícales de cargo (folios 50 v. y 51), que dan un relato posterior a los hechos sin determinar quien fue la persona que disparó; así como la declaración del testigo policía J. V. N., ( folio # 50), quien relato que el acusado le admitió verbalmente ser el autor de la muerte de la víctima, esta última circunstancia por si sóla no es suficiente para poder concluir de forma plena que el acusado tuvo alguna participación en las heridas producidas por arma de fuego al señor F. H.; tampoco del resto de la prueba científica balística (folio # 36), dictamen serrologico (folio # 38), exhumación (folio # 44), es posible extraer de forma clara que el autor del disparo haya sido el acusado, es por ello que esta Sala de lo Penal, considera que con el conjunto de la prueba mencionada, las conclusiones a que arribaron los sentenciadores son correctas y no se apartan de las reglas de la lógica, ya que son concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de todas las pruebas legalmente evacuadas en el debate, y con las cuales se concluyó la concurrencia de una discusión y forcejeo previo a la muerte violenta de la víctima, pero no se pudo extraer de las pruebas evacuadas quien fue el autor de dicha muerte, resultando coherente y razonable lo apreciado por el A-quo; es por lo anterior, que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica, en consecuencia se declara Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto por la defensa en su único motivo.-“

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de febrero del año dos mil once, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO Y JACOBO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de febrero de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual absolvió al señor S. Y. M., por del delito de HOMICIDIO en perjuicio de F. H. A..- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado R. A. L., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La abogada K. L. M. P., quien actúa en su condición de Fiscal de Ministerio Público, como recurrente y el abogado R. M. O., quien actúa como defensor Público del acusado S. Y. M., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS. Único: El día domingo treinta y uno de diciembre del año dos mil seis, entre las cinco y seis de la tarde, F. H. A., se dirige a la casa de habitación de la Joven T. Y., ubicada en el barrio San José de esta ciudad de Comayagua, empieza una discusión con esta en la sala de la vivienda, por lo que el señor S. Y., se traslada desde el comedor de la vivienda encontrando ya a H. A., junto a una tercera persona en las afueras de la vivienda en una discusión y forcejeo, instante en que es herido por arma de fuego F. H., en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior al tórax como orificio de entrada y orificio de salida en el sexto espacio intercostal derecho a nivel de la línea axilar media, el cual le provoca un trauma toráxico abierto, herida que finalmente le conduce a la muerte. CONSIDERANDO. I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- El recurrente abogado defensor R. A. L., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- UNICO MOTIVO: “Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria en fecha 03 de febrero del 2009, a favor del imputado S. Y. M., lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica”.- PRECEPTOS AUTORIZANTES: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal”.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Invocamos que en la sentencia ya referida adolece de vicio, pues se infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”.- En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha tres (03) de febrero del 2009, respecto al imputado S. Y. M., lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; transgrediendo la regla de la Razón Suficiente en su elemento de la Derivación, Partiendo de estos hechos declarados probados en la sentencia, se infiere que el Juzgador de la prueba evacuada en el debate, llegó a la convicción, que imputado y ofendido coincidieron en tiempo, lugar y fecha al momento de suceder los hechos sometidos a investigaciones, es decir que la prueba de cargo fue suficiente para lograr tal certeza; no obstante a lo anterior, el Tribunal de Sentencia en la sección de la fundamentación jurídica del fallo, específicamente en el apartado denominado Cuarto, refiere que: “conforme al artículo 339 del Código Procesal Penal…..en el presente caso, que la prueba evacuada no fue suficiente para llevar al Tribunal a un grado de certeza en cuanto a la participación del acusado”. Estando acreditado entonces que víctima e imputado, el día domingo 31 de diciembre del año dos mil seis, estuvieron en el Barrio San José de la Ciudad de Comayagua, aproximadamente entre las cinco y las seis de la tarde en las afueras de la casa de habitación del ahora encartado; lugar en donde el señor F. H. A., fue herido por arma de fuego, lo cual le ocasionó la muerte. De lo anterior cabe citar entonces, que del andamiaje probatorio de cargo aportado, no sólo se acreditó lo antes señalado, sino también que el señor S. Y. M., fue la persona que disparó contra F. H. A., causándole la muerte, circunstancia que inadvirtió el A quo y cuya afirmación hacemos, basados en los siguientes aspectos: al juicio oral y público se presentaron como medios de prueba de cargo testifical de: R. A. H. A., quien depuso, que el 31 de diciembre del 2006, aproximadamente a las seis de la tarde, estando él comprando un refresco, en un negocio del Barrio San José de Comayagua, observó un forcejeo, entre dos muchachos, uno de ellos vestido de negro, cuando observa que un señor de edad sale de una casa frente a la que se daba el forcejeo entre los muchachos, portando una arma de fuego; y observa el testigo que el muchacho de camisa negra suelta al otro muchacho y después escucha los “cuetazos” (disparos). J. D. G., quien declara, que el día 31 de diciembre del 2006, él venia caminando por la única calle empedrada del Barrio San José de Comayagua y aproximadamente a cinco o seis metros de él, habían dos personas que tenían una discusión sobre una muchacha y forcejeaban, en eso salió de adentro de una vivienda otra persona y comenzó hacer disparos, por lo que él (el testigo) junto con otra persona que lo acompañaba salieron corriendo; a las interrogantes del Ministerio Público, contestó que el muchacho de la camisa negra decía que él se iba a hacer responsable de su hija a otro muchacho que estaba ahí de quien no recuerda las características, sólo del que salió y le decía que se fuera y el muchacho decía que no porque amaba a esa muchacha, escuchamos 3 ó 4 disparos y al salir corriendo logró ver para atrás y vio al joven herido; la persona que salió de la casa era delgada, trigueña, pelo blanco, y cuando ésta persona salió de la casa, vio que traía una revolver. De estos testigos el Juzgador al valorar los testimonios supraindicados no extrae de los mismos más que la ubicación de tres personas en una escena y que escuchan disparos, sin identificar quién de los sujetos realiza los disparos, por ende los testigos a criterio del A quo no aportan datos directos a la observación de los hechos que se investigan; criterio del Tribunal de Sentencia evidentemente transgrede la regla lógica ya mencionada, pues bien ambos testigos no refieren haber visto quién disparó, no menos cierto es, que ambos coinciden en que vieron que una tercera persona (es decir ninguno de los dos muchachos que estaban forcejeando, siendo uno de ellos la víctima) sale de la casa (refiriéndose a la vivienda más próxima a los muchachos, la cual quedó probado y así establecido en el factum, se trata de la vivienda del encartado) portando una arma de fuego. También refirieron los testigos, específicamente el primero de ellos, que la persona que observó salir con el arma es una persona de edad; y el segundo de los testigos refirió, que la persona que portaba el arma de fuego, se trata de un hombre, delgado, .….pelo blanco; es así entonces que avocándonos a las máximas de experiencia, en nuestro lenguaje popular, cuando nos referimos a una persona de edad y de pelo blanco, estamos hablando de una persona adulta mayor (tercera edad): partiendo de estas premisas y concatenadas con las características físicas y de edad, éstas coinciden con las del imputado; no podemos entonces obtener una conclusión distinta, que la única persona que al momento de suceder los hechos contaba con la edad de sesenta y dos (62) años de edad y por ello es notable que dichas características físicas le corresponden al imputado, pues éste es la única persona que portaba el arma de fuego al momento en que se disparó contra la humanidad del s. F. H. A.; pues no hay prueba en contrario a tal conclusión. En adición a lo antes señalado, existen otros elementos de prueba que incriminan al encartado, como ser la declaración testifical del señor J. V. N., quien es policía preventivo y fue uno de los patrulleros que llegó al lugar de los hechos una vez recibida la noticia criminis, quien en su declaración depuso: “recibimos una llamada de que al frente de la casa donde estaba el muerto ahí vivía el hechor, un compañero tocó la puerta y salió un señor llamado S. Y. y dijo que si sabía del problema y dijo que él lo había matado por el problema de su hija y que el arma la tenía en otro lugar, yo me quedé en la patrulla, los compañeros se bajaron, procedieron a detenerlo, le leyeron sus derechos, pasamos la calle, el arma estaba donde era el depósito de la Pepsi, salió una señora y dijo que estaba atrás de la puerta y estaba en una bolsa envuelta en una tela”. Por otro lado, en la audiencia de debate se incorporó como medio de prueba denominado evidencia física, una arma de fuego, tipo revólver, calibre 38 especial, marca ARMS COR, serie A 1016757, que de igual corresponde a la descrita al dictamen pericial de balística incorporado como medio de prueba y ratificado por el perito J. F. V. C., quien en su pericia concluyó que en la comparación que realizó a cuatro casquillos que quedaron alojado en los alvéolos o la recámara del arma, efectivamente fueron percutidos por dicha arma de fuego. Cabe indicar que esta arma de fuego, efectivamente fue levantada y decomisada en un depósito de bebidas, propiedad de una señora de quien no se incorporó su identidad en el juicio, pero no obstante a ello, si se precisó y consta en el acta de decomiso de la misma, que dicha evidencia fue levantada y decomisada en presencia del imputado S. Y.; lo cual hace que la declaración del policía preventivo J. V. N., sea creíble en los términos que él describe, pues de no ser así como se explica entonces el Tribunal de Sentencia, que la policía ubicase dicha evidencia, si el imputado no se los hubiese referido, pues de no ser él era imposible que la policía diese con el paradero del arma de fuego. Lo anterior, viene a ratificar una vez más, que el imputado además de coincidir en tiempo, lugar y fecha de la muerte del occiso, también tuvo acceso directo al arma de fuego utilizada para causarle la muerte a éste último; lo cual indiscutiblemente son indicios directos de oportunidad de incriminación. De esto último el Juzgador restó valor probatorio, bajo el argumento de que se vulneró el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y el artículo 88 de la Constitución de la República de Honduras, respecto al derecho del imputado a no declarar contra si mismo, ni declararse culpable, ya que no se acreditó en juicio en que momento el imputado manifestó las circunstancias señaladas por el testigo J. V. N., si estas fueron antes o después de detenerle e informarle sus derechos como detenido. Siendo por ello que el Juzgador en la sentencia (página 7), describe que existen “dos posiciones doctrinales en relación a las platicas o confesiones de los sospechosos ante las sedes policiales sin asistencia letrada; la primera que se inclina, a que informado los derechos a los acusador, éste es libre de expresar lo que le venga en gana y el agente puede hacer pie en su investigación de datos escuchados del acusado, que en todo caso a las resultas de esta investigación les asiste legalidad; y la otra posición, es la que la manifestación sea libre o coactiva del acusado ante los agentes policiales, cuando éstos aún no le han informado de sus derechos, la información obtenida y las resultas serían irregulares, de ésto puede decir que es la información de los derechos al acusado por parte de la autoridad la que señala la frontera entre lo valorable o no”; en el caso concreto en una escueta o casi ausente motivación, el Sentenciador expone en su fallo (página 7 segundo párrafo), que a falta de prueba respecto al momento en que expreso las manifestaciones el acusado, acepta la segunda posición doctrinaria, “en cuyo caso una vez que los agentes policiales se informan sobre el lugar de residencia del señor S. Y., acuden a ella y le detienen, quien ante la presencia policial resulta intimidado, alterándole su voluntad de expresarse o no ante los agentes y sobre los hechos por los que ya era oficialmente perseguido; por lo que la información rendida por el imputado y lo que de ella se deriva es nula en base al artículo 101 del Código Procesal Penal y 88 de la Constitución de la República”. Por nuestra parte estimamos que tal posición del Sentenciador a todas luces vulnera el Principio de Veracidad que integra el Principio de Razón Suficiente, ya que incorpora en su valoración circunstancias que no fueron acreditadas en el juicio, como ser las que enfatizamos con negrita y subrayada en el acápite anterior, pues no existe ningún medio probatorio evacuado que haga siquiera pensar que éstas circunstancias que afirma el juzgador pasaran sean afirmaciones que surgen del contenido de alguna probanza, porque el único que pudo haber referido ello en todo caso hubiese sido el mismo imputado, y éste no declara en juicio y de los testigos de la defensa ninguno refiere tales circunstancias; por lo que es doloso que el Tribunal de Sentencia, se extralimitara en su función juzgadora, demeritando así el fallo emitido; por otro lado lo que sí quedó plenamente acreditado, tal como lo depuso el testigo José Víctor Nicolás, es que la policía fue informada de que en la vivienda de enfrente de donde se encontró el cuerpo del occiso, posiblemente se encontraba el autor de la muerte de F. H. A., pero reiteramos del análisis del andamiaje probatorio no se determina que la policía haya irrumpido la morada mediante violencia a efecto de darle detención al posible responsable del hecho, al contrario, tocaron la puerta, la cual fue abierta por el ahora imputado, pero que en ese momento únicamente la policía hacia trabajo de investigación preliminar, y el señor S. Y., sin ser aún detenido les refirió que efectivamente que si sabía del problema y que él lo había matado por el problema de su hija y que el arma la tenía en otro lugar; razón por la cual el mismo señor S. Y., condujo a la policía hasta donde tenía oculta el arma de fuego; teniendo hasta entonces la policía suficientes indicios para darle detención al sospechoso. Es por ello que la posición adoptada por el Tribunal de Sentencia resulta infructuosa del recto entendimiento humano, ya que las manifestaciones expresadas por el encartado a la policía, fueron espontáneas de parte de él, a las cuales obviamente la autoridad no podía hacer caso omiso, tal como pretende el Juzgador bajo la luminosidad de “garante de legalidad”, pues olvida el A quo que el Ministerio Público también es Garante de Legalidad y en caso de que esta prueba hubiese sido ilegítima, difícilmente hubiese siquiera pretendido su incorporación al juicio, ilicitud que en nuestro caso no se aprecia, primero porque el señor S. Y. al momento de verterla aún no tenía la calidad de detenido y segundo, que si así lo hubiese sido, respecto a ello también la doctrina ya se ha referido, ejemplo de ello citamos lo que señala el Jurista Español, Magistrado y Doctor en Derecho Luis Alfredo Diego de Díez, a páginas 97 y 98 del Libro titulado “Los Medios de Prueba”, que es parte de la Colección de Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano” que se proporcionará a Jueces, defensores y fiscales, como parte del Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial y quien además dicho jurista formó parte del staff de instructores de los Honorables Jueces de Sentencia en su proceso de inducción para optar a tal cargo; al respecto señala “A lo largo del articulado del Código Procesal Penal encontramos diversos preceptos que exigen preceptivamente la presencia del defensor en las declaraciones del imputado (Arts. 15, 101.3 y 5. 282. 289); derecho irrenunciable cuya violación producirá, según determinan los artículos, la nulidad del acto. Podemos preguntarnos, no obstante, si esa nulidad alcanza tan sólo a los efectos negativos que de tal declaración pudieran derivarse para el imputado o se extiende más allá. Un ejemplo servirá mejor para plantear el dilema: Si el detenido por un secuestro llevado por sus remordimientos o por una espontánea actitud de humanidad, revela voluntariamente a la Policía el lugar donde se encuentra la persona secuestrada, a quien sus compinches tienen previsto asesinar ese mismo día, ¿Deberá la policía abstenerse de actuar y no utilizar esa información para evitar el delito y detener a los autores? Obviamente, la respuesta de cualquier persona con un mínimo de sentido común, será negativa: La Policía no puede obviar tal información.- Por ello, radicalizar hasta el maximalismo la nulidad de las declaraciones del imputado, cuando no éste presente su defensor, probablemente no sea lo más acertado. La nulidad, en estos casos, sólo debe producirse en punto a los efectos peyorativos que sobre la situación del imputado pudieran sobrevenir, pero no hay razón seria alguna para que dicha declaración sirva, al menos para seguir por la policía una línea de investigación. Siempre que las declaraciones sean espontáneas y libres, no viciadas por engaño o doblez, sirven como elemento para proseguir la investigación, aunque carezcan de carácter probatorio. Cita el jurista como jurisprudencia la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de fecha 07 de febrero de 1996 (RJA 803)”. Aplicando ésta doctrina por analogía a nuestro caso concreto, debemos entonces referir que la manifestación espontánea que emitiera el señor S. Y. a la policía, si bien dio un giro a la investigación, ésta se limitó únicamente al hallazgo de la arma de fuego, pues en lo demás como ya antes señalamos existen testigos que ubican al imputado en tiempo, lugar y fecha con el imputado y los hechos que ahora sometemos a juzgamiento; y que si bien no se cuenta con un testigo directo que diga que vio que el acusado disparó contra F. H. A.; tampoco se puede descartar que los testigos de cargo fueron precisos en describirlo físicamente en conjunto con los demás indicios de oportunidad, no pudiéndose derivar de la prueba evacuada un resultado distinto, que no pudo ser otra persona, de no ser el acusado, quien le causara la muerte al occiso, pues además de la prueba antes evacuada, se debe relacionar lo siguiente: En los hechos declarados probados, el Juzgador da por cierto que una tercera persona, es decir, una persona distinta al acusado, fue la persona que posiblemente le ocasionó la muerte a la víctima; sin embargo ésta tesis del Sentenciador es contraria a las resultas de las probanzas allegadas al juicio, pues ambos testigos de cargo manifestaron que la persona que portaba el arma de fuego en el momento en que la víctima tenía una discusión con otra, era una persona a quien las descripciones físicas que detallan los testigos corresponden evidentemente al acusado. Otro punto a tomar en cuenta, es que ha quedado claro que la víctima y el otro muchacho forcejaban, pero con el dictamen de acta de levantamiento de cadáver de la víctima, que en juicio fuese ratificado por la Dra. K. M. S., quedó plenamente acreditado que el disparo que recibiera el ahora occiso, fue de larga distancia, lo que descarta como autor del mismo a ésta persona con quien forcejeaba la víctima; porque de haber sido éste el autor, el disparo hubiese sido de corta distancia. Por otro lado, ha quedado establecido que la presencia de la víctima en el lugar de los hechos, era un vínculo de noviazgo que éste mantenía con la joven T. Y., hija del acusado; y según refirió el testigo J. D. G., él logró escuchar que el ahora occiso refería que se iba a hacer responsable de su hija y que él amaba a esa muchacha; circunstancia que es refrendada por el testigo J. V. N. (policía) quien mencionó que el señor Y., le dijo que él había matado al muchacho por el problema de su hija; partiendo de ello, estamos evidenciando que el encartado tenía un móvil para querer quitarle la vida a la víctima, como ser evitar que su hija se fuese con su novio (víctima); ésto no se logró desvirtuar por la defensa, es más se ratifica con la prueba testifical que aportó, pues los testigos S. Y. R. y M. A. Y. L., fueron coherentes en los siguientes puntos, que el muchacho (occiso) era novio de T. y que ellos escucharon decir a F. (occiso) te voy a llevar, ándate conmigo, mi tío (imputado) salió y cuando F. estaba herido, su tío les dijo, que él se quedaba porque era el padre de T. Cabe concluir entonces que del razonamiento a todas y cada una de los medios de prueba señalados, una vez concatenados y armonizados entre sí, nos llevan por derivación, que únicamente él acusado tenía un móvil para quererle quitar la vida al acusado, lo cual así hizo. Por lo que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de las probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desemboque en una conclusión de absolver (en caso de insuficiencia probatoria o bien de duda) o condenar al enjuiciado; y las máximas de Experiencia Común, como integrantes de la Sana Crítica, pues de la prueba evacuada se desprende que la víctima murió a consecuencia de proyectiles de arma de fuego que fuesen disparados por el s. S. Y., para evitar que el primero lograra llevarse a la hija de éste último. Ante lo desarrollado el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las probanzas integrantes del andamiaje probatorio de cargo y rendir mayor credibilidad a sus propias deducciones carentes de sustento probatorio. En consecuencia el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa él artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO.- I.- El impetrante manifiesta que los juzgadores al momento de la valoración de la prueba lo hicieron inobservando las reglas de la Sana Crítica transgrediendo la regla de la razón suficiente en su elemento de la derivación; y que los jueces al valorar los testimonios no extraen de los mismos más que la ubicación de tres personas en una escena y que escuchan disparos, sin identificar quién de los sujetos realiza los disparos, por ende los testigos a criterio del A quo no aportan datos directos a la observación de los hechos que se investigan, este criterio evidentemente transgrede la regla lógica ya mencionada, pues bien ambos testigos no refieren haber visto quién disparó, no menos cierto es que ambos coinciden en que vieron que una tercera persona (es decir ninguno de los dos muchachos que estaban forcejeando, siendo uno de ellos la víctima) sale de la casa (refiriéndose a la vivienda más próxima a los muchachos, la cual quedó probado y así establecido en el factum, se trata de la vivienda del encartado) portando una arma de fuego.- II.- Con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal esta limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal.- III.- Esta Sala de lo Penal, en respuesta a lo expuesto por el impetrante, y sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba evacuada, consistente en las testifícales de R. A. H. A., (folio # 49 v.), y J. D. G. (folio # 50 v.), que son testigos presenciales; del primero de ellos se extrae “miré un forcejeo de un muchacho vestido de negro, que al quien lo agarró, y en eso yo iba caminando hacia abajo y en eso miré que al muchacho lo soltaron y el se quiso ir, y luego alguien salió de una casa, luego sacó el arma y luego el muchacho quiso salir a la carrera…….”; y el testigo J. D., en lo conducente declaro “vimos dos personas que tenían un forcejeo y una discusión, realmente no pude escuchar bien, pero discutían respecto de una muchacha y de repente cuando en eso salió de adentro otra persona, y empezó hacer disparos y nosotros salimos corriendo…….- Visto el extracto de estas declaraciones no se llega apreciar que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, al ser éstos los únicos testigo presenciales del hecho, son correctas las inferencias de los Juzgadores, al dejar establecido que existió una discusión y forcejeo entre la víctima y otras dos personas, de la que resulta el señor F. H., herido por arma de fuego, causándole dicha herida la muerte, y entrelazando estas declaraciones con el resto de las testifícales de cargo (folios 50 v. y 51), que dan un relato posterior a los hechos sin determinar quien fue la persona que disparó; así como la declaración del testigo policía J. V. N., ( folio # 50), quien relato que el acusado le admitió verbalmente ser el autor de la muerte de la víctima, esta última circunstancia por si sóla no es suficiente para poder concluir de forma plena que el acusado tuvo alguna participación en las heridas producidas por arma de fuego al señor F. H.; tampoco del resto de la prueba científica balística (folio # 36), dictamen serrologico (folio # 38), exhumación (folio # 44), es posible extraer de forma clara que el autor del disparo haya sido el acusado, es por ello que esta Sala de lo Penal, considera que con el conjunto de la prueba mencionada, las conclusiones a que arribaron los sentenciadores son correctas y no se apartan de las reglas de la lógica, ya que son concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de todas las pruebas legalmente evacuadas en el debate, y con las cuales se concluyó la concurrencia de una discusión y forcejeo previo a la muerte violenta de la víctima, pero no se pudo extraer de las pruebas evacuadas quien fue el autor de dicha muerte, resultando coherente y razonable lo apreciado por el A-quo; es por lo anterior, que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica, en consecuencia se declara Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto por la defensa en su único motivo.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de la REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362.3. y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su único motivo, invocado por la Abogada K. L. M. P., quien actúa en su condición de Fiscal de Ministerio Público, en la causa que le siguió al señor S. Y. M., por el delito de Homicidio, en perjuicio de F. H. A.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.-COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida, a solicitud de la Abogada K. L. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil once.- Certificación de la sentencia de fecha quince de febrero del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-190-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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