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Sentencia CP-185-09 — Registro 2138

Resumen

Se condeno en primera instancia al acusado por el delito de violacion especial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“El impetrante señala como motivo de casación la infracción de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 64 y 320 de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Esta sala de lo penal analizado los preceptos invocados por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc.…2) Aprecia el Tribunal de Casación que el impetrante ha presentado este motivo en forma desordenada y falto de claridad, pues siendo los preceptos rectores de su motivo el 82 y 90 de la Constitución, inicia el abordaje por el artículo 64 de la Constitución que establece que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, luego cita el artículo 320 de la misma Constitución que establece que “En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”, sin embargo, no expone cual es la ley o disposición gubernativa de otro orden que regula el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías de la constitución que es disminuido, restringido o tergiversado por dicha normativa, tampoco explica en que situación se produce la incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, mas aún, no explica la relación que guardan estos artículos constitucionales con el 82 y 90 Constitucional y como se da la infracción. 3) Con respecto al artículo 82 de la Constitución, si logra el impetrante exponer en su parte medular que la sentencia condenatoria recae contra el imputado por supuesta violación especial cometida en fecha distinta de la contenida en el libelo acusatorio, no dándosele en consecuencia oportunidad de defenderse de esa nueva fecha, por no ser parte de la contradicción, esta circunstancia tuvo como consecuencia que solo se defendiera de los días que contenía la acusación, porque supuestamente esos fueron los días en que se cometió el delito, argumentando que el mes de abril no fue controvertido en juicio, vulnerándose así el debido proceso con todas sus incidencias de violación del derecho a la defensa; ahora bien, cierto es que el Tribunal de instancia dio como probada una de las fechas de la violación en una fecha distinta de las señaladas por la ofendida y el Ministerio Público, aspecto que ya ha comentado esta sala no tiene mayor incidencia en tanto no modifique la calificación jurídica del hecho, sin embargo, pudiera tener relevancia a efectos de la violación de los preceptos Constitucionales invocados, tomando en consideración que la estrategia de la defensa se centró en demostrar que en las fechas controvertidas, el sospechoso se encontraba fuera del país, de manera que no deja de ser un exabrupto que eventualmente pudiera comprometer derechos fundamentales del encartado, el hecho de que el Tribunal de instancia de por probado un hecho trascendental en este caso (fecha en que el imputado estaba en el país) que no ha sido introducido a la controversia por ninguna de las partes. Dicho esto, es necesario hacer algunas consideraciones previas a efectos de determinar si se accede a lo solicitado por el censor, veamos; ¿Los hechos probados relatan solo una violación especial o relatan más de una violación especial? ¿La parte resolutiva, contiene la condena por un delito de violación especial o por más de un delito de violación especial en concurso real? Pues bien, examinada la sentencia, se aprecia que en los hechos probados se relatan por lo menos dos violaciones, la primera ocurrida en abril de 2006 (en fecha no sometida al controvertido y que no pudo refutar sobre ello nada la defensa) y la segunda ocurrida el 23 de diciembre del año 2006 (fecha que siempre fue controvertida); En la parte resolutiva de la sentencia se condena al imputado por el delito de Violación especial, a una pena de 18 años de reclusión mas las de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena y tomando en cuenta que la pena abstracta de la violación especial es de 15 a 20 años de reclusión y la agravantes consideradas por el juzgador, resulta obvio que la pena impuesta corresponde únicamente a un delito de violación especial, lo que demuestra un yerro en la apreciación del juzgador de instancia, al tomar en cuenta las distintas violaciones como una sola, cuando sin duda alguna se trata de un caso de concurso real de delitos (artículo 35 Código Penal) pues se está frente a “una pluralidad de hechos de un mismo sujeto que constituyen una pluralidad de delitos”2 . 4) Las infracciones invocadas por el censor tendrían trascendencia, si se hubiese condenado al imputado por los dos delitos de violación, o si se le hubiese trascrito únicamente la violación del mes de abril, pero habiéndose reflejado en los hechos probados al menos dos delitos de violación, y condenado solo por uno, resulta intrascendente acceder al motivo de Casación pues habiéndose condenado a una pena correspondiente a un delito de violación, esta es en opinión de la sala, perfectamente atribuible al hecho ocurrido el 23 de diciembre de 2006, fecha que siempre fue controvertida en todas las etapas del debate y en la cual el imputado se encontraba en el país. 5) Uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo Constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, en tal sentido se aprecia que no obstante no poder fustigar la defensa los hechos ocurridos en el mes de abril de 2006, ha resultado probado que los ocurridos el 23 de diciembre de ese mismo año, fueron suficientemente debatitos en igualdad de condiciones por las partes legalmente constituidas en el juicio, teniendo oportunidad la defensa de instar todo cuanto estimó necesario en provecho de su representado, no obstante tales esfuerzos de la defensa resultó una condena por un delito de violación que este Tribunal estima procedente en relación a los sucesos del 23 de diciembre del año 2006. Entiéndase pues en el caso del imputado, el derecho de defensa como la potestad por si y por medio de su abogado de intervenir en todas las incidencias procesales respetando las normas del debido proceso previamente establecidas porque ello contempla garantizar la igualdad de las partes involucradas en el proceso. Así las cosas, este Tribunal de Casación no aprecia que la resolución judicial venida en Casación implique violación al derecho de defensa y debido proceso del imputado, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente viene invocando como motivo de Casación la contradicción de las motivaciones fácticas de la sentencia, señalando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes: Las motivaciones fácticas contradictorias de una sentencia, suponen una pérdida de coherencia en la argumentación del fallo, implica una contraposición de juicios excluyentes entre si, se estaría ante esta falencia si en el fallo el juzgador en la valoración probatoria llega a determinar una conclusión de naturaleza fáctica y en los hechos que declara probados no refleja dicha conclusión o si existe una contradicción entre los hechos probados y la fundamentación jurídica o bien en la relación interna de la valoración probatoria o de la motivación jurídica. Ahora bien, dados los argumentos del censor, se aprecia una fustigación orientada a el mecanismo intelectivo empleado por el juzgador para llegar a las conclusiones a que arribó refutando que no debieron ser esos los razonamientos adecuados y que bajo el razonamiento que el impetrante supone correcto, resulta contradictoria la motivación fáctica, sin embargo, la contradicción de la motivación fáctica debe buscarse en la valoración probatoria o en la fundamentación jurídica tal y como es ofrecida por el Tribunal en relación con los hechos probados independientemente que sean correctas o no tales valoraciones o fundamentaciones, pues el erróneo desempeño en las valoraciones supone acudir a otro vicio de actividad procesal distinto del elegido por el recurrente que deberá examinarse en el abordaje del motivo pertinente. Por tales razones, no procede el motivo de Casación invocado.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“El recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de los hechos probados establecida por el Sentenciador no son claros ni terminantes”. Esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes: El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “ la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca el impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos) . El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho, tal es el caso por ejemplo si el juzgador empleara expresiones tales como, “posiblemente”, “tal vez” u otras análogas que no representen la certeza que el hecho histórico probado requiere y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro. Explicado cada supuesto, nos ubicamos ahora en el segundo vicio que es el alegado por el impetrante (hechos probados que no son claros ni terminantes) vicio que en todo caso debe darse en el relato mismo de los hechos probados en su relación interna, no en la relación de los hechos probados con la valoración de las pruebas de las cuales se han colegido. El argumento del casacionista de que falte precisar el día exacto y la hora y que según la prueba el imputado no pudo cometer el hecho, no permite examinar por este motivo la supuesta falencia señalada, pues ciertamente se aprecia claridad en los hechos de forma tal que es plausible asociar sin lugar a dudas el cuadro fáctico con el tipo penal por el que fue sancionado el procesado, el hecho probado requiere claridad y terminancia con respecto al tipo penal que se aplica no sobre incidencias menores, siempre y cuando estas no incidan en la factibilidad de aplicabilidad del injusto penal, sin perjuicio que pudiera ser atacada por otro motivo cuando dicha precisión pudiera tener alguna trascendencia. No procede este motivo de casación."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de abril del año dos mil once, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, con sede en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, mediante la cual condenó al señor J. A. G., mayor de edad, casado, pintor industrial y comerciante de bienes y hondureño, como autor responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de M.E.O., a la pena principal de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado R. G. T. L., actuando en su condición de apoderado defensor del señor J. A. G..- SON PARTES: El Abogado R. G. T. L., como recurrente. CONSIDERANDO.I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS PRIMERO: En el año dos mil seis la niña M.E.O.M. de once (11) años de edad, vivía en el barrio Cedeño de la Aldea de Monjaras Municipio de Marcovia departamento de Choluteca, junto a su madre F. M. M. y su hermano menor A.O.M., teniendo como vecina a la señora T. G., quien convivía junto a sus hijos J. A. G., su esposa G. I. T. y su otra hija A. G. y los hijos de éstos.- SEGUNDO: En el mes de abril de ese mismo año, días después del regreso de J. A. G. procedente de Estados Unidos de Norte América, invito a M.E.O.a su casa para que se midiera una ropa que le había traído de regalo, ingresándola al primer cuarto ubicado detrás de la puerta de entrada a la vivienda, una vez ahí le dijo que se quitara la ropa negándose M.E. hacerlo, por lo que J. A. se la quito y la subió sobre un baúl, procediendo a tomarle fotografías para luego acariciarle los pechos, y penetrarla sexualmente con su pene. TERCERO: En el mes de junio del año 2006, la señora F. M. resolvió viajar de forma ilegal a los Estados Unidos, por lo que decidió dejar a sus hijos bajo los cuidados personal de su amiga G. I. T. y de J. A. G., quien ese momento se encontraba trabajando en Estados Unidos mientras ella realizaba su viaje, quedándose a vivir G. junto a sus hijos, así como M.E.y A. inicialmente en la casa de la señora F. M. CUARTO: Mientras M.E. estuvo bajo los cuidados directos J. A. G. continuó siendo abusada sexualmente por parte de éste, quien a su vez, le hacia regalos de dinero en efectivo, así como un teléfono celular y una computadora para que esta no contara lo que le estaba ocurriendo; siendo su última agresión el día veintitrés de diciembre de ese mismo año.” III.- El recurrente, Abogado R. G. T. L., desarrolló su Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Estimo que la sentencia definitiva de que se ha hecho mérito, ha incurrido en quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, lo que al final ha tenido efectos desastrosos por el desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales del imputado, tal como lo demuestro en los motivos que a continuación expongo. PRIMER MOTIVO.- La declaración de hechos que el Tribunal estima probados no es clara y terminante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación en la forma se encuentra comprendido en el artículo 362 preámbulo y número 1 del Código Procesal Penal, en cuanto expresa: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) Que la declaración de los hechos que el tribunal estime probados no sea clara y terminante …. EXPLICACION DE LA VIOLACION. Bastará a la Honorable Corte leer la declaración de los hechos que el Tribunal acusado estima probados, para constatar que en el número PRIMERO consigna, que en el año 2006, la niña M.E.O.M., de once (11) años de edad, vivía en el Barrio Cedeño de la aldea de Monjarás; que igualmente en el hecho SEGUNDO se consigna que en el mes de abril de ese mismo año, días después del regreso de J. A. G., procedente Estados Unidos de Norteamérica, invitó a M.E.O.M., a su casa y que ahí abusó sexualmente de ella; y finalmente, en el hecho CUARTO establece que la última agresión supuestamente sufrida por la victima fue el veintitrés de diciembre del año dos mil seis mencionado.- Los hechos así declarados carecen en lo absoluto de claridad, y son indicios inequívocos de prejuzgamiento, por cuanto no se señala para el caso del número PRIMERO ni siquiera el mes en que la supuesta víctima estuvo viviendo junto a su madre F. M. y su hermano menor A.O.M., y que en el número SEGUNDO, tampoco expresa que día ni hora del mes de abril fue que supuestamente ocurrió por primera vez la violación, y esto es obvio porque en la valoración de las pruebas, el mismo Tribunal da por acreditado el hecho de que el imputado regresó a Honduras hasta el catorce de abril de ese mismo año, con lo que deja en una duda absoluta de cual fue el día del mes de abril en que se supone que ocurrió la violación, y así, siempre con ánimos prejuzgatorios, evitar una contradicción entre la fecha de la violación y la fecha del regreso al país del imputado. Igualmente en el caso hecho número CUARTO, si bien el Tribunal acusado señaló el veintitrés de diciembre como aquella en que se produjo la última agresión sexual, no señaló la hora ni siquiera aproximadamente y mucho menos el lugar, y esto es así. porque ya tiene decidido privar de valor probatorio la declaración del testigo J. A. F., solo por el hecho de que este declaró ante el mismo Tribunal que el imputado estuvo el día veintitrés de diciembre de dos mil seis hasta el veinticuatro de diciembre del mismo año, atendiendo una Jornada Evangelística, y como consecuencia impedido de cometer el hecho en presencia de cerca de sesenta personas que en el evento estaban presentes. Esta situación además de contar con una disposición que claramente rechaza la falta de claridad, es altamente perjudicial a los derechos del imputado, porque lo ha dejado en indefensión y sin poder contradecir mediante la respectiva posibilidad de controversia estos hechos, que confusamente y sin la debida claridad se han consignado en el fallo, y que por otra parte. Indudablemente la Ley exige la claridad en esta fase de la sentencia, y no es posible condenar a una persona, con base en hechos oscuros, confusos y de una subjetividad notoria que se vuelven dudosos, y debe recordarse que está en juego la libertad de una persona, su seguridad jurídica y la estabilidad de su familia que hoy por hoy está desprotegida y que al igual que la supuesta víctima, goza de derechos constitucionales y humanos. La claridad en la exposición, es fundamental en esta clase de instrumentos judiciales, y así lo ha estimado el legislador, cuando lo consagra como un motivo de casación, porque al no haber claridad, se presta a la indefensión del afectado; para el caso, la defensa no puede decir no fue a una hora determinada porque el Tribunal no señala a qué hora sucedió, no puede con certeza negar que no fue en un día determinado porque tampoco el Tribunal lo establece, quedando en consecuencia el imputado, sin posibilidades de contradecir y mucho menos de defender, y esta circunstancia, obliga a anular el fallo impugnado. En consecuencia, la narración de los hechos debe ser puntual, señalando el día, la hora y de ser posible los minutos, el lugar y la forma en que ocurrieron, porque señalar imprecisamente un día, un mes o un año, solo lleva a un desenlace que no puede ser otro que la condena de la persona imputada, al no contar con los elementos suficientes para esgrimir una eficiente defensa.- Se ha visto casos, en que un minuto y hasta segundos, determinan si un imputado debe ser absuelto o no, y siempre, absolutamente siempre, cuando se hacen declaraciones oscuras, es porque no se cuenta con los elementos suficientes para hacerlas claras y de ello se deduce que existe una duda más que razonable para hacer una completa y exacta determinación en cuanto al hecho y sus circunstancias, y debemos recordar que el ente acusador, debe probar más allá de toda duda la existencia de los hechos y la participación del imputado. APLICACIÓN QUE SE PRETENDE. Al no estar clara la declaración de los hechos que el Tribunal acusado acepta como probados, se desconocen principios rectores del proceso penal, como el debido proceso, el de prueba insuficiente, el de indubio pro reo, el de defensa, el de contradicción, etc., los que en resumen convergen al principio de legalidad, afectando sobre todo la garantía que establece la necesaria controversia de los hechos sometidos a juicio, y por lo tanto, se impone la nulidad del fallo de que se trata, en aplicación del artículo 369 del Código Procesal Penal, con el fin de que se dicte la sentencia que en derecho corresponda. SEGUNDO MOTIVO.- La sentencia acusada es contradictoria en sus motivaciones fácticas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza este motivo de Casación el artículo 362, preámbulo y número 3) del Código Procesal Penal, en cuanto declara que puede interponerse el recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando la sentencia recurrida adolezca entre otros vicios, de contradicción en las motivaciones fácticas. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION. Esta violación la explico así: a) En el hecho probado número CUARTO, el Tribunal acusado declara: “Siendo su última agresión el día veintitrés de diciembre de ese mismo año”. Cuando valora la declaración del testigo J. A. F., el Tribunal señala, que este testigo afirmó que precisamente el veintitrés de diciembre de dos mil seis, el imputado J. A. G. fue invitado ese día a predicar, presentándose al evento a las cinco de la tarde con su familia y los dos niños que tenía en su hogar, que el culto duró hasta las doce de la noche y desde esa hora hasta la una de la mañana hicieron la santa cena, y de la una y media en adelante, tomaron un refrigerio, pero al valorarla el Tribunal acusado dice que esa declaración no aporta información que coadyuve al esclarecimiento de los hechos controvertidos, puesto que J. A. F. dijo no saber nada de los hechos, y se limitó a referir las actividades familiares que el mismo imputado realizó precisamente el día en que según el hecho probado ya mencionado, cometió supuestamente, la última agresión sexual; no explica el Tribunal cómo concilia el hecho de que el imputado, al mismo tiempo que está en un servicio religioso en presencia de sesenta personas aproximadamente, pueda estar al mismo tiempo cometiendo la última agresión sexual, con lo que resulta totalmente contradictoria en esa relación de hechos. Más evidente no puede ser la contradicción y más bien da la impresión de que Tribunal Ad-quem, tenía el firme propósito ya decidido de condenar al imputado. A esto se une el hecho de que formalizándose la acusación por hechos supuestamente sucedidos en el mes de marzo, el tribunal condena por hechos cometidos en el mes de abril. b) Es evidente que todos los indicios y hechos que de alguna manera inciden en favor del imputado, son metódica y sistemáticamente rechazados, veamos: Las testigos G. I. T. y A. G., expresan claramente la conducta observada por la supuesta víctima, lo cual es corroborado por la Maestra de escuela A. B. E., y todavía más, confirmado por la inspección al Banco de Occidente, esta última por cierto, solicitada por el ente acusador, y aun así, contradictoriamente se establece que no son ciertas las afirmaciones de la testigo, a pesar de hacer una relación clara de estos elementos probatorios. c) Igualmente, leyendo la declaración de la supuesta víctima, puede verse que esta cuando declara dice: “que el imputado empezó a abusar de ella los últimos días del mes de marzo del año 2006”, “el hecho ocurrió en un cuarto eran como las diez de la mañana”, y a repreguntas de las partes contestó: “que el primer abuso fue el último día del mes de marzo”.- Al valorar esta prueba, el Tribunal acusado, dice que la declaración de esta testigo “es de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos, porque nos hace una narrativa de forma cronológica al referir que los hechos sucedieron a finales del mes de marzo de 2006”, y posteriormente el mismo Tribunal, en base a argumentos propios de la acusación, concluye: El Tribunal “establece que efectivamente los primeros abusos ocurrieron a finales del mes de abril del mismo año”.- Entendemos que más contradicción no puede existir, y ello es porque el Tribunal acusado en vez de analizar la prueba, se dio a la tarea más bien de complementarla de acuerdo a su criterio, todo ello en un claro prejuzgamiento de condena que ya previamente había decidido. En consecuencia, la sentencia se cimenta en una motivación fáctica que al exponerla en la forma antes dicha, resulta totalmente contradictoria, ya que consigna hechos totalmente excluyentes que no puede explicarse de ninguna manera cómo pudieron suceder simultáneamente, pues señalan que para que ello ocurriera el imputado tendría que tener la capacidad de estar en dos lugares a la vez y además, en contra de lo dicho por la supuesta víctima, que el mismo Tribunal ha dado por cierto. APLICACIÓN QUE SE PRETENDE. Se pretende la aplicación del artículo 369 del Código Procesal Penal, en el sentido de anular el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes para que se dicte nuevamente el fallo, de conformidad con la ley, puesto que la contradicción explicada es fundamental para haber llegado a la condena que se llegó, cuando se imponía la absolución. TERCER MOTIVO: En la valoración de la prueba consignada en el fallo acusado, no se observaron las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza este motivo el artículo 362, preámbulo y número 3) del Código Procesal Penal, en cuanto declara: Que puede interponerse el recurso de casación por quebrantamiento de forma, siempre que al proferirse el fallo impugnado, en la valoración de la prueba no se hayan observado las reglas de la sana crítica. EXPLICACION DEL MOTIVO. Previo desarrollar el presente motivo es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que este tercer motivo se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido, al realizar el ejercicio intelectivo sobre la prueba aportada en juicio, ha incurrido en un grave vicio de fundamentación, en vista de que ese es el momento en donde el sentenciador debe decir en forma clara, precisa y contundente, por qué un medio de prueba le merece crédito y otro no, y cómo debe vincularla a los demás elementos que obtiene de otros medios del haz probatorio, lo que no ha sucedido en el caso sub-examen, y que desemboca, en la vulneración por parte del Tribunal acusado de las reglas de la sana crítica. Tal como lo ha sostenido la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia dictada en fecha dieciocho de junio de dos mil cuatro, en el caso CP.1423-2003, en el evento revisorio del recurso de casación, debe considerarse todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano, como elemento de fundamentación de los fallos. En efecto, al no observarse las reglas de la sana crítica el Tribunal calificó como validas las declaraciones de la supuesta víctima, de su tío y de su abuela, basado precisamente en que son contestes, independientemente de que los últimos de dichos testigos, no expresen claramente cómo y cuándo sucedieron los hechos, que obviamente no pudieron tener la percepción directa de los mismos, porque no estaban presentes y porque además siendo los parientes más cercanos, ni siquiera sabían en qué jornada estudiaba su cercana pariente, y en el caso de esta, lógicamente es la supuesta ofendida, y si bien es cierto, que en partes, sus dichos son coincidentes con los otros testigos referidos, no lo son en la parte esencial, y el Tribunal no expresa la regla de la psicología que aplicó para considerarlas como válidas, a pesar de que la primera dijo que el primer ataque lo había sufrido en el mes de marzo de dos mil seis, lo que no guarda racionalidad con el hecho de que el mismo Tribunal ha dado por acreditado que fue en el mes de abril del mismo año, al tiempo que de acuerdo a los términos de la valoración, establece que el imputado a esa fecha se encontraba en los Estados Unidos de Norteamérica, siendo de entender que si la supuesta víctima no narró hechos verdaderos en este punto tan esencial, tampoco pueden tenerse como verdaderos los subsiguientes, por lo que no existe racionalidad al calificarla como válida, siendo obvio el error en el proceso intelectivo desarrollado por el Tribunal; también falta a las reglas de la experiencia el Tribunal acusado, cuando da por veraces estas declaraciones, por cuando tratándose de un núcleo familiar que estuvieron unidos en la denuncia, que han estado juntos en acusar al imputado, en atribuirle la pérdida (supuestamente muerte) de la madre de la supuesta víctima, y otra serie de responsabilidades, era imposible que no fueran coincidentes en sus dichos, los que confirman en un cien por ciento. Igualmente, al descalificar las declaraciones de los testigos G. I. T. y A. G., esposa y hermana del imputado respectivamente, de la profesora A. B. E., educadora de la supuesta víctima y del testigo J. A. F., ministro religioso, el Tribunal acusado tampoco consignó la regla de la Psicología, ni las de la experiencia que lo llevan a hacer tal descalificación, señalando únicamente que no son coincidentes en un cien por ciento en sus declaraciones, lo cual en vez de ser motivo de descalificación, es motivo de apreciación, por establecerse que no hubo acuerdo ni entendimiento previo entre ellos antes del momento de declarar, y que los detalles en que no fueron contestes, es porque cada uno habla sobre aspectos diferentes del hecho imputado.- Por estas razones es que el Tribunal de sentencia acusado no ha observado las reglas de la sana crítica, lo que se confirma con lo que más adelante detallo. Efectivamente, la declaración de la supuesta ofendida M.E.O.M., viene a ser la única prueba directa contra el imputado, pues los demás testigos solo narran lo que ella misma supuestamente les dijo, y que obviamente actúan de consuno con ella mediante entendimiento previo, en una voluntad unívoca de perjudicar, instrumentalizándose a la supuesta víctima, y aún así el Tribunal también dejó de relacionar la declaración de esta testigo con el resultado de las inspecciones realizadas en los lugares de los supuestos hechos, con cuyo resultado es contradictoria, no obstante que en algunos detalles superficiales coincida.- Es un hecho claro, que estando tan desacreditada la declaración de la supuesta víctima, como lo demuestra el hecho de sostener tenazmente que el primer ataque lo sufrió mientras el imputado estaba fuera del país, esto es, el último día del mes de marzo de dos mil seis, únicamente dejaría validez la declaración del imputado, que sí tiene apoyo testifical y que por ello mismo debió ser apreciada en su justo valor jurídico probatorio en el presente caso y no descalificarla empíricamente, esto es, sin señalar las reglas de la experiencia y de la psicología que se tuvieron en consideración para ello. Debo además enfatizar otro factor de la experiencia que no se tuvo en consideración por el Tribunal acusado al llevar a cabo el proceso intelectivo de valoración de la declaración de la supuesta víctima, y consiste en que según el decir de esta, estuvo siendo agredida sexualmente por varios meses, manteniendo relaciones sexuales con el acusado, día de por medio, y aún a veces deja la duda de que lo hizo hasta dos veces diarias, sin que ella planificara ni el imputado usara preservativo y que sin embargo no quedara en estado de preñez.- Esto hace que la tal declaración no sea poco creíble, sino que total y absolutamente increíble, viéndose así que no solo falta a la verdad cuando señala el día del primer ataque que supuestamente sufrió, sino que además en otras circunstancias esenciales. Y qué puede decirse de la figura de la esposa del imputado, cuando ambos tienen un solo cuarto en el que cohabitan y de repente según la declaración de la supuesta víctima, no es ni siquiera una sombra, aparece como una figura totalmente desaparecida, solo habla de los niños diciendo que lo hacían cuando estos estaban dormidos, y resulta imposible creer que el acusado se levantaba sin que su pareja se diera cuenta de ello, es casi como si no existiera su esposa, pues solo aparecen el imputado y sus hijos menores.- Psicológicamente y con base en la experiencia, es imposible que la esposa no vigilara, si al mismo decir de la víctima, ya se enojaba por los muchos regalos que él imputado le hacía y que el cuarto de ellos (los esposos), según se ve de la inspección practicada, tenía puerta que lógicamente el imputado necesitaba abrir para llegar al de la víctima, pasando por los cuartos de sus hijos que no tenían puerta alguna, lo que se afirma siempre con base en la inspección practicada en la casa del imputado. Sobre este aspecto diremos con la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el expediente CP-1423-2003, en sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil cuatro, que la no credibilidad de los familiares de la ofendida, cuando no existen otros testigos directos que confirmen sus dichos, guarda absoluta conformidad con las máximas de la experiencia, que señalan que la coincidencia plena en la declaración de testigos en un cien por ciento, solo puede ser por el carácter excepcional de estos (testigos directos), o por un entendimiento previo, y que en estos casos, debe preferirse la declaración de aquellos que no coinciden en cuestiones periféricas en la relación de los hechos, pero si en lo sustancial, no siendo en consecuencia procedentes los argumentos descalificatorios utilizados por el sentenciador, y por ello la sentencia en su fundamentación intelectiva (valoración de la prueba) viola las reglas de la sana crítica, específicamente las máximas de la experiencia y psicología, sobre todo si no se consignó cuáles reglas se tuvieron en consideración para calificar unas y descalificar las otras, por lo que la sentencia acusada debe ser casada y desde luego anulada. Igualmente, el fallo impugnado no aplica las reglas de la sana critica, porque con la propia deposición de la ofendida M.E.O. aparece que ella miente al afirmar que J. A. G. empezó a abusar de ella en los últimos días del mes de marzo de dos mil seis, pues en esa época de acuerdo al elenco probatorio del juicio y la motivación fáctica del fallo, el imputado no se encontraba en el país, al cual ingresó el catorce de abril de dos mil seis. El Tribunal sentenciador acepta en la “VALORACION” de la prueba que es cierto que J. A. G. retorno al país el catorce de abril de dos mil seis, cuando dice: “…los hechos sucedieron a finales del mes de marzo de dos mil seis; si bien es cierto difieren en cuanto a la fecha exacta en que retorno al país J. A. que fue en el mes de abril de ese mismo año…” deduciéndose así, que queda absolutamente excluido el dicho de la supuesta víctima de que fue agredida sexualmente en el mes de marzo, por lo que no puede su declaración ser tenida por veraz y que en el fallo se condene al imputado por hechos que materialmente no pudo cometer al estar en otro lugar según la valoración del Tribunal acusado. Bajo las condiciones expuestas, es obligado concluir, que el Tribunal acusado en el bajo sub judice, actuó en la fase intelectiva de valoración de pruebas, en una forma empírica, casi como si se tratase de un tribunal de jurados o de hecho y no de un tribunal de derecho, pues debe entenderse que la sana crítica, no es una especie de cheque en blanco para establecer criterios, pues está sometida a reglas que tienen que ver con la lógica, la experiencia y el conocimiento científico y especialmente el psicológico, tratándose de declaraciones de testigos, y que sobre este punto debe existir la debida precisión en el momento intelectivo de la valoración, expresándolo así en el fallo. APLICACION QUE SE PRENTENDE. Se pretende la aplicación del artículo 369 del Código Procesal Penal, en el sentido de anular el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes para que se dicte nuevamente el fallo, de conformidad con la ley, al ser evidente la contradicción. CUARTO MOTIVO: La sentencia acusada es incongruente con las pretensiones de las partes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza este motivo, el artículo 362, preámbulo y número 6), del Código Procesal Penal, en cuanto señala que puede interponerse el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando haya incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. El artículo 337 del Código Procesal Penal, en su párrafo primero establece que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar otros hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. En el requerimiento con que se inician estas acciones, el libelo acusatorio, atribuye al imputado la autoría directa del delito de violación especial cometido en el mes de mayo de dos mil seis, y continuado durante parte de todo el año, hasta la última supuesta agresión sexual que se supone cometida el veintitrés de diciembre de dos mil seis. En la formalización de la acusación, el ente público acusador atribuye los mismos hechos, solo que únicamente señala como fecha en que sucedió el mismo, el veintitrés de diciembre de dos mil seis. Estando presente en la audiencia preliminar, un acusador privado, este solo señala que hubo dos violaciones, una en el mes de mayo y otra en el mes de diciembre, sin señalar el día ni el año. En la audiencia de debate, el Ministerio Público reiteró que el hecho del que se acusa al imputado, ocurrió por primera vez en los últimos días del mes de marzo de dos mil seis, repitiéndose día de por medio, hasta el veintitrés de diciembre del mismo año en que dice que ocurrió por última vez, completándose así el cuadro de pretensiones de la parte acusadora pública y privada, y que señalan, de conformidad con el artículo 337 del Código Procesal Penal, el límite del conocimiento y correspondiente juzgamiento de parte del Tribunal actuante. Al leer el hecho probado número SEGUNDO, puede verse claramente, que el Tribunal sentenciador, expresa: “SEGUNDO: En el mes de abril de ese mismo año, días después del regreso de J. A. G. procedente de Estados Unidos de Norte América, invitó a M.E.O.a su casa para que se midiera una ropa que le había traído de regalo, ingresándola al primer cuarto ubicado detrás de la puerta de entrada a la vivienda, una vez ahí le dijo que se quitara la ropa negándose M.E.O hacerlo, por lo que J. A. se la quitó y la subió sobre un baúl, procediendo a tomarle fotografías para luego acariciarle los pechos, y penetrarla sexualmente con su pene.” Como podrá observarse, es evidente, notorio, protuberante, que el Tribunal de Sentencia acusado, olvidando su sagrada misión de resolver “secundum jus”, dictó una sentencia definitiva en la que se apartó en forma absoluta de los hechos y circunstancias contenidos tanto en la formalización de la acusación, como el auto de apertura a juicio, e igualmente en las circunstancias de estas actuaciones, y consecuentemente, tal fallo se resquebraja y cae por su base, imponiéndose su nulidad. Lo anterior es así, porque resultan vulnerados los derechos del debido proceso, el de legalidad e igualmente los principios de in dubio pro reo, de contradicción y otros derechos constitucionales y humanos, que han hecho imposible esgrimir una eficiente defensa en beneficio del imputado, al enderezar este su prueba a desvirtuar el espectro acusatorio y condenársele por hechos totalmente distintos. APLICACIÓN QUE SE PRENTENDE. Se pretende la aplicación del artículo 369 del Código Procesal Penal, en el sentido de anular el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes para que se dicte nuevamente el fallo, de conformidad con la ley.” IV.- El recurrente desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACION POR VIOLACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. UNICO.- Violación del artículo 82 en lo que dice: “El derecho de defensa es inviolable”, y del Artículo 90 que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ambos en relación con los artículos 64 y 320 todos de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza este Motivo el artículo 361 del Código Procesal Penal que dice, que puede interponerse Recurso de Casación contra una resolución judicial por infracción a un Precepto Constitucional. EXPLICACION DEL MOTIVO. El artículo 64 de la ley Primaria dice: “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. El artículo 320 de la Carta Magna establece: “en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicara la primera”. EXPLICACION DE LA VIOLACION. La sentencia impugnada CONDENA por hechos que no han sido parte integrante del espectro acusatorio, al condenar por hechos supuestamente sucedidos en el mes de abril de dos mil seis, cuando la acusación señala que fue en los últimos días del mes de marzo del mismo año, lo que vulnera las garantías constitucionales del imputado, al no poder producir su prueba sobre el hecho de la condena, o sea, contradecir unos hechos y ser condenado por otros no sometidos ni a prueba ni a contradicción. Se acusa a J. A. G. (mi cliente) porque se dice que “en los últimos días del mes de marzo de dos mil seis” “en el mes de mayo de dos mil seis” y el “veintitrés de diciembre de dos mil seis” cometió el supuesto delito de violación especial en perjuicio de M.E.O, e incluso así lo declara reiteradamente la ofendida cuando en su deposición manifiesta: “… que el imputado empezó a abusar de ella en los últimos días del mes de marzo…”, “el hecho ocurrió en un cuarto eran como las diez de la mañana”, y “que el primer abuso fue el último día del mes de marzo”; pero de los autos resulta probado, y así lo ha aceptado expresamente el Tribunal acusado en la valoración de la prueba que hace bajo DECIMO TERCERO consignado en la sentencia, que J. A. G. no estuvo en Honduras, sino que hasta el catorce de abril del mismo año ya que estaba en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que no es posible que se haya cometido el hecho en los últimos días del mes de marzo; y en cuando a la segunda fecha mencionada se probó plenamente y así lo aceptó el Tribunal, que tampoco ese día 23 de diciembre de 2006 era posible cometer el delito por el que se le acusa por que se encontraba congregado con sus fieles en una concentración religiosa.- Sin embargo, lo que produce la violación del precepto constitucional es cuando el Tribunal estima probado que fue en abril de dos mil seis, hecho del cual no había sido formalmente acusado. De lo anterior se desprende, que la sentencia condenatoria recae contra el imputado por supuesta violación especial cometida en fecha distinta de la contenida en el libelo acusatorio, no dándosele en consecuencia oportunidad de defenderse de esa nueva fecha, por no ser parte de la contradicción, esta circunstancia tuvo como consecuencia que solo se defendiera de los días que contenía la acusación, porque supuestamente esos fueron los días en que se cometió el delito acusado.- Claramente en tales circunstancias. se ve que a J. A. G. no se le dio oportunidad de defenderse por delito alguno cometido en otras fechas que las mencionadas, ya que el mes de abril no fue controvertido en juicio, vulnerándose así el debido proceso, con todas sus incidencias de violación del derecho a la defensa, indubio pro reo, principio de contradicción y demás derechos humanos que la ley trata de proteger a las personas imputadas. En tales condiciones, debe celebrarse nuevamente el juicio oral y público, para que el imputado tenga la oportunidad de gozar de un debido proceso, con el uso de los correspondientes recursos, y con otro Tribunal que no tenga prejuicios como los que se han externado en este recurso. ALCANCE DE LA IMPUGNACION. La presente impugnación tiene por propósito, lograr que restituyéndose al imputado al goce de sus derechos y garantías constitucionales, se decrete la nulidad del juicio efectuado en su contra, y se celebre uno nuevo, en el que se puedan contradecir en forma diáfana y clara, las pretensiones de la acusación, conforme a lo dispuesto en el artículo 369 del Código Procesal Penal y sobre todo observando los principios del debido proceso.” V DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR QUE LOS HECHOS PROBADOS NO SON CLAROS EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. El recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de los hechos probados establecida por el Sentenciador no son claros ni terminantes”. Esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes: El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “ la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca el impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos) . El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho, tal es el caso por ejemplo si el juzgador empleara expresiones tales como, “posiblemente”, “tal vez” u otras análogas que no representen la certeza que el hecho histórico probado requiere y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro. Explicado cada supuesto, nos ubicamos ahora en el segundo vicio que es el alegado por el impetrante (hechos probados que no son claros ni terminantes) vicio que en todo caso debe darse en el relato mismo de los hechos probados en su relación interna, no en la relación de los hechos probados con la valoración de las pruebas de las cuales se han colegido. El argumento del casacionista de que falte precisar el día exacto y la hora y que según la prueba el imputado no pudo cometer el hecho, no permite examinar por este motivo la supuesta falencia señalada, pues ciertamente se aprecia claridad en los hechos de forma tal que es plausible asociar sin lugar a dudas el cuadro fáctico con el tipo penal por el que fue sancionado el procesado, el hecho probado requiere claridad y terminancia con respecto al tipo penal que se aplica no sobre incidencias menores, siempre y cuando estas no incidan en la factibilidad de aplicabilidad del injusto penal, sin perjuicio que pudiera ser atacada por otro motivo cuando dicha precisión pudiera tener alguna trascendencia. No procede este motivo de casación. VI DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR CONTRADICCION EN LAS MOTIVACIONES FACTICAS DE LA SENTENCIA EN SU SEGUNDO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. El recurrente viene invocando como motivo de Casación la contradicción de las motivaciones fácticas de la sentencia, señalando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes: Las motivaciones fácticas contradictorias de una sentencia, suponen una pérdida de coherencia en la argumentación del fallo, implica una contraposición de juicios excluyentes entre si, se estaría ante esta falencia si en el fallo el juzgador en la valoración probatoria llega a determinar una conclusión de naturaleza fáctica y en los hechos que declara probados no refleja dicha conclusión o si existe una contradicción entre los hechos probados y la fundamentación jurídica o bien en la relación interna de la valoración probatoria o de la motivación jurídica. Ahora bien, dados los argumentos del censor, se aprecia una fustigación orientada a el mecanismo intelectivo empleado por el juzgador para llegar a las conclusiones a que arribó refutando que no debieron ser esos los razonamientos adecuados y que bajo el razonamiento que el impetrante supone correcto, resulta contradictoria la motivación fáctica, sin embargo, la contradicción de la motivación fáctica debe buscarse en la valoración probatoria o en la fundamentación jurídica tal y como es ofrecida por el Tribunal en relación con los hechos probados independientemente que sean correctas o no tales valoraciones o fundamentaciones, pues el erróneo desempeño en las valoraciones supone acudir a otro vicio de actividad procesal distinto del elegido por el recurrente que deberá examinarse en el abordaje del motivo pertinente. Por tales razones, no procede el motivo de Casación invocado. VII EL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR QUE EN LA VALORACION DE LA PRUEBA SE INOBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN SU TERCER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. La sala penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente, analizando la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia a efecto de determinar si efectivamente como lo afirma el impetrante, no se observaron las reglas de la sana crítica o si por el contrario fueron observadas por el tribunal a quo. Esta sala de lo penal, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) Encuentra que el tribunal de instancia ha realizado una correcta valoración de la prueba en base a las reglas de la sana crítica, en tanto que ciertamente puede derivarse de la declaración de los testigos de cargo, en relación con la prueba de Inspección, documental y periciales, que efectivamente el imputado fue la persona que abusó sexualmente de la menor M.E.O; Si se analiza la prueba en su conjunto, se tiene que una niña que se encontraba bajo el cuidado del imputado, asegura haber sido abusada sexualmente por el encartado, señalando detalles como que el imputado le hacía regalos, le daba ropa, la colocó sobre un baúl, luego tenemos elementos probatorios que verifican estos extremos, incluso testigos de descargo que afirman que efectivamente el imputado le daba regalos a la ofendida, el examen médico que confirma indudablemente un acceso carnal, incluso por las características de la lesión provocadas por un pene adulto, se verificó la existencia del baúl, la confirmación de un daño psicológico severo en la ofendida por eventos postraumáticos (dictámenes psicológico y psiquiátrico), que le genera miedo en relación al procesado, constituyendo todos estos elementos en su conjunto, un punto de apoyo que permite llegar a establecer la certeza y convicción de los hechos que el Tribunal ha llegado a declarar como probados. 2) En cuanto a la valoración del testimonio de la niña víctima, el Tribunal considera dos aspectos sumamente importantes en opinión del Supremo Tribunal, el primero, que se refiere a la memoria pues es sabido que las condiciones de la memoria varían con el transcurso del tiempo, en ese sentido requieren un mayor esfuerzo memorativo el recordar fechas y horas cuando se relata mucho tiempo después de sucedido el hecho, por ello el tribunal analiza que la confusión de la menor se debe al transcurso del tiempo desde que sucedieron los hechos y la fecha en que la víctima denuncia los abusos sexuales sufridos y rinde su declaración ante el Tribunal, el otro aspecto tiene que ver ciertamente con las reglas de la psicología, pues ha de tomarse en cuenta el estado emocional de la persona al momento de la percepción de los hechos, en el caso de la víctima (una niña de once años), representa un evento traumático directo que al relatar implica una revictimización y sufrimiento que importa una afección emocional que le conduce a asumir posturas defensivas, por ello ha de tenerse sumo cuidado al pretender desacreditar a la víctima por razones emocionales, téngase presente que “El ofendido, en su condición de tal, no puede tener animosidad sino contra el verdadero ofensor; y por eso, decir al ofendido que no puede creérsele en su declaración que denuncia al delincuente porque él, como ofendido, abriga odio contra aquel, es una verdadera y flagrante antinomia, pues es como reconocer la verdad de la denuncia, queriendo, a un mismo tiempo, negarle credibilidad”[1],por ello es comprensible que el tribunal de instancia razone que “se debe recordar que este tipo de hechos son eventos traumáticos y que en muchas ocasiones como mecanismo de defensa la víctima trata de no recordar”, y estas conclusiones del Juzgador son extraídas de hechos debidamente probados mediante medios altamente confiables como ser los dictámenes médico, psicológico y psiquiátrico, que se ven complementados por la declaración de la víctima, en consecuencia, se estima que el Tribunal si observó las reglas de la sana crítica, no procede el motivo invocado. VIII DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CON LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES EN SU CUARTO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. Esta Sala de lo Penal ha estudiado debidamente la sentencia recurrida y las pretensiones de las partes oportunamente deducidas a efecto de resolver lo planteado por el recurrente, procediendo a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) El sistema acusatorio que informa el proceso penal hondureño particularmente exige que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia, de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer pruebas y participar en su práctica y en el debate, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa y sin que la sentencia de modo sorpresivo pueda condenar por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo cual consiguientemente no pudo articularse la estrategia exigida por la ley en garantía de la posición procesal del imputado. Si bien la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula, algunas descripciones pueden no ser tan precisas en tanto no incidan en la calificación del hecho y no limiten el derecho de defensa, por ello la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse. 2) Resulta evidente que no cabe apreciar vulneración alguna del principio de congruencia entre sentencia y la acusación, pues un examen detenido de los distintos actos procesales en los cuales el Ministerio Público ha venido fijando los parámetros de la persecución penal, revela que tanto en la formalización de la Acusación como en el auto de apertura a juicio, los hechos por los que se pretendió siempre juzgar al imputado y la calificación que siempre se solicitó de los mismos, son siempre atinentes al delito de Violación Especial y esta calificación jurídica es la que la defensa ha venido refutando durante toda la tramitación del juicio en igualdad de condiciones que el ente persecutor de la acción penal, lo que ha garantizado en todo momento el derecho de defensa. 3) Que la acusación exprese que el hecho ocurrió en una fecha y que luego se de por acreditado que ocurrió en otra, no afecta el principio de correlación entre acusación y sentencia en virtud de que la calificación jurídica permaneció invariable y no enervó el derecho de defensa, la conducta sometida a juicio fue calificada por el Ministerio Público como VIOLACION ESPECIAL; El Tribunal sentenciador hizo una valoración probatoria para arribar a la conclusión de que el autor de los hechos fue el imputado J. A. G. Esta conclusión a que llegó el tribunal responde a la fijación de hechos y pretensión de calificación jurídica que desde el momento del requerimiento fiscal ha pretendido el Ministerio Público y que desde el primer momento ha conocido la defensa y ha tenido la oportunidad de defenderse e ir contradiciendo en todas las etapas del proceso, en consecuencia, esta Sala de lo Penal, no estima que concurra el motivo de casación de incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337 del Código Procesal Penal. IX DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA. El impetrante señala como motivo de casación la infracción de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 64 y 320 de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Esta sala de lo penal analizado los preceptos invocados por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc.…2) Aprecia el Tribunal de Casación que el impetrante ha presentado este motivo en forma desordenada y falto de claridad, pues siendo los preceptos rectores de su motivo el 82 y 90 de la Constitución, inicia el abordaje por el artículo 64 de la Constitución que establece que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, luego cita el artículo 320 de la misma Constitución que establece que “En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”, sin embargo, no expone cual es la ley o disposición gubernativa de otro orden que regula el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías de la constitución que es disminuido, restringido o tergiversado por dicha normativa, tampoco explica en que situación se produce la incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, mas aún, no explica la relación que guardan estos artículos constitucionales con el 82 y 90 Constitucional y como se da la infracción. 3) Con respecto al artículo 82 de la Constitución, si logra el impetrante exponer en su parte medular que la sentencia condenatoria recae contra el imputado por supuesta violación especial cometida en fecha distinta de la contenida en el libelo acusatorio, no dándosele en consecuencia oportunidad de defenderse de esa nueva fecha, por no ser parte de la contradicción, esta circunstancia tuvo como consecuencia que solo se defendiera de los días que contenía la acusación, porque supuestamente esos fueron los días en que se cometió el delito, argumentando que el mes de abril no fue controvertido en juicio, vulnerándose así el debido proceso con todas sus incidencias de violación del derecho a la defensa; ahora bien, cierto es que el Tribunal de instancia dio como probada una de las fechas de la violación en una fecha distinta de las señaladas por la ofendida y el Ministerio Público, aspecto que ya ha comentado esta sala no tiene mayor incidencia en tanto no modifique la calificación jurídica del hecho, sin embargo, pudiera tener relevancia a efectos de la violación de los preceptos Constitucionales invocados, tomando en consideración que la estrategia de la defensa se centró en demostrar que en las fechas controvertidas, el sospechoso se encontraba fuera del país, de manera que no deja de ser un exabrupto que eventualmente pudiera comprometer derechos fundamentales del encartado, el hecho de que el Tribunal de instancia de por probado un hecho trascendental en este caso (fecha en que el imputado estaba en el país) que no ha sido introducido a la controversia por ninguna de las partes. Dicho esto, es necesario hacer algunas consideraciones previas a efectos de determinar si se accede a lo solicitado por el censor, veamos; ¿Los hechos probados relatan solo una violación especial o relatan más de una violación especial? ¿La parte resolutiva, contiene la condena por un delito de violación especial o por más de un delito de violación especial en concurso real? Pues bien, examinada la sentencia, se aprecia que en los hechos probados se relatan por lo menos dos violaciones, la primera ocurrida en abril de 2006 (en fecha no sometida al controvertido y que no pudo refutar sobre ello nada la defensa) y la segunda ocurrida el 23 de diciembre del año 2006 (fecha que siempre fue controvertida); En la parte resolutiva de la sentencia se condena al imputado por el delito de Violación especial, a una pena de 18 años de reclusión mas las de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena y tomando en cuenta que la pena abstracta de la violación especial es de 15 a 20 años de reclusión y la agravantes consideradas por el juzgador, resulta obvio que la pena impuesta corresponde únicamente a un delito de violación especial, lo que demuestra un yerro en la apreciación del juzgador de instancia, al tomar en cuenta las distintas violaciones como una sola, cuando sin duda alguna se trata de un caso de concurso real de delitos (artículo 35 Código Penal) pues se está frente a “una pluralidad de hechos de un mismo sujeto que constituyen una pluralidad de delitos”[2] . 4) Las infracciones invocadas por el censor tendrían trascendencia, si se hubiese condenado al imputado por los dos delitos de violación, o si se le hubiese trascrito únicamente la violación del mes de abril, pero habiéndose reflejado en los hechos probados al menos dos delitos de violación, y condenado solo por uno, resulta intrascendente acceder al motivo de Casación pues habiéndose condenado a una pena correspondiente a un delito de violación, esta es en opinión de la sala, perfectamente atribuible al hecho ocurrido el 23 de diciembre de 2006, fecha que siempre fue controvertida en todas las etapas del debate y en la cual el imputado se encontraba en el país. 5) Uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo Constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, en tal sentido se aprecia que no obstante no poder fustigar la defensa los hechos ocurridos en el mes de abril de 2006, ha resultado probado que los ocurridos el 23 de diciembre de ese mismo año, fueron suficientemente debatitos en igualdad de condiciones por las partes legalmente constituidas en el juicio, teniendo oportunidad la defensa de instar todo cuanto estimó necesario en provecho de su representado, no obstante tales esfuerzos de la defensa resultó una condena por un delito de violación que este Tribunal estima procedente en relación a los sucesos del 23 de diciembre del año 2006. Entiéndase pues en el caso del imputado, el derecho de defensa como la potestad por si y por medio de su abogado de intervenir en todas las incidencias procesales respetando las normas del debido proceso previamente establecidas porque ello contempla garantizar la igualdad de las partes involucradas en el proceso. Así las cosas, este Tribunal de Casación no aprecia que la resolución judicial venida en Casación implique violación al derecho de defensa y debido proceso del imputado, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado.POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 1, 61, 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362 preámbulo y números 1), 2) , 3), 6), y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en sus cuatro motivos. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Interpuestos por el Abogado R. G. T. L. en su condición de apoderado defensor del señor J. A. G. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio del año dos mil once.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de abril del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-185-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Acuña B. Ewald. Psicología del Testimonio. 1ª edición. Editorial Jurídica Continental. 1999. P 8

[2] Mir Puig Santiago. Derecho Penal Parte General. 8ª edición, B de F. Montevideo-Buenos Aires. 2009. P 650