Sentencia CP-172-10 — Registro 2137
Resumen
En primer instancia se condeno al imputado por el delito de homicidio y tentativa de homicidio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“I.- El sistema de valoración de prueba de sana crítica, como regla que ha de regir la deliberación y votación, al tenor de lo que dispone el artículo 336 del Código Procesal Penal, implica a su vez, la obligación jurisdiccional de exponer y dejar sentado en la sentencia los fundamentos del razonamiento lógico y su referencia causal1; para ello, se hace necesaria la observancia de los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Entre estas normas de la lógica se encuentran, la ley de identidad, la ley de contradicción, la ley del tercero excluido y la ley de razón suficiente. Respecto al primer recurso de casación por quebrantamiento de forma, que ha sido interpuesto, la defensa ha considerado infringidas normas de la lógica, como la ley de contradicción y la ley de razón suficiente, así como normas de experiencia común. Es sobre la concurrencia o no de dichas infracciones que se centrará el análisis del recurso examiné. Tal y como lo explica E. Bacigalupo, la formación de la convicción judicial sobre los hechos, se caracteriza por dos niveles diversos: El primer nivel consiste en la formación sobre la base de lo percibido en el juicio oral de las premisas de las que se debe deducir la valoración de la prueba. Este nivel corresponde básicamente a la decisión sobre la existencia o no de prueba de cargo. En el segundo nivel se trata de la observancia de las leyes de la lógica, de los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos de las deducciones que el Tribunal formula a partir de la prueba de cargo. Este nivel constituye lo que se puede designar como la infraestructura racional de la formación de la convicción. En el devenir de ambos niveles lo que se busca es comprobar la credibilidad de las pruebas aportadas por las partes; y este juicio de credibilidad aparece integrado por: 1) la fiabilidad o confianza que genera cada uno de los medios probatorios; 2) la significación que debe otorgarse a los hechos expuestos al juzgador por cada uno de esos medios de prueba; y 3) la verosimilitud o creencia de que son verdaderos o falsos los hechos así aportados al proceso. La deducción ante todo, no debe ser lógicamente contradictoria. Por otra parte, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener, valga la redundancia, una razón suficiente que lo explique. Lo que es, es por alguna razón, "nada existe sin una causa o razón determinante”. Es así que, las leyes de contradicción y razón suficiente y las normas de experiencia se entrelazan; ya que, el juzgador ha de estar vinculado a las reglas normales de experiencia y conocimiento cuya explicación al tema debe explicitar y fundar. El método apela a una racionalidad que puede caracterizarse como la aplicación de los criterios de experiencia que nos permiten fundar afirmaciones, que llevan a formular conclusiones aceptables o socialmente plausibles respecto a que algo es probable, evidente, dudoso o cierto. II.- Dicho lo anterior, como se deriva de la sentencia que se recurre por vía de casación, en el numeral segundo de la valoración de la prueba, el Tribunal de Sentencias considera que algunos de los hechos narrados por los testigos G. R. y J. A. R. M. son inverosímiles, ya que, en su opinión “lo más lógico hubiera sido que el sobreviviente declarara lo mismo ante la policía y no hubiera mostrado ningún resquemor” (ver f-741); lo que confirma, luego de analizar las declaraciones de J. B. M. y O. M. H. en relación a los testigos antes mencionados, al expresar: “Cabe señalar además, que si fuera cierto el extremo declarado por los testigos G. R. y J. A. R. M., antes valorados, cuando refieren que la víctima inculpó de lo sucedido a un compañero, consideramos que dicha víctima no hubiera tenido problema alguno en dar esa misma versión a la autoridad policial” (ver f-741v); Sin embargo, en el numeral tercero de la valoración de la prueba, al referirse a la prueba anticipada consistente en la declaración rendida por el testigo protegido con la clave …, el Tribunal refiere: “No advertimos contradicciones en su relato de hechos; él deja entrever la pasividad con que los elementos policiales actuaron y más grave aún, señala que uno de ellos fue quien buscó el vehículo que los trasladaría hasta un lugar en donde tomarían otra unidad para salir de …, de allí que no nos extrañe su desconfianza hacia la autoridad policial” (ver f-743). Estas aseveraciones del Tribunal de Sentencia, resultan a toda luz contradictorias; en vista de que por un lado, desacredita dos testimonios, por considerar que si el testigo protegido con la clave …, hubiera tenido confianza de contarle lo sucedido a dos extraños, también lo hubiese relatado ante la Policía; pero luego, al apreciar el testimonio del testigo protegido con la clave 01220605, entiende que no tuviera confianza a la Policía. Con esta argumentación, además el A-quo establece una especie de requerimiento para la confianza, significación y verosimilitud de los testigos G. R. y J. A. R. A.; que no sólo resulta ajena a ellos mismos, sino que al ser contrastada con el testimonio de la víctima, el testigo protegido con la clave …, trae como consecuencia, tal y como lo hemos señalado una infracción a las normas de la lógica, específicamente a las leyes de contradicción y de razón suficiente; esto último porque la simple enunciación de que les parece que lo lógico hubiese sido un actuar diferente al que se realizó, no explica suficientemente la apreciación que de dichos testigos se tiene; en especial cuando con ello no se toma en cuenta, que hubieron razones determinantes para que desconfiara de la Policía, que posteriormente el mismo tribunal aduce. III.- En virtud de lo antes expuesto, debe concluirse, como efectivamente lo hace esta Sala de lo Penal, que la sentencia definitiva fue dictada, bajo parámetros de incumplimiento a las reglas de la sana crítica, en específico, a las normas de la lógica, en lo que a las leyes de contradicción y razón suficiente conciernen; y en consecuencia debe ser declarado Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Quebrantamiento de Forma invocado por el recurrente. IV.- No se conoce de los otros Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, así como por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, al haberse declarado con lugar el primer motivo alegado.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 31, 32, del Código Penal; 202, 338, 359, 362 preámbulo y numeral 3) y 369 del Código Procesal Penal.-
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice:”EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.-LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil once, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO Y JACOBO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de marzo de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso Departamento de Yoro, mediante la cual CONDENO al Señor E. G. H., por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de los Señores M. A. V., O. J. M. E., J. J. C. A., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION por cada uno de los perjudicados; asimismo, CONDENO a dicho acusado a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio del Testigo Protegido con Clave 01220605, como también lo condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo que dure la condena y a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal.- DECLARO a dicho condenado responsable civilmente, y no condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.-Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley, e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado C. D. P., en su condición de Apoderado Legal del Señor E.G. H..-SON PARTES: El Abogado C. D. P., en su condición de Apoderado Defensor del señor E. G. H., como recurrente y la Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como recurrida.-HECHOS PROBADOS.-“Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Que el día 25 de Mayo del año dos mil cinco a las tres de la tarde, en la jefatura de la Policía Nacional del Municipio de Morazán, Departamento de Yoro, el Agente Policial O. M. H. recibió una llamada anónima de persona del sexo masculino en la cual solicitaban apoyo policial ya que se encontraban unas personas sospechosas en un negocio de agroveterinaria; atendida ésta denuncia fueron detenidos los jóvenes M. A. V., D. E. C., O. J. M. E. y C. A. H., éste último identificado posteriormente como J. J. C.; y llevados a la posta policial a las 15:25 horas. SEGUNDO: Que el día 25 de Mayo del año dos mil cinco, en horas de la tarde, estando en una celda de la jefatura de la Policía Nacional del Municipio de Morazán, Departamento de Yoro, los jóvenes M. A. V., D. E. C., O. J. M. E. y C. A. H., éste último identificado posteriormente como J. J. C.; llegaron varias personas a verlos, incluyendo el señor E. G. H. quien habló con los detenidos y les solicitó que le devolvieran un producto que según él, éstos se habían llevado de su negocio agroveterinario. TERCERO: Que el día 26 de Mayo del año dos mil cinco, a las 15:30 horas, fueron puestos en libertad los jóvenes M. A. V., D. E. C., O. J. M. E. y C. A. H., éste último identificado posteriormente como J. J.C.; en virtud de haberse cumplido las 24 horas de detención sin que se formalizara denuncia en su contra. CUARTO: Que una vez que los jóvenes M. A. V., D. E. C., O. J. M. E. y C. A. H., éste último identificado posteriormente como J. J. C., fueron puestos en libertad y cuando se disponían a salir del municipio de Morazán, Departamento de Yoro, en un vehículo pick up; entre las 3:30 y 4:00 pm., fueron interceptados por un vehículo doble cabina, color blanco, vidrios polarizados, conducido por el señor E. G. H., quien en compañía de dos personas más, los condujeron a una montaña situada en el sector que del desvío de Chililenga conduce a la Aldea Payas, jurisdicción del municipio de Morazán; puestos en dicho lugar, los jóvenes M. A. V., D. E. C. (protegido después con la clave 012206605), O. J. M. E. y C. A. H., éste último identificado posteriormente como J. J.C.; E. G.H., ordenó al testigo protegido con clave 0122O6605 que se bajara del vehículo, acto seguido le disparó un arma de fuego provocándole una herida en la región mamaria derecha y otra herida en región anterior de antebrazo izquierdo con orificio de entrada y salida; el ofendido cayó rodando por una hondonada lo que evitó que el acusado le quitara la vida, siendo que continuó disparándole. QUINTO: Que el día 26 de Mayo del año dos mil cinco, entre las 3:30 y 4:00 p.m. En una montaña situada en el sector que del desvío de Chililenga conduce a la Aldea Payas, jurisdicción del municipio de Morazán, el señor E. G. H., en compañía de dos personas más, dieron muerte a: 1) M. A. V., quien en ese momento cursaba con un embarazo de catorce a dieciséis semanas; provocándole una herida causada por proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada detrás de la axila izquierda y trayecto de atrás hacia adelante. izquierda-derecha, abajo-arriba; la cual le produjo herida de piel, fractura de costilla, clavícula derecha, hombro derecho; laceró trapecio, esófago, pulmón izquierdo y arteria principal de cuerpo (aorta); con orificio de salida en la región lateral derecha del cuello; la cual causó su fallecimiento. 2) C. A. H., identificado posteriormente como J. J. C.; provocándole una herida en la cabeza, con orificio de entrada en la región occipital, trayecto de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, la cual provocó: a) fractura multidireccional de la bóveda craneal sin desplazamiento de fragmentos óseos; b)laceración cerebral; c) orificio de salida frontal, la cual causó su fallecimiento, y 3) O. J. M. E.; provocándole una herida en la cabeza, con orificio de entrada en la región occipital y orificio de salida en región frontal, la cual causó su fallecimiento. SEXTO: Que el día 26 de Mayo del año 2005, a las 10:00 p.m., en la Aldea La Cruz del municipio de Morazán, departamento de Yoro, el testigo protegido con clave 012206605 y único sobreviviente de los hechos, llegó al portón de la casa del señor G. R., quien le dio agua y le señaló una casa abandonada en donde podía quedarse esa noche; a las seis de la mañana del día siguiente fue trasladado a la posta policial de Morazán, por el señor J. A. R. A.; estando en la posta policial fue remitido al Hospital de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro.” CONSIDERANDO.-I.-El Recurso de Casación por el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.-II.- El recurrente ABOGADO C. D. P., procedió a formalizar su Recurso de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORRMA. El Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado E. G. H., cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, al NO OBSERVAR LA REGLA DE LA SANA CRITICA DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LÓGICA DE LA COHERENCIA ESPECÍFICAMENTE EL PRINCIPIO LÓGICO DE NO CONTRADICCIÓN. Vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE.- En el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando ha incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, veamos: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” PRECEPTO INFRINGIDO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro).- Por su parte el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Artículo 338 del Código Penal que expresa: “Requisitos de la sentencia- Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: primera:...Segunda:... Tercera:...Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1), 2) Valoración de la Prueba. Seguidamente se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. (Lo recalcado es mío). EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.-En el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2 del mismo código (“.., justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...”), aparece el principio de razón suficiente, según el cual, en palabras del jurista argentino FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal), “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.”.- El tribunal debe estructurar sus conclusiones de las pruebas que obren en juicio, y en la dirección en que estas apuntan, de tal forma que no puede establecer su convicción en un sentido distinto al que todas ellas refieren cierta circunstancia de hecho.- Es decir, el juzgador debe reconstruir conceptualmente el hecho, de la forma en que le informan las pruebas y no en otra dirección, pues de hacerlo vulneraría la característica de lógica que debe reunir la motivación fáctica (del hecho), vulnerando a su vez el sistema de sana crítica racional que informa la valoración de la prueba. Asimismo, en la valoración de la prueba (que forma parte de la fundamentación de la sentencia), el juzgador debe basarse en las normas de la experiencia común, que son en palabras del citado autor “nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles.- De tal forma, que la sentencia que razona en contra de esas máximas contiene un vicio indudable en su motivación que será controlable en casación, puesto que al ser del dominio de cualquiera, puede juzgar con más propiedad la información que le brinda la prueba y así poder representarse el acontecimiento histórico que pretende reconstruir.(Argumentos básicos de los Recursos de Casación invocados ante esta sala de lo penal). En el caso que nos ocupa, iniciarnos nuestra invocación del quebranto de forma en la sentencia recurrida, ya que consideramos que la conclusión a que arriban los jueces de sentencia de que E. G. H., es responsable de los delitos de HOMICIDIO Y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, es producto de la inobservancia a las reglas de la sana crítica por parte de los Jueces de Sentencia, ya que al momento de valorar la prueba evacuada de los testigos de cargo propuestos por el Ministerio Público, a sabiendas descartaron la veracidad que contenían esas declaraciones y en tal sentido su ánimo interior afectó su juicio valorativo a tal extremo que los hizo incurrir en el vicio denunciado, ya que mencionan en sus motivaciones valorativas, que esas declaraciones vertidas por los testigos de cargo G. R. Y J. A. R. M., eran incongruentes, que carecían de veracidad, que se orientaban a beneficiar al imputado, que las mismas se contradecían con el medio de prueba denominado prueba Anticipada del testigo protegido número 01220605, pero a la misma vez en esas motivaciones valorativas, en forma contradictoria, los Jueces, agregan que esas declaraciones testifícales de cargo propuestas por el Ministerio Público les confieren valor probatorio, por ser creíbles, congruentes, por no ser contradictorias con el medio de prueba denominado Prueba Anticipada del testigo protegido numero 01220605. En tal sentido éste razonamiento judicial es atentatorio contra la regla de la lógica de no contradicción, contemplada la lógica como una regla de la sana crítica que se subsume como vicio de la sentencia cuando esa regla es inobservada por los Jueces de Sentencia al momento de pronunciar su fallo judicial, tal como a continuación lo demostrare: VIOLACIÓN A LA REGLA DE LA SANA CRÍTICA DE LA LÓGICA DE NO CONTRADICCION. El vicio acontece en la sentencia recurrida en la valoración de la prueba de los testimonios de los señores G. R. y J.A. R. M., contenida en la páginas 7 y 8, que literalmente dice: “...Los integrantes de este Tribunal de Sentencia conferimos valor a las declaraciones de los testigos de cargo a que nos hemos referido, puesto que con sus dichos se da por acreditado el hecho sexto que ha sido declarado probado, en sus testimonios se advierte muchos puntos coincidentes con el resto de prueba evacuada en juicio y que sirven para confirmar lo declarado por el testigo protegido, como ser, ambos señalan que auxiliaron al ofendido; el primero le da agua y le señala el lugar donde puede pasar la noche; al día siguiente, el segundo testigo es quien lo traslada a la posta policial; coinciden también con el número y ubicación de lesiones que observaron en el cuerpo del testigo protegido, como también se describen en la evaluación médica. Otro punto en el que concuerdan estos testigos y el ofendido, es el dato que este último les dio sobre la situación en la que habían quedado sus parientes y las sospechas de que estuvieran sin vida. En virtud del principio de inmediación, estos juzgadores percibimos la intensión de los testigos al pretender favorecer al acusado; declarando extremos inverosímiles, como ser, G. R., dijó que la víctima les exteriorizó sus sospechas sobre unos compañeros; y el segundo testigo declaro que la víctima sobreviviente responsabilizó de los hechos acontecidos, a un compañero llamado F. que se encontraba en El Negrito, en la habitación No.11, éste Tribunal considera, que si así hubiese sido, lo más lógico hubiese sido que el sobreviviente declarara lo mismo ante la policía y no hubiere mostrado ningún resquemor de acudir ante las autoridades policiales de Morazán. Lo mismo ocurre con las supuestas amenazas de que fue objeto el testigo J. A. R. M., por parte del agente de investigación E. C. V., pues dicha manifestación solo resulta ser una especulación, dado que este hecho, no fue denunciado, ni investigado para comprobar su veracidad.”(Lo resaltado es nuestro).- Al comenzar a darle demostración a nuestra invocación del Motivo de Casación por Quebranto de forma, diré, como bien se sabe, de la Regla de la sana crítica que corresponde a la lógica surge el principio de no contradicción, que se sustenta en la fórmula de que una cosa no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo; es decir una cosa o sujeto, en atención a una misma situación o relación, no puede ser y no ser al mismo tiempo. Visto de otra manera, si se afirma algo de alguna cosa o sujeto, quién la afirma no puede a la vez negarlo, refiriéndose a la misma cosa o sujeto, bajo la misma situación o la misma relación; porque al afirmarse y negarse lo mismo de la misma cosa o sujeto, o ya sea la afirmación o ya sea la negación debe ser falsa. Este principio nos lleva al entendimiento, de la lógica formal, de que el juicio de no contradicción, o que en dos juicios contrarios, uno tiene que ser falso; porque la cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, dá lugar por el ejemplo cuando, en un fallo judicial los jueces de sentencia, por un lado, afirman que determinado hombre es moral, honesto, que dice la verdad, es creíble, que habla con veracidad etc.; pero, no obstante, frente a la misma situación o relación, también, esos mismos Jueces de Sentencia, afirman que ese mismo hombre es inmoral, deshonesto, que no dice la verdad, que no es creíble, que habla cosas inverosímiles etc. Entonces, se afirman juicios contrarios que se excluyen el uno al otro, por lo que no se puede atribuir una cualidad y negarse al mismo tiempo, por lo que se infiere que indefectiblemente uno de los dos juicios es falso. En el caso que nos ocupa, de la simple, lectura de la valoración de la prueba que hace el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro de los testimonios de los testigos de cargo del Ministerio Público G. R. y J. A. R. M., se observa sin dificultad alguna, que acontece el vicio denunciado, ya que por ejemplo, entre otras cosas los Jueces de Sentencia de El Progreso, Yoro expone un pensamiento donde afirman que estos testigos de cargo G. R. y J.A. R. M., son creíbles ya que sus dichos concuerdan con los hechos probados, que sus declaraciones también concuerdan con la declaración del testigo protegido y por ende dicen cosas verisímiles etc. y por otro lado, en la misma valoración de esa prueba exponen otro pensamiento donde se contradicen, al afirmar los Jueces de Sentencia, que esos mismos testigos G. R. y J. A. R.M., no son creíbles porque sus dichos no concuerdan con los hechos probados ya que están orientados a beneficiar al imputado; en consecuencia dicen cosas inverosímiles etc. El recurrente es del criterio, que si el legislador ha establecido el Artículo 338 del Código Penal que:“…, 2)Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en el juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. (Lo recalcado es mío);se colige que lo ha hecho para que dentro del principio de legalidad y de tutela judicial efectiva, los Jueces y Magistrados contengan en esa declaración, enunciado, valoración o justificación los razonamientos que han utilizado para darle valor a esas pruebas evacuadas en el juicio oral y público; pero además de esa cualidad, debe ese razonamiento poseer como atributo indispensable que ésa declaración, enunciado, valoración o justificación que lo contenga, no sea contradictorio en sus términos, es decir, que no anteponga proposiciones negativas y afirmativas imposibles de conciliar en razón, como ya se dijó, de no poder ser verdaderas y falsas a un mismo tiempo. Si en el caso de marras, los testigos G. R. y J. A. R. M., son creíbles, no pueden ser a la misma vez no creíbles, al afirmar los jueces que dicen cosas inverosímiles, o que es lo mismo, improbables, cuando anteriormente han dicho esos mismos jueces que dicen cosas verosímiles; tal declaración, enunciado, valoración o justificación que exponen los jueces de sentencia de El Progreso, Yoro, constituye en consecuencia una incoherencia que da vida al vicio en la sentencia definitiva recurrida, específicamente a la regla de la sana crítica de la ley fundamental de la lógica en su principio lógico de no contradicción; ya que los Jueces de Sentencia han expuesto a la misma vez dos pensamientos de contenido diverso y contrapuesto, imposibles de descifrar, porque si acepta uno de ellos, el otro que lo niega debe desaparecer, con lo cual se rompe la integridad y unidad de la decisión judicial, desapareciendo la base y el fundamento legal en la cual se apoya la sentencia recurrida.- Para acreditar la Jurisprudencia que esta Sala de lo Penal ha establecido en la vida jurídica de los hondureños, cuando acontece el vicio a la regla de la sana crítica de la lógica del principio de no contradicción, me permito citar en base lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, la siguiente sentencia de casación emitida: “.. El impetrante tiene razón, ya que el juicio de culpabilidad o de inocencia que emite el juez de mérito, debe de tener una estructura de pensamiento que controle a través de las leyes de la lógica, es decir sentencia como un silogismo está compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es el hecho, la premisa menor es el derecho que se aplica a ese hecho y una conclusión a que se llega, como tal debe tener una estructura de pensamiento; en el presente caso se observa que se viola LA LEY LOGICA DE CONTRADICCION al establecer en los hechos probados de la sentencia que el imputado intencionalmente dio muerte a la víctima y por otra parte en la fundamentación jurídica, tal como lo asevera el recurrente niega esa intencionalidad. La sentencia es un todo armónico y como tal debe de llegar a una conclusión de responsabilidad o no, observándose en el presenté caso que el imputado tuvo intención y al mismo tiempo no la tuvo de causar la muerte del señor.... Cuando en la sentencia de mérito se valora la prueba y en relación a ella se afirma algo y luego se niega, existe una violación a la regla lógica de contradicción, pues no se puede decir que el imputado es responsable y luego se diga que es inocente. Por lo expuesto el presente motivo se declara con lugar. (Sentencia de fecha doce de febrero de dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación numero 04- 129=07) (Lo resaltado es nuestro).RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene su reenvió al Tribunal de Origen. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA El Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado E. G. H., cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, al NO OBSERVAR LA REGLA DE LA SANA CRITICA DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LÓGICA DE LA DERIVACION ESPECÍFICAMENTE EL PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE. En el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando ha incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, veamos: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica” PRECEPTO INFRINGIDO Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro).Por su parte el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.Artículo 338 del Código Penal que expresa: “Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:.. Segunda:.. Tercera:..Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1), 2) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hecho, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. (Lo recalcado es mío)EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Honorables Magistrados, como es de su conocimiento, quién pretenda invocar un Motivo de Quebranto de Forma por haberse inobservado las reglas de la sana crítica, deberá indicar claramente el Motivo establecido en la ley Procesal, el Vicio que cometió el Juez o que permitió que se formará en su actividad de valoración de cada una de las pruebas, que regla de la sana crítica que fue inobservada en cada una de ellas y por un vía de demostración idónea, la Incidencia que ha tenido ese vicio en la decisión judicial, que afecta en definitiva, el interés de la parte recurrente; consecuentemente, corresponde a la Sala Penal una vez planteado el recurso, realizar un juicio técnico de derecho a la sentencia definitiva promulgada por un Tribunal de Sentencia, sometiéndola a un examen especial, que implica determinar, si está demostrado o no, el motivo y vicio denunciado; ajustándose a las exigencias moldeadas en el artículo 363 del código Procesal Penal. En el caso que nos ocupa somos del criterio que se ha vulnerado EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE, como principio lógico de la LOGICA misma que está constituida por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Entendiéndose por DERIVACIÓN el que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado sino un punto de partida para otros. A su vez de LA LEY DE DERIVACIÓN, se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en juicio se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad. Por lo que, para acreditar el motivo de casación invocado, nos remitiremos al contenido textual de los extractos de la sentencia donde se puede analizar no solo el vicio denunciado, sino su incidencia en el fallo condenatorio arbitrario e inhumano dictado en contra de mi poderdante E. G. H., ya que a sabiendas el Tribunal de Sentencia no dá razón suficiente del porque le resta credibilidad a dichos testimonios cuando estos se refieren a que los hechos acontecidos pudieron ser cometidos por otras personas ya que así se los había manifestado el testigo protegido en los primeros momentos y que son decisivos porque cambiarán completamente el fallo dictado; Veamos que nos dice el Tribunal de sentencia de El Progreso, Yoro en el apartado SEGUNDO de la VALORACION DE LA PRUEBA, pagina 6:”...SEGUNDO: El Ministerio Público allegó a la audiencia de debate la prueba testimonio de los señores G. R., J. A. R. A., J. B. M. M., O. M. H. y R. Y. E. M..- G. R. con Identidad No 1801-1939-00100 manifestó que se encontraba en su casa, acostado en una hamaca cuando escuchó un grito en el portón y vio a un muchacho que pedía auxilio, pidiendo que le llevara agua, eran como las diez de la noche, no recuerda la fecha; este le dijo que iba para El Negrito y lo bajaron del carro, que los habían llevado a una montaña; este testigo dijo que ese muchacho tenía miedo. Según su relato, el muchacho le dijo que lo venían siguiendo. Agregó además, que estaba oscuro y solo vio que esa persona tenía pelo crespo y vestía un pantalón oscuro; pasó la noche en una casa vieja donde antes habían unos billares. Declaró que en 1960 llegó a vivir a la Aldea La Cruz, nunca antes había visto a ese muchacho, le dijo que lo habían tirado y quedaban muertos un hermano, su mujer y un sobrino. El señor Rubí declaró que este muchacho quería que lo llevara a San Pedro Sula, le vio un roce en el pecho y brazo, miró que chorreaba sangre. También declaro que esa persona herida le había dicho que unos compañeros lo habían montado a ese otro carro y agregó que lo había visto enojado.-J. A. R. M., con identidad No 1806-1962-00394 declaró que en esa fecha tenía una cita en Convisa, a las cinco de la mañana que se levantó, cuando iba al baño, vio que una persona le hablaba pidiéndole auxilio y le pidió que lo llevara a San Pedro Sula, le ofrecía dos mil Lempiras y un celular. El le decía que le contara lo que había pasado y esta persona le dijo que no sabía, pero sospechaba de sus compañeros, uno de ellos de nombre Francisco que estaba en El Negrito en una habitación 11, también le expresó que a la policía no quería ir, pero finalmente acepto. Según este testigo eso fue el 26 ó 27, le dijo que lo ayudara porque su familia quedaba muerta, su esposa, hermano y sobrino, en una montaña, vio que tenia un razón de bala en la chiche y en el brazo. Este testigo agregó que lo estuvieron amenazando por teléfono y cree que es E. C. porque fue el único que se llevó el número de teléfono de su casa. Valoración del Tribunal: Los integrantes de este Tribunal de Sentencia conferimos valor a las declaraciones de los testigos de cargos a que nos hemos referido, puesto que con sus dichos se da por acreditado el hecho sexto que ha sido declarado probado, en sus testimonios se advierte muchos puntos coincidentes con el resto de prueba evacuada en juicio y que sirven para confirmar lo declarado por el testigo protegido, como ambos señalan que auxiliaron al ofendido; el primero le da agua y le señala el lugar donde pasar la noche; al día siguiente, el segundo testigo es quien lo traslada a la posta policial; coinciden también con el número y ubicación de las lesiones que observaron en el cuerpo del testigo protegido, como también se describen en la evaluación médica. Otro punto en el que concuerdan estos testigos y el ofendido es el dato que este último les dio sobre la situación en la que habían quedado sus parientes y las sospechas de que estuviesen sin vida. En virtud del principio de inmediación, estos juzgadores percibimos la intención de los testigos al pretender favorecer al acusado; declarando extremos inverosímiles, como ser, G. R. dijo que la víctima les exteriorizó sus sospechas sobre unos compañeros; y el segundo testigo declaró que el sobreviviente responsabilizó de los hechos acontecidos, a un compañero llamado F. que se encontraba en El Negrito, en la habitación No.11, este Tribunal considera que si así hubiese sido, lo más lógico hubiera sido que el sobreviviente declarara lo mismo ante la policía y no hubiera mostrado ningún resquemor de acudir ante las autoridades policiales de Morazán. Lo mismo ocurre con las supuestas amenazas de que fue objeto el testigo J. A. R. M., por parte del agente de investigación E. C. V., pues dicha manifestación solo resulta ser una especulación, dado que este hecho no fue denunciado, ni investigado para comprobar su veracidad.” Cuando nos referimos a que existe una grave infracción a la Ley fundamental de la Lógica de derivación específicamente al principio lógico de Razón Suficiente, este concurre en el caso que nos ocupa cuando el Tribunal de no dar Razón Suficiente ni deriva su razonamiento lógico de los siguientes extremos: Medio de Prueba G. R..-Elemento de Prueba.(Dato, hechos y circunstancia).-También declaró que esa persona herida le había dicho que unos compañeros lo habían montado a ese carro y agregó que lo había visto enojado.-Valoración del Tribunal de Sentencia.-Estos juzgadores percibimos la intención de los testigos al pretender favorecer al acusado; declarando extremos inverosímiles, como ser, Gregorio Rubí dijo que la víctima les exteriorizó sus sospechas sobre unos compañeros.-Derivación.-En virtud del principio de inmediación.-Razón Suficiente.-Este Tribunal considera que si así hubiese sido, lo más lógico hubiera sido que el sobreviviente declara lo mismo ante la policía y no hubiera mostrado ningún resquemor de acudir ante las autoridades policiales de Morazán.- : Medio de Prueba.-J. A. R. M..- Elemento de Prueba.(Dato, hechos y circunstancia).-El le decía que le contara lo que le había pasado y esta persona le dijo que no sabía, pero sospechaba de sus compañeros, uno de ellos de nombre Francisco que estaba en El Negrito en una habitación 11, también le expresó que a la policía no quería ir, pero finalmente aceptó.- Valoración del Tribunal de Sentencia. Y el segundo testigo declaró que el sobreviviente responsabilizó de los hechos acontecidos, a un compañero llamado F. que se encontraba en El Negrito, en la habitación No.11.- Derivación.-En virtud del principio de inmediación.- Razón Suficiente.-Este Tribunal considera que si así hubiese sido, lo más lógico hubiera sido que el sobreviviente declarara lo mismo ante la policía y no hubiera mostrado ningún resquemor de acudir ante las autoridades policiales de Morazán…Si analizamos con detenimiento y cuidado los razonamientos expuestos por el Tribunal de Sentencia observaremos que estos Jueces no explican los siguientes extremos: I) Tanto el testigo G. R. como J. A. R. M., fueron dos testigos, que tuvieron conocimiento de los hechos en forma espontánea y no voluntaria, ya que fue a la casa de habitación de G. R. el lugar donde arribó el Testigo Protegido, después de haber sido agredido y que de forma espontánea fue la propia víctima que le manifestó que unos compañeros lo habían agredido; por su lado J. A. R.M., fue la persona que trasladó a la persona del testigo protegido ante las autoridades policiales, y en el transcurso de ése recorrido, el mismo Testigo Protegido le manifestó que un compañero llamado Francisco que se encontraba en El Negrito, en la habitación No 11, lo había agredido; como ha quedado establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal se dispone que todo Tribunal de Sentencia al momento de valorar la Prueba deberá extraer sus conclusiones con la única obligación de manifestar el porqué de esas conclusiones o que es lo mismo, la Razón Suficiente que lo hace derivar lógicamente a esa conclusión; en el presente caso como lo hemos manifestado, no solo basta que los Jueces de Sentencia argumenten que arriban a su conclusión mediante el Principio de Inmediación, para tachar a los testigos de cargo G. R. y J. A. R. M., acusándolos de querer beneficiar al imputado, cuando han manifestado que otras personas fueron mencionadas por la víctima como los hechores de ésos delitos que estaban sometidos a Juzgamiento; cuando ni siquiera estos Jueces de sentenciase se tomaron la molestia de analizar, cuáles eran las características personales de los testigos, su relaciones con las partes (imputado, víctimas, etc....) tal como así lo establece el artículo 330 párrafo primero del código Procesal penal que literalmente dice: “...una vez identificados los testigos, serán juramentados, advertidos de las consecuencias legales de sus actos si faltan a la verdad e interrogados sobre sus antecedentes sus relaciones con las partes y demás circunstancias que sean convenientes conocer para valorar su testimonio...” A su vez tampoco infieren en sus conclusiones los Jueces de Sentencias, qué señales, sensaciones, percibieron de estos testigos al momentos de rendir su declaración es decir, si estaban nerviosos, callaron en algunas preguntas, si titubearon para dar respuesta a las interrogantes planteadas, si palidecieron, si sudaron, sus movimientos tanto de rostro como corporales, todo ello para valorar la actitud personal del testigo mediante el Principio de Inmediación, ya que si analizamos el contenido de la valoración que hace el Tribunal de Sentencia no dan Razón Suficiente si acontecieron alguno de estos extremos; en resumidas cuentas G. R. y J. A. R. M., tampoco se les puede acusar de querer beneficiar al imputado, cuando ni siquiera son familiares, amigos íntimos ni vecinos, ni conocidos del imputado E. G. H.. (Artículo 236 del Código Procesal Penal). De aquí resulta conveniente citar al Jurista Cafferata Nores quién establece que en relación a la sinceridad de los Testimonios deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: a. Interés del deponente en el asunto, por conveniencia, precio o remuneración. b. Relaciones de familia, odio, ira, afecto, también recomienda investigar sobre la conducta o hábitos con respecto a su sinceridad o franqueza, c. Análisis de la declaración fue este un relato dubitativo o no, y siguiendo a Altavilla, dice; determinar si la declaración fue producida por un discurso premeditado, la mentira vertida dan alguna parte de la declaración del testigo lo convierte en un potencial mentiroso (Mendax in uno, Mendax in totum): el que miente en una parte será mentiroso en el todo.-(tomado del libro cuadernos de estudio judiciales Rafael Alvarado Manzano, valoración de la prueba. presunción de inocencia. indubio pro reo. pag 17 y 18).II) La supuesta Razón Suficiente que infiere el Tribunal para tachar o descartar la credibilidad de los testigos G. R. y J. A. R. M. --al afirmar que el testigo protegido les manifestó que eran otras personas que los habían agredido a él y a sus familiares-- no son suficientes, coherentes, ni derivadas de un razonamiento lógico, ya que si el testigo protegido no quiso dar razón de estos hechos a la policía, incluso ni querer llegar a dar la noticia criminis correspondiente, son situaciones ajenas a los testimonios de los testigos G.R. y J. A. R. M. por lo que no se le puede tachar de mentirosos, por el hecho de que el testigo protegido oculte información a la policía, cuando por el contrario en forma espontánea les brindó a éstos dos testigos la versión antes aludida; si pretendemos ahondar sobre las circunstancias del porque el testigo protegido no quería llegar a la policía a poner la denuncia; podría profundizar en infinidad de impulsos ajenos a la credibilidad de los testimonios de G. R. y J. A. R.M.; por ejemplo:1. El Testigo protegido se acreditó en el Debate de Juicio Oral y Público, que tenía antecedentes penales, policiales y personales, por lo que es obvio y lógico que éstas personas que actúan al margen de la ley, no quieren y repudian a la policía.2. Es más sencillo pensar que si sabía el Testigo protegido quien de sus compañeros lo había traicionado no esperaría que la policía, le arreglara sus cuentas, ya que la venganza o el ajuste de cuentas es la forma natural de los delincuentes de dirimir sus asuntos. 3. Recuérdese que según los hechos probados el Testigo protegido había tenido la calidad de detenido y que instantes luego de ser puesto en libertad le aconteció los hechos objeto de este proceso. III) Para finalizar resulta preocupante que otra de las razones argüidas por los Jueces de Sentencia para descartar los testimonios de los testigos de cargo G. R. y J. A. R. M. antes mencionados, es darle credibilidad absoluta a una investigación realizada por una persona que usa identidad falsa, que no cumple con los requisitos del artículo 236 del Código procesal Penal y es la referida al Agente de investigación de la DGIC E. C. V., que curiosamente comparte apellido con las víctimas, que ya sea por coincidencia o no sobre esta última circunstancia, ejecutó actos viciados de investigación que ponen en duda su credibilidad y objetividad, veamos: 1. Según el testimonio de los familiares del imputado E. G. H., narraron en el debate de Juicio Oral y público que E. C. V., en compañía de un fiscal sustrajo la fotografía del imputado E. G. H. de un retrato que se encontraba en su dormitorio. (testimonio de compañera de hogar del imputado W. L. B. D.) “... Vio que E.le tomó una foto a la foto que su esposo tenía en el cuarto, y se la llevó porque no quedó en la casa...” 2. Luego esa fotografía E. C. V., se la mostró al testigo protegido con la finalidad de que éste señalara al señor E. G. H. como la persona que le había causado el atentado a su vida y había matado a sus familiares, por ello al final el medio de prueba de reconocimiento de rueda fue descartado como poco creíble, aunque no fuera esta la razón que expuso el Tribunal de Sentencia.3. E. C. V. a lo largo de la investigación se aseguró de amenazar a muerte al testigo J. A. R. M.. Tal como así lo confirmó éste testigo en el Debate de juicio Oral y Público, pero que el Tribunal de Sentencia violando a la Ley fundamental de la lógica de 4. derivación y específicamente el principio lógico de Razón Suficiente, aduce arbitrariamente que;”..Lo mismo ocurre con las supuestas amenazas de que fue objeto el testigo J. A. R. M., por parte del agente de investigación E. C. V., pues dicha manifestación solo resulta ser una especulación, dado que este hecho no fue denunciado, ni investigado para comprobar su veracidad..” 5. E. C. V., tal como se probó en el Debate de Juicio oral y Público, presentó una Tarjeta de identidad falsa la cual no corresponde al Registro Nacional de la Personas, porque ese número de identidad corresponde a otra persona, al no calzar la fotografía registrada, con la persona que dice ser agente de la DGIC; sin embargo, los jueces de sentencia en contraposición de lo establecido en el artículo 236 del Código Procesal Penal, a sabiendas, recibieron esa declaración con la grave duda de Identificación de la persona que declaraba con el nombre de E. C. V., ya que adujeron: ”...La defensa dirigidos a desacreditar este agente policial, al manifestar que éste no aparece inscrito en el Registro Nacional de las personas, de El Progreso, este Tribunal es del criterio que si existiese problema alguno relacionado con la identificación de este agente, no nos corresponde pronunciarnos al respecto y peor aún para excluir prueba de cargo...” Honorables Magistrados, bien se sabe, como la delincuencia infiltra la policía, la DGIC, la Fiscalía y el Poder Judicial, múltiples casos, han sido descubiertos, a excepción del presente que un Tribunal de Sentencia, desconociendo las atribuciones que la ley le ha otorgado, DICE OUE NO ES SU OBLIGACION CONFIRMAR O NO ESA IDENTIDAD Y VÉASE, QUE ES DE UN TESTIGO DE CARGO QUE DECLARA EN JUICIO ORAL Y PÚBLICO. En el presente caso, se comete infracción al principio de derivación cuando los juzgadores afirman erróneamente que los testigos no son creíbles, al derivar que pretenden beneficiar al imputado, pero no explican o dan razón suficiente de esa supuesta falta de credibilidad; Por lo que, no se entiende por QUE los jueces de sentencia rechazan todo aquello que beneficia al imputado E. G. H. y aceptan todo aquello que supuestamente le perjudica, por eso se comete el vicio denunciado en este motivo de casación por quebrantamiento de forma denunciado, porque las razones expuestas por el Tribunal de sentencia son insuficientes, inconsistentes e incoherentes con los hechos sometidos a juzgamientos y las circunstancias antes expuestas. A su vez si se Incluye Hipotéticamente esta prueba cambiaria el resultado de la sentencia pues los juzgadores podrían haber arribado a otra conclusión, es decir, absolver al imputado por duda razonable, siendo en consecuencia un error esencial, requisito necesario para poder ser apreciado en el recurso de casación. Para acreditar la Jurisprudencia que esta Sala de lo Penal, ha establecido en la vida jurídica de los hondureños, cuando acontece el vicio a la regla de la sana crítica de la lógica de derivación específicamente al principio lógico de razón suficiente, me permito citar en base lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, la siguiente sentencia de casación emitida:”ESTA SALA DE LO PENAL, estima que en el presente caso el Juzgador de instancia, ha vertido razones insuficientes e inconsistentes para no otorgar valor probatorio y credibilidad a los testigos de cargo y a la prueba documental en mención. ...“ (Sentencia de fecha quince de abril del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación Penal registrado bajo el No.15=07).”3. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el Código Procesal Penal hondureño establece el principio de libre valoración de la prueba según lo establecen los artículos 202 y 336 de dicho texto legal. El primero de estos preceptos señala que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, y que el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El segundo, establece que el tribunal, para resolver el caso, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Pues bien, el sistema de libre valoración de las pruebas por parte de los órganos jurisdiccionales requiere de un control efectivo a las facultades otorgadas a estos, mismo que es incorporado por la misma ley para evitar la arbitrariedad de las resoluciones judiciales. De esta manera el artículo 338 numeral 3) del mismo texto obliga a los jueces y tribunales a expresar de manera razonada y razonable el valor otorgado a cada una de las pruebas que han servido para declarar los hechos probados de un fallo. El texto en cuestión señala lo siguiente: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados”.- Como ya hemos dicho anteriormente, los jueces y tribunales gozan de la libertad para encontrar la verdad mediante cualquier medio de prueba legalmente practicado en el juicio, haciendo una valoración razonada y razonable. Pero esta valoración no puede estar divorciada de reglas básicas. El Código Procesal Penal señala que los jueces se encuentran limitados en la valoración con la sana crítica. y ello para evitar la arbitrariedad de las resoluciones judiciales. LA LIBRE VALORACION DE LA PRUEBA no significa que el órgano jurisdiccional pueda hacer una valoración arbitraria, ilógica, irracional irrazonable, por el contrario, debe hacer su juicio histórico fundándose en la razón, las pautas normales del comportamiento humano y el manejo de las máximas de la experiencia…” (Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil cinco, recaída en el recurso de Casación No.2474=2004.- RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el segundo Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen. TERCER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- El Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado E.G.H., cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, al PREDETERMINAR EL FALLO, vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE. En el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso: “Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. PRECEPTO INFRINGIDO. Artículo 338 del Código Penal que expresa: “ARTICULO 338.- Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:.... Segunda:...Tercera:...Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente:1) Declaración de hechos probados.- En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de Los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. (Lo recalcado es mío).-EXPLICACIÓN DEL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Para comenzar a desarrollar la exposición del motivo de casación, resulta primordial razonar que el motivo interpuesto por el recurrente implica, como se ha dicho en nuestra Jurisprudencia, el respeto a la integridad o santidad de la sentencia, o que es lo mismo a los Hechos Probados que la fundamentan. Mas el estudio de la cuestión traída aquí a colación, es la consideración que en la construcción de esos Hechos Probados asumieron intelectivamente los jueces de sentencia, al predeterminar el fallo, por ellos emitido; es decir, que el núcleo de la cuestión impugnativa por Quebrantamiento de forma, estriba en el empleo en la sentencia recurrida por parte de los jueces de expresiones, conceptos y términos jurídicos en el relato fáctico, que no son compartidas por el recurrente, ya que no corresponden al lenguaje más común que deben ser utilizados seriamente por funcionarios judiciales que tienen en su haber tan seria responsabilidad de administrar justicia, ya que por el contrario han utilizado expresiones, conceptos y términos jurídicos en el relato fáctico propios de las normas penales que corresponde al delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa que fue juzgado. Veamos: ARTICULO 117. Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes:1)....; 2)….; 3)....; y, 4)... “ (Lo recalcado es mío). En primer lugar, la razón de ser del vicio procesal, es precisamente el uso del concepto quien dé muerte en el Quinto Hecho Probado que contiene la sentencia recurrida, notemos:”... QUINTO: Que el día 26 de Mayo del año dos mil cinco, entre las 3.30 y 4. 00 p. m., en una montaña situada en el sector que del desvío de chililenga conduce a la Aldea Payas, jurisdicción del Municipio de Morazán, el señor E. G. H., en compañía de dos personas más, dieron muerte a: 1) M. A. V.. 2) C. A. H...3) O. J. M. E...” (Lo recalcado es mío).A criterio del recurrente, los jueces de sentencia, al confeccionar la sentencia definitiva, no evitando la sustitución en los hechos del factum del concepto jurídico acreditado, significa una irrazonable anticipación conceptual del criterio jurídico, que en el silogismo judicial debía realizarse materialmente después de la exposición que sobre los sucesos acaecidos, según la prueba valorada, se consigna previamente. El vicio implica no sólo un menosprecio a la persona del imputado E. G. H., porque evidentemente, los jueces de sentencia anticiparon indebidamente la toma de su postura decisoria del caso de marras, sino que también, provocaron una grave indefensión al aminorar, coartar y limitar las posibilidades de su defensa. Otro tanto se observa, en cuanto al delito de Asesinato en Su Grado De Ejecución De Tentativa que en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO NUMERO 01220605, se le adelantó, en este caso es el razonamiento jurídico empleado, utilizado y usado por los jueces de sentencia el que se cuestiona, advirtamos: “...CUARTO... E. G. H. ordenó al testigo protegido con clave 012206605 que se bajara del vehiculo, acto seguido le disparó un arma de fuego provocándole una herida en la renglón mamaria derecha y otra herida en región anterior de antebrazo izquierdo, con orificio de entrada y salida, el ofendido cayo rodando por una hondonada lo que evitó que el acusado le quitara la vida, siendo que continuo disparándole…” (Lo recalcado es mío).-El defecto formal, al cual nos referimos, lo constituye el hecho palmario, que para los jueces de sentencia E. G. H., sería condenado por tentativa de asesinato, ya que concurren en su razonamiento jurídico, las disposiciones sustantivas establecidas en los artículos 15 relacionado con el artículo 117 del Código Penal, por lo que al utilizar los mismos razonamientos, expresiones, conceptos y términos jurídicos con los que el Código Penal define el presunto delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, quebrantan la forma de la sentencia, precisamente su fundamentación establecida en la regla cuarta numeral primero del artículo 338 del Código Procesal Penal, ya que posiblemente la insuficiencia científica de los operadores de justicia y su prejuzgamiento al caso de marras lo hicieron incurrir en este vicio o defecto, proscrito en la línea de pensamiento adjetivo arriba indicado, ya que las expresiones y conceptos jurídicos citados en el presente caso, son causalmente determinantes del fallo condenatorio dictado en la sentencia judicial, debido a que estos jueces de sentencia al actuar en la función pública en forma arbitraria al adelantar su fallo, convierten su sentencia en un desorden mayúsculo, dado que el vicio afecta la supuesta explicación de su razonamiento y su pensamiento, destruyendo también el supuesto enlace de los distintos aspectos o distintas formas de todo ese proceso penal, hasta el punto de incidir en lo que el vicio formal relatado representa.-En concreto, he acreditado que el vicio a la sentencia recurrida acontece en el presente caso ya que: 1. Se trata de expresiones y conceptos técnicamente jurídicos que definen y dan nombre a la esencia del tipo penal TANTO EN SUS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO SUBJETIVOS y grado de ejecución enjuiciados por la sentencia;2.Que las incorrectas expresiones y conceptos usados por los jueces de sentencia, son asequibles tan solo a los juristas por resultar además impropias del lenguaje más común;3. Que las frases o palabras tienen un manifiesto valor causal respecto del fallo; y 4. Que suprimidas las expresiones o los conceptos expresamente predeterminantes, dejan el hecho histórico sin base alguna para sostener el fallo condenatorio. Para concluir, la parte recurrente es del criterio, que la inclusión en el relato histórico de conceptos, expresiones, términos o razonamientos jurídicos relatados en este motivo de casación por quebrantamiento de forma inciden definitivamente en la sentencia recurrida ya que su inclusión hace innecesaria cualquier argumentación jurídica, rompiendo por completo la formulación del silogismo judicial. La inclusión predeterminadora del fallo, en fin, es de tal transcendencia que si se elimina del factum queda éste, en principio, huérfano de contenido inteligible. Para acreditar la Jurisprudencia que esta Sala de lo Penal, ha establecido en la vida jurídica de los hondureños, me permito citar en base lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Pena, las siguientes sentencias de casación emitidas:”...Esta Sala de lo Penal, observa en la valoración de los hechos probados él A quo ha empleado conceptos jurídicos que predeterminan el fallo condenatorio contra el acusado... por un delito de Estafa. Del hecho probado tercero se tiene por acreditado que en la revisión contable se le encontró al señor…,un “DESFALCO” auditado a las empresas…, por la cantidad total de Quinientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cinco Lempiras con Ochenta y Un Centavos (Lps.574,905.81), el cual se le rastó la cantidad de Dieciocho Mil Lempiras (Lps.18,000.00), siendo el neto de lo “DEFRAUDADO” la cantidad de Lps.556,305.81. Y si bien el A quo se limita a colocar en su hecho probado las conclusiones de la mencionada auditoria, lo cierto es que al haberlas transcrito literalmente como parte integral de la base fáctica de la sentencia, de la cual parte el proceso de subsunción de la norma penal por el delito de Estafa, por lo que se ha condenado al imputado, con ello a prejuzgado y preestablecido su fallo. Tal como asegura el recurrente sentenciador los términos “DESFALCO Y DEFRAUDADO” tales conceptos por ser de naturaleza jurídica dan a entender de forma anticipada que se le va condenar por ESTAFA, en tanto que el término DESFALCO da a entender un robo, estafa, sustracción, hurto, fraude, engaño, falsificación, Abigeato, atraco, depredación despojo, escamoteo, saqueo, aprovechamiento y el término DEFRAUDAR hurto, robar, quitar, estafar, timar, embaucar. La utilización de dicha terminología jurídica indica que se va a condenar al acusado por el delito de ESTAFA lo que provoca una infracción a la ley procesal en su artículo 338. Por lo anterior, esta sala de lo Penal, concluye que procede el recurso de casación por el motivo de forma invocado…”(Sentencia de fecha 1/3/2006, recaída en el Recurso de Casación Penal No.2896=2004) “…El impetrante argumenta que en A quo en la relación de los hechos probados ha incurrido en predeterminación del fallo al incorporar a su fundamentación un término jurídico mediante el cual predetermina el fallo condenatorio, causando perjuicio efectivo a los acusados…y provoca un vicio in procedendo. Señala el recurrente que en el apartado primero de los hechos probados, de la sentencia recurrida dictada por el A Quo señala entre otras cosas que los acusados “integran junto con otras personas una agrupación ilícita denominada mara- 18…”.Por lo anterior, señala el impetrante que el juzgador predetermina el fallo cuando utiliza el término de “agrupación ilícita” a la que el A Quo concluye pertenecen los acusados, y con ello estima que resulta inevitablemente el fallo condenatorio, a consecuencia de que tipo penal establece objetivamente que se sancionará penalmente a los fundadores, cabecillas o conductores de pandillas o “grupos ilícitos”. Esta Sala de lo Penal, observa que el Artículo 338 regla cuarta, numeral primero de los requisitos de la sentencia, dispone que “Las sentencias se redactarán por escrito con sujeción a las reglas siguientes:...... Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados: En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, el fallo que haya de dictarse”. En el presente caso en la fijación del cuadro fáctico de la sentencia recurrida utiliza el término jurídico de “Agrupación ilícita”, para describir la actividad contraria a las leyes que integran los acusados. El término utilizado por el A Quo efectivamente predispone y predetermina el fallo pues utiliza un término jurídico, si no idéntica, pero muy similar, a la utilizada por el legislador al tipificar el delito por el que resultan ser condenados los acusados, siendo absolutamente innecesario, pudiendo hacerlo de forma distinta, viciando con ello la fundamentación fáctica de la sentencia y provocando su nulidad. Por lo anterior, declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente... “(Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil siete, recaída en el Recurso de Casación número 2325=04).”… ESTE MOTIVO ES DE RECIBO.- Aprecia el recurrente que de la lectura de los hechos probados, resulta la violación de la regla cuarta numeral 1) del Artículo 338 del Código Procesal Penal, pues estima que que el A Quo al describir el cuadro fáctico utiliza conceptos jurídicos, que predeterminan el fallo, concretamente la frase: “con la intención de causar la muerte”, por lo que afirma que automáticamente anticipa la culpabilidad del imputado... Concluye que al haber prejuzgado resulta innecesario e irrelevante la valoración intelectiva de la prueba, la fundamentación jurídica e incluso se hace irrelevante el fallo, pues considera que esta claramente determinado en la declaración de los hechos probados. Esta Sala de lo Penal, estima que efectivamente tal como afirma el recurrente el Juzgador de instancia al elaborar los hechos probados utiliza de forma innecesaria la frase: “con la intención de causar la muerte” con la que predetermina el fallo. El legislador al establecer el concepto de delito doloso, en segundo párrafo del Artículo 13, dispone que: “El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo..” El juzgador al elaborar los hechos probados debe limitarse a describir los hechos sin hacer uso de conceptos que por su exclusivo carácter jurídico, anticipen o predeterminen el fallo que ha de dictarse. Por lo anterior el motivo de casación invocado por el recurrente es declarado procedente... “(Sentencia de fecha trece de agosto del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No.290-07). RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el Tercer Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen. IV. CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE SU RECURSO DE CASACION POR INFRCCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL:”ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.-El Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, en la sentencia condenatoria dictada contra el imputado E. G. H., cometió Infracción de Precepto Constitucional AL NO RESPETAR LAS REGLAS DEL JUICIO, EN CUANTO A LA LEGALIDAD DE LA OBTENCIÓN E INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA ANTICIPADA EVACUADA EN EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO, DADO OUE DICHA PRUEBA ANTICIPADA SE HABÍA OBTENIDO ILEGALMENTE AL VIOLENTAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TENÍA EL IMPUTADO PARA ESTAR PRESENTE EN LA EVACUACION DE ESA PRUEBA Y SER OIDO CONFORME A LAS REGLAS DEL JUICIO RELATIVAS A LAS SOLEMNIDADES Y FORMALIDADES DEL DEBATE DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO INHERENTES AL DEBIDO PROCESO. El vicio a la norma constitucional hizo al Tribunal de sentencia violentar lineamientos de la ley constitucional vigente, así como a los Tratados y Convenios Internacionales relativos al DEBIDO PROCESO. PRECEPTO ADJETIVO AUTORIZANTE.-En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso; “Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional” PRECEPTO CONSTITUCIONAL INFRINGIDO.-Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. (Lo recalcado es mío) EXPLICACIÓN AL ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Se recurre ante la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo este motivo de casación en ese aparte que se alude a la INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL de la sentencia definitiva, porque se sustentó en elementos probatorios allegados mediante el trámite de anticipo de prueba o prueba anticipada, obtenido de manera adversa e ilegal a las solemnidades y formalidades establecidas en las disposiciones procesales vigentes, en lo relativo al derecho que tiene todo imputado a estar presente en todos aquellos actos donde se incorpore prueba en su contra, concretamente me refiero a la declaración que rindiera el TESTIGO PROTEGIDO NÚMERO 01220605.El recurrente alude a la ilegalidad de la solemnidad o formalidad con el cual se obtuvo y posteriormente se incorporó dicha prueba anticipada al debate de juicio oral y Público porque a mi juicio, los motivos invocados por el Tribunal de sentencia para incorporar esa probanza a sabiendas que se había obtenido sin la presencia del imputado, no son conducentes al derecho constitucional que regula el Debido Proceso, en consecuencia soy del criterio que me asiste la razón, y en consecuencia la sentencia recurrida debe ser anulada, en base a los siguientes argumentos.-En fecha 23 de septiembre del año 2005, se recibió ante el Juez de Letras Seccional de el Progreso, Departamento de Yoro, la declaración de testigo protegido con clave 01220605, bajo la modalidad de Prueba Anticipada; en dicha Audiencia tal como consta en el Acta respectiva comparecieron ante el Juez de Letras referido, el representante del Ministerio Público, Abogado V. C. y los Defensores Privados Abogados L. F. y C. M. C.; sin embargo, el Juez de Letras en trasgresión a las formalidades y solemnidades establecidas en los artículos 4, 14 y 277 del Código Procesal Penal, celebró esa Audiencia sin la presencia del imputado E. G. H., no importándole el derecho que tenía el imputado a estar presente en la Audiencia de Prueba Anticipada para así garantizar la solemnidad y formalidad inherente al Debido Proceso al cual se encontraba sometido el imputado E. G. H., y más aún que por tratarse de un acto procedimental anticipado se infiere que se obtiene bajo el respeto absoluto propio del Debate de Juicio Oral y Público; dicho en otras palabras, es una ficción jurídica donde se produce prueba anticipada al Juicio Oral y Público, como si se estuviere produciendo o evacuando en ese mismo momento procesal del Debate de Juicio Oral y Público. Las razones que determinaron la obtención de esa prueba anticipada, se orienta a la preocupación de parte del Ministerio Público de que el testigo no pudiese comparecer al Juicio Oral y Público dado el peligro de muerte que se cernía sobre él, en consecuencia esa condición de riesgo fue atendible la justificación por parte del juez de Letras para anticipar la prueba aludida. El error consistió en el procedimiento de prescindir de la presencia del imputado en esa diligencia, a sabiendas que el artículo 82 constitucional y 14 del Código Procesal Penal establece que la defensa es inviolable para cualquiera de las partes en el proceso, y el imputado es una de esas partes. La misma norma es categórica al disponer que:” EL IMPUTADO y su Defensor TIENEN DERECHO A ESTAR PRESENTES EN LOS ACTOS DEL PROCESO QUE INCORPOREN ELEMENTOS DE PRUEBA Y A FORMULAR LAS PETICIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDEREN OPORTUNAS, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario de la autoridad correspondiente, cuando los derechos en referencia perjudiquen el curso normal de los actos o del proceso”.(Lo recalcado es mío).En consecuencia el recibo u obtención de esa declaración testimonial que es incriminante en forma decisiva por ser la que conduce al fallo condenatorio, constituye un acto trascendental para la defensa (material o técnica) en ese momento procesal, puesto que ha marcado la suerte del imputado E. G. H. quién es tenido por parte de los jueces de sentencia como autor de hechos delictivos. Mediante esa prueba, los jueces de sentencia al momento de incorporar la misma al Debate de Juicio Oral y Público, no solo debieron asegurarse de que en su sentencia reprodujera algún hecho probado, sino que también en esa medida, debieron asegurase que dicha prueba anticipada no hubiera sido obtenida de forma ilegal, por haberse irrespetado los derechos del imputado, que son regulados por la Constitución de la República y los Tratados y Convenios Internacionales, dentro de los cuales debe contarse el derecho que tiene todo imputado para presenciar y escuchar de que forma se evacuó esa prueba anticipada, así como el de preparar, con su defensor, los cuestionamientos que eventualmente se harían al deponente o testigo en ese preciso momento procesal; el Recurrente refiere que se trata de uno de esos casos en que el imputado, en suma, podría hacer uso pleno de su defensa material. En ese sentido el numeral 10 del artículo 101 del Código Procesal Penal, prevé también ese derecho del imputado, no solo enterarse de los hechos que se le imputan, sino: ”A ESTAR PRESENTE, CON SU DEFENSOR, EN TODOS LOS ACTOS QUE IMPLIQUEN ELEMENTOS DE PRUEBA, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo contrario”(Lo recalcado es mío). Resulta obvio que recabar prueba mediante el trámite del “anticipo jurisdiccional”, las partes deben ser citadas y se les reconoce el derecho de asistir y ejercer todas las facultades y obligaciones que la ley procesal les reconoce así lo establece el artículo 277 del Código Procesal Penal, veamos: ”Actos jurisdiccionales: pruebas anticipadas. En caso de peligro de pérdida o utilización de cualquier medio de prueba, el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, adoptará las medidas necesarias para evitar el peligro, y en su caso, ordenar la recepción anticipada de la prueba. Igualmente, el órgano jurisdiccional, a petición fundada del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, podrá disponer que se practique anticipadamente cualquier medio de prueba, cuando exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el acto del debate. Del mismo modo procederá el órgano jurisdiccional, a petición fundada del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, cuando exista riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito; de que, por ausencia o por cualquier otra causa, sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del juicio; o corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos. EN TODO CASO, EL JUEZ LIBRARÁ CITACIÓN AL FISCAL Y LOS DEMÁS INTERESADOS QUE HASTA EL MOMENTO HAYAN SIDO IDENTIFICADOS Y QUE PUEDAN COMPARECER, Y ESTOS TENDRAN DERECHO A ASISTIR A LA PRÁCTICA ANTICIPADA DE LA PRUEBA, EN LA FORMA PREVISTA PARA EL DEBATE. EL IMPUTADO QUE SE ENCUENTRE DETENIDO, SERA REPRESENTADO POR SU DEFENSOR, SALVO SI PIDE INTERVENIR PERSONALMENTE Y NO EXISTE PELIGRO DE FUGA.- En aquellos casos en que se desconozca quién es el imputado y la práctica de la prueba sea de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir la intervención del Juez para que actúe de la manera más expedita, debiendo éste dictar un Defensor de oficio para que controle el acto. (Lo recalcado es nuestro). A criterio del recurrente, se observa que el legislador, preceptúa que el trámite del anticipo de prueba o prueba anticipada, constituye un acto procesal asimilable al Debate de Juicio Oral y Público, en el tanto que se evacua un dato probatorio que podría tornarse decisivo y que necesariamente, a través de la oralidad, inmediación y contradicción (artículo 4 del Código Procesal Penal), podría ser controlado por los propios interesados. Es de recordar que una de las excepciones a la oralidad, elemento caracterizante del Juicio Oral y Público, es, casualmente, el recibo anticipado de pruebas en sede jurisdiccional tal como se establece en el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal. “Lecturas autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario: 1) Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de LA PRUEBA ANTICIPADA y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio;...” (Lo recalcado es mío) Por lo que el interés de evacuar testimonios mediante ese trámite, es porque “resulte imposible reproducir en el acto del juicio” con lo cual la inmediación y la efectividad del contradictorio, se verían seriamente afectadas si el imputado no se encuentra presente. De ahí que es legislador es riguroso en lo correspondiente al anticipo jurisdiccional de prueba, disponiendo el derecho de asistir a la diligencia todos los que sean parte en el proceso, incluyendo, desde luego, al imputado. Por otra parte, es necesario establecer que las razones expuestas por los jueces de sentencias en su fallo decisorio que están contenidos en el apartado DECIMO SEGUNDO de la FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA y en el numeral TERCERO, página séptima de la VALORACIÓN DE LA PRUEBA, para legitimar arbitrariamente la no presencia del imputado en la obtención o producción de la Prueba Anticipada referida, son, desde todo punto de vista irracionales e ilógicas, ya que no tienen asidero jurídico en que basarse, por estar cimientas en meros alegatos propios de las partes y no de razonamientos jurídicos de un funcionario que administra justicia; solo hay que remitirnos a esas supuestas “motivaciones” de la “interpretación” que le hacen los jueces de sentencia al sentido de la redacción del artículo 277 del Código Procesal Penal, para detectar que desde cualquier ángulo jurídico que se les aprecie, esas “motivaciones” no se pueden subsumir como pensamientos derivados de una interpretación restrictiva, extensiva o sistemática de ese precepto adjetivo, sino, como se ha manifestado, propios de personas que desconocen la Ley, ya que a cualquier costo o sacrificio de los derechos de una persona imputada, quieren imponer su criterio para condenarlo, llegando al absurdo de imponer tácitamente el hecho de que no era necesario la presencia del imputado en la Audiencia de Prueba Anticipada, con la agravante, de que en esas “motivaciones” eluden una y otra vez, pronunciarse sobre el centro de la razón jurídica toral del reproche del incidente planteado por la Defensa Técnica. Las razones jurídicas que nos permiten dar este alegato a esas “motivaciones” las obtenemos tan solo al remitirse a las siguientes consideraciones legales: a) De la misma redacción del artículo 277 del Código Procesal Penal se infiere que la prueba anticipada es un “Acto del Debate”; b) El artículo 307 del Código Procesal Penal, establece los casos donde, SI es permitido la producción u obtención de la prueba en ausencia del imputado, refiriéndose el legislador al caso donde el imputado altere el orden de la audiencia pública; c) Otro caso es el referido al imputado desconocido que regula el artículo 277 del Código Procesal Penal, ya que en cuanto al imputado que se encuentre detenido deberá el juez de Letras asegurase de que sea notificado de la celebración de esa Audiencia, para que el imputado manifieste lo pertinente, en consecuencia no se debió celebrar esa audiencia a sus espaldas en tanto que el celo del legislador que si el encartado no quiere asistir se le hará llegar por ser esa audiencia un acto del debate (ARTICULO 307 DEL CODIGO PROCESAL PENAL), y en su ausencia, inclusive no podría celebrarse si manifestare el imputado que se encuentre detenido que no quisiera estar presente en dicha audiencia, en este supuesto por tratarse de un “Acto del Debate” se le haría comparecer a tal Audiencia, tal como así lo establece el artículo 307 del Código Procesal Penal; d) En los casos donde el imputado ha sido identificado y se encuentre gozando de medidas cautelares,(como el caso de nuestro cliente) es más que contundente el hecho que el legislador ordena que sea citado al establecer que... “El Juez librará citación al Fiscal y los demás interesados que hasta el momento hayan sido identificados y que puedan comparecer, y estos tendrán derecho a asistir a la práctica Anticipada de la Prueba, en la forma prevista para el Debate.” Lo anterior tiene su fundamento en que el legislador en el párrafo penúltimo del artículo 307 del Código Procesal Penal PROHÍBE producir prueba sin presencia del imputado y si este se negare, por cualquier motivo a comparecer, el legislador estable que el Juez podrá hacerlo comparecer a la fuerza, distingamos: “Si el imputado se halla en libertad y no se presenta a la audiencia, el Tribunal de Sentencia ordenará su conducción por la fuerza pública o su detención. Si no es posible la conducción oportuna del imputado, se suspenderá el debate hasta que sea habido o se presente voluntariamente.”,e) otro caso que implica esa PROHIBICION de celebrar la audiencia sin f) presencia del imputado, se refiere cuando el imputado estando detenido se fuga, o si se encuentra incapacitado para comprender el alcance de los actos del juicio (artículo 105 del Código Procesal Penal), en todos estos casos las audiencias se suspenden hasta que se supere la situación mencionada; g) No obstante, todo lo anterior, resulta inconcebible, que por el hecho de que el imputado no compareció y que por la desidia del Fiscal y del Juez, para no utilizar los mecanismos legales establecidos en la ley procesal para hacerlo comparecer, ahora acontezca que los jueces de sentencia, lo consideren CULPABLE a través de una presunción de culpabilidad que opera de la siguiente manera “TODO IMPUTADO QUE NO SE PRESENTE A UNA AUDIENCIA DE RECIBO DE PRUEBA, ES CULPABLE”; y,h) Por último, en caso de existir alguna laguna o pasaje oscuro en cuanto a la redacción de esa norma procesal establecida bajo el artículo 277 de la ley procesal, el legislador, nos remite, al contenido del artículo 18 del Código Procesal Penal, que literalmente dice: “Interpretación de pasajes oscuros de la Ley. Los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal SE INTERPRETARÁN DEL MODO QUE MÁS FAVOREZA A LA PERSONA IMPUTADA.” Por lo que consta en autos la persistente actitud del Defensor Técnico del imputado para lograr que su defendido no fuere juzgado mediante la incorporación de prueba ilegal que fue obtenida violentando las solemnidades y formalidades que estable el Debido Proceso y en transgresión al derecho de Defensa que lo asiste en la obtención de la prueba anticipada de marras, sin embargo, a pesar de haber interpuesto en su momento procesal oportuno el incidente de nulidad, el mismo no fue resuelto en el acto, sino hasta esta sentencia, siendo sus resultados infructuosos, dado que los jueces de sentencia simplemente argumentan en contra de la ley constitucional y procesal alegando que el imputado había sido citado y que voluntariamente no quiso comparecer, no estableciendo los alcances jurídicos que afectan ese acto procedimental al no estar presente el imputado, o las razones jurídicas que se expusieron en la celebración de dicha audiencia para prescindir o justificar la no participación del imputado; simplemente se limitaron los jueces a justificar como cualquier parte, que; el imputado había sido citado, que no llegó porque no quiso, que bastaba con la presencia de sus abogados defensores L. F. Y C. M. C., que ambos abogados no habían establecido ninguna protesta, ETC—.-En pocas palabras, los jueces de sentencia responsabilizan a estos profesionales del derecho de las consecuencias que se derivaron de la Prueba Anticipada en contra del imputado, ya que eran ellos, los encargados de su Defensa Técnica, por lo que debió ser en ese momento procesal que la defensa interpusiera las acciones de tutela jurídica pertinentes (amparos, apelaciones, nulidades etc.) y no en otro. Veamos: Numeral TERCERO, página séptima de la VALORACIÓN DE LA PRUEBA:”…El motivo de nulidad planteado por la defensa del acusado para excluir esta prueba anticipada aduciendo que el Juzgado de Letras correspondiente no citó a su defendido para que compareciera a la práctica de esta diligencia, no resulta ser válido, puesto de que de la simple lectura del acta se advierte que tanto esta diligencia como la de reconocimiento de rueda, en la que obviamente se encontraba el imputado, fueron realizadas el mismo día y el acusado estuvo representado por dos Defensores Privados, los Abogados L. F. y C. M. C., en consecuencia no puede alegarse a estas alturas que el acusado desconociera la diligencia que iba a realizarse; asimismo, NO CONSTA QUE LOS DEFENSORES HAYAN HECHO CONSTAR PROTESTA ALGUNA SOBRE LA FALTA DE CITACIÓN DE SU DEFENDIDO; Y ESO ES ASI PORQUE SABIAN QUE NO SE ESTABA AFECTANDO EN NADA AL SEÑOR G. H.; ESTOS JUZGADORES TIENEN LA CERTEZA DE QUE EFECTIVAMENTE EL ACUSADO SI FUE CITADO PORQUE ES UNA CUESTIÓN PROCEDIMENTAL QUE CONSTA EN LAS ACTUACIONES REMITIDAS POR EL JUEZ DE LETRAS (folio quinientos veintidós)”.Apartado DECIMO SEGUNDO de la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA: En el presente caso, en el que el acusado contaba con la asistencia de dos Defensores Privados, quienes presentaron la práctica de la prueba anticipada, tanto a la declaración testifical, en la que alega el actual Defensor que su representado no estuvo presente porque no fue citado; como la de reconocimiento en rueda, en la cual arguye la Defensa que no tiene validez alguna por considerar que el testigo protegido había sido inducido a señalar al señor E. G. H. como el responsable de los hechos ilícitos cometidos.-El Código Procesal Penal en su artículo 303 establece que una vez notificado el auto de apertura a juicio, el Secretario del Juzgado de Letras debe remitir a la sede del Tribunal de Sentencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, las actuaciones y la documentación; pues bien, siendo que las actuaciones obran en poder de este Tribunal, estos, Juzgadores HEMOS OBSERVADO QUE EL EXTREMO ALEGADO POR LA DEFENSA, AL ASEGURAR QUE EL JUZGADO DE LETRAS NO CITO A SU DEFENDIDO PARA QUE ACUDIERA A LA AUDIENCIA DE ANTICIPO DE PRUEBA TESTIFICAL, ES FALSO, YA QUE A FOLIO QUINIENTOS VEINTIDÓS (522); CORRE AGREGADA LA CONSTANCIA QUE CONTIENE LA DILIGENCIA DE CITACIÓN ALUDIDA. En consecuencia, SE DEDUCE QUE LA AUSENCIA DEL ACUSADO EN ESTE ACTO DE PRUEBA ANTICIPADA FUE VOLUNTARIA, ES DECIR, QUE NO ESTUVO PORQUE NO QUISO, YA QUE SUS DEFENSORES SI SE HALLABAN PRESENTES; Y SI ESTOS HUBIEREN ADVERTIDO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE SU DEFENDIDO SE HABRÍAN OPUESTO AL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA EN CUESTIÓN. O BIEN, DEBIERON HACER CONSTAR LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE...” (Lo recalcado es mío).Los motivos expuestos por el Tribunal de Sentencia para prescindir del imputado en la audiencia de prueba anticipada y por ende del respeto que tiene el imputado a un Debido Proceso, son inatendibles desde todo punto de vista descriptivo e intelectivo judicialmente, ya que una autoridad judicial seria, que se le hubiera presentado esta situación o polémica constitucional, debió procurar, al momento de razonar su decisión, evitar incitar situaciones eventualmente lesivas al imputado, ya que si se encontraba en la situación de considerar o ponderar que en el presente caso, emergía un verdadero conflicto de intereses, entre la urgencia de la producción u obtención de la prueba anticipada y el derecho del imputado a estar presente; en tal caso, debió el Tribunal de Sentencia razonar, más allá de limitarse a argumentar la existencia o no de la supuesta citación al imputado, o lavarse las manos—infiriendo que no existe nulidad porque los abogados defensores L. F. Y C. M. C., avalaron dicha audiencia al no plantear nulidad o protesta alguna. Tal forma de motivación elude pronunciarse del fondo del incidente planteado por la defensa técnica en la audiencia de Debate de Juicio Oral y Público en la obtención e incorporación de prueba ilícita en la violación de las garantías de derechos constitucionales, y no obstante ello, la incorporan al Debate a sabiendas de la violación constitucional que producían, o que es lo mismo, no les Importó la violación a una formalidad o solemnidad del Debido proceso, por lo que, les fue de menos las graves restricciones, limitaciones o tergiversaciones al derecho de defensa material que tenía el imputado E. G. H. y cuando afectaban estas a las reglas del juicio oral y público, ya que sin la presencia del imputado, era obvio, que éste no había tenido la oportunidad de defenderse materialmente al no estar presente en la diligencia de acopio de prueba y más aún por tratarse de la única prueba de valor decisorio, que es de donde emerge el fallo condenatorio por lo tanto, si los jueces de sentencia no se hubieran limitado a incorporar una prueba obtenida ilegalmente aduciendo argumentos incoherentes e insubstanciales ajenos a ley; en ese contexto al cual nos hemos referido, no se hubiera producido el defecto denunciado al Debido Proceso, ya que el mismo, incidió de manera decisiva en la intervención y asistencia material del imputado dentro del Debate del Juicio Oral y Público, el cual se trata de una garantía constitucional que resguarda el derecho de defensa, no sólo contenidas en forma expresa en los Artículos 90 y 82 de la Constitución de la República, sino en los cánones 14 apartes 3 d) y e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 apartes 2 e) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así las cosas, es criterio del recurrente que corresponde anular la sentencia de mérito y el Debate decretando la absolución de mi representado debido a que esta prueba ilícita es la única prueba de cargo. A afecto de establecer algunos conceptos constitucionales citados por el recurrente, que la jurisprudencia Hondureña ya ha señalado fehacientemente, me permito citar las siguientes sentencias de casación en base a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal. ”...ESTA SALA ha determinado QUE EL DERECHO DE DEFENSA SE CARACTERIZA en su esencia por la oportunidad que tenga el procesado de allegar prueba al Juicio e intervenir en la evacuación de la propuesta por la otra parte en un debate público y contradictorio (en su caso), así como de tener acceso a la interposición de los recursos legales correspondientes, ... “(Sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil cinco, recaída en el Recurso de Casación numero 538=04).”…AL DEBIDO PROCESO le nutren derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el DERECHO DE DEFENSA, de rango constitucional, considerado inviolable seqún el artículo 82 de la Constitución de la República, con el cual se pretende evitar la imposición de una pena, con desconocimiento del derecho fundamental de defensa como ha sucedido en el presente caso...” (Sentencia de fecha quince de junio de dos mil cinco, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 2874=03).”…EL PRINCIPIO-DERECHO DEBIDO PROCESO, como ya los hemos dicho en otras ocasiones, supone que toda persona deba ser juzgada observando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, según lo que se dispone en el artículo 90 de la Constitución de la República. Una de esas formalidades esenciales la establecen LAS REGLAS DEL JUICIO, según las cuales el Juez para decidir un caso solamente tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. ESTA REGLA ESENCIAL DEL JUICIO, y concretamente de la deliberación del caso, supone que los jueces y tribunales para formar su convicción, solamente podrán hacerlo a partir de aquellas pruebas que se hayan practicado en el debate de acuerdo a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 336 del Código. Cualquier quebranto de estas reglas implicará evidentemente una vulneración de las reglas del juicio, que en caso de tratarse de algo esencial que trascienda al resto del fallo, puede implicar la nulidad de éste...”.(Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil cinco, recaída en el recurso de Casación No. 1441-2033=2004).- Para concluir, si aplicamos la SUPRESIÓN HIPOTÉTICA de la prueba anticipada, suprimiéndola mentalmente de la sentencia recurrida, observaremos que la misma es decisiva, ya que no existe otra prueba evacuada en el juicio Oral y Público que apoye, confirme o soporte una sentencia condenatoria, (ya que inclusive el mismo reconocimiento de rueda fue desestimado como prueba creíble para enervar el estado de inocencia por parte de los jueces de sentencia) siendo esta prueba anticipada testifical la única de donde se sostiene el fallo condenatorio, pero al no existir hipotéticamente esa prueba anticipada, el resultado de la sentencia hubiera sido absolutorio. Por eso decimos que los Jueces de Sentencia prefieren sacrificar los derechos y garantías constitucionales del imputado, para dictar a cualquier costo humano, una sentencia condenatoria, no importándoles a su vez que dicha prueba testifical recibida anticipadamente adolezca de una grave violación a una regla del juicio oral y público que afecta el Debido Proceso, situación esta que se confirma cuando los jueces dicen en su fallo que; “...no consta que los defensores hayan hecho constar protesta alguna sobre la falta de citación de su defendido, Y ESO ES ASI PORQUE SABIAN QUE NO SE ESTABA AFECTANDO EN NADA AL SEÑOR G.H...” con este argumento, se deduce que para estos jueces de sentencia el imputado es culpable y que sus derechos NO VALEN NADA, en consecuencia, no importaba para esto jueces de sentencia si el acto procedimental cumplía o no con las solemnidades y formalidades de la Ley, porque resulta más fácil culpar a los abogados defensores de esa transgresión constitucional, como que si estos, fueran los encargados por la ley para llevar la dirección, vigilancia y control de la actividad jurisdiccional, por lo que reiteramos, era más fácil desviar la discusión del incidente de nulidad a una citación que fue la salida más viable para estos jueces de sentencia y no la de fijar la cuestión principal del incidente de nulidad, que era la transgresión de haberse celebrado un “ACTO DE DEBATE CON LA OBTENCION E INCORPORACION DE UNA PRUEBA ANTICIPADA SIN LA PRESENCIA DEL IMPUTADO, LO QUE LA CONVIERTE EN ILICITA” consiste esa Prueba Anticipada en la declaración del TESTIGO PROTEGIDO NÚMERO 01220605, la cual se recibió sin cumplir con las formalidades y solemnidades del Debido Proceso establecidas en los artículos 277 párrafo cuarto, 1, 4, 14, 18, 101 numeral 10, 304, 307 y 312 numerales 8 y 9 del Código Procesal Penal, desarrollados en este Motivo de Casación.” V.-SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY:”PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY MOTIVO DE CASACION: Violación por FALTA DE APLICACIÓN del artículo 35, del Código Penal Vigente con relación al artículo 97, párrafo último reformado de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso que nos ocupa y al abocarnos al contexto de la fundamentación Jurídica de la sentencia recurrida y estando obligados a respetar por disposición legal la santidad e integridad de la sentencia, encontramos que el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, califica jurídicamente los Hechos, de la siguiente manera: a) Como tres delitos de HOMICIDIO Y UN DELITO DE HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, por tanto, el Tribunal de Sentencia subsume el delito de homicidio en el artículo 116 del Código Penal Vigente, imponiéndole al imputado E. G. H. la pena de 15 años b) de Reclusión por la muerte de cada persona y 10 años de reclusión por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa; acumulándosele al imputado las penas por los varios delitos de Homicidio y tentativa de Homicidio, la cantidad de 55 años de Reclusión y teniendo como establecido de acuerdo a los hechos probados que el imputado E. G. H. se le consideraba responsable de la muerte de tres personas (M. A. V., O. J. M. E., J. J. C.) y una tentativa de homicidio en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO NÚMERO 01220605, en tal sentido SE PRODUCE UN CONCURSO REAL. A este respecto el artículo 35 del Código Penal, dispone que al culpable de dos o más delitos se le impondrán las penas correspondientes a las diversas infracciones, disponiendo dicho precepto sustantivo en su parte final que,“Sin embargo la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederán de treinta (30) años”,Esta ley sustantiva está en armonía con lo establecido en el párrafo último del artículo 97 Reformado de la Constitución de la República, que dispone que,“Las penas privativas de libertad por simples delitos y las acumuladas por varios delitos se fijarán en la Ley Penal”,en consecuencia el párrafo último del referido artículo Constitucional se remite al artículo 35 del Código Penal Vigente, para su aplicabilidad en los casos como este, donde la norma sustantiva que se señala violada por falta de aplicación, LIMITA LAS PENAS ACUMULADAS, pues ESTAS PENAS DEBEN APLICARSE EN CONCURSO REAL por lo que el Tribunal de Sentencia en su Sentencia Definitiva, si consideraba culpable a mi representado, debió fijar la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, al tenor de lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal y no 55 AÑOS DE RECLUSION como arbitrariamente lo infiere la sentencia impugnada, ya que no se pronuncia sobre dicha acumulación de penas en la parte motivada de la sentencia recurrida.-INTERPRETACION OUE SE PRETENDE: No obstante que no se está de acuerdo con la condena impuesta ya que debió ser absolutoria, pero que para alegar este Motivo de Casación por Infracción de Ley debo obligadamente por cuestión procedimental, respetar la integridad y santidad de la sentencia recurrida y en vista de que la misma se comete el error in Iudicando al no tener en cuenta esta situación de la Pluralidad de acción y de delitos, presupuestos característicos del concurso real de delitos, que les es favorable a mi representado, resulta indiscutible que ese fallo violó de manera directa la norma sustantiva contenida en el artículo 35 del Código Penal, por haber computado las penas de los delitos fuera del marco del principio de legalidad establecido en la ley penal y constitucional, consecuentemente, elevó dichas penas en forma desproporcionada, cuando debió imponerlas a un término que no excediera de 30 años de reclusión. Para concluir y a afecto de establecer que la jurisprudencia hondureña ya ha establecido fehacientemente la nulidad de sentencia que infringen la ley sustantiva con este tipo de error, me permito citar la siguiente sentencia de casación en base a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal.”…ESTE MOTIVO ES DE RECIBO.-… ESTA SALA OBSERVA: Que los hechos probados revelan: Pluralidad de acción y de delitos, presupuestos característicos del concurso real de delitos, contenido en el artículo 35 del Código Penal, y que fue aplicado por el juzgador según se desprende de su fundamentación jurídica. - El artículo 35 del Código Penal recoge también la política criminal aplicable cuando se trata de la duración de penas acumuladas por varios delitos, que no pueden exceder de treinta (30) años, no refiriéndose el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia respecto a dicha acumulación. Todas estas razones permiten estimar el motivo de Casación por Infracción de Ley, procediéndose a reformar solamente la cuantía de los años que permanecerá en efectiva prisión, el acusado... “(Sentencia de fecha 12/5/2008, recaída en el Recurso de Casación Penal No.17=2007).(Con el fin de recalcar y resumir la parte fundamental de los diversos fallos de casación, el recurrente se ha permitido omitir nombres y resaltar aspectos jurídicos contenidos en las sentencias citadas)” Esta Sala de lo Penal se pronuncia sobre los recursos interpuestos de la siguiente manera:IV.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR LA NO OBSERVACION DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. I.- El sistema de valoración de prueba de sana crítica, como regla que ha de regir la deliberación y votación, al tenor de lo que dispone el artículo 336 del Código Procesal Penal, implica a su vez, la obligación jurisdiccional de exponer y dejar sentado en la sentencia los fundamentos del razonamiento lógico y su referencia causal[1]; para ello, se hace necesaria la observancia de los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Entre estas normas de la lógica se encuentran, la ley de identidad, la ley de contradicción, la ley del tercero excluido y la ley de razón suficiente. Respecto al primer recurso de casación por quebrantamiento de forma, que ha sido interpuesto, la defensa ha considerado infringidas normas de la lógica, como la ley de contradicción y la ley de razón suficiente, así como normas de experiencia común. Es sobre la concurrencia o no de dichas infracciones que se centrará el análisis del recurso examiné. Tal y como lo explica Enrique Bacigalupo[2], la formación de la convicción judicial sobre los hechos, se caracteriza por dos niveles diversos: El primer nivel consiste en la formación sobre la base de lo percibido en el juicio oral de las premisas de las que se debe deducir la valoración de la prueba. Este nivel corresponde básicamente a la decisión sobre la existencia o no de prueba de cargo. En el segundo nivel se trata de la observancia de las leyes de la lógica, de los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos de las deducciones que el Tribunal formula a partir de la prueba de cargo. Este nivel constituye lo que se puede designar como la infraestructura racional de la formación de la convicción. En el devenir de ambos niveles lo que se busca es comprobar la credibilidad de las pruebas aportadas por las partes; y este juicio de credibilidad aparece integrado por[3]: 1) la fiabilidad o confianza que genera cada uno de los medios probatorios; 2) la significación que debe otorgarse a los hechos expuestos al juzgador por cada uno de esos medios de prueba; y 3) la verosimilitud o creencia de que son verdaderos o falsos los hechos así aportados al proceso. La deducción ante todo, no debe ser lógicamente contradictoria. Por otra parte, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener, valga la redundancia, una razón suficiente que lo explique. Lo que es, es por alguna razón, "nada existe sin una causa o razón determinante”. Es así que, las leyes de contradicción y razón suficiente y las normas de experiencia se entrelazan; ya que, el juzgador ha de estar vinculado a las reglas normales de experiencia y conocimiento cuya explicación al tema debe explicitar y fundar. El método apela a una racionalidad que puede caracterizarse como la aplicación de los criterios de experiencia que nos permiten fundar afirmaciones, que llevan a formular conclusiones aceptables o socialmente plausibles respecto a que algo es probable, evidente, dudoso o cierto[4]. II.- Dicho lo anterior, como se deriva de la sentencia que se recurre por vía de casación, en el numeral segundo de la valoración de la prueba, el Tribunal de Sentencias considera que algunos de los hechos narrados por los testigos G. R. y J. A. R. M. son inverosímiles, ya que, en su opinión “lo más lógico hubiera sido que el sobreviviente declarara lo mismo ante la policía y no hubiera mostrado ningún resquemor” (ver f-741); lo que confirma, luego de analizar las declaraciones de J..B. M. y O. M. H. en relación a los testigos antes mencionados, al expresar: “Cabe señalar además, que si fuera cierto el extremo declarado por los testigos G. R. y J. A. R. M., antes valorados, cuando refieren que la víctima inculpó de lo sucedido a un compañero, consideramos que dicha víctima no hubiera tenido problema alguno en dar esa misma versión a la autoridad policial” (ver f-741v); Sin embargo, en el numeral tercero de la valoración de la prueba, al referirse a la prueba anticipada consistente en la declaración rendida por el testigo protegido con la clave 01220605, el Tribunal refiere: “No advertimos contradicciones en su relato de hechos; él deja entrever la pasividad con que los elementos policiales actuaron y más grave aún, señala que uno de ellos fue quien buscó el vehículo que los trasladaría hasta un lugar en donde tomarían otra unidad para salir de Morazán, de allí que no nos extrañe su desconfianza hacia la autoridad policial” (ver f-743). Estas aseveraciones del Tribunal de Sentencia, resultan a toda luz contradictorias; en vista de que por un lado, desacredita dos testimonios, por considerar que si el testigo protegido con la clave 01220605, hubiera tenido confianza de contarle lo sucedido a dos extraños, también lo hubiese relatado ante la Policía; pero luego, al apreciar el testimonio del testigo protegido con la clave 01220605, entiende que no tuviera confianza a la Policía. Con esta argumentación, además el A-quo establece una especie de requerimiento para la confianza, significación y verosimilitud de los testigos G. R. y J. A. R. A.; que no sólo resulta ajena a ellos mismos, sino que al ser contrastada con el testimonio de la víctima, el testigo protegido con la clave 01220605, trae como consecuencia, tal y como lo hemos señalado una infracción a las normas de la lógica, específicamente a las leyes de contradicción y de razón suficiente; esto último porque la simple enunciación de que les parece que lo lógico hubiese sido un actuar diferente al que se realizó, no explica suficientemente la apreciación que de dichos testigos se tiene; en especial cuando con ello no se toma en cuenta, que hubieron razones determinantes para que desconfiara de la Policía, que posteriormente el mismo tribunal aduce. III.- En virtud de lo antes expuesto, debe concluirse, como efectivamente lo hace esta Sala de lo Penal, que la sentencia definitiva fue dictada, bajo parámetros de incumplimiento a las reglas de la sana crítica, en específico, a las normas de la lógica, en lo que a las leyes de contradicción y razón suficiente conciernen; y en consecuencia debe ser declarado Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Quebrantamiento de Forma invocado por el recurrente. IV.- No se conoce de los otros Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, así como por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, al haberse declarado con lugar el primer motivo alegado.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 31, 32, del Código Penal; 202, 338, 359, 362 preámbulo y numeral 3) y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo, invocado por el Abogado C. D. P., en su condición de apoderado legal del Señor E. G. H., por no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica.- 2) casa la sentencia.- 3) Declara la nulidad del fallo de fecha cinco de marzo del año dos mil diez, dictado por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro y del debate en que se pronunció. Y MANDA: PRIMERO: Que se celebre nuevo debate con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado.-SEGUNDO: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. Redactó: El Magistrado CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.-SELLO Y FIRMAS.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.-COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.-SELLO Y FIRMA.-LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil once.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil once,recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.172=2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1]Véase. Moras Mom, Jorge R. Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Abeledo Perrot, Quinta edición, Buenos Aires, Argentina, 1999, Página 384.
[2] Véase. Bacigalupo, Enrique, La Impugnación de los Hechos Probados en la Casación Penal y otros estudios, Editorial Adhoc S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1994, Páginas 28 y 29.
[3] Consejo General del Poder Judicial, La Sentencia Penal, Climent Durán, Carlos, La Estructura Lógica del Razonamiento de las Sentencias Penales, Madrid, España, 1992, Página 369.
[4] Véase. Vásquez Rossi, Jorge E., Derecho Procesal Penal (La realización penal), Tomo II El Proceso Penal, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, Argentina, 1997, Página 342.