Sentencia CP-17-10 — Registro 2094
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de homicidio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Argumenta el recurrente que el acusado C. D. Y. M., se encuentra amparado en una causa de justificación, consignada en el artículo 24 No. 1) del Código Penal Reformado, como eximente de responsabilidad Criminal. Esgrime que el A Quo no ha dado credibilidad a la declaración del testigo R. R.A., quien manifestó que el acusado actuó en legítima defensa porque dice que miró al hoy occiso que venia con la pistola en la mano… y que este le puso la pistola, ya que el y sus acompañantes querían asaltar y matar al señor C. D. Y. M. porque tenían conocimiento que este cargaba una fuerte suma de dinero para la compra de maíz y frijoles. Reprocha que el Juzgador no le dio ningún valor jurídico a la PRUEBA TESTIFICAL aportada por la defensa y valoró un DICTAMEN BALÍSTICO contradictorio y que se hizo tres años después de haber ocurrido los hechos y una AUTOPSIA de fecha (23) de marzo de dos mil siete (2007) ó sea con más de tres años de haber producido los hechos. Sostiene que en el presente caso no hubo provocación suficiente que supusiera que el señor C. D. Y.M. provocó al ahora occiso E. N. M.. Asegura que quien provocó fue el occiso al querer dispararle llevando la mano tendida con la pistola hacia el acusado C. D. Y. M.. Refiere que si el acusado hubiera provocado al ahora occiso E. N. M. sería suficiente para esperar una agresión. Considera el señor C. D. Y. M. no provocó los hechos que produjeron el deceso del señor E. N. M., por lo que el acusado se encuentra amparado en ésta causa de justificación. Entre otros tratadistas LUÍS JIMÉNEZ DE ASUA comenta que “no cabe duda de que existe derecho de la legitima defensa no solo cuando la agresión es actual, si no cuando es inminente, así consta de manera clara en el texto de nuestros códigos, aunque sea implícitamente. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Volviendo al caso que ahora nos ocupa, esta Sala observa que el recurrente cuestiona y censura los hechos declarados probados por el Juzgador de Instancia. Como antes lo expresamos, lo que ha sido reiterado en múltiples sentencias dictadas por esta Sala, el cuadro fáctico de la sentencia recurrida en casación, es inmutable e intangible, o no susceptible de modificación por parte del tribunal de casación. De los hechos declarados probados no se deriva objetivamente la presencia de una causa de justificación o eximente de responsabilidad criminal de legitima defensa personal, en la que el acusado C. D. Y. M., pudiera estar amparado. Del cuadro fáctico de la sentencia impugnada se desprende que cuando el ahora occiso E. N. M. acompañado de otras personas “pasaban frente a la gasolinera “...” de ese sector, el señor C. D. Y. M. disparó su arma de fuego contra el señor E. N. M., provocando dos heridas. 1.- a) Orificio de entrada a nivel de región parietooccital izquierda de 3x1.5 cms, a 161 cms de altura del talón y 6 cms de línea media posterior. B) Trayecto: de atrás hacia delante y de izquierda a derecha con lesión de piel y tejido subcutáneo, músculos de cráneo, fractura de huesos de cráneo. C) Orificio de salida no hubo. 2.- a) Orificio de entrada a nivel de región pectoral izquierda a 131 cms de altura de talón y 23 cms de línea media. B) Trayecto de izquierda a derecha y de adelante hacía atrás con lesión de piel y tejido subcutáneo, músculos de tórax, laceración pulmonar, se encontró proyectil a nivel de cavidad torácica izquierda. C) Orificio de salida no hubo; la primera herida fue la que produjo el fallecimiento instantáneo del señor E. N. C. M.”. De este modo, la Sala Concluye que de los hechos declarados probados el Tribunal de Instancia se subsume en el tipo penal de Homicidio Simple, sancionado en el Artículo 116 del código Penal, por lo que desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"En el presente caso esta Sala observa que el Censor ha realizado un exhaustivo y detallado resumen de la prueba y que reprocha el valor probatorio dado a estas por el Juzgador. Asimismo presenta objeciones a la fundamentación intelectiva de la prueba. Sin embargo, olvida indicar concretamente la regla o reglas de la sana crítica, es decir, atinentes a la lógica, Psicología o de la experiencia común, que el A Quo habría dejado de aplicar al valorar la prueba, tampoco el recurrente señala concretamente los alcances o efectos que dicha omisión habría provocado en el fallo final. Como antes lo expresamos, en virtud del principio de inmediación la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido entonces por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral, de ahí que a esta Sala únicamente le corresponde verificar si el razonamiento seguido por el Juzgador para la valoración de los elementos probatorios es lógico y coherente. En este sentido, el razonamiento seguido por el Tribunal de Sentencia no se presenta ilógico o arbitrario, cuando destaca como un elemento probatorio fundamental el dictamen de autopsia incorporado al proceso y que determina la trayectoria de la bala que causó la muerte del occiso, es decir, de atrás hacia adelante. Por otro lado esta Sala no encuentra en el proceso dictamen pericial en contra o referencias de carácter científico fiables, mediante los cuales se pudiera desvirtuar ese medio de prueba cuestionado por el recurrente, de tal manera que la conclusión a la que arriba el Tribunal cuando descarta la estimación de la legítima defensa invocada por la representación del procesado no se presenta contraria a las reglas de la sana crítica. Por todas las razones anteriormente expuestas procede declarar sin lugar el presente motivo."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día trece de abril de dos mil once, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, mediante la cual Condenó a: C. D. Y. M., como autor responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de E. N. M. a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado J. E. A. C., actuando en su condición de apoderado Defensor del señor C. D. Y. M.- SON PARTES: El Abogado J. E. A. C., Apoderado Defensor del señor C. D. Y. M., como parte recurrente; La Abogada K. L. M. P., Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO. I.- Que el Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- HECHOS PROBADOS Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: “UNICO: El día ocho de enero del año dos mil cuatro, en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro, entre las nueve y diez de la noche, el señor E. N. M., acompañado de tres personas más se dirigía a su casa de habitación situada en la colonia 22 de mayo; cuando pasaban frente a la gasolinera “American” de ese sector, el señor C. D. Y. M. disparó su arma de fuego contra el señor E. N. M., provocando dos heridas. 1.- a) Orificio de entrada a nivel de región parietooccital izquierda de 3x1.5 cms, a 161 cms de altura del talón y 6 cms de línea media posterior. B) Trayecto: de atrás hacia delante y de izquierda a derecha con lesión de piel y tejido subcutáneo, músculos de cráneo, fractura de huesos de cráneo. C) Orificio de salida no hubo. 2.- a) Orificio de entrada a nivel de región pectoral izquierda a 131 cms de altura de talón y 23 cms de línea media. B) Trayecto de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás con lesión de piel y tejido subcutáneo, músculos de tórax, laceración pulmonar, se encontró proyectil a nivel de cavidad torácica izquierda. C) Orificio de salida no hubo; la primera herida fue la que produjo el fallecimiento instantáneo del señor Elvin Noel Cruz Meléndez”. III.- El Abogado J. E. A. C., en su condición de Apoderado Defensor del señor C. D. Y. M., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “SE PROMUEVE RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. MOTIVO ÚNICO: Violación por falta de aplicación del artículo 24 numeral 1 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: A la luz de la doctrina y la ley, mi defendido se encuentra amparado en una causa de justificación, consignada en el artículo 24 del Código Penal Reformado, como eximente de cualquier responsabilidad Criminal, en sus conclusiones el Tribunal Juzgador en ningún momento le da credibilidad a la declaración de los testigos R. R. A., quien manifestó en todo momento que mi defendido actuó en legítima defensa porque miró al hoy occiso que venía con la pistola en la mano ahí en frente de las bombas porque ahí tenia parqueado el camión pegado a las bombas, entonces el señor salió por el otro lado de la gasolinera, escapándose de ellos (los asaltantes), entonces se vieron ellos por acá por enfrente de las bombas donde tenía el carro, entonces el muerto le puso la pistola, ya que el objetivo del hoy occiso y sus acompañantes era asaltar y matar al señor C. D. Y. M. ya que todos ellos tenían conocimiento de que mi defendido el señor C. D. Y. M. cargaba una fuerte suma de dinero para la compra de maíz y frijoles de esta manera se deduce que el Tribunal Sentenciador actuó parcialmente, pues no le dio ningún valor jurídico a la prueba testifical aportada por la defensa en el juicio oral y público, ya que dicho tribunal sentenciador valoró un dictamen balístico totalmente contradictorio porque se hizo tres años después de haber ocurrido los hechos, practicándose una autopsia en fecha (23) de marzo del año dos mil siete (2007) ó sea más de tres años de haber ocurrido los hechos. DOCTRINA: Coello Colon. sostiene “si hay identidad entre el instrumento con que se ataca y el empleado para la defensa existe un medio racional que justifica la legítima defensa de la persona. El Tribunal Supremo ha sentado como regla general “que el que emplea armas iguales a las del agresor, USA UN MEDIO RACIONAL DE DEFENSA”. La falta de provocación suficiente de parte de quién se defiende.- Para que exista se exige que el defensor no haya dado lugar a la agresión, con su conducta injusta, excitando o provocando al agresor, el Tribunal Supremo de ESPAÑA en sentencia de catorce (14) de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno (1941), sostiene que la falta de provocación suficiente como es condición negativa, debe presumirse si no consta nada en contrario; en el presente caso no hubo provocación ni suficiente ni de ninguna índole que supusiera que el señor C. D. Y. M. provocó de alguna manera al ahora occiso E. N. M. antes bien quien provocó fue el occiso al quererle disparar llevando la mano tendida con la pistola hacia la humanidad del señor C. D. Y. M., y si como una excepción mi defendido hubiera provocado al hoy occiso E. N. M. y de esta manera la ley exige que ésta provocación debe ser suficiente como para esperar una agresión de la otra parte, en fin y de acuerdo con el Tribunal Supremo, la provocación como es condición negativa debe presumirse dada las tres circunstancias que autorizan la legítima defensa de la persona, tipificada como se dijo en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal reformado; como así mismo que el señor C. D. Y. M. no provocó en ningún momento los hechos que produjeron como consecuencia infausta el deceso del occiso E. N. M.; por lo que a mí patrocinado en ningún momento se le debió poner una condena de esa naturaleza, pues se encuentra amparado en ésta causa de justificación. El tratadista MAX ERNESTO MAYER opina: la presencia de la agresión es peligro de una lesión inminente y, en consecuencia, si la lesión que amenaza es ya un ataque presente, siempre que la realización instantánea de la amenaza debe esperarse constituye “agresión ilegítima”. FRANZ VON LISZT dice: “no es necesario esperar por una parte el comienzo de la agresión, mientras que por otro, también pueda ser repetida la agresión comenzada en cuanto continúa”. BERNARDO ALIMENA explica “es imposible que el peligro comience antes que la agresión haya comenzado, y sí se espera que la agresión haya comenzado, sería demasiado tarde”. FRANCISCO JOAQUIN PACHECO: Señala “basta para autorizar el ejercicio de este derecho el de la' legítima defensa, que sea inminente la acción que de hecho amague, que haya en realidad la tentativa contra nosotros de causarnos un mal grave”. LUÍS JIMÉNEZ DE ASUA: Comenta “no cabe duda de que existe derecho de la legitima defensa no solo cuando la agresión es actual, si no cuando es inminente, así consta de manera clara en el texto de nuestros códigos, aunque sea implícitamente. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO C. D. Y. M., ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 24, NUMERAL 1) DEL CÓDIGO PENAL. Argumenta el recurrente que el acusado C. D. Y. M., se encuentra amparado en una causa de justificación, consignada en el artículo 24 No. 1) del Código Penal Reformado, como eximente de responsabilidad Criminal. Esgrime que el A Quo no ha dado credibilidad a la declaración del testigo R. R. A., quien manifestó que el acusado actuó en legítima defensa porque dice que miró al hoy occiso que venia con la pistola en la mano… y que este le puso la pistola, ya que el y sus acompañantes querían asaltar y matar al señor C. D. Y. M. porque tenían conocimiento que este cargaba una fuerte suma de dinero para la compra de maíz y frijoles. Reprocha que el Juzgador no le dio ningún valor jurídico a la PRUEBA TESTIFICAL aportada por la defensa y valoró un DICTAMEN BALÍSTICO contradictorio y que se hizo tres años después de haber ocurrido los hechos y una AUTOPSIA de fecha (23) de marzo de dos mil siete (2007) ó sea con más de tres años de haber producido los hechos. Sostiene que en el presente caso no hubo provocación suficiente que supusiera que el señor C. D. Y. M. provocó al ahora occiso E. N. M. Asegura que quien provocó fue el occiso al querer dispararle llevando la mano tendida con la pistola hacia el acusado C. D. Y. M. Refiere que si el acusado hubiera provocado al ahora occiso E. N. M. sería suficiente para esperar una agresión. Considera el señor C. D. Y. M. no provocó los hechos que produjeron el deceso del señor E. N. M., por lo que el acusado se encuentra amparado en ésta causa de justificación. Entre otros tratadistas LUÍS JIMÉNEZ DE ASUA comenta que “no cabe duda de que existe derecho de la legitima defensa no solo cuando la agresión es actual, si no cuando es inminente, así consta de manera clara en el texto de nuestros códigos, aunque sea implícitamente. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Volviendo al caso que ahora nos ocupa, esta Sala observa que el recurrente cuestiona y censura los hechos declarados probados por el Juzgador de Instancia. Como antes lo expresamos, lo que ha sido reiterado en múltiples sentencias dictadas por esta Sala, el cuadro fáctico de la sentencia recurrida en casación, es inmutable e intangible, o no susceptible de modificación por parte del tribunal de casación. De los hechos declarados probados no se deriva objetivamente la presencia de una causa de justificación o eximente de responsabilidad criminal de legitima defensa personal, en la que el acusado C. D. Y. M., pudiera estar amparado. Del cuadro fáctico de la sentencia impugnada se desprende que cuando el ahora occiso E. N. M. acompañado de otras personas “pasaban frente a la gasolinera “American” de ese sector, el señor C. D. Y. M. disparó su arma de fuego contra el señor E. N. M., provocando dos heridas. 1.- a) Orificio de entrada a nivel de región parietooccital izquierda de 3x1.5 cms, a 161 cms de altura del talón y 6 cms de línea media posterior. B) Trayecto: de atrás hacia delante y de izquierda a derecha con lesión de piel y tejido subcutáneo, músculos de cráneo, fractura de huesos de cráneo. C) Orificio de salida no hubo. 2.- a) Orificio de entrada a nivel de región pectoral izquierda a 131 cms de altura de talón y 23 cms de línea media. B) Trayecto de izquierda a derecha y de adelante hacía atrás con lesión de piel y tejido subcutáneo, músculos de tórax, laceración pulmonar, se encontró proyectil a nivel de cavidad torácica izquierda. C) Orificio de salida no hubo; la primera herida fue la que produjo el fallecimiento instantáneo del señor Elvin Noel Cruz Meléndez”. De este modo, la Sala Concluye que de los hechos declarados probados el Tribunal de Instancia se subsume en el tipo penal de Homicidio Simple, sancionado en el Artículo 116 del código Penal, por lo que desestima el motivo de casación invocado por el recurrente RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO ÚNICO: NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PARA LA FIJACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS; LA REGLA DE LA SANA CRÍTICA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 202 Y 336 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1. Consideraciones Previas.- Por La Sana Crítica.- Entendemos el conjunto de normas de criterios de los Jueces, basados en pautas de la lógica, la experiencia común y la psicología, y aún del sentido común que, aunadas llevan al convencimiento humano. La regla de la sana crítica, como método intelectivo que el Código Procesal Penal impone a los Jueces para llegar a la verdad material, está integrada, por una parte con los principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza en su ruta hacia la verdad lógica, ontológica y teleológica y, por otra parte, por las reglas empíricas denominadas máximas de experiencia. Esa libertad dada por la Sana Crítica, reconoce un límite que es el respeto a las normas que gobierna la corrección del pensamiento, es decir las leyes de la Lógica, de la psicología y de la experiencia común por lo que es exigible que las conclusiones a que se arriben sea el fruto racional de las pruebas del proceso sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige la prueba en que se funde solo permita arriba a una única conclusión y no a otra especialmente cuando el fallo se fundamenta en la prueba indiciaria que, por su condición de prueba indirecta, debe gozar de los atributos de probanza, gravedad, precisión y concordancia suficiente, debiendo, al tenor del silogismo Aristotélico, respetar no solamente aquel principio, sino además los de identidad, contradicción y tercero excluido. Este razonamiento comprende la razón jurídica del contenido de la sana crítica o libre convicción que no debe confundirse con la arbitrariedad o libertinaje de convicción, lo cual significa que el Juez Juzgador en el momento de fallar debe aplicar este método al establecer los hechos probados y fundamentar la razón de su elección, no en el convencimiento personal, no en lo que personalmente cree (arbitrariedad), si no que deben hacerlo en forma razonada y aplicar la sana crítica, es decir, que el convencimiento debe realizarse mediante las pruebas aportadas y debatidas en el proceso, analizadas objetiva y científicamente a la luz del derecho, contado con una certeza apodíctica. El pensamiento lógico y la comunidad de la prueba contenida en el artículo 202 del Código Procesal Penal, repelen ipso facto todo asomo de íntima convicción de los Tribunales Legos y da vida a su diferencia frente a los Tribunales de Jueces Letrados, esto significa que sus resoluciones resultan subjetivas en relación a lo que creen y piensan, sin dar valor a la totalidad de pruebas allegadas al proceso y, lo que es peor inclinándose en masa hacia un sector probatorio en menosprecio del otro destruyendo la objetividad de llevar a la sentencia únicamente lo que menospreció del otro destruyendo la objetividad de llevar a la sentencia únicamente lo que conviene al fallo en detrimento del principio de imparcialidad en que descansa la confianza de administración de justicia y que tanto daño hace a la esperanza depositada por la sociedad en el Juez Juzgador. 2.-VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. En la aplicación de la Sana Crítica a la que se refiere el Código Procesal Penal vigente en múltiples ocasiones (202, 336, 338, 339, 363 entre otros), nos conduce a tres momentos del conocimiento: a) LA CERTEZA, como la situación donde el Juzgador está plenamente convencido de su verdad, sea de culpabilidad o de inocencia; b) LA DUDA, como la situación en la cual en el ánimo del Juez concurren, en términos de relativa igualdad, elementos de convicción positivos y negativos para determinar su decisión; y, c) LA PROBABILIDAD, cuando el juez tiene en su haber más elementos de convicción en contra que a favor del imputado.- Siguiendo el artículo 339 del Código Procesal Penal, solamente el estado de certeza puede enervar el estado de inocencia y producir la sentencia condenatoria. VALORACIÓN INTELECTIVA: Como expresiones que rindieron los testigos cuando se ejecutó el requerimiento fiscal, si bien es cierta la participación de mi defendido en los hechos sometidos al debate se puede apreciar en forma clara y precisa que mi defendido el señor C. D. Y. M., actuó amparado en una causa de justificación como ser la legitima defensa personal porque el repelió el ataque dirigido por el occiso E. N. M., en compañía de otros sujetos que caminaban con armas blancas manifestando uno de los testigos propuestos por la Fiscalía del Ministerio Público señor C. V. C. M., manifestó dicho testigo que fue coaccionado por unos parientes del hoy occiso E. N. M., dicho testigo fue incorporado vía incidental, solicitado por la Fiscalía del Ministerio Público en vista de que hubo contradicciones de la declaración que rindió en sede administrativa de la Dirección General de Investigación Criminal, y en vista que fue aceptada dicha petición en la cual le formularon una serie de repreguntas de lo relacionado, a lo que declaró dicho testigo en la misma sede administrativa, dando como resultado incongruencias y contradicciones, ya que el fiscal se mostró con una actitud coactiva e inquisidora, ya que dicho testigo de cargo ratificó todo ante este tribunal de sentencia, quien fue coaccionado por las señoras A. M. Y A. primas del hoy occiso, quienes le dijeron que tenía que decir la verdad si no iba a ir preso, que inculpa a C. D. Y. M., el ente acusador se aprovechó de la humildad del testigo C. V. C. M., para tratar de distorsionar los hechos aprovechándose en la condición que se encontraba dicho testigo en vista de que se encontraba guardando prisión en el Centro Penal de la Ciudad de Yoro, y lo hizo con el avieso propósito de desvanecer y no dar el valor jurídico de la causa de justificación como es en este caso la legítima defensa, ya que la deposición que hace toda persona tiene ser rendida ante una autoridad competente tal como lo estipula el artículo 88 inciso 3 de la Constitución de al República, de todo lo cual en el interrogatorio se probó que dicho testigo de cargo declaró que el hoy occiso disparó primero hacia la humanidad de mi defendido el señor C. D. Y. M., y con ello al momento de hacer la valoración de esta prueba, dicho tribunal no le dio ninguna credibilidad jurídica, aunque se vio enmarcada la clara mala intención del Fiscal del Ministerio Público que no se apegó al principio de objetividad en una analizada esta situación, la declaración rendida por el testigo R. R. A., este fue propuesto en la Audiencia Inicial por la defensa y en todo momento declaró que mi defendido actuó en legítima defensa, este Honorable Tribunal de Sentencia omitió a este testigo que propuso la defensa en los respectivos considerandos y solo dice que fue propuesto por la Fiscalía del Ministerio Público debiendo manifestarse que fue por ambos en forma conjunta por la defensa en vista que era un testigo presencial de los hechos; por otra se observa que en la declaración del testigo J. R. G. M. el tribunal le da la valoración jurídica de útil, siendo este testigo inútil en vista de que el no es conocedor de los hechos, sin embrago dicho testigo al momento de rendir su declaración dice que el hecho sucedió a las dos de la mañana, entrando en una completa contradicción, pues los hechos ocurrieron de nueve a diez de la noche, limitándose dicho testigo a defender la investigación que él realizó pues se trata de un policía por lo tanto la valoración jurídica es inútil, ya que la confesión tal como lo aseveraron los testigos presénciales de los hechos que son los señores R. R. A., quien era el Guardia de Seguridad en ese momento de la Gasolinera American del Municipio de Sulaco, Departamento de Yoro y también está relacionada dicha declaración por el señor C. V. C. M., testigos propuestos por la defensa y el Ministerio Público, tal como está acreditado en el acta de proposición de medios de prueba, del expediente de mérito, donde se comprobó en forma fehaciente que mi defendido actuó amparado en una causa de legítima defensa personal. Asimismo en la audiencia del debate y juicio oral y público continuada en la fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil nueve (2009) a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), presentándose el Perito J. H. P. E., Perito propuesto por la Fiscalía del Ministerio Público, quién ratificó el dictamen de exhumación número 07-2007, estableciendo las causas de la muerte del occiso E. N. M., siendo dicho dictamen totalmente contradictorio en vista de que el hecho sucedió el día ocho (8) de enero del año dos mil cuatro (2004), y la exhumación en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil siete (2007), ya que el dictamen resulta inverosímil y poco creíble que cuatro años después se lleve a cabo una autopsia forense y sea capaz de determinar con precisión que el disparo haya sido realizado de atrás hacia delante (o sea que la víctima estaba delante del victimario, estamos consientes que si es posible determinar la trayectoria intracorporia que siguió la bala dentro del cuerpo, de tal manera que en el momento en que se produjo la muerte se hace la autopsia forense, si es posible determinar que el disparo haya sido realizado de atrás hacia delante, pero en una osamenta que no tiene piel es difícil determinar la entrada de la bala, porque no tiene tejidos de piel y además la piel es elástica, lo que permite establecer orificio primario (orificio de entrada). 1.- No se puede establecer con claridad la trayectoria de la bala que ingreso en el cráneo, porque el primer disparo la víctima lo recibe en el pectoral izquierdo, eso provocó que la víctima realice un movimiento brusco de su cuerpo que pudiera quedar de espaldas al victimario, que es el momento que se produce ese disparo además deja la duda porque el forense no se pronunció al especto, cual de los dos fue la primera herida sino del pectoral izquierdo o la que recibe en el cráneo. 2.- Técnicamente el primer disparo lo recibe en el pectoral izquierdo cuando estaba enfrente del imputado, luego el segundo lo recibe cuando el cuerpo hace un giro hacia un lado porque entonces como explica el primer disparo en el pectoral izquierdo si supuestamente estaba de espalda hacía el imputado, por lo anteriormente expuesto este dictamen no es vinculante para condenar a un imputado en vista de que una exhumación se tiene que realizar en un plazo máximo de seis meses y no en un tiempo de mas de tres años, tal como aparece en la respectiva exhumación, dicha exhumación es nula por que fue realizada de manera unilateral por la parte acusadora sin el concurso de la defensa violentando de esta manera el derecho a la defensa aunque el imputado no haya sido habido y por lo tanto dicho dictamen producto de esa autopsia no tiene ninguna validez, y no se le tiene que dar ninguna valoración jurídica por ese tribunal juzgador para basarse en dictar una sentencia condenatoria, basándose de que en ningún momento se probó la legítima defensa ya que los énfasis de técnicos relacionados al dictamen cuando el médico forense dice que el disparo ingresó en la parte posterior izquierda de la cien, este aspecto es refutable en virtud que técnicamente se puede probar que el disparo no fue realizado de atrás hacia delante, por la razón siguiente: La víctima y el imputado se encontraba frente a frente, según la declaración de los testigos oculares del hecho, y en el momento en que recibe el primer impacto en el pectoral izquierdo, la víctima se inclina hacia delante por inercia, y es en el momento en que se está desplomando al suelo cuando recibe el disparo en la parte posterior de la cien izquierdo, también en la legítima defensa no es necesario esperar el comienzo de la agresión para defenderse ya que la legítima defensa por su naturaleza” es un acto lícito cual exime de responsabilidad penal, de acuerdo al Código Penal que en su letra dice “el delito es consumado cuando en el concurren todos los requisitos de su tipificación penal” también sorprende a esta defensa que el laboratorio de balística haya emitido un dictamen que parecía de dos balas que se encontraron en el cuerpo de la víctima mediante una exhumación de más de tres años después de la muerte lo anterior se determina dudoso ya que según los laboratorios criminalísticos de ciencia forense de policías científicos de países desarrollados concluyen que después de seis meses de haber enterrado una víctima los proyectiles que se encuentran en el cuerpo, sufren daños considerables producto de la descomposición del cuerpo y los ácidos del mismo que dañan las marcas o características de clase que quedan empresas en el proyectil al pasar por la boca de fuego, tales como, crestas, valles y asterias de tal manera y de acuerdo al artículo 204 del Código Procesal Penal debe de llevarse a cabo de forma inmediata para llegar a resultados convincentes y evitar dudas como lo acontecido en el presente caso. Ya que en el artículo 198 del Código Procesal Penal establece “que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal”. También es establecer que no se estableció del procedimiento de la autopsia tal como contempla el artículo 204 del Código Procesal Penal. Que dicho cadáver se tenía que enviar a la morgue judicial de la ciudad de San Pedro Sula, la cual está a dos horas y media de camino del Municipio de Sulaco, donde aquí se establece que hubo negligencia en la etapa investigativa del proceso, por parte de la Dirección General de la Investigación Criminal junto con la Fiscalía del Ministerio Público por que nunca investigaron del paradero del arma 38 que andaba la víctima en la mano cuando ocurrió el hecho; es de hacer mención que el hoy occiso planificó el asalto a seiscientos metros (600 mts.) del billar a la Gasolinera América junto con sus acompañantes ya que este fue con hecho notorio que el objeto era asaltar a mi defendido tal como lo manifiesta uno de los testigos oculares de los hechos que lo siguieron desde el billar para asaltarlo dicha declaración obra en el folio ciento sesenta y ocho (168) vuelto, con esto se demuestra que mi defendido actuó en el derecho de la legítima defensa para repeler el ataque del que era objeto porque la víctima venía con la pistola en la mano buscando a mi defendido para dispararle con la pistola 38, ver folio ciento sesenta y nueve (169) frente donde manifiesta dicho testigo que el señor R. R. A., que del hoy occiso dijo dos frases siguientes “los vamos hacer pedazos y pedacitos”. Y también dicho testigo manifiesta que los disparos fueron por el frente y en ningún momento dice que por atrás. Entonces de esta manera se deduce el dicho dictamen balístico no tiene credibilidad ya que la prueba testifical es la reina de la prueba tal declaración está relacionada con la que rindió C. V. C. M., testigo propuesto por la fiscalía, testigo que ratificó que la víctima andaba una pistola 38 y que le disparó primero a mi defendido si bien es cierto los testigos de referencia no saben nada de los hechos pero manifestaron que le miraron la pistola en la mano cuando estaba tendido el cadáver en el suelo del hoy occiso E. N. M.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO C. D. Y. M., ARGUMENTANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INOBSERVO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA.- Argumenta el recurrente que de los testigos se aprecia que el acusado C. D. Y. M., actuó amparado en la causa de justificación de legitima defensa personal porque repelió el ataque dirigido por el occiso E. N. M., en compañía de otros sujetos que caminaban con armas blancas. Señala que el testigo de cargo C. V. C. M., incurrió en contradicciones con lo declarado en sede administrativa, dando como resultado incongruencias y contradicciones. Refiere que el mencionado testigo ratificó que fue coaccionado por las señoras A. M. Y A., primas del hoy occiso. Considera que el ente acusador se aprovechó de la humildad del testigo C. V. C. M. tomando en cuenta que este se encontraba guardando prisión en el Centro Penal de la Ciudad de Yoro, para no dar crédito a lo que favorecía al acusado y con ello para refutar la estimación de la causa de justificación de legítima defensa. Entiende que en el interrogatorio se probó que el hoy occiso disparó primero hacia la humanidad del acusado C. D. Y. M., pero que dicho tribunal no le dio ninguna credibilidad. Reprocha la valoración dada por al A Quo a la declaración del testigo R. R. A., propuesto en la Audiencia Inicial por la Defensa, quien en todo momento declaró que el acusado actuó en legítima defensa. Refiere que el Juzgador omitió que lo propuso la defensa y solo dice que fue propuesto por la Fiscalía, en vista que era testigo presencial. Señala que el Tribunal A Quo califica de útil la declaración del testigo J. R. G. M., cuando esta es inútil en vista que el deponente no es conocedor de los hechos. Este testigo dice que el hecho sucedió a las dos de la mañana, entrando en contradicción, en tanto que el mismo tuvo lugar de nueve a diez de la noche, limitándose dicho testigo a defender la investigación que él realizó como Policía. Asimismo el Censor señala que el Perito J. H. P. E., propuesto por el Ministerio Público, ratificó el dictamen de exhumación número 07-2007, estableciendo las causas de la muerte del occiso E. N. M., pericia que es contradictoria en vista de que el hecho sucedió el día ocho (8) de enero de dos mil cuatro (2004), y la exhumación en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil siete (2007), resultando inverosímil que cuatro años después se lleve a cabo una autopsia forense y con ella se pueda determinar con precisión que el disparo haya sido realizado de atrás hacia delante, por lo no es vinculante para condenar al imputado. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, en este sentido la coherencia demanda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el presente caso esta Sala observa que el Censor ha realizado un exhaustivo y detallado resumen de la prueba y que reprocha el valor probatorio dado a estas por el Juzgador. Asimismo presenta objeciones a la fundamentación intelectiva de la prueba. Sin embargo, olvida indicar concretamente la regla o reglas de la sana crítica, es decir, atinentes a la lógica, Psicología o de la experiencia común, que el A Quo habría dejado de aplicar al valorar la prueba, tampoco el recurrente señala concretamente los alcances o efectos que dicha omisión habría provocado en el fallo final. Como antes lo expresamos, en virtud del principio de inmediación la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido entonces por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral, de ahí que a esta Sala únicamente le corresponde verificar si el razonamiento seguido por el Juzgador para la valoración de los elementos probatorios es lógico y coherente. En este sentido, el razonamiento seguido por el Tribunal de Sentencia no se presenta ilógico o arbitrario, cuando destaca como un elemento probatorio fundamental el dictamen de autopsia incorporado al proceso y que determina la trayectoria de la bala que causó la muerte del occiso, es decir, de atrás hacia adelante. Por otro lado esta Sala no encuentra en el proceso dictamen pericial en contra o referencias de carácter científico fiables, mediante los cuales se pudiera desvirtuar ese medio de prueba cuestionado por el recurrente, de tal manera que la conclusión a la que arriba el Tribunal cuando descarta la estimación de la legítima defensa invocada por la representación del procesado no se presenta contraria a las reglas de la sana crítica. Por todas las razones anteriormente expuestas procede declarar sin lugar el presente motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362.3, del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación por Infracción de Ley, en su motivo único; y el de Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha quince de octubre de dos mil nueve.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil once, certificación de la sentencia de fecha trece de abril de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal No.S.P.17=2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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