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Sentencia CP-154-09 — Registro 10019

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados del delito de Malversación de Caudales Públicos y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. En casación se confirmó la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR EXCLUSION DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN UN SOLO MOTIVO EXPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO.-El impetrante cita como precepto autorizante el artículo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal. La Sala de lo Penal realizado el examen de este motivo a efecto de determinar si el juzgador de instancia dejó de considerar prueba de valor decisivo o si por el contrario fue considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo; la otra hipótesis implica que la resolución impugnada no la considere en manera alguna, importa una omisión total a determinada prueba de valor decisivo, es decir que se omite totalmente su valoración ya sea de crédito o de descrédito. 2) El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una ignorancia total de la prueba o falta de consideración de determinada prueba de valor decisivo. 3) Un examen detenido de los medios de prueba, parangonados con las valoraciones probatorias del juzgador de instancia efectuadas en la sentencia, revela que las pruebas si fueron consideradas por el tribunal de sentencia según se aprecia en la sentencia y en las propias citas efectuadas por el impetrante en su recurso, en donde se observa que el Tribunal de instancia expuso las razones para no dar crédito a las deposiciones de los testigos de cargo y que valor probatorio y porque, le va dando a cada uno de los medios de pruebas, de tal suerte que dicha prueba si fue incluida y considerada por el Tribunal de Sentencia. 4) En opinión del Tribunal de Casación, el impugnante, eligió incorrectamente el vicio que deseaba llevar a consideración de la Sala de Casación, pues de su propio libelo se aprecia que el mismo recurrente se da a la tarea de citar las consideraciones que sobre cada medio de prueba realizó el Tribunal a-quo, manifestando expresamente que “la valoración del Tribunal al contar primeramente con un andamiaje probatorio del cual, sin lugar a dudas se extrae que los encausados perpetraron el hecho objeto de procesamiento, el cual se torna capaz per se, para revertir la decisión de absolución de los enjuiciados, de lo que se desprende su carácter de decisivo, y, en segundo lugar, por haberlo excluido del acervo fàctivo de manera arbitraria, pues con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado que preceptúa con absoluta claridad las funciones de los elementos de la Policía..” demostrando esta exposición, que lo que en realidad está fustigando el recurrente es el razonamiento empleado por el Juzgador de instancia al momento de pronunciar el fallo y que en su opinión debió conducir a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal de Sentencia, por lo tanto, si en opinión del impetrante, las conclusiones a que llegó el Juzgador de instancia a raíz de la apreciación de toda la prueba evacuada en juicio, son erróneas, no debió acudir al motivo de casación que viene invocando, sino hacer uso de otra causal de casación que permita analizar si el ejercicio intelectivo empleado por el Tribunal de instancia para llegar al fallo que pronunció es el correcto o no, pero ello importa plantear la posibilidad de intentar un recurso de casación en la forma en función de una eventual inobservancia de las reglas de la sana crítica, que al no ser presentado de ese modo por el censor, no puede esta Sala entrar a conocer, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice:”EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.-LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo de dos mil once, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual absolvió a los señores B. A. S. B., soltero, con domicilio en colonia Kennedy Zona 1, Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, y A. J. P. G., casado, con domicilio en Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Departamento de Cortés; ambos hondureños, mayores de edad, Licenciados en Ciencias Policiales, de los delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- Interpuso el Recurso de Casación, la Abogada T. C. M., hondureña, mayor de edad, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada R. L. C., representante del Ministerio Público, como recurrente y el Abogado A. A. G., apoderado defensor de los imputados como recurrido.-CONSIDERANDO.-I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.-II.- “HECHOS PROBADOS “1. El día lunes 17 de noviembre de 2003, aproximadamente a las 9.00 A.M. el señor E. P. llego a la agencia del Banco a ese entonces BGA, situado en la quinta avenida del centro de la ciudad de San Pedro Sula. Fue atendido por la señora K. A. para realizar una transacción bancaria de 14,000.00 lempiras. Al recibir la cantidad correspondiente por la cajera y por un error atribuible a ella misma, recepto el señor Penado un artefacto de seguridad que simulaba un fajo de billetes de 20 lempiras, por lo que al momento se salir del banco, este se accionó, expulsando gas lacrimógeno y derrame de tinta sobre la cartuchera en la que portaba la cantidad de dinero en efectivo. 2. Un personero del banco dio aviso de lo ocurrido a la Policía Nacional quienes llegaron a las instalaciones del Banco BGA en aproximadamente 10 minutos después del suceso, estando a cargo de la instalación policial los oficiales B. A. S. B. Y A. J. P. G. 3. Los encargados de Seguridad el Banco, al momento de llegar la policía, ya habían resuelto que lo ocurrido era producto del error humano, sin ningún carácter delictuoso. Así fueron informados los agentes B. A. S. B. Y A. J. P. G., quienes abandonaron el lugar e informaron verbalmente a sus superiores de lo acaecido.”-III.- El recurrente desarrolló su recurso de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN Primer Motivo: Exclusión de Prueba de Valor Decisivo. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 2 del artículo 362 del CPP. EXPLICACION DEL MOTIVO: Luego de citar, para ilustración del Tribunal, los hechos declarados probados, argumenta el recurrente que en el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha trece (13) de Agosto de 2007, respecto a los imputados B. A. S. B. y A. J. P. G., lo hizo excluyendo de forma arbitraria e inconsistente prueba de valor decisivo, cuya magnitud es de tal relevancia, que resulta capaz de revestir la decisión de absolución de los enjuiciados, tal como se demuestra a continuación: DECLARACION DE LA FISCAL S. H. En su deposición la testigo manifestó: “que mientras estaba a cargo de la Fiscalía de instrucción, las investigaciones sobre esta caso iniciaron a raíz de una solicitud de devolución de pertenencias del señor E. P., por instancia o gestión del, en aquel entonces, Banco denominado BGA, a través de la abogada A. P., que llevaron a la Fiscalía de instrucción unas imágenes, un tanto borrosas, de la dinámica de los acontecimientos, y decidió (la dicente) remitirlas a la Fiscalía Contra la Corrupción, para que determinaran sí se había perpetrado o no, un delito. La declarante afirmó, que las diligencias efectuadas por la oficina que rectoraba, fueron la solicitud de informes sobre el caso, tanto a la Fiscalía de Turno como a la Policía Nacional y al señor B. S.. La Policía informó de las personas que habían participado en las diligencias acaecidas en del Banco BGA. En todas las notas, la policía expuso que nadie había decomisado ninguna evidencia.- Expresó que la Fiscalía de Turno no tenía ningún registro sobre los hechos sucedidos en BGA.” En el Numeral Primero del apartado de Valoración probatoria de la sentencia, encontramos la valoración intelectiva de la probanza supra indicada, en la cual el A quo expuso: “…La señora H. también dio su punto de vista que la Policía quebrantó los procedimientos al no decomisar o remitir ninguna evidencia de los hechos a la Fiscalía de Turno ó la detención de los implicados,- Este Tribunal no comparte tales aseveraciones, porque inmediatamente de sucedidos los hechos, a través de investigaciones inmediatas de los agentes de seguridad del Banco BGA, la policía IDENTIFICO que los hechos no eran resultado de intervención criminal y así pues, no procedía el decomiso de ningún tipo de elemento relacionado con el hecho. – INFORME POLICIAL, ACERCA DE LOS HECHOS ACONTECIDOS EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2003, ELABORADO, AL PARECER, POR EL IMPUTADO B. S. B. En dicho documento se recogen los aspectos indicados por la testigo H., acerca de la supuesta no incautación, por parte de los imputados, del dinero antes referido. Valoración de este medio de prueba, por parte del Sentenciador: “La evacuación de estos medios no permite apreciar la comisión de algún acto delictivo. Únicamente confirman la intervención de Fiscalía de Instrucción, para la investigación de éste caso, a efecto de determinar el destino de las pertenencias del señor Penado”. Declaraciones testifícales de los señores J. F. M. y R. S. S., ambos oficiales de la Policía Preventiva (probanza allegada al juicio por la parte defensora). Ambos indican, que los enjuiciados informaron verbalmente sobre lo sucedido, manifestando que los procesados no recogieron ninguna evidencia de la escena porque así se les instruyó por parte de “la Fiscalía de Turno”, ello en base a que, en virtud de la ausencia de delito, no procedían ni detenciones, ni decomisos. Vale la pena destacar, que esta probanza sólo se utiliza como fundamento de este recurso, en lo atinente a la no recolección de evidencia. Valoración de las probanzas precitadas, por parte del Sentenciador: “Estas declaraciones aclaran aún más, que los imputados informaron en todo momento a sus superiores sobre las circunstancias y vicisitudes del hecho. Afirma el testigo (refiriéndose al declarante Murillo), que los procedimientos ordinarios en casos análogos, la Policía se abstiene de realizar decomisos y se limitan a redactar informes, tomar notas o exponer a sus superiores, de forma verbal, el acontecimiento histórico.” (Lo agregado entre paréntesis es mío) Tanto del contenido de las pruebas antes indicadas, como de la valoración intelectiva de las mismas, por parte del Sentenciador, se hace patente el vicio in procedendo del cual adolece el fallo, puesto que con el material fáctico precitado, se determina que los enjuiciados efectivamente dejaron de recolectar evidencias de un hecho cuya naturaleza delictiva o no, no les correspondía a ellos determinar, sino a la Fiscalía, a través de las averiguaciones pertinentes, ello en fundamento a lo preceptuado en los artículos 321 de la Constitución de la República, 203, 267, 272, 273 y 279 del Código Procesal Penal, 37 y 39 literal d) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Si bien es cierto, los testigos M. y S. refieren una supuesta consulta a la Fiscalía de turno en ese sentido, resulta imprescindible señalar que ante la ausencia de determinación del nombre del agente de Tribunales consultado, su Puesto, etc., tal afirmación se ve desprovista de sustento probatorio. Por lo antes expuesto, se determina con absoluta contundencia que la valoración del Tribunal al contar primeramente con un andamiaje probatorio del cual, sin lugar a dudas se extrae que los encausados perpetraron el hecho objeto de procesamiento, el cual se torna capaz per se, para revertir la decisión de absolución de los enjuiciados, de lo que se desprende su carácter de decisivo, y, en segundo lugar, por haberlo excluido del acervo fáctico de manera arbitraria, pues con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado que preceptúa con absoluta claridad las funciones de los elementos de la Policía Preventiva al acudir a un llamado no de cualquier noticia, sino de una cuya determinación de no ser criminosa le corresponde al Ministerio Público. Finalmente se torna de trascendencia acotar, que desde el punto de vista del principio de Lesividad, el bien jurídico que se afecta en el delito de Violación de Deberes de los Funcionarios es la Administración Pública, entendida ésta como “un bien jurídico funcional materializada el correcto ejercicio de la potestad administrativa, sujeta al sistema de valores establecidos en la Constitución de la República, porque lo que se pretende proteger es la función administrativa pública, esencial para la resolución y disminución de los conflictos sociales, esta función aparece estrecha y directamente ligada al funcionario público, pues sobre él pesa un deber especial en relación a su correcto ejercicio. (Bustos Ramírez, Juan. Manual de Derecho Penal, Parte Especial. Editorial Ariel, S.A., Barcelona, España 1991. Segunda Edición aumentada, corregida y puesta al día. Página 366.). Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece del vicio de exclusión de prueba de valor decisivo, tal como se ha dejado demostrado. En base a lo anteriormente expuesto el Ministerio Público solicita se admita el presente motivo de casación. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación de éste.”IV.-DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR EXCLUSION DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN UN SOLO MOTIVO EXPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO.-El impetrante cita como precepto autorizante el artículo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal. La Sala de lo Penal realizado el examen de este motivo a efecto de determinar si el juzgador de instancia dejó de considerar prueba de valor decisivo o si por el contrario fue considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo; la otra hipótesis implica que la resolución impugnada no la considere en manera alguna, importa una omisión total a determinada prueba de valor decisivo, es decir que se omite totalmente su valoración ya sea de crédito o de descrédito. 2) El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una ignorancia total de la prueba o falta de consideración de determinada prueba de valor decisivo. 3) Un examen detenido de los medios de prueba, parangonados con las valoraciones probatorias del juzgador de instancia efectuadas en la sentencia, revela que las pruebas si fueron consideradas por el tribunal de sentencia según se aprecia en la sentencia y en las propias citas efectuadas por el impetrante en su recurso, en donde se observa que el Tribunal de instancia expuso las razones para no dar crédito a las deposiciones de los testigos de cargo y que valor probatorio y porque, le va dando a cada uno de los medios de pruebas, de tal suerte que dicha prueba si fue incluida y considerada por el Tribunal de Sentencia. 4) En opinión del Tribunal de Casación, el impugnante, eligió incorrectamente el vicio que deseaba llevar a consideración de la Sala de Casación, pues de su propio libelo se aprecia que el mismo recurrente se da a la tarea de citar las consideraciones que sobre cada medio de prueba realizó el Tribunal a-quo, manifestando expresamente que “la valoración del Tribunal al contar primeramente con un andamiaje probatorio del cual, sin lugar a dudas se extrae que los encausados perpetraron el hecho objeto de procesamiento, el cual se torna capaz per se, para revertir la decisión de absolución de los enjuiciados, de lo que se desprende su carácter de decisivo, y, en segundo lugar, por haberlo excluido del acervo fàctivo de manera arbitraria, pues con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado que preceptúa con absoluta claridad las funciones de los elementos de la Policía..” demostrando esta exposición, que lo que en realidad está fustigando el recurrente es el razonamiento empleado por el Juzgador de instancia al momento de pronunciar el fallo y que en su opinión debió conducir a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal de Sentencia, por lo tanto, si en opinión del impetrante, las conclusiones a que llegó el Juzgador de instancia a raíz de la apreciación de toda la prueba evacuada en juicio, son erróneas, no debió acudir al motivo de casación que viene invocando, sino hacer uso de otra causal de casación que permita analizar si el ejercicio intelectivo empleado por el Tribunal de instancia para llegar al fallo que pronunció es el correcto o no, pero ello importa plantear la posibilidad de intentar un recurso de casación en la forma en función de una eventual inobservancia de las reglas de la sana crítica, que al no ser presentado de ese modo por el censor, no puede esta Sala entrar a conocer, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado. [1].-POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 preámbulo y números 2) y 3), y 369 del Código Procesal Penal.-FALLA: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su Motivo Único interpuesto por el representante del Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. - NOTIFIQUESE.-SELLO Y FIRMAS.-CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.-COORDINADOR.-RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.-SELLO Y FIRMA.-LUCILA CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil once.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil once,recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.154-09.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] En ese sentido la sentencia de fecha 27 de enero de 2011.ex SP322-09.