Sentencia CP-149-10 — Registro 2136
Resumen
La defensa del menor condenado a robo de vehículo interpuso recurso por violación de precepto constitucional por considerar se habia violentado el debido proceso penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Para esta Sala de lo Penal, la conducta del ciudadano ofendido irrespeta lo que establece el artículo 84 Constitucional, 209 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, así como el 175.1.2 del Código de Procedimientos Penales, que regulan lo que se denomina la detención en casos de “flagrancia” , ya que la detención del menor por parte del particular no se efectuó en el momento en que se cometía la infracción penal, tampoco inmediatamente después de cometida la misma, o que el menor haya estado siendo perseguido por la fuerza pública, ofendido o por otras personas, sino más bien la aprehensión se ejecutó horas después de la comisión de la infracción, y en un lugar alejado de la misma, como consecuencia de que el ofendido al transitar por la vía pública encuentra caminando al menor, procediendo a detenerlo y entregarlo a la autoridad competente, conducta que no es posible considerar como in fraganti, por el tiempo transcurrido desde la comisión de la infracción y la detención del menor. La flagrancia propiamente dicha, no es más allá del momento mismo de la comisión del hecho delictivo o en su caso un momento inmediatamente posterior ligado en forma directa a la ejecución, o bien cuando la persona sea perseguida inmediatamente después del momento en que se dio el hecho delictivo. En el caso examiné, por lo ya apuntado es evidente que no se puede considerar la concurrencia de flagrancia. III.- Después de las consideraciones hechas en relación a la figura de la flagrancia, la Sala considera importante aclarar, que si bien la detención del menor ejecutada por el ofendido se verificó irrespetando lo que establece el artículo 84 de la Constitución de la República, al no concurrir flagrancia, pero, debe tenerse en consideración que una vez que dicho menor fue puesto a la orden de la autoridad competente, le fueron respetados todos sus derechos y le fue seguido el juicio apegado a la garantía del debido proceso, sin que se pueda desprender del mismo una lesión material al derecho de defensa ya que fue informado de las razones de su detención y de los derechos que le asistían, así como el haber sido asistido por un abogado, respetándosele también el estado de inocencia disponiendo el A-quo en la audiencia de juicio del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, por lo que, no obstante su detención no cumple con las formalidades establecidas en la normas primarias y secundarias, no es posible hacer trascender esa irregularidad al proceso seguido al menor, pues, la importancia procesal de establecer si un hecho puede ser ubicado dentro de los supuestos de flagrancia, es para determinar desde la perspectiva constitucional y procesal si se tenía la autorización para realizar una aprehensión (o en su caso un allanamiento) sin orden de juez competente, teniendo relevancia únicamente para esas actuaciones procesales, en el presente caso, como ya se dijo durante la prosecución del juicio, se respetaron todas las formalidades y garantías establecidas en las normativas, sin perjuicio de la responsabilidad del particular que ejecutó la detención del menor de forma irregular.- En consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la defensa en su único motivo."
Legislación citada
- Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 209 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República de Honduras, art. 84 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil once, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez, proferida por el Juzgado de Letras Primero de la Niñez de Francisco Morazán, mediante la cual declaró Responsable de la infracción penal tipificada como delito de ROBO DE VEHÍCULO, en la causa instruida contra el menor D.A.P.C, en perjuicio del señor C. T., por la comisión de tal ilícito se le impone al menor D.A.P.C, las medidas socio educativas siguientes: a).- Orientación y Apoyo Socio Familiar b).- Obligación de reparar el daño, consistente en el importe de la reparación del vehículo automotor objeto de este ilícito y c).- Libertad Asistida. Todos las medidas durarán doce (12) meses y serán de cumplimiento simultáneo.-Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional la Abogada E. C. F., en su condición de Defensora Pública del menor D.A.P.C. SON PARTES: La abogada R. L. S., en su condición de Defensora Pública del menor D.A.P.C, como parte recurrente; y la Abogada K. M. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que el día Martes Trece de Octubre del dos mil nueve, como a eso de la una de la madrugada cuando el señor C. T., se encontraba circulando a inmediaciones de la Colonia Palmira de Tegucigalpa, específicamente frente a J. C., que se encuentra en dicho lugar. Él se encontraba laborando en su unidad de taxi número 2503, con placa de alquiles número AAB0356, color blanco, marca Toyota, tipo turismo, cinco puertas y año 1984, cuando en eso decidió hacer una llamada por el Celular, por lo que estacionó su unidad de transporte a un lado de la calle. Realizando la referida llamada se encontraba, cuando de pronto aparecieron por el lugar cuatro personas entre las que se encontraba el menor de edad D.A.P.C, dos de los cuales portaban armas, uno con arma blanca tipo cuchillo o conocido también como yatagán y el niño D.A.P.C, portaba un arma de fuego similar a una 38 y al tenerlo cerca procedieron a encañonarlo con aquellas armas y consecuentemente a despojarlo de sus pertenencias. No hagas esto, porque yo te conozco le dijo el señor C. T., al joven D.A.P.C, pero éste lejos de detenerse e incentivado por uno de sus acompañantes quien le manifestó al señor C. T., mejor apártate si no quieres que te mate, siguió con su afán logrando quitarle al señor C. T. los bienes de su propiedad. SEGUNDO: Horas más tarde y al ver que el joven D. A. P. C., circulaba a inmediaciones del barrio La Guadalupe, el señor Conrado Telles, procedió a darle aprehensión auxiliado por otra persona y lo condujo a la Posta Policial cercana al lugar. TERCERO: Que los bienes que le fueron despojados al señor C. T. por parte del joven D.A.P.C y tres personas mas, consistieron en: un vehículo tipo turismo, color blanco, marca Toyota, cinco puertas año 1984, con número de placa AAB0356 y registro de taxi número 2305, en el cual en su interior contenía los documentos del referido vehículo, su permiso de operación y el carné de registro además lo despojaron de un celular marca Nokia, color gris. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto
Constitucional en su motivo único, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- MOTIVO UNICO: “Violación al Artículo 84 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal”.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 84 de la Constitución de la República que dice: “Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley”, en relación al artículo 209 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “Ningún niño podrá ser aprehendido sin orden escrita de Juez Competente. Quienes realicen la aprehensión deberán identificarse y mostrar la orden judicial que los autoriza para ejecutarlo.” Relacionado con el artículo 200 del Código Procesal Penal que estipula: “Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información. Tal como aparece consignado en el acta de debate, cuando el ofendido Conrado Talles se presentó a declarar éste claramente manifestó que luego de ser despojado de su vehículo como a la una de la madrugada, se presentó a las oficinas de la DGIC a interponer la denuncia que ese mismo día del hecho contrató un taxi para andar buscando al menor y a las nueve de la noche lo divisa en las inmediaciones del Barrio G. junto a su novia, “Lo detiene” y fue a presentarlo a la posta policial de la Guadalupe; en algún momento de su deposición dejó entrever que le acompañaba un agente de investigación al momento de dar captura al menor infractor, pero dicha versión fue desvirtuada categóricamente por las policías M. S. y E. P., quienes fueron las agentes encargadas de recibir al menor y trasladarlo luego al juzgado de la niñez, éstas manifestaron que el ofendido llegó a presentar al joven D. a quien se le responsabilizaba de un robo de vehículo que en ese momento el ofendido portaba la denuncia y se hacia acompañar de otro civil. Ante tales acontecimientos, claramente se puede inferir que el menor D. P., fue capturado en evidente violación a lo establecido en el artículo 84 de la Constitución de la República y 209 del Código de la Niñez y Adolescencia debido a que fue detenido por una persona civil que no ostenta el grado de Autoridad Policial sin tener en su poder una orden judicial que ampara dicha detención y habiendo transcurrido más de 8 horas de haberse cometido el ilícito. El párrafo segundo del artículo 209 del Código de la Niñez y Adolescencia establece “No obstante lo anterior, cualquier miembro de la policía o cualquier ciudadano podrá aprehender a un niño en el momento de cometer una infracción penal sin necesidad de mandamiento judicial para el sólo efecto de ponerlo de inmediato a la orden del Juez competente. En tal sentido se establece la posibilidad de que un niño sea detenido por una persona civil y sin orden judicial, pero teniendo como único requisito de que la detención del menor se realice de forma flagrante es decir en el momento de estar cometiendo la infracción penal, tal como lo reza el precitado artículo 209 del Código de la Niñez, en el caso subjudice, el propio ofendido a manifestado que el hecho ocurrió a la una o dos de la madrugada y que la captura del joven D. ocurre ese mismo día a las nueve de la noche, cuando indiscutiblemente el menor ya no contaba con la categoría de flagrante. El Tribunal en los hechos probados estableció que el joven Derek fue capturado momentos después, pero hablar de 8 horas más tarde de los acontecimientos no puede catalogarse como flagrante, todo lo contrario, se probó con la propia declaración del ofendido que se violentó una garantía constitucional, ya que fue capturado por personas civiles, sin orden judicial y sin estar en flagrante delito, por lo que desde el momento de su captura el proceso esta viciado, el mismo no es subsanable y lo precedente ante la violación de una Garantía Constitucional es la nulidad absoluta de las actuaciones. Es Por todo lo antes expuesto, esta defensa es del criterio que el sentenciador ha incurrido en violación al Derecho Constitucional del artículo 84 de la Constitución de la República, por lo que solicitamos se case la sentencia y se dicte el fallo absolutorio que corresponde.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- La parte recurrente plantea que se incurrió en violación al Artículo 84 de la Constitución de la República, ya que el ofendido CONRADO TALLES luego de ser despojado de su vehículo como a la una de la madrugada, se presentó a las oficinas de la DGIC a interponer la denuncia y que ese mismo día del hecho contrató un taxi para andar buscando al menor y a las nueve de la noche lo detiene en las inmediaciones del Barrio Guadalupe. Aduciendo que el Código de la Niñez y de la Adolescencia establece, la posibilidad de que un niño sea detenido por una persona civil y sin orden judicial, pero teniendo como único requisito que la detención del menor se realice de forma flagrante, es decir, en el momento de estar cometiendo la infracción penal.- II.- De acuerdo con los hechos probados, el día martes trece de octubre del dos mil nueve, a eso de la una de la madrugada, el ofendido fue despojado de su vehículo mediando la intimidación, por parte del joven D.A.P.C, en la colonia Palmira de Tegucigalpa y horas después en el barrio Guadalupe de la misma ciudad, el ofendido encontró a dicho joven procediendo a detenerlo, conduciéndolo a la posta policial cercana al lugar.- Para esta Sala de lo Penal, la conducta del ciudadano ofendido irrespeta lo que establece el artículo 84 Constitucional, 209 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, así como el 175.1.2 del Código de Procedimientos Penales, que regulan lo que se denomina la detención en casos de “flagrancia” , ya que la detención del menor por parte del particular no se efectuó en el momento en que se cometía la infracción penal, tampoco inmediatamente después de cometida la misma, o que el menor haya estado siendo perseguido por la fuerza pública, ofendido o por otras personas, sino más bien la aprehensión se ejecutó horas después de la comisión de la infracción, y en un lugar alejado de la misma, como consecuencia de que el ofendido al transitar por la vía pública encuentra caminando al menor, procediendo a detenerlo y entregarlo a la autoridad competente, conducta que no es posible considerar como in fraganti, por el tiempo transcurrido desde la comisión de la infracción y la detención del menor. La flagrancia propiamente dicha, no es más allá del momento mismo de la comisión del hecho delictivo o en su caso un momento inmediatamente posterior ligado en forma directa a la ejecución, o bien cuando la persona sea perseguida inmediatamente después del momento en que se dio el hecho delictivo. En el caso examiné, por lo ya apuntado es evidente que no se puede considerar la concurrencia de flagrancia. III.- Después de las consideraciones hechas en relación a la figura de la flagrancia, la Sala considera importante aclarar, que si bien la detención del menor ejecutada por el ofendido se verificó irrespetando lo que establece el artículo 84 de la Constitución de la República, al no concurrir flagrancia, pero, debe tenerse en consideración que una vez que dicho menor fue puesto a la orden de la autoridad competente, le fueron respetados todos sus derechos y le fue seguido el juicio apegado a la garantía del debido proceso, sin que se pueda desprender del mismo una lesión material al derecho de defensa ya que fue informado de las razones de su detención y de los derechos que le asistían, así como el haber sido asistido por un abogado, respetándosele también el estado de inocencia disponiendo el A-quo en la audiencia de juicio del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, por lo que, no obstante su detención no cumple con las formalidades establecidas en la normas primarias y secundarias, no es posible hacer trascender esa irregularidad al proceso seguido al menor, pues, la importancia procesal de establecer si un hecho puede ser ubicado dentro de los supuestos de flagrancia, es para determinar desde la perspectiva constitucional y procesal si se tenía la autorización para realizar una aprehensión (o en su caso un allanamiento) sin orden de juez competente, teniendo relevancia únicamente para esas actuaciones procesales, en el presente caso, como ya se dijo durante la prosecución del juicio, se respetaron todas las formalidades y garantías establecidas en las normativas, sin perjuicio de la responsabilidad del particular que ejecutó la detención del menor de forma irregular.- En consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la defensa en su único motivo.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de la REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 175, 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal; 209 del Código de la Niñez y la Adolescencia y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL en su único Motivo, invocado por la Abogada R. L. S., en su condición de Defensora Pública del menor D.A.P.C, quien fue declarado responsable por la INFRACCIÓN PENAL DE ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio del señor C. T.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución.- Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO. LUCILA CRUZ MENÉNDEZ. SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil once; Certificación de la sentencia de fecha catorce de septiembre de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 149=2009.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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