Sentencia CP-130-09 — Registro 2131
Resumen
La defensa de personas condenadas por el delito de Robo interpone el recurso de merito por Infracción de Precepto Constitucional considerando que sentencia condenatoria ,basada en la declaración del ofendido y por falta de identificación de éste violenta la garantía del debido proceso .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- El recurrente plantea que los sentenciadores incurrieron en violación al artículo 90 de la Constitución de la República que estipula “El Debido Proceso” en relación con el artículo 330 del Código Procesal Penal, (identificación del ofendido), ya que la Fiscalía solicitó que se admitiera por lectura la declaración del ofendido rendida en audiencia inicial, justificando el ente acusador que no fue posible su ubicación; oponiéndose la defensa en virtud que en la audiencia inicial el ofendido con el supuesto nombre de M. A. C., no exhibía documento alguno que acreditara que en efecto, él era la persona que decía ser, pero el Juez de Letras resuelve admitir la declaración del ofendido pero condicionando al Fiscal para que en audiencias posteriores acreditara la identificación plena del perjudicado; el Tribunal basa su fallo en la declaración del ofendido y con la cual adquiere certeza de culpabilidad, pero omite visualizar que dicha declaración no puede ser tomada como válida, porque el ofendido al no estar identificado, no puede asegurarse que en efecto es la misma persona que dice llamarse M. A. C., alegándose por ello que el sentenciador ha incurrido en violación al Derecho Constitucional del Debido Proceso.- II.- El debido proceso se encuentra regulado en la Constitución de La República en su artículo 90 que en su primer párrafo establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, dentro del cual se enmarcan una serie de principios con la finalidad de asegurar que el enjuiciamiento criminal en un sistema democrático, será y es por naturaleza propia sometido a una serie de procedimientos y principios que tutelan los derechos fundamentales de los enjuiciados, para tener la certeza de que se concluirá con una sentencia fundada en respeto a los principio que exige el marco constitucional. Así, el artículo 330 del Código Procesal Penal, establece que “Una vez identificados, los testigos serán juramentados, advertidos de las consecuencias legales de sus actos si faltan a la verdad e interrogados sobre sus antecedentes……………”.- Esto tiene relación con el ideal garantista para juzgar inherente al debido proceso, pues, no sólo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional con independencia e imparcialidad objetiva, sino también una instancia ante la cual las partes puedan debatir sus diferencias en un plano de igualdad de condiciones, por eso es la exigencia constitucional de que el juzgamiento se realice con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la Ley.- III.- Para esta Sala de lo Penal, los juzgadores si han incurrido en infracción del precepto constitucional del “debido proceso” en relación con las formalidades que exige dicha norma para el juzgamiento de los ciudadanos en un Estado de Derecho, en el caso específico de la formalidad de la identificación de los testigos en juicio, ya que en el presente caso de autos, los juzgadores incorporan al debate por lectura autorizada (folio # 70 v.) la declaración rendida por el supuesto ofendido (M. A. C. L.), en la audiencia inicial (folio # 10), a pesar de que en esta última no se procedió a la identificación plena del testigo aludido por documento o por algún otro medio objetivamente confiable, que no dejara margen de duda sobre la identidad del declarante, por lo que no fue identificado en la audiencia inicial, razón por la cual su incorporación al debate y posterior valoración sin que la defensa pudiese hacer uso adecuado de los principios de inmediación y contradicción, y al fundar el A quo su fallo condenatorio en la declaración del supuesto ofendido, se transgredieron las formalidades procesales que garantiza el debido proceso, por haber sido rendida sin cumplir con los requisitos relación con la ley procesal vigente, (sobre la identificación de los testigos) infringiéndose el precepto constitucional del debido proceso. En consecuencia de lo anterior, es procedente declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la defensa.
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 330 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil once, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los señores Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su condición de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de julio del año dos mil seis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual condenó a los señores D. E. C. y R. R. J., por el delito de ROBO en perjuicio del señor M. A. C. L., a la pena de CINCO (05) AÑOS de reclusión; y a las Penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada M. E. M., Defensora Pública de los señores D. E. C. Y R. R. J.- SON PARTES: La abogada R. L. S., en su condición de Defensora Pública de los señores D. E. C. Y R. R. J., como parte recurrente; y el abogado R. M. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: El día sábado cinco de septiembre de dos mil tres, como a las seis de la mañana, cuando el señor M. A. C. L., regresaba de su trabajo, a la altura de la colonia Las Flores, del Municipio de Villanueva, Cortés, fue interceptado por los acusados D. E. C. Y R. R. J., quienes luego de amenazarlo con el machete que portaban, le pidieron les diera el dinero que andaba, a lo que les contestó el señor C. L., que no llevaba dinero, por lo que procedieron a despojarlo de su billetera, en la cual lleva ciento sesenta lempiras. SEGUNDO: Posteriormente y como a las nueve con treinta minutos de la mañana, cuando patrullaban el señor R. M. junto con otros miembros del comité de vigilancia de Villanueva, Cortés, encontraron al señor M. A. C. L., chapeando frente al c. de s., quien al verlos les comentó que había sido objeto de asalto por parte de dos personas, D. E. C. Y R. R. J., procediendo de inmediato a buscar y localizar a los imputados, a los que encontraron en el barrio Las Lomas, cerca del basurero municipal, capturándolos y trasladándolos hasta la posta policial, donde fueron recibidos por el policía preventivo T. C. M., quien acto seguido los remitió a la DGIC de San Pedro Sula. CONSIDERANDO. I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada M. E. M., en su condición de Defensora Pública de los señores D. E. C. Y R. R. J., reúne los requisitos exigidos por la Ley, siendo pertinente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- MOTIVO UNICO: “Por violación al artículo 90 de la Constitución de la República que estipula “El Debido Proceso”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal”.- EXPLICACION DEL MOTIVO: La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 90 de la Constitución de la Republica que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece” Por su parte el artículo 1 del Código Procesal Penal prescribe: “Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la Republica, los Tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado.” Relacionado con el artículo 330 del Código Procesal Penal que estipula: “Una vez IDENTIFICADOS, los testigos serán juramentados, advertidos de las consecuencias legales de sus actos si faltan a la verdad e interrogados sobre sus antecedentes, sus relaciones con las partes y demás circunstancias que sea conveniente conocer para valorar su testimonio…” Es sobre este punto en particular (identificación del ofendido) que existe el vicio que da lugar a la violación de la Garantía Constitucional del DEBIDO PROCESO, vicio que la defensa ha protestado desde el mismo momento en que se produjo. Resulta Honorables Magistrados, que en el juicio oral y público de nuestros representados D. E. C. Y R. R. JI., en el momento de los incidentes, la Fiscalía del Ministerio Público solicitó que se admitiera por lectura la declaración del ofendido rendida en audiencia inicial, el cual se hace llamar M. A. C. L., justificando el ente acusador que no fue posible su ubicación. Ante tal posición, la defensa se opone en virtud que en la audiencia inicial celebrada el 11 de septiembre del 2003 ante el Juez de Letras de instrucción, el ofendido, con el supuesto nombre de M. A. C., no exhibía al momento de su presentación, documento alguno que acreditara que en efecto, él era la persona que decía ser, es decir el ofendido y de nombre M. C.; tal como lo establece nuestra normativa procesal, los testigos con mayor razón los ofendidos deben ser IDENTIFICADOS plenamente de forma tal que se puede comprobar sin lugar a dudas, que son las personas que dicen ser y sobre todo, que son las personas objeto de algún hecho delictivo; en el momento de la audiencia inicial la defensa de igual forma se opone ante la petición del fiscal que argumentaba que le habían robado su cartera razón por la cual no presentaba identificación; en ese sentido el Juez de Letras resuelve admitir la declaración del ofendido pero condicionando al Fiscal del Ministerio Público para que en audiencias posteriores acreditara la identificación plena del perjudicado. Es así como en la audiencia de proposición de pruebas, la defensa no pone objeción alguna a que se presente a declarar el ofendido, porque el Fiscal lo presenta como prueba testifical en el entendido que se presentara a declarar de forma presencial; sin embargo, al momento de los incidentes y de forma sorpresiva solicita la incorporación por lectura de la declaración del ofendido, de lo cual esta defensa se opuso porque dicha declaración se encontraba viciada al no haber sido identificado plenamente. Escuchando nuestros alegatos, el Tribunal de Sentencias decide admitir la incorporación por lectura de la declaración del ofendido, manifestando que no tenía tiempo para citar de nuevo al ofendido porque el Juicio se había programado para un solo día; lo que talvez no entendió el Tribunal, es que nuestro reproche iba dirigido en el sentido de que no se había identificado al ofendido y no sobre el hecho de ser citado nuevamente; ante tal admisión esta defensa con el objetivo de manifestar nuestra inconformidad, interpone RECURSO DE REPOSICIÓN el cual es denegado por El Tribunal; importante es mencionar que dicha protesta o recurso de reposición no se encuentra consignado en el acta del juicio oral y público que nos proporcionó el Tribunal, mismo que fue omitido por el transcriptor, pero si aparece grabado en las cintas magnetofónicas del juicio, las que solicito sean verificadas para acreditar tal extremo. Si analizamos la sentencia recurrida, el Tribunal basa su fallo en la declaración del ofendido y con la cual adquiere certeza de culpabilidad, pero omite visualizar que dicha declaración no puede ser tomada como válida, porque el ofendido al no estar identificado, no puede asegurarse que en efecto es la misma persona que dice llamarse M. A. C., además que ya establece el artículo 198 del Código Procesal Penal: “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código”.- El estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código incluye la identificación de los testigos, proceso que ha sido omitido y que ha perjudicado grandemente a nuestros representados. El artículo 199 del mismo cuerpo legal dice: “Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, SIEMPRE QUE SEA OBJETIVAMENTE CONFIABLES”.- Que confianza podemos tener en la declaración de una persona que no se presenta a declarar en el juicio oral y que al rendir su deposición en audiencia inicial no presenta documento de identificación que acredite que es la persona perjudicada en el caso acusado a nuestros representados, en lo personal considero que no puede darle valor probatorio a un medio de prueba que tenga un vicio tan grave, tomando en cuenta que se trata del ofendido. Es por todo lo antes expuesto, esta defensa es del criterio, que el sentenciador ha incurrido en violación al Derecho Constitucional del Debido Proceso, por lo que solicitamos se case la sentencia y se dicte el fallo absolutorio que corresponde. III.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- El recurrente plantea que los sentenciadores incurrieron en violación al artículo 90 de la Constitución de la República que estipula “El Debido Proceso” en relación con el artículo 330 del Código Procesal Penal, (identificación del ofendido), ya que la Fiscalía solicitó que se admitiera por lectura la declaración del ofendido rendida en audiencia inicial, justificando el ente acusador que no fue posible su ubicación; oponiéndose la defensa en virtud que en la audiencia inicial el ofendido con el supuesto nombre de M. A. C., no exhibía documento alguno que acreditara que en efecto, él era la persona que decía ser, pero el Juez de Letras resuelve admitir la declaración del ofendido pero condicionando al Fiscal para que en audiencias posteriores acreditara la identificación plena del perjudicado; el Tribunal basa su fallo en la declaración del ofendido y con la cual adquiere certeza de culpabilidad, pero omite visualizar que dicha declaración no puede ser tomada como válida, porque el ofendido al no estar identificado, no puede asegurarse que en efecto es la misma persona que dice llamarse M. A. C., alegándose por ello que el sentenciador ha incurrido en violación al Derecho Constitucional del Debido Proceso.- II.- El debido proceso se encuentra regulado en la Constitución de La República en su artículo 90 que en su primer párrafo establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, dentro del cual se enmarcan una serie de principios con la finalidad de asegurar que el enjuiciamiento criminal en un sistema democrático, será y es por naturaleza propia sometido a una serie de procedimientos y principios que tutelan los derechos fundamentales de los enjuiciados, para tener la certeza de que se concluirá con una sentencia fundada en respeto a los principio que exige el marco constitucional. Así, el artículo 330 del Código Procesal Penal, establece que “Una vez identificados, los testigos serán juramentados, advertidos de las consecuencias legales de sus actos si faltan a la verdad e interrogados sobre sus antecedentes……………”.- Esto tiene relación con el ideal garantista para juzgar inherente al debido proceso, pues, no sólo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional con independencia e imparcialidad objetiva, sino también una instancia ante la cual las partes puedan debatir sus diferencias en un plano de igualdad de condiciones, por eso es la exigencia constitucional de que el juzgamiento se realice con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la Ley.- III.- Para esta Sala de lo Penal, los juzgadores si han incurrido en infracción del precepto constitucional del “debido proceso” en relación con las formalidades que exige dicha norma para el juzgamiento de los ciudadanos en un Estado de Derecho, en el caso específico de la formalidad de la identificación de los testigos en juicio, ya que en el presente caso de autos, los juzgadores incorporan al debate por lectura autorizada (folio # 70 v.) la declaración rendida por el supuesto ofendido (M. A. C. L.), en la audiencia inicial (folio # 10), a pesar de que en esta última no se procedió a la identificación plena del testigo aludido por documento o por algún otro medio objetivamente confiable, que no dejara margen de duda sobre la identidad del declarante, por lo que no fue identificado en la audiencia inicial, razón por la cual su incorporación al debate y posterior valoración sin que la defensa pudiese hacer uso adecuado de los principios de inmediación y contradicción, y al fundar el A quo su fallo condenatorio en la declaración del supuesto ofendido, se transgredieron las formalidades procesales que garantiza el debido proceso, por haber sido rendida sin cumplir con los requisitos relación con la ley procesal vigente, (sobre la identificación de los testigos) infringiéndose el precepto constitucional del debido proceso. En consecuencia de lo anterior, es procedente declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la defensa.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 330, 359, 360, 361, 367, 369, 372 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declara CON lugar el RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL en su único motivo, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil seis, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA RECURRIDA de la siguiente manera: SE ABSUELVE de toda responsabilidad penal a los señores D. E. C. y R. R. J., por el delito de ROBO en perjuicio del señor M. A. C. .; en consecuencia de lo anterior, revóquese toda medida cautelar dictada en contra de los acusados.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho.- Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil once.- Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto del año dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.130-2009.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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