Sentencia CP-118-09 — Registro 2128
Resumen
Se condeno en primera instancia al acusado por el delito de robo agravado de vehículo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“El impetrante señala como motivo de casación la infracción de los artículos 82 Y 99 en relación de los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal Esta sala de lo penal analizada la exposición del censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc.… 2) “El derecho al debido proceso supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a si mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado”?. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, en ese sentido, la inviolabilidad de domicilio regulada en el artículo 99 de la Constitución de la República, desde esa norma, posibilita la restricción de ese derecho en los supuestos ahí regulados remitiéndose a la ley para los casos de restricción del mismo, ahora bien, es el propio artículo 99 de la Constitución el que establece los dos casos en que puede hacerse un ingreso o registro a un domicilio, uno con el consentimiento de la persona que lo habita y el otro con autorización judicial; en el caso de autos, no cabe duda que tuvo lugar el ingreso y registro sin el consentimiento del dueño de la morada y sin autorización judicial tal y como se demostró en juicio, tan es así que el Tribunal de instancia declaró ilegal dicho allanamiento y todo cuanto se derivó de él. 3) El problema en cuestión radica en la declaración de los agentes de Policía sobre momentos previos al allanamiento ilegal en donde se establece que uno de los policías se subió en el muro de la vivienda por la parte de atrás y desde ahí pudo divisar los vehículos y un número de placa, el cual verificado con información que manejan con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, resultó tener reporte de robo, de manera que es importante analizar si esa acción de subirse al muro y ver al área de lavandería de la vivienda, comprometió derechos fundamentales del encausado y consecuentemente, la información obtenida por esa vía debe ser desestimada también por ilícita. Si bien el domicilio personal de un ciudadano supone un espacio en el que este habita sin necesariamente estar sujeto a los usos y convencionalismos sociales y por lo tanto ejercita su libertad mas íntima, como emanación natural de la propia persona, resulta notorio para esta Sala de lo penal, que los espacios como áreas de lavanderías, garajes, corredores, jardines etc., ciertamente por su naturaleza no están confeccionados para el desarrollo de la intimidad personal del titular del derecho, tan es así, que habitualmente suelen estar expuestos a la vista de los transeúntes desde la calle sin que ello importe una transgresión al derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que si podría considerarse, solo en el supuesto caso en que se presente una invasión física dentro del espacio mismo del área en cuestión, que si estaría representando una invasión o amenaza real a la intimidad personal, verbigracia, si dicho agente policial hubiese saltado al interior del área entre los muros, lo que no aconteció en el caso subjùdice, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado.”
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 99 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Esta Sala de lo Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente, analizando la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia a efecto de determinar si efectivamente como lo afirma el impetrante, no se observaron las reglas de la sana crítica o si por el contrario fueron observadas por el tribunal a quo. Esta sala de lo penal, resuelve en base a las consideraciones siguientes: I) Encuentra que el tribunal de instancia ha realizado una correcta valoración de la prueba en base a las reglas de la sana crítica, en tanto que ciertamente puede derivarse de las declaraciones de los testigos de cargo en vinculación con el resto de la prueba evacuada en juicio, que la persona que tenía en su casa los vehículos automotores con reporte de robo era justamente el imputado. II) La sala encuentra que el Tribunal a-quo ha observado las reglas de la lógica, y fundamentalmente de la derivación y razón suficiente en tanto ha dado las razones para dar credibilidad o descartar los testimonios rendidos en juicio, así como las pruebas periciales y documentales, rescatando la esencia de cada prueba, que le han permitido una apreciación objetiva del hecho sometido a su decisión, pronunciando el fallo según su convencimiento en base a las pruebas valoradas en su conjunto, así la declaración de los policías con la de los testigos protegidos que mencionan haberlo visto al encartado, al menos uno de ellos, con el grupo que lo despojó de su vehículo, relacionándola con la documental, permiten ciertamente establecer conclusiones específicas con respecto a quienes son los dueños de los vehículos encontrados en la vivienda del procesado y porque este los tenía ahí. II) Dentro de las reglas de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Ese ejercicio intelectivo a criterio de esta sala ha sido realizado correctamente por el Tribunal de instancia. Esta Sala de lo Penal, hace notar que en este caso particular las declaraciones de los familiares del imputado guardan una especial consideración dimanada no solo de ese vínculo familiar sino por el hecho de que la esposa haya sido inicialmente acusada y posteriormente sobreseída, sin duda no solo se trata de la simple solidaridad por la afinidad sino del resentimiento natural que pueda guardar contra el aparato estatal que la sometió a investigación, resultando además ser mas congruente y objetiva la evidencia incriminatoria.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de junio de dos mil once, por medio de la Sala de lo Penal, integrada por los señores Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de junio de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual ABSOLVIÓ al señor M.A. C., por los delitos de ASOCIACION ILICITA y ALMACENAMIENTO DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y por los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO en perjuicio de la ASOCIACION CIVIL H. O. DEL C. DE J. y USO PUBLICO DE NOMBRE SUPUESTO, en perjuicio de LA FE PUBLICA, así mismo CONDENO al encausado a la Pena Principal de QUINCE (15) AÑOS de reclusión por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de LA AZUCARERA C., a la vez lo condenó por el delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA a la pena de TRES (03) AÑOS de reclusión; mas las Penas Accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la Condena Principal.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada O. M. M., Defensora Pública del señor M. A. C..- Son Partes: El Abogado A. A. G., apoderado defensor del imputado como recurrente y la Abogada K. M. A., representante del Ministerio Público, como recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada O. M. M. reúne los requisitos exigidos por la Ley, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-“HECHOS PROBADOS: PRIMERO: El día viernes veintiocho de abril del año dos mil seis, a eso de la una con treinta minutos de la tarde, la testigo protegida con clave 11- 05-06, conducía un vehículo marca Toyota, tipo pick-up, año 1997, color blanco, con placas PBM 5479, propiedad de la Asociación Civil H. O. del C. de J. y cuando transitaba a la altura de ZIP Calpules, de esta ciudad, fue interceptada por un vehículo, del cual descendieron tres individuos desconocidos, armados con pistolas y se ubicaron frente al automotor, de inmediato abordaron el mismo y se lo llevaron junto a la testigo, dejando a esta, un momento después, en las inmediaciones de la empresa CEMCOL y posteriormente trasladaron el vehículo al patio de la casa que habitaba el señor M.A. Contreras, en la Colonia los Naranjos, de esta Ciudad, en cuyo patio permaneció por espacio de una semana. SEGUNDO: El día sábado veintinueve de abril del año dos mil seis, a eso de las once de la mañana, el testigo protegido identificado con la clave 1105-06-A, transitaba a bordo de un vehículo automotor tipo pick-up, 4x4, marca Toyota, color blanco, doble cabina, modelo 2004, placa PBN 6368, propiedad de la Compañía Azucarera Chumbagua, S.A., por el sector de la Colonia Río de Piedras, de esta Ciudad, cuando fue interceptado por un vehículo tipo turismo, color verde en cuyo interior se conducían cuatro individuos, entre ellos M.A. C., quien se quedo dentro del vehículo, mientras los tres restantes se bajaron y procedieron a encañonar con armas de fuego, al testigo protegido identificado con la clave 11-05-06-A, apoderándose del vehiculo en que este se conducía, llevándose consigo tanto el vehiculo como al dicho testigo, el cual dejaron bajo el puente que conduce al hospital público Mario Catarino Rivas. TERCERO: El día domingo siete de mayo del año dos mil seis, como a eso de las cinco de la mañana, varios agentes de la Policía de Investigación llegaron hasta una vivienda ubicada en los Naranjos, de esta Ciudad, con la finalidad de verificar denuncias, relativas a que en dicha casa habitaban varios individuos que utilizaban vehículos, uniformes y armas largas, similares a las utilizadas por la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), uno de los agentes subió la parte posterior del muro que rodea la vivienda y se percato de que, por el área de la lavandería, se encontraba la placa de un vehículo, verificaron el número de la misma con el sistema de la DEI y constataron que se trataba de la placa de un vehículo con reporte de robo, luego, por simple observación, los agentes se percataron que dentro de la vivienda se encontraban en total tres vehículos, por lo cual los agentes pidieron apoyo, presentándose al lugar un regular grupo de policías, entre estos, miembros del escuadrón de policías cobras, policías preventivos y mas agentes de la DGIC., los cuales rodearon la vivienda y aseguraron el lugar, procediendo a tocar el portón en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta inmediata de los moradores de la casa, solamente percibieron que una persona se asomo y se volvió a ocultar, por lo que a eso de las seis y quince de la mañana, estando rodeada la casa, sin tramitar ninguna orden judicial, los Agentes de la D.G.I.C. decidieron no esperar mas y dan la orden a los policías cobras de que ingresen al predio de la casa, escalando el muro perimetral, pasando sobre el alambre serpentina que lo cubría, una vez en el interior, la policía encontró estacionados los tres vehículos que había divisado previamente desde fuera del muro, siendo estos: un carro tipo turismo, marca Mitsubishi, color verde, sin placas, que resulto ser de propiedad de LILIAM NAZAR y dos vehículos mas: ambos, marca Toyota, color blanco, 4x4, modelo Hilux, motor 2.8, sin placas, propiedad de LA COMPAÑÍA AZUCARERA C. S.A. Y DE LA ASOCIACION CIVIL H. O. DEL C. DE J.; posteriormente, los cobras procedieron a tocar la puerta de enfrente de la vivienda y les fue abierta por la señora L. N., en ese momento ingresaron violentamente, sin autorización alguna, en el interior de la vivienda y procedieron a detener a sus habitantes, el señor M.l A. C.J., su esposa L. E. N. y al hermano de esta, el menor J.J. N. C., ingresando seguidamente los agentes de la DGIC., que encontraron dentro de la vivienda varios artículos que fueron decomisados.” III.-La recurrente Abogada O. M. M., en su condición de Defensora Pública del señor M. A. C., desarrollo su recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en los artículos 82 y 99 en relación con los artículos 303 y 307 de la constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82, 99, 303 y 307 de la constitución de la República que establecen: “Que el derecho de defensa es inviolable, asimismo dispone, que la justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado y que la ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas”. Artículo 99.- “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”. Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias, por una parte al manifestar: Que, en cuanto al vehiculo robado propiedad de LA ASOCIACION CIVIL HERMANAS OBLATAS DEL CORAZON DE JESUS, y encontrado en la casa del imputado, debía considerarse que habiendo la Policía observado ambos vehículos pick-Up desde afuera de la casa, a pesar de haberse declarado la ilegalidad del allanamiento, el Tribunal lo considero como prueba independiente, por hallazgo inevitable, en virtud de que aunque no se hubiera realizado el allanamiento, la Policía ya había identificado que en dicha vivienda habían tres vehículos y al menos uno de ellos robado y procedería a la investigación de la procedencia de los mismos, lo cual daría como resultado, descubrir que el vehiculo robado a la ASOCIACION CIVIL H. O. DEL C. DE J., era otro de los vehículos que se encontraban en la vivienda, y por eso tratarse de un ENCUBRIMIENTIO por parte del acusado M. A. C. por no haberse probado en el presente caso que el imputado tuviera un concierto previo con los autores o cómplices del delito del ROBO DE VEHICULO de la Asociación Civil antes indicada. La defensa del imputado al analizar el expediente en su conjunto observo desprenderse del mismo que al igual que el tribunal declaro la Nulidad del Allanamiento efectuado en el presente caso, en la casa del imputado M. A., por no existir autorización alguna por parte del tribunal competente, ni por los habitantes de la vivienda, también debió haber declarado nulo el acto previo al allanamiento, es decir la forma en que uno de los policías (R. A.) obtuvo la información que en esa vivienda habían tres carros, siendo uno de ellos el de la Asociación Civil H. O. C. de J. y por el cual se le acusa a mi representado por el delito de ENCUBRIMIENTO, la cual se obtuvo invadiéndose el domicilio del imputado al escalar el policía Ayala el muro perimetral de la propiedad privada que se iba a allanar y que la ilegalidad de dicho acto proviene no solo de la vulneración de una norma de orden procesal o de una simple omisión de una formalidad, sino por el contrario de un comportamiento que compromete el respeto del marco constitucional, al vulnerarse directamente lo que la constitución no tolera ni permite, que se procediera a la entrada y registro de una morada, sin el previo control de legalidad del acto efectuado por el Juez competente, cuando esta situación acontecía, por lo que el acto cuestionado debía ser declarado nulo, porque la vulneración de una garantía constitucional acarrea de pleno derecho, nulidad del acto viciado, por imperativo constitucional. Consideramos y como se manifestó antes el Tribunal sentenciador debió declarar nulo lo relacionado con lo del ENCUBRIMIENTO del vehiculo propiedad de la Asociación Civil de las H. O. DEL C. DE J. y que erróneamente lo consideró como prueba Independiente por hallazgo inevitable, lo cual no es cierto y nos deja la duda razonable si observamos detenidamente la declaración del testigo protegido de cargo propuesto por el Ministerio Público A. J. R. L. oficial de Policía quien fungía en ese momento como Jefe Operativo Nor-occidental y quien supervisaba y dirigía dicha misión, manifestando en juicio oral entre otras cosas que tenia varias unidades ese día a cargo, entre ellas ANALISIS dirigida por el Inspector R. A. quien había estado vigilando la vivienda un día antes del allanamiento, pero que ese día minutos antes del allanamiento le ordeno a R.A. que se subiera por la parte de arriba del muro de la casa para ver si habían vehículos atrás para seguridad de los que andaban allí, y posteriormente corroborarlos con el sistema de la DEI, quien le informo que había un vehiculo blanco, que había una placa visible y que iba a pedir datos. Considerando el hecho que el oficial R. A. se haya subido al muro de la propiedad privada del acusado la cual era su morada en ese momento, esta acción es objeto de injerencias arbitrarias o abusivas del domicilio, la cual tutela cualquier espacio físico aislado del exterior cerrado o parcialmente abierto en el que despliega el ámbito de privacidad de las personas, con independencia de su carácter habitual, permanente o estable, la cual no es oficina estatal o salón de ventas que estén abiertos al publico y de libre acceso, sino que es constitutivo de una dependencia dentro del hogar, es decir una dependencia contigua al hogar, como ser el patio o jardín que esta rodeado por un muro perimetral, debiendo cualquier persona respetar el área destinada de manera exclusiva al particular, por lo que la recolección de esa información se hizo irrespetando garantías constitucionales, en el entendido que la ley limita el uso de esa información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.- Honorables Magistrados consideramos que la información recolectada por el oficial R. A. proveniente de una orden ilegal emanada por el oficial A. J. r. L., y la cual fue vertida en juicio es prueba ilícita (espuria) o prohibida, que es aquél medio de prueba que resulta por si mismo capaz de proporcionar elementos que permitan llegar a constatar la existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico prohíbe utilizar, es decir que estaríamos ante una prueba ilícita testifical por vinculo procesal por la forma en que se obtuvo, por lo que creemos que la prueba es el elemento procesal mas susceptible de ser alterada, pues su manipulación se puede dar en varios momentos: a) a la hora de formarla, b) a la hora de aplicarla; y c) al momento de decisión Judicial. Queremos manifestar que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los mas estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana critica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de esta. Y como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba ilícita no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Sabemos que el Tribunal sentenciador le dio valor probatorio a la prueba recolectada por el Policía R. A. los que eran en fase de actos preparatorios, previo a allanarse la vivienda del imputado, escalando el muro perimetral de la casa denunciada, obedeciendo la orden del oficial A. J. R. L. para que observara hacia dentro de la misma, lo cual nos lleva a dudar por el hecho que desde el lugar que el mismo se encontraba pudiera observar los números de las placas que estaban tirada en el suelo por el área de lavandería, sino mas bien somos del criterio que el mismo tuvo que haberse introducido dentro del bien inmueble (jardín), esto lo decimos por la hora que era, es decir entre cinco (5:00 a.m. ) a cinco y treinta (5:30 a.m.) de la mañana, que todavía esta un poco oscuro lo cual dificulta poder observar con claridad la descripción de los números plasmados en la mencionada placa vehicular, prueba esta que debió correr la misma suerte que la del allanamiento declarado nulo por el Tribunal, porque esta praxis también violento derechos fundamentales, que unidos a otros elementos corroboran los hechos, considerándose como se dijo antes una injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, por consiguiente no puede constituir prueba acusatoria si este es el único medio de prueba. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos “VENERAR” nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “fin justifique los medios” de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Partimos del hecho que un testimonio es una prueba licita; una confesión es una prueba licita; pero si aquél o esta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la violación a la privacidad del domicilio, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que sea consecuencia de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece para la obtención de la prueba. El hacerlo así seria pretender hacer justicia violando la ley, lo que seria una “paradoja jurídica”, por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna. Y los únicos vehículos que nos llevaran a aquel destino son las garantías. Por consiguiente haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar por ENCUBRIMIENTO a mi representado M. A.C. manifestando el juzgador considerarla como prueba independiente por hallazgo inevitable, esto es una flagrante violación al derecho de defensa del imputado, lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencias tomo en cuenta una prueba ilícita propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo el tribunal bajo el argumento que lo consideraba como prueba independiente, por hallazgo inevitable, para así condenar a mi representado por ENCUBRIMIENTO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, resolución con la cual no esta de acuerdo la defensa del indiciado, por violentarse no solo garantías constitucionales como ser el artículo 99, procesales artículo 200; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 12 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y artículo 17 No.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso. IV.- Continua manifestando la recurrente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: No haber observado el juzgador en la valoración de las pruebas la sana critica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 No. 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Se puede observar Honorables Magistrados que el Juzgador violenta la lógica de la derivación al no darle el valor probatorio correcto a las pruebas de cargo aportadas y evacuadas en juicio, es decir, que el Tribunal de Sentencias por una parte le dio valor probatorio a la declaración rendida como prueba anticipada por el ofendido testigo protegido clave 11-05-06-A quien era el conductor del vehiculo marca Toyota, color blanco, doble cabina, 2.8 propiedad de la Compañía Azucarera Chumbagua, y que le fuera robado, mismo que al presentar la denuncia ante la policía les manifestó en ese momento que no observo a las personas que lo habían despojado de su vehiculo, sin embargo posteriormente en la declaración que se le tomara como prueba anticipada, manifestó que las características físicas de una de las personas era de una persona trigueña, un poco bajo, narizón, de contextura delgada y las otras dos personas eran mayores, por lo que siendo objetivos deducimos que no se trata de la persona de mi representado M. A. C., porque de acuerdo a la prueba evacuada en juicio y las declaraciones recibidas en el mismo, el imputado no era una persona delgada y las otras dos personas de acuerdo al acta de prueba anticipada, era una persona totalmente distinta al imputado, mas sin embargo en el acta de reconocimiento en rueda lo reconoce, aun y cuando había manifestado que era una persona delgada y en ese momento el imputado pesaba mas de doscientas libras, es decir que no era delgado como lo dijo anteriormente el testigo de cargo, contradictoria esta declaración, que lejos de perjudicar a mi representado mas bien lo beneficiaba desvirtuándolo como autor del ilícito que se le imputaba, dicho extremo lo acredito la defensa del imputado presentando en su oportunidad un recorte de periódico de Diario La Prensa como prueba ilustrativa donde aparecía la fotografía con las características físicas de M.A., denotándose a todas luces que el testigo protegido, era un testigo falso y ser por consiguiente la única prueba vinculante al hecho para el tribunal. Si observamos detenidamente existen otras situaciones que nos extrañan sobremanera que el tribunal no haya valorado, como ser que este testigo Protegido manifestó que el imputado y los otros tres individuos andaban en un carro turismo color verde al momento de despojarlo de su vehiculo y que la fiscalia lo vinculo como instrumento de ejecución, relacionándolo a la vez con el vehiculo encontrado en la casa de habitación del imputado, mas sin embargo este vehiculo fue devuelto por parte de la Fiscalia posteriormente a la esposa del imputado L. E. N. persona esta que acredito ser la propietaria del mismo, somos del parecer que si el vehiculo hubiese tenido alguna responsabilidad en la ejecución del hecho o algún indicio de participación tal y como lo manifestó el testigo protegido de cargo, y que la fiscalía decomiso dicho carro verde como pieza de convicción o ejecución para cometer el delito, simple y sencillamente no se hubiera devuelto el vehiculo involucrado, mas sin embargo se entrego porque la fiscalía solicito se dictara un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO y que se dejara en libertad a la esposa del imputado L. E. N. por no habérsele acreditado participación alguna en la comisión del delito por el cual en un inicio se inicio proceso contra ella. Es entonces que nos preguntamos porque tanta equivocaron por parte del testigo protegido 11-05-06-A y aun así el tribunal le dio valor probatorio condenando al señor M. A. C. Por otra parte consideramos que el Tribunal bebió haberle dado valor probatorio a las declaraciones de los testigos de descargo presentados por la defensa, es decir la de la señora L. E. N. C. esposa del imputado, quien fue clara, precisa y contundente en su deposición, a la vez coincidente en muchos aspectos con las otras declaraciones como ser con la de su hermano J. J. N. y la del propietario del Taller donde trabajaba el imputado señor H. E. R., considerando el Tribunal no ser verosímiles dichas declaraciones por tener estos testigos una relación afectiva con el acusado, y que estos mencionaban situaciones, que denotaban ser forjadas con el único propósito de crear impunidad y que no iban a ser consideradas por dicho Tribunal como prueba exculpatoria. La defensa del imputado discrepa el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador al no darle valor probatorio a dos testigos de descargo como ser la esposa y el cuñado del imputado quienes manifestaron que dichos vehículos pertenecían a J. A.R. persona esta que era compañera de trabajo de su esposo y que cohabitaba con ellos en la misma casa compartiendo los gastos y teniendo por separado su propio cuarto y llave de la casa y que este en su oportunidad les había enseñado los respectivos papeles de los carros, por lo cual nunca dudaron y que es día del allanamiento el no se encontraba, consideramos que los cuerpos investigativos debieron ser mas exhaustivos en la búsqueda de la persona de J. A. R., difícilmente podemos darnos cuenta si conociendo a una persona, esta nos puede engañar en casos como estos, pues el imputado M. A. actuó de buena fe al permitir que el señor J. A. R. introdujera a su vivienda dichos vehículos, ignorando que su procedencia era producto de actos ilícitos. Por tal motivo consideramos que con las pruebas aportadas en juicio específicamente el medio probatorio en que se apoya el Tribunal para condenar a mi representado, es decir al testigo protegido clave 11-05-06-A quien incurrió en una serie de contradicciones al momento de identificar al imputado y el vehiculo en que se conducía este, asimismo al no darles valor probatorio a las pruebas de descargo presentada por la defensa que fueron claras, coincidentes y contundentes relacionadas con la declaración del propietario del taller R., creándonos de esta manera la duda razonable que el Tribunal debió valorarla a favor del imputado, y el hecho de no haberlo hecho así, se estaría violentando la lógica de la derivación, pues deduce una conclusión distinta a la que de manera natural le indica la prueba aportada y evacuada en juicio, no siendo por ello un fundamento válido para sustentar un fallo de condena por Robo de Vehiculo. Mas sin embargo a pesar de lo antes indicado, el Tribunal al realizar la valoración intelectiva concluye restándole valor probatorio a la prueba de descargo, y considerando como cierto lo dicho por el testigo protegido clave 11-05-06-A, a pesar de la serie e innumerables contradicciones en que incurrió este, no entendiendo porque el Tribunal de sentencias baso su fallo condenatorio en dicho medio de prueba que se contradice, infringiéndose de esta manera el artículo 336 del Código Procesal Penal que dispone: El tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana critica. Resulta que el Tribunal sentenciador estaba obligado a dictar un fallo Absolutorio, pues no se puede condenar a una persona cuando existe duda razonable, sospechas dudas o verdades a medias que no pueden revertirse en contra del imputado. Por todo lo antes expuesto, esta defensa es del criterio, que al no haberse valorado correctamente las pruebas aportadas en juicio, y no haberse tomado en cuenta la duda razonable a favor del imputado, el sentenciador ha incurrido en violación al derecho de defensa, por lo que solicitamos se case el recurso y se dicte un fallo absolutorio a favor de mi representado M. A. C.. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex – ante.” V DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El impetrante señala como motivo de casación la infracción de los artículos 82 Y 99 en relación de los artículos 303 y 307 de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal Esta sala de lo penal analizada la exposición del censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc.… 2) “El derecho al debido proceso supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a si mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado”*. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, en ese sentido, la inviolabilidad de domicilio regulada en el artículo 99 de la Constitución de la República, desde esa norma, posibilita la restricción de ese derecho en los supuestos ahí regulados remitiéndose a la ley para los casos de restricción del mismo, ahora bien, es el propio artículo 99 de la Constitución el que establece los dos casos en que puede hacerse un ingreso o registro a un domicilio, uno con el consentimiento de la persona que lo habita y el otro con autorización judicial; en el caso de autos, no cabe duda que tuvo lugar el ingreso y registro sin el consentimiento del dueño de la morada y sin autorización judicial tal y como se demostró en juicio, tan es así que el Tribunal de instancia declaró ilegal dicho allanamiento y todo cuanto se derivó de él. 3) El problema en cuestión radica en la declaración de los agentes de Policía sobre momentos previos al allanamiento ilegal en donde se establece que uno de los policías se subió en el muro de la vivienda por la parte de atrás y desde ahí pudo divisar los vehículos y un número de placa, el cual verificado con información que manejan con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, resultó tener reporte de robo, de manera que es importante analizar si esa acción de subirse al muro y ver al área de lavandería de la vivienda, comprometió derechos fundamentales del encausado y consecuentemente, la información obtenida por esa vía debe ser desestimada también por ilícita. Si bien el domicilio personal de un ciudadano supone un espacio en el que este habita sin necesariamente estar sujeto a los usos y convencionalismos sociales y por lo tanto ejercita su libertad mas íntima, como emanación natural de la propia persona, resulta notorio para esta Sala de lo penal, que los espacios como áreas de lavanderías, garajes, corredores, jardines etc., ciertamente por su naturaleza no están confeccionados para el desarrollo de la intimidad personal del titular del derecho, tan es así, que habitualmente suelen estar expuestos a la vista de los transeúntes desde la calle sin que ello importe una transgresión al derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que si podría considerarse, solo en el supuesto caso en que se presente una invasión física dentro del espacio mismo del área en cuestión, que si estaría representando una invasión o amenaza real a la intimidad personal, verbigracia, si dicho agente policial hubiese saltado al interior del área entre los muros, lo que no aconteció en el caso subjùdice, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado. VI DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR QUE EN LA VALORACION DE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN SU SEGUNDO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA Esta Sala de lo Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente, analizando la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia a efecto de determinar si efectivamente como lo afirma el impetrante, no se observaron las reglas de la sana crítica o si por el contrario fueron observadas por el tribunal a quo. Esta sala de lo penal, resuelve en base a las consideraciones siguientes: I) Encuentra que el tribunal de instancia ha realizado una correcta valoración de la prueba en base a las reglas de la sana crítica, en tanto que ciertamente puede derivarse de las declaraciones de los testigos de cargo en vinculación con el resto de la prueba evacuada en juicio, que la persona que tenía en su casa los vehículos automotores con reporte de robo era justamente el imputado. II) La sala encuentra que el Tribunal a-quo ha observado las reglas de la lógica, y fundamentalmente de la derivación y razón suficiente en tanto ha dado las razones para dar credibilidad o descartar los testimonios rendidos en juicio, así como las pruebas periciales y documentales, rescatando la esencia de cada prueba, que le han permitido una apreciación objetiva del hecho sometido a su decisión, pronunciando el fallo según su convencimiento en base a las pruebas valoradas en su conjunto, así la declaración de los policías con la de los testigos protegidos que mencionan haberlo visto al encartado, al menos uno de ellos, con el grupo que lo despojó de su vehículo, relacionándola con la documental, permiten ciertamente establecer conclusiones específicas con respecto a quienes son los dueños de los vehículos encontrados en la vivienda del procesado y porque este los tenía ahí. II) Dentro de las reglas de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Ese ejercicio intelectivo a criterio de esta sala ha sido realizado correctamente por el Tribunal de instancia. Esta Sala de lo Penal, hace notar que en este caso particular las declaraciones de los familiares del imputado guardan una especial consideración dimanada no solo de ese vínculo familiar sino por el hecho de que la esposa haya sido inicialmente acusada y posteriormente sobreseída, sin duda no solo se trata de la simple solidaridad por la afinidad sino del resentimiento natural que pueda guardar contra el aparato estatal que la sometió a investigación, resultando además ser mas congruente y objetiva la evidencia incriminatoria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 336 párrafo primero, 338, 359, 361, 362 preámbulo y número 3) y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la defensa. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ. SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de Agosto de dos mil once; Certificación de la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 118=2009.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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