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Sentencia CP-100-10 — Registro 2126

Resumen

La defensa de las personas condenada por el delito de violación interpone recurso de casación por quebrantamiento de forma, contra el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia considerando que no valoro las pruebas adecuadamente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"IV DE LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA.-Nuevamente el censor falta a la claridad y precisión al momento de plantear este motivo de Casación. En primer lugar anuncia un motivo de casación por infracción de Precepto Constitucional pero al momento de enunciar el motivo único lo enuncia como infracción de Precepto Constitucional y Penal, esto implica dos motivos diferentes; En segundo lugar, al citar el precepto autorizante, señala el artículo 90 de la Constitución de la República, que no puede ser el precepto autorizante sino en todo caso un precepto infringido y posteriormente señala los artículos 360 y 361 del Código Procesal Penal que se refieren a dos motivos de Casación totalmente diferente (infracción de ley y precepto constitucional), esto sigue mostrando la falta de claridad y precisión del recurso en tanto que el artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal, manda indicar por separado cada motivo. Es tal la confusión del recurrente que en su libelo expresa que la sentencia contiene un error in procedendo, (propio del recurso de casación por quebrantamiento de forma), señalando como infringidos en su conjunto los artículos 1, 88, 89, 90, 321 de la Constitución de la República; 2, 202, 339 y 361 del Código Procesal Penal mezclando preceptos Constitucionales con Procesales Penales, lo que denota nuevamente la dificultad de entender la pretensión del censor; Sobre los requisitos del recurso de Casación esta Sala reitera que “No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta mas congruente ante el recurso, en consecuencia, se confirma la necesidad de exponer cada motivo de casación por separado”2. Nótese como no seguir la debida técnica casacional ha desembocado en un recurso oscuro e impreciso que pese al esfuerzo de la sala por abordar su estudio, se imposibilita el mismo debido a que nunca se explicó el sentido de la infracción de manera que pueda colegirse la infracción de un precepto Constitucional en concreto, pues al señalar el casacionista varios preceptos como infringidos, en realidad cada uno de estos señalamientos constituyen vicios diferentes que abordados por separado y explicados debidamente pudieron llegar a garantizar una respuesta mas apropiada para el imputado; no obstante la confusión del casacionista es tal que viene invocando algunos aspectos que debieron abordarse por otros motivos de casación y que al pretender incorporarlos dentro de los motivos presentados ante la Sala, han resultado confusos, de manera que la falta de claridad y precisión originada por elaborar el recurso invocando varias infracciones en un solo motivo, no permite a la Sala de lo Penal realizar el estudio deseado que hubiese posibilitado el planteamiento de un recurso interpuesto en forma clara y precisa.2

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el treinta de Enero del año dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, mediante la cual Absolvió a J. A. R.I., como autor responsable de los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO Y PRODUCCIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL, en perjuicio de C.L. P. H..- INTERPUSO EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, la Abogada D. N.G., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada M. E. G., representante del Ministerio Público como recurrente y el Abogado F. C. C., apoderado defensor del imputado como recurrido. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-“HECHOS PROBADOS: Primero: En fecha veintiséis de junio del año dos mil tres, mediante acuerdo de número 958, la Corte Suprema de Justicia nombra a la Abogada M. M. M. C. en el cargo Juez de Depuración de causas activas con jurisdicción nacional en cumplimiento al punto número dos(2) del acta número ocho(8) de la sesión celebrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el nueve de abril del año dos mil tres; tomando posesión de su cargo la Abogada M. M. M. C.el diecisiete de julio del año dos mil tres, teniendo como atribuciones, según la referida Acta, atender las causas activas y con preferencia en las que el imputado se encuentre bajo prisión preventiva, mediante el dictado de la resolución definitiva que corresponda conforme a derecho, iniciados bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). Segundo: Posteriormente la Abogada M.M. M. C. es nombrada Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conservando en este cargo la Jurisdicción nacional que ya ostentaba conforme el punto número dos (2) del acta número ocho (8) de la sesión celebrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el nueve de abril del año dos mil tres, cargo que ostenta a la fecha. Tercero: A solicitud del Ministerio Público, en fecha veintiuno de enero del año dos mil nueve es designada por la Corte Suprema de Justicia la Jueza M. M. M. C. para conocer sobre las diligencias previas y la etapa preparatoria e intermedia del proceso que se preparaba en contra del señor J.A. R. I., quien se estaba desempeñando como Juez de Paz del Municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, por suponerlo responsable del delito de Pornografía Infantil y del delito Violación Especial en contra de la niña C. L. P. H.. Cuarto: En fecha veintiséis de enero del año dos mil nueve la Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con jurisdicción nacional conforme al punto número dos (2) del acta numero ocho (8) de la sesión celebrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el nueve de abril del año dos mil tres, decreta la práctica del allanamiento a la morada del señor J. A. R. I. ubicado en el Cayo Bonaca en la peatonal del muelle principal, en el segundo piso donde se ubican las instalaciones de la Policía Nacional Preventiva del municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía. Quinto: En dicho allanamiento y registro se decomisó entre otros objetos: Cuatro video casetes color negro, leyéndose en uno de ellos el título Titánic, un casete de VH color negro, donde se lee “Carman”; un disquete en la cual se lee en la etiqueta “Samsung”; una cámara fotográfica color gris, marca canon, modelo prima BF800, serie S53601425; un rollo de fotografías marca Kodak color amarillo y negro, de treinta y seis exposiciones; una memoria USB color blanco y verde, marca Kingston de 2GB; tres fotografías impresas a colores en papel bon: 1) una foto menor con minifalda, 2) una foto de una mujer acostada boca abajo usando blúmer color blanco y una camisa del mismo color, 3) dos fotos impresas en la misma hoja de papel donde aparece la misma menor del inciso uno; nueve CDs, cuatro DVD; un porta DVD en cuya carátula aparece una mujer desnuda; de en medio de los colchones de la cama se sacaron dieciocho fotografías impresas a colores en papel bon en las que se observan varios menores de edad ( niños y niñas con ropa); a un lado de la cama dos machetes, uno pequeño con empuñadura envuelta en cinta adhesiva; y el otro grande con hoja oxidada con empuñadura envuelta en cinta adhesiva; un CPU negro con gris, serie MXJ3510358 propiedad del Poder Judicial; y dos colchones de la cama y las sábanas. Siendo detenido ese día y en ese lugar el señor J.A. R. I.. Sexto: Acto seguido el señor J. A. R. I. es puesto a la orden de la Jueza de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con Jurisdicción Nacional conforme al punto número dos (2) del acta número (8) de la sesión celebrada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia el nueve de abril del año dos mil tres; Jueza que conoció de la etapa preparatoria e intermedia de este proceso hasta dictar el auto de apertura a juicio en contra del señor J. A. R. I. por considerarlo responsable del delito de Pornografía Infantil y del delito de Violación Especial en perjuicio de la niña C. L. P. H. de nueve años de edad en aquél entonces”. III.-La recurrente Abogada D. N. G., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.- I. POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación de los artículos 90 en relación al 304 y 313 numerales 11 y 12; 321 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Las ventajas que representa el acceso a la casación por la vía del Artículo 361 se traduce en una real y efectiva nueva vertiente con apretura suficiente para el control y revisión del engase constitucional en el proceso penal. En ese sentido, resulta de importancia definir los valores constitucionales que no son más que aquellos valores jurídicos fundamentales que están reconocidos como tal en un determinado orden constitucional. Dentro de estos valores se derivan principios constitucionales que resultan ser principios generales del Derecho los cuales actúan como garantías normativas de los derechos fundamentales. Como parte de dichos principios encontramos el de Legalidad, a través del cual se pretende que toda actuación de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se someta necesariamente a lo prescrito en la ley. Del principio Constitucional de legalidad deriva el principio de legalidad de los delitos y las penas, constituyendo el primero lo que se ha llamado “La carta magna del Derecho Penal”, porque es la máxima garantía normativa frente al poder represivo del Estado. Aunque tiene antecedentes medievales sólo se formula de forma expresa y en sentido actual por Anselmo Feuerbach, en el siglo XVIII, en su famosa frase “Nullum crimen, nulla poena sine previa lege”, lo cual supone básicamente que la acción punitiva del Estado debe atenerse estrictamente a lo establecido por las leyes penales que sean anteriores a la acción delictiva, esto significa que dentro del principio de legalidad encontramos las siguientes garantías a saber:1) Garantía Criminal: que toda conducta delictiva debe estar fijada de una forma clara y precisa en la ley; 2)Garantía Penal: Que no se puede establecer por el Juez una pena que no venga prefijada por una ley anterior; 3)Garantía Jurisdiccional: Que el delito y la Pena se establezcan mediante sentencia judicial, a través de Juez o Tribunal Previamente establecido; 4) Garantía de ejecución: que la ejecución de la pena se sujeta a una ley que la regule. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra la norma constitucional contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República, el cual reza que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal Competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Vulneración que se ve reflejada al momento de emitirse sentencia por parte del Tribunal Juzgador, quien en el numeral segundo párrafo séptimo de la fundamentación jurídica estableció lo siguiente: “Garantizar la independencia e imparcialidad del Juez; exigencia del artículo 303 y 304 de la Constitución de la República, contemplado como un derecho del ciudadano y no un privilegio del Juez, por lo que implica la prohibición de crear órganos ad-hoc o post facto y excluye también la posibilidad de constituir tribunales que, al ser creados para un asunto concreto puedan resultar por ello parciales. En el caso sometido a examen quedó acreditado que la designación de la Jueza u órgano jurisdiccional que conoció las diligencias previas y las etapas preparatoria e intermedia de ésta causa, fue a solicitud del Ministerio Público, quien ostenta el monopolio de la acción penal pública de conformidad al artículo 92 del Código Procesal Penal y su ley constitutiva, situación que deja claro para el Tribunal que la Jueza no tenía condiciones para ejercer su independencia e imparcialidad la función juzgadora, pues fue designada a solicitud expresa de una de las partes en conflicto, de forma especial para el caso en cuestión, sacando al justiciable de la jurisdicción permanente u ordinaria.…, la Jueza en referencia no tenía ni tiene competencia para conocer el asunto, ni tiene asignadas por la ley esas funciones específicas, pues la competencia en todo el territorio nacional, era para atender las causas activas y con preferencia en las que el imputado se encuentre bajo prisión preventiva, iniciados bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales de mil novecientos ochenta y cuatro; por lo tanto su intervención vulnera el carácter previo y permanente del Juez legal y las normas comunes de competencia”. Como podréis observar Honorables Magistrados, la violación del artículo supra mencionado, se produjo al momento que el Juzgador emite sentencia absolviendo de toda responsabilidad al acusado por considerar que la intervención de la Juez que conoció de las diligencias previas y de las etapas preparatoria e intermedia de ésta causa, vulnera el principio de Juez natural, como elemento esencial del debido proceso, así como por el hecho que su designación era única y exclusivamente para éste proceso concreto; razonamiento que no compartimos en virtud de los aspectos que a continuación de detallan: El principio de legalidad de los delitos y las penas se encuentra reconocido dentro del orden constitucional específicamente en el Artículo 304 al establecer que: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, Juzgar y Ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”. La garantía de Juez Natural supone que el tribunal que ha de juzgar el caso, ha de ser un tribunal de justicia, que juzgue de acuerdo a derecho siguiendo un procedimiento y que ha de haber sido establecido por la ley con carácter previo, ser componente para llevar a cabo el enjuiciamiento, además de independiente e imparcial. Esta garantía orgánica del juez predeterminado por la ley y la prohibición de jueces especiales está fuertemente vinculada a la de independencia e imparcialidad del juez. Entendiéndose por tribunal establecido previamente por la ley, como aquel que ha sido creado a través de una fuente de derecho válida ya sea a través de la Constitución de la República u otras, excluyéndose por tanto para su establecimiento procedimientos especiales que no constituyen fuentes de derecho válidas según la constitución del Estado. La prohibición de los Tribunales de Excepción, exige en primer término la preconstitución de los Tribunales, es decir, que el juez competente esté ya instituído en el momento de producirse el hecho. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional Español ha señalado que el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, exige que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, con generalidad y anterioridad al caso y que la composición de este órgano venga determinado por la ley.[1] En el caso sub judice a través del acuerdo N°. 1536 de fecha 14 de diciembre de 2007, la Honorable Corte Suprema de Justicia en uso de la atribución delegada por la ley a través de la Constitución de la República específicamente en el artículo 313 numeral 12, el cual establece que: “La Corte Suprema de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes: 12) Crear, suprimir, fusionar, o trasladar los Juzgados, Corte de Apelaciones y demás dependencias del Poder Judicial”; acordó el traslado de la Licenciada M. M. M. Juez supernumeraria de Letras del Programa de Depuración de causas activas con Jurisdicción Nacional, al cargo de Juez Supernumeraria de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; siendo modificado posteriormente el mismo, mediante acuerdo N°. 28 de fecha 25 de enero de 2008, en el sentido que la referida funcionaria se traslada al cargo de Juez Supernumeraria de letras Penal ya señalado, conservando en éste cargo la jurisdicción nacional que ya ostentaba conforme la ley. Al habérsele delegado a la Juez supra mencionada la función de Juzgar, ya no en las causas iniciadas bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales, sino que se trasladó esa función jurisdiccional para conocer la causas iniciadas bajo la vigencia del Código Procesal Penal, la Corte Suprema de Justicia también en uso de la atribución delegada por la Constitución en el artículo 313 numeral 11, que establece: “Fijar la división del territorio para efectos jurisdiccionales”; determinó en dicho acuerdo de traslado que dicha funcionaria ejercería la competencia de su nueva función jurisdiccional, conservando la jurisdicción nacional que anteriormente venía ostentando de conformidad con la ley, considerando que la competencia territorial va determinada por la función jurisdiccional que desempeña. Asimismo resulta de importancia señalar, que la supuesta vulneración a la garantía de la juez Natural fue también alegada al inicio del proceso, a través de un recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal N°. 721-09-01, presentado ante la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, estableciéndose en dicho recurso, que la juez M. M. M., había actuado como Juez de Excepción por haber realizado una detención ilegal en contra del señor J. A. R., por ende el auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva fue decretada en su contra por un juez no competente, estableciendo como fundamentados legales los artículos 13 numeral 1, inciso b, en relación al artículo 24 numeral 2 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Recurso que fue declarado sin lugar por dicha Corte de Apelaciones Seccional y conformada la sentencia en revisión por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al verificar a través del informe presentado por el Juez Ejecutor nombrado al efecto, que no existió violación al principio de Juez Natural, constatándose a través de los acuerdos respectivos el nombramiento de la juez con carácter previo al inicio del proceso, así como la jurisdicción nacional que le fue otorgada de conformidad por la ley, en razón de la cual la Juez que conoce del proceso es un Juez Natural competente y no de excepción. En virtud de lo anterior, se considera que también se ha vulnerado el artículo 321 de la Constitución de la República que expresa lo siguiente: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; produciéndose dicha violación al haberse aportado el Juzgador de los límites que le establece la ley, es decir, se abstuvo de su facultad de juzgar por considerar que existía vulneración a la garantía de Juez Natural, aún y cuando ya había sido alegada la misma a través de las acciones idóneas para su restitución (habeas Corpus o Exhibición Personal); sin embargo el tribunal al momento de emitir sentencia definitiva encontró innecesario entrar a un análisis descriptivo e intelectivo de los medios de prueba aportados por las partes en el juicio, al considerar que los mismos no pueden ser valorados, por tratarse de un procedimiento espurio, aún y cuando existía sentencia definitiva que denegó el recurso de Habeas Corpus supra mencionado, tal como lo establece el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que en su párrafo último reza: “Las resoluciones dictadas en las acciones de exhibición personal tendrán el carácter de Sentencias Definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de la Constitucional”. Asimismo resulta de importancia señalar, que en el caso sub judice la solicitud de conocimiento de un Juez Natural con jurisdicción nacional diferente al que ejerce su jurisdicción en el lugar que se cometió el hecho, fue solicitado por el Ministerio Público por ser la víctima menor de 18 años, atendiendo al interés superior del niño, y previniendo la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad, considerando además que la persona denunciada al momento de los hechos fungía como autoridad en la zona; invocando para ello, la protección que no sólo garantiza la Constitución de la República sino los Tratados internacionales de los cuales el Estado forma parte. Sobre el particular, la Constitución de la República en el artículo 119 establece que:”El Estado tiene la obligación de proteger la infancia. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”; asimismo la convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 34 establece lo siguiente:”Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con éste fin, los estados partes tomarán en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir…, c) la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”; de igual forma el protocolo facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño en su artículo 1, establece que “Los Estados partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente protocolo”. Como consecuencia y con el objeto de evitar fuga de información que pudiera resultar contraproducente para los fines de la justicia, se solicitó la intervención de un Juez con Jurisdicción Nacional quien ostentaba las facultades jurisdiccionales para conocer del caso, siendo además éste independiente e imparcial, ya que constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura, que toda persona tiene derecho a ser juzgada por los Tribunales de Justicia con arreglo a procedimientos legalmente establecidos tal como aconteció en el presente caso. Sobre éste aspecto el Tribunal Constitucional Español también señala, que la Constitución prohíbe jueces excepciónales, pero autoriza a que el legislador realice una determinación de las competencias de acuerdo a los intereses de la justicia y teniendo en cuenta la relación con su naturaleza sobre la materia con la que versa, por la amplitud del ámbito territorial con el que se producen y por su trascendencia para el conjunto con la sociedad.[2] Por todo lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público considera que se ha producido como consecuencia el vicio señalado, debiendo declararse admisible el presente motivo, ordenando la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia a fin de que procedan a dictar la sentencia que en derecho corresponda.” DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público viene invocando la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, invocando como infringidos los artículos 90 en relación con el 304 y 313 numerales 11 y 12; 321 de la Constitución de la República, señalando como precepto autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. El argumento central del impetrante viene orientado a demostrar la violación del artículo 90 de la Constitución de la República sosteniendo que la violación se produce al momento que el juzgador emite sentencia absolviendo de toda responsabilidad al acusado por considerar que la intervención de la juez que conoció de las diligencias previas y de las etapas preparatoria e intermedia de esta causa, vulnera el principio de juez natural como elemento esencial del debido proceso, así como por el hecho de que su designación era única y exclusivamente para éste proceso concreto, argumento erróneo según el censor en tanto que estima que por atribución del artículo 313 numeral 12 de la Constitución, mediante acuerdo número 28 de fecha 25 de enero de 2008, la Corte Suprema de Justicia acordó trasladar a la Licenciada Marta Marlene Murillo, del cargo de Juez Supernumeraria de Letras del Programa de Depuración de causas activas con Jurisdicción Nacional, al cargo de Juez Supernumeraria de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conservando en este cargo la jurisdicción Nacional que ya ostentaba conforme la ley y que la jurisdicción le fue determinada en virtud de la atribución que concede la constitución en su artículo 313 numeral 11. Esta Sala de lo penal vistos los argumentos del recurrente, procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1. Por disposición del artículo 303 de la Constitución de la República, “…El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados y demás dependencias que señale la ley” de manera que es la ley, por mandato constitucional la que determina como se integran los órganos jurisdiccionales, ahora bien, corresponde a la Corte Suprema de Justicia crear, suprimir, fusionar, o trasladar los Juzgados, Cortes de Apelaciones y demás dependencias del Poder Judicial, así como fijar su división territorial para los efectos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 313 números 11 y 12 Constitucional, pero una vez que el órgano jurisdiccional ha sido instituido en la ley, es decir, una ley crea el juzgado, la corte decide donde lo crea, en el sentido de donde habrá de instalarse físicamente y cual será su jurisdicción, pues corresponde a la ley y solo a esta su creación y la delimitación de sus funciones, en ese orden de ideas, esa sala de lo penal, aprecia que los acuerdos de creación y modificación del Juez de jurisdicción nacional no emanaban una ley que le asignara alguna jurisdicción y competencia determinada que le permitieran separar sus funciones de las de los juzgados ordinarios, de tal modo que quedaran claramente definidas las competencias de unos y otros, así como las vías recursivas y los criterios de solución de conflictos de competencia, tan es así, que el propio recurrente reconoce en su libelo que fue a petición del Ministerio Público que se generó la intervención del Juez de Jurisdicción Nacional, sin existir una ley que autorizara esa vía de acceso al Juez Nacional y que desligara a los jueces ordinarios del eventual conocimiento del caso, por ello como bien cita el recurrente el “Tribunal Constitucional Español también señala, que la Constitución prohíbe jueces excepciónales, pero autoriza a que el legislador realice una determinación de las competencias de acuerdo a los intereses de la justicia y teniendo en cuenta la relación con su naturaleza sobre la materia con la que versa, por la amplitud del ámbito territorial con el que se producen y por su trascendencia para el conjunto con la sociedad.”. Este mismo Tribunal ha establecido que “El derecho Constitucional al juez predeterminado por la ley exige, en primer término, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial, y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional” (véase Maria Felix Tena Aragón. Manual de Derecho Constitucional. Tegucigalpa 2006. P 70). . De este mismo modo nuestra Carta Magna deja claro que la creación del Juez debe ser por ley garantizando el juzgamiento por juez natural predeterminado por la ley y prohíbe el juez de excepción (véase artículo 90, 303, 304 de la Constitución). Por otra parte el acuerdo que modifica el nombramiento de la juez M. M. M., indicando que conserva en éste cargo la jurisdicción nacional que ya ostentaba conforme a la ley, presenta un problema, veamos: Primero se le nombra juez Supernumeraria de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, delimitándole claramente su jurisdicción a Francisco Morazán, expresando luego que conserva la jurisdicción nacional que ya ostentaba conforme a la ley. Al haberle limitado su jurisdicción para conocer asuntos del Código Procesal Penal, el ejercicio de sus funciones queda limitado a Francisco Morazán como lo dice su acuerdo, pero al agregarle que conserva la jurisdicción nacional que ya ostentaba conforme la ley, es necesario aclarar que su antiguo nombramiento era como depuradora de las causas penales tramitadas bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales, para la cual se le había otorgado jurisdicción nacional lo que significaba que su accionar para aplicar el Código Procesal Penal estaba limitado a Francisco Morazán pero para tramitar causas de depuración bajo la vigencia del código anterior aún tenia jurisdicción nacional, por lo tanto, no estaba facultada para instar la causa contra el imputado en Islas de la bahía, luego no era juez competente. 2.- Que por iniciativa de ley de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, mediante decreto número 247-2010 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, emitió la LEY ESPECIAL DE ORGANOS JURISDICCIONALES CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, publicada en el diario oficial “La Gaceta” en fecha quince de enero de dos mil once, con la finalidad de crear órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia para el juzgamiento de ciertos delitos determinados en dicha ley, como un esfuerzo conjunto entre las instituciones del Estado, acto que en opinión de esta Sala de lo Penal, constituye un acto de reconocimiento de que solo el Juez Natural predeterminado por la ley puede juzgar las conductas que igualmente en forma previa hayan sido catalogadas como delitos, en consecuencia, no es posible admitir que los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia que nombraron un Juez con pretensiones de ser un Juzgador con jurisdicción Nacional para delitos que nunca fueron precisados, constituyan actos con validez Constitucional como para legitimar la intervención de dicho juez en la instrucción de la causa contra el señor J. A. R. I., en consecuencia, esta sala de lo penal no estima que se haya producido la violación del precepto Constitucional señalado por el Casacionista, por lo tanto, no procede el motivo de Casación invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 94, 95, 303, 304, 313 atribución 5, 11 Y 12, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal. - FALLA: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada T. J. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-100-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] De Prada Solaesa, Ricardo, Pérez Cadalso Arias, Guillermo , El Nuevo Código Procesal Penal y el Sistema de Garantías en el Pacto de San José, Pág. 105 Sentencia Tribunal Constitucional Español, 199/1987.

[2] Idem