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Sentencia CP-76-09 — Registro 2052

Resumen

Corte de Apelaciones confirmo el sobreseimiento definitivo a favor de uno de los imputado por el delito de Estafa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Esta Sala de lo Penal, estima que efectivamente el juzgador Ad Quem previo a sobreseer en forma definitiva la causa instruida contra el Señor L. F. M. B., por el delito que se le atribuye, ha omitido ponderar el alcance y valor probatorio de algunos documentos auténticos incorporados al proceso, de los que es posible derivar, sin perjuicio de la presunción constitucional de inocencia de que goza el imputado, indicios racionales de participación, o lo que es lo mismo, la probabilidad razonable, que el acusado L. F. M. B., en su condición de Gerente General de la empresa …, ha tenido conocimiento que dicha Empresa realizaba actividades financieras de intermediación financiera, orientadas a captar recursos económicos del público, sin autorización del Banco Central de Honduras. Asimismo, indicios racionales que señalan que el acusado, en su condición indicada, por intermedio de funcionarios o empleados que laboraban para …, ofrecía al público porcentajes atractivos de interés por sus depósitos, que documentaba en pagarés, para colocar después en negocios de alto riesgo.- Concretamente, esta Sala estima que el Juzgador Ad Quem no ha valorado adecuadamente el alcance y eficacia probatoria de los documentos públicos siguientes: 1) resolución Número …, en que la CNBS certificó que la S. C. y S.S.A. (...), con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, no es una institución autorizada por el Banco Central de Honduras para realizar operaciones de Intermediación Financiera; y 2) Resolución Número …, también de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la que prohibía a los ejecutivos de ..., continuar realizando operaciones de Intermediación Financiera con el público en general.- Tampoco, previo a dictar el sobreseimiento definitivo a favor del encausado, en su condición indicada, el Ad Quem ha valorado el alcance y valor probatorio de dos Actas de Inspección Judicial, de las actuaciones del Juez Penal competente acompañado de su Secretario de actuaciones, como Ministro de fe pública, que acreditan tanto la certeza y veracidad de las resoluciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y que a su vez ratifican primero, que la empresa ..., cuyo Gerente era el acusado, efectivamente no estaba autorizada por el Banco Central para realizar operaciones de intermediación financiera; como la existencia de un informe o reporte especial de carácter confidencial, y que acredita que ... efectivamente captó recursos del público, por la cantidad de alrededor de Doscientos Siete Millones de Lempiras (L.207,000.000) sin autorización, de la entidad correspondiente, para realizar operaciones de intermediación financiera con recursos del público, documentos públicos auténticos, amparados en fe publica judicial, con las que se constata la información, originada en la Comisión Nacional de Bancos Y seguros (CNBS), institución del Estado especializada en materia financiera. Esta Sala de lo Penal, estima que de haber realizado el Juzgador Ad Quem un estudio conjunto y armonioso de toda la prueba incorporada al proceso, especialmente de los documentos auténticos y actas de Inspección de estudio, no habría dejado subsistente y válido el Sobreseimiento Definitivo decretado por el A-quo, a favor del Señor L. F. M. B., por el delito que le imputa. Por otro lado, resulta pertinente referirse al argumento del Tribunal de Segunda Instancia, cuando apoya su decisión de confirmar el sobreseimiento definitivo de la causa, en la supuesta descriminalización que habría operado con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Financiero, al derogar el delito de realizar operaciones de intermediación financiera sin la preceptiva autorización del órgano administrativo competente, que se atribuye al encausado L. F. M. B. El principio de retroactividad de la ley más favorable en materia penal, es reconocido expresamente por el artículo 96 de la Constitución de la República, al decir que la ley tiene efecto retroactivo, solamente en materia penal cuando favorezca al delincuente o procesado, principio que también recoge el artículo 9 del Código Penal, donde se establece que “las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas, hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo su condena”. De este modo y volviendo al quid de la cuestión que ahora nos ocupa, se ha planteado una tesis por un sector del foro nacional, muy próxima a la sostenida por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, orientada a sostener que la realización de operaciones de intermediación financiera, sin la previa autorización del Banco Central de Honduras; tipificada como delito, al tenor de lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero (Decreto No. 170-95), dejó de serlo con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Financiero (Decreto 129-2004), puesto que en ésta última, tal comportamiento no es castigado con una sanción de carácter penal, por lo que debe operar a favor del reo, el principio de retroactividad de la ley más favorable, que en este caso lo es la ley intermedia, que ha estado en vigor en el espacio temporal que media tras la derogatoria de la ley vigente al momento de comisión del supuesto delito, y la reforma del Código Penal, antes apuntada. Esta Sala comparte el criterio de que si una ley intermedia suprime un tipo penal, y con ello se descriminaliza un determinado comportamiento, debe aplicarse retroactivamente, aún y cuando una ley posterior, vigente al momento en que ha de proferirse la sentencia definitiva, castigue nuevamente como delito la acción que se le atribuye al encausado; y ello, porque el justiciable no tiene porque sufrir las consecuencias del retardo que pudiera haberse producido en la solución definitiva del caso por los tribunales, que de haber acelerado el trámite de la causa, hubieran podido aplicar la ley intermedia más favorable, y no la tercera en la sucesión, aún cuando ésta última pudiera ser más benigna que la primera.1[1] Dicho esto, resulta de capital importancia, establecer, si efectivamente, la ley intermedia, suprimió la figura delictiva objeto de nuestro estudio, en cuyo caso si sería aplicable el principio de retroactividad de la ley más favorable. La Ley de Instituciones del Sistema Financiero (Decreto No. 170-95), en su artículo 72, establece que “…….Sin perjuicio de lo establecido en otras normas del presente capítulo, las personas naturales o jurídicas que realicen operaciones de intermediación financiera sin la previa autorización del Banco Central de Honduras, otorgada de conformidad con la presente ley, cometerán el delito de estafa…”, previendo por otro lado, el artículo 2 de la misma ley, que se consideran instituciones del sistema financiero, a las que en forma habitual y sistemática se dediquen a la intermediación financiera, y por que por lo tanto realicen operaciones de préstamo e inversión con recursos obtenidos del público en forma de depósitos, bonos, títulos, préstamos y otras obligaciones…..” En fecha 24 de septiembre de 2004, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, y por ende, inició su vigencia, la Ley del Sistema Financiero, misma que deroga la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y que en opinión del Tribunal Ad Quem ha descriminalizado la realización de operaciones de intermediación, sin la previa autorización otorgada por autoridad administrativa. Un examen detenido de esa ley, revela que en su artículo 70 párrafo in fine establece, que los directores, consejeros, gerentes y funcionarios de las personas jurídicas investigadas, que ejecuten actos de captación irregular de recursos del público, cometerán el delito tipificado en el Código Penal y responderán personalmente de manera solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales derivadas de este hecho, previendo por su parte, el artículo 68 párrafo primero de la misma ley, que se considerará captación de fondos del público en forma irregular, la que realicen personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, dentro del territorio nacional, sin estar autorizadas para hacerlo de conformidad con la ley. Posteriormente y en fecha 31 de diciembre de 2004, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto Legislativo No. 194-2004, mediante el cual se incorpora por adición al Código Penal, el artículo 394-B, donde se establece: “…..quien, sin la previa autorización de la autoridad competente, realice operaciones de intermediación financiera, captando recursos del público para prestarlos o darlos a otro bajo cualquier concepto jurídico o modalidad será penado con reclusión de tres (3) a seis (6) años, cuando la intermediación no cause daño a terceros, y de seis (6) a doce (12) años cuando lo cause. Un examen detenido de las disposiciones legales antes trascritas, nos lleva a concluir, que la conducta consistente en la realización de operaciones de captación irregular de fondos del público, hecha de manera habitual y sistemática, que fue tipificada como delito en el artículo 72 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, continuó siéndolo, en el artículo 70 párrafo in fine de la Ley del Sistema Financiero, como también lo es en el Código Penal vigente, si tomamos en cuenta las siguientes razones: a) En materia penal, también resultan pertinentes la reglas de interpretación de la ley que aluden al método gramatical y sistemático, previstos en los artículos 17 y 19 del Título Preliminar del Código Civil, con arreglo a los cuales se establece que “…..no podrá atribuirse a la ley otro sentido, que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”, y que “…el contexto de la ley, servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas, la debida correspondencia y armonía….”, b) De la lectura detenida del artículo 70 párrafo in fine de la Ley del Sistema Financiero, no se desprende que la voluntad del legislador hondureño al redactar y aprobar esa disposición legal, haya sido la de descriminalizar una conducta que como la captación irregular de recursos procedentes del público, realizada de manera habitual y sin previa autorización de la autoridad competente, conlleva un grave peligro tanto para la estabilidad, solidez y credibilidad del sistema financiero, pero sobre todo, para los intereses patrimoniales de miles de pequeños y medianos ahorrantes e inversionistas, puesto que de manera expresa y tajante, ordena que tal comportamiento sea castigado con una pena, al decir que quienes realicen ese tipo de operaciones cometen un hecho delictivo, siendo evidente que al igual que sucedía con el tipo previsto en el artículo 72 de la ley anterior (Ley de Instituciones del Sistema Financiero), solamente contiene la norma primaria, descriptiva de la conducta prohibida, remitiéndose para la norma secundaria, esto es para fijar la pena o consecuencia jurídica del hecho, a la prevista para el delito de estafa en el Código Penal. c) El artículo 86 de la Ley del Sistema Financiero, establece que “….por falta financiera se entenderá toda acción u omisión que contravenga los preceptos de esta ley, de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Ley del Banco Central de Honduras, de los Reglamentos, Resoluciones y demás disposiciones que emitan la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central y que no constituyan ilícito penal….”, de lo cual se infiere que de si de manera expresa, el artículo 70 párrafo in fine, supracitado, exige que la conducta en examen sea castigado como delito, y que por otro lado, en el catálogo de faltas y sanciones administrativas, contempladas en la misma ley, (vid. arts. 89 al 102) no se describa como una infracción de tal naturaleza, a un hecho de tal gravedad como lo es la captación irregular de recursos provenientes del público, hecha de manera habitual y sin la preceptiva autorización, nos lleva una vez más a concluir, que con la derogación de la Ley de Instituciones de Sistema Financiero, operada tras la entrada en vigor de la Ley del Sistema Financiero, no se ha producido la despenalización de tal comportamiento, d) es ilógico pensar que la negativa a proporcionar información cuando se requiera en el curso de una investigación iniciada para determinar si una entidad se encuentra realizando operaciones de captación irregular de fondos del público, es castigada como delito, y no lo es un hecho, indudablemente de mayor gravedad, como lo es la propia intermediación realizada sin autorización de la autoridad administrativa , (vid. art. 69 de la Ley del Sistema Financiero) e) otra circunstancia que abona la tesis antes expuesta, y que pone en evidencia la voluntad firme del legislador en seguir castigando como delito la captación irregular de recursos procedentes del público, hecha de manera habitual o sistemática, sin la previa autorización de autoridad competente, es que apenas tres meses después de que entrara en vigencia la Ley del Sistema Financiero, se produjo la reforma del Código Penal, en la que se incorpora a ese texto punitivo, el comportamiento objeto de examen, esta vez distinguiendo y señalando una pena distinta, según se manifieste la infracción, como un tipo de peligro abstracto, o como un delito de resultado2[2], en el que se aprecie un efectivo perjuicio patrimonial, causado a terceros, en cuyo caso el artículo 394-B de aquel texto normativo, asigna una pena de mayor gravedad. En este sentido podemos afirmar, que la realización de operaciones financieras sin la previa autorización otorgada por autoridad administrativa, no resultó despenalizada con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Financiero. Con lo expuesto esta Sala Penal, con salvaguarda del principio de presunción de inocencia que goza el imputado L. F. M. B.y por ende sin prejuzgar en modo alguno sobre su culpabilidad, declara procedente el motivo único de casación por infracción de ley invocado por el recurrente.-POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 412 numeral segundo, 420 del Código de Procedimientos Penales, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el recurso de casación por Infracción de Ley, en su motivo único, interpuesto contra el auto de sobreseimiento definitivo impugnado - 2) Declarando la nulidad absoluta del auto de sobreseimiento definitivo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, a favor del Señor L. F. M. B., por el delito de Estafa Continuada en perjuicio de los Señores D. G. M. Y F. P. T.."

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C.,once de marzo de dos mil diez.-VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Supremo Tribunal de Justicia, en fecha once de mayo de dos mil nueve, por la Abogada L. M. S., mayor de edad, hondureña, y de este domicilio, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en relación a la acusación presentada ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veintitrés de julio de dos mil uno, por la Licenciada B. V.M., contra los Señores L. F. M. B., A. D., J. A. K. K., C. C. C., R. F. K., O. A. S., R. C. P., O. M. A., L. A., J. L. S. P. y C. A., por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de los Señores D. C. G. M., Y F. P. T.- El Recurso de casación se interpuso contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, mediante la cual REFORMO DE OFICIO parcialmente el sobreseimiento definitivo dictado el seis de junio de dos mil dos, por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, en el sentido de tener por hechos probados los declarados por el Ad-Quem, dejando subsistente y válido el Sobreseimiento Definitivo decretado por el A-quo, a favor del Señor L. F. M. B., por el delito de Estafa Continuada en perjuicio de los Señores D. G. M. Y F.P. T..-RESULTA: Que en sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, no aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A-Quo, y procedió a redactarlos de la manera siguiente: “PRIMERO: Que la Sociedad ... S.A. DE C.V. (...) existió y tuvo su personalidad jurídica al ser inscrita en el registro Mercantil; SEGUNDO: Que en la legalización del trámite de constitución de la Sociedad ... S.A. DE C.V.(...),se obvió el procedimiento establecido en la Ley del Sistema Financiero, al no obtener la respectiva autorización del Banco Central de Honduras para que pudiera operar como una sociedad mercantil, con la finalidad de realizar actos de intermediación financiera; TERCERO: Que la Sociedad ... S.A. DE C. V.(...),realizaba operaciones mercantiles diversas, y entre ellas recibía depósitos a plazos, préstamos, pagos de intereses, reembolsos y pagos parciales, e igualmente dicha sociedad incumplió en pagar en los plazos establecidos los montos convenidos en las obligaciones garantizadas con títulos valores suscritos como pagarés; CUARTO: Que el Señor L. F. M. B., fue electo Gerente General de la sociedad ..., en sesión de Consejo de Administración, mediante acta número 9 del Libro de Actas de la Sociedad en mención, sin ser nunca miembro del consejo de Administración, ni socio accionista de la empresa referida, por lo que sus actos los realizó por cuenta ..., S.A. DE C. V.; QUINTO: Que los Señores D. G. M. Y F. G. P. T., depositaron la cantidad de un millón de Lempiras (Lps.1,000.000.00), en calidad de préstamo, en las oficinas del Banco …, Agencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por indicaciones de la Gerente Regional de la referida agencia Señora C. E. J. A., extendiéndoles un pagare por el deposito efectuado, cuyo número es …, firmado por el Señor L. F. M. B., en la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha uno de mayo del año dos mil uno.”RESULTA: Que en fecha once de mayo de dos mil nueve, compareció ante ésta Corte Suprema de Justicia la Abogada L. M. S., de generales y condición ya indicadas, formalizando su recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN .-UNICO MOTIVO: Por Error de Hecho en la Apreciación de la prueba.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.-Al utilizar esta vía recursiva, el Ministerio Público estima de trascendencia señalar que la misma tiene como supuesto fundamental la existencia de un acto o documento auténtico, esto es, aquél que cumpla el requisito formal de haber sido extendido o autorizado por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones e igualmente, que se apegue al requisito extrínseco de constituir una verdad inatacable, capaz de revertir la decisión de absolución contenido en una sentencia.-En el caso sub-judice, se evidencian como documentos incuestionables, las probanzas incorporadas al proceso como prueba documental y que se describen a continuación: 1.- Dos resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la primera de 03 de julio de 2001, número …, en la cual certificó que la Sociedad … Pedro Sula, no es una institución autorizada por el Banco Central de Honduras para realizar operaciones de Intermediación Financiera; asimismo la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió la segunda resolución con número …, la cual designó a los ejecutivos de ..., prohibiendo continuar con la realización de operaciones de Intermediación Financiera con el público en general, resolución que fue enviada a todos los miembros de la Junta Directiva de ....-2.- De igual modo, constan las inspecciones judiciales realizadas en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y en el Banco Central de Honduras, donde se establece que la Sociedad … S.A., (...), nunca fue una Institución regulada, supervisada y controlada por los entes estatales antes mencionados, en vista que no solicitaron autorización para operar como Institución Financiera.-3.- Asimismo la inspección realizada por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de Francisco Morazán, en las Secretarías de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, constató la existencia del informe o reporte especial de carácter confidencial, el cual apuntaba claramente que ... captó recursos del público, por la cantidad de alrededor de Doscientos Siete Millones de Lempiras (L.207,000.000) sin autorización, de la entidad correspondiente, para realizar operaciones de tal naturaleza como es, La Intermediación Financiera con recursos del público.-4.- Igualmente corre agregado en el juicio, el pagaré número 0252, emitido por la Sociedad Créditos y Servicios SA., (...), firmado el uno de mayo del año dos mil uno; por el Señor L. F. M. B., en su condición de Gerente General de la referida empresa. 5.- Además está acreditado en el expediente, mediante el acta número nueve (9) que obra en autos a folio (146), que el imputado L. F. M. B., fue electo en Asamblea General de Accionistas como Gerente General de ..., constando además, que el mismo se encuentra legalmente inscrito en el Registro Público de Comercio; de igual manera, se adjuntó al presente Proceso el libro de Actas de la Sociedad ..., donde constan los nombres de las personas que participaron en las sesiones de la Sociedad, entre los cuales se encuentra el nombre del encausado y no se hace mención en dichas Actas de sesiones que al momento de aprobar las Actas, el Señor L. F. M. B. haya salvado su voto, manifestando su disconformidad con el actuar de los demás directivos de la Sociedad Mercantil.-Vale la pena destacar que si bien es cierto la documentación supraindicada consta en fotocopia en este proceso penal, las mismas fueron autenticadas, en virtud de haberlas cotejado con sus originales, por parte de la secretaría del Despacho.-A efecto estrictamente ilustrativo es importante acotar que agregado a los autos se encuentra un pagaré a favor de los señores D. G. M. y F. G. P. T., por un valor de UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L.1.000.000).-Del contenido de los documentos auténticos indicados en los numerales anteriores, se desprende que la participación del encartado es Dolosa, en otros términos, que tuvo el conocimiento de lo ilícito de su actuar y que a la vez actuó en base a ese conocimiento, pues él como Gerente General de la empresa … misma no puede alegar ignorancia del actuar de los demás miembros directivos, porque al aprobar balances de la Empresa tenía conocimiento perfectamente de los recursos de la Sociedad y tampoco podía ignorar que la Empresa captaba los recursos económicos del público sin autorización del Banco Central de Honduras y en consecuencia que operaban ilegalmente, fingiendo tener una condición financiera que estaban lejos de poseer y que valiéndose de astucias para inducir a los ahorrantes caer en el error de depositar su dineros en supuestas instituciones bancarias, aspirando obtener mayores porcentajes de interés bancario, este era el ofrecimiento o argucia que utilizaron para despojar a los clientes de su patrimonio económico, promoviendo de esa manera a los ahorrantes a depositar sus dineros donde tenían riesgo de perderlos como así sucedió.-De lo antes expuesto, se hace patente que en el actuar del enjuiciado como directivo de ..., concurren los cuatro elementos doctrinarios que se quieren para que se cometa el delito de estafa, como ser: el engaño antecedente, causante y suficiente, consistente en la maquinación insidiosa del sujeto activo, el cual consistió en que el enjuiciado, aún a sabiendas de que la empresa antes indicada, no estaba autorizada por el Banco Central para realizar operaciones de intermediación financiera, suscribió un pagaré como si aquella estuviese autorizada para llevar a cabo los negocios mercantiles en referencia, en cuanto al error, el mismo fue generado en los sujetos pasivos,en este caso en los señores D. G. M. y F. G. P. T., como producto del engaño precitado, logrando así el acto dispositivo de éstos, de entregar UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L.1.000.000.00) con el consecuente perjuicio de haber perdido su dinero.”.-CONSIDERANDO: Que el recurso de casación contra la decisión de sobreseer definitivamente el proceso, constituye una modalidad especial de recurso de casación. Se traduce, cuando es declarado con lugar, en una decisión de fondo que no puede anticipar la definitiva dado el momento procesal en que se origina y, que al mismo tiempo, tampoco puede conducir a una decisión de carácter sustantivo, sino a una de reenvío similar a la del recurso por quebrantamiento de forma. De este modo, resulta una resolución de naturaleza hibrida que exige en su adopción grandes cautelas y por ende la rigurosa observancia del derecho a la presunción de inocencia y de la garantía genérica del debido proceso, consagrados respectivamente, en los artículos 89 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Ciertamente, los indicios racionales de criminalidad no son reducibles a la constatación aséptica de la existencia de la tipicidad, con absoluta abstracción de los temas de antijuricidad o inculpabilidad, pero imponen por su cualificación de racionalidad la precisión de que a la decisión de sobreseer la causa se sobreañada un plus de inequivocidad y de indiscutibilidad que permitan la anticipación de una decisión normalmente reservada para la etapa del plenario, en la que prevalecen las normales exigencias del principio de contradicción. El Código de Procedimientos Penales permite que el proceso puede concluir anticipadamente en su fase informativa, es decir, en el sumario, con una resolución distinta a la sentencia definitiva, como lo es el sobreseimiento definitivo (vid. Art. 428 C.P.P.), pero no es menos cierto, que tales decisiones exigen, como no podía ser de otro modo, el respeto a las garantías procesales y, para los casos de exención de responsabilidad que ésta sea manifiesta o evidente. CONSIDERANDO:Que el recurrente invoca como motivo de casación, haber incurrido el Ad Quem en error de hecho en la apreciación de la prueba. Argumenta el recurrente que el motivo invocado tiene como supuesto fundamental la existencia de un acto o documento auténtico, capaz de revertir la decisión alcanzada en una sentencia absolutoria.- Concretamente alude a que se evidencian documentos auténticos, enlistados al desarrollar su motivo de casación, de los que asegura se desprende la participación Dolosa, del acusado L. F. M. B., pues afirma que tuvo el conocimiento de lo ilícito de su accionar, como Gerente General de la empresa …, y que no podía ignorar que la Empresa captaba los recursos económicos del público sin autorización del Banco Central de Honduras y en consecuencia que operaban ilegalmente, fingiendo tener una condición financiera que no poseía y que valiéndose de astucias indujo en error a los ahorrantes que depositaron cantidades de dinero en supuestas instituciones bancarias, aspirando obtener mayores porcentajes de interés bancario, tal era el ofrecimiento o argucia que utilizaron para despojar a los clientes de su patrimonio económico, induciendo de esa manera a los ahorrantes a depositar sus dineros donde tenían riesgos de perderlos, como así sucedió.- Esta Sala de lo Penal, estima que efectivamente el juzgador Ad Quem previo a sobreseer en forma definitiva la causa instruida contra el Señor L. F. M. B., por el delito que se le atribuye, ha omitido ponderar el alcance y valor probatorio de algunos documentos auténticos incorporados al proceso, de los que es posible derivar, sin perjuicio de la presunción constitucional de inocencia de que goza el imputado, indicios racionales de participación, o lo que es lo mismo, la probabilidad razonable, que el acusado L. F. M. B., en su condición de Gerente General de la empresa …, ha tenido conocimiento que dicha Empresa realizaba actividades financieras de intermediación financiera, orientadas a captar recursos económicos del público, sin autorización del Banco Central de Honduras. Asimismo, indicios racionales que señalan que el acusado, en su condición indicada, por intermedio de funcionarios o empleados que laboraban para …, ofrecía al público porcentajes atractivos de interés por sus depósitos, que documentaba en pagarés, para colocar después en negocios de alto riesgo.- Concretamente, esta Sala estima que el Juzgador Ad Quem no ha valorado adecuadamente el alcance y eficacia probatoria de los documentos públicos siguientes: 1) resolución Número …, en que la CNBS certificó que la Sociedad Créditos y Servicios S.A. (...), con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, no es una institución autorizada por el Banco Central de Honduras para realizar operaciones de Intermediación Financiera; y 2) Resolución Número …, también de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la que prohibía a los ejecutivos de ..., continuar realizando operaciones de Intermediación Financiera con el público en general.- Tampoco, previo a dictar el sobreseimiento definitivo a favor del encausado, en su condición indicada, el Ad Quem ha valorado el alcance y valor probatorio de dos Actas de Inspección Judicial, de las actuaciones del Juez Penal competente acompañado de su Secretario de actuaciones, como Ministro de fe pública, que acreditan tanto la certeza y veracidad de las resoluciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y que a su vez ratifican primero, que la empresa ..., cuyo Gerente era el acusado, efectivamente no estaba autorizada por el Banco Central para realizar operaciones de intermediación financiera; como la existencia de un informe o reporte especial de carácter confidencial, y que acredita que ... efectivamente captó recursos del público, por la cantidad de alrededor de Doscientos Siete Millones de Lempiras (L.207,000.000) sin autorización, de la entidad correspondiente, para realizar operaciones de intermediación financiera con recursos del público, documentos públicos auténticos, amparados en fe publica judicial, con las que se constata la información, originada en la Comisión Nacional de Bancos Y seguros (CNBS), institución del Estado especializada en materia financiera. Esta Sala de lo Penal, estima que de haber realizado el Juzgador Ad Quem un estudio conjunto y armonioso de toda la prueba incorporada al proceso, especialmente de los documentos auténticos y actas de Inspección de estudio, no habría dejado subsistente y válido el Sobreseimiento Definitivo decretado por el A-quo, a favor del Señor L. F. M. B., por el delito que le imputa. Por otro lado, resulta pertinente referirse al argumento del Tribunal de Segunda Instancia, cuando apoya su decisión de confirmar el sobreseimiento definitivo de la causa, en la supuesta descriminalización que habría operado con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Financiero, al derogar el delito de realizar operaciones de intermediación financiera sin la preceptiva autorización del órgano administrativo competente, que se atribuye al encausado L. F. M. B. El principio de retroactividad de la ley más favorable en materia penal, es reconocido expresamente por el artículo 96 de la Constitución de la República, al decir que la ley tiene efecto retroactivo, solamente en materia penal cuando favorezca al delincuente o procesado, principio que también recoge el artículo 9 del Código Penal, donde se establece que “las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas, hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo su condena”. De este modo y volviendo al quid de la cuestión que ahora nos ocupa, se ha planteado una tesis por un sector del foro nacional, muy próxima a la sostenida por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, orientada a sostener que la realización de operaciones de intermediación financiera, sin la previa autorización del Banco Central de Honduras; tipificada como delito, al tenor de lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero (Decreto No. 170-95), dejó de serlo con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Financiero (Decreto 129-2004), puesto que en ésta última, tal comportamiento no es castigado con una sanción de carácter penal, por lo que debe operar a favor del reo, el principio de retroactividad de la ley más favorable, que en este caso lo es la ley intermedia, que ha estado en vigor en el espacio temporal que media tras la derogatoria de la ley vigente al momento de comisión del supuesto delito, y la reforma del Código Penal, antes apuntada. Esta Sala comparte el criterio de que si una ley intermedia suprime un tipo penal, y con ello se descriminaliza un determinado comportamiento, debe aplicarse retroactivamente, aún y cuando una ley posterior, vigente al momento en que ha de proferirse la sentencia definitiva, castigue nuevamente como delito la acción que se le atribuye al encausado; y ello, porque el justiciable no tiene porque sufrir las consecuencias del retardo que pudiera haberse producido en la solución definitiva del caso por los tribunales, que de haber acelerado el trámite de la causa, hubieran podido aplicar la ley intermedia más favorable, y no la tercera en la sucesión, aún cuando ésta última pudiera ser más benigna que la primera.1[1] Dicho esto, resulta de capital importancia, establecer, si efectivamente, la ley intermedia, suprimió la figura delictiva objeto de nuestro estudio, en cuyo caso si sería aplicable el principio de retroactividad de la ley más favorable. La Ley de Instituciones del Sistema Financiero (Decreto No. 170-95), en su artículo 72, establece que “…….Sin perjuicio de lo establecido en otras normas del presente capítulo, las personas naturales o jurídicas que realicen operaciones de intermediación financiera sin la previa autorización del Banco Central de Honduras, otorgada de conformidad con la presente ley, cometerán el delito de estafa…”, previendo por otro lado, el artículo 2 de la misma ley, que se consideran instituciones del sistema financiero, a las que en forma habitual y sistemática se dediquen a la intermediación financiera, y por que por lo tanto realicen operaciones de préstamo e inversión con recursos obtenidos del público en forma de depósitos, bonos, títulos, préstamos y otras obligaciones…..” En fecha 24 de septiembre de 2004, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, y por ende, inició su vigencia, la Ley del Sistema Financiero, misma que deroga la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y que en opinión del Tribunal Ad Quem ha descriminalizado la realización de operaciones de intermediación, sin la previa autorización otorgada por autoridad administrativa. Un examen detenido de esa ley, revela que en su artículo 70 párrafo in fine establece, que los directores, consejeros, gerentes y funcionarios de las personas jurídicas investigadas, que ejecuten actos de captación irregular de recursos del público, cometerán el delito tipificado en el Código Penal y responderán personalmente de manera solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales derivadas de este hecho, previendo por su parte, el artículo 68 párrafo primero de la misma ley, que se considerará captación de fondos del público en forma irregular, la que realicen personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, dentro del territorio nacional, sin estar autorizadas para hacerlo de conformidad con la ley. Posteriormente y en fecha 31 de diciembre de 2004, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto Legislativo No. 194-2004, mediante el cual se incorpora por adición al Código Penal, el artículo 394-B, donde se establece: “…..quien, sin la previa autorización de la autoridad competente, realice operaciones de intermediación financiera, captando recursos del público para prestarlos o darlos a otro bajo cualquier concepto jurídico o modalidad será penado con reclusión de tres (3) a seis (6) años, cuando la intermediación no cause daño a terceros, y de seis (6) a doce (12) años cuando lo cause. Un examen detenido de las disposiciones legales antes trascritas, nos lleva a concluir, que la conducta consistente en la realización de operaciones de captación irregular de fondos del público, hecha de manera habitual y sistemática, que fue tipificada como delito en el artículo 72 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, continuó siéndolo, en el artículo 70 párrafo in fine de la Ley del Sistema Financiero, como también lo es en el Código Penal vigente, si tomamos en cuenta las siguientes razones: a) En materia penal, también resultan pertinentes la reglas de interpretación de la ley que aluden al método gramatical y sistemático, previstos en los artículos 17 y 19 del Título Preliminar del Código Civil, con arreglo a los cuales se establece que “…..no podrá atribuirse a la ley otro sentido, que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”, y que “…el contexto de la ley, servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas, la debida correspondencia y armonía….”, b) De la lectura detenida del artículo 70 párrafo in fine de la Ley del Sistema Financiero, no se desprende que la voluntad del legislador hondureño al redactar y aprobar esa disposición legal, haya sido la de descriminalizar una conducta que como la captación irregular de recursos procedentes del público, realizada de manera habitual y sin previa autorización de la autoridad competente, conlleva un grave peligro tanto para la estabilidad, solidez y credibilidad del sistema financiero, pero sobre todo, para los intereses patrimoniales de miles de pequeños y medianos ahorrantes e inversionistas, puesto que de manera expresa y tajante, ordena que tal comportamiento sea castigado con una pena, al decir que quienes realicen ese tipo de operaciones cometen un hecho delictivo, siendo evidente que al igual que sucedía con el tipo previsto en el artículo 72 de la ley anterior (Ley de Instituciones del Sistema Financiero), solamente contiene la norma primaria, descriptiva de la conducta prohibida, remitiéndose para la norma secundaria, esto es para fijar la pena o consecuencia jurídica del hecho, a la prevista para el delito de estafa en el Código Penal. c) El artículo 86 de la Ley del Sistema Financiero, establece que “….por falta financiera se entenderá toda acción u omisión que contravenga los preceptos de esta ley, de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Ley del Banco Central de Honduras, de los Reglamentos, Resoluciones y demás disposiciones que emitan la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central y que no constituyan ilícito penal….”, de lo cual se infiere que de si de manera expresa, el artículo 70 párrafo in fine, supracitado, exige que la conducta en examen sea castigado como delito, y que por otro lado, en el catálogo de faltas y sanciones administrativas, contempladas en la misma ley, (vid. arts. 89 al 102) no se describa como una infracción de tal naturaleza, a un hecho de tal gravedad como lo es la captación irregular de recursos provenientes del público, hecha de manera habitual y sin la preceptiva autorización, nos lleva una vez más a concluir, que con la derogación de la Ley de Instituciones de Sistema Financiero, operada tras la entrada en vigor de la Ley del Sistema Financiero, no se ha producido la despenalización de tal comportamiento, d) es ilógico pensar que la negativa a proporcionar información cuando se requiera en el curso de una investigación iniciada para determinar si una entidad se encuentra realizando operaciones de captación irregular de fondos del público, es castigada como delito, y no lo es un hecho, indudablemente de mayor gravedad, como lo es la propia intermediación realizada sin autorización de la autoridad administrativa , (vid. art. 69 de la Ley del Sistema Financiero) e) otra circunstancia que abona la tesis antes expuesta, y que pone en evidencia la voluntad firme del legislador en seguir castigando como delito la captación irregular de recursos procedentes del público, hecha de manera habitual o sistemática, sin la previa autorización de autoridad competente, es que apenas tres meses después de que entrara en vigencia la Ley del Sistema Financiero, se produjo la reforma del Código Penal, en la que se incorpora a ese texto punitivo, el comportamiento objeto de examen, esta vez distinguiendo y señalando una pena distinta, según se manifieste la infracción, como un tipo de peligro abstracto, o como un delito de resultado2[2], en el que se aprecie un efectivo perjuicio patrimonial, causado a terceros, en cuyo caso el artículo 394-B de aquel texto normativo, asigna una pena de mayor gravedad. En este sentido podemos afirmar, que la realización de operaciones financieras sin la previa autorización otorgada por autoridad administrativa, no resultó despenalizada con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Financiero. Con lo expuesto esta Sala Penal, con salvaguarda del principio de presunción de inocencia que goza el imputado L. F. M. B.y por ende sin prejuzgar en modo alguno sobre su culpabilidad, declara procedente el motivo único de casación por infracción de ley invocado por el recurrente.-POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 412 numeral segundo, 420 del Código de Procedimientos Penales, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el recurso de casación por Infracción de Ley, en su motivo único, interpuesto contra el auto de sobreseimiento definitivo impugnado - 2) Declarando la nulidad absoluta del auto de sobreseimiento definitivo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, a favor del Señor L. F. M. B., por el delito de Estafa Continuada en perjuicio de los Señores D. G. M. Y F. P. T.. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelva la presente causa al Tribunal de su origen, para que el Ad Quem, dicte la resolución que en Derecho corresponda, y posteriormente el A Quo continúe con el curso normal del proceso.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMAS.-JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.-CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-SELLO Y FIRMA. LUCILA CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL.”

Extendida a solicitud de la Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce días del mes de junio de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha once de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.76-09.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. sobre esta cuestión, MUÑOZ CONDE, FRANCISCO/ GARCIA ARAN, MERCEDES, Derecho Penal, Parte General, 3ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pág. 160, FRIGOLS I BRINES, ELISEU, El Principio de Irretroactividad y la Sucesión de Leyes Penales. Una perspectiva desde el Derecho Comparado, Editorial Jurídica Continental, San José, Costa Rica, 2002, pág. 227 y ss.

[2] Sobre la distinción entre los delitos de peligro y los de resultado, vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO / GARCIA ARAN, MERCEDES, Derecho Penal, Parte General, 3ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pág. 291.