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Sentencia CP-50-09 — Registro 2009

Resumen

En primer instancia se condenó por el delito de asesinato, robo y tentativa de homicidio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Penal recuerda que para estimar el motivo previsto en el artículo 412 No. 2) del Código de Procedimientos Penales, es preciso que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se invoque error de hecho en la apreciación de las pruebas, con significación suficiente para modificar el sentido del fallo. 2.- Que dicho error se evidencie mediante la cita de un documento o acto auténtico, designando con precisión aquellos aspectos que se opongan a la resolución recurrida; 3.- Que el referido documento o acto auténtico se encuentre incorporado a la causa, lo que quiere decir que obre en ella, de tal manera que esta Sala pueda verificar lo mismo que hizo el Tribunal A Quo, 4) Que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada, desmentida o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa, lo que debe añadirse también el elemento denominado literosuficiencia, que comporta que el documento o acto auténtico citados basten por sí mismos, sin necesidad de acudir a otros elementos de menor rango o de ínfima eficacia probatoria, para evidenciar el error que se denuncia, y que con ellos se pretende demostrar. En este sentido, y particularmente en lo que al cuarto de los requisitos antes mencionados se refiere, podemos afirmar que para su concurrencia es necesaria la denominada “autarquía demostrativa del documento o acto auténtico”, que ha de serlo en dos planos: 1.- El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiencia, es decir, que no se precise la adición de otras pruebas para evidenciar el error, y 2) Que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa. Expuesto lo anterior debemos señalar que el Dictamen de exhumación 09-08, emitido por el Médico Forense VLADIMIR NUÑEZ LICONA (folio 247 del Proceso), constituye prueba documental, que aun cuando contiene información técnica sobre la exhumación de un cadáver, no constituye por si misma, una verdad inconmovible e indubitable, que haga patente o manifiesta la equivocación del juzgador; al contrario, el Tribunal de Segunda Instancia, precisamente se basa en dicha pericia para considerar más creíbles las declaraciones de los testigos de cargo frente a las que rindieran los testigos de la Defensa, puesto que los primeros son coincidentes en el dato o circunstancia de que los disparos fueron efectuados de arriba hacia abajo, y no como sugieren los segundos, al afirmar que los disparos fueron realizados por el encartado desde el suelo sobre el cual se habría extendido para defenderse de la agresión procedente del ahora fallecido (vid. Folios No. 26 vuelto y 27 de la segunda pieza de autos). En este sentido, el contenido del dictamen de exhumación aludido no hace patente o manifiesta la equivocación del Juzgador, que en forma conjunta y armoniosa ha valorado el mismo con el resto de otras pruebas incorporadas al proceso, y con ello formar su convicción, en observancia de las reglas de la sana crítica. En el presente caso el Juzgador ha expuesto, razonamientos lógicos y suficientes para estimar el valor probatorio del Dictamen de exhumación No. 09-08, emitido por el Médico Forense V.N(folio 247) en relación con las declaraciones de los testigos de cargo N.R, L. A.S y S.F, y a la audiencia de reconstrucción de hechos practicada. Por tal razón lo procedente es rechazar el motivo de casación invocado por el recurrente. "...

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Penales, art. 410 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Penales, art. 412 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Penales, art. 420 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

“CERTIFICACIÓN. La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de mayo de dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante ésta Corte Suprema de Justicia en fecha diecisiete de Marzo de dos mil nueve, por el Abogado E. J. L. Z., mayor de edad, casado, hondureño y de éste domicilio, en su condición de Representante Legal del señor P. B. O., mayor de edad, soltero, Comerciante, hondureño, con domicilio en Juticalpa, Departamento de Olancho; en relación al Proceso instruido de oficio en fecha quince de enero de dos mil dos y en atención a la posterior denuncia presentada ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha veintiuno de enero de dos mil dos, por la señora E. V. M. M., mayor de edad, soltera por viudez, hondureña, y con domicilio en La Ciénaga, departamento de Olancho, en su condición de esposa del señor P. J. R. G. (Q.D.D.G) y madre del joven N. J. R. M., menor de edad, soltero, hondureño, con domicilio en La Ciénaga, Departamento de Olancho, contra los señores P. B. O. y F. O., por suponerlos responsables de los delitos de ASESINATO, ROBO y TENTATIVA DE HOMICIDIO.- El recurso de Casación se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil ocho, que: FALLÓ: 1° DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada M. Albina Zepeda Fonseca en su condición indicada. 2°. REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha ocho de septiembre de dos mil ocho dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, 3°. CONDENANDO al procesado P. B. O. R., a la Pena Principal de QUINCE (15) AÑOS de reclusión por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de P. J. R. G.; y 4°. CONDENANDO al mismo procesado P. B. O. R. a las Penas Accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Absoluta por el tiempo que dure la condena principal. RESULTA: Que en sentencia de fecha veintiséis de Noviembre de dos mil ocho, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, procedió a reformar los hechos estimados y declarados probados por el Juzgado Sentenciador, quedando redactados de la manera siguiente: “PRIMERO: Que el día quince de enero de dos mil dos, como a eso de las nueve y media de la mañana, en un camino solitario a inmediaciones de la Aldea La Ciénaga, Panuaya, jurisdicción del Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho se encontraba el señor P. J. R. G. realizando tareas de extracción de piedra en compañía de su hijo N. J. R. M., menor de trece años de edad, cuando se aproximó el señor P. B. O. R. acompañado de su sobrino F. O., también menor de edad, y al pasar cerca de P. J. R. G. le propinó un disparo con el arma de fuego que portaba, cayendo este al suelo en donde P. B. O. R. le dispara por dos veces mas impactándole en el cráneo lado izquierdo (hueso frontal izquierdo). SEGUNDO: Que las heridas propinadas a P. J. R. G. le desencadenaron la muerte de manera instantánea.” RESULTA: Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve, compareció ante ésta Corte Suprema de Justicia el Abogado E. J. L. Z., de generales y condición ya indicadas, formalizando su recurso de Casación de la manera siguiente: “II.- EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por error de hecho en la apreciación de la prueba. Precepto Autorizante: Numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales de 1984. Explicación del alcance del motivo de casación planteado: Este vicio de casación trae como consecuencia necesaria un ataque a los hechos probados establecidos en el fallo cuestionado, generados de la incorrecta valoración de la prueba efectuada por la Corte de Apelaciones.- Y dicho ataque es posible, en vista que ese nuevo encuadre fáctico establecido, proviene de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal recurrido.- Así, este motivo de casación por infracción de Ley, se fundamenta en el error de la apreciación de la prueba practicada en el juicio, si ello resulta de documentos o actos auténticos que evidencien la equivocación probatoria efectuada por el Tribunal impugnado.- Así, para que ese motivo, que se dirige a ejercer un control sobre la actividad de valoración probatoria efectuada por la Corte de Apelaciones, satisfaga las exigencias del derecho fundamental que asiste al imputado, consignado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales “, es necesario que se haga una interpretación amplia y flexible del alcance del presente motivo de casación para complementario con el alcance de esa Garantía Fundamental, y con ello, a la vez, se hará efectivo el Derecho Fundamental concedido al imputado por esa Convención de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, que al efecto consigna el Art. 8.2, literal “h”. Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el Tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria.- La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera (fundamentación probatoria), el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, porqué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda operación, es que recae el reproche del recurso de casación por infracción de Ley al que se ha hecho referencia; de tal manera que se constituye en un ataque a las reglas de la sana crítica implementadas por el Juzgador en la valoración probatoria.- La violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello dichas reglas constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, además de las reglas especiales de valoración que le asigna la Ley Procesal. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración conjunta y armónica de las pruebas practicadas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según el jurista FERNANDO DE LA RUA en su obra La Casación Penal. El Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: A cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Explicación del vicio. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave de valoración de la prueba, y que ha incidido en la forma en que la Corte Tercera de Apelaciones ha resuelto el recurso de apelación que ante su seno planteara el Ministerio Público, al determinar condenar al imputado P. B. O. R., por el delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor P. J. R. G., cuando del despliegue probatorio no es posible extraer la CERTEZA sobre la comisión del delito, la participación y culpabilidad del imputado, que constitucionalmente son exigibles para condenarle. En primer término, debe señalarse que la conclusión probatoria del Tribunal recurrido se expone en el apartado de los HECHOS PROBADOS de su sentencia.- En el CONSIDERANDO número 3, la Corte de Apelaciones estable como verdad fáctica: “PRIMERO: Que el día quince de enero de de dos mil dos, como a eso de las nueve y media de la mañana, en un camino solitario a inmediaciones de la Aldea La Ciénega, Panuaya, jurisdicción del Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho se encontraba el señor P. J. Ruíz G. realizando tareas de extracción de piedra en compañía de su hijo N. J. R. M., menor de trece años de edad, cuando se aproximó el señor P. B. O. R. acompañado de su sobrino F. O., también menor de edad, y al pasar cerca de P. J. R. G. le propinó un disparo con arma de fuego que portaba, cayendo éste al suelo en donde P. B. O. R. le dispara por dos veces más impactándole en el cráneo lado izquierdo (hueso frontal izquierdo). SEGUNDO: Que las heridas propinadas a P. J. R. G. le desencadenaron la muerte de manera instantánea”. Específicamente el error de hecho en la apreciación de la prueba recae de forma priM. en el Dictamen de Exhumación 09-08, emitido por el Médico Forense V. N. L. (Folio 246), en relación a las declaraciones de los testigos de cargo N. J. R. M., L. A. S. G. y S. F. S. G., y a la audiencia de reconstrucción de hechos practicada.- El dictamen aludido, que es un medio de prueba emitido por un funcionario público al servicio de los laboratorios forenses, por lo cual merece toda confianza objetiva, además de ser suscrito por un profesional con la experiencia y la capacidad técnica necesaria para establecer su parecer técnico, se refiere a las lesiones y su ubicación encontradas en el cadáver del fallecido, estableciéndose la existencia de DOS LESIONES, de las cuales, la primera consiste en una fractura de entrada en hueso frontal izquierdo con fracturas radiadas múltiples, determinándose un trayecto de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, con fractura de salida en hueso occipital izquierdo; la segunda consiste en un trazo de fractura en la línea media de mandíbula con múltiples fracturas.- Más adelante, el mismo medio de prueba indica que de conformidad al análisis balístico N.0403-2008-Bal, se examinó el revestimiento de bala recibida como indicio, pudiéndose determinar mediante su diámetro y morfología que corresponde al calibre 38/357. Estos datos técnicos-científicos que brindan confianza objetiva sobre su resultado, y que por tal calidad tienen la caracterización de prueba indubitable, descubren el vicio de la incorrecta valoración probatoria establecida por la Corte de Apelaciones, que al final le condujo a dar por probada la culpabilidad de P. B. O. R., puesto que la sentencia recurrida da por acreditada la realización del delito por éste con las declaraciones del hijo del fallecido, N. J. R. M. y los testigos L. A. S. G. y S. F. S. G. (de quienes inclusive ni siquiera menciona su nombre, lo cual pone de manifiesto la falta de motivación probatoria), cuando dichas declaraciones no obtienen un respaldo probatorio en esa probanza científica y objetivamente confiable.- Ello se demuestra a continuación: 1. N. J. R. M., hijo del fallecido, declara en tres ocasiones (Folios 4, 138 y 240).- Este testigo difiere sustancialmente de lo señalado en el dictamen médico forense, en vista que en su relato inicial (Folio 4), dice que el fallecido recibió tres disparos del imputado uno de los cuales se ubicó en su barbilla, y los dos restantes se los infirió cuando se encontraba en el suelo, caído, y sobre ese particular, el dictamen indica la existencia de dos lesiones.- Pero además, el testigo, en la audiencia de reconstrucción de hechos (como se ilustra en la fotografía 11, que recoge su versión), ubica al imputado al lado derecho del fallecido y de él (testigo), lo cual es incompatible con la ubicación de las lesiones referidas en el dictamen forense, en vista que en él se recoge que la primera se encuentra ubicada en hueso frontal izquierdo, y la segunda en la línea media de mandíbula.- De esa manera resulta más que evidente la incompatibilidad de la declaración del testigo (de quien la sentencia basa su fundamento fáctico sobre la ocurrencia del hecho) y los datos proporcionados por el dictamen forense sobre las lesiones encontradas en el cadáver y su ubicación, ya que de ser cierta su declaración, las lesiones se encontrarían en la cara derecha del cráneo del fallecido, y no en la parte izquierda, como lo asegura el dictamen; y ante esa disparidad, se demerita la versión del deponente al no encontrar su versión un respaldo o confirmación en la prueba científica, que a los ojos de un caso penal, resulta objetivamente confiable. Pero también la inconsistencia probatoria entre la declaración testifical referida y el dictamen médico forense, resulta del hecho que N. J. R. M. indica que el imputado portaba una pistola calibre nueve milímetros, y en el dictamen forense se señala que de conformidad al análisis balístico N.0403-2008-Bal, se examinó el revestimiento de bala recibida como indicio, pudiéndose determinar mediante su diámetro y morfología que corresponde al calibre 38/357, siendo incompatible la utilización de este tipo de proyectil en una pistola calibre nueve milímetros.- Este dato hace generar la duda sobre la participación en el hecho por el imputado en la forma en que lo mencionan los testigos de cargo, ya que es imposible balísticamente que ese revestimiento de bala perteneciera al arma que mencionan portaba el encausado (calibre nueve milímetros), restándose credibilidad a la versión brindada por el declarante. Pero su crítica probatoria no se agota ahí.- Este testigo declaró en tres ocasiones, dos veces en la fase de sumario y participó en la audiencia de reconstrucción de hechos. En su primera declaración (Folio 4) sostiene: a) Que el imputado se cruzó y le pegó un tiro en la barbilla al ofendido, y luego estando éste en el suelo, le infirió dos disparos más; b) Que entre agresor y agredido existía una enemistad originada por la envidia; c) Que cuando el imputado realizó el ataque, no profirió palabra alguna; y, d) Que F. (acompañante del imputado) le hizo un tiro al deponente en su mano izquierda, rozándole la palma de la mano, y en esa misma declaración se contradice al indicar de forma posterior que quien le pegó el “chimón” del tiro fue P. (imputado), porque F. portaba un machete. En su segunda declaración (Folio 138), incurre en reiteradas contradicciones con su declaración inicial, ya que menciona que: a) Que su papá se agachó antes de ser agredido, cuando no manifestó ese movimiento en su inicial declaración; b) Ahora, cambiando de versión, dice que el imputado le dijo antes de atacarlo, en dos ocasiones, que lo iba a matar, e inclusive P. J. R. G. tuvo la oportunidad de contestarle que no lo matara porque era el tío del imputado; c) Dice que no había enemistad entre el imputado y su papá, cuando al principio dijo que sí la había; d) Menciona que fue F. quien lo atacó a él con el rifle de su papá, cuando en su primera declaración señala que portaba nada más un machete, y descargó dicho ataque en contra de su persona en el imputado; y, e) Dice que la segunda agresión a su padre (los dos últimos disparos) no la pudo presenciar porque salió corriendo, contrario a lo manifestado en su primera deposición en la que dijo que había visto como su progenitor fue rematado en el suelo por el imputado. Esta serie de contradicciones en el testigo, sobre el cual el Tribunal recurrido obtiene convicción probatoria para condenar a P. B. O. R., desmerecen su valor probatorio, porque no es posible extraer de tanta contradicción la certeza necesaria para afirmar su versión (es más ni se sabe cuál es la declaración verdadera).- Pero esas contradicciones no se agotan ahí, en la audiencia de RECONSTRUCCION DE HECHOS, nuevamente el testigo vuelve a mentir puesto que dice que su padre se encontraba agachado, y en esa posición recibió del imputado la primera agresión en su barbilla, por lo que salió corriendo, pero a pesar de esa huida, inverosímilmente, dice que pudo observar que el imputado remató al fallecido con dos disparos más.- Así, ¿cómo es posible que diga que salió corriendo, y luego poder afirmar que vio la última agresión producida?.- No hay duda, a esta altura, para afirmar que N. J. R. M., ha mentido sobre ciertas circunstancias esenciales del hecho, que hacen restarle valor conviccional sobre la forma en que ocurrió el mismo, esencialmente sobre su versión vertida, y ese desprecio probatorio se acentúa cuando sus variados testimonios no tienen respaldo en la prueba científica producida.- Así las cosas,resulta increíble que la Corte de Apelaciones no haya percibido tanta falencia probatoria mostrada por el testigo, y llegue al absurdo de decir que la forma dispar y contradictoria de dar su testimonio se refiere a “ciertas diferencias en algunos incidentes pero coincidiendo en cuanto a la substancia de éste”.- Cuando esas inconsistencias lo que hacen entrever es que el testigo ha modificado sus declaraciones para ajustarlas a la demostración que el imputado ha cometido el delito en contra de su padre.- Es más, resulta cuestionable en el Tribunal impugnado, su falta de capacidad en apreciar esas inconsistencias, que sumadas al interés del deponente (es el hijo del fallecido, quien tenía enemistad con el imputado) le haya derivado en alterar intencionalmente sus declaraciones para perjudicar al señor P. B. O. R..- Los juristas JOSE I. CAFFERATA NORES y MAXIMILIANO HAIRABEDIAN, en la obra LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. Sexta edición, señalan que: “En relación con la sinceridad del testimonio, son de significativa importancia las siguientes consideraciones: a. Es preciso descubrir si no hay un interés que pueda influir sobre la voluntad del deponente..., u otras circunstancias que influyendo en su ánimo (v.gr., relación de familia, afecto, odio, etc.) puedan hacerlo apartar consciente o inconscientemente de la verdad... b. El control interno de la declaración es sumamente eficaz para evaluar la veracidad del testigo. El relato dubitativo (“me parece... “), contradictorio, o producido por medio de un discurso premeditado, puede resultar sospechoso... Será necesario, además, luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlos con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatoria” (Pág. 135).- Estas pautas naturales señaladas por la doctrina, lamentablemente, fueron ignoradas por Corte de Apelaciones al valorar la eficacia del testimonio de N. J. R. M., y por ello se ha equivocado en su apreciación probatoria. 2. Pero esas contradicciones no sólo existieron en relación al testigo en cuestión, sino también con relación a los señores L. A. S. G. y S. F. S. G. (quienes según sus declaraciones andaban juntos al ser testigos de los hechos).- Estos testigos que ni siquiera aparecen expresamente mencionados en la resolución recurrida, lo cual muestra cuán inmotivada es la misma, sirvieron al Tribunal recurrido a formar su infundada convicción de culpabilidad.- concretamente, en el CONSIDERANDO 10, aparecen referidas sus declaraciones, al señalar la sentencia que la versión del testigo N. J. R. M. es sustentada por dos testigos que aseveran haber presenciado los hechos.- Sin embargo, a pesar de esa relación probatoria, el Tribunal de Apelaciones no fue capaz de apreciar las múltiples inconsistencias que sus testimonios muestran, y que se explican a continuación: Con relación al testigo L. A. S. G. (Folio 5), éste dice que: a) Vio con su compañero que los hechores le brincaron a P. y sin mediar palabra le pegaron un tiro en la barbilla, ante lo cual se “escoraron” (escondieron) en el monte; b) Que escuchó tres disparos; c) Que no hubo discusión entre atacante y ofendido; d) Que F. le pegó el tiro en la mano a N.; y, e) Que P. portaba un pistola nueve milímetros y sobre F. no recuerda qué tipo de arma andaba. Por su lado, S. F. S. G., declara en dos oportunidades durante el sumario (Folios 6 y 147), en las que refiere lo siguiente: a) En su primera declaración dice haber visto que el imputado disparó en contra del fallecido impactándole en su barbilla, y al caer al suelo le “pegó” los otros dos disparos, por lo cual se escondieron, pero luego, en su segunda declaración (Folio 147), dice que él y su compañero L. A. no vieron cómo se produjo la agresión comentada, sino que sólo escucharon las detonaciones, con lo cual, ante esa contradicción no es creíble que dichos testigos hayan visto la forma en que se produjo la muerte del fallecido, ya que al final asegura que no vieron cómo se produjeron los disparos; b) Dice que F. fue la persona que disparo contra N. J. R. M.; y, c) Que el señor P. J. R. G. portaba dos armas: una 44 Mágnum y un fusil calibre 22. De esa manera, al analizar las declaraciones ofrecidas por estos testigos resultan también demeritadas probatoriamente, ya que afirman (en un principio porque después dicen no haber visto la forma en que se lesionó la humanidad del fallecido) que el fallecido recibió tres impactos de bala, cuando el dictamen forense arriba indicado sólo hace la descripción de dos lesiones (fracturas).- Pero además son contradictorios entre si, ya que mencionando que andaban juntos, L. A., dice sólo haber visto la ejecución de un disparo, y S. F. menciona que observaron la producción del los tres (uno en la barbilla y otros cuando el fallecido se encontraba en el suelo), para luego negar esa posibilidad de visibilidad, al decir en su última declaración que no observaron cómo se produjeron los disparos. Asimismo, son contradictorios con el testigo N. J. R. M., sobre la supuesta lesión que recibió en su mano, ya que aquellos dicen que fue F. fue quien le disparó, pero el propio N. J. atribuye esa acción al mismo imputado (“o sea que quien me pegó el chimón del tiro fue este P.”).- De esa forma, resultan evidentes las serias contradicciones no sólo internas entre sus propios testimonios (como ocurre en el caso de S. F. que se contradice en su propio dicho), sino también en las contradicciones existentes entre ellos mismos, como también las que resultan de sus testimonios con las del testigo N. J. R. M., así como la falta de concordancia probatoria con dictamen médico forense.- También sobre estas declaraciones contradictorias es aplicable las pautas de crítica probatorias citadas por los juristas JOSE 1. CAFFERATA NORES y MAXIMILIANO HAIRABEDIAN, en la obra LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL, por ser pertinentes, y a las cuales hicimos referencia en relación al testigo N. J. R. M., y que se refieren al descrédito probatorio proveniente de declaraciones contradictorias. Así las cosas, resulta cuestionable desde el punto de vista probatorio que la Corte Tercera de Apelaciones haya fundamentado su decisión en medios de prueba tan inconsistentes y contradictorios, como ser las declaraciones de los testigos N. J. R. M. y los señores L. A. y S. F., R. G., medios de convicción que ni siquiera ostentan un respaldo probatorio con el dictamen médico forense Exh. 09-08, al que se ha hecho referencia.- Es reprochable desde un punto de vista lógico, que el Tribunal de Apelaciones haya generado su conclusión del hecho de las débiles, contradictorias y no corroboradas declaraciones de los testigos antes dichos, cuando sus propias inconsistencia, y nula relación probatoria no pueden generar la conclusión positiva que P. B. O. R., haya efectuado el hecho en la forma expresada en los hechos probados, puesto que de esta crítica probatoria, como lo señala el Art. 361 del Código de Procedimientos Penales (“No podrá condenarse a un acusado si no cuando se pruebe que cometió el delito que se le imputa. En caso de duda debe absolvérsele”), lo menos que se extrae es la duda sobre su culpabilidad, ya que si, según la regla lógica de la DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, no es posible en el presente caso que la fundamentación fáctica se base en tan cuestionables declaraciones que por sí mismas resultan rechazables por sus innumerables contradicciones (de las cuales no se extrae una acertada coherencia), y que no posibilitan destruir el Estado de Inocente del que hasta el momento goza y se reconoce en la persona de P. B. O. R., resultando, entonces, imposible arribar al estado intelectual de CERTEZA sobre su intervención antijurídica y culpable en el hecho, que es el único estado de conocimiento que legitima el dictado de una sentencia condenatoria.- Ante esa demostración, entonces, de conformidad al Art. 361 antes citado, es procedente el dictado de la sentencia absolutoria que corresponde por insuficiencia probatoria, en vista que no se ha podido enervar el Estado de Inocente que asiste al señor P. B. O. R.. III.- SOLICITUD DE NULIDAD SUBSIDIARIA. Esta representación somete a la decisión del Tribunal de Casación, de forma subsidiaria, la posibilidad de anular la sentencia cuestionada, tomando como fundamento el artículo 321 de la Constitución de la República, que dispone que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiera la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”, en relación al Derecho Fundamental de Estado de Inocente, consignado constitucionalmente en el Art. 89: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, y la jurisprudencia ya establecida por este Tribunal de Casación al respecto.- Esta solicitud atiende a los siguientes aspectos: El Estado de Inocencia.- En el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal para lograr el quebrantamiento del Estado de Inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada.- Así, algunas de las manifestaciones del presente principio consisten en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar inocencia; b) La obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado; de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados; y, c) Para quebrantar el Estado de Inocente es necesario un nivel de conocimiento en el juzgador de Certeza de culpabilidad que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías, y, que exista una acertada valoración de la prueba hecha por el juzgador. Así, en el presente caso, además de la evidente falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, que no encuentra respaldo probatorio en sí misma, ni en los restantes medios de prueba, durante el juicio se recibió la siguiente información probatoria: 1. Declaración del imputado.-En la etapa de plenario, P. B. O. R., estableció a través de su declaración (Folio 210), que con el fallecido existía enemistad desde el año de 1976; y que éste siempre le decía que lo iba a matar.- El día del hecho, él se encontraba trabajando en un frijolar, cuando decidió trasladarse a la casa a traer un toldo para aporrear; y en el camino se encontraba P. J. R. G., quien al sólo ver al deponente comenzó a insultarlo y a amenazarlo, portando dos armas de fuego en las manos (un fusil y una pistola), y acto seguido comenzó a dispararle cuatro veces por lo que, con la intención de salvar su vida, se tiró al suelo y comenzó a rodar en el mismo, y no le quedó otra alternativa para salvagardar su vida que defenderse con el único medio disponible en ese momento, su arma de fuego, disparando a su vez en contra de su atacante, haciéndolo en dos ocasiones, logrando impactar en la humanidad del señor R. G..- Distinto a los testigos de cargo, el imputado al momento de comparecer a la audiencia de reconstrucción de hechos, brinda la misma declaración que referimos, es decir, que se ha mantenido siempre en proporcionar la misma información sin modificación alguna (Folio 248). 2. Dictamen de Exhumación 09-08, emitido por el Médico Forense V. N. L. (Folio 246), establece la existencia de DOS LESIONES en el fallecido, de las cuales, la primera consiste en una fractura de entrada en hueso frontal izquierdo, y la segunda consiste en un trazo de fractura en la línea media de mandíbula.- Ese dato es concordante con la declaración del imputado quien menciona que sólo hizo dos disparos al fallecido, por lo que hay una cabal coherencia sobre este aspecto. 3. Declaración de F. O..- Coincide con el imputado en señalar que fue con él a traer unos toldos para sacar frijoles; que cuando iban por el camino se encontraron al hoy fallecido y a su hijo, momento en que el señor P. J. R. G. le dijo que “hoy es el día que te acabas hijo de la gran puta, porque ya días te la tenía jurada” y al contestarle el imputado que eran familia, vino aquél y le disparó en dos ocasiones, momento en que el encausado se tiró al piso y de ahí le disparó dos veces en defensa propia, acertando en la humanidad del agresor. 4. Confirmación probatoria de otras declaraciones.- Esa versión de actuar el imputado P. B. O. R. en legítima defensa, a su vez es corroborada por los testigos: T. J. H. (Folio 23 y 216), C. Z. M. (Folio 24), C. H. Z. M. (Folio 25), y O. E. L. P. (Folio 33, vuelto), quienes corroboran la versión brindada por el imputado y el testigo F. O., en el sentido de afirmar haber observado que el fallecido procedió a dispararle en cuatro ocasiones el señor P. B. O. R., quien al verse amenazado en su vida se lanzó al suelo y desde ahí procedió a defenderse, utilizando su arma de fuego, como único medio de defensa disponible, impactándole dos disparos a la humanidad del agresor.- Sobre los hechos descritos, el testigo R. R. H. (Folio 32), quien no tuvo la precisión en la apreciación de los acontecimientos, afirma haber visto a dos personas que se “estaban agarrando a tiros”, lo que confirma el ataque que recibió el imputado y la forma en que se defendió.- Además de los deponentes, los testigos L. A. P. (Folio 29) y E. P. (Folio 30), confirman, por constarle personalmente, que el imputado se dirigía a su casa para conseguir unos “mantados” para aporrear unos frijoles, y aunque no miraron la secuencia de los hechos violentos, confirmaron la detonación de seis disparos de arma de fuego, lo que es coincidente con lo dicho por los anteriores declarantes. 5. Enemistad y amenazas.- Además de los declarantes T. J. H. y C. H. Z. M., las testigos M. A. R. G. (madre del imputado; Folio 32, vuelto y 33) y M. S. R. (Folio 34), indican que entre el señor P. B. O. R. y P. J. R. G., existía enemistad, al punto que el fallecido en varias ocasiones había amenazado a P. B. O. R..- En el caso concreto de la testigo M. A. R. G., indica también que ella fue objeto de amenazas de parte del hijo del fallecido y de la viuda de éste. 6. Portación de armas por fallecido.- Además de lo indicado, ha resultado probado que el fallecido se encontraba armado con dos armas de fuego, en concreto un fusil 22 y una pistola Mágnum 44.- Tanto los testigos relacionados que pudieron observar el ataque ilícito del fallecido en contra del imputado, como los propios testigos de cargo N. J. R. M., L. A. y S. F., S. G., han afirmado que el señor P. J. R. G., se encontraba en posesión de dichos instrumentos, con lo cual la versión de la Legítima Defensa relacionada por el imputado y por los plurales testigos de descargo cobra relevancia, solidez y relación.- Pero además esa confirmación, es obtenida de los registros del Libro de Matrícula de Armas que a nivel de constancia y certificación fueron extendidos por el Juzgado de Policía Municipal y la Vocalía de Policía, respectivamente, de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho (Folios 10 y 11). 7. Razón del encuentro del imputado con el fallecido.- Pero además, se ha comprobado por el dicho de los testigos de descargo y la propia declaración del imputado que a él se le hizo necesario ir en busca de un toldo para contribuir a la faena que él y otras personas estaban realizando con unos granos de frijoles, por lo cual tomó el camino de dirección a sus casa, en el que se encontró con el fallecido P. J. R. G. y su hijo N. J. R. M., siendo atacado por el primero. Así las cosas, tal como se han acreditado en los numerales anteriores, resulta inaudito que la sentencia que hoy se recurre no haya efectuado esta obligada mención probatoria de todos los elementos de convicción referidos en esta petición de nulidad.- Y al no hacer la ponderación probatoria que se ha enunciado, no ha sido posible al Tribunal recurrido poder determinar que la declaración del imputado, tenía respaldo probatorio en el Dictamen Forense Exh. 09-08, y en las declaraciones de los testigos F. O., T. J. H., C. Z. M., C. H. Z. M., O. E. L. P., R. R. H., L. A. P., E. P., M. A. R. G. y M. S. R., con lo cual hubiese estimado, en aplicación de las reglas de la sana crítica, que existía una relación probatoria que confirmara su versión (al haber armonía y coherencia entre todos los medios de convicción), y que en consecuencia, en base al principio de DERIVACIÓN, esa versión al tener ese respaldo y relación probatoria afirmara que efectivamente P. B. O. R., actuó en legítima defensa. Y si esa confirmación no podía estimarse probada en el pensamiento de la Corte de Apelaciones, esa coherencia probatoria de descargo sí, por lo menos y de manera absoluta, le hubiera conducido a estimar la DUDA en cuanto a nivel de conocimiento, ya que ante la inconsistente y contradictoria prueba de cargo, frente a la solidez de los medios de prueba de la defensa, por lo menos, se hace entrever que el hecho consignado en la declaración del testigo de cargo N. J. R. M., no ha resultado acreditado (siendo esta una tarea de la acusación), y en consecuencia no es constitucional y legalmente posible el dictado de sentencia condenatoria. Es por ello, que lo que menos se puede asegurar desde el punto de vista probatorio, es la insuficiencia de prueba de cargo para quebrantar el Estado de Inocente de P. B. O. R., al no poderse extraer de todo el material probatorio la CERTEZA indispensable para legitimar la declaración de culpabilidad del imputado.- Y es por ello, que la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones, violenta los Art. 89 de la Constitución de la República, en relación con el Art. 361 del Código de Procedimientos Penales, y ante tal infracción se hace necesario para garantizar el respeto a los derechos fundamentales del imputado, y de la obtención de la seguridad jurídica a través del respeto al principio de legalidad (Art. 321 de la Constitución de la República), el dictado de Sentencia Absolutoria ante la evidente DUDA que genera el material probatorio analizado.- Por ello, en aras de la PROTECCIÓN JUDICIAL exigida por el Art. 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se solicita, de forma subsidiaria a la no observancia del único de motivo de casación interpuesto, se declare la nulidad de la sentencia de 26 de noviembre de 2008, por contravenir el ordenamiento jurídico.” RESULTA: Que mediante auto de fecha dieciocho de Marzo de dos mil nueve, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte del recurrente y se omitió el traslado de los autos al Fiscal del Tribunal. RESULTA: Que con citación de las partes se señaló la audiencia correspondiente para la celebración de la vista la cual se llevó a cabo sin la comparecencia de las partes. CONSIDERANDO: SOBRE EL MOTIVO DE CASACION: El recurrente argumenta que el tribunal Ad Quem ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba, que resulta de documento o acto auténtico que demuestra la equivocación del juzgador, no desvirtuada por otra prueba. Concretamente alude el recurrente a un error en la apreciación de la prueba consistente en el Dictamen de exhumación Número 09-08, emitido por el Médico Forense V. N. L. (folio 246) en relación con las DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS de cargo N. J. R. M., L. A. S. G. y S. F. S. G., y a la audiencia de RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS practicada. Reprocha el recurrente que el dictamen aludido, es un medio de prueba emitido por un funcionario público asignado al Laboratorio de Medicina Forense, profesional con experiencia y capacidad técnica, que se refiere a las lesiones y su ubicación encontradas en el cadáver del fallecido. El dictamen en mención alude a la existencia de dos lesiones, la primera, una fractura de entrada en hueso frontal izquierdo con fracturas radiadas múltiples, determinándose un trayecto de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, con fractura de salida en hueso occipital izquierdo; la segunda, en un trazo de fractura en la línea media de mandíbula con múltiples fracturas.- Agrega que en el mismo medio de prueba se indica que de conformidad al análisis balístico N.0403-2008-Bal, que examinó el revestimiento de bala recibida como indicio, su diámetro y morfología se corresponde con un proyectil de calibre 38/357. Esgrime el recurrente que estos datos técnicos-científicos, constituyen prueba indubitable que ponen al descubierto el vicio de la incorrecta valoración probatoria efectuada por el tribunal Ad Quem, que condujo a dar por probada la culpabilidad de P. B. O. R.. Asume que la sentencia recurrida da por acreditada la realización del delito por el acusado con las declaraciones del hijo del fallecido, N. J. R. M. y de los testigos L. A. S. G. y S. F. S. G., a pesar que dichas declaraciones no tienen respaldo probatorio en prueba científica objetivamente confiable. Asimismo, reprocha las contradicciones incurridas por el testigo N. J. R. M. en la diligencia de RECONSTRUCCION DE HECHOS, y que recaen sobre las circunstancias esenciales del hecho. Refiere asimismo las contradicciones internas puestas de manifiesto en el testimonio del señor S. F.; entre éste y el que vertiera el testigo N. J. R. M., así como también la falta de concordancia probatoria de estas declaraciones con el dictamen médico forense relacionado.- Reprocha que el Tribunal Ad Quem haya generado su conclusión con pruebas débiles y contradictorias, para generar la conclusión que P. B. O. R. ha ejecutado los hechos declarados como probados. Solicita asimismo, la NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA dictada por la Corte Tercera de Apelaciones ya que a su parecer violenta los artículos 89 de la Constitución de la República, en relación con el 361 del Código de Procedimientos Penales, en virtud de los cuales se exige garantizar el respeto a los derechos fundamentales del imputado, y la obtención de la seguridad jurídica a través del respeto al principio de legalidad (Art. 321 de la Constitución de la República), y el dictado de Sentencia Absolutoria ante la evidente DUDA que genera el material probatorio analizado.- Por ello, en aras de la PROTECCIÓN JUDICIAL exigida por el Art. 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, solicita de forma subsidiaria que se declare la nulidad de la sentencia impugnada. Esta Sala de lo Penal recuerda que para estimar el motivo previsto en el artículo 412 No. 2) del Código de Procedimientos Penales, es preciso que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se invoque error de hecho en la apreciación de las pruebas, con significación suficiente para modificar el sentido del fallo. 2.- Que dicho error se evidencie mediante la cita de un documento o acto auténtico, designando con precisión aquellos aspectos que se opongan a la resolución recurrida; 3.- Que el referido documento o acto auténtico se encuentre incorporado a la causa, lo que quiere decir que obre en ella, de tal manera que esta Sala pueda verificar lo mismo que hizo el Tribunal A Quo, 4) Que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada, desmentida o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa, lo que debe añadirse también el elemento denominado literosuficiencia, que comporta que el documento o acto auténtico citados basten por sí mismos, sin necesidad de acudir a otros elementos de menor rango o de ínfima eficacia probatoria, para evidenciar el error que se denuncia, y que con ellos se pretende demostrar. En este sentido, y particularmente en lo que al cuarto de los requisitos antes mencionados se refiere, podemos afirmar que para su concurrencia es necesaria la denominada “autarquía demostrativa del documento o acto auténtico”, que ha de serlo en dos planos: 1.- El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiencia, es decir, que no se precise la adición de otras pruebas para evidenciar el error, y 2) Que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa. Expuesto lo anterior debemos señalar que el Dictamen de exhumación 09-08, emitido por el Médico Forense V. N. L. (folio 247 del Proceso), constituye prueba documental, que aun cuando contiene información técnica sobre la exhumación de un cadáver,no constituye por si misma, una verdad inconmovible e indubitable, que haga patente o manifiesta la equivocación del juzgador; al contrario, el Tribunal de Segunda Instancia, precisamente se basa en dicha pericia para considerar más creíbles las declaraciones de los testigos de cargo frente a las que rindieran los testigos de la Defensa, puesto que los primeros son coincidentes en el dato o circunstancia de que los disparos fueron efectuados de arriba hacia abajo, y no como sugieren los segundos, al afirmar que los disparos fueron realizados por el encartado desde el suelo sobre el cual se habría extendido para defenderse de la agresión procedente del ahora fallecido (vid. Folios No. 26 vuelto y 27 de la segunda pieza de autos). En este sentido, el contenido del dictamen de exhumación aludido no hace patente o manifiesta la equivocación del Juzgador, que en forma conjunta y armoniosa ha valorado el mismo con el resto de otras pruebas incorporadas al proceso, y con ello formar su convicción, en observancia de las reglas de la sana crítica. En el presente caso el Juzgador ha expuesto, razonamientos lógicos y suficientes para estimar el valor probatorio del Dictamen de exhumación No. 09-08, emitido por el Médico Forense V. N. L. (folio 247) en relación con las declaraciones de los testigos de cargo N. J. R. M., L. A. S. G. y S. F. S. G., y a la audiencia de reconstrucción de hechos practicada. Por tal razón lo procedente es rechazar el motivo de casación invocado por el recurrente. El censor solicita por otro lado, que en caso de no prosperar el motivo de casación invocado, esta Sala de lo Penal de manera subsidiara se pronuncie declarando la nulidad de la sentencia impugnada, arguyendo que la Corte Tercera de Apelaciones al dictar un fallo condenatorio contra el encartado, ha vulnerado el principio-derecho a la presunción de inocencia que consagra el artículo 89 de la Constitución de la República y el principio del in dubio pro reo contenido en el artículo 361 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que no existe suficiente prueba de cargo para enervar o destruir tal estado de inocencia, de ahí que el Tribunal de Segunda Instancia debió dictar una sentencia absolutoria. Esta Sala de Penal recuerda, que el artículo 89 de la Constitución de la República establece que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2); significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su admisión y en su práctica, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. En el caso bajo juzgamiento, esta Sala no constata que los diferentes medios de prueba, tanto los aportados por el Ministerio Público, la Acusación Particular como la Defensa, hayan sido aportados y practicados con inobservancia de las normas procesales ni tampoco irrespetando derechos fundamentales. En cuanto al razonamiento externado por Tribunal de Instancia para concluir sobre la responsabilidad penal del acusado P. B. O. R., esta Sala no encuentra que éste sea contrario a la lógica, ni a las demás normas del correcto entendimiento humano, al señalar que del análisis conjunto de los elementos probatorios del proceso se concluye que los requisitos para apreciar la legítima defensa como causa de justificación no han sido acreditados fehacientemente y que en cambio las probanzas de cargo incorporadas al expediente judicial permiten más allá de toda duda razonable considerar que el imputado es responsable de la comisión del delito de homicidio simple que se le atribuye. Por las razones anteriormente expuestas, la nulidad subsidiaria pretendida por la Defensa del encartado, debe ser desestimada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 410, 412 numeral 2, 420 del Código de Procedimientos Penales, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, en su único motivo, y la nulidad subsidiaria, invocados por el recurrente en mención.- 2) Ordenando que se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó El Magistrado CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.-COORDINADOR.- C. DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto del año dos mil diez, certificación de la segunda sentencia de fecha once de mayo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal No.50=2009. LUCILA CRUZ MENENDEZ SECRETARIA GENERAL”.

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de mayo de dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante ésta Corte Suprema de Justicia en fecha diecisiete de Marzo de dos mil nueve, por el Abogado E. J. L. Z., mayor de edad, casado, hondureño y de éste domicilio, en su condición de Representante Legal del señor P. B. O., mayor de edad, soltero, Comerciante, hondureño, con domicilio en Juticalpa, Departamento de Olancho; en relación al Proceso instruido de oficio en fecha quince de enero de dos mil dos y en atención a la posterior denuncia presentada ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha veintiuno de enero de dos mil dos, por la señora E. V. M. M., mayor de edad, soltera por viudez, hondureña, y con domicilio en La Ciénaga, departamento de Olancho, en su condición de esposa del señor P. J. R. G. (Q.D.D.G) y madre del joven N. J. R. M., menor de edad, soltero, hondureño, con domicilio en La Ciénaga, Departamento de Olancho, contra los señores P. B. O. y F. O., por suponerlos responsables de los delitos de ASESINATO, ROBO y TENTATIVA DE HOMICIDIO.- El recurso de Casación se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil ocho, que: FALLÓ: 1° DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada M. Albina Zepeda Fonseca en su condición indicada. 2°. REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha ocho de septiembre de dos mil ocho dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, 3°. CONDENANDO al procesado P. B. O. R., a la Pena Principal de QUINCE (15) AÑOS de reclusión por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de P. J. R. G.; y 4°. CONDENANDO al mismo procesado P. B. O. R. a las Penas Accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Absoluta por el tiempo que dure la condena principal. RESULTA: Que en sentencia de fecha veintiséis de Noviembre de dos mil ocho, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, procedió a reformar los hechos estimados y declarados probados por el Juzgado Sentenciador, quedando redactados de la manera siguiente: “PRIMERO: Que el día quince de enero de dos mil dos, como a eso de las nueve y media de la mañana, en un camino solitario a inmediaciones de la Aldea La Ciénaga, Panuaya, jurisdicción del Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho se encontraba el señor P. J. R. G. realizando tareas de extracción de piedra en compañía de su hijo N. J. R. M., menor de trece años de edad, cuando se aproximó el señor P. B. O. R. acompañado de su sobrino F. O., también menor de edad, y al pasar cerca de P. J. R. G. le propinó un disparo con el arma de fuego que portaba, cayendo este al suelo en donde P. B. O. R. le dispara por dos veces mas impactándole en el cráneo lado izquierdo (hueso frontal izquierdo). SEGUNDO: Que las heridas propinadas a P. J. R. G. le desencadenaron la muerte de manera instantánea.” RESULTA: Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve, compareció ante ésta Corte Suprema de Justicia el Abogado E. J. L. Z., de generales y condición ya indicadas, formalizando su recurso de Casación de la manera siguiente: “II.- EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por error de hecho en la apreciación de la prueba. Precepto Autorizante: Numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales de 1984. Explicación del alcance del motivo de casación planteado: Este vicio de casación trae como consecuencia necesaria un ataque a los hechos probados establecidos en el fallo cuestionado, generados de la incorrecta valoración de la prueba efectuada por la Corte de Apelaciones.- Y dicho ataque es posible, en vista que ese nuevo encuadre fáctico establecido, proviene de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal recurrido.- Así, este motivo de casación por infracción de Ley, se fundamenta en el error de la apreciación de la prueba practicada en el juicio, si ello resulta de documentos o actos auténticos que evidencien la equivocación probatoria efectuada por el Tribunal impugnado.- Así, para que ese motivo, que se dirige a ejercer un control sobre la actividad de valoración probatoria efectuada por la Corte de Apelaciones, satisfaga las exigencias del derecho fundamental que asiste al imputado, consignado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales “, es necesario que se haga una interpretación amplia y flexible del alcance del presente motivo de casación para complementario con el alcance de esa Garantía Fundamental, y con ello, a la vez, se hará efectivo el Derecho Fundamental concedido al imputado por esa Convención de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, que al efecto consigna el Art. 8.2, literal “h”. Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el Tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria.- La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera (fundamentación probatoria), el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, porqué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda operación, es que recae el reproche del recurso de casación por infracción de Ley al que se ha hecho referencia; de tal manera que se constituye en un ataque a las reglas de la sana crítica implementadas por el Juzgador en la valoración probatoria.- La violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello dichas reglas constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, además de las reglas especiales de valoración que le asigna la Ley Procesal. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración conjunta y armónica de las pruebas practicadas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según el jurista FERNANDO DE LA RUA en su obra La Casación Penal. El Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: A cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Explicación del vicio. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave de valoración de la prueba, y que ha incidido en la forma en que la Corte Tercera de Apelaciones ha resuelto el recurso de apelación que ante su seno planteara el Ministerio Público, al determinar condenar al imputado P. B. O. R., por el delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor P. J. R. G., cuando del despliegue probatorio no es posible extraer la CERTEZA sobre la comisión del delito, la participación y culpabilidad del imputado, que constitucionalmente son exigibles para condenarle. En primer término, debe señalarse que la conclusión probatoria del Tribunal recurrido se expone en el apartado de los HECHOS PROBADOS de su sentencia.- En el CONSIDERANDO número 3, la Corte de Apelaciones estable como verdad fáctica: “PRIMERO: Que el día quince de enero de de dos mil dos, como a eso de las nueve y media de la mañana, en un camino solitario a inmediaciones de la Aldea La Ciénega, Panuaya, jurisdicción del Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho se encontraba el señor P. J. Ruíz G. realizando tareas de extracción de piedra en compañía de su hijo N. J. R. M., menor de trece años de edad, cuando se aproximó el señor P. B. O. R. acompañado de su sobrino F. O., también menor de edad, y al pasar cerca de P. J. R. G. le propinó un disparo con arma de fuego que portaba, cayendo éste al suelo en donde P. B. O. R. le dispara por dos veces más impactándole en el cráneo lado izquierdo (hueso frontal izquierdo). SEGUNDO: Que las heridas propinadas a P. J. R. G. le desencadenaron la muerte de manera instantánea”. Específicamente el error de hecho en la apreciación de la prueba recae de forma primaria en el Dictamen de Exhumación 09-08, emitido por el Médico Forense V. N. L. (Folio 246), en relación a las declaraciones de los testigos de cargo N. J. R. M., L. A. S. G. y S. F. S. G., y a la audiencia de reconstrucción de hechos practicada.- El dictamen aludido, que es un medio de prueba emitido por un funcionario público al servicio de los laboratorios forenses, por lo cual merece toda confianza objetiva, además de ser suscrito por un profesional con la experiencia y la capacidad técnica necesaria para establecer su parecer técnico, se refiere a las lesiones y su ubicación encontradas en el cadáver del fallecido, estableciéndose la existencia de DOS LESIONES, de las cuales, la primera consiste en una fractura de entrada en hueso frontal izquierdo con fracturas radiadas múltiples, determinándose un trayecto de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, con fractura de salida en hueso occipital izquierdo; la segunda consiste en un trazo de fractura en la línea media de mandíbula con múltiples fracturas.- Más adelante, el mismo medio de prueba indica que de conformidad al análisis balístico N.0403-2008-Bal, se examinó el revestimiento de bala recibida como indicio, pudiéndose determinar mediante su diámetro y morfología que corresponde al calibre 38/357. Estos datos técnicos-científicos que brindan confianza objetiva sobre su resultado, y que por tal calidad tienen la caracterización de prueba indubitable, descubren el vicio de la incorrecta valoración probatoria establecida por la Corte de Apelaciones, que al final le condujo a dar por probada la culpabilidad de P. B. O. R., puesto que la sentencia recurrida da por acreditada la realización del delito por éste con las declaraciones del hijo del fallecido, N. J. R. M. y los testigos L. A. S. G. y S. F. S. G. (de quienes inclusive ni siquiera menciona su nombre, lo cual pone de manifiesto la falta de motivación probatoria), cuando dichas declaraciones no obtienen un respaldo probatorio en esa probanza científica y objetivamente confiable.- Ello se demuestra a continuación: 1. N. J. R. M., hijo del fallecido, declara en tres ocasiones (Folios 4, 138 y 240).- Este testigo difiere sustancialmente de lo señalado en el dictamen médico forense, en vista que en su relato inicial (Folio 4), dice que el fallecido recibió tres disparos del imputado uno de los cuales se ubicó en su barbilla, y los dos restantes se los infirió cuando se encontraba en el suelo, caído, y sobre ese particular, el dictamen indica la existencia de dos lesiones.- Pero además, el testigo, en la audiencia de reconstrucción de hechos (como se ilustra en la fotografía 11, que recoge su versión), ubica al imputado al lado derecho del fallecido y de él (testigo), lo cual es incompatible con la ubicación de las lesiones referidas en el dictamen forense, en vista que en él se recoge que la primera se encuentra ubicada en hueso frontal izquierdo, y la segunda en la línea media de mandíbula.- De esa manera resulta más que evidente la incompatibilidad de la declaración del testigo (de quien la sentencia basa su fundamento fáctico sobre la ocurrencia del hecho) y los datos proporcionados por el dictamen forense sobre las lesiones encontradas en el cadáver y su ubicación, ya que de ser cierta su declaración, las lesiones se encontrarían en la cara derecha del cráneo del fallecido, y no en la parte izquierda, como lo asegura el dictamen; y ante esa disparidad, se demerita la versión del deponente al no encontrar su versión un respaldo o confirmación en la prueba científica, que a los ojos de un caso penal, resulta objetivamente confiable. Pero también la inconsistencia probatoria entre la declaración testifical referida y el dictamen médico forense, resulta del hecho que N. J. R. M. indica que el imputado portaba una pistola calibre nueve milímetros, y en el dictamen forense se señala que de conformidad al análisis balístico N.0403-2008-Bal, se examinó el revestimiento de bala recibida como indicio, pudiéndose determinar mediante su diámetro y morfología que corresponde al calibre 38/357, siendo incompatible la utilización de este tipo de proyectil en una pistola calibre nueve milímetros.- Este dato hace generar la duda sobre la participación en el hecho por el imputado en la forma en que lo mencionan los testigos de cargo, ya que es imposible balísticamente que ese revestimiento de bala perteneciera al arma que mencionan portaba el encausado (calibre nueve milímetros), restándose credibilidad a la versión brindada por el declarante. Pero su crítica probatoria no se agota ahí.- Este testigo declaró en tres ocasiones, dos veces en la fase de sumario y participó en la audiencia de reconstrucción de hechos. En su primera declaración (Folio 4) sostiene: a) Que el imputado se cruzó y le pegó un tiro en la barbilla al ofendido, y luego estando éste en el suelo, le infirió dos disparos más; b) Que entre agresor y agredido existía una enemistad originada por la envidia; c) Que cuando el imputado realizó el ataque, no profirió palabra alguna; y, d) Que F. (acompañante del imputado) le hizo un tiro al deponente en su mano izquierda, rozándole la palma de la mano, y en esa misma declaración se contradice al indicar de forma posterior que quien le pegó el “chimón” del tiro fue P. (imputado), porque F. portaba un machete. En su segunda declaración (Folio 138), incurre en reiteradas contradicciones con su declaración inicial, ya que menciona que: a) Que su papá se agachó antes de ser agredido, cuando no manifestó ese movimiento en su inicial declaración; b) Ahora, cambiando de versión, dice que el imputado le dijo antes de atacarlo, en dos ocasiones, que lo iba a matar, e inclusive P. J. R. G. tuvo la oportunidad de contestarle que no lo matara porque era el tío del imputado; c) Dice que no había enemistad entre el imputado y su papá, cuando al principio dijo que sí la había; d) Menciona que fue F. quien lo atacó a él con el rifle de su papá, cuando en su primera declaración señala que portaba nada más un machete, y descargó dicho ataque en contra de su persona en el imputado; y, e) Dice que la segunda agresión a su padre (los dos últimos disparos) no la pudo presenciar porque salió corriendo, contrario a lo manifestado en su primera deposición en la que dijo que había visto como su progenitor fue rematado en el suelo por el imputado. Esta serie de contradicciones en el testigo, sobre el cual el Tribunal recurrido obtiene convicción probatoria para condenar a P. B. O. R., desmerecen su valor probatorio, porque no es posible extraer de tanta contradicción la certeza necesaria para afirmar su versión (es más ni se sabe cuál es la declaración verdadera).- Pero esas contradicciones no se agotan ahí, en la audiencia de RECONSTRUCCION DE HECHOS, nuevamente el testigo vuelve a mentir puesto que dice que su padre se encontraba agachado, y en esa posición recibió del imputado la primera agresión en su barbilla, por lo que salió corriendo, pero a pesar de esa huida, inverosímilmente, dice que pudo observar que el imputado remató al fallecido con dos disparos más.- Así, ¿cómo es posible que diga que salió corriendo, y luego poder afirmar que vio la última agresión producida?.- No hay duda, a esta altura, para afirmar que N. J. R. M., ha mentido sobre ciertas circunstancias esenciales del hecho, que hacen restarle valor conviccional sobre la forma en que ocurrió el mismo, esencialmente sobre su versión vertida, y ese desprecio probatorio se acentúa cuando sus variados testimonios no tienen respaldo en la prueba científica producida.- Así las cosas, resulta increíble que la Corte de Apelaciones no haya percibido tanta falencia probatoria mostrada por el testigo, y llegue al absurdo de decir que la forma dispar y contradictoria de dar su testimonio se refiere a “ciertas diferencias en algunos incidentes pero coincidiendo en cuanto a la substancia de éste”.- Cuando esas inconsistencias lo que hacen entrever es que el testigo ha modificado sus declaraciones para ajustarlas a la demostración que el imputado ha cometido el delito en contra de su padre.- Es más, resulta cuestionable en el Tribunal impugnado, su falta de capacidad en apreciar esas inconsistencias, que sumadas al interés del deponente (es el hijo del fallecido, quien tenía enemistad con el imputado) le haya derivado en alterar intencionalmente sus declaraciones para perjudicar al señor P. B. O. R..- Los juristas JOSE I. CAFFERATA NORES y MAXIMILIANO HAIRABEDIAN, en la obra LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. Sexta edición, señalan que: “En relación con la sinceridad del testimonio, son de significativa importancia las siguientes consideraciones: a. Es preciso descubrir si no hay un interés que pueda influir sobre la voluntad del deponente..., u otras circunstancias que influyendo en su ánimo (v.gr., relación de familia, afecto, odio, etc.) puedan hacerlo apartar consciente o inconscientemente de la verdad... b. El control interno de la declaración es sumamente eficaz para evaluar la veracidad del testigo. El relato dubitativo (“me parece... “), contradictorio, o producido por medio de un discurso premeditado, puede resultar sospechoso... Será necesario, además, luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlos con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatoria” (Pág. 135).- Estas pautas naturales señaladas por la doctrina, lamentablemente, fueron ignoradas por Corte de Apelaciones al valorar la eficacia del testimonio de N. J. R. M., y por ello se ha equivocado en su apreciación probatoria. 2. Pero esas contradicciones no sólo existieron en relación al testigo en cuestión, sino también con relación a los señores L. A. S. G. y S. F. S. G. (quienes según sus declaraciones andaban juntos al ser testigos de los hechos).- Estos testigos que ni siquiera aparecen expresamente mencionados en la resolución recurrida, lo cual muestra cuán inmotivada es la misma, sirvieron al Tribunal recurrido a formar su infundada convicción de culpabilidad.- concretamente, en el CONSIDERANDO 10, aparecen referidas sus declaraciones, al señalar la sentencia que la versión del testigo N. J. R. M. es sustentada por dos testigos que aseveran haber presenciado los hechos.- Sin embargo, a pesar de esa relación probatoria, el Tribunal de Apelaciones no fue capaz de apreciar las múltiples inconsistencias que sus testimonios muestran, y que se explican a continuación: Con relación al testigo L. A. S. G. (Folio 5), éste dice que: a) Vio con su compañero que los hechores le brincaron a P. y sin mediar palabra le pegaron un tiro en la barbilla, ante lo cual se “escoraron” (escondieron) en el monte; b) Que escuchó tres disparos; c) Que no hubo discusión entre atacante y ofendido; d) Que F. le pegó el tiro en la mano a N.; y, e) Que P. portaba un pistola nueve milímetros y sobre F. no recuerda qué tipo de arma andaba. Por su lado, S. F. S. G., declara en dos oportunidades durante el sumario (Folios 6 y 147), en las que refiere lo siguiente: a) En su primera declaración dice haber visto que el imputado disparó en contra del fallecido impactándole en su barbilla, y al caer al suelo le “pegó” los otros dos disparos, por lo cual se escondieron, pero luego, en su segunda declaración (Folio 147), dice que él y su compañero L. A. no vieron cómo se produjo la agresión comentada, sino que sólo escucharon las detonaciones, con lo cual, ante esa contradicción no es creíble que dichos testigos hayan visto la forma en que se produjo la muerte del fallecido, ya que al final asegura que no vieron cómo se produjeron los disparos; b) Dice que F. fue la persona que disparo contra N. J. R. M.; y, c) Que el señor P. J. R. G. portaba dos armas: una 44 Mágnum y un fusil calibre 22. De esa manera, al analizar las declaraciones ofrecidas por estos testigos resultan también demeritadas probatoriamente, ya que afirman (en un principio porque después dicen no haber visto la forma en que se lesionó la humanidad del fallecido) que el fallecido recibió tres impactos de bala, cuando el dictamen forense arriba indicado sólo hace la descripción de dos lesiones (fracturas).- Pero además son contradictorios entre si, ya que mencionando que andaban juntos, L. A., dice sólo haber visto la ejecución de un disparo, y S. F. menciona que observaron la producción del los tres (uno en la barbilla y otros cuando el fallecido se encontraba en el suelo), para luego negar esa posibilidad de visibilidad, al decir en su última declaración que no observaron cómo se produjeron los disparos. Asimismo, son contradictorios con el testigo N. J. R. M., sobre la supuesta lesión que recibió en su mano, ya que aquellos dicen que fue F. fue quien le disparó, pero el propio N. J. atribuye esa acción al mismo imputado (“o sea que quien me pegó el chimón del tiro fue este P.”).- De esa forma, resultan evidentes las serias contradicciones no sólo internas entre sus propios testimonios (como ocurre en el caso de S. F. que se contradice en su propio dicho), sino también en las contradicciones existentes entre ellos mismos, como también las que resultan de sus testimonios con las del testigo N. J. R. M., así como la falta de concordancia probatoria con dictamen médico forense.- También sobre estas declaraciones contradictorias es aplicable las pautas de crítica probatorias citadas por los juristas JOSE 1. CAFFERATA NORES y MAXIMILIANO HAIRABEDIAN, en la obra LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL, por ser pertinentes, y a las cuales hicimos referencia en relación al testigo N. J. R. M., y que se refieren al descrédito probatorio proveniente de declaraciones contradictorias. Así las cosas, resulta cuestionable desde el punto de vista probatorio que la Corte Tercera de Apelaciones haya fundamentado su decisión en medios de prueba tan inconsistentes y contradictorios, como ser las declaraciones de los testigos N. J. R. M. y los señores L. A. y S. F., R. G., medios de convicción que ni siquiera ostentan un respaldo probatorio con el dictamen médico forense Exh. 09-08, al que se ha hecho referencia.- Es reprochable desde un punto de vista lógico, que el Tribunal de Apelaciones haya generado su conclusión del hecho de las débiles, contradictorias y no corroboradas declaraciones de los testigos antes dichos, cuando sus propias inconsistencia, y nula relación probatoria no pueden generar la conclusión positiva que P. B. O. R., haya efectuado el hecho en la forma expresada en los hechos probados, puesto que de esta crítica probatoria, como lo señala el Art. 361 del Código de Procedimientos Penales (“No podrá condenarse a un acusado si no cuando se pruebe que cometió el delito que se le imputa. En caso de duda debe absolvérsele”), lo menos que se extrae es la duda sobre su culpabilidad, ya que si, según la regla lógica de la DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, no es posible en el presente caso que la fundamentación fáctica se base en tan cuestionables declaraciones que por sí mismas resultan rechazables por sus innumerables contradicciones (de las cuales no se extrae una acertada coherencia), y que no posibilitan destruir el Estado de Inocente del que hasta el momento goza y se reconoce en la persona de P. B. O. R., resultando, entonces, imposible arribar al estado intelectual de CERTEZA sobre su intervención antijurídica y culpable en el hecho, que es el único estado de conocimiento que legitima el dictado de una sentencia condenatoria.- Ante esa demostración, entonces, de conformidad al Art. 361 antes citado, es procedente el dictado de la sentencia absolutoria que corresponde por insuficiencia probatoria, en vista que no se ha podido enervar el Estado de Inocente que asiste al señor P. B. O. R.. III.- SOLICITUD DE NULIDAD SUBSIDIARIA. Esta representación somete a la decisión del Tribunal de Casación, de forma subsidiaria, la posibilidad de anular la sentencia cuestionada, tomando como fundamento el artículo 321 de la Constitución de la República, que dispone que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiera la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”, en relación al Derecho Fundamental de Estado de Inocente, consignado constitucionalmente en el Art. 89: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, y la jurisprudencia ya establecida por este Tribunal de Casación al respecto.- Esta solicitud atiende a los siguientes aspectos: El Estado de Inocencia.- En el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal para lograr el quebrantamiento del Estado de Inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada.- Así, algunas de las manifestaciones del presente principio consisten en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar inocencia; b) La obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado; de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados; y, c) Para quebrantar el Estado de Inocente es necesario un nivel de conocimiento en el juzgador de Certeza de culpabilidad que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías, y, que exista una acertada valoración de la prueba hecha por el juzgador. Así, en el presente caso, además de la evidente falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, que no encuentra respaldo probatorio en sí misma, ni en los restantes medios de prueba, durante el juicio se recibió la siguiente información probatoria: 1. Declaración del imputado.- En la etapa de plenario, P. B. O. R., estableció a través de su declaración (Folio 210), que con el fallecido existía enemistad desde el año de 1976; y que éste siempre le decía que lo iba a matar.- El día del hecho, él se encontraba trabajando en un frijolar, cuando decidió trasladarse a la casa a traer un toldo para aporrear; y en el camino se encontraba P. J. R. G., quien al sólo ver al deponente comenzó a insultarlo y a amenazarlo, portando dos armas de fuego en las manos (un fusil y una pistola), y acto seguido comenzó a dispararle cuatro veces por lo que, con la intención de salvar su vida, se tiró al suelo y comenzó a rodar en el mismo, y no le quedó otra alternativa para salvagardar su vida que defenderse con el único medio disponible en ese momento, su arma de fuego, disparando a su vez en contra de su atacante, haciéndolo en dos ocasiones, logrando impactar en la humanidad del señor R. G..- Distinto a los testigos de cargo, el imputado al momento de comparecer a la audiencia de reconstrucción de hechos, brinda la misma declaración que referimos, es decir, que se ha mantenido siempre en proporcionar la misma información sin modificación alguna (Folio 248). 2. Dictamen de Exhumación 09-08, emitido por el Médico Forense V. N. L. (Folio 246), establece la existencia de DOS LESIONES en el fallecido, de las cuales, la primera consiste en una fractura de entrada en hueso frontal izquierdo, y la segunda consiste en un trazo de fractura en la línea media de mandíbula.- Ese dato es concordante con la declaración del imputado quien menciona que sólo hizo dos disparos al fallecido, por lo que hay una cabal coherencia sobre este aspecto. 3. Declaración de F. O..- Coincide con el imputado en señalar que fue con él a traer unos toldos para sacar frijoles; que cuando iban por el camino se encontraron al hoy fallecido y a su hijo, momento en que el señor P. J. R. G. le dijo que “hoy es el día que te acabas hijo de la gran puta, porque ya días te la tenía jurada” y al contestarle el imputado que eran familia, vino aquél y le disparó en dos ocasiones, momento en que el encausado se tiró al piso y de ahí le disparó dos veces en defensa propia, acertando en la humanidad del agresor. 4. Confirmación probatoria de otras declaraciones.- Esa versión de actuar el imputado P. B. O. R. en legítima defensa, a su vez es corroborada por los testigos: T. J. H. (Folio 23 y 216), C. Z. M. (Folio 24), C. H. Z. M. (Folio 25), y O. E. L. P. (Folio 33, vuelto), quienes corroboran la versión brindada por el imputado y el testigo F. O., en el sentido de afirmar haber observado que el fallecido procedió a dispararle en cuatro ocasiones el señor P. B. O. R., quien al verse amenazado en su vida se lanzó al suelo y desde ahí procedió a defenderse, utilizando su arma de fuego, como único medio de defensa disponible, impactándole dos disparos a la humanidad del agresor.- Sobre los hechos descritos, el testigo R. R. H. (Folio 32), quien no tuvo la precisión en la apreciación de los acontecimientos, afirma haber visto a dos personas que se “estaban agarrando a tiros”, lo que confirma el ataque que recibió el imputado y la forma en que se defendió.- Además de los deponentes, los testigos L. A. P. (Folio 29) y E. P. (Folio 30), confirman, por constarle personalmente, que el imputado se dirigía a su casa para conseguir unos “mantados” para aporrear unos frijoles, y aunque no miraron la secuencia de los hechos violentos, confirmaron la detonación de seis disparos de arma de fuego, lo que es coincidente con lo dicho por los anteriores declarantes. 5. Enemistad y amenazas.- Además de los declarantes T. J. H. y C. H. Z. M., las testigos M. A. R. G. (madre del imputado; Folio 32, vuelto y 33) y M. S. R. (Folio 34), indican que entre el señor P. B. O. R. y P. J. R. G., existía enemistad, al punto que el fallecido en varias ocasiones había amenazado a P. B. O. R..- En el caso concreto de la testigo M. A. R. G., indica también que ella fue objeto de amenazas de parte del hijo del fallecido y de la viuda de éste. 6. Portación de armas por fallecido.- Además de lo indicado, ha resultado probado que el fallecido se encontraba armado con dos armas de fuego, en concreto un fusil 22 y una pistola Mágnum 44.- Tanto los testigos relacionados que pudieron observar el ataque ilícito del fallecido en contra del imputado, como los propios testigos de cargo N. J. R. M., L. A. y S. F., S. G., han afirmado que el señor P. J. R. G., se encontraba en posesión de dichos instrumentos, con lo cual la versión de la Legítima Defensa relacionada por el imputado y por los plurales testigos de descargo cobra relevancia, solidez y relación.- Pero además esa confirmación, es obtenida de los registros del Libro de Matrícula de Armas que a nivel de constancia y certificación fueron extendidos por el Juzgado de Policía Municipal y la Vocalía de Policía, respectivamente, de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho (Folios 10 y 11). 7. Razón del encuentro del imputado con el fallecido.- Pero además, se ha comprobado por el dicho de los testigos de descargo y la propia declaración del imputado que a él se le hizo necesario ir en busca de un toldo para contribuir a la faena que él y otras personas estaban realizando con unos granos de frijoles, por lo cual tomó el camino de dirección a sus casa, en el que se encontró con el fallecido P. J. R. G. y su hijo N. J. R. M., siendo atacado por el primero. Así las cosas, tal como se han acreditado en los numerales anteriores, resulta inaudito que la sentencia que hoy se recurre no haya efectuado esta obligada mención probatoria de todos los elementos de convicción referidos en esta petición de nulidad.- Y al no hacer la ponderación probatoria que se ha enunciado, no ha sido posible al Tribunal recurrido poder determinar que la declaración del imputado, tenía respaldo probatorio en el Dictamen Forense Exh. 09-08, y en las declaraciones de los testigos F. O., T. J. H., C. Z. M., C. H. Z. M., O. E. L. P., R. R. H., L. A. P., E. P., M. A. R. G. y M. S. R., con lo cual hubiese estimado, en aplicación de las reglas de la sana crítica, que existía una relación probatoria que confirmara su versión (al haber armonía y coherencia entre todos los medios de convicción), y que en consecuencia, en base al principio de DERIVACIÓN, esa versión al tener ese respaldo y relación probatoria afirmara que efectivamente P. B. O. R., actuó en legítima defensa. Y si esa confirmación no podía estimarse probada en el pensamiento de la Corte de Apelaciones, esa coherencia probatoria de descargo sí, por lo menos y de manera absoluta, le hubiera conducido a estimar la DUDA en cuanto a nivel de conocimiento, ya que ante la inconsistente y contradictoria prueba de cargo, frente a la solidez de los medios de prueba de la defensa, por lo menos, se hace entrever que el hecho consignado en la declaración del testigo de cargo N. J. R. M., no ha resultado acreditado (siendo esta una tarea de la acusación), y en consecuencia no es constitucional y legalmente posible el dictado de sentencia condenatoria. Es por ello, que lo que menos se puede asegurar desde el punto de vista probatorio, es la insuficiencia de prueba de cargo para quebrantar el Estado de Inocente de P. B. O. R., al no poderse extraer de todo el material probatorio la CERTEZA indispensable para legitimar la declaración de culpabilidad del imputado.- Y es por ello, que la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones, violenta los Art. 89 de la Constitución de la República, en relación con el Art. 361 del Código de Procedimientos Penales, y ante tal infracción se hace necesario para garantizar el respeto a los derechos fundamentales del imputado, y de la obtención de la seguridad jurídica a través del respeto al principio de legalidad (Art. 321 de la Constitución de la República), el dictado de Sentencia Absolutoria ante la evidente DUDA que genera el material probatorio analizado.- Por ello, en aras de la PROTECCIÓN JUDICIAL exigida por el Art. 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se solicita, de forma subsidiaria a la no observancia del único de motivo de casación interpuesto, se declare la nulidad de la sentencia de 26 de noviembre de 2008, por contravenir el ordenamiento jurídico.” RESULTA: Que mediante auto de fecha dieciocho de Marzo de dos mil nueve, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte del recurrente y se omitió el traslado de los autos al Fiscal del Tribunal. RESULTA: Que con citación de las partes se señaló la audiencia correspondiente para la celebración de la vista la cual se llevó a cabo sin la comparecencia de las partes. CONSIDERANDO: SOBRE EL MOTIVO DE CASACION: El recurrente argumenta que el tribunal Ad Quem ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba, que resulta de documento o acto auténtico que demuestra la equivocación del juzgador, no desvirtuada por otra prueba. Concretamente alude el recurrente a un error en la apreciación de la prueba consistente en el Dictamen de exhumación Número 09-08, emitido por el Médico Forense V. N. L. (folio 246) en relación con las DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS de cargo N. J. R. M., L. A. S. G. y S. F. S. G., y a la audiencia de RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS practicada. Reprocha el recurrente que el dictamen aludido, es un medio de prueba emitido por un funcionario público asignado al Laboratorio de Medicina Forense, profesional con experiencia y capacidad técnica, que se refiere a las lesiones y su ubicación encontradas en el cadáver del fallecido. El dictamen en mención alude a la existencia de dos lesiones, la primera, una fractura de entrada en hueso frontal izquierdo con fracturas radiadas múltiples, determinándose un trayecto de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, con fractura de salida en hueso occipital izquierdo; la segunda, en un trazo de fractura en la línea media de mandíbula con múltiples fracturas.- Agrega que en el mismo medio de prueba se indica que de conformidad al análisis balístico N.0403-2008-Bal, que examinó el revestimiento de bala recibida como indicio, su diámetro y morfología se corresponde con un proyectil de calibre 38/357. Esgrime el recurrente que estos datos técnicos-científicos, constituyen prueba indubitable que ponen al descubierto el vicio de la incorrecta valoración probatoria efectuada por el tribunal Ad Quem, que condujo a dar por probada la culpabilidad de P. B. O. R.. Asume que la sentencia recurrida da por acreditada la realización del delito por el acusado con las declaraciones del hijo del fallecido, N. J. R. M. y de los testigos L. A. S. G. y S. F. S. G., a pesar que dichas declaraciones no tienen respaldo probatorio en prueba científica objetivamente confiable. Asimismo, reprocha las contradicciones incurridas por el testigo N. J. R. M. en la diligencia de RECONSTRUCCION DE HECHOS, y que recaen sobre las circunstancias esenciales del hecho. Refiere asimismo las contradicciones internas puestas de manifiesto en el testimonio del señor S. F.; entre éste y el que vertiera el testigo N. J. R. M., así como también la falta de concordancia probatoria de estas declaraciones con el dictamen médico forense relacionado.- Reprocha que el Tribunal Ad Quem haya generado su conclusión con pruebas débiles y contradictorias, para generar la conclusión que P. B. O. R. ha ejecutado los hechos declarados como probados. Solicita asimismo, la NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA dictada por la Corte Tercera de Apelaciones ya que a su parecer violenta los artículos 89 de la Constitución de la República, en relación con el 361 del Código de Procedimientos Penales, en virtud de los cuales se exige garantizar el respeto a los derechos fundamentales del imputado, y la obtención de la seguridad jurídica a través del respeto al principio de legalidad (Art. 321 de la Constitución de la República), y el dictado de Sentencia Absolutoria ante la evidente DUDA que genera el material probatorio analizado.- Por ello, en aras de la PROTECCIÓN JUDICIAL exigida por el Art. 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, solicita de forma subsidiaria que se declare la nulidad de la sentencia impugnada. Esta Sala de lo Penal recuerda que para estimar el motivo previsto en el artículo 412 No. 2) del Código de Procedimientos Penales, es preciso que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se invoque error de hecho en la apreciación de las pruebas, con significación suficiente para modificar el sentido del fallo. 2.- Que dicho error se evidencie mediante la cita de un documento o acto auténtico, designando con precisión aquellos aspectos que se opongan a la resolución recurrida; 3.- Que el referido documento o acto auténtico se encuentre incorporado a la causa, lo que quiere decir que obre en ella, de tal manera que esta Sala pueda verificar lo mismo que hizo el Tribunal A Quo, 4) Que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada, desmentida o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa, lo que debe añadirse también el elemento denominado literosuficiencia, que comporta que el documento o acto auténtico citados basten por sí mismos, sin necesidad de acudir a otros elementos de menor rango o de ínfima eficacia probatoria, para evidenciar el error que se denuncia, y que con ellos se pretende demostrar. En este sentido, y particularmente en lo que al cuarto de los requisitos antes mencionados se refiere, podemos afirmar que para su concurrencia es necesaria la denominada “autarquía demostrativa del documento o acto auténtico”, que ha de serlo en dos planos: 1.- El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiencia, es decir, que no se precise la adición de otras pruebas para evidenciar el error, y 2) Que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa. Expuesto lo anterior debemos señalar que el Dictamen de exhumación 09-08, emitido por el Médico Forense V. N. L. (folio 247 del Proceso), constituye prueba documental, que aun cuando contiene información técnica sobre la exhumación de un cadáver, no constituye por si misma, una verdad inconmovible e indubitable, que haga patente o manifiesta la equivocación del juzgador; al contrario, el Tribunal de Segunda Instancia, precisamente se basa en dicha pericia para considerar más creíbles las declaraciones de los testigos de cargo frente a las que rindieran los testigos de la Defensa, puesto que los primeros son coincidentes en el dato o circunstancia de que los disparos fueron efectuados de arriba hacia abajo, y no como sugieren los segundos, al afirmar que los disparos fueron realizados por el encartado desde el suelo sobre el cual se habría extendido para defenderse de la agresión procedente del ahora fallecido (vid. Folios No. 26 vuelto y 27 de la segunda pieza de autos). En este sentido, el contenido del dictamen de exhumación aludido no hace patente o manifiesta la equivocación del Juzgador, que en forma conjunta y armoniosa ha valorado el mismo con el resto de otras pruebas incorporadas al proceso, y con ello formar su convicción, en observancia de las reglas de la sana crítica. En el presente caso el Juzgador ha expuesto, razonamientos lógicos y suficientes para estimar el valor probatorio del Dictamen de exhumación No. 09-08, emitido por el Médico Forense V. N. L. (folio 247) en relación con las declaraciones de los testigos de cargo N. J. R. M., L. A. S. G. y S. F. S. G., y a la audiencia de reconstrucción de hechos practicada. Por tal razón lo procedente es rechazar el motivo de casación invocado por el recurrente. El censor solicita por otro lado, que en caso de no prosperar el motivo de casación invocado, esta Sala de lo Penal de manera subsidiara se pronuncie declarando la nulidad de la sentencia impugnada, arguyendo que la Corte Tercera de Apelaciones al dictar un fallo condenatorio contra el encartado, ha vulnerado el principio-derecho a la presunción de inocencia que consagra el artículo 89 de la Constitución de la República y el principio del in dubio pro reo contenido en el artículo 361 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que no existe suficiente prueba de cargo para enervar o destruir tal estado de inocencia, de ahí que el Tribunal de Segunda Instancia debió dictar una sentencia absolutoria. Esta Sala de Penal recuerda, que el artículo 89 de la Constitución de la República establece que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2); significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su admisión y en su práctica, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. En el caso bajo juzgamiento, esta Sala no constata que los diferentes medios de prueba, tanto los aportados por el Ministerio Público, la Acusación Particular como la Defensa, hayan sido aportados y practicados con inobservancia de las normas procesales ni tampoco irrespetando derechos fundamentales. En cuanto al razonamiento externado por Tribunal de Instancia para concluir sobre la responsabilidad penal del acusado P. B. O. R., esta Sala no encuentra que éste sea contrario a la lógica, ni a las demás normas del correcto entendimiento humano, al señalar que del análisis conjunto de los elementos probatorios del proceso se concluye que los requisitos para apreciar la legítima defensa como causa de justificación no han sido acreditados fehacientemente y que en cambio las probanzas de cargo incorporadas al expediente judicial permiten más allá de toda duda razonable considerar que el imputado es responsable de la comisión del delito de homicidio simple que se le atribuye. Por las razones anteriormente expuestas, la nulidad subsidiaria pretendida por la Defensa del encartado, debe ser desestimada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 410, 412 numeral 2, 420 del Código de Procedimientos Penales, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, en su único motivo, y la nulidad subsidiaria, invocados por el recurrente en mención.- 2) Ordenando que se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó El Magistrado CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.-COORDINADOR.- C. DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil diez, certificación de la segunda sentencia de fecha once de mayo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal No.50=2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL