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Sentencia CP-43-09 — Registro 2538

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de facilitación de local para el trafico o consumo de marihuana

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."IV DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA.El impetrante señala como motivo de casación la infracción del artículo 90 (debido proceso) y 99 (inviolabilidad del domicilio) de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal; explicando en su opinión el sentido de la infracción. Esta sala de lo penal analizada la exposición del censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc… 2) El derecho al debido proceso supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a si mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, en ese sentido, la inviolabilidad de domicilio regulada en el artículo 99 de la misma carta magna, desde esa norma, posibilita la restricción de ese derecho en los supuestos ahí regulados remitiéndose a la ley para los casos de restricción del mismo, ahora bien, es el propio artículo 99 de la Constitución el que establece los dos casos en que puede hacerse un ingreso o registro a un domicilio, uno con el consentimiento de la persona que lo habita y el otro con autorización judicial; en el caso de autos, no cabe duda que tuvo lugar el ingreso y registro con el consentimiento del dueño de la morada, tal y como se demostró con el documento respectivo, mismo que en ningún momento fue cuestionado a efectos de argumentar algún vicio en el consentimiento ofrecido. 3) Si bien es cierto, el impetrante argumenta que debió convalidarse el registro, tal y como lo solicitó el Ministerio Público el día de la declaración de imputado, en aquel momento procesal el juez instructor estimó no necesaria la convalidación judicial en virtud de la autorización del dueño de la vivienda, resolución que esta sala estima correcta y que fue consentida por ambas partes. En relación a los argumentos del censor, relativos a la necesidad de contar con una orden de aprehensión del Ministerio Público y sobre la necesidad de observar el procedimiento del artículo 212 del Código Procesal penal, cabe hacer notar que la aprehensión del sospechoso es factible sin acudir a la orden previa del Ministerio Público, al amparo del artículo 175 del Código Procesal Penal pues en el caso de autos la detención de la imputada se da luego de encontrar indicios suficientes de su participación en el hecho delictivo; por otra parte, el allanamiento previsto en el artículo 177 supone la existencia previa de una orden de captura, pero en este caso el objeto del allanamiento es la captura no la búsqueda de evidencias, aún en este caso, se prevé el consentimiento del sospechoso como un medio para allanar la vivienda y el otro, la autorización judicial, sin embargo la parte final del párrafo segundo del artículo 212 del Código Procesal Penal, dispone que en lo demás se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República, reconociendo con ello un tratamiento particular para el ingreso o registro de la vivienda con consentimiento del que la habita, no destinado originalmente para darle captura sino para realizar un registro, en consecuencia, este Tribunal de Casación, no aprecia que se hallan infringido los artículos 90 y 99 de la 7 Constitución de la República en virtud de que la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio se vio limitada por una de las formas previstas y autorizadas por la propia Constitución, mas aún, por la propia voluntad del titular del derecho. Por las razones antes apuntadas, no procede el motivo de casación invocado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice:”EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.-LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil diez, por medio de la Sala de lo Penal, integrada por los señores Magistrados JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual CONDENO a la señora D. E. S. G., por el delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO O CONSUMO DE MARIHUANA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndole la pena de SEIS (06) AÑOS de reclusión, mas las penas Accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; Interpuso el Recurso de Casación el Abogado S. A. N. A., Defensor Público de la señora D. E.S. G. Son Partes: El Abogado S. A. N. A., Defensor Público de la señora D. E. S. G., como recurrente y el Abogado J. C. S. V., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como recurrido.-CONSIDERANDO.I.-El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-“HECHOS PROBADOS. PRIMERO: El día miércoles veinticinco de abril del año dos mil siete, Agentes de la Dirección de Investigación Criminal recibieron información sobre la distribución de droga en una casa ubicada en el Barrio Piedras Azules de esta Ciudad de Choluteca, desplazándose hacia el lugar a eso de las cinco de la tarde con treinta minutos. SEGUNDO: Una vez ubicada la casa, en la cual funcionaba una pulpería, los Agentes de Investigación al mando del Sub Inspector N. N., fuerón autorizados para el ingresó a la vivienda, por la Señora A.R. S.; una vez dentro de la casa de habitación, realizaron un registro encontrando en el cuarto identificado como número dos, una mochila de color negro, marca “Air Express”, que contenía dos envoltorios plásticos, una bolsa color anaranjada y una bolsa transparente dentro de la cual se encontró hierba seca. TERCERO: En el cuarto identificado con el número tres, donde habitaba la señora D. E. S. G., fue encontrada una balanza de metal y vidrio marca “ DETECTO” con capacidad para cuarenta libras y una envoltura plástica transparente conteniendo hierba seca, la cual era de su pertenencia, manteniéndola escondida en ese lugar. CUARTO: La hierba encontrada en el cuarto de la Señora D. E. S. G. resultó ser Marihuana con un peso de 84.4grs.” III.-El Recurrente Abogado S. A. N. A, Defensor Público de la señora D.E. S. G., desarrollo su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS PRIMER MOTIVO: INFRACCION AL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO. Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES. PRECEPTO AUTORIZANTE: EL PRESENTE MOTIVO DE CASACION SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL; artículo 90 de la Constitución de la República párrafo primero precepto infringido por Aplicación Indebida que textualmente dice: Artículo 90, párrafo (primero) de la Constitución de la República:“Nadie puede ser juzgada si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, Derechos y Garantías que la Ley establece”. El precepto constitucional de la Inviolabilidad del Domicilio que se establecen el Art. 99 que textualmente dice: El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o la propiedad. Exceptuando el caso de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad la Ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo. El precepto Procesal Penal que se refiere al artículo (uno) sobre el JUICIO PREVIO han sido infringido al iniciar un proceso que violentó las Normas Constitucionales y los tratados internacional suscritos por el estado de Honduras en perjuicio de mi patrocinado. PRIMERO: Se estableció en la sentencia como hecho probado que el día veinticinco de abril del año dos mil siete, agentes de la Dirección de Investigación Criminal recibieron información sobre la distribución de droga en una casa ubicada en el barrio de Piedras Azules de la ciudad de Choluteca en casa de la señora A.R.S. donde se realizo un allanamiento encontrándose supuestamente una bolsa transparente conteniendo supuestamente droga. El Tribunal alega haber valorado los hechos con la declaración de los Agentes de Investigación K. W. B. M., quien el subinspector N. N., le instruyó para que realizara el allanamiento en la casa ya escrita sin que determinara sobre quien debería dirigir dicha operación sin establecer el procedimiento a seguir. SEGUNDO: Tal como se puede establecer Juzgado A quo deja como hecho probado una acción realizada por la Policía Preventiva en conjunto con la Dirección General de Investigación D.G.I.C., sin establecer los parámetros legales que dicha acción conduciría a una clara violación al domicilio de la señora A. R. S.,(dueña de la casa),y de la señora D. E.S., con la declaración del testigo K. R. y la Agente de Investigación K. K. R. F., se pudo establecer que no llevaba la Orden de Detención Preventiva emitida por el Ministerio Público tal como lo establece en el artículo 176 párrafo segundo y tercero y los artículo 177 212 del CPP el cual se señala el consentimiento o la autorización previa orden por escrito del órgano Jurisdiccional Competente y en caso de urgencia ya por flagrancia fuga u ocultamiento de prueba el Ministerio Público mediante auto decretara allanamiento y designará el juez Ejecutor posteriormente informará al juez quien mediante Auto Motivado CONVALIDARA O ANULARA TOTAL O PARCIALMENTE LO ACTUADO. En el caso que nos ocupa el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca NO CONVALIDO LA SOLICITUD. Presentada por el Ministerio Público ver (folio 22,23) de dicho expediente y el artículo 212 párrafo segundo del C.P.P. TERCERO: Asimismo el Tribunal de Sentencia valora las actas de lectura de Derecho, Acta de Decomiso y de Autorización de manera formal sin entrar a los detalles en la cual se ve la ilegalidad con que se realizaron dichas actas: teniendo como referencias el ACTA DE LECTURA DE DERECHO en la cual se establece que no hay fecha y no esta firmada por ninguna de las partes; en el ACTA DE DECOMISO la hora en el cual se establece que se realizó el decomiso es contradictorio con el acta de de Lectura de Derecho cuya HORA es a las cinco y veinte P.M y la Acta de Decomiso es de cinco y quince P.M, lo que se logra establecer que fue primero el decomiso que el Actas de Lectura de Derecho violando el artículo 84 párrafo tercero Constitucional en la cual se establece: Que el imputado va hacer informado de sus derechos y de los hechos que se le acusa al momento de la captura. Con el ACTA DE ACTORIZACION al cual el tribunal de Sentencia le da todo el crédito deja evidenciar la poca credibilidad y su capacidad para valorar la prueba pues NO LLEGO A HACER RATIFICADA NI DESMENTIDA por la firmante. CUARTO: El Juicio espurio el cual fue sometida y condenada mi representada comenzó violando el principio de Inviolabilidad del Domicilio garantizado el articulo 99 de la Constitución de Republica con la consecuente incorporación de pruebas ilícitas al proceso tal como lo señala el articulo 93, 94, 200 del C.P.P. (Teoría del Arbol Envenenado) lo que conduce consecuentemente a esta honorable Corte Suprema de Justicia la restitución de todos los derechos a mi representada.” IV DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA.El impetrante señala como motivo de casación la infracción del artículo 90 (debido proceso) y 99 (inviolabilidad del domicilio) de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal; explicando en su opinión el sentido de la infracción. Esta sala de lo penal analizada la exposición del censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc… 2) El derecho al debido proceso supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a si mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado[1]. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, en ese sentido, la inviolabilidad de domicilio regulada en el artículo 99 de la misma carta magna, desde esa norma, posibilita la restricción de ese derecho en los supuestos ahí regulados remitiéndose a la ley para los casos de restricción del mismo, ahora bien, es el propio artículo 99 de la Constitución el que establece los dos casos en que puede hacerse un ingreso o registro a un domicilio, uno con el consentimiento de la persona que lo habita y el otro con autorización judicial; en el caso de autos, no cabe duda que tuvo lugar el ingreso y registro con el consentimiento del dueño de la morada, tal y como se demostró con el documento respectivo, mismo que en ningún momento fue cuestionado a efectos de argumentar algún vicio en el consentimiento ofrecido. 3) Si bien es cierto, el impetrante argumenta que debió convalidarse el registro, tal y como lo solicitó el Ministerio Público el día de la declaración de imputado, en aquel momento procesal el juez instructor estimó no necesaria la convalidación judicial en virtud de la autorización del dueño de la vivienda, resolución que esta sala estima correcta y que fue consentida por ambas partes. En relación a los argumentos del censor, relativos a la necesidad de contar con una orden de aprehensión del Ministerio Público y sobre la necesidad de observar el procedimiento del artículo 212 del Código Procesal penal, cabe hacer notar que la aprehensión del sospechoso es factible sin acudir a la orden previa del Ministerio Público, al amparo del artículo 175 del Código Procesal Penal pues en el caso de autos la detención de la imputada se da luego de encontrar indicios suficientes de su participación en el hecho delictivo; por otra parte, el allanamiento previsto en el artículo 177 supone la existencia previa de una orden de captura, pero en este caso el objeto del allanamiento es la captura no la búsqueda de evidencias, aún en este caso, se prevé el consentimiento del sospechoso como un medio para allanar la vivienda y el otro, la autorización judicial, sin embargo la parte final del párrafo segundo del artículo 212 del Código Procesal Penal, dispone que en lo demás se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República, reconociendo con ello un tratamiento particular para el ingreso o registro de la vivienda con consentimiento del que la habita, no destinado originalmente para darle captura sino para realizar un registro, en consecuencia, este Tribunal de Casación, no aprecia que se hallan infringido los artículos 90 y 99 de la

Constitución de la República en virtud de que la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio se vio limitada por una de las formas previstas y autorizadas por la propia

Constitución, mas aún, por la propia voluntad del titular del derecho. Por las razones antes apuntadas, no procede el motivo de casación invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90,99,303,304,313 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único interpuesto por el Abogado S. A. N.A., defensor de la señora D. E. S. G. Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMAS.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ,- Coordinador.-CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-SELLO Y FIRMA. LUCILA CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL.

Extendida, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a solicitud de la Abogada T. J. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.43-09.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 48 y49.