Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-354-08 — Registro 18251

Resumen

En primer instancia se condena a la imputada por el delito de cohecho, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

recurrente fundamenta su motivo de casación en el Artículo 362, numerales 2) y 3) del CCP. Argumenta que el juzgador no ha considerado prueba de valor decisivo y a la vez que las pruebas no fueron valoradas con arreglo a la sana crítica. Arguye que la fundamentación de que se vale el A Quo para descartar valor probatorio a la prueba de cargo, de valor decisivo, es inconsistente. Reprocha que el juzgador ha tenido por probado que: “el traslado concedido a ELIZABETH DEL CID QUINTERO, mediante Acuerdo número 1035 DEI-10-2004, emitido por de Educación de Intibucá, de de San marcos del Municipio de Colomoncagua Departamento de Intibucá a la aldea Las Marías del Municipio de Santa Lucía del mismo Departamento”; pero sin valorar los mecanismos de que se hizo valer la imputada para obtener dicho traslado. La recurrente dirige su ataque recursivo contra la valoración en juicio de la prueba siguiente: Testigos: 1.- EDY ONEYDA LEMUS CLAROS; 2.- NATAEL GÓMEZ PÉREZ; 3.- FELIPE CANTARERO REYES; 4.- JOSE LEONIDAS LARA RODRÍGUEZ; 5.- CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ MARTINEZ; 6.- LESLIE ZULEMA TREJO CARRANZA; Prueba documental: 1.- Constancia extendida por el Juzgado de Paz del municipio de Colomoncagua, por estimarla contradictoria; 2.- Constancia extendida por del Juzgado de Paz del municipio de Colomoncagua, por no concederle credibilidad; 3.- Constancia extendida por el Policía Felipe Cantarero Reyes, Jefe Municipal de Preventiva del mismo municipio, por no concederle credibilidad; 4.- Acta elaborada por la secretaría de Educación, sobre las tachaduras del Libro de Novedades de Preventiva del municipio de Colomoncagua, y los sobrepuestos para anotar la denuncia de la imputada, que no genera confianza; 5.- Acuerdo de traslado Numero 1035-DEI-10-2004, de la imputada a Marías del municipio de Santa Lucía Departamento de Intibucá, a la que el Juzgador da valor probatorio; 6.- Inspección al libro de entrada de Morazán, donde antes laboraba la imputada, realizada como prueba anticipada, a la que el A Quo no le da valor probatorio.- Reprocha asimismo el valor concedido por el Juzgador a la prueba de la defensa, concretamente a la declaración rendida por VÁSQUEZ DÍAZ, a la que no se le da valor probatorio. Refiere que el A Quo no valoró la prueba en su conjunto, pues estima que fue presentada prueba suficiente, sobre la inexistencia de los hechos denunciados por la imputada, que la única razón fue la de justificar su traslado y para obtener las constancias se hizo acompañar de personas con influencia. Concluye que el Juzgador erróneamente excluyó las pruebas antes referidas, y que no valoró la prueba en su conjunto, bajo las reglas de la sana crítica, para lo cual estima que para determinar el valor decisivo de la prueba debe de utilizarse el método denominado “supresión hipotética”. Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, la recurrente en su motivo único de casación, hace referencia a dos diferentes circunstancias que en forma separada deben dar lugar a dos motivos de casación por Quebrantamiento de forma. Por una parte, la recurrente alega que el sentenciador ha excluido prueba de valor decisorio, y por la otra, que en la valoración de la prueba el juzgador no ha observado las reglas de la sana crítica. La recurrente ha hecho uso de una defectuosa técnica recursiva, pues al plantear dos circunstancias en un motivo único de casación, torna su recurso confuso y falto de claridad y precisión. No obstante el defecto en que ha incurrido la recurrente, esta Sala aprecia, respecto a la primera circunstancia que invoca la recurrente, que se limita a hacer una exhaustiva ponderación de la prueba de cargo de testigos y documental, así como una valoración de la prueba de testigos de la defensa, pero que ha omitido indicar en forma clara y concreta las pruebas que el juzgador no ha admitido o las que ha excluido de ponderar para formar su conocimiento y convicción judicial. Esta Sala es del parecer que el Juzgador ha realizado una mínima fundamentación intelectiva de la prueba incorporada al juicio, pues ha expuesto razones lógicas y suficientes para dotarla o no de credibilidad y valor probatorio. Con respecto a la segunda circunstancia, esta Sala observa que la recurrente también ha omitido indicar en forma específica la regla o reglas de la sana crítica, de la lógica, la psicología y experiencia, que el juzgador ha dejado de aplicar en la valoración de la prueba del juicio. Es decir, que la recurrente no ha establecido expresamente las reglas del correcto entendimiento humano que a su entender han sido infringidas por el juzgador, o de que forma el juzgador se ha apartado de dichas reglas. Por otro lado viene al caso recordar que durante el transcurso del proceso, el Ministerio Público ha venido formulando contra la imputada DORIS ELIZABETH DEL CID QUINTERO, la hipótesis acusatoria que apunta a la comisión de un delito de “cohecho”, en una calificación alternativa que se describe en los artículos 369-A y 369-B del Código Penal. En este sentido, el objeto de la acusación ha sido la presunta realización de alguno de los tipos penales antes enunciados por la encartada DORIS ELIZABETH DEL CID QUINTERO. Sobre tales figuras delictivas es importante destacar, que aunque sistemáticamente se encuentren ubicadas en el Capítulo V, del Título XIII, Libro Segundo del Código Penal, no se corresponden con ninguna de las modalidades de lo que doctrinariamente se considera un delito de cohecho, sino con la figura del denominado “tráfico de influencias”. Un ejercicio de Derecho comparado, de la mano del jurista español, Don Francisco Muñoz Conde, nos permite conocer que los artículos 369-A y 369-B de nuestro Código Penal, se corresponden, salvo con algunas diferencias irrelevantes de estilo, con los artículos 428 y 429 del código penal español, respectivamente. Sobre estas figuras, el mencionado penalista expresa lo siguiente: “común a ambos tipos es la conducta típica “influyere”. Es decir, en ambos casos se trata de sancionar a que alguien pueda incidir a adoptar una decisión en un asunto relativo a su cargo. Pero en ningún caso constituye el tipo la simple influencia sin más. No se trata de penalizar la recomendación, una práctica por lo demás habitual y que, por inmoral y rechazable que parezca no afecta directamente, o no tiene por qué afectar a la decisión que se adopte. Lo que los artículos 428 y 429 sancionan es el “influir” “prevaliéndose”, es decir, y éste es…el elemento más importante, abusando de una situación de superioridad originada por cualquier causa. En el caso de que el sujeto activo de esa influencia sea un funcionario o autoridad, el prevalimiento se puede derivar del propio cargo que ejerce: superioridad en el orden jerárquico o político respecto al funcionario o autoridad sobre el que influye. Pero tanto en el caso del funcionario o autoridad, como especialmente en el del particular puede ser suficiente que el prevalimiento se derive de la relación personal con el funcionario o autoridad sobre el que se influye. En este caso el tipo se amplía..comprendiendo relaciones de carácter familiar, afectivas o amistosas…Sin embargo, debe procederse a una interpretación restrictiva del concepto de influencia, basándose para ello en el “prevalimiento” que en ambos artículos se exige como elemento diferenciador entre la simple influencia atípica, de la influencia constitutiva de delito. Se trata de un verdadero ataque a la libertad del funcionario o autoridad que tiene que adoptar, en el ejercicio de su cargo, una decisión, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, lo que supone un factor de incremento del riesgo de desviación de la función pública. Son pues, delitos de estructura parecida a las coacciones o amenazas sin llegar al grado de constreñimiento físico o psíquico que estos delitos exigen. Salvando las distancias se trata de supuestos parecidos a los abusos contra la libertad sexual basándose en el prevalimiento, acoso sexual, ataques a la libertad sexual por funcionario o autoridad, y a los de la agravante de abuso de superioridad,…aunque las relaciones personales a que aluden los artículos 428 y 429 son más sutiles y difíciles de probar…El tipo objetivo se da ya con la conducta de influencia aunque no se consiga efectivamente una resolución. …La expresión “directa o indirectamente” alude a la forma en que el sujeto consigue el beneficio, bien a título personal a través de una persona interpuesta, o través del “efecto rebote” de la decisión que adopte el funcionario o autoridad influida..” (vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 986-989). Sentado lo anterior podemos afirmar, que los alegatos de la recurrente no son convincentes en orden a tener por acreditados los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales por los cuales se acusa a la imputada, pues no se derivan de las pruebas evacuadas cual ha sido la situación de prevalimiento que ejercida por la acusada DORIS ELIZABETH QUINTERO ha incidido en una relación de causa- efecto en ánimo del funcionario o funcionarios educativos, para conseguir la resolución administrativa mediante la cual se le otorgó un traslado; de ahí que por todas las razones anteriormente expuestas, de lo Penal declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

recurrente fundamenta su motivo de casación en el Artículo 362, numerales 2) y 3) del CCP. Argumenta que el juzgador no ha considerado prueba de valor decisivo y a la vez que las pruebas no fueron valoradas con arreglo a la sana crítica. Arguye que la fundamentación de que se vale el A Quo para descartar valor probatorio a la prueba de cargo, de valor decisivo, es inconsistente. Reprocha que el juzgador ha tenido por probado que: “el traslado concedido a ELIZABETH DEL CID QUINTERO, mediante Acuerdo número 1035 DEI-10-2004, emitido por de Educación de Intibucá, de de San marcos del Municipio de Colomoncagua Departamento de Intibucá a la aldea Las Marías del Municipio de Santa Lucía del mismo Departamento”; pero sin valorar los mecanismos de que se hizo valer la imputada para obtener dicho traslado. La recurrente dirige su ataque recursivo contra la valoración en juicio de la prueba siguiente: Testigos: 1.- EDY ONEYDA LEMUS CLAROS; 2.- NATAEL GÓMEZ PÉREZ; 3.- FELIPE CANTARERO REYES; 4.- JOSE LEONIDAS LARA RODRÍGUEZ; 5.- CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ MARTINEZ; 6.- LESLIE ZULEMA TREJO CARRANZA; Prueba documental: 1.- Constancia extendida por el Juzgado de Paz del municipio de Colomoncagua, por estimarla contradictoria; 2.- Constancia extendida por del Juzgado de Paz del municipio de Colomoncagua, por no concederle credibilidad; 3.- Constancia extendida por el Policía Felipe Cantarero Reyes, Jefe Municipal de Preventiva del mismo municipio, por no concederle credibilidad; 4.- Acta elaborada por la secretaría de Educación, sobre las tachaduras del Libro de Novedades de Preventiva del municipio de Colomoncagua, y los sobrepuestos para anotar la denuncia de la imputada, que no genera confianza; 5.- Acuerdo de traslado Numero 1035-DEI-10-2004, de la imputada a Marías del municipio de Santa Lucía Departamento de Intibucá, a la que el Juzgador da valor probatorio; 6.- Inspección al libro de entrada de Morazán, donde antes laboraba la imputada, realizada como prueba anticipada, a la que el A Quo no le da valor probatorio.- Reprocha asimismo el valor concedido por el Juzgador a la prueba de la defensa, concretamente a la declaración rendida por VÁSQUEZ DÍAZ, a la que no se le da valor probatorio. Refiere que el A Quo no valoró la prueba en su conjunto, pues estima que fue presentada prueba suficiente, sobre la inexistencia de los hechos denunciados por la imputada, que la única razón fue la de justificar su traslado y para obtener las constancias se hizo acompañar de personas con influencia. Concluye que el Juzgador erróneamente excluyó las pruebas antes referidas, y que no valoró la prueba en su conjunto, bajo las reglas de la sana crítica, para lo cual estima que para determinar el valor decisivo de la prueba debe de utilizarse el método denominado “supresión hipotética”. Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, la recurrente en su motivo único de casación, hace referencia a dos diferentes circunstancias que en forma separada deben dar lugar a dos motivos de casación por Quebrantamiento de forma. Por una parte, la recurrente alega que el sentenciador ha excluido prueba de valor decisorio, y por la otra, que en la valoración de la prueba el juzgador no ha observado las reglas de la sana crítica. La recurrente ha hecho uso de una defectuosa técnica recursiva, pues al plantear dos circunstancias en un motivo único de casación, torna su recurso confuso y falto de claridad y precisión. No obstante el defecto en que ha incurrido la recurrente, esta Sala aprecia, respecto a la primera circunstancia que invoca la recurrente, que se limita a hacer una exhaustiva ponderación de la prueba de cargo de testigos y documental, así como una valoración de la prueba de testigos de la defensa, pero que ha omitido indicar en forma clara y concreta las pruebas que el juzgador no ha admitido o las que ha excluido de ponderar para formar su conocimiento y convicción judicial. Esta Sala es del parecer que el Juzgador ha realizado una mínima fundamentación intelectiva de la prueba incorporada al juicio, pues ha expuesto razones lógicas y suficientes para dotarla o no de credibilidad y valor probatorio. Con respecto a la segunda circunstancia, esta Sala observa que la recurrente también ha omitido indicar en forma específica la regla o reglas de la sana crítica, de la lógica, la psicología y experiencia, que el juzgador ha dejado de aplicar en la valoración de la prueba del juicio. Es decir, que la recurrente no ha establecido expresamente las reglas del correcto entendimiento humano que a su entender han sido infringidas por el juzgador, o de que forma el juzgador se ha apartado de dichas reglas. Por otro lado viene al caso recordar que durante el transcurso del proceso, el Ministerio Público ha venido formulando contra la imputada DORIS ELIZABETH DEL CID QUINTERO, la hipótesis acusatoria que apunta a la comisión de un delito de “cohecho”, en una calificación alternativa que se describe en los artículos 369-A y 369-B del Código Penal. En este sentido, el objeto de la acusación ha sido la presunta realización de alguno de los tipos penales antes enunciados por la encartada DORIS ELIZABETH DEL CID QUINTERO. Sobre tales figuras delictivas es importante destacar, que aunque sistemáticamente se encuentren ubicadas en el Capítulo V, del Título XIII, Libro Segundo del Código Penal, no se corresponden con ninguna de las modalidades de lo que doctrinariamente se considera un delito de cohecho, sino con la figura del denominado “tráfico de influencias”. Un ejercicio de Derecho comparado, de la mano del jurista español, Don Francisco Muñoz Conde, nos permite conocer que los artículos 369-A y 369-B de nuestro Código Penal, se corresponden, salvo con algunas diferencias irrelevantes de estilo, con los artículos 428 y 429 del código penal español, respectivamente. Sobre estas figuras, el mencionado penalista expresa lo siguiente: “común a ambos tipos es la conducta típica “influyere”. Es decir, en ambos casos se trata de sancionar a que alguien pueda incidir a adoptar una decisión en un asunto relativo a su cargo. Pero en ningún caso constituye el tipo la simple influencia sin más. No se trata de penalizar la recomendación, una práctica por lo demás habitual y que, por inmoral y rechazable que parezca no afecta directamente, o no tiene por qué afectar a la decisión que se adopte. Lo que los artículos 428 y 429 sancionan es el “influir” “prevaliéndose”, es decir, y éste es…el elemento más importante, abusando de una situación de superioridad originada por cualquier causa. En el caso de que el sujeto activo de esa influencia sea un funcionario o autoridad, el prevalimiento se puede derivar del propio cargo que ejerce: superioridad en el orden jerárquico o político respecto al funcionario o autoridad sobre el que influye. Pero tanto en el caso del funcionario o autoridad, como especialmente en el del particular puede ser suficiente que el prevalimiento se derive de la relación personal con el funcionario o autoridad sobre el que se influye. En este caso el tipo se amplía..comprendiendo relaciones de carácter familiar, afectivas o amistosas…Sin embargo, debe procederse a una interpretación restrictiva del concepto de influencia, basándose para ello en el “prevalimiento” que en ambos artículos se exige como elemento diferenciador entre la simple influencia atípica, de la influencia constitutiva de delito. Se trata de un verdadero ataque a la libertad del funcionario o autoridad que tiene que adoptar, en el ejercicio de su cargo, una decisión, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, lo que supone un factor de incremento del riesgo de desviación de la función pública. Son pues, delitos de estructura parecida a las coacciones o amenazas sin llegar al grado de constreñimiento físico o psíquico que estos delitos exigen. Salvando las distancias se trata de supuestos parecidos a los abusos contra la libertad sexual basándose en el prevalimiento, acoso sexual, ataques a la libertad sexual por funcionario o autoridad, y a los de la agravante de abuso de superioridad,…aunque las relaciones personales a que aluden los artículos 428 y 429 son más sutiles y difíciles de probar…El tipo objetivo se da ya con la conducta de influencia aunque no se consiga efectivamente una resolución. …La expresión “directa o indirectamente” alude a la forma en que el sujeto consigue el beneficio, bien a título personal a través de una persona interpuesta, o través del “efecto rebote” de la decisión que adopte el funcionario o autoridad influida..” (vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 986-989). Sentado lo anterior podemos afirmar, que los alegatos de la recurrente no son convincentes en orden a tener por acreditados los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales por los cuales se acusa a la imputada, pues no se derivan de las pruebas evacuadas cual ha sido la situación de prevalimiento que ejercida por la acusada DORIS ELIZABETH QUINTERO ha incidido en una relación de causa- efecto en ánimo del funcionario o funcionarios educativos, para conseguir la resolución administrativa mediante la cual se le otorgó un traslado; de ahí que por todas las razones anteriormente expuestas, de lo Penal declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el ocho de febrero de dos mil diez, por medio de , integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLLO en su calidad de Coordinador por Ley, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual absolvió de toda responsabilidad penal a la señora DORIS ELIZABETH DEL CID QUINTERO, mayor de edad, soltera, Maestra de Educación Primaria, hondureña, y con domicilio en Santa Lucía, Departamento de Intibucá, por el delito de COHECHO, en perjuicio de Interpuso el Recurso de Casación, ARGENTINA ARGUETA SILVA, mayor de edad, hondureña y con domicilio en , Departamento de Intíbuca, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: El Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y LILIANA SARAVIA defensora pública de la acusada señora DORIS ELIZABETH DEL CID, como parte recurrida. HECHO PROBADO: Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público, de acuerdo con los criterios de la sana crítica, lógica y sentido común, este Tribunal de Sentencia declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “UNICO: Que mediante Acuerdo No. 1035 DEI-10-2004 de fecha 14 de septiembre del 2004, de de Educación de Intibucá, la profesora DORIS ELIZABETH DEL CID QUINTERO, a petición personal y por razones de seguridad, fue trasladada en forma permanente del cargo de docente de Morazán, de de San Marcos, Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá, al cargo de Sub Directora de Mejía Arellano de Marías del Municipio de Santa Lucía, Departamento de Intibucá.” CONSIDERANDO I.- de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El recurrente desarrolló su recurso de casación la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 y 3 del CCP. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido: “Artículo 362 numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal. Por no haber considerado prueba de valor decisivo y Las pruebas no fueron valoradas con arreglo a la sana crítica. La fundamentación de la que se vale el Tribunal para descartar ésta prueba de cargo de valor decisivo, es inconsistente, podemos señalar entre ésos fundamentos, los siguientes: Que el Tribunal de Sentencia estima como probado el traslado que se le cedió a ELIZABETH DEL CID QUINTERO mediante Acuerdo número 1035 DEI-10-2004, emitido por de Educación de Intibucá, de de San Marcos del Municipio de Colomoncagua Departamento de Intibucá a la aldea Las Marías del Municipio de Santa Lucía del mismo Departamento; sin embargo no valora los medios de que se hizo valer la imputada para obtener este beneficio de traslado. Por lo que primeramente haremos relación a la valoración de la prueba evacuada durante la audiencia de juicio oral y público: TESTIGO NO. 1.-EDY ONEYDA LEMUS CLAROS, mayor de edad, reside en el municipio de Santa Lucía del Departamento de Intibucá, debidamente identificada con Cédula No. 1015-1974-00127, casada y Licenciada en Educación Básica, quien juramentada y advertida de las consecuencias legales de sus actos si falta a la verdad e interrogado sobre sus antecedentes, relaciones con las partes y demás circunstancias que sea conveniente conocer para valorar su testimonio, quien manifestó que conoce a la imputada, y en su declaración hace alusión a los hechos que se investigan, declaración que el tribunal no le da la credibilidad que merece; por el hecho de haber sido ella, persona interesada y quien inicio un proceso de investigación en lo concerniente a la forma como la imputada logró su traslado a la plaza que esta también tenía interés y había solicitado, quien al conocer que le había violentado su derecho de acceder a dicha plaza, porque le fue dada a otra persona; la lógica nos indica que cualquier persona en su caso investiga cuales fueron las razones por las que no tuvo la opción de la plaza, no se trata de una pugna profesional, como lo hace ver el Tribunal de Sentencias, para llegar a tal conclusión, es claro que no se aplicó al caso las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia; y asimismo el tribunal estima que las constancias a la que se refiere la testigo reúnen las características de validez y legalidad, solamente porque fueron extendidas por autoridad competente y porque no se probó que hayan sido extendidas mediando vínculo con la solicitante; sin embargo se acreditó en forma fehaciente las alteraciones encontradas en el libro de novedades de del Municipio de Colomoncagua, como otros medios de prueba que fueron evacuados durante el juicio y de los cuales se hará referencia más adelante, con los cuales se desvirtúa la validez de las constancias en comento. Misma percepción tiene el Tribunal de Sentencia con la declaración del testigo No. 2.- NATAEL GÓMEZ PÉREZ, debidamente identificado por el tribunal. TESTIGO NO. 3.- FELIPE CANTARERO REYES, Policía actualmente asignado a de policía de Colomoncagua, quien declaró que sólo los policías asignados a dicha jefatura son los que tienen acceso a los libros que se llevan en dichas oficinas y además menciona que unas personas fueron a revisar el libro de novedades y que vieron las alteraciones en dichos libros, y que le tomaron fotos, con esto se acredita que el libro no han sido alterados por persona alguna y que las alteraciones encontradas fueron hechas por personal de la policía preventiva para acreditar que la imputada fue objeto de un asalto; el Tribunal estima que el testigo no aporta información importante para el presente juicio, porque no toma en cuenta el hecho de que solo los policías tienen acceso a los libros de registro, quien entonces alteró los libros para favorecer a la imputada, cuando es claro el testigo al decir que las personas interesadas le tomaron fotos, ¿porqué lo hicieron?, él no manifiesta en ningún momento que estos hayan hecho alteraciones, el establece con claridad los libros ya estaban alterados, cuando estos llegaron. TESTIGO No. 4.- JOSE LEONIDAS LARA RODRÍGUEZ, quien anteriormente era el encargado de de policía de Colomoncagua y declara lo siguiente: Que no le consta si la imputada fue objeto de asalto, pero que cuando fue jefe de de Colomoncagua le extendió la constancia como un favor porque se hacía acompañar de los Alcaldes de los municipio de Colomoncagua y de Santa Lucía, el Tribunal estima que con el testigo no se ha acreditado el vínculo o compromiso personal con los alcaldes y menos que hayan influido para que extendieran las constancias, cuando el testigo es claro que le hizo un favor a la imputada, porque iba acompañada de los alcaldes, no es eso acaso influencias política, la lógica nos indica que los alcaldes municipales son líderes en sus lugares, en consecuencia su presencia implica influencia, porque si la denuncia hubiera sido cierta, en primer lugar no se necesita alterar libros, ni mucho menos la presencia de alcaldes para obtener una constancia; Sin embargo el Tribunal desestima esta prueba, cuando el testigo es claro al manifestar las razones del porque le entregó la constancias y además de la misma constancia que el testigo le otorgó en calidad de Jefe Municipal, constancia de la cual más adelante se hará referencia en forma concreta a efecto de respaldar su dicho. TESTIGO No. 5 CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ MARTINEZ, quien es Juez de Paz del municipio de Colomoncagua, y es claro que optó por darle la constancia porque le enseñó la denuncia de la policía, recibió la denuncia en un campo de fútbol y no en sus oficinas y que al momento de solicitarla se hizo acompañar del presidente del comité del partido nacional, incluso manifiesta que había conciliado con la parte ofendida por que actuó de buena fe; el Tribunal aduce que la constancia reviste de legalidad porque en el juzgado de Paz del cual es testigo es titular no llevan libro de registro de denuncias, como el Tribunal le da valor probatorio a una constancia extendida por el referido testigo en su calidad de Juez de Paz, cuando ha manifestado que cuando acudieron a él se hicieron acompañar por un líder de un partido político, a quien se señala con nombre y apellido, no es eso acaso influencias políticas?, basta con aplicar las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia para concluir que la constancia fue producto de influencias políticas. TESTIGO No. 6 LESLIE ZULEMA TREJO CARRANZA, quien es secretaria del Juzgado de Paz del municipio de Colomoncagua departamento de Intibucá, dicha testigo manifestó que en ese Juzgado de Paz; en la fecha de la denuncia no se llevaba un libro de control de denuncias recibidas, pero que sin embargo a solicitud de los interesados, revisaron los libros para saber sí encontraban algo y no encontraron nada, y que la constancia se la solicitó el Abogado José Santos Ortiz, (acusador privado en la presente causa) y que se la dictó y que se la firmó, el tribunal no le da valor probatorio por el hecho de no llevar un libro de registro en el referido Juzgado, entonces porque le da valor probatorio a la extendida por el Juez de Paz, cuando están en igualdad de condiciones, asimismo considera el hecho de que un profesional del derecho se la dictó a su conveniencia, sí bien es cierto el Abogado pudo haberle dictado el contenido, éste no la obligó a firmarla, es decir que su contenido es cierto, sin importar quien o quienes se la hayan dictado, no es acaso la secretaria de ese Juzgado de Paz, un Ministro de Fe Publica, de acuerdo a de Organizaciones y atribuciones de los Tribunales, articulo 218 de ); porque dudar de la constancia, cuando su contenido es cierto, ya que su contenido nunca fue desvirtuado; (es mas su contenido fue respaldada por lo dicho por el titular de dicho Juzgado). EN RELACION A 1. La valoración de la constancia extendida por el Juzgado de Paz del municipio de Colomoncagua, entra en contradicción, en cuanto a la declaración del testigo CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ MARTINEZ ya que en esta fase el tribunal determina que dicho documento de alguna manera genera desconfianza o malicia por parte del funcionario, ya que no consta un libro de registro de denuncias y anteriormente cuando en la sentencia se hizo relación a la declaración del testigo, establecieron que la constancia a juicio del Tribunal reviste los requisitos de legalidad y validez; agregado el hecho las razones por las que extendió la misma, para llegar a tal conclusión es necesario revisar la declaración del testigo; es preciso que se considere la contradicción al efectuar la valoración de los medios de prueba, a la cual ha faltado que sean valoradas bajo las reglas de la sana crítica por parte del tribunal de sentencia. a valoración de la constancia extendida por del Juzgado de Paz del municipio de Colomoncagua, el Tribunal no le da credibilidad por el hecho de haberla solicitado el litigante privado quien es acusador privado en la presente causa, y porque consideran que tiene interés en el juicio, en clara violación al derecho de defensa que también tiene la parte ofendida, y en clara violación a las normas procesales en cuanto al artículo 199 del Código Procesal penal ya establece cuales son los medios de prueba permitidos y serán aquellos que sean objetivamente confiables y que sean útiles y pertinentes, en al caso que nos ocupa, el tribunal considera a la persona que las solicitó, no el contenido de las mismas, que en definitiva es lo que interesa, asimismo el hecho de que haya sido solicitada por la parte acusadora no altera el contenido, pues constitucionalmente se reconoce el derecho de petición, (art 80), por lo que se valoró la prueba por criterios alejados de los principios de la sana crítica; y asimismo tampoco se considera la condición de Ministro de Fe Publica con la que actúa de un Juzgado de Paz, por lo que NO debe dejarse de valorar este medio de prueba. 3. La valoración de la constancia extendida por el Policía Felipe Cantarero Reyes en su condición de Jefe Municipal de preventiva del mismo municipio; no se les da credibilidad por las mismas rezones que desvaloran la constancia emitida por la secretaria del Juzgado de Paz del mismo municipio, y que deberán considerarse las condiciones planteadas en el numeral anterior, además es importante señalar que el artículo 336 del Código de Procesal Penal, establece que la pruebas deberá valorarse en su conjunto no en forma aislada, por lo que para valorar esta prueba debió también analizarse la inspección la cual se introdujo por lectura al debate, de la cual se hará referencia en el numeral siguiente; en la cual son evidentes las alteraciones realizadas en el libro de novedades de para justificar la denuncia interpuesta por la imputada. 4. En cuanto al acta elaborada por de Educación, en la cual se acredita las tachaduras del Libro de Novedades de Preventiva del municipio de Colomoncagua, y los sobrepuestos para anotar la denuncia de la imputada, manifiestan los juzgadores que no genera confianza, por las referidas enmiendas y que solo pudieron hacerlas personas que tienen acceso a los libros de denuncias; entonces porque le dan credibilidad a la constancia extendida por el Policía Clase 1 JOSE LEONIDAS LARA, además señalan que no es vinculante con la imputada por no haberse probado EL TRIBUNAL NO DETERMINA A QUIEN SE REFIERE, lo que se pretendió probar con la referida acta son las alteraciones encontradas en el libro de denuncias, las cuales fueron hechas por agentes de la policía, ya que el mismo tribunal estima que solo la pudieron haber hecho por personas que tienen acceso a los libros, jamás se argumentó que la imputada haya tomado los libros para hacer las referidas alteraciones. Por lo que igual en las pruebas anteriores no hubo una sana crítica al momento de realizar la valoración de la prueba y tampoco se hizo de toda la prueba es su conjunto. 5. Acuerdo de traslado Numero 1035-DEI-10-2004, con la cual se acreditó el traslado de la imputada a Marías del municipio de Santa Lucía Departamento de Intibucá, a esta prueba el tribunal le da valor probatorio, sin considerar los motivos que justifican su traslado permanente, que fue de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 numeral 1 del Reglamento de Estatuto del Docente Hondureño, que literalmente establece: Art. 110….. 1)A petición del docente: en este caso su solicitud será atendida en el siguiente orden de prioridad: por motivos de seguridad personal, enfermedad y para resolver problemas de integración familiar, todos debidamente justificados”; y expresan los Juzgadores “que el traslado el fue otorgado por la presentación de documentos legalmente extendidos sin que entrañe fraude de ley”; otra clara evidencia de que no se valoró toda la prueba en su conjunto y además una clara contradicción al momento de valorar las pruebas, como es que en algunos acápites de la presente sentencia no le dan credibilidad a las constancias y ahora los mismos juzgadores las consideran como válidas. En este apartado en particular habrá que señalar que este es el traslado que la imputada obtuvo mediante la presentación de las constancias cuestionadas y que fue el beneficio directo que obtuvo como consecuencia de que mediante influencias de índole político adquirió y que le fueron admitidas para lograr su traslado. la inspección practicada en el libro de entrada a Morazán, lugar donde antes laboraba la imputada, al que fue realizada como prueba anticipada por el Juzgado de instrucción, el tribunal no le da el debido valor probatorio, porque aduce que no se acredito en autos para donde iba la imputada, “no considerando nuevamente TODA la prueba en su conjunto” ya que tal hecho ha sido acreditado mediante prueba documental y asimismo con la testigo propuesta por la parte defensora la profesora ERMELINDA VÁSQUEZ DÍAZ, quien manifestó que la imputada ese día 21 de octubre, llegó nerviosa y contando la historia del supuesto asalto, y se acredita que la fecha que supuestamente sucedió el referido asalto era feriado y los maestros no fueron a laborar; ¿Como es posible que no se le dé valor probatorio a esta prueba, si es pertinente, confiable y además es importante para valorar la credibilidad de los testigos y de las mismas constancias con las cuales la imputada logró su traslado a otro centro educativo. En cuanto a la prueba propuesta por la defensa, es importante resaltar la declaración de VÁSQUEZ DÍAZ, a quien no se le dio valor probatorio, porque aducen que los hechos denunciados no fueron objeto de juicio y que los mismos no han sido constatados por autoridad competente, NO SE VALORÓ SU CONJUNTO, como es posible que el tribunal señale que los hechos no han sido constatados por autoridad competente, sí se le ha ilustrado al mismo tribunal mediante prueba suficiente, la inexistencia de los hechos denunciados por la imputada, y que la única razón fue de justificar su traslado y para tal fin se hizo acompañar de personas con influencia para obtener las referidas constancias. En el caso que nos ocupa el Tribunal, erróneamente excluyó la prueba antes referida, tampoco valoró la prueba en su conjunto ni bajo las reglas de la sana crítica, como así lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Para el tribunal, en su fundamentación jurídica hace una relación a los elemento que constituyen el delito de COHECHO, establecido en los artículos 369A y 369 B. entre ellos: 1.- En que condición actúa la imputada, si como particular o como Servidora Publica por su condición de Maestra en servicio, ahora la pregunta es ¿varía el hecho de la calidad con que actúa la imputada, cuando el Ministerio Publico al momento de formalizar acusación lo hizo tanto por el artículo y 369 b? cuando las consecuencias son las mismas; 2.- El beneficio que obtiene es económico o de cualquier otra naturaleza, al analizar este apartado el Tribunal hace referencia a testigos propuestos por el ente acusador que no sabían los beneficios obtenidos, porque?, para tal valoración hace relación de dichos testigos, que no sabían los beneficios, Cuando se probó en juicio las intenciones de la imputada de buscar su traslado a otro centro educativo y el cual logró, extremo acreditado mediante prueba documental, ¿no es este acaso un beneficio?, la ley es clara, el beneficio no solo puede ser de naturaleza económica, porque desconocen el traslado efectuado acreditado fehacientemente y las razones que justifican el mismo y asimismo como obtuvo las constancias que acreditaban las razones de su traslado. 3.- La influencia utilizada, como dudar si hubo influencia, cuando los testigos que otorgaron la constancias referidas, han sido claros al manifestar uno de ellos que fue un favor y de que, ante tales autoridades se hicieron acompañar de líderes políticos y funcionarios tales como alcaldes, ¿no es eso, influencia? En ese sentido resulta de trascendencia indicar, que la teoría sostenida por la doctrina actualmente, la determinación del valor de la prueba por medio del método denominado “supresión hipotética”… que su invalidez afecte de manera fundamental a la verdad; Sí mentalmente se le suprimiese las conclusiones hubieran distintas y a contrario sensu no será de valor decisivo la que suprimida mentalmente no afecta la resolución impugnada y que su sustento sea independiente. Con las razones legales antes expuestas se concluye, que el valor decisivo de esta prueba testifical, como documental que no ha sido debidamente valorada, cuando se le excluye mentalmente surge la duda de que sí en realidad las constancias hubieran sido extendidas legalmente, no habrían medios de prueba para debatirlas en juicio y por otra parte habrá de preguntarse; ¿hubiera adquirido las constancias sin la presencia de los líderes que la acompañaron?, ¿Hubiera conseguido el traslado sin el uso de tales constancias? Obtuvo el beneficio que perseguía?, ¿acredito la maestra los hechos argumentados para conseguir las constancias?, entre otras. El Ministerio Publico, considera necesario hacer resaltar tanto la valoración probatoria intelectiva que el Tribunal sentenciador a calificado como que no merecen credibilidad, con la cual incurrió en violación a la valoración de la prueba bajo las reglas de la sana crítica, ya que los testigos de la prueba documental han sido contundentes, sin embargo, les resta credibilidad por circunstancias que en el desarrollo de la valoración de la prueba entran en clara contradicción. Si nos remitimos a la referencia o lo dicho por los testigos, en este sentido, encontraremos que “… Todo problema de violación al correcto entendimiento humano, teniendo como fundamento las reglas de la experiencia, la psicología y la lógica y las reglas del conocimiento que un hombre común tiene sobre una cosa determinada, para lo cual debe partirse de la condición de hombre no de juzgador, por lo que el límite de estas son los técnicos especializados” especialmente cuando juzga la declaración de los testigos EDY ONEYDA LEMUS CLAROS, NATAEL GÓMEZ, PÉREZ, la actuación de la secretaria del juzgado, la del apoderado acusador, entre otros medios de prueba.- el juzgador por tanto, debió considerar toda la prueba en su conjunto y no en forma aislada como se hizo en el presente caso.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, FUNDADO EN HABER EXCLUIDO EL SENTENCIADOR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN recurrente fundamenta su motivo de casación en el Artículo 362, numerales 2) y 3) del CCP. Argumenta que el juzgador no ha considerado prueba de valor decisivo y a la vez que las pruebas no fueron valoradas con arreglo a la sana crítica. Arguye que la fundamentación de que se vale el A Quo para descartar valor probatorio a la prueba de cargo, de valor decisivo, es inconsistente. Reprocha que el juzgador ha tenido por probado que: “el traslado concedido a ELIZABETH DEL CID QUINTERO, mediante Acuerdo número 1035 DEI-10-2004, emitido por de Educación de Intibucá, de de San marcos del Municipio de Colomoncagua Departamento de Intibucá a la aldea Las Marías del Municipio de Santa Lucía del mismo Departamento”; pero sin valorar los mecanismos de que se hizo valer la imputada para obtener dicho traslado. La recurrente dirige su ataque recursivo contra la valoración en juicio de la prueba siguiente: Testigos: 1.- EDY ONEYDA LEMUS CLAROS; 2.- NATAEL GÓMEZ PÉREZ; 3.- FELIPE CANTARERO REYES; 4.- JOSE LEONIDAS LARA RODRÍGUEZ; 5.- CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ MARTINEZ; 6.- LESLIE ZULEMA TREJO CARRANZA; Prueba documental: 1.- Constancia extendida por el Juzgado de Paz del municipio de Colomoncagua, por estimarla contradictoria; 2.- Constancia extendida por del Juzgado de Paz del municipio de Colomoncagua, por no concederle credibilidad; 3.- Constancia extendida por el Policía Felipe Cantarero Reyes, Jefe Municipal de Preventiva del mismo municipio, por no concederle credibilidad; 4.- Acta elaborada por la secretaría de Educación, sobre las tachaduras del Libro de Novedades de Preventiva del municipio de Colomoncagua, y los sobrepuestos para anotar la denuncia de la imputada, que no genera confianza; 5.- Acuerdo de traslado Numero 1035-DEI-10-2004, de la imputada a Marías del municipio de Santa Lucía Departamento de Intibucá, a la que el Juzgador da valor probatorio; 6.- Inspección al libro de entrada de Morazán, donde antes laboraba la imputada, realizada como prueba anticipada, a la que el A Quo no le da valor probatorio.- Reprocha asimismo el valor concedido por el Juzgador a la prueba de la defensa, concretamente a la declaración rendida por VÁSQUEZ DÍAZ, a la que no se le da valor probatorio. Refiere que el A Quo no valoró la prueba en su conjunto, pues estima que fue presentada prueba suficiente, sobre la inexistencia de los hechos denunciados por la imputada, que la única razón fue la de justificar su traslado y para obtener las constancias se hizo acompañar de personas con influencia. Concluye que el Juzgador erróneamente excluyó las pruebas antes referidas, y que no valoró la prueba en su conjunto, bajo las reglas de la sana crítica, para lo cual estima que para determinar el valor decisivo de la prueba debe de utilizarse el método denominado “supresión hipotética”. Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, la recurrente en su motivo único de casación, hace referencia a dos diferentes circunstancias que en forma separada deben dar lugar a dos motivos de casación por Quebrantamiento de forma. Por una parte, la recurrente alega que el sentenciador ha excluido prueba de valor decisorio, y por la otra, que en la valoración de la prueba el juzgador no ha observado las reglas de la sana crítica. La recurrente ha hecho uso de una defectuosa técnica recursiva, pues al plantear dos circunstancias en un motivo único de casación, torna su recurso confuso y falto de claridad y precisión. No obstante el defecto en que ha incurrido la recurrente, esta Sala aprecia, respecto a la primera circunstancia que invoca la recurrente, que se limita a hacer una exhaustiva ponderación de la prueba de cargo de testigos y documental, así como una valoración de la prueba de testigos de la defensa, pero que ha omitido indicar en forma clara y concreta las pruebas que el juzgador no ha admitido o las que ha excluido de ponderar para formar su conocimiento y convicción judicial. Esta Sala es del parecer que el Juzgador ha realizado una mínima fundamentación intelectiva de la prueba incorporada al juicio, pues ha expuesto razones lógicas y suficientes para dotarla o no de credibilidad y valor probatorio. Con respecto a la segunda circunstancia, esta Sala observa que la recurrente también ha omitido indicar en forma específica la regla o reglas de la sana crítica, de la lógica, la psicología y experiencia, que el juzgador ha dejado de aplicar en la valoración de la prueba del juicio. Es decir, que la recurrente no ha establecido expresamente las reglas del correcto entendimiento humano que a su entender han sido infringidas por el juzgador, o de que forma el juzgador se ha apartado de dichas reglas. Por otro lado viene al caso recordar que durante el transcurso del proceso, el Ministerio Público ha venido formulando contra la imputada DORIS ELIZABETH DEL CID QUINTERO, la hipótesis acusatoria que apunta a la comisión de un delito de “cohecho”, en una calificación alternativa que se describe en los artículos 369-A y 369-B del Código Penal. En este sentido, el objeto de la acusación ha sido la presunta realización de alguno de los tipos penales antes enunciados por la encartada DORIS ELIZABETH DEL CID QUINTERO. Sobre tales figuras delictivas es importante destacar, que aunque sistemáticamente se encuentren ubicadas en el Capítulo V, del Título XIII, Libro Segundo del Código Penal, no se corresponden con ninguna de las modalidades de lo que doctrinariamente se considera un delito de cohecho, sino con la figura del denominado “tráfico de influencias”. Un ejercicio de Derecho comparado, de la mano del jurista español, Don Francisco Muñoz Conde, nos permite conocer que los artículos 369-A y 369-B de nuestro Código Penal, se corresponden, salvo con algunas diferencias irrelevantes de estilo, con los artículos 428 y 429 del código penal español, respectivamente. Sobre estas figuras, el mencionado penalista expresa lo siguiente: “común a ambos tipos es la conducta típica “influyere”. Es decir, en ambos casos se trata de sancionar a que alguien pueda incidir a adoptar una decisión en un asunto relativo a su cargo. Pero en ningún caso constituye el tipo la simple influencia sin más. No se trata de penalizar la recomendación, una práctica por lo demás habitual y que, por inmoral y rechazable que parezca no afecta directamente, o no tiene por qué afectar a la decisión que se adopte. Lo que los artículos 428 y 429 sancionan es el “influir” “prevaliéndose”, es decir, y éste es…el elemento más importante, abusando de una situación de superioridad originada por cualquier causa. En el caso de que el sujeto activo de esa influencia sea un funcionario o autoridad, el prevalimiento se puede derivar del propio cargo que ejerce: superioridad en el orden jerárquico o político respecto al funcionario o autoridad sobre el que influye. Pero tanto en el caso del funcionario o autoridad, como especialmente en el del particular puede ser suficiente que el prevalimiento se derive de la relación personal con el funcionario o autoridad sobre el que se influye. En este caso el tipo se amplía..comprendiendo relaciones de carácter familiar, afectivas o amistosas…Sin embargo, debe procederse a una interpretación restrictiva del concepto de influencia, basándose para ello en el “prevalimiento” que en ambos artículos se exige como elemento diferenciador entre la simple influencia atípica, de la influencia constitutiva de delito. Se trata de un verdadero ataque a la libertad del funcionario o autoridad que tiene que adoptar, en el ejercicio de su cargo, una decisión, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, lo que supone un factor de incremento del riesgo de desviación de la función pública. Son pues, delitos de estructura parecida a las coacciones o amenazas sin llegar al grado de constreñimiento físico o psíquico que estos delitos exigen. Salvando las distancias se trata de supuestos parecidos a los abusos contra la libertad sexual basándose en el prevalimiento, acoso sexual, ataques a la libertad sexual por funcionario o autoridad, y a los de la agravante de abuso de superioridad,…aunque las relaciones personales a que aluden los artículos 428 y 429 son más sutiles y difíciles de probar…El tipo objetivo se da ya con la conducta de influencia aunque no se consiga efectivamente una resolución. …La expresión “directa o indirectamente” alude a la forma en que el sujeto consigue el beneficio, bien a título personal a través de una persona interpuesta, o través del “efecto rebote” de la decisión que adopte el funcionario o autoridad influida..” (vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Derecho Penal, Parte Especial, 14ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 986-989). Sentado lo anterior podemos afirmar, que los alegatos de la recurrente no son convincentes en orden a tener por acreditados los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales por los cuales se acusa a la imputada, pues no se derivan de las pruebas evacuadas cual ha sido la situación de prevalimiento que ejercida por la acusada DORIS ELIZABETH QUINTERO ha incidido en una relación de causa- efecto en ánimo del funcionario o funcionarios educativos, para conseguir la resolución administrativa mediante la cual se le otorgó un traslado; de ahí que por todas las razones anteriormente expuestas, de lo Penal declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: de Justicia, en nombre de de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de de , 1 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales 360, 362 numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por la recurrente, en su condición indicada, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha dieciocho (18) de abril del dos mil ocho.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al juzgado de origen, para los fines y efectos legales pertinentes.- REDACTÓ el Magistrado CALIX VALLECILLO.NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR POR LEY.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil diez.- Certificación de la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.354-2008.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL