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Sentencia CP-291-08 — Registro 18272

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de tráfico de drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

DE EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR recurrente, alega como segundo motivo de casación la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, porque las conclusiones son inválidas pues no se ajustan a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión y que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba, ya que el Tribunal no ha derivado su conclusión en los medios de prueba de descargo, tanto la declaración del imputado y del testigo Isidro Hernández Gómez, y Derma Maria González Guzmán, quien realizó un estudio socioeconómico del imputado, violentando así las reglas de la sana crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano.- II.- Con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal esta limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le esta permitido a , establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal.- Esta Sala, al revisar la valoración que hace el A- Quo, del testigo Isidoro Hernández Gómez, (ver folios 38 V. y .), cuestionada por la defensa, se aprecia que dicha valoración no carece de coherencia, ya que el Tribunal sentenciador aseveró que le daba credibilidad en cuanto al extremo de que se hizo presente en el lugar o sea el negocio del acusado, resultando ser el mismo lugar que se ha conocido a lo largo del juicio a criterio del sentenciador, no apreciando que dicho razonamiento sea incoherente o contradictorio con lo que declaró el testigo.- En lo que respecta al cuestionamiento que se hace a la declaración rendida por María González Guzmán, (ver folio 28 V., y .), destacan los sentenciadores que del informe socioeconómico se resalta el estado de pobreza del encausado, así como una adicción a las drogas, siendo lógica la conclusión a que llega el A-quo, puesto que es lo determinante en dicho dictamen, no encontrando esta Sala cual es en concreto la violación a los postulados de la coherencia o la derivación que solamente enuncia la defensa sin fundamentarlos o explicarlos debidamente.- III.- En cuanto a que el recurrente menciona nuevamente, que no existe suficiente prueba documental que acredite que el ingreso al domicilio haya sido practicado de forma legal, a lo que esta Sala ya respondió en cuanto a que no existen elementos suficientes para poder colegir que el negocio que fue inspeccionado por lo órganos policiales, haya estado ubicado en una vivienda, por lo que no era necesario convalidar allanamiento alguno ya que no existió vivienda allanada en el presente proceso.- Es por ello que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; es por lo anterior, que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

General de de Justicia, CERTIFICA que literalmente dice:” EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.- DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil diez, por medio de PENAL, integrada por los magistrados, HERNANDEZ, en su condición de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de junio de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, que condenó al señor GUADALUPE DE JESUS RIVERA MARTINEZ, por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de DE HONDURAS, a la pena de quince años de reclusión y a una multa de Un Millón de Lempiras (Lps. 1,000,000.00 ).- SON PARTES: El Abogado EUGENIO LORENZO ZELAYA, en su condición de Defensor Privado del señor GUADALUPE DE JESÚS RIVERA MARTÍNEZ, como recurrente, y la abogada TANIA JEANNETTE FIALLOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como recurrido.”HECHOS PROBADOS.PRIMERO: En fecha veinticinco de marzo del año dos mil seis, en el Barrio San Miguel de la ciudad de Marcala, Departamento de , una patrulla integrada por policías del Departamento de Investigación y Policía Preventiva, así como con la presencia del representante de del Ministerio Público, se ingresó a un sitio público denominado zapatería ubicado en la acera de la calle del comercio, propiedad del señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, encontraron catorce carrucos de hierba seca que resultó ser marihuana de acuerdo al dictamen toxicológico ratificado en juicio por la perito.SEGUNDO: Fue probado en juicio que la hierba seca marihuana en forma de cigarros conocidos como guatos era utilizada para la venta al por menor.”CONSIDERANDO.I.- El Recurso de Casación Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- GARANTIA DEL DERECHO DE DEFENSA.- El artículo 84 de de establece en el párrafo tercero.- El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; además la autoridad debe permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección.- Al señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, se le violentó el derecho a su defensa y el debido proceso desde el momento de su detención, ya que no aparece consignada en el Juicio, que la autoridad competente al momento de su detención le manifestara el motivo de la misma y le hiciera saber sus derechos, por lo que al momento de su detención no le hicieron saber sus derechos, error que se trato de subsanar en la declaración de imputado, no consignándose expresamente los derechos.- Consignándosele en el acta de imputado solamente el derecho que tiene a no declarar, si así lo estimase conveniente, sin que su silencio, pueda ser valorado en su contra.- 2.- El artículo 88 de establece textualmente.- No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar.- Nadie puede ser obligado en asunto Penal, disciplinario o de Policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyugue o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.- Sólo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente.- Toda declaración obtenida con infracción de cualesquiera de estas disposiciones es nula y los responsables incurrirán en penas que establezca el presente caso la representante del Ministerio Público, Fiscal, al momento de presentar el requerimiento narra los hechos en el folio dos del expediente de mérito.- De las investigaciones practicadas por de Investigación Criminal y dirigidas técnica y Jurídicamente por esta sede Fiscal, se ha llegado a establecer que el día 25 de marzo del año dos mil seis a las diez de la mañana el Agente de de Investigación Criminal se entrevistó en las Oficinas de de Investigación Criminal con el señor Oscar Javier Bautista Velásquez, quien había sido detenido por delito de Lesiones, Amenazas y consumo de Droga a quien se le manifestó que si colaboraba en el sentido de manifestar quien le había vendido la droga se le iba a nominar como testigo; a la cual dicha persona Manifestó que se la había vendido el señor Guadalupe de Jesús Rivera, quien es zapatero y que vendía dicha droga en un puesto de reparación de Zapatos, justamente cerca de acelerada, la cual queda ubicada en el Barrio San Miguel de de Márcala, , inmediatamente se manifestó que para que observaran la veracidad iba a ir a comprar un carruco de marihuana a donde el hoy imputado, en ese momento se organizó un dispositivo de vigilancia para evitar que se fuera dar a la fuga; fue a eso de las diez con cuarenta minutos de la mañana que salió Oscar Javier Bautista, a comprar dicho carruco, regresando a las diez con cuarenta y cinco minutos de la mañana, justamente con un carruco de droga; la cual consistía en aparentemente marihuana……… La policía juntamente con los Agentes de .I.C. que supuestamente los dirigía, infringieron el precepto Constitucional.- No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar.- Violentándole los derechos que tenía como persona detenida y para alcanzar el fin perseguido el representante del Ministerio Fiscal, solicitó en el mismo requerimiento que se le tomara al señor Oscar Javier Bautista Ventura, la declaración del Testigo, con las características de prueba anticipada, declaración que se tomó a folio nueve del expediente de mérito a quien lo identificó con que se le violentó el derecho de defensa y fue coaccionado para incriminar al señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, lo que se consagra en nuestra Carta Magna en el artículo 84 párrafo tercero y 88 párrafo primero.- 3.- El artículo 99 de dice textualmente en su párrafo tercero.- La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el Ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve acabo.- En y con la declaración del señor Isidro Hernandez Gómez, portador de 1215-1976-00114, hondureño, Agricultor, soltero, con residencia en el Barrio San Miguel, dijo conocer al Imputado.- Quien manifestó que el día que llegaron dos policías, el se encontraba a la par de donde lo agarraron ellos se metieron a la casa y salieron diciendo que era aquí y allá, agrego haber visto que los Policías llegaron con violencia y le dieron vuelta a todo lo que encontraron por delante.- Interrogado por la defensa dijo que el acusado se dedicaba a arreglar zapatos y vende ropa usada, sucedió en la mañana entre las diez y las once.- El testigo dijo dedicarse a la venta de fajas y calcetines así como de ropa usada.-Interrogado por el Ministerio Público, manifestó conocer al señor Guadalupe hace desde cuatro años, quien vive en el Barrio San Miguel y Tiene el Negocio a de a la par del suyo, agregó que hay más locales y el local del negocio a la casa del señor Guadalupe esta al Frente.- El testigo ha narrado lo que pudo observar el día que e hizo presente en el negocio del acusado cuya descripción de lugar y local resulta ser el mismo a lo largo del Proceso por lo que merece credibilidad.- Con la declaración de Isidro Hernandez Gómez quedó probado ante el Tribunal que los Policías entraron a la casa del señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, con lo que se violentó el derecho al domicilio.- III.- CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- “Se encuentra en el artículo 362 numeral 3 y 4 del C.P.P. Lo que se invoca como infringido el artículo .P.P.”- Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, el Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica de toda la prueba producida relacionada con el artículo 336 del mismo cuerpo de Ley.- Lo que se trata de demostrar la inobservancia a las reglas del entendimiento humano en la valoración de la prueba, que a la vez es un problema de fundamentación, conviene explicar en que consisten esas reglas.- 1.- Conforme el artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el C.P.P., es el de la sana crítica y la estructura de es definida en el artículo 338 de , en tanto esa sentencia es el Juicio de valor emitido por el Tribunal.- Que debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conocen como fundamentación factica y sobre la cual aquel ejercicio valorativo.- Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva.- La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio.- Luego de su fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva.- En este Apartado el Juzgador debe explicar por que un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por que un elemento de prueba u otro llevan una conclusión determinada.- Sobre este Fundamento intelectivo recae el Recurso de Casación por Violación de las reglas de la sana crítica.- Por eso como lo ha reconocido , debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que los referimos son la experiencia, y primera se refiere al conocimiento de un hombre común que tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para la cual debe compartirse de la condición de hombre común que tiene el Juzgador, por lo que el limite de estos son los conocimientos técnicos especializados.- Las de se relaciona con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de reglas de la lógica implican que el Ejercicio intelectivo del sentenciador debe guardar coherencia ( concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y Justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad).- La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido.- La derivación induce la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera ( el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficientes ( los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser actos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se Juzga).- 2.- Con lo anteriormente, en la presente sentencia expondré en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador: declaración del testigos Isidro Hernández Gómez, quien manifestó que el día que llegaron dos Policías él se encontraba a la par de donde lo agarraron (dando a entender que al señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez) ellos se metieron a la casa ( dando a entender que eran los Policías que se metieron a la casa) y salieron diciendo que era un aquí y un allá.- Agregó decir que los Policías llegaron con bastante violencia y le dieron vuelta a todo lo que encontraron por delante.- Interrogado por la defensa dijo que el acusado se dedicaba a arreglar Zapatos y vende ropa usada lo que sucedió en la mañana entre las diez y las once.- El testigo dijo dedicarse a la venta de fajas y calcetines así como de ropa usada.- Interrogado por manifestó conocer al acusado hace cuatro años, quien vive en el barrio San Miguel y tiene el negocio a la orilla a la par del suyo.- Agregó que hay mas locales y el local del negocio a la casa del señor Guadalupe esta en frente.- Valoración por parte del juzgador.- El testigo ha narrado lo que pudo observar el día que se hizo presente en el Negocio del acusado, cuya descripción del lugar y local resultan ser el mismo que se ha conocido a lo largo del proceso por lo que merece credibilidad.- El Tribunal con respecto a la valoración de , dice que le merece credibilidad ya que el testigo pudo narrar lo que observó el día que sucedieron los hechos, manifiesta que cuya descripción de lugar y local resulta ser el mismo que se ha conocido a lo largo del proceso.- Declaración de Gonzáles Guzmán.- Dice haber conocido al Acusado cuando le hizo un estudio socio económico que ratifica en el acto, haciendo referencia a los siguientes aspectos: Datos generales del acusado, núcleo familiar, situación social, aspecto laboral, educativo, salud, vivienda, manifiesta que después de haber visitado al señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, se pudo constatar que de cuatro de las cinco personas que habitan en la vivienda trabajan fuertemente no logrando satisfacer las necesidades básicas de ellos, las condiciones de la familia son precaria, lo reflejan en como viven..…por lo que concluyo que si el señor Guadalupe Traficara con Drogas no viviría en las condiciones que vive el y su familia.- El Tribunal con respecto a esta declaración que ratifica el dictamen socioeconómico El Tribunal le concede Credibilidad, lo que enfoca la vida del acusado. 3.- El Sentenciador, en el apartado de valoración de la prueba, respecto a las declaración de los testigos de descargo “son válidas ya que el señor Isidro Hernández Gómez, coincide con el lugar, hora en que ocurrieron los hechos, circunstancias, etc.- El Tribunal se refiere que las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa no desvirtúa los hechos ya que la declaración, manifestando que con la declaración del imputado fue contradictoria manifestando que el señor Guadalupe dijo que le pusieron la droga pero no sabe quien se la puso, no existiendo una razón para decir cual de las dos versiones es este inconsistente argumento, el Tribunal Sentenciador ha infringido el postulado de , ya que el razonamiento intelectivo del Juzgador resulta evidentemente contradictorio, pues, aunque el mismo, en primer término, cataloga estas declaraciones como creíbles, denotando con ello una falta de aplicación tanto a la regla de la sana crítica, como a la derivación suficiente, pues la vulneración a esta ultima se produjo al desproveer el valor probatorio que realmente poseen los testigos de descargo, y el dejar de considerarles concordancia con las pruebas que se relacionan a continuación: Acta de inspección ocular que corre agregada al expediente de mérito a folio 12, realizada en el barrio san Miguel de de Márcala, el veinte y cinco de Marzo del año dos mil seis, señalando el lugar como contiguo a la escuela acelerada, en un puesto de reparación de calzado, propiedad del señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez en cima de una mesita y dentro de una caja plástica, se encontró una bolsa plástica color azul conteniendo 14 carrucos de supuestamente marihuana envueltos en papel periódico.- Acta de decomiso que fue incorporada al debate mediante lectura y que describe los objetos que se decomisaron mediante lectura autorizada y que denotan una evidente ilicitud de las pruebas recabadas, entre los objetos están.- Catorce carrucos de marihuana.- Doscientos ochenta y cinco lempiras.- un celular motorola con su protector.- Acta de declaración rendida con las formalidades de prueba anticipa a quien le pusieron como clave xb y que se llama Oscar Javier Bautista Velásquez, a quien se le vulneraron los derechos de defensa.- Aún cuando se omitieron las actas de allanamiento y registro personal al señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, esto invalida la diligencias, pues si bien es cierto, el ultimo párrafo del articulo 202 del C.P.P.- Establece la obligatoriedad de Registrar en el acta el allanamiento practicado, no menos cierto es que de conformidad a lo preceptuado en el articulo 311 numeral 4, tales documentos son incorporados por lectura al debate y en caso de ser posible, son ratificados por quien los practique, de lo que se desprende que lo que efectivamente relevante en un allanamiento es que se realice con orden Judicial o, en los caso determinados por , por el Ministerio Público, quedando en esta última hipótesis sujeta a una convalidación Judicial que es la determinante, en ese momento procesal, para establecer la no vulneración de los derechos Constitucionales de inviolabilidad del domicilio o intimidad y por ende la eficacia probatoria de los elementos de prueba que arroje tal diligencia.- Estas diligencias en ningún momento fueron convalidadas por el Juez de Letras Seccional del Municipio de Márcala, Departamento de , sin embargo, el Tribunal Sentenciador, con este razonamiento, ha dado valor y efecto al allanamiento de la casa del señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez; asimismo, al negocio de reparación de zapatos, tal como quedó probado con la declaración de Isidro Hernández Gómez y no ha tomado en cuenta que en ningún momento se encuentra plasmado en el Juicio a esta acción”.- Como ésta acción de allanamiento no cumple con los requisitos y formalidades de , se entiende que es una violación a la garantía de la excepcionalidad de violación al derecho de intimidad, en consecuencia lo decomisado o secuestrado en el lugar de los hechos resulta ser una prueba prohíbida por efecto de ilicitud de los objetos secuestrados o decomisados, por tanto la prueba pericial carece de validez para fundamentar la presente sentencia”.- En cuanto a la convalidación es necesario acotar que en los cuadernos de estudios Judiciales “ Rafael Alvarado Manzano”, en el tomo sobre valoración de la prueba, p. 79, el autor Manuel Estrella se refiere a este tema con las siguientes consideraciones: “Siguiendo con la diligencia de allanamiento de morada, recalcaremos que en los casos ajenos a , del acto será sujeta a decisión Judicial con carácter inmediato, imponiendo la obligación de su comunicación al Ministerio Fiscal como autoridad investigadora, debiendo el Juez de Letras de lo Criminal pronunciarse motivadamente, lo que acarrea importantes consecuencias…” Guillermo Cabanellas, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual define la convalidación como hacer válido lo que no lo era.- La convalidación constituye un acto Jurídico por el cual se torna eficaz otro que estaba viciado de nulidad relativa, y define el acto de convalidar como “ Hacer válido eficaz el acto Jurídico Imperfecto, sujeto a nulidad, aunque no absoluta. (v. Confirmar, Convalidación).”- Es por ello que la argumentación de sentenciador al pretender darle valor a la prueba pericial y a la demás que se obtuvo como resultado del allanamiento, no tiene razón de ser, por que dichas diligencias no fueron efectuadas con apego a las disposiciones legales, constitucionales y procesales.- Al hacer estas consideraciones el Tribunal se ha apartado de lo dispuesto en el artículo 336 del C.P.P., que establece que las pruebas serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.- Con este razonamiento el Juzgador ha dejado de lado, toda la prueba esencial para demostrar la inocencia de mi defendido, es decir ha dejado de valorar, la declaración del señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, y la del señor Isidro Hernández Gómez, y el dictamen socioeconómico ratificado por Derma Maria Guzmán, en total desapego en lo dispuesto en el artículo 362 Numeral 3 del C.P.P., el Tribunal ha dejado de valorar esta prueba violentando las reglas de la sana crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano.- Es como hemos dicho anteriormente obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente para no incurrir en la inobservancia del postulado esencial de la derivación que contiene la regla de de casación podréis observar, si los remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que en conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba, la motivación debe ser concordante, esto es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se puede inferir aquella conclusión, el Tribunal no ha derivado su conclusión en los medios de prueba de descargo, tanto la declaración del Imputado, donde se violentaron sus derechos, y del señor Isidro Hernández Gómez, que ha sido probada ante el Tribunal la forma de que se violentó el domicilio y el lugar de Trabajo del acusado, tanto con el estudio socioeconómico de Derma Maria Guzmán, ultrajando la regla de derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional.- Con la exposición anterior, la sentencia objetada adolece tanto del quebrantamiento del Precepto Constitucional, como vicios de forma, tanto que el Tribunal después de haber señalado audiencia para lectura de la sentencia en fecha once de Junio del año dos mil ocho, posteriormente en fecha trece de Junio del año dos mil ocho, dictó un auto donde enmienda la sentencia recaída al señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, tratando de subsanar el error que se traduce a la condena del imputado, siendo violatorio del sistema de la sana crítica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia los vicios enunciados se afirman ha quebrantamiento de precepto Constitucional y de forma.- Por haberse producido el vicio en el acto del sentenciador no ha sido posible reclamar su subsanación.-IV.- DE PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR el primer motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la defensa alega que se ha vulnerado el artículo 84 de de , el cual establece en el párrafo tercero, “El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan”; aduciendo que, al señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, se le violentó el derecho a su defensa y el debido proceso desde el momento de su detención, ya que no aparece consignada en el Juicio, que la autoridad competente al momento de su detención le manifestara el motivo de la misma y le hiciera saber sus derechos.- Asimismo, el recurrente plantea la transgresión al artículo 88 de , el cual establece “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar”.- El señor Oscar Javier Bautista Velásquez, quien había sido detenido por delito de lesiones, amenazas y consumo de droga a quien se le manifestó que si colaboraba en el sentido de manifestar quien le había vendido la droga se le iba a nominar como testigo; a la cual dicha persona manifestó que se la había vendido el señor Guadalupe de Jesús Rivera, quien es zapatero y que vendía dicha droga en un puesto de reparación de zapatos, violentándole los derechos que tenía como persona detenida y para alcanzar el fin perseguido el representante del Ministerio Fiscal, solicitó en el mismo requerimiento que se le tomara al señor Oscar Javier Bautista Ventura, la declaración del Testigo, con las características de prueba anticipada.- declaración que se tomó a folio nueve del expediente de mérito a quien lo identificó con al que se le violentó el derecho de defensa y fue coaccionado para incriminar al señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez.- También se violentó según el impetrante el artículo 99 de con la declaración de Isidro Hernández Gómez, con la que quedó probado ante el Tribunal que los Policías entraron a la casa del señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, con lo que se violentó el derecho al domicilio.- II.- En lo que respecta a la vulneración del artículo 84 de de , para esta Sala no es de recibo dicho motivo, ya que al momento de la detención del acusado se practicaron varias diligencias de ejecución inmediata para la constatación del delito, tales como la inspección ocular y el decomiso de supuesta evidencia, (ver folios 12 y 13), al final de esta última consta la negativa del acusado de firmar al pie de la misma, de lo que se desprende que acusado se le hizo de su conocimiento y estaba claramente enterado del porqué del registro e inspección de su negocio, así como su detención, sin que esté establecido el evidente desconocimiento de parte del acusado de los derechos que le asistían al momento de su aprehensión, por lo que no es procedente el fundamento que alega el recurrente en cuanto a que se le violentó el derecho a su defensa y el debido proceso desde que fue habido por la autoridad, por lo que es procedente declarar sin lugar dicho motivo por violación al artículo 84 Constitucional.- III.- En cuanto a la transgresión del artículo 88 Constitucional, sobre la coacción ejercida por los órganos policiales en contra del señor Oscar Javier Bautista Velásquez, (testigo) quien había sido detenido, previamente en supuesta posesión de droga, esta Sala de lo Penal, no considera que dichos extremos de presión sobre el señor mencionado se puedan desprender de la prueba evacuada en el juicio, lo que hace imposible deducir la misma sólo por el hecho de que el testigo mencionado por su condición de detenido en el momento que brinda la información, lo hace coaccionado, hay que apuntar que el nombre de la persona que aparece como deponente en el juicio es Manuel Osorio Bautista, (ver folio .) y no el de la persona que asevera el recurrente fue coaccionada, razones por las cuales no es procedente admitir que ha existido vulneración al artículo 88 Constitucional.- IV.- El impetrante también argumenta la vulneración al artículo 99 Constitucional en cuanto a la inviolabilidad del domicilio; para esta Sala, yerra de nuevo el recurrente, porque de lo que se desprende del material probatorio así como del cuadro fáctico, no es posible concluir que el negocio denominado zapatería haya estado ubicada en una vivienda o domicilio, sino mas bien esta claramente establecido que dicho negocio estaba en plena vía pública, sin que pueda haber el menor indicio de que al practicarse la inspección y el decomiso se pudiese haber violado la intimidad del acusado o su familia, y la declaración única del testigo que menciona la defensa que hace referencia a que se ingresó a la vivienda del acusado, no es suficiente frente a conclusiones lógicas extraídas del resto de las pruebas documentales ya mencionadas y de las testificales de cargo evacuadas (ver folios 25 V., ., y V.), en cuanto al extremo de que la zapatería estaba localizada en la calle ofreciendo los servicios propios del oficio mencionado y por lo tanto se le considera un sitio público.- Es por todo lo anterior, que es procedente declarar Sin lugar el Recurso de Casación por Infracción a Preceptos Constitucionales, interpuestos por la defensa.- V.-DE EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR recurrente, alega como segundo motivo de casación la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, porque las conclusiones son inválidas pues no se ajustan a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión y que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba, ya que el Tribunal no ha derivado su conclusión en los medios de prueba de descargo, tanto la declaración del imputado y del testigo Isidro Hernández Gómez, y Derma Maria González Guzmán, quien realizó un estudio socioeconómico del imputado, violentando así las reglas de la sana crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano.- II.- Con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal esta limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le esta permitido a , establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal.- Esta Sala, al revisar la valoración que hace el A- Quo, del testigo Isidoro Hernández Gómez, (ver folios 38 V. y .), cuestionada por la defensa, se aprecia que dicha valoración no carece de coherencia, ya que el Tribunal sentenciador aseveró que le daba credibilidad en cuanto al extremo de que se hizo presente en el lugar o sea el negocio del acusado, resultando ser el mismo lugar que se ha conocido a lo largo del juicio a criterio del sentenciador, no apreciando que dicho razonamiento sea incoherente o contradictorio con lo que declaró el testigo.- En lo que respecta al cuestionamiento que se hace a la declaración rendida por María González Guzmán, (ver folio 28 V., y .), destacan los sentenciadores que del informe socioeconómico se resalta el estado de pobreza del encausado, así como una adicción a las drogas, siendo lógica la conclusión a que llega el A-quo, puesto que es lo determinante en dicho dictamen, no encontrando esta Sala cual es en concreto la violación a los postulados de la coherencia o la derivación que solamente enuncia la defensa sin fundamentarlos o explicarlos debidamente.- III.- En cuanto a que el recurrente menciona nuevamente, que no existe suficiente prueba documental que acredite que el ingreso al domicilio haya sido practicado de forma legal, a lo que esta Sala ya respondió en cuanto a que no existen elementos suficientes para poder colegir que el negocio que fue inspeccionado por lo órganos policiales, haya estado ubicado en una vivienda, por lo que no era necesario convalidar allanamiento alguno ya que no existió vivienda allanada en el presente proceso.- Es por ello que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; es por lo anterior, que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica.- En consecuencia, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebramiento de Forma, interpuesto por : JUSTICIA, en nombre de de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de de ; 1 y 80 número 1 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362.3. y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de Derechos Humanos.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, los Recursos de CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su dos Motivos, invocados por el Abogado Eugenio Lorenzo Zelaya, quien actúa en su carácter de Apoderado Defensor del señor Guadalupe de Jesús Rivera Martínez, como parte recurrente.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.-SELLO Y FIRMAS.- JACOBO CALIX HERNANDEZ Coordinador.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.-RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-SELLO Y FIRMA. LUCILA CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL.”Extendida, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a solicitud de MARIA MARQUEZ LOBO, Fiscal del Ministerio Público, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.291-08.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL