Sentencia CP-23-10 — Registro 2919
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de actos de lujuria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA SENTENCIA LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN SU MOTIVO SEGUNDO. Invoca el censor que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. La Sala de lo Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente, analizando la exposición a efecto de detectar si efectivamente en su censura logra explicar como no se observaron las reglas de la sana crítica y cuales son las reglas infringidas, en consecuencia realiza la apreciación siguiente: 1) El impetrante se limita a expresar que el artículo 202 del Código Procesal Penal, impone al sentenciador el deber de valorar las pruebas con arreglo a la sana crítica, es decir, no tienen los tribunales una absoluta libertad de criterio, están, por el contrario, obligados a buscar un armónico equilibrio fundado en las observaciones de la experiencia confirmadas por la realidad, en la razón, en proposiciones lógicas correctas y naturalmente despojado de prejuicios y valoraciones antojadizas, presentando lo que a su criterio debe entenderse como un ideal de la aplicación de las reglas de la sana crítica, sin embargo en su explicación del recurso no manifiesta, ni explica en concreto cuales de las reglas que componen la sana crítica han sido inobservadas por el juzgador y como han sido inobservadas 2) Es criterio jurisprudencial de la sala que el recurrente deviene obligado a señalar concretamente que regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo, señalamiento que no ha verificado el recurrente, tampoco ha señalado en relación a que medios de prueba se da, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo. Ataca si el recurrente la valoración de determinados medios de prueba, pero sin referencia a determinadas reglas específicas de la sana crítica, de tal suerte que aún ante un eventual yerro de aplicación de determinada regla de la sana crítica, no puede esta Sala de lo Penal entrar a conocerla por no haber sido planteada con la claridad o precisión propia del recurso extraordinario de Casación, No obstante, la sala encuentra que el Tribunal a-quo ha observado las reglas de la lógica, la psicología y experiencia en tanto ha dado las razones para dar credibilidad o descartar los testimonios rendidos en juicio, así como las pruebas periciales y documentales, rescatando la esencia de cada prueba, interrelacionándola para encontrar su concordancia y vinculación lógica que le han permitido una reconstrucción cierta del hecho sometido a su decisión, pronunciando el fallo según su convencimiento en base a las pruebas, llegando a la conclusión de la existencia del hecho que declaró probado y la responsabilidad del imputado. Por esas razones no procede el motivo de Casación invocado. VI DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El censor señala que no se han observado derechos fundamentales del imputado como el derecho de defensa establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República y el debido proceso previsto en el artículo 90 de la misma Constitución. Analizado el planteamiento del recurso, esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien el recurrente dedica una parte de su libelo para explicar las normativas tanto nacionales como los instrumentos internacionales que se ocupan del derecho de defensa y del debido proceso, al momento de pretender explicar en si la infracción, falta a la claridad y precisión, omitiendo totalmente desarrollar el sentido de la infracción, a tal punto que no explica cuales de las formas de violación de la norma Constitucional es la que ha verificado el sentenciador, hablamos de aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea. 2) Aún faltando a la debida técnica Casacional intenta una explicación de su motivo que no hace mas que acentuar la confusión en el desarrollo del mismo, pues además de no explicar satisfactoriamente como es que se da la infracción de los preceptos Constitucionales aludidos, confunde el recurso de casación por infracción de precepto constitucional propiamente dicho con un recurso de casación por quebrantamiento de forma, veamos: plantea el impetrante que “pese al reconocimiento constitucional del Derecho de Defensa, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, durante el señalamiento de fecha y la tramitación de la audiencia de individualización de la pena, así como en la redacción, lectura y notificación de la sentencia, inobservó abiertamente las reglas legalmente establecidas e impidió que de manera oportuna el imputado ejerciera, a través de los recursos correspondientes, su legítimo derecho de defensa. El Tribunal de Sentencia, igualmente violentó este derecho habiendo valorado prueba sin observar las reglas de la sana crítica, habiendo dejado de considerar prueba de valor decisivo, al hacer una declaración de los hechos probados que no es clara y terminante sino contradictoria, no habiendo cumplido con su obligación de asegurarle a R. E. A. M. el derecho de Defensa en juicio”. Sobre estos argumentos es obvio que en cuanto a afirmar que no se observó “abiertamente las reglas legalmente establecidas”, es totalmente incorrecto, en primer lugar porque si se observaron las reglas establecidas para el debate y en segundo lugar porque de haberse infringido dichas reglas eso daría lugar a la casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362 preámbulo y numero 5) del Código Procesal Penal y no por infracción de precepto Constitucional, lo mismo cabe expresar sobre la no observación de las reglas de la sana crítica, la falta de consideración de prueba de valor decisivo, declaración de hechos probados no claros y terminantes o contradictorios, pues todos ellos constituyen vicios que deben ser planteados y resueltos por el cauce del recurso de casación en la forma y que no puede el Tribunal de Casación Penal entrar a conocer para resolver el motivo de infracción de Precepto Constitucional, por no haber sido planteado por la vía adecuada, sin perjuicio de lo ya manifestado por esta sala al resolver los dos recursos de casación por quebrantamiento de forma. Por otra parte al notificarle la audiencia de individualización de la pena al apoderado defensor, este no reclamó o interpuso recurso y en el caso de la sentencia, se interpuso sendos recursos de casación que fueron admitidos para su estudio y resolución por lo que sí hubo acceso a los recursos y consecuentemente garantizado el derecho de defensa..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinticuatro de agosto de dos mil diez, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de marzo de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual condenó a R. E. A. M., como autor responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO en perjuicio de C. G. P., a la pena principal dbbbe OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado O. H. C. S., actuando en su condición de apoderado defensor del señor R. E. A. M..- SON PARTES: El Abogado J. A. C. E. como recurrente y la Abogada C. M. P. en su condición de fiscal del Ministerio Público, como recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- HECHOS PROBADOS El Tribunal de sentencia declaró expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: “UNICO: El día 24 de agosto del año 2007, aproximadamente a las 10:00 a.m. en el centro de cuidados de menores “Nueva Esperanza”, centro de protección El Carmen, se encontraba interna la menor C. G. P., cuando a esa hora de la mañana, fue llamada por el encargado de suministros del centro el señor R. E. A. M., al interior de su oficina, quien le manifestó que le regalaría un shampoo, de repente el señor A., comenzó a tocar su cuerpo, específicamente los pechos y la vagina de la menor, mientras tanto era observado de lo que le hacía a la menor, por la aseadora R. M. M., a través de un agujero que daba visto al interior de la oficina, está a su vez informó de lo sucedido a la profesora L. S. O., quien llegó a la bodega, y comenzaron a golpear la puerta de la misma, para que saliera A. M., saliendo diez minutos más tarde, y la joven le manifestó a ambas trabajadoras del centro que efectivamente R. E. A. M., la había tocado, posteriormente se puso la denuncia al respecto y se puso a la orden de las autoridades correspondientes al señor R. E. A. M..” III.- El recurrente, Abogado O. H. C. S., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El artículo 362 del Código Procesal Penal, al enumerar los vicios por los que puede interponerse casación por quebrantamiento de forma, expresa en el número 5, como uno de esos vicios, la “inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; y, por su parte, el artículo 266 del mismo Código al enumerar los “Actos integrantes del debate” expresa “El debate o juicio oral y público estará formado por los actos siguientes: 1) Preparación del debate; 2) Sustanciación del juicio y 3) Deliberación de la sentencia” y en este último ámbito procesal, los artículos 342 y 343, entre otros, establecen de manera perfectamente definidas, las reglas que deben seguirse, al expresar: Artículo 34: “En una primera fase, el Tribunal de Sentencia, tomando como base las alegaciones de las partes y las pruebas presentadas por estas en el juicio oral y público, se pronunciará sobre la culpabilidad del procesado, fijará el hecho o los hechos por los cuales se considera culpable, la calificación de los mismos, determinará el mínimo y el máximo de la pena aplicable, y a instancia de parte ordenará su detención o las medidas cautelares sustitutivas que deban aplicarse. Cumplido lo anterior, el Tribunal de Sentencia regresará al salón de debates y el presidente explicará en voz alta y con palabras sencillas y claras, que se ha tomado la decisión de condenar al imputado y señalará el día y la hora en que se reanudará el debate, para la individualización de la pena. Con lo expuesto, quedará concluida la primera fase de la deliberación. Entre la primera y la segunda fase, habrá un intérvalo que no podrá exceder de treinta (30) días continuos, que se utilizarán para practicar las investigaciones sobre los elementos que el Código Penal exige para la determinación de la pena concreta. El Tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar con este propósito, la práctica de las investigaciones que estima oportunas.” Estas reglas, y especialmente las que dejó subrayadas, son claras, diáfanas e inequívocas, sin embargo el sentenciador las violó gravemente pues el día veintisiete (27) de agosto de dos mil ocho (2008) en que el Tribunal después de deliberar reanudó la audiencia de debate, además de la declaración de culpable que hizo contra el imputado, resolvió señalar audiencia de individualización de la pena, para el día viernes veintiséis (26) de octubre del dos mil ocho (2008), es decir, sesenta (60) días después, y no dentro de los siguientes treinta (30) días continuos que sin duda así lo indican las reglas del artículo trascrito. Por otra parte, el artículo 343 del Código Procesal Penal, al regular la segunda fase, relativa a la audiencia para determinar la pena concreta, establece: “En la segunda fase, se determinará la pena concreta conforme las reglas de individualización prescritas en el Código Penal. Al reanudar la audiencia para tal efecto, se oirá a las partes y se recibirán las pruebas que propongan en el orden y de acuerdo a las reglas aplicables al debate. En lo relativo a la redacción, lectura y notificación de la sentencia, se estará a lo prescrito en los artículos 338 y 340, en lo procedente.”; y, por su lado, el artículo 340 ordena: “La sentencia absolutoria (En este caso condenatoria) será redactada y firmada tan pronto haya sido votada. Cumplido lo anterior, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secretario entregará a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de éste. Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes. En tal caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación…” Igualmente, estas reglas fueron quebrantadas: 1) La audiencia de individualización de la pena fue celebrada arbitrariamente fuera de los plazos legales, es decir el 16 de octubre de 2008 y al final de esa audiencia, sin justificación alguna, se señaló para el día viernes 24 del mismo mes y año para dar lectura a la sentencia definitiva, lo que no ocurrió; todo en abierta trasgresión a reglas claras sobre la redacción y firma de la sentencia, así como para la notificación en estrados; que tal como lo hemos trascrito, debió producirse “tan pronto” se produjo la votación o en su defecto, “dentro de los cinco días siguientes”; 2) Como no se dictó la sentencia, pues igualmente no se produjo notificación alguna que en su momento hubiera permitido a la defensa interponer el recurso de casación correspondiente hace ya un año. Nadie sabe en realidad en que fecha fue redactada y firmada la sentencia (Según Inspectoría General de Juzgados y Tribunales, el 16 de septiembre de 2009, aún no estaba en la Secretaría del tribunal), y como no sólo las semanas sino también los meses fueron transcurriendo sin que hubiera asomo de que se trabajara en ella, los familiares de mi defendido denunciaron tal conducta ante la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales, siendo así, y luego de la investigación respectiva, el día veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009) los Inspectores C. W. R. y H. E. L. remitieron a la Abogada Z. S. M., Inspectora General de Juzgados y Tribunales, el informe número 286-IGJT-PJ-2009, en el que se relaciona de manera pormenorizada las trasgresiones que dejo anotadas como vicios procesales.- De éste informe acompaño copia como prueba documental que debe cotejarse con su original que obra en los archivos de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales, asimismo acompaño copia, para iguales efectos, de la resolución emitida por la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil nueve (2009) en el cual se determina responsabilidad contra uno de los sentenciadores de conformidad con el informe de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales" la sentencia en referencia pudo haberse presentado en la Secretaría del Tribunal de Sentencia, entre el 14 y el 18 de septiembre del corriente año y fue notificada personalmente (no en estrados) al Ministerio Público el día 21 de el mismo mes y a la defensa, también personalmente y no en estrado, el día 8 de octubre de 2009; con lo que evidentemente se continuó quebrantando las reglas procesales en virtud que nunca se señaló audiencia para la notificación de la sentencia. La prueba fehaciente de estas trasgresiones es lógicamente documental y lo constituye el expediente judicial correspondiente, pero además existen y solicito sean objeto de inspección los documentos de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales a que también he hecho referencia y cuyas copias acompaño con este escrito. Estos vicios se produjeron en un momento del proceso que impidió a la Defensa la impugnación correspondiente a fin de lograr la subsanación, por lo que se intenta por la presente vía. Mientras tanto, también se ha mantenido en vigor la prisión preventiva violentando con ello las normas relativas a la misma tanto de orden procesal como Constitucional. SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La sentencia impugnada contiene quebrantamiento de forma al inobservar la parte final del artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal que expresa: “…si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.".- El articulo 202 del Código Procesal Penal, impone al sentenciador el deber de valorar las pruebas con arreglo a la sana crítica, es decir, no tienen los tribunales una absoluta libertad de criterio, están, por el contrario, obligados a buscar un armónico equilibrio fundado en las observaciones de la experiencia confirmadas por la realidad, en la razón, en proposiciones lógicas correctas, y naturalmente, despojado de prejuicios y valoraciones antojadizas; por tal razón, las sentencias definitivas deben contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos y del derecho de manera que resulten convincentes y no dejen dudas de la objetividad e imparcialidad. Luego de citar íntegramente el hecho probado, manifiesta que es evidente que en el presente caso la prueba toral para determinar la responsabilidad del imputado, la constituyen las declaraciones de la supuesta víctima del delito, la menor C. G. P. R., de la testigo supuestamente ocular de los hechos, la señora R. M. M. L.; y, de la declaración circunstancial de la señora L. S. O.; empero, es en estas declaraciones relacionadas, más las de otras testigos circunstanciales en donde la apreciación del sentenciador falta a la sana crítica. Examinemos: 1.- El núcleo del delito de “Actos de Lujuria" que supuestamente se cometió, lo constituirían actos tales como tocar, manosear, manipular o cualquier otro análogo, todos distintos al acceso carnal, pero más graves que el simple ver o pretender.- En su declaración, la menor C. G. P. R., en ningún momento afirma haber sido tocada, manoseada, etc.; en respuesta a una pregunta de la Fiscalía, lo que expresa claramente es que el imputado “le quería tocar la pepa, y le quería besar las chiches"; es, de manera irresponsable y con ánimo inductor, el miembro del Tribunal Abogado R. B. quien le pregunta ¿Además del tío R. quien otra persona la ha tocado?- Sobre este mismo punto, la supuesta testigo ocular R. M. M. L. en un momento de su declaración afirma que “se asomó a la ventana, vio a R. que estaba tocando la niña, que no quiso hacer bulla (¿Por que?) y fue a buscar a la niñera para que fuera a sacar la niña…."; en otro momento de su declaración afirma que lo que observó es “Que don R. estaba tocando la niña, que tenía bajado el blumer"; y en otro momento asegura que lo que vio es que don R. le estaba bajando el blumer a la niña; es decir hizo una observación especial sobre el blumer, sin embargo cuando se le pregunta de que color era ese blumer, contesta "Que no se fijó". Por su parte, el Médico Forense H. H. M., en su declaración ratifica el dictamen correspondiente en el cual se afirma no haber encontrado señales de manipulación genital o paragenital y ante la petición de la Fiscalía en el sentido de que describa que se encontraría genitalmente en caso de haber sucedido una manipulación, contesta que "podemos encontrar zonas enrojecidas o zonas inflamadas, o algún tipo de secreción en el área", es decir, el Médico Forense se pronuncia sobre un hecho hipotético no en el caso de que se trata.- La señora L. D. C., niñera del Centro, declara que el día que supuestamente sucedieron los hechos, al momento de recibir su turno a las 2 de la tarde se le pidió que revisara a la niña y que “no tenía nada, ni en su blumer ni en su partecita". Con todo lo anterior, empero, el sentenciador al hacer la valoración de la prueba, en el “SEPTIMO”, termina estableciendo como fundamento de la sentencia condenatoria “... pero sin embargo hay prueba directa de los tocamientos de que fue objeto la víctima". 2.- Sobre las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se supone se cometieron los actos de lujuria, es importante destacar lo siguiente: a) En su declaración ante el Tribunal de Sentencia, mi defendido asegura que el día, hora y lugar en que se supone sucedieron los hechos, nunca estuvo solo, estaba C. (la supuesta víctima)" otros niños y la señora M. M. P..- Cuando la Fiscalía le pregunta a C. G. P. (la supuesta víctima) ¿Quién estaba en ese lugar? La respuesta es que ella y K."; en otro momento del interrogatorio se le pregunta: ¿Ese día que su tío R. estaba allí, entraron todos?, la respuesta: “Que si, solo M. se quedó durmiendo".- Por su parte la señora M. M. P., quien trabaja como aseadora, declara que el día del suceso "estaba aseando el almacén (donde supuestamente ocurrió el hecho) donde trabaja el señor R., que los niños entraba y salían, la niña C. entró y pidió un champú y un desodorante, que la llamó doña M. y la niña se fue con ella, ..".- Estas declaraciones y otras similares demuestran que el imputado y la supuesta víctima nunca estuvieron solos, que es precisamente lo que asegura la principal testigo de la Fiscalía la señora R. M. M.. b) El hecho establecido como probado por parte del Tribunal, da como hora del suceso aproximadamente las 10:00 a.m. y la misma testigo M. M. P., al ser preguntada por la Fiscalía sobre el tiempo que tarda en asear, responde que hora y media; y ¿a que hora se fue del almacén?, responde: a las diez y media. b) Existen otras circunstancias relativas al hecho que se han establecido erróneamente a partir de no observar las reglas de la sana crítica al momento de valorar principalmente las declaraciones de testigos; para el caso, cuando a la supuesta víctimas le pregunta la Fiscalía que quien abrió la puerta (Se afirma, por la supuesta testigo ocular, que se encontraba cerrada para facilitar la comisión del delito), la niña responde “Que los Policías" y resulta plenamente probado que los policías no llegaron sino varios días después; la supuesta testigo ocular, declara que cuando vio que tocaban a la niña, no hizo bulla, y “fue a buscar a la niñera para que fuera a sacar a la niña y encontró a la p. L. para que fuera a sacar a la niña, llegaron y le preguntaron a R... ..", es decir, si llegaron directamente y pudieron preguntarle al supuesto victimario sin mayor dificultad, es porque el acceso al almacén no ofrecía obstáculo alguno.- L. S. O. S. (la profesora a quien acudió la testigo ocular), por su parte afirma que “le tocó la puerta y llamó por su nombre a C. y vio cuando C. salió de la bodega" c) Como suele ocurrir en las instituciones públicas, muchas personas optan por determinados puestos de dirección o importancia, y al no lograrlo por no haber cupo mas que para uno, en los demás se genera malestar que puede llevar a crear ambientes laborales nocivos y en algunos casos de conspiración; en el caso concreto, se denunció una situación de esa naturaleza y se ofrecieron testimonios en cuya valoración el Tribunal dejó de aplicar las reglas de la sana critica a pesar de que de haberlo hecho, les hubiera permitido una apreciación en su conjunto del escenario en que se dieron los hechos denunciados.- El mismo imputado, quien fue el primero en declarar en la audiencia de debate, afirma que todo ha sido una trama para sacarlo de su cargo de administrador y señala además que detrás de ello están las señoras A. G. y O. O.; esta misma aseveración la encontramos en varias declaraciones de testigos, entre ellas: A. E. B. R., M. M. P., L. D. C.. La testigo M. M. F. declara que “la profe L. le dijo que dijera que don R. se había tardado diez minutos (en abrir la puerta cuando fueron a buscar a la niña a la bodega, para incriminarlo), pero ella le dijo que no" Estas y otras inconsistencias, contradicciones y falsas conclusiones se encuentran en el desarrollo de la prueba, que evidencian que la sentencia condenatoria fue emitida inobservando las reglas de la sana critica. CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: No haber observado el Tribunal de Sentencia, en la tramitación de la etapa de debate o juicio oral y público y en la sentencia, derechos fundamentales del enjuiciado como el Derecho de Defensa (artículo 82 de la Constitución de la República) y el Debido Proceso (artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El artículo 361 del Código Procesal Penal dispone “En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional": El artículo 82 Constitucional proclama: “El derecho de defensa es inviolable-” Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes". El 90 en la parte conducente: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantía que la ley establece…." El Derecho a la Defensa es un derecho sagrado, quizás el más sagrado de todos los derechos, acompaña a los seres humanos desde el momento de su nacimiento hasta el día de su muerte. Este derecho, a diferencia de otros, no requiere reconocimiento o consagración en una carta política para su existencia y tampoco se trata de un derecho que ampara sólo a los ciudadanos, sino que tutela al hombre, por el sólo hecho de serlo. En el derecho sajón el Derecho a la Defensa tiene la categoría de un derecho natural y en el derecho constitucional francés se considera como un principio general del derecho, es decir, que no hace falta su consagración positiva para su reconocimiento. En Honduras, el derecho a la defensa se ha elevado al rango más alto que se le puede otorgar a un derecho en nuestro ordenamiento, al constitucional. Efectivamente, en el derecho público moderno, se le ha atribuido rango constitucional al Derecho a la Defensa. La Constitución de la República de Honduras, de 1982, no hace otra cosa que consagrar, en su artículo 82, lo que ha estado en el espíritu de las Constituciones anteriores: “el derecho de defensa es inviolable", en tanto que a nivel internacional, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (art. 8.2, inc. e.), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2, inc. d.) reconocen el derecho a la defensa. Pero además del rango constitucional, también goza de rango legal expreso, en razón de que Honduras, es uno de los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, que consagró la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y que proclama como uno de dichos derechos el de la defensa. Este tratado constituye ley formal por haber sido aprobado por el Congreso Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República. El acceso a la justicia y, en especial, la posibilidad de contar con el acceso a la defensa en juicio, son elementos esenciales en el marco de un Estado Democrático de Derecho. Un sistema de justicia democrático debe asegurar a todos los ciudadanos el ejercicio igualitario del Derecho de Defensa, lo que se manifiesta a través del derecho a ser oído o a la audiencia, el derecho de acceso al expediente, el derecho a formular alegatos y presentar pruebas, derecho a una decisión expresa, motivada y fundada en derecho, el derecho a recurrir, etc. Puede observarse en los acápites respectivos de este escrito, que pese al reconocimiento constitucional del Derecho de Defensa, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, durante el señalamiento de fecha y la tramitación de la audiencia de individualización de la pena, así como en la redacción, lectura y notificación de la sentencia, inobservó abiertamente las reglas legalmente establecidas e impidió que de manera oportuna el imputado ejerciera, a través de los recursos correspondientes, su legítimo derecho de defensa. El Tribunal de Sentencia, igualmente violentó éste derecho habiendo valorado prueba sin observar las reglas de la sana crítica, habiendo dejado de considerar prueba de valor decisivo, al hacer una declaración de los hechos probados que no es clara y terminante sino contradictoria, no ha cumplido con su obligación de asegurarle a R. E. A. M. el Derecho de Defensa en juicio; y, debe tenerse presente, que la defensa en juicio es indispensable para el ejercicio del derecho a un Debido Proceso Legal y Justo. R. E. A. M. no ha tenido un Juicio Justo y toda actuación del Poder Público que desconozca el Derecho a la Defensa y a un Debido Proceso, estará afectada de nulidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución de la República, en razón de lo cual la Corte Suprema de Justicia deberá restituirle a R. E. A. M. el ejercicio de los derechos que le han sido conculcados. LIBERTAD DEL IMPUTADO Dentro del capítulo relativo al recurso de casación, el artículo 372 del Código Procesal Penal determina los deberes de la Sala de lo Penal indicando: "Durante el trámite del recurso, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia" la aplicación de las reglas relativas a la prisión preventiva…" El imputado R. E. A. M., fue detenido el día 5 de octubre del año 2007 y se le impuso la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA el día 11 de ese mismo mes y año, y desde entonces se encuentra sometido a esa medida, es decir, durante mas de 2 años.- El artículo 181 relativo a la duración de la prisión preventiva, establece: “La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión podrá durar hasta dos (2) años...." Con estos fundamentos y el Constitucional contenido en el artículo 69, respetuosamente pido a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ordene la libertad inmediata de mi defendido señor R. E. A. M..” IV DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CODIGO PROCESAL PENAL PARA LA REALIZACION DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO EN SU MOTIVO PRIMERO INTERPUESTO POR LA DEFENSA 1) El artículo 362 preámbulo y número 5) del Código Procesal Penal, establece como motivo de casación por quebrantamiento de forma, la inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público, pero es entendido que estas reglas deben referirse a los principios sobre los que se basa el juicio oral y público, que son a saber: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración, vale apreciar que el vicio no está constituido por una simple infracción a una norma procesal vinculada con la forma de desarrollo del juicio oral y público, sino que se refiere a la violación de una norma de tanta trascendencia que su infracción afecte el proceso como medio de hacer valer real las garantías Constitucionales del encartado. El artículo 342 del Código Procesal Penal en su párrafo tercero establece que “entre la primera y la segunda fase, habrá un intervalo que no podrá exceder de treinta días continuos, que se utilizarán para practicar las investigaciones sobre los elementos que el Código Penal exige para la determinación de la pena concreta”, apreciándose ciertamente que el tribunal de instancia no observó este precepto al sobrepasar el máximo de días fijado por la norma, no obstante es oportuno hacer tres observaciones al respecto: a) No se aprecia perjuicio o agravio alguno en relación al imputado por haber sobrepasado el plazo fijado por la ley. B) Aun si concurriera agravio o perjuicio sobre el procesado, es requisito sinequanon que el impetrante, dada la naturaleza del recurso, haya verificado el reclamo oportunamente con el objeto de subsanar el juicio para que pueda haber lugar al recurso de conformidad con el artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal. C) El apoderado del procesado fue notificado personalmente no solo de la declaratoria de culpabilidad de su patrocinado sino del señalamiento de la audiencia de individualización dentro de un plazo superior al máximo fijado por la ley, no habiendo formulado reclamo o recurso en el acto, por lo que consintió la decisión del Tribunal. 2) El Código Procesal Penal señala dos procedimientos diferentes, según se trate de sentencia absolutoria (artículo 333 a 340 Código Procesal Penal) o de sentencia condenatoria (artículo 341 a 344 Código Procesal Penal), conservando un procedimiento común para la redacción, lectura y notificación de la sentencia tal y como se establece en el artículo 343 párrafo último del mismo código, sin embargo, el impetrante impropiamente pretende equiparar la sentencia absolutoria a la condenatoria con respecto al plazo en que deba pronunciarse la misma, no siendo posible esto en tanto que solo cuando se trata de sentencia absolutoria es factible redactarla y firmarla tan pronto haya sido votada o a lo sumo por razones de tiempo o complejidad hacerse dentro de los cinco días siguientes, y esto es así porque en caso de ser sentencia condenatoria resulta necesario previo a redactar y firmar la sentencia, realizar la audiencia de individualización de pena a efecto de establecer la pena concreta en apego a lo dispuesto en los artículos 342 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 69 del Código Penal, no apreciándose que se haya infringido el artículo 340 del Código Procesal Penal con respecto al plazo señalado, por no ser aplicable para la sentencia condenatoria. Por las razones antes expuestas es improcedente el motivo de Casación invocado. V DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA SENTENCIA LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN SU MOTIVO SEGUNDO. Invoca el censor que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. La Sala de lo Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente, analizando la exposición a efecto de detectar si efectivamente en su censura logra explicar como no se observaron las reglas de la sana crítica y cuales son las reglas infringidas, en consecuencia realiza la apreciación siguiente: 1) El impetrante se limita a expresar que el artículo 202 del Código Procesal Penal, impone al sentenciador el deber de valorar las pruebas con arreglo a la sana crítica, es decir, no tienen los tribunales una absoluta libertad de criterio, están, por el contrario, obligados a buscar un armónico equilibrio fundado en las observaciones de la experiencia confirmadas por la realidad, en la razón, en proposiciones lógicas correctas y naturalmente despojado de prejuicios y valoraciones antojadizas, presentando lo que a su criterio debe entenderse como un ideal de la aplicación de las reglas de la sana crítica, sin embargo en su explicación del recurso no manifiesta, ni explica en concreto cuales de las reglas que componen la sana crítica han sido inobservadas por el juzgador y como han sido inobservadas 2) Es criterio jurisprudencial de la sala que el recurrente deviene obligado a señalar concretamente que regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo, señalamiento que no ha verificado el recurrente, tampoco ha señalado en relación a que medios de prueba se da, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo. Ataca si el recurrente la valoración de determinados medios de prueba, pero sin referencia a determinadas reglas específicas de la sana crítica, de tal suerte que aún ante un eventual yerro de aplicación de determinada regla de la sana crítica, no puede esta Sala de lo Penal entrar a conocerla por no haber sido planteada con la claridad o precisión propia del recurso extraordinario de Casación, No obstante, la sala encuentra que el Tribunal a-quo ha observado las reglas de la lógica, la psicología y experiencia en tanto ha dado las razones para dar credibilidad o descartar los testimonios rendidos en juicio, así como las pruebas periciales y documentales, rescatando la esencia de cada prueba, interrelacionándola para encontrar su concordancia y vinculación lógica que le han permitido una reconstrucción cierta del hecho sometido a su decisión, pronunciando el fallo según su convencimiento en base a las pruebas, llegando a la conclusión de la existencia del hecho que declaró probado y la responsabilidad del imputado. Por esas razones no procede el motivo de Casación invocado. VI DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El censor señala que no se han observado derechos fundamentales del imputado como el derecho de defensa establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República y el debido proceso previsto en el artículo 90 de la misma Constitución. Analizado el planteamiento del recurso, esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien el recurrente dedica una parte de su libelo para explicar las normativas tanto nacionales como los instrumentos internacionales que se ocupan del derecho de defensa y del debido proceso, al momento de pretender explicar en si la infracción, falta a la claridad y precisión, omitiendo totalmente desarrollar el sentido de la infracción, a tal punto que no explica cuales de las formas de violación de la norma Constitucional es la que ha verificado el sentenciador, hablamos de aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea. 2) Aún faltando a la debida técnica Casacional intenta una explicación de su motivo que no hace mas que acentuar la confusión en el desarrollo del mismo, pues además de no explicar satisfactoriamente como es que se da la infracción de los preceptos Constitucionales aludidos, confunde el recurso de casación por infracción de precepto constitucional propiamente dicho con un recurso de casación por quebrantamiento de forma, veamos: plantea el impetrante que “pese al reconocimiento constitucional del Derecho de Defensa, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, durante el señalamiento de fecha y la tramitación de la audiencia de individualización de la pena, así como en la redacción, lectura y notificación de la sentencia, inobservó abiertamente las reglas legalmente establecidas e impidió que de manera oportuna el imputado ejerciera, a través de los recursos correspondientes, su legítimo derecho de defensa. El Tribunal de Sentencia, igualmente violentó este derecho habiendo valorado prueba sin observar las reglas de la sana crítica, habiendo dejado de considerar prueba de valor decisivo, al hacer una declaración de los hechos probados que no es clara y terminante sino contradictoria, no habiendo cumplido con su obligación de asegurarle a R. E. A. M. el derecho de Defensa en juicio”. Sobre estos argumentos es obvio que en cuanto a afirmar que no se observó “abiertamente las reglas legalmente establecidas”, es totalmente incorrecto, en primer lugar porque si se observaron las reglas establecidas para el debate y en segundo lugar porque de haberse infringido dichas reglas eso daría lugar a la casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362 preámbulo y numero 5) del Código Procesal Penal y no por infracción de precepto Constitucional, lo mismo cabe expresar sobre la no observación de las reglas de la sana crítica, la falta de consideración de prueba de valor decisivo, declaración de hechos probados no claros y terminantes o contradictorios, pues todos ellos constituyen vicios que deben ser planteados y resueltos por el cauce del recurso de casación en la forma y que no puede el Tribunal de Casación Penal entrar a conocer para resolver el motivo de infracción de Precepto Constitucional, por no haber sido planteado por la vía adecuada, sin perjuicio de lo ya manifestado por esta sala al resolver los dos recursos de casación por quebrantamiento de forma. Por otra parte al notificarle la audiencia de individualización de la pena al apoderado defensor, este no reclamó o interpuso recurso y en el caso de la sentencia, se interpuso sendos recursos de casación que fueron admitidos para su estudio y resolución por lo que sí hubo acceso a los recursos y consecuentemente garantizado el derecho de defensa. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362 preámbulo y números 1), 2), 5) y 369 del Código Procesal Penal. - FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional en su motivo único interpuestos por el Abogado O. H. C. S., actuando en su condición de apoderado defensor del señor R. E. A. M.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- FIRMA Y SELLO. LUCILA CRUZ MENENDEZ. SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil diez.- Certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.23=2010.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL