Sentencia CP-219-08 — Registro 2041
Resumen
En primer instancia se condenó a los imputados por el delito de difamación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL UNICO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE.- I.- El recurrente alega en el motivo en referencia que en la sentencia recurrida, no se habla o resuelve sobre la petición de calumnia y difamación por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones, considerando que los querellados mostraban a los medios los supuestos cheques y cantidades que el querellante había emitido, es decir, que se deja de aplicar el artículo 162 del Código Penal.- II.- Según la normativa Procesal Penal vigente en su artículo 360, el recurso de Casación por Infracción de Ley, se examina cuando “dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada……”; cuando se conoce un recurso de infracción de ley se trata justamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunciòn del hecho en el derecho, pues el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. En el presente caso el recurrente transcribe el artículo que a su criterio no ha sido aplicado, así como las etapas procesales en las que se refirió al mismo, pero no expone en que parte del cuadro fáctico plasmado por el Tribunal de Instancia en la sentencia, considera existe la infracción al precepto penal que debió ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica según su entender, más bien parece confundir la técnica recursiva para el planteamiento del motivo alegado al traer consideraciones de falta de congruencia de la sentencia que deben ser planteados dentro del Recurso por Quebrantamiento de Forma.- Claramente, en cuanto a la utilización de “alegorías”, de los mismos hechos probados no se desprende que los querellados se hayan prevalido de las mismas como medio para la comisión de delitos contra el honor, siendo consecuente con lo debatido en juicio oral que el A-quo no encontró probado el uso de alegorías, siendo el relato fáctico claro y terminante, no resultando contradicción entre lo establecido en aquel, con la parte dispositiva de la sentencia, en consecuencia de lo anterior se declara sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, invocado por el recurrente."
Legislación citada
- Código Penal, art. 162 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil diez, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS, JACOBO CALIX HERNANDEZ, como Coordinador; CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y RAUL A. HENRIQUEZ INTERIANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de diciembre de dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual absolvió a los acusados señores J. J. H. Q., y J. A. A. L., por su supuesta participación el primero en seis (6) delitos de Difamación y el segundo en cuatro (4) delitos de Difamación, supuestamente cometidos en perjuicio del honor del señor V. L..- SON PARTES: Como Recurrentes los abogados J. L. V. G. y W. E. P. P., en su condición de apoderados legales del señor V. L.; y como Recurridos los abogados E. J. L. Z. y C. A. C. C., actuando como apoderados de los señores J. J. H. Q., y J. A. A. L.. HECHOS PROBADOS 1.- El señor V. L. se desempeñó como ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde el uno (1) de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, hasta el día dieciséis (16) de Octubre de dos mil seis. 2.- El congreso Nacional de la República, mediante Decreto no. 153-2005 de fecha doce (12) de Mayo de dos mil cinco, nombró al señor J. J. H. Q., miembro de la Comisión de Transición de la Universidad Nacional Autónoma; a su vez la Comisión de Transición designó al señor J. J. H. Q. como Presidente de la misma, mediante acta número uno de fecha dieciocho de Mayo de dos mil cinco. 3.- La Comisión de Transición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mediante acta no 35 de fecha once (11) de Octubre de dos mil cinco, en sesión ordinaria, acordó crear la Comisión de Control de Gestión de la Universidad Nacional, acordando el nombramiento, entre otros, del señor J. A. A. L. como miembro de la Comisión, por un período de cuatro años.- Mediante acuerdo de la Comisión de Control de Gestión, acordó elegir como Coordinador de la misma al señor J. A. A. L.. 4.- En el noticiero “...”, transmitido por Tele-cadena 7 y 4 y “...” transmitido por Canal 9, en la edición del día catorce (14) DE Septiembre de dos mil seis, y este último además en la edición del día Veinte (20) de Septiembre de dos mil seis, destacaron como noticia, varias irregularidades que se estaban suscitando en la ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.- En dichos espacios noticiosos, se hicieron entrevistas a los señores J. H. Q. y J. A. Anta L., quienes se refirieron a dichas irregularidades y a la existencia de una investigación de las mismas ordenada por la Comisión de Transición. 5.- En los medios de prensa escritos, …, ..., ... y ..., en ediciones correspondientes a los días quince (15) y veintiuno (21) de Septiembre de dos mil seis, destacaron como noticia las irregularidades que se estaban suscitando en la ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.- En dichos espacios se destacan titulares sobre las investigaciones a realizarse, ordenadas por la Comisión de Transición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 6.- En el espacio radial de la emisora HRN, correspondiente al día veinte (20) de Septiembre de dos mil seis, en horas del medio día, se destacó como noticia la emisión de cheques por cantidades millonarias a favor de varias personas y entidades; entrevistando al señor J. A. A., quien se refirió a los hechos, manifestando que se estaban realizando las investigaciones correspondientes. 7.- La Comisión de Transición de la Universidad Nacional Autónoma de honduras, a raíz de los informes de la Comisión de Control de Gestión, ordenó a la Auditoria Interna de la universidad, realizar una investigación en la ... de la misma Universidad, la cual se realizó abarcando el período comprendido del uno (1) de Enero de dos mil cinco al treinta (30) de Agosto de dos mil seis.- En el informe de dicha entidad se concluye que existen irregularidades en la ... de la Universidad. 8.- El Tribunal Superior de Cuentas, mediante informe especial no. 04-207-DASS, revelo que de la investigación realizada a la ... de La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el período comprendido del uno 81) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil seis, resultaron inconsistencias e irregularidades en el control y emisión de cheques, y en la utilización del sistema de computo. CONSIDERANDO. I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL: MOTIVO ÚNICO: Infracción por falta de aplicación del artículo 162 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal.- EXPLICACION DEL MOTIVO: Al momento de que el Querellante Señor V. L., presenta su Querella Criminal por seis (06) delitos de difamación constitutiva de calumnia en contra del señor J. J. H. Q., y por cuatro (04) delitos de difamación constitutiva de calumnia en contra del señor J. A. A. L., respectivamente, se fundamentó, tal como consta en los autos, en lo establecido en el artículo 162 del Código Penal Vigente en nuestro País, el cual establece que “Se comete el delito de calumnia, injuria o difamación no solo manifiestamente, sino también por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones.” ya en el juicio oral y público, la parte querellante se le cedió la palabra para que formalizara su acusación, y en la cual como se desprende los autos, se dejo plasmado que se acusaba a los querellados no solo por lo establecido en los artículos 155 y 160 del Código Penal, sino que también sobre la base de lo ordenado en el artículo 162 de dicho Cuerpo Legal (ver pagina No.3 del Acta de Debate).- Igualmente, en la contestación de cargos la parte querellada, se pronunció sobre los extremos planteados sobre la base del artículo 162 del Código Penal Vigente; igualmente ocurrió al momento de formular las respectivas conclusiones. Según el Diccionario de Cabanellas, se entiende por Alegoría: “...Ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente- representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de estas o atributos. Figura que consiste en hacer patentes en el discurso, por medio de varias metáforas, consecutivas, un sentido recto y otro figurado, ambos completos a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Y por alusión: referirse a una persona o cosa, sin nombrarla o sin expresar que se habla de ella...” Pero tal como se desprende la sentencia recurrida, no habla o resuelve sobre la petición de calumnia y difamación por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones, considerando que los querellados mostraban a los medios los supuestos cheques y cantidades que mi representado había emitido; es decir, que deja de aplicar dicha disposición legal, razón por la cual la sentencia recurrida no responde a todos los alegatos que se plantearon tanto en la acusación como en la contestación de cargos, con lo que se da la infracción por falta de aplicación, lo cual no es congruente con las formalidades que deben reunir este tipo de sentencias; en consecuencia, al no ser la sentencia recurrida congruente con todos los argumentos planteados, no prevaleció el principio del debido proceso. La Corte Suprema de Justicia en diversas ocasiones ha dejado plasmado que el debido proceso exige el cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento; en consecuencia, las sentencias deben emitirse oportunamente llenando las formalidades jurídicas constitucionales y legales; por lo tanto, en el presente caso se ha violado la disposición legal establecida en el articulo 162 del Código Penal por su falta de aplicación.- La autoridad debe señalar y explicar las circunstancias por las que rechaza o deniega un alegato; en consecuencia, al no aparecer la motivación en la sentencia recurrida sobre lo establecido en el articulo 162 del Código Penal procede declarar con lugar el presente motivo de casación, para los efectos de que la autoridad reclamada cumpla el requisito apuntado mediante nueva sentencia con la fundamentación, ilegal y motivación correspondiente. III.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: A.- PRIMER MOTIVO: Violación del Articulo 90 de la Constitución de la República.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación, se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Establece en su parte conducente el numeral 1) de la regla cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal, lo siguiente: “sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fondo que haya de dictarse”. En relación al fallo impugnado esta contiene los hechos probados que para efectos de nuestro motivo, indicamos y resaltamos así: 1.- Que V. L. se desempeñaba como ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.- 2.- Que J. J. H. Q., fue nombrado por el Congreso Nacional como miembro de la Comisión de Transición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.- 3.- Que dicha comisión de Transición acordó el nombramiento de J. A. Anta L., como miembro de la comisión de Control de Gestión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.- 4.- Que varios telenoticieros, destacaron como noticia: “varias irregularidades que se estaban suscitando en la ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.. . se hicieron entrevistas a los señores J. H. Q. y J. A. Anta L., quienes se refirieron a dichas irregularidades...” 5.- Que diferentes medios de prensa escritos, “...destacaron como noticia las irregularidades que se estaban suscitando en la ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras...” 6.— Que en la emisora HRN “... se destaco como noticia la emisión de cheques por cantidades millonarias a favor de varias personas y entidades...” 7.- Que la auditoria interna, realizo una investigación de la ... de la Universidad que: “...concluye que existen irregularidades en la ... de la Universidad...” 8.- Que el Tribunal Superior de Cuentas “...revelo que de la investigación realizada a la ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.- resultaron inconsistencias e irregularidades en el control y emisión de cheques y en la utilización del sistema de computo. . .“ Conforme a los Artículos 31 preámbulo y numeral 1; 46 preámbulo y numeral 2; 51 y 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, el concepto de “irregularidades” es un termino de exclusivo carácter jurídico, en lo particular cuando se refiere a funcionarios públicos y labores de auditoria o fiscalización o investigación en el ejercicio de la función publica.- De esa forma, uno de los objetivos institucionales del Tribunal Superior de Cuentas es precisamente, conocer de las irregularidades que den lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal y darles el curso legal correspondiente (articulo 31, preámbulo y numeral 3) de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas).- Esa misma normativa jurídica equipara el concepto jurídico de “irregularidades” con los conceptos de “acto ilegal”, “acto irregular” o “violaciones a normas legales en la Función Publica (ver artículos 46 numeral 2, 51 y 72).- .- De forma mas precisa en el preámbulo y numeral 2) del articulo 46 de esa Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, se identifica el concepto jurídico de “irregularidad” con el “Control Interno”, tal y como relaciona el hecho probado numero 8 del fallo impugnado.— En ese mismo orden, y como ilustración, señalo que ya el Decreto Legislativo Numero 194-2004 que contiene reformas por adición del Código Penal, tanto en su ultimo considerando, como en su articulo 394-F y 394-1, también identifica o define como un concepto jurídico lo referente a “conductas irregulares”, dentro de las cuales se identifican tanto las referentes a los registros en general y a los sistemas de procesamiento de datos como señala el hecho numero 8 que refiere al “control y emisión de cheques y en la utilización del sistema de computo”.— El uso o empleo de ese concepto de carácter jurídico en la declaración de hechos probados, deviene predeterminación del fallo que haya de dictarse, por cuanto al determinar que V. L., ... de la Universidad, que haya “irregularidades” en la “emisión de cheques y en la utilización de equipo de computo” (ver hecho probado 8) forzosamente se reconoce “la emisión de cheques por cantidades millonarias a favor de varias personas y entidades (ver hecho probado 6) y por tanto no se puede llegar a concluir que haya existido la comisión del ilícito de difamación constitutivas de calumnias, reclamadas en la querella en contra de los imputados.- La predeterminación del fallo, puede entenderse a través del uso del siguiente razonamiento lógico: 1.- Auditoria Interna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Tribunal Superior de Cuentas concluyen que existen irregularidades (actos ilegales, actos irregulares o violaciones a normas legales en la función publica) en la ... de la Universidad (HECHO No. 7), tanto en el control y emisión de cheques y en la utilización del sistema de computo (HECHO No.8).- 2.- V. L., ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (HECHO No.l) ha cometido esas irregularidades (HECHOS 4, 5, 6, 7 y 8), que incluye la emisión de cheques por cantidades millonarias a favor de varias personas y entidades.- 3.- En consecuencia, J. J. H. Q. y J. A. A. L. (HECHOS 2 y 3) no pueden ser condenados por los hechos denunciados en la Querella, porque si existen las irregularidades (HECHOS 7 y 8) y ellos solo señalaron la investigación de tales actos ilegales que si fueron comprobados (HECHOS 7 y 8) .- La conclusión a la que se arriba es valida ya que mediante el uso del concepto jurídico de las irregularidades y su aceptación como existentes, la acusación promovida por V. L., quien aduce que se le difama por medio de actos constitutivos de calumnias, no puede prosperar ya que los hechos que le señalaron como ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras son ciertos.— Por ello se sostiene el cumplimiento del debido proceso, porque si en la declaración de los hechos probados se abandona el uso incorrecto del concepto jurídico de “irregularidades”, entonces no puede existir una predeterminación del fallo que haya de dictarse, a manera de ilustración, se invoca que en la valoración del medio de prueba documental 7, se ha sostenido que “la emisión de cheques por montos millonarios en realidad no existió” (vea pagina II vuelta de la Sentencia de merito) .— Consideramos que el proceso es un medio para asegurar, la solución justa de una controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal, el cual abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.- Ese debido proceso que entendemos como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procésales a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, decimos que nos ha sido mancillado cuando se soslaya el cumplimiento de la norma contenida en la regla cuarta del numeral 1) del Articulo 338 del Código Procesal Penal ya que al emplear un concepto de carácter jurídico en la declaración de hechos probados se ha predeterminado un fallo en perjuicio del derecho reclamado por el señor V. L.; en consecuencia este motivo es admisible.- B.- SEGUNDO MOTIVO: Lo promueve la violación al artículo 90 de la Constitución de la Republica, que consagra la garantía del DEBIDO PROCESO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al momento de que el Querellante Señor V. L., presenta su Querella Criminal por seis (06) delitos de difamación constitutivas de calumnia en contra del señor J. J. H. Q., y por cuatro (04) delitos de difamación constitutivas de calumnia en contra del señor J. A. A. L., respectivamente, se fundamento, tal como consta en los autos, en lo establecido en el articulo 162 del Código Penal Vigente en nuestro País, el cual establece que “...Se comete el delito de calumnia, injuria o difamación no solo manifiestamente, sino también por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones....” Ya en el juicio oral y publico, la parte querellante se le cedió la palabra para que formalizara su acusación, y en la cual como se desprende los autos, se dejo plasmado que se acusaba a los querellados no solo por lo establecido en los artículos 155 y 160 del Código Penal, sino que también sobre la base de lo ordenado en el articulo 162 de dicho cuerpo legal (ver pagina No.3 del Acta de Debate) .- Igualmente, en la contestación de cargos la parte querellada, se pronuncio sobre los extremos planteados sobre la base del articulo 162 del Código Penal Vigente; igualmente ocurrió al momento de formular las respectivas conclusiones.- Pero tal como se desprende la sentencia recurrida, no habla o resuelve sobre la petición de calumnia y difamación por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones, considerando que los querellados mostraban a los medios los supuestos cheques y cantidades que mi representado había emitido; razón por la cual la sentencia recurrida no responde a todos los alegatos que se plantearon tanto en la acusación como en la contestación de cargos, lo cual no es congruente con las formalidades que deben reunir este tipo de sentencias; en consecuencia, al no ser la sentencia recurrida congruente con todos los argumentos planteados, no prevaleció el principio del debido proceso. La Corte Suprema de Justicia en diversas ocasiones a dejado plasmado que el debido proceso exige el cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento; en consecuencia, las sentencias deben emitirse oportunamente llenando las formalidades jurídicas constitucionales y legales; por lo tanto, en el presente caso se ha violentado la garantía contenida en el articulo 90 constitucional.- Dentro de la garantía de legalidad, nos encontramos con la motivación que, significa que la autoridad debe señalar y explicar las circunstancias por las que rechaza o deniega un alegato; en consecuencia, al no aparecer la motivación en la sentencia recurrida sobre lo establecido en el articulo 162 del Código Penal en el presente caso concreto, se ha violado el articulo 90 constitucional, y por lo tanto, procede declarar con lugar el presente motivo de casación, para los efectos de que la autoridad reclamada cumpla el requisito apuntado mediante nueva sentencia con la fundamentación y motivación correspondiente. C.- TERCER MOTIVO: Lo promueve la violación al artículo 90 de la Constitución de la Republica, que consagra el DEBIDO PROCESO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Con el nombramiento de nuevos jueces, en referido proceso, se violento el principio de inmediación, juez natural y no se respeto el plazo de diez días señalados por la Ley Procesal, para que alguno de los jueces se excusara, o que las partes intervinientes tuviésemos la oportunidad de recusar a alguno de ellos, lo cual en el caso concreto era necesario, considerando que uno de los jueces fue nombrado una semana antes de la celebración del juicio, y el otro se desconocía quien era el Juez que había de integrar la Sala tercera y dicha resolución se nos notifico, hasta el día cuatro de diciembre de dos mil siete y el juicio oral y publico se celebro los días cinco y seis de diciembre del año dos mil siete, y el otro juez, hasta dos días antes de la celebración del juicio oral y publico, era desconocido por nuestra parte, es decir que no sabíamos sobre quien recaería dicho nombramiento; razón por la cual nos vimos en la obligación de hacer el respectivo reclamo al Tribunal sentenciador, en el mismo acto que nos dimos cuenta, de tal resolución o nombramiento, a lo cual nos opusimos en su oportunidad, tal y como consta en autos.- El Articulo 316 del Código Procesal Penal, establece un plazo mínimo de diez días, para que examinen las diligencias y planteen en su caso las Recusaciones basadas en hechos nuevos, a que haya lugar; asimismo aunque el Articulo 320 del mismo cuerpo legal, nos concede el derecho a interponer Recusaciones, como incidentes en el preciso momento de la audiencia del debate, este derecho solo puede ser usados siempre y cuando medie el termino prudencial de los diez días que concede la primera norma. No establecer o respetar ese termino, nos privo como parte acusadora de la posibilidad material para ejercer el derecho a ser juzgado por personas que no tienen conocimiento previo de la causa o que cuentan no por disposición propia, sino por condiciones personales ajenas al proceso y a las partes de elementos que pueden alterar esa imparcialidad necesaria en la persona que emitiera sentencia, resolviendo el conflicto entre las partes del juicio.- El termino de diez, días señalado por la Ley, era necesario para que la parte acusadora, pueda realizar las consultas e investigaciones previas y en su caso recabar los medios de prueba conducentes a efectos de determinar si existen causas de recusación en alguno o algunos de los nuevos jueces que de manera emergente integraron la Sala tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, ya que en uno o dos días se hizo imposible investigar y recabar las pruebas que nos dieran la certeza de la imparcialidad del Tribunal, que como se insistió no responde a la ejecución de los hechos o actos incongruentes a su digna majestad, sino que a situaciones personales previas al proceso. Por ello es que el Articulo 312 del Código Procesal Penal, establece al respecto la posibilidad de la suspensión del debate por un plazo máximo de quince días, cuando un miembro del Tribunal, no pueda continuar interviniendo en el juicio, por otra parte, la norma del Articulo 335 del Código Procesal Penal, para los casos de reemplazo de los jueces del Tribunal de Sentencia, establece que el juicio oral y publico deberá realizarse de nuevo desde su inicio, para lo cual consideramos que siempre deberá respetarse el plazo para la preparación del debate que establece el termino de diez días para la preparación de las recusaciones que en derecho corresponda.- Por las razones antes expuestas el Tribunal sentenciador devenía obligado a reprogramar la fecha para la celebración del juicio oral y publico, pero al no hacerlo a violentado en el Articulo 90 de la Constitución de la Republica, es decir la Garantía del debido proceso.- D.- CUARTO MOTIVO: Lo promueve la violación al artículo 90 de la Constitución de la Republica.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Se desprende de los autos que el Juez F. A. A., Presidente de la Sala tercera del Tribunal sentenciador, fue recusado por la parte querellante, se le solicito que rindiera el respectivo informe en el sentido de que se estableciera si tenia algún grado de amistad con los abogados defensores de los querellados, tal como consta en las peticiones de fecha trece de junio y catorce de agosto del dos mil siete, pero este se pronuncio en el sentido de que no tiene ningún interés en el presente juicio y que por ende no afecta su imparcialidad, ante tal informe, nos vimos en la obligación de promover el respectivo escrito de recusación ante la Corte Primera de Apelaciones de este departamento, Tribunal que desestimo la recusación planteada.- El juez F. A. A. O., devenía en la obligación de excusarse del conocimiento del presente juicio, ya que había sido recusado por la parte querellante; las partes tienen el derecho a ser juzgadas por un Juez imparcial y sin tacha, que represente para las partes la credibilidad de que su fallo será sometido única y exclusivamente a la Ley y no a la parcialidad; pero al seguir conociendo de la causa hasta dictar sentencia se violenta la garantía constitucional del debido proceso. Con el hecho de que una de las partes presente recusación contra un Juez, desde ese preciso momento la parte que la propone, para ella la persona de ese Juez ya no representa ni el mas mínimo grado de imparcialidad.- Por tal razón, solicito se conceda el Recurso de Casación en el presente motivo de casación.- IV.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: A.- PRIMER MOTIVO: “Violación a los preceptos de forma por adolecer de motivaciones insuficientes y contradictorias e inobservancia de las reglas de la sana critica”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 preámbulo numeral 3) del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En la sentencia recurrida se advierte varios errores: En primer lugar encontramos la incongruencia de los acápites “Hechos Probados” numeral 8) y en la “valoración de la Prueba” numeral 14) párrafo cuarto, en la cual existe clara incongruencia que deja dudas con respecto a la veracidad de lo expresado constituyendo error de expresión, en cuya virtud lo que el acto escrito expresa no corresponde a lo que el Tribunal ha querido expresar creando contradicción en cuanto a que es lo valido, si el hecho probado o la valoración de las pruebas como tal. En los “Hechos Probados” en su numeral 8) dispone: “El Tribunal Superior de Cuentas, mediante informe especial no. 04- 2007—DASS, revelo que de la investigación realizada a la ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el periodo comprendido del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil seis, resultaron inconsistencias e irregularidades en el control y emisión de cheques, y en la utilización del sistema de computo.” En la “Valoración de las Pruebas” ese Tribunal de Sentencia llego a la conclusión establecida en el numeral 14) en su párrafo tercero, la cual establece: “De hecho, el informe no establece responsabilidad alguna para el titular de la entidad auditada y para otras personas.” En el presente proceso judicial lo que se discute es si las declaraciones por medios radiales, escritos y televisivos de los señores querellados J. J. H. Q. y J. A. A. L., en contra del señor V. L., se subsumen en los delitos de difamación constitutivas de calumnia; es decir ¿Eran o no ciertas las declaraciones de los querellados que en la ... de la Universidad se estaban emitiendo cheques por cantidades millonarias a favor de varias personas que no eran empleados de la universidad y entidades fantasmas?; tanto los testigos de cargo como de descargo, los querellados y la prueba documental, dejaron plenamente acreditado en el juicio oral y publico que jamás existieron tales cheques millonarios; si hubieran existido, la parte querellada los hubiera presentado en juicio, pero no lo hizo, porque no existen, la sentencia recurrida es violatoria de la experiencia, cuando el sentenciador dice como se hacen las noticias en los periódicos, ya que para emitir tal pronunciamiento, tiene que hacerlo alguien especializado en el ramo.- Entonces, como es posible que el Tribunal de Sentencia, en su fallo establezca por un lado que existieron irregularidades y por otro no y, que quedo plenamente acreditado que jamás existieron esos cheques; los querellados imputaban a través de diversos medios de comunicación al señor V. L., que emitía cheques millonarios sin el debido respaldo (organizaciones fantasmas, ex empleadas de aseo), pero al mismo tiempo toma la decisión de absolverlos; entonces dicho fallo “no es ni chicha ni limonada”, a saber que será, pero menos una sentencia dictada de conformidad con la Ley; ya que la sentencias de los Tribunales en sus hechos probados y valoración de las pruebas deben reunir los principios de la lógica, como ser: a) Identidad: Lo es, es; b) No contradicción: La misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto; c) Tercero Excluido: Entre dos cosas contradictorias no cabe termino medio; d) Razón Suficiente: Todo lo que es tiene su razón de ser; o dicho en forma negativa: nada hay sin razón suficiente. En consecuencia, la fundamentación fáctica de la sentencia es contradictoria a la prueba existente y a los hechos históricos reconstruidos en el debate. Por tal razón solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia revoque y anule la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. B.- SEGUNDO MOTIVO: Haber dejado de considerar el sentenciador prueba de valor decisivo en la litis.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 preámbulo numeral 2) del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Previo a desarrollarse el presente motivo, es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia Recurrido, ha excluido o dejado de considerar prueba de valor decisivo, de fundamental importancia para decidir en forma regular lo debatido en el juicio. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación prescribe: Articulo 202 del Código Procesal Penal “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.”Expresa el sentenciador en el apartado de “valoración de la Prueba” pagina No.8, lo siguiente: “En definitiva, los testigos son valorados de manera positiva por esta Sala en cuanto acreditan y prueban que los señalamientos hechos en los medios de comunicación pudieron causar dudas entre las personas que conocen al Señor V. L..- No obstante lo anterior, es menester determinar con otro tipo de prueba, la naturaleza objetiva y subjetiva principalmente, de las declaraciones que se profirió en los medios de comunicación, por parte de los querellados.”- Como se puede apreciar los razonamientos del Tribunal son claros en cuanto a la descalificación de los testigos M. G. G. G., J. R. C. F. y A. C. C. M., a pesar de que estos con sus declaraciones dejaron plenamente establecido que las declaraciones rendidas por los querellados provocaron en ellos duda sobre la honorabilidad y honestidad del señor V. L. y posteriormente surgió un menosprecio hacia el querellante por considerar que si esos hechos eran ciertos el estaba cometiendo un delito en contra de los fondos del Estado de Honduras. Con este medio de prueba que no fue valorado de conformidad con la Ley se acredito que los querellados incurrieron en los delitos consignados en los artículos 155 y 160 del Código Penal vigente en nuestro País.- El Tribunal sentenciador le dio igual trato que la que señalamos anteriormente, a las “pruebas documentales” presentadas por la parte querellante, consistente en las declaraciones que rindieron los querellados J. J. H. Q. y J. A. A. L., a diversos periódicos de circulación nacional, tal como se desprende de las paginas ocho (8), nueve (9) y específicamente el párrafo segundo de la pagina once (11) de la sentencia recurrida, en la cual plasman lo siguiente: “El Tribunal observa, como ya lo dijo antes, que los reportajes en cuanto a la manera como están titulados difieren en mucho con el contenido de los mismos.- Los titulares son elaborados por los jefes de redacción, en ellos ni siquiera intervienen los reporteros, mucho menos son obra de las personas a quienes se atribuye las declaraciones.- Esta sala concluye que los medios de prueba evacuados, se demuestra de manera patente como los medios de comunicación impresos destacan una noticia que consideran relevante para la sociedad en general, pero en manera alguna es posible determinar si en ellas los querellados han atribuido expresiones que supongan la comisión de un delito a persona determinada, en este caso al querellante V. L..” El sentenciador, llego al grado de parcializarse con la parte querellada al asegurar que esta en las declaraciones se refirió a investigación de irregularidades; pero erróneamente a la otra parte de la noticia donde se calumnia y difama al señor V. L. dice que no lo dijeron los querellados, sino que fue obra de los medios de comunicación.- Honorables Magistrados bajo ese concepto equivocado, entonces en la actualidad no existiera ninguna condena por delitos contra el honor como ser difamación y calumnia; no hubieran condenado a A. H. y R. A.; o sea que ahora cualquier difamación y calumnia de cualquier ciudadano contra otro que salga en los periódicos es culpa y obra de los periodistas. Otros medios de prueba de valor que dejo de considerar el Tribunal de Sentencia en su fallo, se vuelve manifiesto en la valoración que realiza de los medios de Prueba documentales consistente en el oficio CT-UNAH-No.1008—06 de fecha 12 de octubre de 2006, consistente en el despido de su puesto de trabajo que se le hace por parte del querellado J. J. H. Q., mismo que corre agregado a folio numero 98 al 102 del expediente judicial de merito.- El sentenciador la excluye cuando dice en su valoración (identificado como numero 13), que dicho documento “tiene relevancia probatoria en cuanto se demuestra con el mismo que el querellante fue cancelado de su cargo por la Comisión de Transición en una fecha determinada, tomando como causal de despido la establecida en el mismo acuerdo de cancelación.” Con dicho medio de prueba se acredito plenamente que las imputaciones que los querellados pronunciaron a través de diversos medios de comunicación, fueron dichas por ellos, ya que en dicho Acuerdo de Cancelación, el cual fue emitido un mes después de que difamaron y calumniaron al señor V. L., lo plasman en un documento con su puño y letra, al decir que se le despide por el hecho de observar en la ... bajo su cargo: “presencia de operaciones duplicadas, cheques emitidos sin respaldo o emitidos repetidamente con diferentes valores a una misma persona”.- Con esto demostramos que el Tribunal sentenciador no uso los principios ni las máximas de la experiencia y la lógica, es decir que no aplico la sana critica ni valoro las pruebas en su conjunto, pero peor aun dejo de valorar pruebas decisivas en la litis; entonces, como es posible que el Tribunal sentenciador diga que las declaraciones plasmadas en los periódicos no fueron vertidas por los querellados, sino que por los periodistas, si uno de los querellados firma con sus puño y letra y reconoce ante el Tribunal y las partes de que lo despidió por emitir cheques millonarios, los cuales nunca existieron mientras el señor V. L. fue ... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es tan evidente que si el Tribunal sentenciador hubiere valorado en forma conjunta, armónica y en toda dimensión, la prueba producida en juicio, especialmente las declaraciones de los testigos M. G. G. G., J. R. C. F. y A. C. C. M., las declaraciones que rindieron los querellados J. J. H. Q. y J. A. A. L., a diversos periódicos de circulación nacional, el oficio CT-UNAH- No.1008-06 de fecha 12 de octubre de 2006, consistente en el despido de su puesto de trabajo que se le hace a V. L. por parte del querellado J. J. H. Q. y el Oficio 550/2006 de fecha 20 de septiembre de 2006 emitido por el Banco Central de Honduras donde dice que no hay ningún cheque millonario, hubiese llegado a la necesaria conclusión de dictar una sentencia condenatoria, sin embargo ya se expreso, extrañamente el Tribunal en el acto fundamental de sentenciar, no valoro es mas, excluyo totalmente esta prueba de valor decisivo en el juicio, merecedora de la correspondiente apreciación. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el propio acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. Y considerando que la Corte Suprema de Justicia a reiterado en diversas ocasiones que el Juez puede no tomar en consideración una prueba, pero que para apartarse de la misma deben exponerse los criterios en que se fundamenta, de una manera clara, concisa y coherente, al no hacerlo la sentencia carece de motivación, y en el presente caso el sentenciador no exterioriza claramente las causas que le hacen no apreciar la prueba testifical, va contra las reglas de la sana critica pues los testigos dijeron y cuentan lo que vieron y oyeron; razón por la cual es procedente que se declare con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en este motivo, casar la sentencia recurrida y en consecuencia declarar la nulidad absoluta de la misma y del debate en que se pronuncio.- C.- TERCER MOTIVO: La sentencia recurrida se basa en medios o „elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Titulo IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 preámbulo numeral 2) en relación con el articulo 346 preámbulo numeral 6), ambas disposiciones del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En la respectiva audiencia de proposición de pruebas la parte querellada, propuso como medio de prueba Documental el “Oficio TG-274-2006 de fecha 27 de julio de 2006, emitido por el Señor V. L.”; transcurrieron los plazos legales, los días y los meses, se llego el día del juicio oral y publico y la parte querellada no había presentado al Tribunal y a la parte Querellante el respectivo documento; y es hasta es momento de su evacuación que lo presentan al Tribunal; pero la parte querellada acompaña con el mismo una serie de documentos y solicita que se lean en el juicio oral y publico, en abierta violación a lo establecido en el Código
Procesal Penal; situación que el Juzgado permitió que se incorporaran dichos documentos; razón por la cual la parte querellante se vio obligada a solicitarle al Tribunal que quedara en Acta a efecto de promover este motivo de casación que hoy estamos promoviendo.- El Tribunal sentenciador incurrió en error de echo al extraer de un documento un contenido que el mismo no corresponde, con lo que se produce una violación indirecta a la Ley sustantiva.- Ya el articulo 311 del Código Procesal Penal establece que documentos pueden excepcionalmente ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario; fuera de los señalados en dicho articulo, el mismo dispone que ningún otro documento podrá ser introducido al juicio para su lectura, pero en abierta violación de la ley se permite su Lectura de los documentos identificados como numeral 6), según Acta de Debate.- La ley es una declaración de la voluntad soberana del pueblo que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite, en consecuencia se incorporaron medios de prueba que no se propusieron oportunamente por la parte querellada, ya que tampoco fue propuesto de conformidad a lo establecido en el articulo 320 párrafo segundo en relación con el articulo 332 del Código Procesal Penal.- Razón por la cual la Corte Suprema de Justicia, anule la Sentencia Recurrida y los actos realizados de modo irregular y que se ordene la devolución de los antecedentes para que sea sustanciado nuevamente de conformidad con la ley.- D.- CUARTO MOTIVO: Adolecer la sentencia del vicio siguiente: “La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes” PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 6) del Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El Articulo 337 del Código Procesal Penal, es diáfano, al establecer que: “...La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta...” Este precepto legal indica al órgano jurisdiccional la correlación que debe existir entre las sentencias y las alegaciones y pretensiones de las partes; es decir el limite de su potestad resolutiva que impone la acusación criminal respecto a los hechos sometidos a su juzgamiento, es este limite, que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, a irrespetado en el presente caso, pues como esta acreditado en autos el señor V. L., presento la querella criminal en contra del señor J. H. Q., por seis delitos de difamación constitutivas de calumnia y cuatro delitos de difamación constitutivas de calmilla en contra de J. A. Anta L., pero nunca indico que la imputación del delito de INJURIA, como el Tribunal de Sentencia lo ha dejado previsto en su sentencia recurrida, lográndose apreciar que la norma procesal antes reproducida, es imperante, al establecer que la sentencias deben ser congruentes, con las pretensiones de las partes, y en el caso concreto, podemos decir con propiedad, que por el contrario la sentencia de fecha trece de diciembre del año dos mil siete, es incongruente y por ende produce un auténtico desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulamos nuestras pretensiones, requisito inexcusable para poder apreciar que, al operarse una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal, se ha defraudado el principio de contradicción, dando como resultado una auténtica denegación del derecho a la tutela judicial efectiva.- Cuando decimos que existe incongruencia, nos referimos a que el sentenciador, invoco, hechos que nunca fueron sometidos a su consideración, por ninguna de las partes intervinientes, y nos referimos precisamente, al hecho de que el Tribunal sentenciador, hace especial alusión al tipo penal de injuria, como si este también hubiese sido imputado en contra de los señores J. H. Q. y A. A. L., por nuestro representado el señor V. L., tal extremo lo apreciareis en la fundamentación jurídica de dicho fallo, el Tribunal recurrido en el acápite primero, establece textualmente lo siguiente: “...Los hechos que este Tribunal de Sentencia ha declarado probados,...La parte acusadora (querellante) pretendió demostrar en el acto del juicio oral que los imputados, al haber ofrecido sendas declaraciones a los medios de comunicación social del país, habían hecho imputaciones calumniosas e injuriosas contra el querellante señor V. L..- Hemos de decir que en la vista publica el abogado de la parte querellante no argumento solidamente la manera en como se habrían configurado los distintos delitos (seis por una lado, y cuatro por el otro) imputados a los querellados...” Consecuentemente, el Tribunal Sentenciador, hace especial señalamiento del contenido del Articulo 157 del Código Penal, el cual, pues, tipifica el delito de injuria, nunca imputado por nuestro cliente y además de ello, considera que: “...Respecto al delito de injurias, se comete tal infracción cuando una persona, de manera deliberada, ofende a otra en su honor, honra o en su dignidad..” En conclusión, la sentencia de fecha trece de diciembre de dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, es incongruente con las pretensiones de las partes y al tenor del numeral 6) del Articulo 362 del Código Procesal Penal, procede anular el fallo recurrido siguiente: E.- QUINTO MOTIVO: Adolecer la sentencia del vicio siguiente: “...Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como...la resolución de todas las cuestiones debatidas...” PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 4) del Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El Articulo 338 del Código Procesal Penal, párrafo primero de la regla quinta, establece que: “...Las sentencias se redactaran por escrito, con sujeción a las reglas siguientes:...En la parte resolutiva, se absolverá o condenara a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados...”- El Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en su sentencia proferida en fecha trece de diciembre de dos mil siete, específicamente en la parte resolutoria, se pronuncio únicamente sobre la existencias de los seis y cuatro delitos de difamación, que el señor V. L., imputo en contra de los querellados, obviando hacer un pronunciamiento expreso sobre la participación de los señores J. J. H. Q. y J. A. A. L., en la comisión de los delitos de Calumnias.- Es por ello, que la sentencia que se impugna adolece del vicio in procedendo de incongruencia omisiva el cual consiste en omitir dar respuesta judicial a las pretensiones de las partes oportunamente planteadas, pues el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al momento de dictar el fallo, omitió pronunciarse sobre el delito de calumnia imputado a los querellados, en total menosprecio del Articulo 338 ya referido, y que, esta estrechamente vinculado con el Articulo 362 numeral 4) utilizado como fundamento del presente motivo de casación.- Resultando la sentencia totalmente incongruente con la pretensión de la parte querellante, sobre la imputación del delito de calumnia del cual no hubo pronunciamiento por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en la parte resolutiva de su sentencia.- No esta por demás señalar, que el principio de congruencia entre acusación y sentencia, plasmado en el Articulo 337 del Código Procesal Penal, radica en que los limites decisorios se plasman en la pretensiones de las parte, y el órgano jurisdiccional esta en la obligación de emitir su fallo dentro de los márgenes de dichas peticiones. Esto se traduce al derecho a obtener una sentencia de fondo fundada en derecho congruente.- En este caso en particular, fuimos constantes, en acusar por los delitos de difamación constitutivas de calumnia, y así lo sostuvimos en la audiencia de proposición de pruebas y en la audiencia de debate, por lo cual el fallo recurrido, tenía que pronunciarse sobre ese aspecto y al no hacerlo procede su anulación.- Es de hacer notar de que del vicio de que se acusa a la sentencia definitiva absolutoria proferida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, fue cometido en el mismo pronunciamiento de la sentencia; por tanto contra la misma por su propia naturaleza, resulta imposible obtener subsanación a través de otro recurso mas que el presente”.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL UNICO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE.- I.- El recurrente alega en el motivo en referencia que en la sentencia recurrida, no se habla o resuelve sobre la petición de calumnia y difamación por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones, considerando que los querellados mostraban a los medios los supuestos cheques y cantidades que el querellante había emitido, es decir, que se deja de aplicar el artículo 162 del Código Penal.- II.- Según la normativa Procesal Penal vigente en su artículo 360, el recurso de Casación por Infracción de Ley, se examina cuando “dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada……”; cuando se conoce un recurso de infracción de ley se trata justamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunciòn del hecho en el derecho, pues el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. En el presente caso el recurrente transcribe el artículo que a su criterio no ha sido aplicado, así como las etapas procesales en las que se refirió al mismo, pero no expone en que parte del cuadro fáctico plasmado por el Tribunal de Instancia en la sentencia, considera existe la infracción al precepto penal que debió ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica según su entender, más bien parece confundir la técnica recursiva para el planteamiento del motivo alegado al traer consideraciones de falta de congruencia de la sentencia que deben ser planteados dentro del Recurso por Quebrantamiento de Forma.- Claramente, en cuanto a la utilización de “alegorías”, de los mismos hechos probados no se desprende que los querellados se hayan prevalido de las mismas como medio para la comisión de delitos contra el honor, siendo consecuente con lo debatido en juicio oral que el A-quo no encontró probado el uso de alegorías, siendo el relato fáctico claro y terminante, no resultando contradicción entre lo establecido en aquel, con la parte dispositiva de la sentencia, en consecuencia de lo anterior se declara sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, invocado por el recurrente.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE.- I.- El recurrente alega que la sentencia transgrede lo establecido en el numeral 1) de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la declaración de hechos probados se hará “sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, pues en la sentencia recurrida el A- quo predeterminó el fallo al utilizar el término “Irregularidades” que es de carácter jurídico por encontrarse definiciones en leyes secundarias vigentes, lo que a criterio del recurrente ocasiona una vulneración al artículo 90 de la Constitución de la República.- II.- Esta Sala Penal, considera que, a los efectos del artículo de la ley procesal penal invocado el término “irregularidades”, no es un término exclusivamente de carácter jurídico, sino también un término de uso común en el lenguaje, con el que se suele denominar a conductas o actuaciones raras, extrañas, poco frecuentes o corrientes y singulares, habiendo sido dicho término utilizado por el Tribunal de Instancia en el cuadro fáctico por referencia de las pruebas evacuadas que hacían uso del mismo, es decir, precisamente para describir el relato de los hechos acaecidos declarados como probados, sin que por ello exista un adelanto o predeterminación de la decisión final que se dicto, pues lo que se prohíbe es que, en la descripción de los hechos probados se adelanten conceptos que por su “exclusivo” carácter jurídico, lleven ya una predeterminación del fallo a dictarse, razón por la cual no encuentra esta Sala Penal que el empleo del término “Irregularidades”, en los hechos probados por el A-quo, lleve una predeterminación vinculada al fallo absolutorio que se dictó, tampoco que haya provocado vulneración al debido proceso. En consecuencia de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer motivo, invocado por el recurrente.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE.- I.- El recurrente como lo hizo con el Recurso de Casación por Infracción de ley, vuelve argumentar que el Tribunal no resolvió sobre la petición de calumnia y difamación por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones, considerando que los querellados mostraban a los medios los supuestos cheques y cantidades que el querellante había emitido, y que la no aplicación del artículo 162 del Código Penal constituye una vulneración al artículo 90 de la Constitución de la República.- II.- Esta Sala Penal considera que al exponer el motivo del recurso que nos ocupa el recurrente, no especifica cual de las normas o reglas del debido proceso han dejado de observarse por el A-quo, limitándose a señalar que no existe a su criterio explicación sobre las circunstancias en que se funda el rechazo o denegación del alegato del querellante, en cuanto al por qué no tomar en cuenta lo que establece el artículo 162 del Código Penal en cuanto a las calumnias y difamación por medio de alegorías.- El Tribunal de Instancia en el fallo recurrido, deja claro tanto en las motivaciones que hace en la valoración de la prueba, como en la fundamentación jurídica el por qué considera que las conductas de los querellados no pueden ser subsumidas en los delitos contra el honor que les fueron imputados, apreciándose suficiente razonamiento para concluir que los juzgadores emitieron una sentencia motivada en cuanto a lo debatido en juicio oral y en consonancia a la ley aplicable al presente caso, no resultando procedente el argumento de que dicho fallo carece de motivación suficiente ya que el A-quo si explica y señala de forma clara y sin contradicciones las consideraciones del por qué rechaza declarar a los querellados responsables penalmente por los delitos antes señalados, no existiendo vulneración al precepto constitucional artículo 90 del debido proceso. En consecuencia de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su segundo motivo, invocado por el recurrente.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE.- I.- Alega el recurrente que con el nombramiento de nuevos Jueces en el referido proceso, se violentó el principio de inmediación, juez natural y no se respetó el plazo de diez días señalados por la Ley Procesal, para que alguno de los Jueces se excusara, o que las partes intervinientes tuvieran la oportunidad de recusar a alguno de ellos, lo cual en el caso concreto era necesario, considerando que uno de los Jueces fue nombrado una semana antes de la celebración del juicio, violentándose así la garantía del debido proceso.- II.- Esta Sala Penal dando respuesta al argumento del querellante, establece que conforme a nuestra normativa Procesal Penal, una vez declarado abierto el debate de juicio oral y público, y después de exponer sus posiciones los intervinientes, a instancia de cualquiera de las partes el Presidente del Tribunal abrirá un turno para que expongan si lo estiman oportuno incidencias dentro de las que caben las “recusaciones” de algunos de los miembros del Tribunal ( véase artículo 320 Código Procesal Penal), siendo la oportunidad que tenía la parte querellante para interponer las recusaciones que estimaran a bien en contra de los Jueces sentenciadores, y al no hacer uso de dicha facultad precluye su derecho, prohibiendo el mismo ordenamiento procesal penal, salvo en los casos expresamente determinados, retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos, bajo pretexto de renovación del acto, de rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, por lo que no era posible que al querellante se le otorgara de nuevo el término de los 10 días para el examen de las diligencias y plantear recusaciones, tal y como lo establece el artículo 316 del Código Procesal Penal, cuya etapa ya estaba precluida al momento de la apertura del debate, pero que de igual forma de acuerdo a lo antes referido de conformidad con el artículo 320 citado tenia la posibilidad de plantear recusaciones. En consecuencia de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Violación de Precepto Constitucional en su tercer motivo, invocado por el recurrente .- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL CUARTO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE. I.- Según el recurrente, el Juez F. A. A., Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Sentenciador, fue recusado por la parte querellante, se le solicitó que rindiera el respectivo informe en el sentido de que se estableciera si tenía algún grado de amistad con los abogados defensores de los querellados, habiéndose promovido el respectivo escrito de recusación ante la Corte Primera de Apelaciones de este Departamento, Tribunal que desestimó la recusación planteada y según el recurrente el Juez F. A. A. O., devenía en la obligación de excusarse del conocimiento del presente juicio, ya que había sido recusado por la parte querellante.- II.- El mismo recurrente, acepta en su argumento que la Corte de Apelaciones desestimó la recusación planteada en contra del mencionado Juez, por lo que dicho funcionario judicial no tenia la obligación de excusarse sino existía una causa legítima para hacerlo, debe recordarse que las excusas y recusaciones son regladas con precisión en el artículo 83 y subsiguientes de la normativa procesal penal, con ello se garantiza que sólo cuando las mismas concurren se puede recusar o de igual forma excusarse el propio Juez, para evitar así recusaciones o excusas por otras consideraciones que no sean las ya previstas, evitándose con ello que ni el Juez eluda su responsabilidad de conocer un caso indebidamente ni se le pretenda excluir por las partes por consideraciones ajenas a las de legitima recusación, además si los Jueces plantean excusas indebidas quedarían sujetos a las medidas disciplinarias establecidas por la ley, por lo que ante tales actuaciones no ha existido vulneración al artículo 90 Constitucional del debido proceso, ya que el juzgamiento se desarrolló precisamente dentro de las reglas procesales que se regulan en el Código Procesal Penal, razón por la cual debe declararse sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su cuarto motivo, invocado por el recurrente.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE.- I.- El recurrente aduce que la sentencia viola los preceptos de forma por adolecer de motivaciones insuficientes y contradictorias e inobservancia de las reglas de la sana crítica, al existir incongruencia entre el hecho probado número 8 donde se establece que de acuerdo con el informe de Tribunal Superior de Cuentas, T.S.C., que revela que “con la investigación resultaron inconsistencias e irregularidades en el control y emisión de cheques, y en la utilización del sistema de cómputo”, y en la valoración de la prueba número 14 párrafo 4, se estableció que de la auditoría practicada por el T.S.C., “el informe no establece responsabilidad alguna para el titular de la entidad auditada y para otras personas”.- II.- Bajo el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal.- III.- En lo que respecta a la motivación insuficiente alegada de forma genérica por el recurrente sin especificar en lo mas mínimo en que consiste
esa insuficiencia, esta Sala Penal, no aprecia que la sentencia del A-quo adolezca de dicho vicio, por cuanto cada una de las pruebas evacuadas han sido valoradas de forma lógica y coherente por el Tribunal, exponiéndose de forma clara las explicaciones del porqué son convincentes a criterio de los juzgadores, habiendo motivación suficiente en el fallo tanto fáctica como jurídica.- En cuanto a la incongruencia entre los informes emitidos por el T.S.C. porque en uno se establece que existieron irregularidades en la emisión de Cheques y en el otro no se establece responsabilidad para la entidad auditada; esta Sala Penal no aprecia que estas dos conclusiones puedan ser tomadas como motivación contradictoria, ya que las mismas son el resultado de la opinión de un ente contralor del Estado en una investigación sobre la administración de un ente autónomo como lo es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras “UNAH” y no son conclusiones a las que arribó el Tribunal Sentenciador, sino que éste lo que hace es valorar las mismas, recordando además que lo que se discutió en el juicio oral y público era la responsabilidad o no de los querellados en los delitos contra el honor que se les imputan y no la responsabilidad del querellante en su gestión de ... de la U.N.A.H.- En el presente caso que nos ocupa, como ya se dijo el recurrente no es claro ni determinante en cuanto a cuales de las reglas de la sana crítica no ha observado el A-quo, sino que se limita a enunciar varias de las reglas mencionadas, sin concluir de forma especifica el vicio que pretende señalar, y consta en la sentencia de primera instancia que el A-quo constituyó su razonamiento con inferencias razonables deducidas de las pruebas legalmente evacuadas y de una serie de conclusiones que por ellas se han ido formando, no constando en las motivación de la sentencia el irrespeto al principio de Razón Suficiente, es por ello que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, invocado por el recurrente.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE.-I.- El impetrante manifiesta que en la sentencia los juzgadores “han dejado de considerar prueba de valor decisivo en la litis”, para el caso dice que el A quo dejó de valorar a los testigos M. G. G. G., J. R. C. F. y A. C. C. M., también manifiesta fue dejada de considerar la documental consistente en el oficio CT-UNAH-No.1008-06 de fecha 12 de octubre de 2006, las declaraciones que rindieron los querellados J. J. H. Q. y J. A. A. L., a diversos periódicos de circulación nacional, y el Oficio 550/2006 de fecha 20 de septiembre de 2006, emitido por el Banco Central de Honduras.- II.- Esta Sala Penal recuerda que a los juzgadores se les impone el deber de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba, por lo que no le es permitido a los Tribunales de Instancia, omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso, esto es una prueba que por su contenido revista de singular importancia para la resolución de la causa; por lo que en estos casos lo importante es que para apreciar el vicio en relación, se debe analizar primero si la prueba fue considerada o no, o si la misma fue excluida, que es la otra hipótesis, partiendo de la fundamentación del fallo, para luego arribar a la conclusión si la prueba es de valor decisivo o no.- III.- En el caso que nos ocupa, la prueba que menciona el recurrente tanto testifical, como documental no ha sido dejada de considerar por lo juzgadores, sino que han sido valorados en la sentencia, (véase folios 274 f.v., 275 f.v., 278 f.v.), consignándose las razones del porque le daba credibilidad o no a dichos medios de prueba, por lo que la prueba ni ha sido dejada de considerar, ni ha sido excluida de la valoración hecha por los juzgadores de forma conjunta y armónica; en conclusión, al no cumplirse las hipótesis del artículo 362 numeral 2, o sea que no se dejó de considerar ni se excluyó prueba alguna de valor decisivo, no es posible tampoco efectuar la operación de “inclusión mental hipotética” para determinar la procedencia del motivo invocado, razón por la cual procede declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo, invocado por el recurrente.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE.- I.- El recurrente argumenta en este motivo, que los sentenciadores incurrieron en una de las hipótesis del artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal, “el haber basado la sentencia en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Titulo IV del libro segundo de este código”, aduciendo que en la respectiva audiencia de proposición de pruebas la parte querellada, propuso como medio de prueba Documental el “Oficio TG-274-2006 de fecha 27 de julio de 2006, emitido por el Señor V. L.; transcurrieron los plazos legales, los días y los meses, se llegó el día del juicio oral y público y la parte querellada no había presentado al Tribunal y a la parte Querellante el respectivo documento; y es hasta el momento de su evacuación que lo presentan al Tribunal; pero la parte querellada acompaña con el mismo una serie de documentos y solicita que se lean en el juicio oral y público, en abierta violación a lo establecido en el Código Procesal Penal; situación que el Juzgado permitió que se incorporaran dichos documentos.- II.- Esta Sala Penal, es del parecer que el recurrente no especifica cual de las dos hipótesis de los vicios que aparecen en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, es que adolece la Sentencia, y se limita a mencionar que se acompañaron al documento evacuado una serie de documentos, sin tampoco especificar de que documentos se trata, dificultando la labor de esta Sala en cuanto a que vicio y que prueba es la que ataca el recurso; tampoco es claro en cuanto a cuales de las causales del artículo 311 son las aplicables en el caso de autos para establecer si la prueba fue evacuada ilegalmente, quedando claramente establecido que la prueba evacuada en el juicio oral y público se hizo respetando las reglas de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, es por ello que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su tercer motivo, invocado por el recurrente.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL CUARTO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE.- I.- El recurrente alega el Quebrantamiento de Forma por “la incongruencia entre la sentencia con las pretensiones de las partes”, del artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal, ya que se presentó la querella criminal por seis delitos de difamación constitutivas de calumnia y cuatro delitos de difamación constitutivas de calumnia, pero nunca indicó la imputación del delito de Injuria, como el Tribunal de Sentencia lo ha dejado previsto en su sentencia recurrida, por lo que se invoco hechos que nunca fueron sometidos a su consideración por ninguna de las partes intervinientes, dado que el Tribunal sentenciador hace especial alusión al tipo penal de injuria.- II- Para esta Sala Penal, en el fallo de mérito no se dan por acreditados otros hechos y otras circunstancias, que no hayan sido descritas en las etapas anteriores, tampoco consta que se hayan calificado los hechos en perjuicio de los querellados en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas, razón por la cual esta Sala es del parecer que la sentencia del A- quo si cumple con la congruencia que debe existir entre la sentencia y la acusación y en la misma se explica y motiva de forma suficiente el cuadro fáctico y fundamentación jurídica plasmado en la misma, y el por qué llega a la conclusión de absolver a los querellados. En cuanto a la mención que se hace del delito de Injurias por si sola, no es vinculante al hecho de que exista incongruencia alguna entre la sentencia y las pretensiones de las partes tratándose que dicho delito también es un delito contra el honor, y su simple enunciado y desarrollo del concepto mismo en la fundamentación jurídica de la sentencia no provoca incongruencia alguna en el fallo aludido, considerando esta Sala Penal que, no se da en el fallo del A-quo, incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, debiendo declararse sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su cuarto motivo, invocado por el recurrente.- DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL QUINTO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL QUERELLANTE.- I.- El recurrente manifiesta que el vicio consiste en que “en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como...la resolución de todas las cuestiones debatidas”; ya que el A-quo se pronunció únicamente sobre la existencias de los seis y cuatro delitos de difamación, imputados obviando hacer un pronunciamiento expreso sobre la comisión de los delitos de calumnias.- Es por ello, que la sentencia que se impugna adolece del vicio in procedendo de incongruencia omisiva el cual consiste en omitir dar respuesta judicial a las pretensiones de las partes oportunamente planteadas, pues, al momento de dictar el fallo se omitió pronunciarse sobre el delito de calumnias.- II.- En la sentencia de instancia los juzgadores en su fundamentación jurídica dejaron claramente motivado que el delito de difamación, “es una entidad delictiva distinta a la calumnia y la injuria, pero no autónoma, pues requiere de la existencia de cualquiera de las anteriores para su existencia. Se ha dicho por más de algún estudioso de la doctrina penal que la difamación no es mas que una figura agravada de la calumnia y la injuria, por la publicidad que de las mismas se haga, y ello parece ser exacto” (véase folio 285).- Partiendo del razonamiento que hace el sentenciador en lo que respecta al concepto de difamación, vinculandolo con lo establecido en el artículo 160 del Código Penal, el cual establece que se incurre en “difamación” cuando se cometen imputaciones constitutivas de injurias o calumnias, esta Sala Penal, no aprecia que en la parte resolutiva de la sentencia se haya omitido algún elemento esencial sobre las cuestiones debatidas, ya que al haberse explicado en la sentencia que el delito de difamación es un tipo agravado del de calumnias, no provoca indefensión a la parte querellante el hecho de que en la parte resolutiva sólo se haya hecho mención de la absolución a los querellados por los delitos de difamación, entendiéndose que dentro de estos están comprendidas las calumnias, como normativamente lo regula el artículo 160 antes citado, razón por la cual no existe incongruencia omisiva, siendo lo procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su quinto motivo, invocado por el recurrente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 361, 362.1.2.3.6 y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: Declarar SIN LUGAR, los Recursos de Casación por Infraccion de Ley, en su único motivo, Infracción de Precepto Consitutucional, en sus cuatro motivos, y Quebrantamiento de Forma, en sus cinco motivos, invocados por los abogados J. L. V. G. y W. E. P. P., en su condición de apoderados querellantes del señor V. L., como parte recurrente.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JACOBO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL HE.Z INTERIANO.- FIRMA Y SELLO. LUCILA CRUZ MENÉNDEZ. SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diez. Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo del dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal Nº 219=2008. LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL