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Sentencia CP-203-07 — Registro 2564

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito difamación. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Penal, considera oportuno destacar la incongruencia de la fundamentaciòn jurídica de la sentencia al invocar la aplicación de ambos convenios, pues son procedimientos diferentes de legalización de documentos, no siendo necesario la aplicación de ambos para validar un documento en el extranjero, en todo caso, uno tiene aplicación más apropiada con el derecho interno para efectos de recibir declaraciones de testigos en el extranjero y otro en relación a documentos propiamente dichos, si bien esta Sala de lo Penal, ha dejado establecido que ni el procedimiento de la Asistencia Judicial, ni el de la apostilla, ha sido debidamente observado para incorporar en juicio las declaraciones testifícales recibidas en el extranjero y aún que pudiera invocarse lo preceptuado en el artículo 199 del Código Procesal Penal con la finalidad de dejar sentado que los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, pueden ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en el Código, siempre que sea objetivamente confiable, lo cierto es que los requisitos y exigencias de los procedimientos establecidos en los convenios han sido instituidos para configurar con el debido proceso la confiabilidad de los medios de prueba bajo un respecto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas traídas a juicio, de tal suerte que es imperativo examinar si los medios utilizados para la incorporación de la prueba en cuestión, tergiversan o disminuyen derechos fundamentales de los acusados y de los principios procesales integrantes del juicio oral y público, hablamos pues de oralidad, igualdad, contradicción, inmediación, derecho de defensa, que al permitirse la incorporación del medio de prueba fustigado por el recurrente, se ven restringidos, y con ello fundamentalmente el debido proceso plenamente garantizado en el marco constitucional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que justamente buscan asegurar dentro de un sistema democrático controles al ejercicio de la acción penal y un proceso penal con la debida protección jurídica para los justiciables, la exigencia del debido proceso implica precisamente garantizar que no se niegue a ningún ciudadano sometido a juicio de la correcta tutela de sus derechos fundamentales, para que el juicio seguido en su contra finalice siempre con una sentencia ajustada al marco legal y a los principios constitucionales, es evidente que en el caso examiné se vedó a la defensa el derecho de contradecir y de contra interrogar a los testigos, redundando dicho impedimento en una violación clara al derecho de defensa al no poder concretar mediante el controvertido y el interrogatorio un derecho a una defensa efectiva, incluso se restringe la capacidad del juzgador de valorar adecuadamente la prueba testifical, pues no se cuenta con la presencia del testigo en estrados, tan es así que se vedó el derecho al principio de contradicción, e inmediación, que durante la audiencia de proposición de prueba el Tribunal de instancia denegó la admisión de dicho medio de prueba por considerar que se violaba los principios de contradicción e inmediación, expresando en aquel momento que si el Ministerio Público le interesaba esa prueba debería traer a las personas que la ratificaran, no obstante durante el debate, el Ministerio Público invocó el artículo 311 del Código Procesal Penal para incorporar las declaraciones testifícales sin las formalidades exigidas por el artículo 235 del mismo Código en relación con la Convención Internacional que ya ha sido objeto de estudio supra, lo que significó la violación de los principios que precisamente el Juzgador A quo resguardó el día de la proposición de pruebas, pero que durante el debate infringió, al permitir evacuar una prueba fuera del control judicial y que no estaba comprendida en los casos previstos en los numerales del artículo 311 ya citado, es decir, sin ajustarse al carácter excepcional que se preceptúa como única posibilidad para incorporar por lectura en el desarrollo del juicio sin menoscabo del debido proceso, caso contrario como sucede en autos cualquier incorporación sin lugar a dudas comporta una violación a las normas contenidas en el título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal y constituye una de las causales de quebrantamiento de forma que establece el artículo 362 del Código Procesal Penal, específicamente en su numeral 2, siendo procedente a criterio del Tribunal de Casación acceder al motivo de casación invocado, pues en un ejercicio de supresión hipotética y suprimiendo in mente (las declaraciones rendidas en Estados Unidos), no quedan elementos probatorios que contribuyan al grado de convicción que se necesita para arribar al fallo condenatorio que pronunció el Tribunal A quo y que permita puntualizar la culpabilidad del imputado.- IV.- El delito de Lavado de Activos, principalmente se caracteriza por la vinculación de esta actividad con otros delitos que suelen ser la fuente de los ingresos que se pretenden blanquear con una actividad posterior, de manera que suelen estar estrechamente relacionados, de tal suerte que será necesario demostrar el delito que dio origen al enriquecimiento, delito que en este caso se queda sin basamento probatorio, en tanto que la prueba toral que tenía ese propósito era la prueba testifical que se incorporó por lectura, así las cosas tenemos que los ingresos del señor DERIS YOJANI DIAZ estarán explicados por los envíos que le hacían su esposa y cuñadas quienes laboraban en bares de los Estados Unidos, ahora bien, si esos dineros de las remitentes excedían de los percibidos por labores lícitas habituales a las desempañadas en un bar, se imponía demostrar en grado de certeza el origen ilícito de los ingresos de los remitentes y el concurso previo que pudieran tener aquellos con el destinatario para que pudiera sancionarse no solo el delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS, sino también el de LAVADO DE ACTIVOS, no pudiéndose en consecuencia, ligar las declaraciones incorporadas incorrectamente a ninguno de los dos delitos que juzgó el Tribunal de Sentencia. En consecuencia, procede el motivo de casación invocado. Los hechos declarado probados por el Tribunal de Sentencia, no solo aluden a la intervención que tuvo el imputado DERIS YOJANI DIAZ, sino también la de los otros imputados de nombres LOURDES PATRICIA ROSALES MARTINEZ, NANCY FLORIDALMA ROSALES MARTINEZ, Y ZENIA ZUNILDA MARTINEZ MARTINEZ, quienes a criterio de la Sala se hallan en iguales circunstancias, de manera que si bien el Recurso de Casación por el Motivo de Forma que ha promovido el abogado defensor del señor DERIS YOJANI DIAZ, ha sido presentado sólo a favor de éste, los efectos del recurso que pudieran favorecerles, se aplican a los otros imputados por encontrarse en la misma situación del señor DERYS YOJANI DIAZ, a tenor de lo dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal Penal.-No se conoce del Recurso por Infracción de Ley presentado por haberse declarado con lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma"...

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

La Infrascrita, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de febrero de dos mil diez, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ Coordinador CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO,dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de abril de dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1º.- CONDENANDO al Señor A. H. H., a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSION, como autor de Tres delitos de Difamación por imputaciones constitutivos de Injurias, en perjuicio del honor del Señor F. M. C., juntamente con las accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL;2) DECLARANDOLE al acusado A. H. H., la responsabilidad civil la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de dicha sentencia.- 3).- CONDENANDO a dicho acusado al pago de costas personales y otros pagos ocasionados por dicho juicio.-Son partes: El Abogado ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA, en su condición de Apoderado Defensor del Señor A. H. H. como recurrente y el Abogado JORGE JESUS KAWAS, en su condición de Acusador Privado y Apoderado del Señor F. M. C., como recurrido.-HECHOS PROBADOS.-Conforme a la prueba practicada y sometida a debate, y valorando la misma conforme a los criterios de la sana crítica, el Tribunal de Sentencia declaró probados los hechos siguientes: UNO: Que el día quince de julio de dos mil tres el señor A. H. H. en el espacio noticioso “No se Deje” transmitido por Canal 11 se refirió al señor F. M. C. como un pobre diablo, como una persona de criterio limitado, no confiable a quien creía más inteligente y que no se dejaba utilizar y que se prestaba a publicar falacias.- DOS: El día diecisiete de julio del dos mil tres, en el mismo programa antes referido, el acusado manifestó que la Agencia de Publicidad de F. M., es la que inventa las encuestas pirujas.- TRES: Nuevamente, el dieciséis de septiembre del mismo año, el acusado se refirió al señor M., como una persona que realiza encuestas pirujas. Además mostró en el programa, reiteradamente, un recorte de periódico con el rostro de F. M. para que los televidentes lo identificaran y conocieran como la persona que publica encuestas pirujas.”-CONSIDERANDO.-I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA, como Representante Legal del Señor A. H. H., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.-II.- EL ABOGADO ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DEL SEÑOR A. H. H. PROCEDIO A FORMALIZAR EL RECURSO DE LA MANERA SIGUIENTE: “PRIMER MOTIVO DE CASACION.- Infracción de Ley por interpretación errónea del precepto legal sustantivo contenido en el artículo 160 del Código Penal.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en lo dispuesto en el artículo 360 del Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La norma penal referente al delito de Difamación, señala: “Artículo 160.- Se incurre en difamación, y se impondrá al culpable la pena de seis meses a tres años de reclusión, cuando las imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan concitar, en contra del ofendido, el odio o desprecio público”.- Establece nuestra norma sustantiva penal, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal.- Los hechos probados UNO, DOS Y TRES se refieren a que el señor A. H. es su espacio noticioso “NO SE DEJE” en tres ocasiones diferentes emite expresiones relacionadas a que F. M. ha publicado “encuestas pirujas”.- A partir de esa definición de hechos probados la Sentencia recurrida determina que existe el delito de INJURIA y debido a que éste se presenta, es que también concurre el delito de DIFAMACIÓN.- En la declaración de los hechos probados, no encontramos que las expresiones proferidas por A. H. se hicieren en forma o por medios de divulgación que pudieran concitar, en contra del ofendido, el odio o desprecio público.- El tipo penal del delito de DIFAMACIÓN, además de exigir la existencia de una INJURIA, requiere que coexista ese INSTIGAMIENTO o CONCITACIÓN AL ODIO O AL DESPRECIO PÚBLICO, extremo que no es reconocido en los hechos probados de la sentencia recurrida, de ahí es que surge la infracción de la ley por interpretación errónea de la norma del artículo 160 del Código Penal.- LA INTERPRETACIÓN QUE SE PRETENDE consiste en que la Sentencia recurrida a partir de la declaración de hechos probados, debe interpretar que la norma sustantiva requiere un elemento de concitar en contra del ofendido, el odio o desprecio público, no consiste simplemente en que las expresiones sean realizadas por un medio de comunicación masiva, como en el caso de autos un canal de televisión.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY FUNDADO EN LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL.-Argumenta el recurrente que el A Quo incurrió en infracción de la norma penal que corresponde al delito de Difamación, tipificada en el Art. 160 del Código Penal, dados los hechos declarados probados en la sentencia recurrida. Concretamente reprocha los hechos probados 1,2 y 3, que se refieren a que el acusado señor A. H. en su espacio noticioso “NO SE DEJE” en tres ocasiones diferentes emite expresiones relacionadas a que F. M. ha publicado “encuestas pirujas”.- Estima que en los hechos declarados probados, no se encuentran expresiones del acusado presentadas en los medios de divulgación que pudieran concitar, en contra del ofendido, el odio o desprecio público.- Refiere que el tipo penal de DIFAMACIÓN, además de exigir la existencia de una injuria, requiere que coexista ese instigamiento o concitación al odio o al desprecio público, extremo que no es reconocido en los hechos probados de la sentencia recurrida. Esta Sala de lo Penal, aprecia que los hechos declarados probados, por el juzgador de instancia, de forma integral, los que constituyen el cuadro fáctico de la sentencia recurrida, se subsumen o ajustan perfectamente a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal de Difamación, tipificado y sancionado en el Art. 160 del Código Penal. Lo anterior, se constata objetivamente atendiendo al medio de divulgación social masiva en que la información ha sido difundida al público por parte del acusado señor A. H., en tanto para ello ha hecho uso de un noticiero de televisión, visto por gran numero de ciudadanos a nivel nacional, en que ha sido probado que ha expresado conceptos, apreciaciones de connotación injuriosa, en tres ocasiones distintas, contra la persona del señor F. M. Por lo expuesto, el motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado.

III.- CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION.- Infracción de Ley por interpretación errónea del precepto legal sustantivo contenido en el artículo 157 del Código Penal, relacionado con los artículos 8 en su primer párrafo de la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, 18 y 20 del Código Civil, 11 del Código Penal.,-RECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en lo dispuesto en el artículo 360 del Código Procesal Penal.-EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La norma penal referente al delito de Injuria señala: “Artículo 157.- Será penado por injuria, con reclusión de tres meses a un año, quien profiera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”.- Establece nuestra norma sustantiva penal, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal.- Los hechos probados UNO, DOS Y TRES se refieren a que el señor A. H. es su espacio noticioso “NO SE DEJE” en tres ocasiones diferentes emite expresiones relacionadas a que F. M. ha publicado “encuestas pirujas”.- A partir de esa definición de hechos probados la Sentencia recurrida determina que existe el delito de INJURIA y debido a que éste se presenta, es que también concurre el delito de DIFAMACIÓN.- De la declaración de los hechos probados, surge una interpretación errónea del artículo 157 del Código Penal, por cuanto determina que la expresión de “encuestas pirujas”, es suficiente para consentir que hay expresiones en deshonra, descrédito o menosprecio de F. M.- Para determinar la presencia del tipo penal de Injurias, se exige al autor que profiera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.- Pero la norma penal que tipifica el delito de INJURIAS no es clara en definir que debe entenderse por deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.- A manera de ilustración, el delito de CALUMNIA tipificado en el artículo 155 del Código Penal, es muy claro, por que define a esa agresión penal como “la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio”.- Siendo mucho más amplio, en el Código Penal no existen definiciones o simples aproximaciones de lo que debemos entender por esas expresiones o acciones en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.- Alejándose del Principio de Legalidad en materia penal, establecido en el artículo 11 del Código Penal, el Tribunal ha estimado entonces, que el HONOR más que un elemento objetivo y claramente definido en nuestra Ley Penal, debe entenderse como un elemento subjetivo propio de la susceptibilidad de cada persona.- De ahí llega a concluir el Tribunal que: “Un honor que puede ser más vulnerable para unos que para otros, pero honor al fin, que igual estamos obligados a proteger independientemente de la persona de quien se trate”. Y que: “Como vemos, la afectación del honor no solo depende de los que se dice, sino también de la susceptibilidad de las personas ante quien se dicen, pues a la larga el honor de una persona se puede ver menguado en mayor grado para unos que para otros”.[1] Sostener esa idea del honor, resulta adecuada en el marco teórico, para sostener la integridad incólume del derecho que sostiene el artículo 76 Constitucional, pero es sabido, que este derecho no puede ser absoluto, no puede estar sujeto a ninguna ley, porque la susceptibilidad de cada hombre o la capacidad de juzgar una violación a su honor puede equivocarse.- Dada la diversidad de pareceres privados u opiniones particulares, forzosamente producirá confusión en la aplicación de las sanciones penales.- En contra del parecer del Tribunal, siguiendo o manteniendo el Principio de Legalidad, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento desde 1958, señala los fundamentos que sostiene el Poder Estatal para determinar cuando expresiones son dañinas o vulneran el honor de la persona, cuando falten al respeto de la vida privada y a la moral; considerándose que faltan a la vida privada, cuando se refieran en forma denigrante a la vida exclusivamente de hogar o a la conducta social de las personas.- El artículo 18 del Código Civil ha establecido que “Cuando el legislador definiere expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal”, por otra parte, el artículo 20 del Código Civil ha declarado que “Se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural”.- LA INTERPRETACIÓN QUE SE PRETENDE: la interpretación errónea del artículo 157 del Código Penal se produce cuando la Sentencia Impugnada llega a determinar que la expresión “encuesta piruja” debe entenderse como una expresión que afecta el honor de F. M.; sin embargo, la INTERPRETACIÓN ADECUADA Y CORRECTA DE LA NORMA SUSTANTIVA no puede residir, partiendo de la susceptibilidad y la subjetividad de la persona ofendida, lo cual contraría el principio de legalidad penal, olvida la definición especial consignada por el legislador en la Ley de Emisión del Pensamiento y además conlleva el desconocimiento de la interpretación de los pasajes obscuros del modo que más conforme parezca al espíritu general de ley y a la equidad natural”.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY BASADO EN LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO PENAL, LOS ARTÍCULOS 8 EN SU PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE LIBRE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO, 18 Y 20 DEL CÓDIGO CIVIL, 11 DEL CÓDIGO PENAL.-Argumenta el recurrente que el Juzgador ha incurrido en infracción de ley por interpretación errónea del tipo penal de Injurias, tipificado en el Artículo 157 del código Penal, pues aprecia que los hechos declarados probados de la sentencia impugnada no se ajusta a dicha norma penal. Se concreta el recurrente a indicar que la expresión: “encuestas pirujas”, no es suficiente para asumir que el acusado ha vertido expresiones de deshonra, descrédito o menosprecio contra el señor F. M. Alude que para determinar el tipo penal de Injurias, se exige que el autor profiera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, pero refiere a que la norma no define los alcances de dichas consideraciones. Refiere el recurrente que el juzgador vulnera el Principio de Legalidad, del artículo 11 del Código Penal, al estimar el honor más que un elemento objetivo, a uno subjetivo. Reprocha que el honor, no es un derecho absoluto y que no puede estar sujeto a la susceptibilidad de cada persona. Aprecia que el Principio de Legalidad, lo fija la Ley de Libre Emisión del Pensamiento desde 1958, pues esta dispone que las expresiones son dañinas o vulneran el honor de la persona, cuando faltan al respeto de la vida privada y a la moral. Lo invoca en relación a los artículos 18 del Código Civil y 20 del Código Civil sobre la forma en que deben interpretarse los pasajes oscuros de la ley. Esta Sala de lo Penal, aprecia que los hechos declarados probados, por el juzgador de instancia, de forma integral, los que constituyen el cuadro fáctico de la sentencia recurrida, también se subsumen o ajustan perfectamente a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal de Injurias, tipificado y sancionado en el Art. 157 del Código Penal. De los hechos probados se deriva que el Acusado Señor A. H. ha proferido en su noticiero televisado, en tres ocasiones distintas, expresiones de connotación objetivamente ofensiva, dirigidas contra la persona del Señor F. M., calificativos, no amparados por la letra, ni el espíritu de la ley especial que regula la libre expresión del pensamiento, pues han puesto de manifiesto el interés del acusado, que más allá de querer informar y transmitir hechos noticiosos, ha sido la de afectar la honra y a la estimación pública del señor M. Por lo expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.-IV.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE.- TERCER MOTIVO DE Casación.- infracción de Ley por interpretación errónea del precepto legal sustantivo contenido en el artículo 35 del Código Penal.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en lo dispuesto en el artículo 360 del Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La norma penal referente a la imposición de penas señala: “Al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible. Cuando no lo fuere, o si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sean las señaladas a los delitos mas graves. Sin embargo, la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta años”.- Establece nuestra norma sustantiva penal, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal.- Los hechos probados UNO, DOS Y TRES se refieren a que el señor A. H. es su espacio noticioso “NO SE DEJE” en tres ocasiones diferentes emite expresiones relacionadas a que F. M. ha publicado “encuestas pirujas”.- La defensa ha sostenido y siempre sostendrá que en el caso de mérito, ha existido una interpretación errónea de las normas penales sustantivas contenidas en los artículos 157 y 160 del Código Penal, por ello en los motivos precedentes, se sostiene y propugna por la inocencia de nuestro Cliente.- Asimismo, propugnamos y defendemos la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su declaración de principios sobre la Libertad de Expresión reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado de Honduras forma parte, en el sentido que:“Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles”.- Sin embargo y ya que el Tribunal ha establecido la culpabilidad, al momento de imponer la pena concreta, y partiendo de los hechos probados, también ha incurrido en una interpretación errónea de la norma sustantiva contemplada en el artículo 35 del Código Penal, al momento de aplicar una pena concreta a mí representado.- Como así lo ha reconocido la Honorable Corte Suprema de Justicia, la pena además de ser necesaria, también ha de ser proporcionada, a la acción cometida y a las circunstancias que rodean la misma; pero también las penas no solo han de tener un carácter punitivo, sino también han de tener un carácter resocializador, y en toda sociedad democrática, el derecho penal habrá de verse como la ultima ratio.- Contrario a la aplicación del principio de cumplimiento de las condenas simultaneas; y mediando una interpretación errónea, por cuanto no se señala en los hechos probados la existencia de hechos que vienen a constituir delitos mas graves o mayores, la sentencia impugnada impone una sola pena de cumplimiento sucesivo y de ahí se determina la sanción de CUATRO AÑOS DE RECLUSIÓN, misma que viene a constituirse en una pena excesiva y desproporcionada con el tipo penal por el que existe la condena.- La Interpretación errónea permite una interpretación “in malam partem” del imputado y da una discrecionalidad al órgano jurisdiccional que crea un grado de inseguridad contrario a los valores propugnados por la Constitución de la República, el sistema de derecho penal hondureño, que propugna entre otros, el principio de “nullem crimen sine lege certa”.- LA INTERPRETACIÓN QUE SE PRETENDE, en ese sentido, y siendo que los hechos probados han definido la existencia de tres diferentes hechos, realizados en fecha 15 de julio, 17 de julio y 16 de septiembre del 2003, la pena que debía aplicarse al señor A. H. es la de UN AÑO Y CUATRO MESES DE RECLUSIÓN por cada hecho determinado en la sentencia recurrida.-RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY BASADO EN LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO PENAL.-Argumenta el recurrente que el Juzgador ha incurrido en infracción de ley por interpretación errónea del Art. 35 del Código penal. Aprecia el recurrente que dados los hechos probados en la sentencia que se impugna, no se ha infringido la norma señalada, en tanto los hechos probados 1,2 y 3, se refieren a que el señor A. H. en su espacio noticioso “NO SE DEJE” en tres ocasiones diferentes emite expresiones relacionadas a que F. M., ha publicado “encuestas pirujas”.- Aprecia el recurrente que el Jugador ha incurrido en interpretación errónea de los artículos 157 y 160 del Código Penal, y apela a la posición jurídica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su declaración sobre la Libertad de Expresión, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que las “Las leyes de privacidad no deben inhibir, ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles”.- Aprecia que al momento de imponer la pena concreta, partiendo de los hechos probados, el juzgador interpreta erróneamente el Artículo 35 del Código Penal, por cuanto la pena además de ser necesaria, ha de ser proporcionada a la acción y a las circunstancias que la rodean, no de carácter punitivo, sino resocializador y como ultima ratio. No se señala en los hechos probados la existencia de hechos que vienen a constituir delitos mas graves o mayores, la sentencia impugnada impone una sola pena de cumplimiento sucesivo y de ahí se determina la sanción de cuatro años de reclusión, misma que aprecia es excesiva y desproporcionada. Esta Sala de lo penal, observa que en el presente caso, atendiendo los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, se ha condenado al acusado señor A. H. H., a sufrir la pena de cuatro años de reclusión, como autor de tres delitos diferentes de Difamación por imputaciones constitutivas de Injurias, en perjuicio del honor del señor F. M. C. El juzgador de instancia ha aplicado en correcta y debida forma, la regla del concurso real de delitos, contenida y dispuesta en el Artículo 35 del Código Penal vigente, pues ha condenado al acusado a tres condenas de cumplimiento sucesivo, una detrás de la otra, cada una con un año, cuatro meses, hasta completar la pena impuesta de cuatro años de reclusión. No se trata pues de una pena excesiva o desproporcionada, sino la que ha debido de imponer al acusado por cada una de las infracciones penales por las que ha sido condenado. Por lo expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.-V.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE.-CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- “CUARTO MOTIVO DE CASACION: Infracción por interpretación errónea de los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 72, 75 y 76 de la Constitución de la República, relacionados con la Ley de Emisión del Pensamiento en sus artículos 1, 2, 5, 7, 8 en su primer párrafo, 32, 33, 34, 35, 36 y 37; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 157 del Código Procesal Penal.-EXPOSICIÓN DEL MOTIVO:1.-CONSTITUCIÓN DE LA LIBERTAD.- El Preámbulo de nuestra Carta Magna señala que la Constitución ha sido decretada y sancionada para asegurar una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la libertad.- La Sentencia recurrida se imparte en nombre del Estado de Honduras, quien de acuerdo al artículo 1 de la Ley Suprema, es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.- La Constitución de la Republica propugna y defiende la dignidad del ser humano y su derecho a la libertad (59, 61, 68), en ese mismo orden de ideas se refiere a libertad de sufragio (42, 272), a libertad personal (69) a libertad de asociación y reunión (78), a la libertad individual (83), a los casos de privación de libertad (92, 97), a la libertad de investigación, de aprendizaje y de cátedra (155), del goce de la libertad (182), a la libertad de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan esta Constitución (331); bajo el mismo concepto señala: el derecho a la libre navegación de todas las naciones (12), el voto libre y secreto (44), el libre funcionamiento de los partidos políticos (47), la libertad e igualdad de todos los hombres (60), el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna (77), el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional (81), el libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes (82), la libre administración de nuestros bienes (110), el derecho a escoger libremente nuestra ocupación y a renunciar a ella (127), el derecho para asociarnos libremente en sindicatos o asociaciones profesionales (128 numeral 14), el libre nombramiento de empleados municipales (297), y el derecho a la libre asociación en patronatos, federaciones y confederaciones (302).- Conforme se ha ido reafirmando la preponderancia o importancia de la libertad individual en el mundo, surge la figura del OMBUSDMAN, o defensor del pueblo, que ingresa a nuestra Constitución, según el Decreto No. 191-94 y ratificado por el Decreto No. 2-1995, bajo la denominación de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, regulado en el Decreto Legislativo No. 153-95.- Todo ello es concluyente, para determinar que nuestra Constitución de la Republica es una norma que instaura, defiende y pretende el darle el mayor grado de libertad individual a las personas.- 2.- DE LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE LA LIBRE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO.- El derecho a la libre emisión del pensamiento, ocupa una categoría de importancia en nuestra Constitución de la Republica; en efecto, los otros derechos simplemente se mencionan, mientras este derecho es el que tiene la mayor enumeración o reglamentación constitucional.- Desde la Constitución de la República Federal de Centro América de 1824 nuestro País ha reconocido que: “Artículo 175 No. 1.- No podrán el Congreso, las Asambleas, ni las demás autoridades: Coartar en ningún caso ni por pretexto alguno la libertad del pensamiento, la de palabra, la de la escritura y la de imprenta”.- Las disposiciones constitucionales al respecto señalan: ARTICULO 72.- Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.- ARTICULO 73.- Los talleres de impresión, las estaciones radio eléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos de conformidad con la Ley. - Ninguna empresa de difusión del pensamiento podrá recibir subvenciones de gobiernos o partidos políticos extranjeros. La Ley establecerá la sanción que corresponda por la violación de este precepto. - La dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados, y la orientación intelectual, política y administrativa de los mismos, será ejercida exclusivamente por hondureños por nacimiento. - ARTICULO 74.- No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información. - ARTICULO 75.- La Ley que regule la emisión del pensamiento, podrá establecer censura previa, para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. - La propaganda comercial de bebidas alcohólicas y consumo de tabaco será regulada por la Ley. - ARTICULO 76.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. - 3.-DE LA LEY QUE REGULA LA EMISIÓN DEL PENSAMIENTO.- El artículo 75 Constitucional hace referencia a esa Ley que debe regular la emisión del pensamiento; al momento de ser sancionada nuestra Carta Magna ya se había promulgado la “Ley de Emisión del Pensamiento”, contenida en el Decreto Legislativo No. 6 de 1958.-Esa normativa forma parte de las “Leyes complementarias de la Constitución” o “leyes integrativas de las normas constitucionales”, así se designan aquellas normas previstas en el estatuto básico de la Republica y que con un rango de naturaleza constitucional, nos sirven para entender el verdadero alcance del derecho estipulado, de las causas de esas responsabilidades que la misma Constitución determina en su artículo 72 y de los derechos al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen bajo el precepto 76 de la Carta Magna.- Al efecto la Ley complementaria de la Constitución ha establecido que: “Ninguna persona puede ser inquietada o perseguida por sus opiniones. Las acciones privadas que no alteren el orden público o que no causen daño a terceros, estarán fuera de la acción de la Ley”, “Las libertades de expresión del pensamiento e información son inviolables. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de transmitirlas y difundirlas por cualquier medio de expresión”; “Todo habitante de la república podrá libremente, sin censura previa, expresar su pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones y las ajenas, por medio de la palabra escrita o hablada o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o visual”. Artículos 1, 2 y 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento.- En otro apartado, y quizás el mas relevante para los meritos de este recurso, la Ley Complementaria ha señalado que es lo que debemos entender como una intromisión al honor, a la intimidad personal y familiar de terceras personas, a sabiendas, el primer párrafo del artículo 8 de la mencionada Ley dice: “Son punibles de conformidad con esta Ley las infracciones cometidas en el ejercicio de la libertad de expresión por cualquiera de los medios de difusión que se contemplen, cuando falten al respeto de la vida privada y a la moral; considerándose que faltan a la vida privada, cuando se refieran en forma denigrante a la vida exclusivamente de hogar o a la conducta social de las personas y les causen daño a su reputación, en sus intereses o en sus relaciones familiares”.- El caso que nos ocupa, no puede desatenderse que se dirige en contra de un Periodista, en el ejercicio libre de su profesión, tanto como director y presentador de su programa noticioso “NO SE DEJE” (ver ordinal NOVENO de los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia recurrida), por ello le es aplicable los conceptos establecidos en el artículo 7 de la Ley de Emisión del Pensamiento que ha señalado: Artículo 7.- Los periodistas y escritores tienen libertad para hacer las versiones que consideren oportunas, con motivo de las declaraciones hechas por cualquier autoridad, funcionario o empleado público, representante de corporación o persona jurídica o individual.- Los artículos 32 al 37 de la Ley Complementaria de la Constitución, señala el derecho a la Rectificación o Respuesta, donde se permite a las personas naturales o jurídicas el derecho a defenderse decorosamente de los cargos y criticas que se le hagan por la prensa con el fin de desvirtuar los hechos que se les imputen; es decir, que las disposiciones integradoras de la Constitución, nos establecen un medio o sistema para el cual ejercer la mejor defensa que se estime en beneficio de las supuestas vulneraciones a nuestros derechos.- En el caso especifico de la disposición de los hechos probados, no se desprende que el supuesto ofendido haya hecho uso de estos derechos que desarrollan la norma constitucional y ya con una negativa de rectificación o aclaración de parte de mi representado, es que definitivamente puede llegarse a determinar la vulneración del artículo constitucional del derecho al honor, extremo que nunca se pretendió por el señor F. M. C. en el caso de méritos.- 4.-DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.-Los hechos probados de la Sentencia, efectivamente reconocen que mí representado el periodista A. H. en su espacio noticioso “NO SE DEJE” transmitido por “CANAL 11”, se refirió en fechas 15 de julio, 17 de julio y 16 de septiembre del 2003, del señor F. M., respectivamente como: “… un pobre diablo, como una persona de criterio limitado, no confiable a quien creía más inteligente y que no se dejaba utilizar y que se prestaba a publicar falacias…”; “que el acusado manifestó que la Agencia de Publicidad de F. M., es la que inventa las encuestas pirujas”, y, “que se refirió a F. M., como una persona que realiza encuestas pirujas”.-Al efecto, la sentencia impugnada, viene a constituir un funesto precedente de la aplicación subjetiva de una simple norma penal, que nos ocasiona o produce una infracción por la interpretación errónea de los preceptos constitucionales que: a) Han reconocido y protegido el derecho a la libertad de opinión o pensamiento, y el derecho a la libertad de emitir esas ideas o derecho a la libertad de expresión, y sus manifestaciones más importantes como son el derecho a escribir, a publicar, a comunicarse de palabra, como uno de los derechos fundamentales de especial trascendencia.- b) Han prohibido la censura previa en la emisión de nuestras ideas, creencias y opiniones, incluyendo estas, nuestro derecho a opinar sobre la idoneidad profesional de una persona que públicamente ejerce una actividad profesional o una simple actividad mercantil. El fallo nos impediría en adelante consignar nuestra ideas sobre la idoneidad en que se ha ejecutado, tal o cual obra civil, tanto por empleados públicos o por personas privadas, la capacidad que ostentan determinadas personas en el ejercicio bien de funciones públicas o de funciones privadas, etc. C) Reconocen que solo pueden existir restricciones a las libertades de expresión cuando objetivamente lesionan otros derechos humanos, entre los cuales se mencionan: el honor de los ciudadanos, la vida privada y familiar, el señalamiento inadecuado de la comisión de algún crimen.- d) Que establecen una protección objetiva en beneficio del interés público que persigue el derecho a la información y el derecho a usar libremente esa información, siempre y cuando no existan las intromisiones a la vida intima o privada de los individuos.- e) De forma expresa nos conducen o nos remiten a leyes especificas que reglamentan esas libertades y derechos de opinión, expresión, información y de libre emisión de ideas o pensamientos, tal cual es el caso de nuestro País con la Ley de Emisión del Pensamiento.- El ejercicio del derecho a la libre emisión del pensamiento por parte del periodista A. H., uno de los más profundos críticos del gobierno del Presidente Ricardo Maduro, no puede ser borrado con la infracción por interpretación errónea de los artículos constitucionales 72, 75 y 76, en cuanto a que debe reconocerse el honor del supuesto perjudicado F. M., como superior a cualquier interés público o colectivo, y que el referido honor debe entenderse como un concepto indeterminado y de una manera distinta para cada individuo, miembro del grupo social en el cual vive.- De ahí se llega a concluir con una interpretación errónea lo que el Tribunal ha señalado que “Un honor que puede ser más vulnerable para unos que para otros, pero honor al fin, que igual estamos obligados a proteger independientemente de la persona de quien se trate”. Y que: “Como vemos, la afectación del honor no solo depende de los que se dice, sino también de la susceptibilidad de las personas ante quien se dicen, pues a la larga el honor de una persona se puede ver menguado en mayor grado para unos que para otros”[2].- Contrariamente a esa interpretación errónea y subjetiva de los preceptos constitucionales, ya la Ley del Pueblo Hondureña en sus artículos 72 al 76 refiere a su norma complementaria, como lo es la Ley de Emisión del Pensamiento donde se considera la existencia de responsabilidad y que se ha lesionado el ejercicio de la libertad de expresión, cuando por cualquiera de los medios de difusión que se contemplen, cuando falten al respeto de la vida privada y a la moral; considerándose que faltan a la vida privada, cuando se refieran en forma denigrante a la vida exclusivamente de hogar o a la conducta social de las personas.- Asimismo, ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su declaración de principios sobre la Libertad de Expresión reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado de Honduras forma parte, en el sentido que: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de noticias el comunicador tuvo la intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad mismas.[3]- En cambio, la sentencia impugnada contiene una interpretación errónea de las normas 72, 75 y 76 constitucionales, además, una incorrecta interpretación de la norma contenida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado sobre derechos humanos del que Honduras forma parte; al conceder una aplicación preferente a lo dispuesto en el artículo 157 del Código Penal vigente en Honduras y remitirse a conceptos subjetivos en cuanto se considera que al señor F. M., quien por cuestiones de “susceptibilidad” personal, se la vulnerado su Honor al señalarle como una persona que publicaba encuestas “pirujas”, es decir, que no se le considera completamente capacitado, según las opiniones o creencias propias y personales de A. H., para realizar o publicar encuestas de audiencia televisiva de su programa noticioso “NO SE DEJE”, transmitido por Canal 11 de la Televisión de Honduras.- En consecuencia, por la infracción de los preceptos constitucionales señalados, consideramos que debe ser admitido nuestro recurso, y en su oportunidad CASAR la sentencia impugnada y declarar libre de toda responsabilidad penal a nuestro representado A. H.”.-RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LOS ARTÍCULOS 72, 75 Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, RELACIONADOS CON LA LEY DE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO EN SUS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 7, 8 EN SU PRIMER PÁRRAFO, 32, 33, 34, 35, 36 Y 37; 13 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 157 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.-Argumenta el recurrente que el juzgador ha incurrido en infracción de precepto constitucional por interpretación errónea de los preceptos constitucionales vinculados al DERECHO A LA LIBERTAD. El art. 1 de la Constitución de la República, que refiere a que Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.- Defensa de la dignidad del ser humano y su derecho a la libertad (Arts. 59, 61, 68); Libertad de sufragio (Arts. 42, 272), a libertad personal (Art. 69) a libertad de asociación y reunión (Art. 78), a la libertad individual (Art. 83), a los casos de privación de libertad (Arts. 92, 97), a la libertad de investigación, de aprendizaje y de cátedra (Art. 155), del goce de la libertad (Art. 182), a la libertad de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan esta Constitución (Art. 331); bajo el mismo concepto señala: el derecho a la libre navegación de todas las naciones (Art. 12), el voto libre y secreto (Art. 44), el libre funcionamiento de los partidos políticos (Art. 47), la libertad e igualdad de todos los hombres (Art. 60), el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna (Art. 77), el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional (Art. 81), el libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes (Art. 82), la libre administración de nuestros bienes (Art.110), el derecho a escoger libremente nuestra ocupación y a renunciar a ella (Art. 127), el derecho para asociarnos libremente en sindicatos o asociaciones profesionales (Art. 128 numeral 14), el libre nombramiento de empleados municipales (Art. 297), y el derecho a la libre asociación en patronatos, federaciones y confederaciones (Art. 302).- Aprecia el recurrente que Honduras ha ido reafirmando la preponderancia o importancia de la libertad individual, por lo que surge la figura del OMBUSDMAN, o defensor del pueblo. Concluye, que la Constitución es una norma que instaura, defiende y pretende el darle el mayor grado de libertad individual a las personas. Concretamente estima infringido el Derecho a la Libre Emisión del Pensamiento, manifiesta que este derecho tiene mayor categoría e importancia en nuestra Constitución de la Republica y mayor enumeración o reglamentación constitucional.- Hace una referencia a la evolución de dicha libertad en la historia constitucional de nuestro país, desde la Constitución de la República Federal de Centro América de 1824, hasta la actual. Asegura que las disposiciones de la ley que regula la emisión del pensamientos son complementarias de la Constitución o leyes integrativas de las normas constitucionales. Aprecia que este derecho implica no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y el de transmitirlas y difundirlas por cualquier medio de expresión; a que “Todo habitante de la república podrá libremente, sin censura previa, expresar su pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones y las ajenas, por medio de la palabra escrita o hablada o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o visual”. Dispone lo que debemos entender como intromisión al honor, a la intimidad personal y familiar de terceras personas, a sabiendas, el primer párrafo del artículo 8 de la mencionada Ley dice: “Son punibles de conformidad con esta Ley las infracciones cometidas en el ejercicio de la libertad de expresión por cualquiera de los medios de difusión que se contemplen, cuando falten al respeto de la vida privada y a la moral; considerándose que faltan a la vida privada, cuando se refieran en forma denigrante a la vida exclusivamente de hogar o a la conducta social de las personas y les causen daño a su reputación, en sus intereses o en sus relaciones familiares”.- Concluye que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su declaración de principios sobre la Libertad de Expresión reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado de Honduras forma parte, en el sentido que: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de noticias el comunicador tuvo la intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad mismas.- En cambio, la sentencia impugnada contiene una interpretación errónea de las normas 72, 75 y 76 constitucionales, además, una incorrecta interpretación de la norma contenida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado sobre derechos humanos del que Honduras forma parte; al conceder una aplicación preferente a lo dispuesto en el artículo 157 del Código Penal vigente en Honduras y remitirse a conceptos subjetivos en cuanto se considera que al señor F. M., quien por cuestiones de “susceptibilidad” personal, se ha vulnerado su Honor al señalarle como una persona que publicaba encuestas “pirujas”., es decir, que no se le considera completamente capacitado, según las opiniones o creencias propias y personales de A. H., para realizar o publicar encuestas de audiencia televisiva de su programa noticioso “NO SE DEJE”, transmitido por Canal 11 de la Televisión de Honduras.- Esta Sala de lo Penal, estima que efectivamente Honduras es un Estado de Derecho respetuoso de las libertades publicas, entre ellas, del derecho a la libertad de expresión del pensamiento, por todos los medios físicos o electrónicos de información y divulgación. El Estado de Honduras es garante del ejercicio libre de la profesión del periodismo, sin más limitaciones que las que exige la ley, constitución de la República y los instrumentos de derecho internacional, sobre el ejercicio de las libertades publicas, suscritos y ratificados por el mismo Estado. No obstante, la enorme importancia que otorga el legislador constitucional a la tutela del derecho a la libertad de emisión del pensamiento, propia de una sociedad, soberana, libre y democrática, esta tutela, no es absoluta, en tanto que la propia carta magna, también se asegura de tutelar, otros derechos individuales, con igual o mayor celo, como resulta precisamente con la protección al derecho al honor, intimidad personal, familiar y a la propia imagen, dispuesto en el Artículo 76 Constitucional, a renglón seguido de las normas sobre la libertad de expresión. Tal como ha argumentado el recurrente, se debe entender que las disposiciones constitucionales de reproche, dispuestas en los Artículos 72 al 75 de la Constitución de la República, son claramente complementadas por las propias normas de la Ley Especial que regula la Libre expresión del pensamiento, concretamente los artículos: 1, 2, 5, 7, 8 en su primer párrafo, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. El artículo 8, de la mencionada Ley, dispone que: “Son punibles de conformidad con esta Ley las infracciones cometidas en el ejercicio de la libertad de expresión por cualquiera de los medios de difusión que se contemplen, cuando falten al respeto de la vida privada y a la moral; considerándose que faltan a la vida privada, cuando se refieran en forma denigrante a la vida exclusivamente de hogar o a la conducta social de las personas y les causen daño a su reputación, en sus intereses o en sus relaciones familiares”. Procede en consecuencia, analizar si las expresiones vertidas por el acusado A. H. H., en su noticiero televisado “No se Deje”, relacionadas al señor F. M., están o no en estricta consonancia, con las normas constitucionales que tutelan el derecho constitucional invocado como infringido y las disposiciones legales que las complementan. El ejercicio de las libertades públicas, entre ellas, la de libertad de emisión del pensamiento, propia de la labor periodística, esta limitada, aún en los Estados de derecho respetuosos de la ley, soberanos, libres y democráticos, justamente por el respeto al derecho al honor, intimidad personal, familiar y a la propia imagen de las personas. Ciertamente en algunas sociedades, distinta a la nuestra, la jurisprudencia constitucional, ha tolerado y permitido a los medios noticiosos e informativos, cierta invasión a la vida privada, cuando de funcionarios públicos se trate, en atención al interés legítimo de los ciudadanos a estar debidamente informado de la conducta ética de sus autoridades, como justa reacción al reproche social habido de un efecto moralizador y ejemplarizante para la población, pero lo cierto, es que en el caso concreto que el Señor F. M., se desempeñaba al momento de la difusión de las expresiones del acusado, en el ámbito privado, como Presidente de las Agencias Publicitarias Hondureñas Asociadas, (APHA), por otra parte, el juzgador de instancia ha declarado probado expresiones vertidas por el acusado señor A. H., que obviamente invaden la vida privada, la moral, la conducta social del señor M., y le causan daño a su reputación, intereses y relaciones familiares, al referirse a este como un pobre diablo, persona de criterio limitado, no confiable a quien creía más inteligente y que no se dejaba utilizar, se prestaba a publicar falacias en su Agencia de Publicidad, inventa encuestas pirujas, mostrando en el programa, reiteradamente, un recorte de periódico con el rostro de F. M. para que los televidentes lo identificaran como la persona que publica encuestas pirujas, expresiones y actuaciones realizadas por el acusado en su labor de Periodista, en el marco del programa televisado de noticias, claramente ofensivas, y por lo tanto alejadas del ámbito de protección o tutela efectiva del precepto constitucional invocado como infringido y de las disposiciones legales complementarias, atinentes al derecho a la libertad de emisión del pensamiento, en tanto carecen de un legítimo carácter noticioso de interés público, sino que afectan el honor del señor F. M. Por lo expuesto, esta Sala de lo penal no encuentra infracción al precepto constitucional, por lo que desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.-VI.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE.-“ CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- QUINTO MOTIVO DE CASACION.- Que se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en lo dispuesto en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal.- ELEMENTOS PROBATORIOS CUESTIONADOS: LOS FRAGMENTOS DE LOS VIDEOS REFERENTES AL PROGRAMA “NO SE DEJE” DE LOS DÍAS 15, 17 DE JULIO Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003.- NORMAS VIOLENTADAS: Artículos 20, 29 y 39 de la Ley de Emisión del Pensamiento; 199 y 200 del Código Procesal Penal; primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El artículo 20, 29 y 39 de la Ley de Emisión del Pensamiento, aún vigente, no derogada por ninguna otra ley secundaria y ratificada por nuestra Constitución Política de 1982, dicen que: “Los archivos de las radiodifusoras, en lo concerniente a los textos de radiodifusiones y a las grabaciones que conserven para su garantía, deberán mostrarse a las personas que se consideren afectadas, las cuales al examinar estos documentos y materiales serán responsables ante los tribunales comunes por los abusos que cometieren. Tales documentos y materiales no podrán extraerse de los archivos de las radiodifusoras más que por orden de autoridad competente. La falta de cumplimiento de las obligaciones anteriores causará multa que se graduará entre cien y mil lempiras”.- “No podrá entregarse ningún original contrariando la voluntad del autor o del empresario, salvo reclamación judicial”.- “El dueño o arrendatario de imprenta o radiodifusora incurrirá en la responsabilidad que pueda derivarse de la publicación cuando requerido por autoridad judicial competente, no exhiba o entregue el original firmado por el autor o persona garante de la publicación y será personalmente responsable, si la firma exhibida fuere apócrifa”.- Los elementos probatorios señalados en este motivo de casación, corresponden simplemente a tres fragmentos del programa “NO SE DEJE” transmitido por el Periodista A. H. en las fechas que se indican.- Resulta que la norma complementaria de la Constitución, en materia de la libertad de expresión, establece que la obtención de tales publicaciones debe hacerse por medio de autoridad competente; esto para garantizar la veracidad, como la exactitud de las publicaciones que luego, como en el caso de autos, puede tener valor probatorio en los procesos criminales o civiles respectivos.- El proceso de difamación, es un proceso de acción privada, donde los particulares o las victimas tienen la obligación de probar, fuera de toda duda razonable y por medio de pruebas legítimamente obtenidas, la veracidad de sus imputaciones.- La sentencia recurrida se base en dichos medios de prueba que no fueron incorporados legalmente al juicio, pues no consta que el Tribunal a petición de la parte querellante, haya obtenido la totalidad de las publicaciones transmitidas en el Programa Televisivo “NO SE DEJE” conducido por el periodista A. H.- El artículo 199 del Código Procesal Penal requiere que los medios de prueba permitidos, sean objetivamente confiables, por su parte el artículo 200 del mismo cuerpo legal, señala que carecen de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la Republica.- La defensa siempre ha sostenido que no se le puede dar valor probatorio a simples fragmentos de las publicaciones periodísticas del programa en referencia, más aún cuando dichos fragmentos no han sido obtenidos directamente del medio de difusión, sino que se refieren a simples grabaciones producidas por la parte querellante.- El primer párrafo del artículo 90 de la Carta Magna precisa que todo proceso se instruya de conformidad con las reglas procesales o adjetivas y con las garantías previamente señaladas en la Ley; pues bien, la norma especial referente a la libre emisión del pensamiento exige esa intervención judicial y si la valoración o aceptación como validos de esos tres videos se hace contrariando lo ya establecido en la Ley, nos encontramos ante pruebas prohibidas o ilícitas, o que no pueden ser tenidas como objetivamente confiables.- La determinación de los hechos probados se hace en relación a la veracidad que se le dan a dichos videos, la defensa siempre ha sostenido que los mismos son simples fragmentos de la publicación completa del programa NO SE DEJE; la valoración que le concede la sentencia cuestionada se realiza precisamente en el momento de dictarse la sentencia y por ello no se han hecho reclamos para subsanar el vicio.- Lo que se pretende con este motivo, es que la Corte Suprema de Justicia establezca que la valoración de fragmentos de videos de programas de televisión, no puede ser tenido como una prueba con valor decisivo y como una prueba incorporada legalmente al juicio; La obligación de todo querellante privado deberá ser, tal como lo dice la Ley, obtener esa prueba con la intervención de una autoridad judicial competente, con la participación de la parte que pudiese afectar y con la totalidad de la transmisión para aseverar la exactitud de los datos consignados, como lo más importante el contexto en que se pronuncian las expresiones de los periodistas o personas que hacen uso del derecho a libre emisión del pensamiento.”-RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA FUNDADO EN MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS NO INCORPORADOS LEGALMENTE AL JUICIO.-Argumenta el recurrente que el A Quo ha incurrido en motivo de casación por Quebrantamiento de forma fundado en la incorporación ilegal al juicio de medios o elementos probatorios. Centra su reproche con fundamento en los artículos 20, 29 y 39 de la Ley de Emisión del Pensamiento, orientados a que “no podrán extraerse de los archivos de las radiodifusoras más que por orden de autoridad competente. Y debido a que “No podrá entregarse ningún original contrariando la voluntad del autor o del empresario, salvo reclamación judicial”.- Aprecia el impugnante que la prueba consiste en tres fragmentos del programa “NO SE DEJE”, transmitido por el Periodista A. H., pero que la obtención de tales publicaciones debió hacerse por medio de autoridad competente, para garantizar la veracidad y exactitud de las publicaciones.-Reprocha que la sentencia recurrida se base en dichos medios de prueba que no fueron incorporados legalmente al juicio, debido a que no consta que el Tribunal a petición de la parte querellante, haya obtenido la totalidad de las publicaciones transmitidas en el Programa Televisivo “NO SE DEJE” conducido por el periodista A. H.- Concluye que el querellante privado debió obtener la prueba con la intervención de una autoridad judicial competente, con la participación de la parte que pudiese afectar y con la totalidad de la transmisión para aseverar la exactitud de los datos consignados, como lo más importante el contexto en que se pronuncian las expresiones de los periodistas o personas que hacen uso del derecho a libre emisión del pensamiento. Esta sala de lo penal, aprecia que en el presente caso, el recurrente ha interpuesto recurso de casación por defecto de forma, a consecuencia de la admisión y posterior valoración de la prueba oportunamente admitida por el tribunal, consistente en tres videos de los días 15,17 de julio y 16 de septiembre de 2003, del espacio noticioso “No se deje”, transmitido en el Canal 11, en atención a la forma de obtención de la prueba. La defensa del acusado ha estado presente, tanto en la audiencia de proposición de prueba, en la fase de incidentes, durante la evacuación de la prueba y en la fase de conclusiones del juicio, sin haber objetado, presentado queja o reclamo contra la admisión o ponderación valorativa de la prueba de cargo aludida, tampoco ha dejado constancia de reclamo, ni de impugnación alguna, en el acta del debate como reserva de casación, a los efectos de recurrir por Quebrantamiento de forma. El Art. 363, tercer párrafo del Código Procesal penal dispone concretamente, sobre la forma y plazo para interponer el recurso de casación, que: “ tratándose de casación por la forma, deberá también de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya dejado en su oportunidad para subsanarlos”. El recurrente no ha acreditado haber tratado de enmendar el defecto de forma invocado, pese a que estuvo presente al momento de su admisión, incidentes, evacuaciones y conclusiones, sin haber reclamado, impugnado o argumentado en contra de su ponderación, requisito indispensable para recurrir por quebrantamiento de forma; y aún si se hubiesen presentado los reclamos oportunamente no habría lugar al motivo invocado, en virtud que la Ley de Emisión del Pensamiento, lo que regula es la obtención de los archivos originales, exigiendo la tutela judicial para dicho propósito, sin embargo, no es aplicable dicho procedimiento al caso subjudice en tanto que la obtención del video se efectúa mediante la grabación de una copia luego de que el mismo es compartido en el dominio público mediante la emisión de un noticiero a través de televisión abierta en donde su publicación llega al conocimiento del público en general, en consecuencia, se trata de una copia que no puede recibir el mismo régimen del archivo o video original, sino el de la copia tomada de una televisora abierta al público, cuya única restricción para la reproducción posterior es la cita de la fuente, incluso deja abierto el derecho del usuario de reproducir el video sin autorización del propietario para el uso personal que estime pertinente, como lo es en opinión de la sala, el uso del mismo en juicio para la defensa de su derecho al honor, tal y como lo prevé la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos, (artículos 9 preámbulo y número 12 y 47)”. Por lo expuesto, se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente.-POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 360, 361 y 362.2 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara sin lugar el recurso de casación por Infracción de ley, en sus tres motivos, de Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo y el de Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el recurrente contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dieciséis de abril de dos mil siete.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al juzgado de origen, para los fines y efectos legales.- REDACTÓ EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMAS.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.-CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-SELLO Y FIRMA. LUCILA CRUZ MENENDEZ. SECRETARIA GENERAL.-Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.203-07.-LUCILA CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL.”

[1] Ver página 13,en lo referente al elemento objetivo consignado en el Ordinal “SEGUNDO” de los “FUNDAMENTOS JURIDICOS” de la Sentencia impugnada.-

[2] Ver página 13, en lo referente al elemento objetivo consignado en el Ordinal “SEGUNDO” de los “FUNDAMENTOS JURIDICOS” de la sentencia impugnada.

[3] Principio Número 10, los resaltados son nuestros, simplemente para enfatizar que lo procedente en la supuesta afectación del honor es la existencia de sanciones civiles, pero siendo objeto de procesos que se