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Sentencia CP-163-07 — Registro 2259
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados por el delito de robo simple.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL FUNDADO EN VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 4, 14, 15 Y 166 NUMERAL TERCERO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada ha infringido el Derecho de Defensa de los acusados P. A. V. , A. G. M. y C. A. C. G. . Concretamente refiere que durante la audiencia de juicio oral y público solicitó al A Quo se confrontara la declaración del “Testigo Protegido C” con las declaraciones vertidas por este en etapas anteriores, a efecto de evidenciar contradicciones, petición que le fue denegada por el juzgador, contra la que interpuso recurso de reposición, que fue declarada sin lugar. Refiere que al no permitir la incorporación de las declaraciones del testigo, no se le permitió introducir al debate y al examen valorativo del A Quo las contradicciones en que incurría dicho testigo; asimismo, esgrime que solicitó al A Quo se practicara Inspección a la Jefatura de Personal de la Policía Nacional Preventiva y a la D. G. I. C. para corroborar la información recibida por la Defensa referente a que el “testigo protegido C” era un impostor y que trabajaba para la policía de Talanga F. M., petición que fue declarada sin lugar por el Juzgador, por lo que interpuso el recurso de reposición que también le fue denegado. Asume que las denegatorias indicadas han provocado la indefensión de los acusados P. A. V. , A. G. M. y C. A. C. G. , al no permitir a la defensa utilizar los medios de prueba dispuestos por la ley procesal, para contradecir la prueba de cargo. Esta Sala de lo Penal, después de haber leído detenidamente la declaración del “testigo protegido C” dispuesta en el acta de debate (folios 363 vuelto y 364 del proceso) no encuentra descripción alguna referente a la petición de la defensa de los acusados tendiente a que se confrontara la declaración del “Testigo Protegido C” con las declaraciones vertidas por este testigo en etapas anteriores, menos aún que la petición le haya sido denegada por A Quo o que le haya sido declarado sin lugar un recurso de reposición contra la decisión denegatoria. En lo que concierne a este mismo punto, cabe recordar, que al tenor de lo prescrito por el artículo 368 del Código Procesal Penal, el recurrente puede ofrecer prueba en el escrito de interposición para demostrar que un acto se ha llevado a cabo en contraposición a lo que se consigna en el acta del debate, sin embargo, tal facultad no la ha ejercido el censor en la audiencia de casación correspondiente. De este modo, aún y cuando la circunstancia alegada por el casacionista podría tratarse de una omisión de datos de relevancia procesal, en la redacción del acta de debate la misma no ha sido acreditada, ni ha sido alegada por el recurrente. Cabe destacar que esta Sala carece de medios para comprobar tal hipótesis, debido a que no dispone de cinta alguna en la que conste la grabación de la audiencia, ni dispone de información que conduzca a conocer con certeza, si el A Quo ha procedido a conservar los actos ocurridos en el debate, haciendo uso de cualquier otro medio de registro electrónico. Al no haber quedado registrado en el acta del debate, ni tener esta Sala la cinta grabada del juicio, el remedio procesal interpuesto carece de asidero material para fundar su argumentación recursiva; tampoco ha descrito el recurrente las presuntas contradicciones, en las que habría incurrido el testigo en la sala de juicio con sus declaraciones vertidas en fases anteriores al debate, que habrían motivado la petición de confrontación, para que fueran valoradas por el A Quo, omisión que impide a esta Sala ponderar, si la presunta confrontación solicitada por el defensor de los acusados, era o no de valor decisorio para restar credibilidad al testigo y con ello modificar a favor de los acusados la decisión del juzgador. Por otra parte, consta de autos en el acta de debate (folios 371 y 371 vuelto del proceso) la petición de la defensa de los acusados, orientada a que el A Quo practicara como auto para mejor proveer, inspección en la Jefatura de Personal de la Policía Nacional Preventiva y de la Dirección General de Investigación Criminal, para corroborar si el “testigo protegido C” trabajaba o no para la policía, petición declarada sin lugar. Esta Sala de lo Penal, después de leída el acta de debate no ha constatado que la defensa de los acusados haya interpuesto el recurso de reposición contra la denegatoria de la práctica del nuevo medio de prueba, como auto para mejor proveer, por lo que no consta que se haya intentado enmendar el posible defecto procesal en que pudiera haber incurrido el A Quo y el agotamiento del recurso ordinario interpuesto ante el juzgador que dictó la resolución aludida, previo a recurrir en casación por un defecto de forma (vid. Arts 352, 353 y 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal). En este caso, el motivo de casación invocado por el recurrente de infracción de Precepto Constitucional, concretamente del Derecho de Defensa, se funda en defectos de forma, por considerar que se ha denegado en forma arbitraria un nuevo medio de prueba, como auto para mejor proveer. De conformidad al Art. 363 del Código Procesal Penal, tratándose de casación por defectos de forma, (entiéndase también de Casación por infracción de precepto constitucional fundado en defectos de forma como en el presente caso), se requiere para su admisibilidad, que el reclamo haya sido formulado en su oportunidad para subsanarlos, lo cual como se ha indicado, no consta de autos. Asimismo, la petición de una de las partes para la practica de un nuevo medio de prueba como auto para mejor proveer, no es vinculante para el juzgador, sino una atribución de naturaleza potestativa o facultativa, siempre que se ponga de manifiesto “la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido”, circunstancia que consta en el acta de debate (folio 371 vuelto) fue debidamente rechazada por el Juzgador por estimar que no estaba sustentada la petición de la defensa en ningún medio de prueba que hiciera sospechar que el testigo protegido C, no trabajara para la Empresa directamente perjudicada con los hechos, denegatoria aceptada tácitamente por la defensa de los acusados, en virtud de no constar de autos, como se ha indicado, la interposición del recurso de reposición, como mecanismo procesal de reclamo ante defectos de forma producidos en la audiencia de debate. Por todo lo expuesto se desestima, en sus dos vertientes, el motivo de casación invocado por el recurrente”
“RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA FUNDADO EN HABER BASADO EL SENTENCIADOR SU FALLO EN ELEMENTOS PROBATORIOS INCORPORADOS POR LECTURA EN VIOLACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 311 NUMERAL SEGUNDO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Argumenta el recurrente que el sentenciador funda su fallo en elementos probatorios indebidamente incorporados por lectura al debate. Arguye que en el proceso penal rige el principio de inmediación como regla general, de tal manera que las pruebas deben desarrollarse en el debate, con las excepciones que a su vez deben cumplir las exigencias de ley. Esgrime que una de las excepciones es la incorporación a juicio de las declaraciones testificales por medio de lectura (Artículo 311.2 del Código Procesal Penal) que exige que la reproducción del testimonio en el acto del juicio sea imposible o extraordinariamente difícil. Asume que de la lectura de la sentencia impugnada se aprecia que para ser introducidas por lectura, las declaraciones de los testigos “A” y “B”, el Ministerio Público no acreditó que concurrieran dichos presupuestos justificantes, pues dice que se ignora sí aun viven o murieron. Añade que el Ministerio Fiscal no ha hecho el mínimo esfuerzo para ubicar a los testigos, a pesar de que el proceso demoró mas de dos años para llegar a Juicio oral y público, tiempo suficiente para ubicar a los testigos. Estima que el Ministerio Público incurrió en inobservancia de lo establecido en el Art.311.2 del Código Procesal Penal, lo que produce un vicio de casación, según el artículo 362. 3 del mismo cuerpo legal. Concluye que el Tribunal A Quo no debió haber permitido que se introdujeran las declaraciones por medio de lectura, por no cumplir las condiciones exigidas por la ley procesal para introducir testimonios por lectura. Afirma que el vicio in procedendo se efectuó en la etapa de incidentes, previo a la recepción de la prueba, por lo que verificó reclamación en esa oportunidad mediante la interposición del recurso de reposición, solicitando que se subsanara el vicio, siendo declarado sin lugar el mismo, como se puede apreciar del contenido del acta de debate. Esta Sala de lo Penal, estima que en el presente caso, obra a folio 361 del proceso, la resolución del Tribunal A Quo que resuelve tanto la oposición presentada por la defensa de los imputados a la petición de la Fiscalía, en el momento de sus incidentes, para incorporar mediante lectura a la audiencia de juicio oral y público, las declaraciones vertidas por los testigos protegidos “A” y “B” en la audiencia inicial, por ignorar su paradero; así como la decisión del Juzgador al resolver el recurso de reposición de la defensa contra la decisión de admisibilidad de dichos medios de prueba. No obstante el oportuno reclamo de la defensa en el acto del debate contra la decisión de admisibilidad de dichas pruebas, esta Sala estima que las razones vertidas por la Fiscalía y tomadas en consideración por el A Quo, son lógicas y suficientes, para la incorporación de la prueba controvertida. Habida cuenta del tiempo transcurrido entre los hechos y la celebración del debate, es claro que no siempre es posible a las partes localizar, citar en debida forma y hacer llegar a sus testigos a la sala de juicio. La ley procesal penal en su artículo 311.2, resuelve esta situación y salva la fuente de la prueba, mediante la incorporación por lectura de las declaraciones rendidas en etapas anteriores del proceso, como una excepción al principio de inmediación, que como regla general rige en el proceso penal, pues de otra forma, en muchos casos resultaría imposible reconstruir los hechos y la búsqueda de la verdad real o material. Por lo expuesto esta Sala desestima el motivo de casación interpuesto por el recurrente.”
La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil diez, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Honorables Magistrados, JACOBO ANTONIO C. HERNANDEZ, Coordinador, CARLOS DAVID C. VALLECILLO y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó a los señores P. A. V. , A. G. M. , y C. A. C. G. , mayores de edad, solteros, hondureños, el primero con domicilio en Talanga, y los demás de este domicilio, por el delito de ROBO SIMPLE en perjuicio de la empresa DISTRIBUIDORA G. a seis (06) años y ocho (08) meses de Reclusión, mas las Penas Accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, pena que deberán cumplir en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán,.- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado O. A. C. R. , Apoderado Legal de los señores P. A. V. , A. G. M. , y C. A. C. G. .- SON PARTES: El Abogado O. A. C. R. , en su condición de Apoderado Defensor de los imputados, como parte recurrente; y la Abogada K. M. A. M., en su condición de Representante del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- Que El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “DECLARACION DE HECHOS PROBADOS: Este Tribunal de sentencia, procede a fijar los hechos que ha estimado probados, todo ello de conformidad a la apreciación de los que fueron sometidos a debate y la valoración conjunta de las pruebas evacuadas en el acto del juicio oral. Se declaran probados los siguientes: PRIMERO: El día ocho de Enero de dos mil cuatro (08-01-2004) a eso de las diez a once de la mañana, personas identificadas como testigo A, B y C, empleados de la empresa Distribuidora G. , en un vehiculo tipo camión, marca Isuzu, color blanco con placa PBG-..., transportaban desde la ciudad de Tegucigalpa, materias primas para panadería con destino a las comunidades del Departamento de Olancho. SEGUNDO: Cuando circulaban a inmediaciones de la Aldea el Rosario del municipio de Talanga, de pronto un vehículo tipo pick-up, color gris, marca Toyota, placa PAZ-…, conducido por el acusado A. G. M., que circulaba delante de los empleados de G. , disminuyó su velocidad, haciendo que el camión perdiera el impulso que llevaba, momento que fue aprovechado por los acusados P. A. V. y C. A. C. , para salir de la maleza que hay a orillas de la carretera, y disparar sus armas de fuego, obligando al conductor, identificado como testigo “C”, a detener la marcha del camión. TERCERO: A continuación P. A. y C. A. , se dieron a la tarea de sacar de la cabina del camión a los mencionados testigos A, B y C, e introducirlos en el contenedor del camión, lo trasladaron a la aldea Los Charcos de la ciudad de Talanga, descargando el producto que llevaba en la casa del señor acusado P. A. V. . CUARTO: El precio del producto sustraído por los acusados del camión propiedad de Distribuidora G. asciende a la suma de OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS (L. 82,091.00).” III.-El recurrente, Abogado O. A. C. R. , en su condición de Apoderado defensor de los señores P. A. V., A. G. M. , y C. A. C. G. desarrolló su Recurso de Casación de la siguiente manera: “CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción por violación del artículo 82 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 4, 14, 15 y 166 numeral tercero del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Los preceptos constitucionales y penales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 82 Constitucional en su parte conducente dice: “El Derecho de Defensa es inviolable.- ” El artículo 4 del Código Procesal Penal prescribe: “Salvo que el presente Código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público y en él regirá el principio de contradicción.- Tanto el imputado como su Defensor, tendrán derecho a presentar los elementos probatorios de que dispongan en cualquier etapa del proceso, incluso durante la investigación preliminar. En este último caso lo harán ante el fiscal a cuyo cargo se encuentre la investigación...” (lo resaltado es nuestro) Asimismo es señalado en el artículo 14 de la normativa procesal referida lo siguiente: “El derecho de defensa es inviolable.-” Por su parte, el precepto penal enmarcado en el artículo 166 numeral tercero del mismo cuerpo legal dispone: “Serán nulos los actos procedimentales realizados: 1…; 2…; 3.Con inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención y participación del imputado en el procedimiento, y las relativas a su representación y defensa ” El Derecho de Defensa fue concebido como una necesidad de solución a las constantes vejaciones de las que eran objeto las personas sometidas al proceso penal, específicamente a la imposibilidad material en la que se encontraba el procesado para hacer valer su versión sobre los hechos que se enjuiciaban. Dicho Derecho, además de constituirse como un prerrogativa a favor de su titular, también se proyecta como una garantía al procurar la protección de otros derechos otorgado a las personas intervinientes en los procesos, como el de contradicción, igualdad de armas, derecho a recursos, etc. Este Derecho de Defensa, como todo otro derecho, pretende potencializar al imputado a las condiciones del Estado, permitiéndole a aquel hacer uso de los instrumentos logísticos y otros medios de éste y de esa manera colocar a las partes en iguales condiciones. Si tuviésemos que conceptualizar de una manera sencilla el Derecho de Defensa tal vez terminaríamos indicando que es la facultad que se le otorga a las partes para que puedan defender su derecho de la agresión que dicen sufrir de la contraparte (el imputado defiende su libertad, mientras que la víctima defiende su derecho a la justicia). Partiendo de esa idea es que se logra entender como es que el Derecho de Defensa se viene a establecer como la cuna y abrevadero de otros derechos y garantías, como ser: el principio de contradicción (¿Cómo podría defenderme si no puedo contradecir?) e igualdad de armas (¿Cómo podría defenderme eficazmente si no estoy en igualdad de condiciones?) entre otros. Cabe recordar, que el acusado en todo proceso posee el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de la acusación, como manifestación e imperativo del principio de contradicción, dicho derecho se satisface dando al acusado una ocasión adecuada y suficiente para discutir un testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare con la finalidad de someter a la prueba a un examen de verosimilitud y veracidad. En el presente caso, mientras se recibía la declaración del deponente denominado “Testigo Protegido C” esta Defensa consideró neC. io confrontar los dichos vertidos por el referido testigo en aquel momento con las declaraciones que el mismo había rendido en la etapas anteriores al debate, dicha confrontación con la finalidad de hacer manifiestas las contradicciones en las que incurría el testigo. Ante esta petición el Tribunal de Sentencia decidió, por mayoría de votos, ante el voto disidente de uno de los miembros, interpuse reposición y fue declarado sin lugar por mayoría, por lo que al no permitir la incorporación de las declaraciones anteriores, situación que no permitió introducir al debate, y consecuentemente al examen valorativo de órgano jurisdiccional, las contradicciones que se plasmaban en las declaraciones del testigo. Así mismo esta Defensa solicitó al Tribunal de Sentencia una inspección a la jefatura de personal de la policía nacional preventiva y D.G.I.C. a efecto de corroborar la información que se había recibido por esta Defensa en la cual se nos informó que el testigo protegido “C” era un impostor y que este trabajaba para la policía de Talanga F.M. pero el Tribunal de Sentencia otra vez por mayoría resolvió Declarar sin lugar la solicitud presentada por esta Defensa, en esta ocasión ante el voto disidente de otro de los miembros de el Tribunal, interpuse reposición del auto y el cual fue declarado sin lugar por mayoría, son estos hechos ocurridos el día del juicio Oral y Público que provocaron la indefensión de mi representado por que de haber evacuado dicha inspección se habría corroborado la información recibida por esta Defensa de que el testigo protegido “C” era un impostor. Es así como se incurre en la infracción a la norma constitucional que instituye el derecho de defensa, ya que al no permitirse la utilización de las declaraciones administrativas para exhibir las contradicciones del testigo, y la verdadera identidad del mismo, no se está permitiendo la utilización de los medios dispuestos por el Código Procesal Penal para poder acreditar las versiones de cualquiera de las partes, en este caso en particular de la Defensa. Por consiguiente también existe una violación a aquellos derechos que emanan del Derecho de Defensa, como ser el de contradicción, y es que la decisión judicial denunciada, de la manera en que fue resuelta, no permite que la Defensa ejerza la facultad que se le otorga de contradecir la prueba, en este caso de acreditar que la declaración del testigo referido ha variado respecto a las declaraciones brindadas inicialmente haciéndolo caer en contradicciones. También es importante resaltar que según el artículo 366 numeral tercero del Código Procesal Penal la inobservancia de las disposiciones concernientes al Derecho de Defensa constituyen actos nulos, siendo que en el presente caso se hace manifiesta la inobservancia de las disposiciones que refieren al Derecho de Defensa que se le otorga a mis clientes, se presenta como un argumento más a favor del otorgamiento de la casación en lo atinente al presente motivo. Es evidente que con la imposibilidad de confrontar la declaración dada el debate por el testigo protegido “C” con sus anteriores deposiciones se ha vulnerado el derecho de defensa, ya que como consecuencia de esa acción hemos tropezado ante la imposibilidad de acreditar con mayor certeza nuestra versión o lo que es lo mismo no se nos ha permitido defender la inocencia de mis clientes y la repercusión de esto es el hecho de que el Tribunal de Sentencia, al momento de valorar la prueba vertida, no tuvo la posibilidad de valorar las contradicciones en las que incurrió el testigo y poder así sostener que el mismo carecía de credibilidad. En relación a lo anterior podemos decir que también se nos ha privado del derecho a contradecir la versión de la acusación, vulnerando así el artículo 4 del Código Procesal Penal. Siendo que el Derecho de Defensa se ha constituido en un pilar básico en todo Estado Democrático, como lo es nuestro País, solicitamos que el presente recurso sea declarado con lugar, para así enarbolar nuevamente al Derecho de Defensa en el sitial que le corresponde para que el aparato de justicia funcione correctamente. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, la defensa expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el Tribunal de Sentencia declare con lugar la solicitud de confrontar la declaración brindada por el testigo protegido “C” con las declaraciones brindadas por el mismo en etapas anteriores en el proceso. Así las cosas se afirma que el sentenciador, con su decisión de no permitir la confrontación entre las declaraciones, ha producido la Infracción del Precepto Constitucional que contiene el Derecho de Defensa (artículo 82), relacionado con los artículos 4, 14 y 166.3 del Código Procesal Penal.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL FUNDADO EN VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 4, 14, 15 Y 166 NUMERAL TERCERO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada ha infringido el Derecho de Defensa de los acusados P. A. V. , A. G. M. y C. A. C. G. . Concretamente refiere que durante la audiencia de juicio oral y público solicitó al A Quo se confrontara la declaración del “Testigo Protegido C” con las declaraciones vertidas por este en etapas anteriores, a efecto de evidenciar contradicciones, petición que le fue denegada por el juzgador, contra la que interpuso recurso de reposición, que fue declarada sin lugar. Refiere que al no permitir la incorporación de las declaraciones del testigo, no se le permitió introducir al debate y al examen valorativo del A Quo las contradicciones en que incurría dicho testigo; asimismo, esgrime que solicitó al A Quo se practicara Inspección a la Jefatura de Personal de la Policía Nacional Preventiva y a la D. G. I. C. para corroborar la información recibida por la Defensa referente a que el “testigo protegido C” era un impostor y que trabajaba para la policía de Talanga F. M., petición que fue declarada sin lugar por el Juzgador, por lo que interpuso el recurso de reposición que también le fue denegado. Asume que las denegatorias indicadas han provocado la indefensión de los acusados P. A. V. , A. G. M. y C. A. C. G. , al no permitir a la defensa utilizar los medios de prueba dispuestos por la ley procesal, para contradecir la prueba de cargo. Esta Sala de lo Penal, después de haber leído detenidamente la declaración del “testigo protegido C” dispuesta en el acta de debate (folios 363 vuelto y 364 del proceso) no encuentra descripción alguna referente a la petición de la defensa de los acusados tendiente a que se confrontara la declaración del “Testigo Protegido C” con las declaraciones vertidas por este testigo en etapas anteriores, menos aún que la petición le haya sido denegada por A Quo o que le haya sido declarado sin lugar un recurso de reposición contra la decisión denegatoria. En lo que concierne a este mismo punto, cabe recordar, que al tenor de lo prescrito por el artículo 368 del Código Procesal Penal, el recurrente puede ofrecer prueba en el escrito de interposición para demostrar que un acto se ha llevado a cabo en contraposición a lo que se consigna en el acta del debate, sin embargo, tal facultad no la ha ejercido el censor en la audiencia de casación correspondiente. De este modo, aún y cuando la circunstancia alegada por el casacionista podría tratarse de una omisión de datos de relevancia procesal, en la redacción del acta de debate la misma no ha sido acreditada, ni ha sido alegada por el recurrente. Cabe destacar que esta Sala carece de medios para comprobar tal hipótesis, debido a que no dispone de cinta alguna en la que conste la grabación de la audiencia, ni dispone de información que conduzca a conocer con certeza, si el A Quo ha procedido a conservar los actos ocurridos en el debate, haciendo uso de cualquier otro medio de registro electrónico. Al no haber quedado registrado en el acta del debate, ni tener esta Sala la cinta grabada del juicio, el remedio procesal interpuesto carece de asidero material para fundar su argumentación recursiva; tampoco ha descrito el recurrente las presuntas contradicciones, en las que habría incurrido el testigo en la sala de juicio con sus declaraciones vertidas en fases anteriores al debate, que habrían motivado la petición de confrontación, para que fueran valoradas por el A Quo, omisión que impide a esta Sala ponderar, si la presunta confrontación solicitada por el defensor de los acusados, era o no de valor decisorio para restar credibilidad al testigo y con ello modificar a favor de los acusados la decisión del juzgador. Por otra parte, consta de autos en el acta de debate (folios 371 y 371 vuelto del proceso) la petición de la defensa de los acusados, orientada a que el A Quo practicara como auto para mejor proveer, inspección en la Jefatura de Personal de la Policía Nacional Preventiva y de la Dirección General de Investigación Criminal, para corroborar si el “testigo protegido C” trabajaba o no para la policía, petición declarada sin lugar. Esta Sala de lo Penal, después de leída el acta de debate no ha constatado que la defensa de los acusados haya interpuesto el recurso de reposición contra la denegatoria de la práctica del nuevo medio de prueba, como auto para mejor proveer, por lo que no consta que se haya intentado enmendar el posible defecto procesal en que pudiera haber incurrido el A Quo y el agotamiento del recurso ordinario interpuesto ante el juzgador que dictó la resolución aludida, previo a recurrir en casación por un defecto de forma (vid. Arts 352, 353 y 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal). En este caso, el motivo de casación invocado por el recurrente de infracción de Precepto Constitucional, concretamente del Derecho de Defensa, se funda en defectos de forma, por considerar que se ha denegado en forma arbitraria un nuevo medio de prueba, como auto para mejor proveer. De conformidad al Art. 363 del Código Procesal Penal, tratándose de casación por defectos de forma, (entiéndase también de Casación por infracción de precepto constitucional fundado en defectos de forma como en el presente caso), se requiere para su admisibilidad, que el reclamo haya sido formulado en su oportunidad para subsanarlos, lo cual como se ha indicado, no consta de autos. Asimismo, la petición de una de las partes para la practica de un nuevo medio de prueba como auto para mejor proveer, no es vinculante para el juzgador, sino una atribución de naturaleza potestativa o facultativa, siempre que se ponga de manifiesto “la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido”, circunstancia que consta en el acta de debate (folio 371 vuelto) fue debidamente rechazada por el Juzgador por estimar que no estaba sustentada la petición de la defensa en ningún medio de prueba que hiciera sospechar que el testigo protegido C, no trabajara para la Empresa directamente perjudicada con los hechos, denegatoria aceptada tácitamente por la defensa de los acusados, en virtud de no constar de autos, como se ha indicado, la interposición del recurso de reposición, como mecanismo procesal de reclamo ante defectos de forma producidos en la audiencia de debate. Por todo lo expuesto se desestima, en sus dos vertientes, el motivo de casación invocado por el recurrente. IV.- El recurrente desarrolló su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Haber basado el sentenciador su fallo en elementos probatorios incorporados por lectura en violación a lo dispuesto en el artículo 311 numeral segundo del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En busca de la plena vigencia del principio de inmediación, que rige en el proceso penal, se presenta como regla general la disposición procesal que señala que las pruebas deberán de desarrollarse en el transcurso del debate. Sabiéndose la importancia que reviste el hecho de que el Juzgador tenga contacto directo con la prueba, misma que ha futuro le servirá de cimiento en su decisión, el legislador a dispuesto las normas que contiene las excepciones, siendo estas las únicas maneras de evitar que la prueba sea desarrollada en el debate; debido a la importancia de la inmediación las excepciones deberán de cumplir con las exigencias que las mismas establecen. Una de esas excepciones la constituye la incorporación al juicio de declaraciones testificales por medio de lectura, la misma se encuentra comprendida en el artículo 311 numeral segundo del Código Procesal Penal. Dicha excepción establece como exigencia para su realización el hecho de que la reproducción del testimonio en el acto del juicio sea imposible o extraordinariamente difícil. A la simple lectura de la sentencia impugnada podemos apreciar que como fundamento se apoya en las declaraciones, introducidas por lectura, de los testigos denominado testigos protegidos “A” y “B”. Asimismo, a la lectura de la Acta de Debate también podemos estimar que en ningún momento el Ministerio Público acreditó que concurrieran los presupuestos justificante para la introducción de las declaraciones mediante lectura, es decir, en ningún momento se acreditó que fuera imposible o extraordinariamente difícil reproducir aquellas declaraciones en el debate, el representante del Ministerio Público solo llega a decir que se ignora si aquellos testigos aún viven o murieron. Basta con analizar lo sostenido por el Ministerio Fiscal para determinar que no se ha hecho el mínimo esfuerzo para ubicar a los testigos, se hace referencia a que las citaciones fueron enviadas al Ministerio Público y que no se ubicó a los mismos y nada más. Se vuelve evidente el hecho de que no existen, o por lo menos el Ministerio Fiscal no trajo a consideración judicial, las circunstancias que hacen difícil o imposible la realización de la prueba en el debate y se ha pretendido suplir esa exigencia legal con un argumento escueto que no puede considerarse suficiente para tal finalidad. Los primeros razonamientos lógicos que vienen a la mente es: ¿Cómo es posible que no los encuentren o no sepan si ya murieron, sí trabajan en el mismo lugar donde trabaja el testigo protegido “C”, que si se presentó a la audiencia?, y en el caso de que ya no trabajasen en el lugar ¿Acaso la empresa no cuenta con un sistema que le permita ubicar a sus empleados o ex empleados y tener a disposición sus direcciones?, ¿Y que pasa con el compañero de labores, testigo “C”, nunca conoció la casa de aquellos, cuando es normal que se pasan sacando unos con otros por sus casas cuando hacen viajes como el que realizaban al momento del injusto? Es indiscutible que no se hizo el más mínimo esfuerzo por dar con el paradero de estos testigos, el proceso demoró mas de dos años para llegar a Juicio oral y Público como es posible que en todo este tiempo no pudo el ente acusador ubicar sus testigos, es más podría ser que intencionalmente no se hayan presentado a declarar, y esto, definitivamente, no es una circunstancia que signifique imposibilidad o una extraordinaria dificultad y por consecuencia no puede servir para justificar la incorporación por lectura de las declaraciones. Al así haberlo hecho se incurrió en la inobservancia de lo establecido en el artículo 311 numeral segundo del Código Procesal Penal, lo cual se erige como un vicio de casación según lo establece el artículo 362 numeral 3 del mismo cuerpo legal. En ningún momento el Tribunal de Sentencia debió de haber permitido se introdujeran las declaraciones por medio de lectura, por el simple y sencillo hecho de que no se cumplían las condiciones que el Código Procesal Penal establece para brindar la posibilidad de introducir declaraciones por medio de lectura. El vicio in procedendo denunciado en el presente motivo se efectuó en la etapa de incidente previa a la recepción de la prueba, en tal sentido se verificó reclamación en esa oportunidad mediante la interposición del recurso de reposición, solicitando se subsanara el vicio, siendo declarado sin lugar el mismo, como se puede ver a la lectura de la acta de debate. Creo menester indicar lo siguiente: podría estarse pensando en que si bien no debía de introducirse estas declaraciones por lectura, pero que ya que se contaba con la declaración de “C” invariablemente el fallo sería el mismo, y por consiguiente no habría agravio que sanear, debo recordar que respecto a “C” ya en el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional hemos indicado las razones que creemos no permitirían abordar el tema desde la óptica de la carencia de agravio.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA FUNDADO EN HABER BASADO EL SENTENCIADOR SU FALLO EN ELEMENTOS PROBATORIOS INCORPORADOS POR LECTURA EN VIOLACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 311 NUMERAL SEGUNDO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Argumenta el recurrente que el sentenciador funda su fallo en elementos probatorios indebidamente incorporados por lectura al debate. Arguye que en el proceso penal rige el principio de inmediación como regla general, de tal manera que las pruebas deben desarrollarse en el debate, con las excepciones que a su vez deben cumplir las exigencias de ley. Esgrime que una de las excepciones es la incorporación a juicio de las declaraciones testificales por medio de lectura (Artículo 311.2 del Código Procesal Penal) que exige que la reproducción del testimonio en el acto del juicio sea imposible o extraordinariamente difícil. Asume que de la lectura de la sentencia impugnada se aprecia que para ser introducidas por lectura, las declaraciones de los testigos “A” y “B”, el Ministerio Público no acreditó que concurrieran dichos presupuestos justificantes, pues dice que se ignora sí aun viven o murieron. Añade que el Ministerio Fiscal no ha hecho el mínimo esfuerzo para ubicar a los testigos, a pesar de que el proceso demoró mas de dos años para llegar a Juicio oral y público, tiempo suficiente para ubicar a los testigos. Estima que el Ministerio Público incurrió en inobservancia de lo establecido en el Art.311.2 del Código Procesal Penal, lo que produce un vicio de casación, según el artículo 362. 3 del mismo cuerpo legal. Concluye que el Tribunal A Quo no debió haber permitido que se introdujeran las declaraciones por medio de lectura, por no cumplir las condiciones exigidas por la ley procesal para introducir testimonios por lectura. Afirma que el vicio in procedendo se efectuó en la etapa de incidentes, previo a la recepción de la prueba, por lo que verificó reclamación en esa oportunidad mediante la interposición del recurso de reposición, solicitando que se subsanara el vicio, siendo declarado sin lugar el mismo, como se puede apreciar del contenido del acta de debate. Esta Sala de lo Penal, estima que en el presente caso, obra a folio 361 del proceso, la resolución del Tribunal A Quo que resuelve tanto la oposición presentada por la defensa de los imputados a la petición de la Fiscalía, en el momento de sus incidentes, para incorporar mediante lectura a la audiencia de juicio oral y público, las declaraciones vertidas por los testigos protegidos “A” y “B” en la audiencia inicial, por ignorar su paradero; así como la decisión del Juzgador al resolver el recurso de reposición de la defensa contra la decisión de admisibilidad de dichos medios de prueba. No obstante el oportuno reclamo de la defensa en el acto del debate contra la decisión de admisibilidad de dichas pruebas, esta Sala estima que las razones vertidas por la Fiscalía y tomadas en consideración por el A Quo, son lógicas y suficientes, para la incorporación de la prueba controvertida. Habida cuenta del tiempo transcurrido entre los hechos y la celebración del debate, es claro que no siempre es posible a las partes localizar, citar en debida forma y hacer llegar a sus testigos a la sala de juicio. La ley procesal penal en su artículo 311.2, resuelve esta situación y salva la fuente de la prueba, mediante la incorporación por lectura de las declaraciones rendidas en etapas anteriores del proceso, como una excepción al principio de inmediación, que como regla general rige en el proceso penal, pues de otra forma, en muchos casos resultaría imposible reconstruir los hechos y la búsqueda de la verdad real o material. Por lo expuesto esta Sala desestima el motivo de casación interpuesto por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 número 2, del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo; y por Quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el recurrente, en su condición indicada, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha catorce de febrero de dos mil siete.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de su procedencia, para efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID C. VALLECILLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de agosto de dos mil diez.- Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.163=2007.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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