Sentencia CP-157-09 — Registro 1997
Resumen
En primer instancia se absolvió por el delito de lavado de activos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"En el presente caso que nos ocupa esta Sala Penal, no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A quo irrespetó el principio de “derivación o de tercero excluido”, ya que las inferencias deducidas por el mismo si son razonables, llegándose a conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, no quedando evidencia que dicho fallo se haya fundado en elementos probatorios inexistentes y falseados en su contenido o significado; es por lo anterior que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica, en consecuencia se declara Sin Lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público en su único."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo del dos mil diez, por medio de la Sala de lo Penal, integrada por los señores Magistrados, JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ, como coordinador, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO Y RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, que absolvió a los señores A. M. P. y J. C. E. N. del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- SON PARTES: El Abogado J. C. S. V., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y el abogado A. A. P., en su condición de defensor del señor J. C. E. N., y la abogada G. P. V., en su condición de apoderada defensora del señor A. M. P., como partes recurridas. HECHOS PROBADOS. Primero: El 26 de octubre del dos mil cuatro, se realizó una operación policial en municipios de Bonito Oriental y Limón en este Departamento de Colón, en la que participaron agentes de la Dirección de lucha contra el narcotráfico, policía nacional quienes dirigidos por el Fiscal del ministerio público Bernabé Izaguirre Romero registraron a eso de las diez horas con cuarenta y dos minutos la vivienda ubicada a la orilla de la carretera pavimentada en la aldea de Carbonales en la que habita J. C. E. N. incautándose la policía de una pistola marca CZ serie F... encontrada por el subcomisario Colindres en una de las habitaciones, asimismo se decomisó un camión con carrocería de metal con placas AAB-... el cual fue conducido hasta la jefatura municipal de Bonito Oriental, asimismo se detuvo para investigación a otras personas cuyos datos no constan, concluyéndose el cateo a las once horas con doce minutos. Segundo: La Fiscal y los elementos del contingente policial se desplazaron hasta el kilómetro sesenta (60) por la carretera que conduce del municipio de Bonito oriental al de Limón y realizaron allanamiento sin autorización judicial en la vivienda, luego el subinspector de policía Eleazar Hernández, observó en el solar que debajo de un árbol de mango la tierra estaba removida por lo que se excavó en dicho punto encontrándose casi a flor de tierra un yogo lechero de plástico con una capacidad aproximada de veinticinco litros, dentro del cual habían cuatro paquetes conteniendo en su interior dólares americanos en distintas denominaciones que sumaron en total, la cantidad de $49,670.00 dólares los cuales fueron decomisados. Tercero: El Rancho Glenda es habitado por A. M. P. y su esposa quienes no estaban presentes en el lugar a la hora del allanamiento, sin embargo sí estaban en la propiedad Apolonio Recinos Lucas, de nacionalidad guatemalteca quien no portaba documentos, J. I. M. M., R. R., C. R. y cuatro menores más. El allanamiento finalizó a las tres de la tarde con veinte minutos (15:20 horas). Cuarto: A. M. quien no posee antecedentes policiales ni judiciales es originario de Mapulaca, Lempira y está casado con F. A. M. con quien han procreado siete hijos, se dedican entre otras actividades productivas a la compra venta y cría de ganado y a la producción de Leche y es propietario de los terrenos siguientes: a) De treinta manzanas de extensión y un valor catastral de 104,580.00 lempiras, b) De cuarenta manzanas de extensión y un valor catastral 139,440.00 lempiras, c) De cuarenta manzanas de extensión y un valor catastral de 139,440.00 lempiras, d) De cuarenta manzanas de extensión y un valor catastral 139,440.00 lempiras, e) De treinta manzanas de extensión y un valor catastral 104,580.00 lempiras, f) De sesenta manzanas de extensión y un valor catastral 209,160.00 lempiras, g) De cuarenta manzanas de extensión y un valor catastral 278,870.00 lempiras, h) De cien manzanas de extensión y un valor catastral 1,120.000.00 lempiras, i) De treinta manzanas de extensión y un valor catastral 104,580.00 lempiras. Las cinco primeras están situadas en el lugar conocido como Flores de Oriente, las dos siguientes constituyen el rancho Glenda y la última se ubica en el paraíso, todos los lugares anteriormente descritos pertenecen al municipio de Limón, Colón. El valor catastral de dichas propiedades suma un total de dos millones cuatrocientos cuarenta mil lempiras (L 2.440.000.00) todas ellas constan inscritas en el Tomo No.5 del Instituto Nacional de la Propiedad de Trujillo. Además su esposa F. A. posee también otras tres propiedades que suman ciento sesenta manzanas (160 Mz.) en total con valor catastral de quinientos cincuenta y siete setecientos sesenta lempiras (L.550.760.00). Quinto: A. M. P. recibe un promedio de seiscientos mil lempiras anuales por la venta de leche que hace al señor J. A. R. Sexto: J. D. C. L., con tarjeta de identidad … ha sido comprador del ganado a A. M. pagando el mismo mediante giros o transferencias bancarias realizadas por medio del Banco de Occidente. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado O. O. S., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.“EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN.- MOTIVO UNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal.- EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal, el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados: En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos se desarrollaron, entre otras pruebas de cargo, las siguientes: declaraciones de J. I. G., E. R. H. M., A. F. P., C. C. P. e I. L. Á., todos ellos elementos de la Policía que han participado en las actividades de Allanamiento de Moradas e investigaciones, también las deposiciones de N. O. G., analista y M. A. V., analista patrimonial y financiero, además se cuenta con las siguientes evidencias físicas: un “yogo” (recipiente para transportar leche), la cantidad de 49,670.00 dólares, un vehiculo tipo camión color blanco, placa AAB-… 1 y un tanque de combustible que se encontraba estructurado con un compartimiento falso; asimismo un álbum fotográfico y una serie de documentos, entre ellos: certificaciones de asientos regístrales, constancias catastrales, comprobantes de depósitos, sentencias donde se declara heredera a la esposa de uno de los imputados de los bienes del padre de ésta, constancias de varias municipalidades y de la Cámara de Comercio.- En el transcurso del presente proceso se han confrontado dos versiones, por un lado la de cargo que señala que los imputados han ejercidos actos de Lavado de Activos, el señor A. M. por poseer una cantidad de dinero cuya procedencia no ha logrado justificar, mientras que J. C. E. por poseer un instrumento que permite participar en el Lavado de Activos y por otro lado la versión de defensa que indica que aquel dinero tiene procedencia legal y que el automotor se encontraba en la propiedad donde fue descubierto por estar en reparación y que el imputado no es el dueño, ni el que utiliza el mismo. El Testigo J. I. G. narró haber participado en los allanamientos de moradas en las cuales se realizaron los hallazgos del dinero enterrado y del vehículo con el tanque de combustible con compartimiento falso, así como la detención de los imputados. También declaro el señor E. R. H. M., quien señalo la manera en que descubrieron la cantidad de 49,760.00 dólares que se encontraban enterrados en una “yogo” en las cercanías de un árbol de mango, en el Rancho …, manifestando igualmente el testigo que lo que permitió el hallazgo era la tierra removida en el lugar. Mientras que el señor A. F. P. relató que también participó en los allanamientos y que se descubrió la cantidad de dólares referida, enterrados en un “yogo” en la propiedad del señor A. M. Asimismo el señor C. C. P. sostiene que realizaron los allanamientos en las propiedades de los imputados, encontrando en la del señor M. la cantidad de 49,670.00 dólares y en la del señor E., el vehículo y el tanque con compartimiento falso, además narra haberse efectuado la detención de los imputados y entrevista para determinar la procedencia legal del dinero.- El señor I. L. Á. describe el hallazgo del dinero referido y del camión y su tanque de combustible con compartimiento falso, así como las entrevistas que se realizaron para corroborar la procedencia del dinero.- Respecto a la declaración de N. O. G., a quien se le encargó la realización de un análisis que determinara la vinculación de los imputados, resultando que existen nexos de los mismos entre sí por relaciones que mantiene con A. L., O. L., visitación E. N., M. Á. C. C., J. E. y L. A. E., P. G. M., A. P. y J. Z.. Además la deposición de la Analista Patrimonial y Financiera M. A. V., quien con su labor logró confirmar que el procesado A. M. no tiene definida una actividad económica y no existe evidencia de cumplimientos fiscales, mientras que la esposa de éste aparece como pequeño contribuyente, sin pago de impuestos sobre venta y renta, solamente matricula anual de vehículos, que en los registros de la empacadora Cortés el imputado aparece como vendedor de 14 cabezas de ganado pero que no lo tienen como proveedor, que de poseer 10 cabezas de ganado en 1982 se incrementó a 500 al 2004 y de veinte manzanas de terreno incrementó a 420 manzanas en el mismo lapso. Resalta la Analista que los depósitos eran retirados manteniendo las cuentas en montos bajos, ya que los ingresos eran absorbidos por los gastos de vida de la familia, que se conforma de nueve personas por lo que es imposible que se haya generado un ahorro equivalente al dinero que se les encontró oculto.- El conjunto de esta prueba brinda una información que el Tribunal de Sentencia no logró extraer, incurriendo así en la violación del requisito de suficiencia que, a su vez, íntegra el postulado de razón suficiente que conforma el principio de derivación que informa la Lógica como Regla de la Sana Crítica que se debe de aplicar el Juzgador al momento de valorar la prueba. Dicho desprecio a la información que brinda la prueba tiene apariencia de logicidad, en tanto que se señalan aparentes justificaciones, pero éstas no soportan un examen de valoración que le permitan afincarse como cimientos de una decisión judicial.- Empezaremos señalando que la carga de la prueba la tiene quien sostiene el alegato y se corre dicha obligación, una vez que acreditado el argumento, al quien quiera oponerse; es decir, en el presente caso el Ministerio Público estaba obligado a probar que se había cometido el delito de Lavado de Activos, pero una vez acreditado tal extremo, le correspondía a la defensa probar lo contrario. En ese sentido, y respecto al indiciado A. M., se ha logrado confirmar que posee una cantidad de dinero que no es acorde a sus actividades económicas y como consecuencia se estiman son producto del Lavado de Activos.- Una vez afirmado ese extremo, se turnó la obligación de prueba a la defensa, quien en ese menester allegó prueba para acreditar que ese exceso monetario apreciado en el análisis financiero era debido a la realización de transacciones en efectivo, que como tales no se reflejaban en los registros de las cuentas bancarias. Esa prueba consistió en la declaración del señor J. D. C. L., quien sostiene que él compraba ganado al imputado M. y que en ocasiones los pagos se realizaban en efectivo. Se considera que esta declaración es inconsistente y por consiguiente no puede ser soporte de un fallo judicial, al haberla tenido como tal se ha infringido la Ley del Tercero Excluido, ya que se ha extraído una información que la prueba no podía otorgar. Recordemos que el testigo C. L. tiene una relación con el señor M. y eso lo pone en situación de potencial parcialidad, deficiencia de la que no sufren los peritos oficiales del Ministerio Público y que en definitiva le dan mayor credibilidad a éstos últimos. Por otro lado, no se acreditó fehacientemente cual es la cantidad de transacciones y el monto de las mismas, para así poder tener por justificado el exceso de bienes objetos del delito en el presente caso. Un aspecto que pone en entredicho lo manifestado por el testigo C. L. es que sostenga que solo él le compra al procesado M., lo que si bien es posible, aparenta bastante incierto en la medida en que se compara la magnitud del crecimiento patrimonial del enjuiciado en el lapso temporal analizado en la pericia contable allegada al juicio. Como hemos apreciado, el ejercicio probatorio de la defensa no tiene la consistencia para dar por acreditado los extremos que se propone y al haberlo considerado así, por el Sentenciador, se ha incurrido en la infracción a las Reglas de la Sana Critica que estamos denunciando, vicio in procedendo que también se hace patente respecto al hecho de que el excedente descubierto en el patrimonio del sindicado M. se encontraba en dólares, es trascendente destacar que del andamiaje probatorio de la defensa no se desprende inferencia que pudiesen justificar el referido excedente, así como tampoco lo hace el hecho de una herencia recibida, en tanto que éste fue un elemento considerado por el análisis patrimonial y financiero realizado. En lo referente al imputado J. C. E. N., la acusación ha logrado confirmar que estaba en posesión de un vehículo y un tanque de combustible con un compartimiento falso, como instrumento para la participación en el delito de Lavado de Activos (pero, a pesar de que la prueba informa estos extremos el Tribunal de Sentencia no es capaz de extraer dicha información incurriendo en la vulneración al Principio de Derivación). Una vez confirmada la acusación, se turna la oportunidad para que la defensa desvirtúe los cargos, con ese objetivo se allegó al proceso la declaración de J. E. R. S., quien sostiene que su hermano era el propietario del Taller donde descubrieron el vehículo y el tanque modificado, dado que éste último se marchó para los USA, decidió rentárselo a la persona que le servía de ayudante a su hermano. Para efectos de darle perspectiva al escenario donde se decomisa el vehículo, haremos una breve acotación (puede verse en las fotografías agregadas al proceso), es una casa que tiene un espacio similar a un estacionamiento, el mismo esta techado y constituye parte de la construcción de la vivienda, el tanque con compartimiento falso se encontraba a un costado de esa construcción (es decir, de la vivienda). La referida propiedad es la casa de habitación del imputado E. y a la vez, sostiene la defensa, la parte del estacionamiento era un taller propiedad de una persona distinta a E., tratando de esa manera de extraer del ámbito de posesión de éste todo lo que estaba en aquel lugar, entre ello, el vehículo y el tanque. Es evidente que de ser así significaba que había algún contrato de arrendamiento entre el imputado y aquel personaje, pero no se acredita en el proceso ninguna documentación que así lo confirme. Por otro lado, y siendo que el referido personaje (hermano del testigo Raudales Sarmiento) había realizado un viaje a los Estados Unidos de Norteamérica, se muestra inverosímil que éste testigo sea el que decida arrendar el predio al ayudante que tenía el hermano de Raudales Sarmiento, cuando lo más común es que esa decisión le pertenece al dueño del inmueble y no al hermano de aquel a quien le había arrendado. Además, y tal como lo señalase el voto disidente del fallo impugnado, ese extremo sobre el arrendamiento del taller “no se acreditó objetivamente... la existencia misma de los señores J. R. y J. M., por ende en derecho no se puede inferir que J. R.s sea el dueño del taller que mencionan y J. M. sea el mecánico del taller indicado.” Queda así demostrado que esa declaración solo lleva el ánimo de exculpar de responsabilidad al procesado E. y que esas inconsistencia denunciadas no permiten que de la misma se pueda extraer información alguna sin invalidar la Ley del Tercero Excluido, en tanto que se ha extraído una información que dicha declaración no puede brindar.- Es así como también en el caso del imputado E. se ha incurrido en esa doble infracción a las Reglas de la Sana Critica, el principio de Derivación, dado a que no se extrae la información que brinda la prueba de cargo, y la Ley del Tercero Excluido, en tanto que se utiliza la prueba de descargo para extraer una información que por su inconsistencia no puede contener; el Tribunal no genera la inferencia de participación del acusado en el hecho objeto del procesamiento, sino que lo rechaza, sin dejar de mencionar que no se ha, ni por lo menos, insinuado algún extremo que nos haga presumir que los testigos mienten en su declaración o que tengan algún interés personal; de tal suerte que, como se puede apreciar, las deposiciones dadas merecen total credibilidad y no puede ser ignoradas por el Sentenciador, ello sin dejar de considerar que las declaraciones nos proporcionan elementos que confirman lo manifestado por una con la otra; además de que la versión de descargo no reúne los requisitos de idoneidad necesario para fundamentar un fallo; es decir, se presentan dos versiones, de las dos es la tesis de cargo la que resiste el examen valorativo a la sombra de la Sana Critica como para generar la certeza de determinar la responsabilidad del imputado.- Es así que el Ministerio Público aprecia que las pruebas de cargo no fueron valoradas con apego a las reglas de la sana critica, ni mucho menos fueron relacionadas entre sí, como lo exigen los Artículos 202, 336 del Código Procesal Penal, para extraer la conclusión fáctica positiva que los imputados son los responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado.- Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio”-. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO ÚNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.- I.- El recurrente argumenta que el A quo se equivocó al no haber observado en la valoración de la prueba, “ las reglas de la sana crítica”, ya que el conjunto de la prueba brinda una información que el Tribunal de Sentencia no logró extraer, incurriendo así en la violación del requisito de suficiencia que, a su vez, íntegra el postulado de razón suficiente que conforma el principio de derivación que informa la Lógica como Regla de la Sana Crítica que se debe de aplicar el Juzgador al momento de valorar la prueba.- Dicho desprecio a la información que brinda la prueba tiene apariencia de logicidad, en tanto que se señalan aparentes justificaciones, pero éstas no soportan un examen de valoración que le permitan afincarse como cimientos de una decisión judicial.- Señala el impetrante que la carga de la prueba la tiene quien sostiene el alegato y se corre dicha obligación, una vez que acreditado el argumento, a quien quiera oponerse; es decir, en el presente caso el Ministerio Público estaba obligado a probar que se había cometido el delito de Lavado de Activos, pero una vez acreditado tal extremo, le correspondía a la defensa probar lo contrario.- Esa prueba consistió en la declaración del señor J. D. C. L., quien sostiene que él compraba ganado al imputado M. y que en ocasiones los pagos se realizaban en efectivo.- Se considera que esta declaración es inconsistente y por consiguiente no puede ser soporte de un fallo judicial, al haberla tenido como tal se ha infringido la Ley del Tercero Excluido, ya que se ha extraído una información que la prueba no podía otorgar.- Es así como también en el caso del imputado E., se ha incurrido en esa doble infracción a las Reglas de la Sana Crítica, el principio de Derivación, dado a que no se extrae la información que brinda la prueba de cargo, y la Ley del Tercero Excluido, en tanto que se utiliza la prueba de descargo para extraer una información que por su inconsistencia no puede contener; el Tribunal no genera la inferencia de participación del acusado en el hecho objeto del procesamiento, sino que lo rechaza, sin dejar de mencionar que no se ha, ni por lo menos, insinuado algún extremo que nos haga presumir que los testigos mienten en su declaración o que tengan algún interés personal; de tal suerte que, como se puede apreciar, las deposiciones dadas merecen total credibilidad y no pueden ser ignoradas por el Sentenciador, ello sin dejar de considerar que las declaraciones nos proporcionan elementos que confirman lo manifestado por una con la otra; además de que la versión de descargo no reúne los requisitos de idoneidad necesario para fundamentar un fallo; es decir, se presentan dos versiones, de las dos es la tesis de cargo la que resiste el examen valorativo a la sombra de la Sana Crítica como para generar la certeza de determinar la responsabilidad del imputado.- II.- El recurrente invoca el vicio de no haberse observado las reglas de la lógica en su postulado de la derivación que no es más que: “El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando (razón suficiente)”; y en el postulado de la ley del tercero excluido.- Bajo el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal.- III.- De la prueba evacuada en el debate, es razonable la conclusión a que arriba el A quo en cuanto a que, si bien existe un indicio en contra del acusado A. M., al ocultar dólares en su propiedad y, no depositarlos en una institución bancaria, este indicio por si sólo, no es suficiente para determinar la responsabilidad penal imputada en juicio al acusado.- Puede determinarse con claridad de las conclusiones a que llega el Tribunal de Instancia en cuanto a que las pruebas de cargo consistentes en declaraciones testifícales ( folios 545 v., 546 f.v., 547 f.v., 548 f.v., y de las documentales ( folios 395 a 404), acta de allanamiento, ( folios 357 y 358), evidenciándose que dichas conclusiones son coherentes con lo que relatan los testigos y lo plasmado en las documentales, llegándose a determinar de forma correcta la existencia de la práctica de los registros en las viviendas y propiedades de los acusados, J. C. E. N., y del señor A. M. P., respectivamente, y de la cual el primero de los registros fue practicado sin orden judicial por lo que es acertado declarar que lo decomisado en el mismo resulta prueba prohibida por falta de autorización judicial para el ingreso de la vivienda.- IV.- Sin el ánimo de pretender valorar de forma alternativa la prueba evacuada, para esta Sala, el Tribunal Sentenciador deduce inferencias razonables en su valoración de la prueba legalmente evacuada, en cuanto a que el Ministerio Público no logró demostrar que los $ 49,670.00 dólares, provengan de actividades relacionadas con el Tráfico Ilícito de Drogas, o que su origen no tengan causa o justificación económica legal, ya que como se dijo, tiene razón el sentenciador en cuanto a que el sólo hecho del hallazgo del referido dinero en efectivo de manera oculta y, la no adquisición del mismo en el mercado financiero formal, no es suficiente para poder concluir que dicho dinero no tiene una procedencia legal.- También fue evacuado suficiente material probatorio de descargo ( folios 551 v., 552 f.v., 553 f.v., 554 f.v., 555 f.v. ) referente a las actividades que desarrolla el acusado A. M., llegándose acreditar que el mismo se dedica a la actividad de la compra venta y cría de ganado y a la producción de leche, recibiendo un promedio de seiscientos mil lempiras al año sólo por este último rubro, siendo además propietario de inmuebles de grandes extensiones ubicados en el municipio de Limón departamento de Colon, con un valor catastral de L. 2,440,000.00. De lo cual resulta razonable la inferencia de que la procedencia del dinero encontrado oculto es justificada y con ello se desvanece la presunción de su ilícita procedencia - Es de hacer notar que aunque en el dictamen pericial sobre el análisis patrimonial y financiero de A. M., ( folios 406 al 428), concluye la perito que: “el imputado no puede probar un verdadero arraigo económico para el manejo y posesión de L. 4,202.714.54, cantidades de activos que ostenta por lo que no se justifica su tenencia o procedencia”; lleva razón el A quo, en relación a que la perito abandonó el principio de objetividad, al rebasar el objeto de su pericia, que era la de determinar si los $ 49,670.00 dólares y, el camión decomisado se corresponden con los ingresos de una actividad económica licita o no, pero en el presente caso la perito va mas allá, al referirse a que tod+o el patrimonio del imputado no tiene justificación legal alguna, lo que correctamente los sentenciadores aprecian como falta de objetividad de la perito, debe tenerse en consideración que, los jueces pueden y deben valorar con deducciones razonables la credibilidad del perito y la coherencia de lo que estos dictaminan, además de que los agentes de investigación no entrevistaron a los acusados en ningún momento, debiendo quedar claro que en todos los tipos penales la carga de la prueba corresponde al órgano acusador y los acusados no están en la obligación de probar su inocencia porque como ya es sabido es un estado inherente a su condición de ser humano que se tutela en el marco constitucional y procesal vigente en nuestro ordenamiento jurídico.- En el presente caso que nos ocupa esta Sala Penal, no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A quo irrespetó el principio de “derivación o de tercero excluido”, ya que las inferencias deducidas por el mismo si son razonables, llegándose a conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, no quedando evidencia que dicho fallo se haya fundado en elementos probatorios inexistentes y falseados en su contenido o significado; es por lo anterior que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica, en consecuencia se declara Sin Lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su Único Motivo, invocado por el Fiscal J. C. S. V., en su condición de Representante del Ministerio Público.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución.- Redactó, EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil diez.- Certificación de la sentencia de fecha once de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal número
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
justificación legal alguna, lo que correctamente los sentenciadores aprecian como falta de objetividad de la perito, debe tenerse en consideración que, los jueces pueden y deben valorar con deducciones razonables la credibilidad del perito y la coherencia de lo que estos dictaminan, además de que los agentes de investigación no entrevistaron a los acusados en ningún momento, debiendo quedar claro que en todos los tipos penales la carga de la prueba corresponde al órgano acusador y los acusados no están en la obligación de probar su inocencia porque como ya es sabido es un estado inherente a su condición de ser humano que se tutela en el marco constitucional y procesal vigente en nuestro ordenamiento jurídico.- En el presente caso que nos ocupa esta Sala Penal, no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A quo irrespetó el principio de “derivación o de tercero excluido”, ya que las inferencias deducidas por el mismo si son razonables, llegándose a conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, no quedando evidencia que dicho fallo se haya fundado en elementos probatorios inexistentes y falseados en su contenido o significado; es por lo anterior que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica, en consecuencia se declara Sin Lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su Único Motivo, invocado por el Fiscal J. C. S. V., en su condición de Representante del Ministerio Público.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución.- Redactó, EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo de dos mil diez, a solicitud del Abogado J. C. S. V., en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- Certificación de la sentencia de fecha once de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal número S.P.157=2009.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL