Sentencia CP-65-10 — Registro 2269
Resumen
En primera instancia se condeno a los imputados por el delito de homicidio simple
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"RECURSO CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS ALEGANDO LA VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA; POR INOBSERVANCIA DE LOS ARTICULOS 18, 202, 262 Y 317 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS, 1, 2, 7, 8, 9, 24, 25 Y 29 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y POR VULNERACION DEL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE, POR APLICACIÓN INDEBIDA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta que el A Quo al dictar su fallo incurrió en violación de normas sustantivas al calificar el hecho como delito de homicidio simple, tipificado en el artículo 116 del Código Penal, y no aplicar a favor de los imputados la norma adjetiva contenida en el artículo 296 del Código Procesal Penal, relativo al sobreseimiento definitivo, pese a haberse acreditado en juicio que los encausados PATRICK SCARLO LAMY HERNANDEZ y CARLOS JOSE ORELLANA no participaron en la comisión del hecho criminoso y no hay motivos suficientes para haberles decretado auto de prisión, ni para sospechar que hayan tenido participación directa o indirecta en la comisión del delito. Considera que los encartados no son los responsables del delito que se les atribuye y que se les condenado por simple presunción, obviando la duda razonable, demostrada con las pruebas periciales al especificar la doctora Alicia González que no se pudo obtener la prueba de ADN y que la prueba estaba contaminada e incompleta. Cuestiona que el Juzgador haya dado crédito al dictamen rendido por el Perito Simón Pedro Romero, que estableció la similitud de un cabello encontrado en el vehículo donde se conducían los imputados con los enviados para análisis. Asimismo que el A Quo ha infringido los artículos 18, 262, 296 y 317 del Código Procesal Penal, en relación directa al artículo 1 y 2 del mismo cuerpo legal, en concordancia con los artículos 1, 2, 7, 8 numeral 1;, 9, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ya que según los hechos que el A Quo considera probados dicta fallo condenando a CARLOS JOSE ORELLANA ALBERTO Y PATRICK SCARLO LAMY HERNANDEZ por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de PABLO CESAR MEJIA. Argumenta que la infracción se centra en la aplicación errónea e indebida del artículo 116 del Código Penal Vigente, que establece lo siguiente: Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente Capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. Por otro lado, denuncia la infracción del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido, el artículo 296 del Código Procesal Penal, en relación al 202 del mismo texto normativo que prescribe que la valoración de las pruebas ha se hacerse conforme a las reglas de la sana crítica. Estima que los vicios en el proceso de valoración de la prueba dan origen a la infracción tanto de la ley sustantiva, como de la ley adjetiva. Considera que con las pruebas de cargo, como de descargo, testimoniales, peritajes y reconstrucción de hecho, no se acredita que los encartados hayan cometido el delito que se les imputa, pues el Ministerio Público no pudo probar la vinculación entre los acusados y el hecho criminoso perpetrado en contra del ofendido. Concluye que la equivocación del juzgador en la aplicación errónea de la Ley penal se produce por apreciación errónea de la prueba incurriendo en un grave error de hecho y que si el Juzgador hubiese valorado las pruebas conforme al recto y objetivo entendimiento humano (sana crítica) el resultado pretendido y obtenido hubiese desembocado en la certeza, de que efectivamente se cometió un hecho criminoso, pero, que los imputados no son los responsables de tal hecho. Esta Sala de lo Penal considera importante señalar que a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una “revaloración jurídica” del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del sistema procesal anterior, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. Al Tribunal de Casación, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiere a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal), por ello le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, solo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. De este modo, la regla de la indiscutibilidad de los hechos fijados por la sentencia y la finalidad de la casación, aparecen congruentes entre sí y se complementan mutuamente. Esta Sala observa que el impetrante hace depender el reproche recursivo no de un defecto en el proceso de subsunción de los hechos declarados probados en la norma penal sustantiva, es decir en un error de derecho, como correspondería esperar en la formulación de un motivo por infracción de ley, sino que por el contrario, dirige el núcleo de su argumentación recursiva, sobre defectos en la fundamentación intelectiva del Juzgador en la valoración del material probatorio, concretamente de las pruebas testimoniales, peritajes y de reconstrucción de hechos, de cuyo análisis considera que se desprende una duda razonable a favor de los encartados. Este defecto en la técnica recursiva del impetrante, hace que el motivo de Casación adolezca de los defectos de falta de claridad y precisión, lo que impide a este tribunal de alzada entrar a conocer y emitir pronunciamiento sobre el fondo o contenido del motivo. Por lo expuesto, Esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 412, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÒN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS FUNDADO EN LA VIOLACIÓN DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA QUE CONSAGRA LA GARANTIA GENERICA DEL DEBIDO PROCESO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el Censor que el A Quo al dictar su fallo ha violado el artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a los artículos 8, numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1 y 2 del Código Procesal Penal, por estimar que en el juicio no se han observado las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Considera que el A Quo ha violado el derecho de los imputados, al no practicar los medios de prueba propuestos de acuerdo a la ley, lo que vicia de nulidad el proceso con vulneración del DERECHO DE DEFENSA, concretamente en relación al medio de prueba de reconstrucción de los hechos. Reprocha que conforme a las disposiciones legales que regulan ésta prueba, la misma debe practicarse con el imputado y su defensor, testigos, fiscal y el acusador privado en su caso, pero que no ocurrió así, ya que no se evacuó conforme a la ley, por no estar presentes, los imputados, testigos, bajo el argumento que no fueron citados, que era muy de noche, que los imputados tenían que regresar a Comayagua y que era peligroso. Cuestiona que en el caso bajo examen con una simple presunción alcanzada por el análisis de un cabello con características similares al de la víctima y encontrado en el vehículo de los acusados, se condena a los estos por mera presunción, al no poderse acreditar su participación en el hecho criminoso. Recuerda que el Ministerio Público y el A Quo tuvieron la inmediación de las declaraciones de los testigos de cargo quienes declaran que ANAIN CHICAS VENTURA, es decir, un tercero, golpeaba al ofendido en horas de la tarde el día en que se perpetró el hecho delictivo, aunado a que el A Quo no practicó la Reconstrucción de hechos. Estima que los hechos declarados probados adolecen de lagunas que se oponen a la sana crítica. Considera que como resultado de no realizarse la reconstrucción como lo manda la ley, el A Quo ha valorado la prueba de manera inadecuada, porque no se hizo con todas las partes involucradas en el proceso, en la forma en que ocurrieron los mismos, contando solamente con la presencia del acusador, no así de la defensa, por lo que estima que se practicó con vulneración del DERECHO DE DEFENSA Y DEL DEBIDO PROCESO. Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso el recurrente primero argumenta que no se practicó el medio de prueba de reconstrucción, y segundo que en su práctica no se observaron las formalidades de ley, por no haber estado presentes, los imputados, testigos de cargo, bajo el argumento que no fueron citados, por lo que se ha violentado el debido proceso y el derecho de defensa de los encausados. Previo a considerar el fondo del motivo, esta Sala debe recordar que el medio de prueba de Reconstrucción de hechos, es ”una variante o modalidad de la inspección ocular...y consiste en reproducir ante el Juez de Letras, una vez presente en el lugar de los hechos, la escenificación de lo sucedido. De allí que su naturaleza sea mixta, entre el puro reconocimiento judicial y la declaración de testigos, víctima e imputado.…Asimismo, que debe utilizarse con moderación, reservándose para casos muy graves y excepcionales, y siempre que los resultados previstos sean proporcionados a las dificultades, complejidad de su práctica, y en ocasiones, perjuicios y molestias que supone.” Del estudio minucioso del proceso resulta, a folios 55 y 56 que corresponden al Acta de Debate, la práctica efectiva del medio de prueba de “Reconstrucción de Hechos”, admitido y propuesto por la Defensa de los imputados CARLOS JOSE ORELLANA ALBERTO Y PATRICK SCARLO LAMY HERNANDEZ. Consta del proceso, que esta diligencia de prueba, fue efectivamente realizada por los miembros del Tribunal de Sentencia, con la presencia de los Abogados de las partes: Representante del Ministerio Público y de la Defensa, de ambos imputados nominados y de los testigos de cargo y de descargo. Consta asimismo, a folios 119 y 120 del proceso, que la mencionada Reconstrucción de hechos, parte integral de la audiencia de juicio oral, tuvo lugar en el lugar de los hechos, a las siete con treinta minutos de la noche del día indicado, primero, en el Barrio San Francisco, de la ciudad de Siguatepeque, para continuarla seguidamente, con todos los intervinientes, en el lugar denominado: “La Angostura”, ubicado en las afueras de la ciudad. En la mencionada Acta de Debate consta también, que en la Reconstrucción de hechos, los imputados han participado activamente en dar respuesta a los interrogatorios de las partes y de los miembros del Tribunal. De igual forma consta a folio ciento cincuenta y uno (151) del proceso, acápite treceavo de la sentencia impugnada, que el Juzgador de instancia, ha valorado e dicho medio de prueba Finalmente, esta Sala observa que de las conclusiones del juicio, alegadas por la defensa de los imputados –folio 127 el proceso-_no consta argumentación alguna basada en la vicios de procedimiento o vulneración de garantías y el debido proceso, concretamente del derecho de defensa de los imputados, en la práctica de la mencionada Reconstrucción. Esta Sala ha constatado, primero que el Medio de Prueba de “Reconstrucción de hechos”, admitido a la defensa, si fue efectivamente practicado, y segundo, que en su realización, el Juzgador ha observado el Debido Proceso, especialmente el Derecho de Defensa a favor de los imputados. Por lo expuesto, el motivo de casación invocado por el recurrente debe ser desestimado."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 80 (Decreto)
- Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS ENCARTADOS ARGUYENDO QUE NO SE HA PRACTICADO PRUEBA COMO LO MANDA LA LEY, ASI COMO TAMBIEN POR INCONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES, SEGÚN EL ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Argumenta el censor que el Juzgador de instancia no ha considerado en toda su dimensión prueba de valor decisivo de la defensa. Concretamente reprocha la prueba documental, consistente en la Nota de Meteorología, (estado del tiempo), que estima no fue tomado en cuenta; los testigos de descargo; y, de prueba reconstrucción de hechos, que en su criterio no fue practicada con arreglo a la ley. Reprocha la valoración de dichas pruebas por el A Quo, al considerar que con esta, se violentan normas Constitucionales (Art. 90 párrafo primero de la Constitución de la República), normas procesales ( Art.337 del Código Procesal Penal); y el Art.8, numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como las reglas de la sana crítica, por incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. Estima que el A Quo no considera en todo su contexto prueba de valor decisivo, como la reconstrucción de hechos, cuya incorporación fue realizada hasta en el hecho quinto de la valoración de la prueba y considerada erróneamente como inspección. Concretamente asegura que el Juzgador no valora las declaraciones de los testigos de descargo NOEMI IDALIA RIVAS CRUZ y EDITH IDALIA RIVAS RUIZ; de los testigos de cargo denominados X1, X4 y Emil Adonay Castellanos, ni los dictámenes de los Peritos, en su verdadero sentido. Cuestiona que el A Quo haya condenado a los imputados PATRICK SACRLO LAMY HERNANDEZ y CARLOS JOSE ORELLANA ALBERTO, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, calificando los hechos en perjuicio de los imputados en forma distinta de la que resultó de la práctica de las pruebas y del valor de las mismas. Estima que el Juzgador valora las pruebas de cargo y desestima las de descargo, y que su fallo es contradictorio al planteamiento del acusador y de la defensa. Aduce que no hay motivos para sospechar que los acusados han participado en el hecho, después de agotadas todas las diligencias, y que resulta evidente la indefensión a que fueron sometidos los imputados por el Juzgador. Para el esclarecimiento de los hechos el recurrente ofrece a la Sala la evacuación de los medios de prueba siguientes: acta del debate y la sentencia condenatoria, asimismo, la práctica de inspecciones a dos lugares: en el lugar de la Angostura, ubicado en la carretera que de Siguatepeque conduce a la Aldea de San Isidro jurisdicción del Rosario departamento de Comayagua; y otra, en la Dirección de Medicina Forense, a efecto de darle seguimiento a la cadena de custodia de las muestras recolectadas por las dependencias del Ministerio Público. Esta Sala de lo Penal, observa que el censor de la sentencia impugnada, por la vía de un recurso del Quebrantamiento de Forma, presenta en un solo motivo, tres argumentos distintos que por si mismos, para mayor claridad y precisión, deberían haber sido planteados y alegados en forma separada, tal como lo exige el artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal. Primero, alega que el A Quo no ha considerado prueba de valor decisivo, en toda su dimensión, concretamente la prueba documental consistente en un reporte de Meteorología, los testigos de descargo, y de Reconstrucción de hechos; segundo, reprocha el valor probatorio concedido por el A Quo a las declaraciones de los testigos de descargo: NOEMI IDALIA RIVAS CRUZ y EDITH IDALIA RIVAS RUIZ; de los testigos de cargo: X1, X4 y Emil Adonay Castellanos; y a los dictámenes de Peritos, en la que supone que el Juzgador no ha observado las reglas de la sana crítica; y tercero, por incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, al condenar a los imputados en contra del las pretensiones de la defensa y en forma distinta al valor de las pruebas. No obstante el defecto en la técnica recursiva, que normalmente haría inadmisible el motivo, por falta de claridad y precisión, esta Sala procede a resolver en el fondo de la manera siguiente: a) con respecto a la prueba documental que consiste en un “Nota de Meteorología”, referente a las condiciones climatológicas del 27 al 30 de septiembre y del 1 al 4 de octubre de 2007, cabe destacar que en el numeral doceavo de la sentencia impugnada, el Juzgador ha considerado que esta prueba no aporta ningún elemento probatorio de descargo a favor de los imputados; b) con relación a los testigos de descargo NOEMI IDALIA RIVAS CRUZ y EDITH IDALIA RIVAS RUIZ, consta a folio 150 del proceso, que en el numeral octavo de la sentencia impugnada, que dichos testigos no son confiables por el Juzgador, porque a su juicio no fueron congruentes entre si y mostrarse insegura la segunda, con respecto a la hora en que llegaron los imputados a su casa; con respecto a la reconstrucción de hechos, consta a folio 151 del proceso, en el numeral treceavo de la sentencia impugnada, que se concluye lo siguiente: En La Angostura es factible que otro vehículo pueda pasar con las precauciones del caso, que durante la noche es difícil distinguir las características de un vehículo que venga en sentido contrario con las luces encendidas, difícil distinguir a una persona; asimismo que en el Barrio San Francisco, no se produjeron elementos de prueba en descargo a favor de los imputados. Esta Sala estima que en el caso bajo examen no se constata la exclusión de prueba de valor decisivo, o prueba dejada de valorar por el Juzgador. Con respecto al reproche de que el A Quo no ha observado las reglas de la sana crítica en la valoración de las declaraciones rendidas por los testigos de descargo NOEMI IDALIA RIVAS CRUZ y EDITH IDALIA RIVAS RUIZ; de los testigos de cargo: X1, X4 y Emil Adonay Castellanos, y, de los dictámenes de Peritos, esta Sala observa que el Censor de la sentencia ha omitido invocar concretamente la o las reglas de la sana crítica, esto es, de la lógica, al psicología o las máximas de la experiencia, que supone han sido dejadas de aplicar por el Juzgador, defecto que por su esencialidad no corresponde a la Sala subsanar; y finalmente, en relación a la incongruencia entre la sentencia y la pretensión de las partes, al condenarse a los imputados en contra la pretensión de la defensa, esta Sala considera pertinente recordar que en nuestro sistema procesal penal prevalece el principio acusatorio, por el que la acción penal pública es ejercida por un sujeto procesal distinto al órgano juzgador, el que determina los hechos, individualiza a los imputados, y tiene bajo su responsabilidad la investigación del delito y la carga de prueba de la imputación. Como complemento lógico a la prohibición de que el órgano jurisdiccional pueda plantear de oficio la acusación y sostener la acción penal, la aplicación del principio acusatorio obliga al Juez a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. En este sentido, se impone la necesidad de una debida correlación entre acusación y sentencia, dejando la concreta determinación del contenido de la acusación a las partes, a fin de evitar el evidente riesgo que supondría para la imparcialidad de órgano decisor, el que se le permitiera sobrepasar los extremos de la acusación misma, lo que de hecho, vendría a suponer el sostenimiento indirecto de la pretensión penal por parte del órgano jurisdiccional. Lo anterior pone en evidencia la existencia de un determinado grado de vinculación en la persona del juez para con el elemento subjetivo (persona acusada) y objetivo (hecho punible) planteados por la acusación, que se traduce en una prohibición general, dirigida al órgano jurisdiccional de variar los elementos esenciales del objeto del proceso penal. Con respecto al elemento subjetivo, el referido principio exige que el Juez o Tribunal únicamente pueda realizar y dirigir el proceso contra la persona o personas que resulten efectivamente imputadas en la acusación. Con respecto al elemento objetivo, lo que el principio prohíbe es facultar al juzgador para incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados del escrito de calificación previsto en la acusación, lo que incidiría en el derecho de defensa del imputado ante la posibilidad de ser condenado por un nuevo hecho punible sin habérsele otorgado oportunidad procesal de oponerse al mismo mediante posibles pruebas de descargo. En este sentido, el artículo 337 del Código Procesal Penal hondureño establece que “la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. De este modo, el precepto legal antes mencionado establece una obligación de correlación entre acusación y sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes. En este sentido, el principio acusatorio forma parte del haz de garantías de nuestro sistema procesal, directamente vinculado con el derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, que, como es notorio, proscribe toda posible indefensión. Toda persona acusada tiene derecho a conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación a fin de no quedar sumida en una completa indefensión, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto diferente al que fue objeto de debate procesal. El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo que es incompatible con un sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Consecuencia de todo ello es que siempre ha de haber la debida congruencia entre la acusación y la condena, de modo que el Tribunal sentenciador no pierda su objetividad alterando de oficio los hechos o su calificación jurídica, salvo que actúe dentro del marco legal de lo pedido, en ejercicio de su facultad individualizadora. Ese derecho a a ser informado de la acusación exige un conocimiento completo de los hechos de que se es acusado y de la calificación jurídica formulada por las partes acusadoras, y, a su vez, es presupuesto necesario de la evitación de indefensión que irremisiblemente se produce cuando se dictan condenas por hechos y cualificaciones de los mismos en momento en que las posibilidades de defensa ya han pasado. En el presente caso, esta Sala es del criterio que el A Quo no ha infringido el principio de congruencia entre acusación y sentencia, en tanto que se ha condenado a los imputados por el mismo delito que fueron llevados a juicio, sin que se constate en la sentencia impugnada que el Juzgador haya dado por acreditados hechos que no hayan sido objeto de debate y respecto a los cuales los encartados no hayan podido defenderse. Consecuentemente se declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 337 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil doce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de octubre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual Condenó a los señores P. S. L. H. y C. J. O. como autores responsables del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de P. C. M. P., a la pena principal de DIECISEIS (16) AÑOS DE RECLUSIÓN respectivamente, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo que dure la condena principal.- INTERPUSIERON EL RECURSO: los Abogados T. H. y A. W. C. P., actuando en su condición de Apoderados Defensores de los imputados P. S. L. H. y C. J. O..- SON PARTES: Los Abogados T. H. y A. W. C. P., Apoderados Defensores de los imputados P. S. L. H. y C. J. O., como parte recurrente; y la Abogada Y. M., Representante del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por INFRACCIÓN DE LEY, POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: Que en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil siete, aproximadamente entre las tres y cinco de la tarde, los señores P. S. L. H. y C. J. O. junto con el señor A. C. V. y P. C. M. P., se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una pulpería, ubicada en la colonia San Francisco de la ciudad de Siguatepeque, posteriormente el referido señor M. P. mediante intimidación, es subido a un vehículo marca Isuzo, color gris, extra cab, en el cual se conducían los mencionados L. H. y J. O., partiendo dicho vehículo con rumbo desconocido, siendo la última vez que fue visto M. P. en compañía de los imputados, según lo informado o declarado por personas del lugar. SEGUNDO: En fecha treinta de septiembre en horas de la tarde, en un lugar conocido como la Angostura de la aldea de San Isidro, Municipio del Rosario, Departamento de Comayagua, fue encontrado y rescatado de un abismo, el cuerpo sin vida del señor P. M. P., el cual presentaba golpes en la zona craneana, con desprendimiento de masa encefálica”. III.- Los recurrentes abogados T. H. y A. W. C. P., formalizaron su recurso de casación POR INFRACCIÓN DE LEY, POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO.- Haber incurrido el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua en error de hecho por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba y por inobservancia del artículo 18, 202, 262 y 317 del Código Procesal Penal en relación con los artículos, 1, 2, 7, 8, 9, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por violación al artículo 116 del Código Penal Vigente, por aplicación indebida del mismo en perjuicio de los imputados. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO.- UNO.- El honorable Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, al dictar su fallo incurrió en violación a las normas sustantivas de orden nacional, me refiero en cuanto a calificar la comisión del delito de homicidio simple enmarcado en el artículo 116 del Código Penal Vigente; y no aplicar a favor de los imputados la norma adjetiva contenida en el artículo 296 de nuestro Código Procesal Penal, en cuanto se refiere al sobreseimiento definitivo por haber acreditado en juicio que nuestros defendidos no participaron en la comisión del hecho criminoso y no hay motivos suficientes para que se les haya decretado auto de prisión, tampoco hay motivos para sospechar que hayan tenido participación directa o indirecta en la comisión del delito a ellos imputado, por todas las circunstancias que se probó por el ente acusador que se dieron para cometer el hecho criminoso y las pruebas tanto de cargo como de descargo presentadas y evacuadas durante el debate, ya que si bien es cierto que ocurrió un hecho criminoso, no es menos cierto que nuestros defendidos no son los responsables del mismo y el tribunal de sentencia los esta condenando por simple presunción, obviando la duda razonable, como se dejó demostrado con las pruebas periciales presentadas por el mismo ente acusador del Estado, la deposición de los peritos fue muy clara en su momento al especificar la doctora A. G. que no se pudo obtener una prueba de ADN, que además la muestra para la prueba estaba contaminada e incompleta porque sólo dos de los cabellos tenían bulbo o raíz donde se encuentra el ADN y que los utilizó destruyéndose los mismos en el análisis, por su parte el otro perito S. P. R. estableció la similitud o parecido de un cabello supuestamente encontrado en el vehículo donde se conducían los imputados con los contaminados enviados para su análisis y que pertenecían al ofendido y el tribunal sentenciador tomó esas declaraciones en perjuicio de los imputados. Los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, 116 del Código penal Vigente por aplicación indebida del mismo en base a presunción y no a la duda razonable, asimismo infringe el artículo 18, 262, 296 y 317 del Código Procesal Penal, en relación directa al artículo 1 y 2 del mismo cuerpo legal, en concordancia con el artículo 1, 2, 7, 8 numeral 1;, 9, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ya que según los hechos que el tribunal sentenciador considera probados establecen: Primero.- Que el día veintinueve de septiembre del año dos mil siete entre las tres y cinco de la tarde los señores P. S. L. H. y C. J. O. junto con el señor A. C. V. y P. C. M. P., se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una pulpería, ubicada en la colonia San Francisco de la ciudad de Siguatepeque, posteriormente el referido señor M. P. mediante intimidación, es subido a un vehículo marca Isuzu, color gris, extra cab, en el cual se conducían los mencionados L. H. y J. O., partiendo dicho vehículo con rumbo desconocido, siendo la ultima vez que fue visto M. P. en compañía de los imputados, según lo informado o declarado por personas del lugar. Segundo: Que en fecha treinta de septiembre en horas de la tarde, en un lugar conocido como la Angostura, de la Aldea de San Isidro, Municipio del Rosario, Departamento de Comayagua, fue encontrado y rescatado de un abismo, el cuerpo sin vida del señor P. M. P., el cual presentaba golpes en la zona craneana, con desprendimiento de masa encefálica. DOS.- Con base a estos hechos el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, dictó su fallo condenando a nuestros defendidos C. J. O. A. Y P. S. L. H. por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de P. C. M. P. y a sufrir una pena de dieciséis años de reclusión, el tribunal sentenciador se enmarcó según su criterio de conformidad al artículo 116 del Código Penal Vigente, lo que consideramos erróneo, pues si se hiciese una buena calificación la misma consideramos que debió enmarcarse en el artículo 296 del Código Procesal Penal, pues no pudo probar el ente acusador que los imputados le hayan dado muerte al ahora occiso, pero si se probó por parte de los testigos de cargo que el señor E. O A. C. V. golpeaba sobre el tonó de su vehículo Ford Rojo al ahora occiso el día de su muerte. La infracción se centra en aplicación errónea e indebida del artículo 116 del Código Penal Vigente, el que establece, que: Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente Capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. /… Asimismo se centra la infracción en el precepto penal adjetivo que se invoca como infringido 296 en relación al 202 del Código Procesal Penal que prescribe: “Articulo 202.- Valoración de las pruebas, La sana crítica.- Las pruebas serán valoradas de acuerdo a la sana crítica.- El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Los postulados que dan lugar o contenido a las reglas de la sana crítica son: en este caso el motivo que nos orienta o lleva a demostrar la inobservancia de las reglas del recto actuar del entendimiento humano en la valoración de la prueba que a la vez conlleva a un problema de fundamentación objetiva y razonada. Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración autorizado por la ley es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es condenatoria según el artículo 341 del Código Procesal Penal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el Tribunal Sentenciador, consideramos que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada tanto de los hechos invocados como de los acreditados de acuerdo a la valoración objetiva de las pruebas evacuadas, lo que constituye la fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo, el que se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria la cual esta dividida en descriptiva e intelectiva, lo que implica señalar en lo resuelto de manera objetiva, en cuanto a los medios probatorios recibidos y evacuados en el juicio para controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano y describir su contenido es decir el elemento probatorio, para luego de esa probatoria descriptiva, hacer la apreciación de los medios y elementos de prueba para hacer la fundamentación intelectual, pues el juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe o credibilidad y porque otro no y porque un elemento de prueba u otro le lleva a la determinación final, sobre este fundamento intelectivo es que recae el reproche del recurso de casación por valoración indebida de las reglas de la sana crítica. Por ello debe considerar que todo problema de valoración de las normas del entendimiento humano es un problema de fundamentación, porque se deben utilizar de manera objetiva esas reglas de la experiencia, la psicología y la lógica, esta ultima tanto la natural o sentido común, como la jurídica, pues el limite del conocimiento de un hombre común es el conocimiento técnico especializado, la lógica implica que en el ejercicio intelectivo debe el juzgador guardar coherencia y derivación o sea la necesidad de utilizar una razón y justificación adecuada para que haya convicción o como no decir para ser verdad, porque induce o determina a la obligatoriedad de la congruencia. Los vicios de la valoración de la prueba que dan origen a la infracción tanto de la ley sustantiva como de la ley adjetiva, se da cuando el sentenciador en los apartados numerados de los hechos probados asegura que el día veintinueve de septiembre del año dos mil siete, entre las tres y cinco de la tarde nuestros defendidos P. S. L. H. y C. J. O. junto al señor A. (E.) C. V. y P. C. M. P. se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una pulpería ubicada en la colonia San Francisco de Siguatepeque. En la fundamentación jurídica el juzgador dice que el tribunal ha declarado probado que los acusados han tenidos participación directa sin lugar a dudas en el delito de homicidio simple. Lógicamente en el presente caso los encartados no le dieron muerte al señor P. C. M. P., porque al revisar las declaraciones testimoniales vertidas en el debate de los testigos de cargo y de descargo y confrontarlas objetivamente se desprende la equivocación del tribunal sentenciador, pero el tribunal sentenciador hace suyas las razones que fundamentan los hechos estimados y declarados probados de los cuales a todas luces se desprende, que los extremos apuntados en los hechos que se estimaron probados por el tribunal sentenciador, se centra específicamente en las declaraciones contradictorias de testigos protegidos de cargo quienes al ser repreguntados entraron en una serie de contradicciones ya que el testigo protegido que supuestamente estuvo en el barrio San Francisco dijo que el se fue como a las cinco de la tarde y que todos los demás (imputados, occiso y E. C. V.) se quedaron en el lugar y con la prueba pericial contradictoria de dos peritos propuestos por el Ministrito Público, ya que la perito doctora A. M. G., dijo haber trabajado solo con dos cabellos y por lo menos debía tener diez cabellos para tener un buen perfil, que las hebras que trabajó se gastaron en el análisis, pero teníamos siete hebras solo que las otras hebras no tienen bulbo, no pudo definir a quien pertenecían si a cualquiera de los imputados o al ofendido, pues no se pudo obtener el ADN para individualizar a las personas y por consiguiente no se pudo obtener un buen perfil ya que el ADN es especifico para cada persona. El perito S. P. R., dice haber llegado muestra de cabellos en el año dos mil siete y de lo cual hizo un análisis tricológico donde se determinan las características morfológicas de los cabellos o bellos púbicos corporales o de animales, ingresaron las muestras que corresponden a los siete elementos pilosos que nos hicieron llegar y que en el embalaje esta descrito tácitamente sin determinar de donde se obtuvieron, de que lugar, ningún otro detalle mas que la cantidad, que la otra muestra llegó en el dos mil ocho con un código que define que es de una autopsia, pero cuando analiza dice que lo hace a cinco elementos pilosos, dijo que si, porque al haber hecho la otra perito la pericia con dos elementos pilosos se destruyó la muestra de los dos cabellos utilizados, cuando se le preguntó si todos los cabellos que le mandaron para ser analizados todos tenían bulbo respondió que si tenían raíz, lo que resulta contradictorio con la declaración de la otra perito quien dijo que solo los dos cabellos que ella utilizó tenían bulbo o raíz, pero que ellos se destruyeron con su practica del análisis que ella realizó. De las pruebas de cargo, como los de descargo, testimoniales, peritajes y reconstrucción de hecho, podemos decir con propiedad que los imputados no cometieron el delito que se les imputa, pues el Ministerio Público no pudo acreditar la vinculación entre nuestros defendidos y el hecho criminoso perpetrado en contra del ofendido y se les esta juzgando por mera presunción, argumentando que por haber encontrado un cabello similar al del ofendido en el vehículo de nuestros defendidos, cabello con características similares (semejanza, parecido) a las del ofendido, en consecuencia lo que existe es una duda razonable y ante la duda debe absolverse al (los) imputado (s). (El subrayado es nuestro). Por tanto el hecho de que los imputados hayan estado junto al ofendido y al señor E. C. V. en horas de la tarde en el Barrio San Francisco de Siguatepeque, no constituye delito, no cabe duda que el sentido que le da el Tribunal de Sentencia al hecho de haber estado junto al occiso es contrario a la acción criminosa cometida por el o los responsables del hecho, que por supuesto no son nuestros defendidos, por lo que se infiere la equivocación del juzgador en la aplicación errónea de la Ley penal por apreciación errónea de la prueba incurriendo en un grave error de hecho. Sobre la base del planteamiento que se ha realizado se puede inferir que si el tribunal sentenciador, hubiese valorado las pruebas conforme al recto y objetivo entendimiento humano (sana crítica) el resultado pretendido y obtenido hubiese desembocado en la certeza, de que efectivamente se cometió un hecho criminoso, pero, que los imputados no son los responsables de tal hecho, por lo que la duda razonable perdura a favor de los imputados, porque no se puede imputar una responsabilidad penal al que no la tiene. RECURSO CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS ALEGANDO LA VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA; POR INOBSERVANCIA DE LOS ARTICULOS 18, 202, 262 Y 317 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS, 1, 2, 7, 8, 9, 24, 25 Y 29 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y POR VULNERACION DEL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE, POR APLICACIÓN INDEBIDA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta que el A Quo al dictar su fallo incurrió en violación de normas sustantivas al calificar el hecho como delito de homicidio simple, tipificado en el artículo 116 del Código Penal, y no aplicar a favor de los imputados la norma adjetiva contenida en el artículo 296 del Código Procesal Penal, relativo al sobreseimiento definitivo, pese a haberse acreditado en juicio que los encausados P. S. L. H. y C. J. O. no participaron en la comisión del hecho criminoso y no hay motivos suficientes para haberles decretado auto de prisión, ni para sospechar que hayan tenido participación directa o indirecta en la comisión del delito. Considera que los encartados no son los responsables del delito que se les atribuye y que se les condenado por simple presunción, obviando la duda razonable, demostrada con las pruebas periciales al especificar la doctora A. G. que no se pudo obtener la prueba de ADN y que la prueba estaba contaminada e incompleta. Cuestiona que el Juzgador haya dado crédito al dictamen rendido por el Perito S. P. R., que estableció la similitud de un cabello encontrado en el vehículo donde se conducían los imputados con los enviados para análisis. Asimismo que el A Quo ha infringido los artículos 18, 262, 296 y 317 del Código Procesal Penal, en relación directa al artículo 1 y 2 del mismo cuerpo legal, en concordancia con los artículos 1, 2, 7, 8 numeral 1;, 9, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ya que según los hechos que el A Quo considera probados dicta fallo condenando a C. J. O. A. Y P. S. L. H. por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de P. C. M. Argumenta que la infracción se centra en la aplicación errónea e indebida del artículo 116 del Código Penal Vigente, que establece lo siguiente: Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente Capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. Por otro lado, denuncia la infracción del precepto penal adjetivo que se invoca como infringido, el artículo 296 del Código Procesal Penal, en relación al 202 del mismo texto normativo que prescribe que la valoración de las pruebas ha se hacerse conforme a las reglas de la sana crítica. Estima que los vicios en el proceso de valoración de la prueba dan origen a la infracción tanto de la ley sustantiva, como de la ley adjetiva. Considera que con las pruebas de cargo, como de descargo, testimoniales, peritajes y reconstrucción de hecho, no se acredita que los encartados hayan cometido el delito que se les imputa, pues el Ministerio Público no pudo probar la vinculación entre los acusados y el hecho criminoso perpetrado en contra del ofendido. Concluye que la equivocación del juzgador en la aplicación errónea de la Ley penal se produce por apreciación errónea de la prueba incurriendo en un grave error de hecho y que si el Juzgador hubiese valorado las pruebas conforme al recto y objetivo entendimiento humano (sana crítica) el resultado pretendido y obtenido hubiese desembocado en la certeza, de que efectivamente se cometió un hecho criminoso, pero, que los imputados no son los responsables de tal hecho. Esta Sala de lo Penal considera importante señalar que a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una “revaloración jurídica” del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del sistema procesal anterior, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. Al Tribunal de Casación, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiere a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal), por ello le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, solo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. De este modo, la regla de la indiscutibilidad de los hechos fijados por la sentencia y la finalidad de la casación, aparecen congruentes entre sí y se complementan mutuamente. Esta Sala observa que el impetrante hace depender el reproche recursivo no de un defecto en el proceso de subsunción de los hechos declarados probados en la norma penal sustantiva, es decir en un error de derecho, como correspondería esperar en la formulación de un motivo por infracción de ley, sino que por el contrario, dirige el núcleo de su argumentación recursiva, sobre defectos en la fundamentación intelectiva del Juzgador en la valoración del material probatorio, concretamente de las pruebas testimoniales, peritajes y de reconstrucción de hechos, de cuyo análisis considera que se desprende una duda razonable a favor de los encartados. Este defecto en la técnica recursiva del impetrante, hace que el motivo de Casación adolezca de los defectos de falta de claridad y precisión, lo que impide a este tribunal de alzada entrar a conocer y emitir pronunciamiento sobre el fondo o contenido del motivo. Por lo expuesto, Esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. MOTIVO DE CASACION POR INFRACCIÒN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO.- Violación del párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República. PRECEPTPO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación lo encontramos en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO.- Al dictar su fallo el Honorable Tribunal de Sentencia de Siguatepeque Departamento de Comayagua, ha violado el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en relación al artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1 y 2 del Código Procesal Penal, por cuanto en el presente juicio no se han observado las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Decimos lo anterior porque el Honorable Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, ha violado el derecho de los imputados en su perjuicio, primero al no practicar los medios de prueba tal como se propusieron y de acuerdo a la ley, se violenta la forma ya establecida de antemano para proponer y evacuar los medios de prueba lo que vicia de nulidad el proceso y violenta tanto el derecho de defensa como del debido proceso, tal es el caso del medio de prueba de reconstrucción de los hechos, la que según lo establece el artículo 90 párrafo primero de la constitución de la República en concordancia con el artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el artículo 262 del Código Procesal Penal, debe practicarse en unión del imputado y su defensor, los testigos, el fiscal y el acusador privado en su caso, pero no ocurrió así, ya que se pidió y propuso el medio de prueba en el momento procesal oportuno en tiempo y forma como lo manda la ley, se dice que no se practicó conforme a la ley, porque no se llevó a los imputados, ni a los testigos de cargo, argumentando que al tribunal se le olvidó citarlos, asimismo que era muy de noche y los imputados tenían que regresar a Comayagua y era peligroso porque en esa zona asaltan, segundo porque al no llevarse a cabo un medio de prueba con las formalidades de ley, se violenta el derecho del imputado y no se garantiza un debido proceso, como ocurre en el presente caso que con una simple presunción de un cabello con características similares (parecido no igual) encontrado supuestamente en el vehículo de nuestros defendidos se está condenado a los mismos POR MERA PRESUNCION, porque no pudieron acreditar la participación de nuestros defendidos en el hecho criminoso, porque el ente acusador, ni el tribunal sentenciador no tiene la certeza de que nuestros defendidos hayan perpetrado el hecho criminoso y por la simple presunción del cabello similar, sospechan, presumen y condenan a nuestros representados cuando el Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia tuvo en su poder por el principio de inmediación las declaraciones de los testigos de cargo quienes fueron contundentes al declarar que el señor A. C. V. era la persona que golpeaba al ofendido en horas de la tarde sobre el tonó de su vehiculo y tercero porque, el Tribunal de Sentencia al no practicar el medio de prueba de Reconstrucción de hechos como lo manda la ley para demostrar la total veracidad de los hechos, consideramos que con este tipo de fallos no hay derechos garantizados ni para los imputados, ni para las víctimas, cuando no se observan las formalidades establecidas de antemano en la ley, como ser la admisión y evacuación de los medios de prueba trascendentales tal como se propusieron y lo manda la ley procesal penal. Los hechos declarados probados en consecuencia adolecen de un sin número de lagunas que rompen los parámetros que forman la sana crítica, en vista que no realizar la reconstrucción de los hechos como lo manda la ley, dio lugar para que el mismo Tribunal de Sentencia en su fallo haya plasmado en la valoración de la prueba de manera inadecuada en sus apreciaciones en cuanto a la reconstrucción de hechos, porque no se hizo con todas las partes involucradas en el proceso en lo referente a la forma en que exactamente ocurrieron los mismos y considera el Tribunal de Sentencia que solo el ente acusador acreditó lo que alega, no así la defensa a quien no le dan credibilidad en sus pruebas, lo que conlleva a la vulneración del derecho de defensa y del debido proceso de los imputados para que se les haga un juicio justo de acuerdo a la ley procesal penal. (Lo resaltado en negrito es nuestro). RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÒN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS FUNDADO EN LA VIOLACIÓN DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA QUE CONSAGRA LA GARANTIA GENERICA DEL DEBIDO PROCESO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el Censor que el A Quo al dictar su fallo ha violado el artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a los artículos 8, numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1 y 2 del Código Procesal Penal, por estimar que en el juicio no se han observado las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Considera que el A Quo ha violado el derecho de los imputados, al no practicar los medios de prueba propuestos de acuerdo a la ley, lo que vicia de nulidad el proceso con vulneración del DERECHO DE DEFENSA, concretamente en relación al medio de prueba de reconstrucción de los hechos. Reprocha que conforme a las disposiciones legales que regulan ésta prueba, la misma debe practicarse con el imputado y su defensor, testigos, fiscal y el acusador privado en su caso, pero que no ocurrió así, ya que no se evacuó conforme a la ley, por no estar presentes, los imputados, testigos, bajo el argumento que no fueron citados, que era muy de noche, que los imputados tenían que regresar a Comayagua y que era peligroso. Cuestiona que en el caso bajo examen con una simple presunción alcanzada por el análisis de un cabello con características similares al de la víctima y encontrado en el vehículo de los acusados, se condena a los estos por mera presunción, al no poderse acreditar su participación en el hecho criminoso. Recuerda que el Ministerio Público y el A Quo tuvieron la inmediación de las declaraciones de los testigos de cargo quienes declaran que A. C. V., es decir, un tercero, golpeaba al ofendido en horas de la tarde el día en que se perpetró el hecho delictivo, aunado a que el A Quo no practicó la Reconstrucción de hechos. Estima que los hechos declarados probados adolecen de lagunas que se oponen a la sana crítica. Considera que como resultado de no realizarse la reconstrucción como lo manda la ley, el A Quo ha valorado la prueba de manera inadecuada, porque no se hizo con todas las partes involucradas en el proceso, en la forma en que ocurrieron los mismos, contando solamente con la presencia del acusador, no así de la defensa, por lo que estima que se practicó con vulneración del DERECHO DE DEFENSA Y DEL DEBIDO PROCESO. Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso el recurrente primero argumenta que no se practicó el medio de prueba de reconstrucción, y segundo que en su práctica no se observaron las formalidades de ley, por no haber estado presentes, los imputados, testigos de cargo, bajo el argumento que no fueron citados, por lo que se ha violentado el debido proceso y el derecho de defensa de los encausados. Previo a considerar el fondo del motivo, esta Sala debe recordar que el medio de prueba de Reconstrucción de hechos, es ”una variante o modalidad de la inspección ocular...y consiste en reproducir ante el Juez de Letras, una vez presente en el lugar de los hechos, la escenificación de lo sucedido. De allí que su naturaleza sea mixta, entre el puro reconocimiento judicial y la declaración de testigos, víctima e imputado.…Asimismo, que debe utilizarse con moderación, reservándose para casos muy graves y excepcionales, y siempre que los resultados previstos sean proporcionados a las dificultades, complejidad de su práctica, y en ocasiones, perjuicios y molestias que supone.[1]” Del estudio minucioso del proceso resulta, a folios 55 y 56 que corresponden al Acta de Debate, la práctica efectiva del medio de prueba de “Reconstrucción de Hechos”, admitido y propuesto por la Defensa de los imputados C. J. O. A. Y P. S. L. H. Consta del proceso, que esta diligencia de prueba, fue efectivamente realizada por los miembros del Tribunal de Sentencia, con la presencia de los Abogados de las partes: Representante del Ministerio Público y de la Defensa, de ambos imputados nominados y de los testigos de cargo y de descargo. Consta asimismo, a folios 119 y 120 del proceso, que la mencionada Reconstrucción de hechos, parte integral de la audiencia de juicio oral, tuvo lugar en el lugar de los hechos, a las siete con treinta minutos de la noche del día indicado, primero, en el Barrio San Francisco, de la ciudad de Siguatepeque, para continuarla seguidamente, con todos los intervinientes, en el lugar denominado: “La Angostura”, ubicado en las afueras de la ciudad. En la mencionada Acta de Debate consta también, que en la Reconstrucción de hechos, los imputados han participado activamente en dar respuesta a los interrogatorios de las partes y de los miembros del Tribunal. De igual forma consta a folio ciento cincuenta y uno (151) del proceso, acápite treceavo de la sentencia impugnada, que el Juzgador de instancia, ha valorado e dicho medio de pruebaFinalmente, esta Sala observa que de las conclusiones del juicio, alegadas por la defensa de los imputados –folio 127 el proceso-_no consta argumentación alguna basada en la vicios de procedimiento o vulneración de garantías y el debido proceso, concretamente del derecho de defensa de los imputados, en la práctica de la mencionada Reconstrucción. Esta Sala ha constatado, primero que el Medio de Prueba de “Reconstrucción de hechos”, admitido a la defensa, si fue efectivamente practicado, y segundo, que en su realización, el Juzgador ha observado el Debido Proceso, especialmente el Derecho de Defensa a favor de los imputados. Por lo expuesto, el motivo de casación invocado por el recurrente debe ser desestimado. MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- Haber incurrido el sentenciador en error de hecho, al dejar de practicar una prueba como lo manda la ley, en perjuicio de los acusados para darle el valor decisivo en la litis, lo que constituye incongruencia entre la valoración de la Sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Artículo 362 numeral 2 y 6 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. Previo a desarrollar el presente motivo, es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que este planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua recurrido, no ha considerado en toda su dimensión prueba consistente de valor decisivo (prueba de la defensa), es el caso que la haya excluido del juicio, como es el caso de la prueba documental consistente en la nota de metereología sobre el estado del tiempo, o no la haya tomado en cuenta como el caso e los testigos de descargo y la practica de la prueba reconstrucción de hechos misma que no llena los requisitos exigidos por la ley en perjuicio de los imputados y al mismo tiempo valoró lo poco que se hizo en perjuicio de los imputados y con las partes que fueron a la practica de la misma, violentando con ello tanto las normas Constitucionales como las procesales (artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; 337 del Código Procesal Penal; 8 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos), como la valoración de las reglas de la sana crítica, la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, como se acreditará en el motivo que a continuación se desarrolla: El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación es en relación a la valoración de la prueba, el que establece lo siguiente: Artículo 202: Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica.- El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. (Lo resaltado en negrito es nuestro). El tribunal sentenciador en su apartado séptimo de la valoración de la prueba dice que se acreditó la generales individualizantes de cada uno de los imputados y que se halló una pistola de juguete y que el testigo x2 reconoció el arma, siendo ella una de las elaboradas en masa ya que el testigo no pudo precisar las características. El tribunal sentenciador en el apartado treceavo hecho de la valoración de la prueba del fallo recurrido expresa: Se practicó el medio de prueba reconstrucción de hechos, propuesto por la defensa privada, comenzando a las ocho de la noche, primero en el barrio San Francisco en la pulpería Liza contiguo a lo que antes era la Abarrotaría SMI, lugar en donde según declaraciones de los imputados estuvieron en compañía de A. c. y P. C. M. P., tomándose unas cervezas y donde dejaron a A. C. junto a P. C. M. P.; posteriormente el Tribunal se desplazo siempre en el barrio San Francisco a unos doscientos metros de la pulpería Liza, frente a una pulpería la cual no tiene nombre en una casa de esquina color verde, en donde según los imputados el señor A. C. les invita a tomar cervezas y donde P. C. m. P. les manifiesta que tiene una botella de licor y procede a buscar en su casa y la trae, luego de esto vuelven otra vez a la pulpería Liza, siendo todo lo evacuado en dicho lugar; El Tribunal en compañía de las partes procesales se desplazo al lugar conocido como la angostura mismo que se encuentra sobre la carretera que conduce de la ciudad de Siguatepeque a la Aldea de San Isidro, constatando los extremos declarados por los testigos tanto de cargo como de descargo, logrando establecer que en dicho lugar a pesar de lo estrecho del mismo pueden pasar dos vehículos, también se logro ubicar el lugar donde fue encontrado el rastro de sangre descrito en el acta de levantamiento, mediante el álbum fotográfico que corre agregado a dicha acta, esta diligencia finalizo a las once de la noche. En la última parte del referido hecho al hacer la valoración de la prueba dice: Para esto jueces, con la evacuación de este medio de prueba se logro constatar que en el lugar conocido como la Angostura, situado en la carretera que de esta ciudad de Siguatepeque conduce a la Aldea de San Isidro, que es factible que aun cuando un vehículo pueda estar estacionado a cualquier lado de la carretera, otro vehículo puede pasar con las precauciones del caso envista de que en dicho lugar ha ambos lados de la carretera se encuentran barrancos profundos, igualmente se comprobó que durante la noche resulta difícil poder distinguir las características de un vehículo que venga en sentido contrario con las luces encendidas igualmente es difícil poder distinguir a una persona, contrario a encontrarse con un vehículo estacionado con las luces apagadas. En relación a la reconstrucción realizada en el Barrio San Francisco, la misma no produjo elementos de prueba de descargo de los imputados. Al proceder a revisar tanto los hechos que consideró probados el tribunal sentenciador ya transcritos, como las probanzas que sirvieron de fundamento al mismo y la fundamentación jurídica aplicada al fallo censurado, se concluye claramente que el tribunal de sentencia recurrido, no consideró en todo su contexto prueba de VALOR DECISIVO, como ser la reconstrucción de hechos, incorporada en el hecho quinto de la valoración de la prueba por el tribunal sentenciador erróneamente como inspección, tampoco consideró las declaraciones de los testigos de descargo, de cargo, así como los dictámenes y declaraciones de los peritos en su verdadero sentido. Lo anterior da lugar del estudio del acta de debate, tal como se demuestra a continuación: a). Declaración de testigos de descargo, N. I. R. C. y E. I. R. R., declararon que los imputados llegaron a su casa como a las seis de la tarde y que se fueron como a las once de la noche, tiempo este en que según el Ministerio Público supuestamente ocurrieron los hechos. Por su parte el testigo Y. A. M. manifestó haber visto al señor E. C. V. cuando regresaba de la Aldea San Isidro en horas de la noche el día en que ocurrieron los hechos. Por su parte el testigo J. A. A. dijo haber visto a E. C. V. en horas de la tarde que llevaba consigo a P. C. M. P. b).- Los testigos de Cargo por su parte dijeron: el X4 que los hechos ocurrieron el veintinueve de septiembre del dos mil ocho me parece, e insistió que vio un vehículo doble cabina, color gris, dijo haber visto dos un Isuzu y un ford, que las personas llegaron como a las cuatro y veinte, que solo conocía a E., dijo que el finado no tuvo contacto con las personas que describió que son los imputados, después dijo de manera contradictoria que si estuvieron platicando, que no se fijó si agredieron a p., primero dijo que se acordaba que tomaban después dijo que tomaban cervezas y bebida cinco estrellas, que se fue como tipo cinco de la tarde y ellos se quedaron allí. Por su parte el testigo X1, dijo haber visto un vehículo entre las siete y media y ocho de la noche entre el veintinueve de septiembre del dos mil siete, que pasó a una distancia de veinte metros del vehículo que describió y luego dice que pasó al frente de el y dice que el lugar es muy angosto y por ello lleva su nombre, que el clima estaba normal, que los vidrios del vehículo que vio no estaban polarizados, que pudo observar todas las características del vehículo siendo de noche, dijo que era oscura la noche y que había visibilidad, que no vio personas, dijo que la calle donde estaba el vehículo es amplia (la angostura), dijo que el vehículo estaba cruzado hacia el barranco, luego dijo que estaba aparcado. El testigo de cargo, E. A. C., hizo un relato de cómo fue encontrado el cadáver y dijo que el hecho fue en el año noventa y ocho y luego dijo fue en el dos mil ocho. El Honorable Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua al dictar el fallo recurrido, condena a los imputados por el delito de Homicidio Simple el cual se encuentra fuera del marco de las pretensiones de la defensa.- Tal motivo esta estrechamente relacionado con el artículo 337 del CPP, el cual literalmente establece: La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. El Tribunal Sentenciador erróneamente califica los hechos en perjuicio de los imputados en forma distinta de la que resultó después de las actuaciones de practica de pruebas y valora las mismas, tomando en consideración las pruebas de cargo y descarta las de descargo y dicta fallo contradictorio al fehaciente y verdadero planteamiento del acusador y la defensa, ya que se contradice cuando plasma en el fallo, por una parte que a las pruebas presentadas por el Ministerio Público se les da toda la credibilidad y luego dice en el mismo fallo que a las pruebas presentadas por la defensa no se les da ninguna credibilidad.- Lo que conlleva no solamente a la calificación del delito de manera contraria o errónea, por el cual se va a debate y los medios de prueba presentados y evacuados, sino a las diferentes circunstancias que se generaron desde el momento de la comisión del delito, pues las pruebas que se presentan deberían ir encaminadas por parte del Misterio Público a probar el grado de participación de los imputado, así como las circunstancias ocurridas y por parte de la defensa a probar que los imputados no participaron en la comisión del hecho criminoso y que no hay motivos para sospechar que hayan participado en el hecho, se considera que después de agotadas todas las diligencias, resulta contraproducente y se evidencia la indefensión a que son sometidos los imputados por parte del tribunal sentenciador, al calificar los hechos debatidos en el juicio de manera diferente y condenarlos por hechos donde no tuvieron ninguna participación en el hecho criminoso, ni directa ni indirecta, ni como autores, ni como cómplices, ni como encubridores y por consiguiente no debe aplicárseles ninguna pena.- En consecuencia la sentencia recurrida es contraria y violatoria de las Formalidades, derechos y garantías procesales, lo que traspasa los limites constitucionales permitidos, razón por la cual debe anularse dicho fallo a efecto de obtener una verdadera tutela judicial efectiva. (Lo resaltado en negrito es nuestro). En aras de una tutela judicial efectiva y al amparo del artículo 368 del Código Procesal Penal, en contraposición a lo que señala el acta del debate y la sentencia se ofrece prueba documental consistente en el acta de debate que se encuentra agregada al expediente en la cual se puede apreciar que en cuanto a la reconstrucción de los hechos el tribunal sentenciador plasmó únicamente que comparecieron las partes procesales, lo que no es cierto, porque debieron consignarse quienes comparecieron a la practica de la diligencia tal como lo manda el artículo 262 del Código Procesal Penal, asimismo se ofrece prueba documental consistente en el acta del debate y la sentencia condenatoria dictada por el tribunal sentenciador, en la cual se puede apreciar que no aparece la evacuación de la reconstrucción de los hechos y que es hasta en la sentencia en el hecho treceavo de la valoración de la prueba, que aparece haciendo referencia a la reconstrucción de los hechos argumentando que el tribunal en compañía de las partes procesales se desplazó al lugar conocido como la angostura, constatando según el tribunal los extremos declarados por los testigos de cargo y de descargo, argumentando que a pesar de lo estrecho del lugar pueden pasar dos vehiculo a pesar de haber abismos a ambos lados, lo que es materialmente imposible si uno de los vehículos estuviese atravesado como dijo el testigo de cargo y el de descargo a quien el tribunal dijo anteriormente no darle ninguna credibilidad, como se puede apreciar en la misma sentencia en el hecho treceavo de la valoración de la prueba en el penúltimo párrafo dice que se comprobó que durante la noche resulta difícil distinguir las características de un vehículo que venga en sentido contrario con la luces encendidas y poder distinguir a una persona, contrario a encontrarse con un vehiculo estacionado con las luces apagadas.- Razones suficientes para ofrecer también en aras del esclarecimiento de la verdad, que se practique inspecciones personales a dos lugares: uno conocido como la Angostura, ubicado en la carretera que de Siguatepeque conduce a la Aldea de San Isidro jurisdicción del Rosario departamento de Comayagua, a efecto de que se constate lo siguiente: si es factible de manera objetiva determinar el paso de dos vehículos en sentido contrario específicamente en el lugar conocido como la Angostura, si es posible determinar las características físicas de un vehículo en un lugar como la Angostura y en horas de la noche y en temporada de mal tiempo, si estando un vehículo atravesado en el lugar de la angostura puede transitar otro por la parte frontal del estacionado, que espacio de terreno pedregoso o de tierra hay entre el pavimento de la angostura y el abismo que se ubica a mano izquierda circulando hacia San Isidro, que cantidad en metros de ancho tiene el lugar de la angostura en su parte pavimentada y específicamente por el lugar donde arrojaron el cadáver del ofendido. Se ofrece la practica de inspección en la Dirección de medicina forense a efecto de darle seguimiento a la cadena de custodia de las muestras recolectadas por las diferentes dependencias del Ministerio Público a efecto de comprobar las fechas en que esa institución recibió las diferentes muestras tanto de los imputados como del ofendido, de sangre, de cabellos, de huesos, de objetos personales de los imputados, que pruebas se practicaron, que cantidad de materiales de las muestras utilizaron los peritos, en que fechas se realizaron las mismas y que profesionales participaron en la realización de dichos dictámenes periciales y si determinó alguno de ellos el ADN tanto de los imputados P. S. L. H. y C. J. O. A., como el del ofendido P. C. M. P. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS ENCARTADOS ARGUYENDO QUE NO SE HA PRACTICADO PRUEBA COMO LO MANDA LA LEY, ASI COMO TAMBIEN POR INCONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES, SEGÚN EL ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Argumenta el censor que el Juzgador de instancia no ha considerado en toda su dimensión prueba de valor decisivo de la defensa. Concretamente reprocha la prueba documental, consistente en la Nota de Meteorología, (estado del tiempo), que estima no fue tomado en cuenta; los testigos de descargo; y, de prueba reconstrucción de hechos, que en su criterio no fue practicada con arreglo a la ley. Reprocha la valoración de dichas pruebas por el A Quo, al considerar que con esta, se violentan normas Constitucionales (Art. 90 párrafo primero de la Constitución de la República), normas procesales ( Art.337 del Código Procesal Penal); y el Art.8, numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como las reglas de la sana crítica, por incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. Estima que el A Quo no considera en todo su contexto prueba de valor decisivo, como la reconstrucción de hechos, cuya incorporación fue realizada hasta en el hecho quinto de la valoración de la prueba y considerada erróneamente como inspección. Concretamente asegura que el Juzgador no valora las declaraciones de los testigos de descargo N. I. R. C. y E. I. R. R.; de los testigos de cargo denominados X1, X4 y E. A. C., ni los dictámenes de los Peritos, en su verdadero sentido. Cuestiona que el A Quo haya condenado a los imputados P. S. L. H. y C. J. O. A., por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, calificando los hechos en perjuicio de los imputados en forma distinta de la que resultó de la práctica de las pruebas y del valor de las mismas. Estima que el Juzgador valora las pruebas de cargo y desestima las de descargo, y que su fallo es contradictorio al planteamiento del acusador y de la defensa. Aduce que no hay motivos para sospechar que los acusados han participado en el hecho, después de agotadas todas las diligencias, y que resulta evidente la indefensión a que fueron sometidos los imputados por el Juzgador. Para el esclarecimiento de los hechos el recurrente ofrece a la Sala la evacuación de los medios de prueba siguientes: acta del debate y la sentencia condenatoria, asimismo, la práctica de inspecciones a dos lugares: en el lugar de la Angostura, ubicado en la carretera que de Siguatepeque conduce a la Aldea de San Isidro jurisdicción del Rosario departamento de Comayagua; y otra, en la Dirección de Medicina Forense, a efecto de darle seguimiento a la cadena de custodia de las muestras recolectadas por las dependencias del Ministerio Público. Esta Sala de lo Penal, observa que el censor de la sentencia impugnada, por la vía de un recurso del Quebrantamiento de Forma, presenta en un solo motivo, tres argumentos distintos que por si mismos, para mayor claridad y precisión, deberían haber sido planteados y alegados en forma separada, tal como lo exige el artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal. Primero, alega que el A Quo no ha considerado prueba de valor decisivo, en toda su dimensión, concretamente la prueba documental consistente en un reporte de Meteorología, los testigos de descargo, y de Reconstrucción de hechos; segundo, reprocha el valor probatorio concedido por el A Quo a las declaraciones de los testigos de descargo: N. I. A. R. C. y E. I. R. R.; de los testigos de cargo: X1, X4 y E. A. C.; y a los dictámenes de Peritos, en la que supone que el Juzgador no ha observado las reglas de la sana crítica; y tercero, por incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, al condenar a los imputados en contra del las pretensiones de la defensa y en forma distinta al valor de las pruebas. No obstante el defecto en la técnica recursiva, que normalmente haría inadmisible el motivo, por falta de claridad y precisión, esta Sala procede a resolver en el fondo de la manera siguiente: a) con respecto a la prueba documental que consiste en un “Nota de Meteorología”, referente a las condiciones climatológicas del 27 al 30 de septiembre y del 1 al 4 de octubre de 2007, cabe destacar que en el numeral doceavo de la sentencia impugnada, el Juzgador ha considerado que esta prueba no aporta ningún elemento probatorio de descargo a favor de los imputados; b) con relación a los testigos de descargo N. I. R. C. y E. I. R. R., consta a folio 150 del proceso, que en el numeral octavo de la sentencia impugnada, que dichos testigos no son confiables por el Juzgador, porque a su juicio no fueron congruentes entre si y mostrarse insegura la segunda, con respecto a la hora en que llegaron los imputados a su casa; con respecto a la reconstrucción de hechos, consta a folio 151 del proceso, en el numeral treceavo de la sentencia impugnada, que se concluye lo siguiente: En La Angostura es factible que otro vehículo pueda pasar con las precauciones del caso, que durante la noche es difícil distinguir las características de un vehículo que venga en sentido contrario con las luces encendidas, difícil distinguir a una persona; asimismo que en el Barrio San Francisco, no se produjeron elementos de prueba en descargo a favor de los imputados. Esta Sala estima que en el caso bajo examen no se constata la exclusión de prueba de valor decisivo, o prueba dejada de valorar por el Juzgador. Con respecto al reproche de que el A Quo no ha observado las reglas de la sana crítica en la valoración de las declaraciones rendidas por los testigos de descargo N. I. R. C. y E. I. R. R.; de los testigos de cargo: X1, X4 y E. A. C., y, de los dictámenes de Peritos, esta Sala observa que el Censor de la sentencia ha omitido invocar concretamente la o las reglas de la sana crítica, esto es, de la lógica, al psicología o las máximas de la experiencia, que supone han sido dejadas de aplicar por el Juzgador, defecto que por su esencialidad no corresponde a la Sala subsanar; y finalmente, en relación a la incongruencia entre la sentencia y la pretensión de las partes, al condenarse a los imputados en contra la pretensión de la defensa, esta Sala considera pertinente recordar que en nuestro sistema procesal penal prevalece el principio acusatorio, por el que la acción penal pública es ejercida por un sujeto procesal distinto al órgano juzgador, el que determina los hechos, individualiza a los imputados, y tiene bajo su responsabilidad la investigación del delito y la carga de prueba de la imputación. Como complemento lógico a la prohibición de que el órgano jurisdiccional pueda plantear de oficio la acusación y sostener la acción penal, la aplicación del principio acusatorio obliga al Juez a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. En este sentido, se impone la necesidad de una debida correlación entre acusación y sentencia, dejando la concreta determinación del contenido de la acusación a las partes, a fin de evitar el evidente riesgo que supondría para la imparcialidad de órgano decisor, el que se le permitiera sobrepasar los extremos de la acusación misma, lo que de hecho, vendría a suponer el sostenimiento indirecto de la pretensión penal por parte del órgano jurisdiccional. Lo anterior pone en evidencia la existencia de un determinado grado de vinculación en la persona del juez para con el elemento subjetivo (persona acusada) y objetivo (hecho punible) planteados por la acusación, que se traduce en una prohibición general, dirigida al órgano jurisdiccional de variar los elementos esenciales del objeto del proceso penal. Con respecto al elemento subjetivo, el referido principio exige que el Juez o Tribunal únicamente pueda realizar y dirigir el proceso contra la persona o personas que resulten efectivamente imputadas en la acusación. Con respecto al elemento objetivo, lo que el principio prohíbe es facultar al juzgador para incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados del escrito de calificación previsto en la acusación, lo que incidiría en el derecho de defensa del imputado ante la posibilidad de ser condenado por un nuevo hecho punible sin habérsele otorgado oportunidad procesal de oponerse al mismo mediante posibles pruebas de descargo[2]. En este sentido, el artículo 337 del Código Procesal Penal hondureño establece que “la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. De este modo, el precepto legal antes mencionado establece una obligación de correlación entre acusación y sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes. En este sentido, el principio acusatorio forma parte del haz de garantías de nuestro sistema procesal, directamente vinculado con el derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, que, como es notorio, proscribe toda posible indefensión. Toda persona acusada tiene derecho a conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación a fin de no quedar sumida en una completa indefensión, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto diferente al que fue objeto de debate procesal. El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo que es incompatible con un sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Consecuencia de todo ello es que siempre ha de haber la debida congruencia entre la acusación y la condena, de modo que el Tribunal sentenciador no pierda su objetividad alterando de oficio los hechos o su calificación jurídica, salvo que actúe dentro del marco legal de lo pedido, en ejercicio de su facultad individualizadora. Ese derecho a a ser informado de la acusación exige un conocimiento completo de los hechos de que se es acusado y de la calificación jurídica formulada por las partes acusadoras, y, a su vez, es presupuesto necesario de la evitación de indefensión que irremisiblemente se produce cuando se dictan condenas por hechos y cualificaciones de los mismos en momento en que las posibilidades de defensa ya han pasado. En el presente caso, esta Sala es del criterio que el A Quo no ha infringido el principio de congruencia entre acusación y sentencia, en tanto que se ha condenado a los imputados por el mismo delito que fueron llevados a juicio, sin que se constate en la sentencia impugnada que el Juzgador haya dado por acreditados hechos que no hayan sido objeto de debate y respecto a los cuales los encartados no hayan podido defenderse. Consecuentemente se declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua en el Juicio Oral y Público que se adelantó contra los señores P. S. L. H. y C. J. O. en la causa que el Ministerio Público les instruyera ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque por suponerlos responsables del delito de Homicidio Simple en perjuicio de P. C. M. P., emitió en la sentencia recurrida una Declaración que no contiene en sus hechos probados, una motivación fáctica y jurídica, tornándose imposible evaluar el razonamiento lógico- jurídico de los jueces y específicamente cual es el suceso fáctico juzgado, donde conste plenamente establecido el objeto del proceso, la personas imputadas y los hechos imputables. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 parte primera del Código Procesal Penal, que contiene: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”.CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, fechado el 5 de Octubre del 2009, contiene la violación a uno de los principales requisitos del Debido Proceso, consistente en que toda sentencia o resolución que emita un Tribunal de Sentencia será motivada:
“…la motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos… ” EL PRECEPTO PENAL ABJETIVO QUE SE INVOCA COMO INFRINGIDO PRESCRIBE: Artículo 141 en relación con el artículo 338 del Código Procesal Penal. Requisitos de la Sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes, REGLA CUARTA, numeral 1 del Código Procesal Penal: “Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. EXPLICACIÓN NECESARIA SOBRE EL RECLAMO SUBSANATORIO PREVIO. Resultando el vicio denunciado de la propia sentencia impugnada, fue materialmente imposible reclamar contra el mismo, dentro de las etapas previas a dicho fallo condenatorio. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACIÓN: La Declaración de los hechos Probados constituye la manifestación ideal del modo de razonar--o que es lo mismo motivar-- de los jueces de sentencia, en cuanto se efectúa por conducto de un silogismo, que debe tener la capacidad descriptiva, en dos vías: La primera, inductiva (determinación del hecho), que constituye el soporte racional de la valoración de la prueba y la correlación de dicha valoración con el Hecho Probado. La segunda, deductiva (subsunción jurídica) cuando la norma sustantiva que se trae a la sentencia, ha sido interpretada y aplicada en forma correcta al Hecho Probado. Pero si no tiene esa destreza o habilidad descriptiva por parte de los operadores de justicia, puede acontecer que el sujeto procesal afectado denuncie que la sentencia definitiva contiene el vicio o cargo de que carezca de motivaciones fácticas y jurídicas en su declaración de Hechos Probados; este vicio a mi criterio puede acontecer, por ejemplo, en un primer caso, cuando no está consignado ni descrito ningún hecho fáctico, es decir, no se describen sucesos como tales en la declaración de hechos probados, en este caso estaríamos hablando de una carencia pura o absoluta de la motivación fáctica y en un segundo caso, que existiendo un bosquejo titulado Declaración de Hechos Probados, su contenido no describa la subsunción jurídico penal de los sucesos acontecidos, y esto se produce cuando los jueces de sentencia simplemente se limitan a realizar una descripción de hechos sin respuesta o explicación por ejemplo, que solamente describan medios y elementos de prueba, solicitudes de las partes, antecedentes procesales (como el presente caso 25 páginas y media), etc., dejando por fuera no solo el objeto del proceso, que para el tipo de delito de Homicidio, debió dejar terminantemente claro, sino la motivación judicial que se derivan de ello, por eso establecemos que el vicio denunciado afecta dos elementos: 1).- Si es un hecho probado que los imputados fueron los autores materiales de un delito de homicidio, por que no se distingue de que forma siquiera sucedieron las circunstancia de tiempo, lugar, modo, del caso, es mas ni siquiera de ubicarlos en la escena del crimen, ya que en los numerales de los hechos que dicen ser probados, los mismos no son terminantes, ni claros, ni precisos sobre ese aspecto, son especulativo y sospechosa, además el elemento clave que es que no se demostró la acción de los imputados dentro del los hechos sometidos a Juzgamiento, por el motivo de carecer de una motivación fáctica, que puede hacerlos subsumir jurídicamente en una conclusión de condena de nuestros representados. 2).- Si es un hecho probado que los imputados tenia alguna razón o circunstancia, hecho humano, acción u omisión que los condujera o motivara a darle muerte al hoy occiso, los aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal por el cual se presentó la imputación contra las personas llamadas a juicio, pero al no definir terminantemente los jueces de sentencia, ese aspecto de la correlación de acusación con sentencia, la declaración de hechos probados sufre del vicio de carecer de motivación fáctica y por ende jurídica. En este caso que nos ocupa, a nuestro criterio como recurrentes, esta labor realizada por el Tribunal de Sentencia NO representa bajo ningún aspecto procesal, las reglas establecidas en el artículo 338, específicamente la señalada en la REGLA CUARTA, numeral 1 del Código Procesal Penal, en consecuencia, la sentencia impugnada carece de motivación fáctica y jurídica, porque no existe la descripción de la consecuencia del suceso humano que dio origen al proceso penal, tampoco existe una conclusión jurídica, ni mucho menos justificación racional por parte de los juzgadores, ya que nunca arribaron a la conformación de ambos presupuestos de la sentencia penal, es por ello, que aportamos a nuestro motivo de casación las palabras del jurista JULIO B. J. MAIER, que dice: “La motivación es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del razonamiento.” Visto la definición anterior, se deduce que no existen esta exteriorización y Justificación Racional, contraviniendo su deber como jueces de motivar los Hechos Probados en sus sentencias definitivas condenatorias o absolutorias, circunscribe una incidencia de índole sustantiva, adjetiva y constitucional, en vista de que la motivación, desempeña un doble propósito para la Administración de Justicia en cuanto a la tutela judicial efectiva, como lo afirma la doctrina: Primero: le otorga a la sociedad, como a los sujetos procesales que hayan intervenido en un Juicio Oral y Público, la posibilitar de percibir la trascendencia y circunstancias legales del porqué a determinada persona se le absuelve o condena, es decir, que esa motivación debe contener el atributo argumentativo de permitir “que otra persona pueda reconstruir mentalmente la constatación del hecho probado”. Segundo: proporciona exclusivamente a los sujetos procesales, la facultad de poder interponer Recurso de Casación contra el fallo judicial, siempre y cuando cumplan con los presupuestos procesales sistematizados en el artículo 362 y 363 del Código Procesal Penal. En consecuencia, la motivación de los Hechos Probados constituye el mecanismo de legalidad racional, que el Estado confiere a los sujetos procesales, para que, en caso de ser quebrantado, puedan estos denunciarlo por intermedio del Recurso de Casación, solicitando a la Corte Suprema de Justicia su intervención a la actividad jurisdiccional, para que este alto Tribunal de Justicia, explique si las razones de la decisión que tomaron los Jueces de Sentencia para proferir un determinado veredicto (culpable o inocente), es posible controlarlo “dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, dicha decisión es consecuencia de una pura arbitrariedad”. Como lo colige el artículo 338 en relación indiscutible con el artículo 141 del Código Procesal Penal, en la estructura de toda sentencia definitiva debe comprenderse la motivación de los Hechos Probados, cuya argumentación debe concertarse por los jueces en las tres formas siguientes según la diversa doctrina mas califica: 1) La motivación debe efectuarse de forma descriptiva, concebida como el iter lógico jurídico por razón de el cual los jueces lograron separar y fijar los hechos verdaderos de los hechos fácticos contendidos en un juicio Oral y Público, narrativa y fijación que solo alcanzarán tras una actividad cognoscitiva reglada (Sana Crítica), “con el objeto de proceder a la aplicación del derecho a esos hechos” comprobados. Por ejemplo y sin el animo de realizar alegatos de instancia, los hechos Probados no contienen ninguna descripción de una digámoslo así “historia” que el lector lo lleve a pensar en grado de certeza que nuestros representados son responsables de conductas Homicidas, a lo sumo deja un sabor a sospecha (DUDA RAZONABLE); aspecto que no es tocante a los hechos Probados. Ya que la sospecha es a nivel de la etapa de investigación. 2) La motivación debe efectuarse de forma racional, dedúzcase como la demostración coherente del orden racional de las ideas posesionadas en la mente de los jueces de sentencia, con el fin de comprobar el hecho, la aplicación del derecho, y la corrección del juicio natural emitido en el fallo judicial, al cual solo se arriba por dos inferencias humanas: Inductiva y deductiva. En este caso el Tribunal sentenciador ni siquiera nos permite conocer los hechos reales, en tal virtud encubre las acciones humanas realizadas por otras personas por las cuales después supuestamente condena a nuestros representados. Al no poder distinguir el lector que sucedió, se defrauda a la sociedad que nunca sabrá que paso en un Hecho criminoso supuestamente Probado y quien fue su actor. 3) La motivación debe respetar el principio de legalidad, no puede concebirse que los jueces emitan una sentencia definitiva, separándose del sistema de garantías tripartitas (penal, procesal y constitucional) denominado como principio de legalidad. En el caso que nos ocupa, respetando la integridad de los Hechos Probados, demostraré como acontece el vicio denunciado y como su concurrencia en la sentencia definitiva, afecta la declaración de hechos probados, provocando que dicha declaración no solamente sea vaga, imprecisa e incoherente, sino carente de motivaciones fácticas y jurídicas, Veamos: “…PRIMERO: Que en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil siete, aproximadamente entre las tres y cinco de la tarde, los señores P. S. L. H. y C. J. O. junto con el señor A. C. V. y P. C. M. P., se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una pulpería, ubicada en la Colonia San Francisco de la ciudad de Siguatepeque, posteriormente el referido señor M. P. mediante intimidación, es subido a un vehiculo marca Isuzu, color gris, extra cab, en el cual se conducían los mencionados L. H. Y J. O., partiendo dicho vehiculo con rumbo desconocido, siendo la última vez que fue visto M. P. en compañía de los imputados, según lo informado o declarado por personas del lugar….” estos hechos probados no precisan quien introdujo al occiso al vehículo, ni quien lo conducía, ni el rumbo, ni un sinnúmero de acciones esperamos encontrar descritas. Estos aspectos los maneja a manera de inferencias que el lector debe ejecutar y el Tribunal no se atreve a expresar. Hechos sospechosos para el Tribunal no deberían ser formalmente hechos probados. “…SEGUNDO: En fecha treinta de septiembre en horas de la tarde, en un lugar conocido como la Angostura de la aldea de San Isidro, Municipio del Rosario, Departamento de Comayagua, fue encontrado y rescatado de un abismo, el cuerpo sin vida del señor P. M. P., el cual presentaba golpes en la zona craneana, con desprendimiento de masa encefálica….” entre el numeral primero y el segundo de los hechos estimados como probados existe un universo de incertidumbre, posibilidades y circunstancias que pudieron haber sucedido; a nuestros representados no han sido fijados dentro de ninguna conducta reprochable. Tornando el Tribunal los hechos probados en hechos probables. El último numeral no es claro, preciso, ni terminante con relación a lo que los jueces de sentencia pretenden expresar; porque ni siquiera individualizaron, pero lo más grave, es que en ninguno de los segmentos de la Declaración de los Hechos que se dicen Probados, está contenido alguna descripción propias de Conductas o Actos Humanos, que según el caso, pudieran subsumirse en tipos penales (en caso de condena, sin emplear conceptos jurídicos que predeterminen el fallo) o por el contrario conductas o actos humanos que establezcan coherentemente la inexistencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, que no pueden ser reprochables por cualquier titulo a los imputados, (esto en caso de condenatoria); al no contener la Declaración antes mencionada ninguna de esas circunstancias humanas, no se sabe como interactuaron en el razonamiento o pensamiento jurídico y que razones lógicas les hicieron para condenar a nuestros representados; por eso denunciamos que el Tribunal de Sentencia, con la carencia de su motivación fáctica y jurídica, hace desaparecer, su razón y función de ser de rango Constitucional que le da vida Jurídica, que no es otra, que la establecida en el artículo 304 de la Constitución de la Republica, que literalmente dice: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…” Ya que la carencia de motivación en la actividad Judicial, provocó la ausencia de un juzgamiento claro y terminante que pudiere ser percibido en la declaración de Hechos Probados de la sentencia recurrida, y al no saberse cuales fueron los aspectos esenciales del objeto del proceso que fueron determinantes para dictar un fallo condenatorio, se convierte esa narrativa titulada como Declaración de Hechos Probados, en una simple relación de antecedentes del proceso, que no conducen a ningún lado; por el contrario crean un limbo jurídico que hace imposible controlar el razonamiento lógico- jurídico de los jueces y específicamente cual es el suceso fáctico juzgado, para evaluar si ese pensamiento judicial, como dice la doctrina puede ser observado “…dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, dicha decisión es consecuencia de una pura arbitrariedad. Por lo anteriormente puntualizado, concluimos que la carencia de la motivación fáctica y jurídica en la declaración de los Hechos Probados de esta sentencia, afecta el núcleo de discusión del objeto del proceso, en lo tocante a aspectos que no pueden ser evitados por un Tribunal de Sentencia. En nuestro respaldo citamos la jurisprudencia de esta Sala de lo Penal, que ha establecido que: “El impetrante tiene razón, ya que el juicio de culpabilidad o de inocencia que emite el juez de mérito, debe de tener una estructura de pensamiento que controle a través de la leyes de la lógica, es decir la sentencia como un silogismo está compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es el hecho, la premisa menor es el derecho que se aplica a ese hecho y una conclusión a que se llega, como tal debe tener una estructura de pensamiento;…” SENTENCIA CASACIÓN NO. 04-129-07, de fecha doce de febrero del Año dos mil ocho (12.02.2008). RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA DICTADO SENTENCIA CONDENATORIA SIN UNA MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA SUFICIENTE, TORNANDO IMPOSIBLE LA EVALUACION DEL RAZONAMIENTO LÓGICO- JURÍDICO SEGUIDO POR EL JUZGADOR. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente señala que el precepto penal adjetivo infringido es el contenido en el artículo 141 en relación con el 338 del Código Procesal Penal. Considera que el vicio denunciado se ha producido por las siguientes razones: 1) Si los imputados fueron los autores materiales de un delito de homicidio, no se determina en el relato fáctico las circunstancias de tiempo, lugar, modo en que se perpetró el delito, ni ubica a los procesados en la escena del crimen, estimando que los hechos probados no son terminantes, claros, ni precisos sobre tales aspectos; sino especulativos y de sospecha, y no expresan cual es la acción de los imputados, subsumible en el tipo penal de homicidio que permita un veredicto condenatorio; 2) No se estable en el relato fáctico si los imputados tenían alguna razón o circunstancia, que los motivara a darle muerte al hoy occiso. Considera que la sentencia impugnada carece de motivación fáctica y jurídica, porque no contiene la descripción del suceso humano que dio origen al proceso penal, tampoco existe una conclusión jurídica, ni mucho menos justificación racional por parte de los juzgadores, ya que nunca arribaron a la conformación de ambos presupuestos de la sentencia penal. Cita al jurista JULIO B. J. MAIER, que dice: “La motivación es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del razonamiento.” Aduce que no existe esta exteriorización y justificación racional, contraviniendo los Jueces el deber de motivar los hechos probados en su sentencia definitiva. La motivación, desempeña un doble propósito, para la Administración de Justicia, en cuanto a la tutela judicial efectiva, como lo afirma la doctrina: Primero: le otorga a la sociedad, como a los sujetos procesales que hayan intervenido en un Juicio Oral y Público, la posibilidad de percibir la trascendencia y circunstancias legales del porqué a determinada persona se le absuelve o condena, es decir, que esa motivación debe contener el atributo argumentativo de permitir “que otra persona pueda reconstruir mentalmente la constatación del hecho probado”; segundo: proporciona exclusivamente a los sujetos procesales, la facultad de poder interponer Recurso de Casación contra el fallo judicial, siempre y cuando cumplan con los presupuestos procesales sistematizados en el artículo 362 y 363 del Código Procesal Penal. Debe comprenderse la motivación de los Hechos Probados, cuya argumentación debe concertarse por los jueces en las tres formas siguientes según la diversa doctrina mas calificada: 1) La motivación debe efectuarse de forma descriptiva, concebida como el iter lógico jurídico por razón del cual los jueces logran separar y fijar los hechos verdaderos de los hechos fácticos contendidos en un juicio Oral y Público. 2) La motivación debe efectuarse de forma racional, dedúzcase como la demostración coherente del orden racional de las ideas posesionadas en la mente de los jueces de sentencia, con el fin de comprobar el hecho, la aplicación del derecho, y la corrección del juicio natural emitido en el fallo judicial, al cual solo se arriba por dos inferencias humanas: Inductiva y deductiva. En este caso el A Quo no permite conocer los hechos reales, en tal virtud encubre las acciones humanas realizadas por otras personas por las cuales después supuestamente condena a los imputados. Al no poder distinguir el lector que sucedió, se defrauda a la sociedad que nunca sabrá que pasó en un Hecho criminoso supuestamente Probado y quien fue su autor. 3) La motivación debe respetar el principio de legalidad, no puede concebirse que los jueces emitan una sentencia definitiva, separándose del sistema de garantías tripartitas (penal, procesal y constitucional) denominado como principio de legalidad. En el caso que nos ocupa, respetando la integridad de los Hechos Probados, el Censor promete demostrar el vicio denunciado y como su concurrencia en la sentencia definitiva, afecta la declaración de hechos probados, provocando que dicha declaración no solamente sea vaga, imprecisa e incoherente, sino carente de motivaciones fácticas y jurídicas. Concretamente expresa que los hechos probados en su primer numeral, no precisan quien introdujo al occiso al vehículo, quien lo conducía, el rumbo, y un sinnúmero de acciones que se espera encontrar descritas. Estos aspectos los maneja a manera de inferencias que el lector debe ejecutar y el Tribunal no se atreve a expresar. Hechos sospechosos para el Tribunal que no deberían ser formalmente hechos probados. Señala que entre el numeral primero y el segundo de los hechos estimados como probados existe un universo de incertidumbre, posibilidades y circunstancias que pudieron haber sucedido y que los encausados no han desplegado ninguna conducta reprochable. El recurrente considera que el último numeral no es claro, preciso, ni terminante con relación a lo que los jueces de sentencia pretenden expresar; porque ni siquiera individualizan, y lo más grave, es que en ninguno de los segmentos de la Declaración de los Hechos que se dicen Probados, está contenido alguna descripción propia de Conductas o Actos Humanos, que según el caso, pudieran subsumirse en tipos penales (en caso de condena, sin emplear conceptos jurídicos que predeterminen el fallo) o por el contrario conductas o actos humanos que establezcan coherentemente la inexistencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, que no pueden ser reprochables por cualquier titulo a los imputados, (esto en caso de condenatoria); al no contener la Declaración antes mencionada ninguna de esas circunstancias humanas, no se sabe como interactuaron en el razonamiento o pensamiento jurídico y que razones lógicas les llevaron a condenar a los acusados; denuncia que el Tribunal de Sentencia, con las carencias puestas de manifiesto en su motivación fáctica y jurídica, hacen desaparecer, su razón y función de ser que tiene rango Constitucional y que no es otra que la establecida en el artículo 304 de la Constitución de la Republica, que literalmente dice: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…” En opinión del recurrente, la carencia de motivación en la actividad Judicial, provocó la ausencia de un juzgamiento claro y terminante que pudiera ser percibido en la declaración de Hechos Probados de la sentencia recurrida, y al no saberse cuales fueron los aspectos esenciales del objeto del proceso que fueron determinantes para dictar un fallo condenatorio, se convierte esa narrativa titulada como Declaración de Hechos Probados, en una simple relación de antecedentes del proceso, que no conducen a ningún lado; por el contrario crean un limbo jurídico que hace imposible controlar el razonamiento lógico- jurídico de los jueces y específicamente cual es el suceso fáctico juzgado, para evaluar si ese pensamiento judicial, como dice la doctrina puede ser observado “…dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, dicha decisión es consecuencia de una pura arbitrariedad. Por lo anteriormente puntualizado, el Censor concluye que la carencia de la motivación fáctica y jurídica en la declaración de los Hechos Probados de la sentencia, afecta el núcleo de discusión del objeto del proceso, en lo tocante a aspectos que no pueden ser soslayados por un Tribunal de Sentencia. Esta Sala de lo Penal, considera que el motivo de casación invocado por el recurrente es de recibo. El artículo 338.4 del Código Procesal Penal vigente, en el apartado de los requisitos de la Sentencia dispone que: “Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: “ 1.Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. Por su parte el artículo 141 del mismo texto normativo, en lo referente a la motivación de las resoluciones judiciales, determina: ”Las providencias se limitarán a determinar el contenido de lo mandado, sin más fundamentos ni adiciones, aunque podrán ser sucintamente razonadas, sin sujeción a requisito alguno, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos. La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación.” Con respecto a la fundamentación del fallo, el jurista español Fernández Entralgo, reflexiona que “Esta fundamentación comprende tres partes: a) la declaración (o fijación) de los hechos probados; b) la valoración de la prueba (o fundamentación fáctica); y c) la fundamentación jurídica. La fijación de los hechos probados fundamenta el fallo en cuanto concreta el objeto de la valoración jurídica. La motivación en sentido estricto, se desglosa de la motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el tribunal hace de lo sucedido, expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere, de la subsunción típica del hecho enjuiciado. Lo anterior, no es sino la concreción prevista en el párrafo cuarto del Art. 141 CPP, de lo establecido por el segundo y tercero para todas las resoluciones judiciales”[3]. Mas adelante el mismo autor añade que: “Lo anterior hace posible reducir la declaración de hechos probados a limites manejables. Solo se deben incluir los extremos verdaderamente relevantes dadas las historificaciones de lo ocurrido propuestas respectivamente por acusación y defensa desde el punto de vista del tratamiento jurídico penal correspondiente, excluyendo los innecesarios o superfluos…..Sin duda, no obstante el caso más polémico viene constituido por los hechos indiciarios, a menos que en si mismos, formen parte del núcleo del hecho justiciable. Su relegación a los apartados de valoración de la prueba o de la fundamentación jurídica contribuiría a aligerar la declaración de hechos probados, sin menoscabo sensible de garantía alguna. Por lo demás la discusión tiene no poco de teórica, si se interpreta que, puesto que en definitiva estos datos se declaran probados patentemente, de manera expresa o tácita, aunque en un lugar de la sentencia distinto del genéricamente previsto para ello, no podría apreciarse la omisión de declaración enumerada como motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. Se trataría a lo sumo, de un defecto subsanable de metodología expositiva que no afectaría a la eficacia de la sentencia”[4]. Tras una lectura detenida de la sentencia esta Sala observa que en los hechos declarados probados por el Juzgador se expresa lo siguiente: “PRIMERO: Que en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil siete, aproximadamente entre las tres y cinco de la tarde, los señores P. S. L. H. y C. J. O. junto con el señor A. C. V. y P. C. M. P., se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una pulpería, ubicada en la colonia San Francisco de la ciudad de Siguatepeque, posteriormente el referido señor M. P. mediante intimidación, es subido a un vehículo marca Isuzu, color gris, extra cab, en el cual se conducían los mencionados L. H. y J. O., partiendo dicho vehículo con rumbo desconocido, siendo la última vez que fue visto M. P. en compañía de los imputados, según lo informado o declarado por personas del lugar. SEGUNDO: En fecha treinta de septiembre en horas de la tarde, en un lugar conocido como la Angostura de la aldea de San Isidro, Municipio del Rosario, Departamento de Comayagua, fue encontrado y rescatado de un abismo, el cuerpo sin vida del señor P. M. P., el cual presentaba golpes en la zona craneana, con desprendimiento de masa encefálica”. A criterio de esta Sala, en el relato fáctico antes expuesto el Juzgador no es claro, ni terminante, al describir como cabría esperar, con un mínimo de precisión y más allá de toda duda razonable, cuales fueron las acciones u omisiónes desplegadas por los imputados P. S. L. H. y C. J. O., que en una relación causa-efecto hayan traído como resultado la muerte de quien en vida fuera, el señor P. C. M. P. y que permita la subsunción de sus comportamientos en el tipo penal de homicidio simple. No basta con indicar que la última vez que se vio al ofendido con vida lo fue en compañía de los acusados, para concluir, que estos de manera inequívoca y cierta son los autores de la muerte de la víctima, y por lo tanto acreedores de la sanción penal establecida en la norma aplicada por el Juzgador. En una sentencia condenatoria, como en el presente caso, es imprescindible que en el factum de la sentencia el Juzgador sea claro y terminante, es decir suficientemente explícito, concluyente y categórico al describir los hechos relevantes atribuidos a los encausados, lo que por otra parte debe tener correspondencia y por lo tanto ser coherente con la motivación fáctica y jurídica. Lo que normalmente llamamos plena prueba, no es más que el CONVENCIMIENTO PLENO, mismo que se alcanza cuando el Juzgador tiene la certeza de que los hechos ocurrieron de una forma determinada y no de otra. El convencimiento pleno puede ser alcanzado mediante prueba directa o prueba indiciaria. A) La PRUEBA DIRECTA es aquella que por sí misma y sin necesidad de inferencia, nos muestra un hecho que debe de ser valorado (positiva o negativamente); B) PRUEBA INDIRECTA o INDICIARIA es un hecho, el cual permanecería desconocido sino es porque se arriba a la conclusión necesaria después de ser deducida lógicamente de uno o varios hechos acreditados plenamente. La prueba indiciaria es un hecho antes o en principio desconocido (Conclusión), pero que se alcanza a conocer tras la inferencia (premisa menor) de un hecho conocido (premisa mayor). De este modo, para que la prueba indiciaria sea eficaz requiere atravesar un procedimiento de cierta complejidad., cuyos pasos fundamentales son la alegación del hecho básico por la parte interesada sobre la cual habrá de realizar la correspondiente actividad probatoria directa, y también la alegación el hecho presunto, que habrá de quedar fijado como probado en la sentencia como parte integrante del supuesto de hecho típico de la norma aplicable; la práctica de la prueba referida al hecho básico, que se realizará valiéndose de cualquiera de los medios probatorios directos (confesión, testifical, documental, inspección ocular, etc..), y por último el resultado de las pruebas así practicadas habrá de ser objeto de valoración judicial a fin de comprobar si existe un enlace racional entre el hecho o los hechos básicos y el hecho presunto[5]. De esta manera, si existiere prueba indiciaria, el Tribunal de Instancia deberá precisar, en primer lugar, cuales son los indicios probados y en segundo término, como se deduce de ellos la participación del o los acusados en el tipo penal, de ahí que la sentencia debe explicar la conexión existente entre los indicios y el delito que se considera demostrado, es decir, el razonamiento o inferencia que los une, de tal modo que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de tales indicios. Doctrinariamente se ha hecho clasificación de los indicios partiendo entre otros parámetros de su relación temporal con el delito y de la intensidad de su conexión. Por su relación temporal con el delito se habla entonces de: a)anteriores al delito: son generalmente los hechos que sirven de preparación al delito. Adquisición del arma, veneno, manifestación de amenazas previas a la ejecución del contenido de las amenazas, etc.., b)Concomitantes al delito: son los hechos que solo pueden producirse en el mismo lapso temporal de la ejecución material del delito: presencia en el lugar de los hechos en la hora de la comisión, rastros de manchas de sangre, semen, etc… del agresor en el cuerpo de la víctima, o a la inversa, c) posteriores: son los actos o hechos que ocurren tras el delito. Pueden ser por ejemplo: darse a la fuga, destrucción de las ropas, ocultación de los instrumentos delictivos o el botín, amenazas a los testigos, etc…Por la intensidad de su conexión, tenemos: a) próximos: los indicios que guardan una relación clara y directa con el delito, B) Remotos: son meras posibilidades, alejadas del hecho base, que indican hechos falsamente engañosos. La existencia de indicios puede no ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, a pesar de que se parte de una actividad probatoria lícita, tanto cuando el hecho base excluye el hecho consecuencia, como cuando del hecho base acreditado no se infiere de modo inequívoco la conclusión a la que se llega, es decir, cuando se trata de una inferencia irrazonable o de inferencias no concluyentes por excesivamente abiertas, débiles o indeterminadas, lo que equivale a rechazar la conclusión cuando la inferencia sea tan inconcluyente que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada[6]. En el presente caso, la motivación fáctica y jurídica del Juzgador para arribar a un veredicto de condena en contra de los dos (2) imputados en virtud de prueba indiciaria, es insuficiente y además contradictoria con lo consignado en el relato fáctico, vicio insubsanable que trae como resultado la nulidad de la sentencia y con ello la estimación del motivo formulado por la Defensa. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua incurrió en graves quebrantos a la reglas de la Sana crítica, específicamente a los principio de razón suficiente, derivación y causalidad. Al observar el recurrente que los jueces condenan por un solo objeto de prueba un cabello, del cual extrae en exceso conclusiones que por si misma la prueba no le permite extraer; tergiversando el sentido interpretativo de la misma, cambiando el alcance de los resultados, en virtud de que los resultados de medicina no tienen grado de certeza, ni individualizan objeto, ni persona alguna; veremos a continuación al desarrollar como se comete esta grave falta en la aplicación de la lógica. PRECEPTO AUTORIZANTE: artículo 362 del código procesal penal, que en su numeral 3 parte segunda que se lee "... o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...” específicamente las reglas de la Lógica jurídica con relación al los Principios de Razón suficiente, derivación y causalidad. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: La Sala única del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en su sentencia emitida en fecha 5 de octubre del 2009, condenaron por el delito de Homicidio simple a nuestros representados P. S. L. H., C. J. O., por considerarlos responsables a título de autores directos de la muerte del señor P. C. M. P., cometiendo en su sentencia condenatoria graves infracciones a las reglas de la Sana Crítica, por infracción directa en su actividad valorativa de las Pruebas, al valorar prueba en perjuicio de los Principios de causalidad, derivación y razón suficiente que expondremos de la manera siguiente: El honorable Tribunal dice haber respetado en su sentencia las Reglas de la Sana crítica; sin embargo bajo el principio de demostración de casación expondremos los defectos cometidos por los Jueces de Sentencia al construir una sentencia carente de elementos de Prueba suficientes para arribar a semejantes deducciones, conclusiones y desvanecer el Estado de inocencia de nuestros representados, extrayendo de la prueba conclusiones que era imposible extraer y conectando elemento de forma arbitraria para poder construir una base argumentativa falaz para su fallo y que contenga una apariencia técnica jurídica; pero que a nuestro criterio NO cumple los requisito que la ley les impone; sin embargo al darle lectura al apartado numero tres de la valoración de la prueba veremos una a una cada defecto en el raciocinio del Tribunal, cuando dice: …“TERCERO: Igualmente se evacuó prueba pericial, consistente en el dictamen número 946-09 del laboratorio de Biología Forense del Ministerio Público, mismo que fue ratificado por el Analista en Biología Forense Licenciado S. P. R., el cual en lo conducente dice: ANALISIS SOLICITADO: Determinación de origen y procedencia; RESULTADOS: Al realizar el análisis microscópico de los cinco (05) elementos pilosos, se observó que presentaban origen humano y proceden de la cabeza (cabellos); OBSERVACIONES: Al realizar la comparación tricologico entre los cinco cabellos y el patrón tricologico (cabellos) del ofendido P. C. M. P., Observándose de manera microscópica que cuatro (4) presentan características físicas diferentes y uno (1) presenta características físicas similares entre si. Para estos jueces, con este medio de prueba se corrobora lo dicho por el testigo protegido de cargo identificado como X2, en el sentido de que efectivamente el señor P. C. M. P. fue subido en contra de su voluntad en un vehículo marca Isuzu, extra cab, color gris, en el que se conducían los imputados, llegando a esta conclusión en vista de que se pudo comprobar que un cabello recolectado en dicho vehículo, pertenecía al referido señor M. P., con lo que se demuestra que la versión dada por los imputados en el aspecto de que en ningún momento el ofendido se subió al carro antes mencionado es falsa; Es importante mencionar que en el dictamen forense del Departamento de Serología Genética Forense, ratificado por la Doctora A. G., manifestó que por no tener un patrón tricologico no se había podido hacer una comparación con los cabellos que le fueron enviados en esa ocasión, pero con el presente dictamen de biología forense al contar con un patrón tricologico según se desprende del mismo, fue factible determinar su origen, siendo que un cabello de los cinco recolectados del vehículo en que se transportaban los imputados pertenecían al ofendido P. C. M. P.….” El recurrente infiere o detecta que al ver la construcción narrativa del tercer numeral de la valoración de la prueba el Tribunal sentenciador comete el primer error al tergiversar el sentido de la frase dada por el perito de Biología forense que dijo: “…..características físicas similares….” al decir características físicas similares el perito esta expresando características de clase; ó sea características que comparten un universo de cabellos en común; en ningún momento el perito dio grado de certeza; simple y sencillamente por que la única forma para hacerlo es a través de una prueba de ADN la que no se hizo en ningún momento. Para poder determinar en 100% y grado de certeza, si era o no un cabello de la víctima; porque como es un hecho notorio de la vida cotidiana el color, largo de cabello, tipo de cabello, anatomía del cabello y demás son características de similitud; que gozan millones y millones de personas en el planeta. Y eso es lo que expresa la semántica del peritaje y no la que el Tribunal tergiversa en perjuicio de los imputados en el numeral tres de la valoración de la prueba, al decir en el fallo recurrido lo siguiente: “…llegando a esta conclusión en vista de que se pudo comprobar que un cabello recolectado en dicho vehículo, pertenecía al referido señor M. P., con lo que se demuestra que la versión dada por los imputados en el aspecto de que en ningún momento el ofendido se subió al carro antes mencionado es falsa…” Por las razones antes expuestas se dice que, El Tribunal de Sentencia ha cometido errores, haciendo apreciaciones superficiales al decir que se pudo comprobar que el cabello recolectado en el vehículo pertenecía a la víctima; pero además comete otro error desmentir la versión de los imputados usando una tergiversación previa; por que Si se puede explicar que un cabello este en un lugar u otro; en virtud de su poca masa; estos pueden ser trasladados por el viento tal corno lo explicó el perito y por transferencia que otra persona al transportarlo en sus ropas los mueva de un lugar a otro; sabemos que los cabellos son volátiles y transferibles; por tanto cualquier afirmación determinante encaminada a insinuar que la posición espacial de un cabello es inalterable es argumentativa, especulativa y tendenciosa. Y no cumple con el Principio de Razón Suficiente. Por que al existir múltiples formas de que un cabello llegue a un lugar; no existe una razón para aceptar una postura lógica humana rígida como la del Tribunal, al decir; “…que efectivamente el señor P. C. M. P. fue subido en contra de su voluntad…”. Para el tribunal un cabello similar es capaz de sustentar toda su teoría hasta el punto de afirmar que nuestros representados forzaron a la víctima a subir a un vehículo en contra de su voluntad; para los recurrentes este extremo es carente de todo nexo causal; no nos explicamos la relación entre un cabello y la voluntad de la víctima, el punto de absurdo es tal que los recurrentes no encontramos la lógica natural, ni humana, de como puede inferir el Tribunal, sobre el animo de los imputados como seres humanos y saber su voluntad en un momento dado; al no existir una derivación lógica en este apartado, nos indica que el Tribunal en su intima convicción es capaz de encontrar nexos causales entre un cabello similar y la voluntad de la víctima para proyectar creencias inapropiadas. Resulta ser que el único objeto de prueba, un cabello, que presentaba características similares con las de la víctima es para el Tribunal la prueba suficiente y contundente, máxima y absoluta; que a pesar de ser la única en este juicio del tipo físico y de sus graves deficiencias; estiman los recurrentes que el Tribunal de Sentencia no se apegó al sistema de Valoración de la Prueba bajo las Reglas de la Sana Crítica, al irrespetar los principios esenciales de la Lógica Jurídica y Lógica Formal, ya que no existe un camino serio por medio del cual podamos arribar a las mismas conclusiones del Tribunal de Sentencia.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS ARGUYENDO LA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala de lo penal no se pronuncia concretamente sobre el fondo del presente motivo de casación, en virtud de haber prosperado el segundo motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361, 362.1.2.3. y 6 del Código Procesal Penal.- FALLA: I) Declarando SIN lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Defensa, II) Declarando SIN LUGAR el recurso de casación por infracción de precepto constitucional presentado por la Defensa; III) Declarando SIN LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo interpuesto por la Defensa, IV) Declarando con lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su segundo motivo, 2) Declarando la nulidad de la sentencia de fecha cinco (5) de Octubre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia, de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, y del debate en que se pronunció.- Y MANDA: 1) Que se repita el debate, con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado. 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.
- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-65-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. “Los Medios de Prueba”. Luis Alfredo de Diego Diez. Págs. 116 y 117.
[2] Vid. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, en Ensayos sobre Política Criminal, Derecho Penal y Proceso Penal, Tegucigalpa, AGM, 2004, pág. 31 y ss.
[3] Vid. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. La Sentencia en el Nuevo Proceso Penal”. Jesús Fernández Entralgo./Ricardo de Prada Solaesa / Francisco Gutiérrez López. Tomo 6. Páginas 79, 80.
[4] Vid. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. La Sentencia en el Nuevo Proceso Penal”. Jesús Fernández Entralgo/ Ricardo de Prada Solaesa / Francisco Gutiérrez López. Tomo 6. Páginas 81.
[5] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal, Tomo I, 2ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pág. 887.
[6] Vid. PASTOR ALCOY, FRANCISCO, en Prueba de indicios, credibilidad del acusado y presunción de inocencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, págs. 47-48.