Sentencia CP-349-08 — Registro 18912
Resumen
Se declara con lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la defensa de la imputada contra la sentencia que la condena por los delitos de venta de lotería clandestina y lavado de activos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el recurrente que el A Quo ha incurrido en infracción del Articulo 95 de de , que dispone que “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley”, en relación al Articulo 9 de Sobre Derechos Humanos, que dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho aplicable”, a su vez con relación al Articulo 1 del Código Penal que establece: “Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito”. Asume el recurrente que el juzgador de instancia al dictar la sentencia recurrida ha violentado el principio de legalidad. Reprocha que se practicó requisa como producto de un allanamiento, en una casa de la imputada, sin embargo, en juicio oral y público, fue decretada su nulidad e ilegalidad, por estimar el A Quo que se practicó con violación de derechos y garantías constitucionales, siendo declarados todos los objetos en ella requisados, prueba prohibida e ilícita. Asume el recurrente que a pesar de lo expuesto, el Juzgador de instancia ha dictado sentencia condenatoria contra la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, haciendo uso de prueba derivada directa e indirectamente de ese allanamiento ilegal practicado con violación de Garantías Constitucionales. Manifiesta el recurrente que el Juzgador de instancia dicta un fallo contradictorio y arbitrario, al utilizar prueba espuria para enervar el estado de inocencia de la acusada. Centra su reproche asimismo, en que el Juzgador condena a la acusada por comisión de hechos para los que al momento de su perpetración no existía una ley penal que los sancionase, y se sometió a juicio a la acusada a pesar que la defensa, reclamó con certificaciones registrales y fotocopias de libretas de ahorro, donde se especifica que dichos activos habían sido obtenidos antes de la entrada en vigor de el Delito de Lavado de Activos (Decreto Número 45- 2002, emitido por el Congreso Nacional, el 5 de marzo del 2002, publicado en el Diario Oficial "", el l5 de mayo del 2002, en su número 29,781). Agrega que el Artículo 3 de La ley de Lavado de activos no le es aplicable a la acusada, de acuerdo al Articulo 95 de , ya que la tipicidad supone el poseer activos, depósitos de numerario o dinero en cuentas bancarias, "sin justificación económica legal de su procedencia", pero alude a que esta disposición no debía afectar a la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, cuyo patrimonio fue formado o estaba en posesión, antes de la vigencia del artículo 3 párrafo in fine, del Decreto Número 45-2002, aprobado e1 5 de marzo del 2002, que contiene la "LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS", Esta Sala de lo Penal, antes que todo considera pertinente referirse a los argumentos esgrimidos por en torno al supuesto carácter ilícito de la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, derivada del allanamiento practicado en la vivienda de la acusada. El artículo 200 del Código Procesal Penal establece que “…carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en de y en los convenios internacionales relativos a la derechos humanos de los que Honduras forma parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos…”.De la disposición legal antes citada se desprende, que cuando el origen de la ilicitud de la prueba se encuentra en la violación de un derecho fundamental, tal prueba carece de validez en el proceso y los Tribunales habrán de considerarla inexistente al momento de construir la base fáctica de la sentencia. Sin embargo es importante recordar que los efectos reflejos de la prueba ilícita se producirán en primer lugar cuando exista una relación de causalidad directa e inmediata entre la ilicitud en la obtención de la prueba y el resultado logrado posteriormente a dicha ilicitud, y en segundo lugar, ante la imposibilidad de su obtención por otros medios legales; de tal manera, que esos efectos no entran en juego cuando el resultado logrado hubiese sido obtenido igualmente por otras vías, por tal razón es que éste segundo requisito comporta la necesidad de efectuar juicios hipotéticos acerca de la probabilidad de acceder a los datos logrados por medios legítimos; dicho en otros términos, el alcance anulatorio de la prueba ilícita a que alude el artículo 200 del Código Procesal Penal se extiende tan sólo a las obtenidas con infracción de los derechos y libertades fundamentales, siendo igualmente nulos los elementos probatorios conseguidos a través de una prueba ilícita, siempre que la relación de causalidad o dependencia sea palmaria, y exista imposibilidad de su obtención por otros medios legales, motivo por el cual los efectos reflejos no entran en juego, cuando el resultado logrado se hubiera obtenido por otras vías distintas a la utilizada (vid. ESTRELLA RUIZ, MANUEL, en “Valoración de de Inocencia.- Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano, Tegucigalpa, 2001, págs. 55-57). En el caso bajo examen, el Tribunal Sentenciador declaró la nulidad de la diligencia de allanamiento practicada en la vivienda de la imputada y con ello la ineficacia probatoria de las evidencias encontradas en su interior, aduciendo fundamentalmente que al no concurrir el consentimiento del morador, ni tampoco una situación de urgencia, se debió recabar previamente la autorización del órgano judicial competente, de ahí que al no hacerlo se vulneró el contenido del artículo 99 de de y con ello el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio. No obstante lo anterior, esta Sala comparte el criterio de que aún con la supresión hipotética de los resultados obtenidos en el allanamiento declarado nulo, otros elementos probatorios independientes al hallazgo de evidencias en el interior de la vivienda habitada por la acusada, permiten cimentar el sustrato fáctico de la sentencia recurrida en casación. Esta Sala estima que la prueba de cargo acumulada en el juicio y valorada por el tribunal de instancia para formar su convicción, no está vinculada directamente a la obtenida en el allanamiento declarado ilegal, sino en una fuente independiente, derivada de la prueba documental, aportada inclusive por la misma defensa como son las constancias mediante las cuales se acredita que la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, es titular de varias cuentas de ahorro en diferentes instituciones bancarias del país y con ello titular de depósitos cifrados en varios millones de lempiras, (vid. Folio No. 136 vuelto, 137,193-200 del Tomo I) y del resto de prueba de cargo legalmente incorporada al juicio, derivada de las actividades desarrolladas por de Información Financiera (UIF), dependiente a de Bancos y Seguros, entidad especializada encargada de la recepción, análisis y consolidación de información técnica requerida para la investigación del delito de Lavado de Activos, organismo de carácter público que previo al allanamiento practicado había obtenido datos sobre operaciones atípicas realizadas por la procesada en el sistema financiero nacional, detectadas en el movimiento inusual observado en varias cuentas de ahorro abiertas a su nombre (vid. Folios No. 515-517, 520-640 del Tomo III), además de las declaraciones rendidas bajo las formalidades y garantías de la prueba anticipada por los testigos ANGELICA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ (vid. Folios No. 19-20, 21-22 del Tomo I), interceptadas por las autoridades policiales fuera de la vivienda allanada, que confirman de manera puntual y concreta la actividad de venta de lotería clandestina que la señora ANGELA PLATERO JUAREZ venía realizando previo a su procesamiento. De este modo podemos concluir, que aún y cuando suprimiéramos hipotéticamente la diligencia de allanamiento practicada en la vivienda de la imputada y como consecuencia de ello la eficacia probatoria de las evidencias encontradas en su interior, la línea de investigación abierta por las autoridades del Ministerio Público antes de la práctica de la referida diligencia, en virtud de la información proporcionada por de Información Financiera (UIF) nos permiten afirmar más allá de toda duda razonable, que la hipótesis acusatoria formulada contra la encausada ANGELA PLATERO JUAREZ siempre se habría confirmado. El recurrente alega que en el caso de mérito se ha infringido el artículo 95 de de , donde se establece que ninguna persona será sancionada con penas no establecidas en la ley, así como también lo que en el mismo sentido expresa el artículo 1 del Código Penal, donde se prevé que nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración del delito. Al tenor de lo prescrito por las disposiciones antes mencionadas podemos afirmar que como la ley penal rige para el futuro no puede aplicarse a hechos perpetrados con anterioridad de su entrada en vigor a no ser que se trate de favorecer al reo (vid. Arts. 96 de y 9 del Código Penal); está en otros términos prohibido, aplicar retroactivamente la ley penal, salvo que lo fuere en beneficio del imputado. Una de las garantías sustantivas emanadas del principio de legalidad es la que tiene que ver con el carácter previo de la ley. La prohibición de extraactividad de la ley penal se funda en el hecho de que ésta siempre se dicta para el futuro, obra en el tiempo en el cual nace, cobra vida y se extingue; por ello, no puede aplicarse a hechos acontecidos con anterioridad a su vigencia (retroactividad), ni puede extenderse más allá de su extinción (ultraactividad). En otras palabras, la ley rige desde el tiempo de su promulgación hasta su derogatoria o extinción, salvo disposición en contrario. Se trata, a no dudarlo, de una garantía más para el ciudadano, dado que se le prohíbe al legislador la creación de un derecho penal retroactivo o ultraactivo, y al juez su aplicación, de allí que el administrador de justicia solo pueda atribuir la trasgresión de un tipo penal determinado e imponer una consecuencia jurídica, cuando ellos estuviesen previstos al momento del acto, de lo contrario, no. (vid. VELASQUEZ V. FERNANDO, “Derecho Penal, Parte General”, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, 2009, págs. 141 y 159). En nuestro país, el delito de lavado de activos es tipificado por primera vez, mediante Decreto Legislativo No. 202-97 (Ley contra el delito de lavado de dinero o activos), que entrara en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial en su edición de fecha 7 de febrero de 1998. Este cuerpo normativo castiga el delito de lavado de activos únicamente cuando el objeto de éste recae sobre bienes procedentes, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Posteriormente, y en sintonía con la tendencia internacional de ampliar el catálogo de delitos previos, -en tanto que también son susceptibles de generar ingentes cantidades de dinero otras actividades criminales cuya introducción en los cauces económicos legales pueden llegar a lesionar los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de lavado de activos-; es como mediante Decreto Legislativo No. 45-2002 del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), y que entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial , en su edición de fecha 15 de mayo de 2002, los bienes objeto de esa infracción penal, al tenor de lo establecido en sus artículo 3 y 4 pueden provenir directa o indirectamente, no solamente del delito de tráfico de drogas, sino también, del “…tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”.Al margen de la redacción poco afortunada de los preceptos antes citados, esta Sala entiende que con la vigente Ley contra el Delito de Lavado de Activos, pueden ser objeto idóneo de este delito, los bienes que tienen origen en cualquier infracción penal, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece en principio un catalogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, luego se extiende a los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre “bienes que no tengan causa o justificación económica legal”, por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes procedentes de cualquier actividad delictiva, estos pueden ser objeto idóneo de un posterior delito de lavado o blanqueo. En el presente caso, considera que no se ha infringido el artículo 95 de de , en tanto que con la entrada en vigor de de Lavado de Activos el 5 de junio del 2002, la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, continúo en la realización de actos constitutivos del delito de venta de lotería clandestina, de conformidad al Art. 261 del Código Penal. De este modo y a pesar de ello, la acusada no se vio intimidada o amenazada por el efecto de prevención general de la ley penal, para abstenerse de continuar realizando actos constitutivos de dicho delito, actividades altamente lucrativas que le han generado dinero y otros bienes sobre los que ha realizado acciones de posesión e introducción en los cauces económico legales, como ser entre otros, su distribución y depósito en varias cuentas bancarias, e inversión en bienes inmuebles y vehículos automotores con la finalidad de borrar el rastro de su origen delictivo. Es cierto que los bienes generados con la venta de lotería clandestina antes del 28 de febrero de 1998 que es la fecha de entrada en vigor de la primera ley antiblanqueo, hasta el 4 de junio de 2002, en que resultara derogada por la normativa vigente, no han podido ni pueden ser objeto idóneo de un delito de lavado, ya que antes del 28 de febrero de 1998, el tipo penal de lavado no estaba previsto en nuestra legislación, y por ende tales conductas eran atípicas, en tanto que a partir de esa fecha, hasta el 4 de junio de 2002 que rigió el Decreto Legislativo No. 202-97, solamente se castigaba el blanqueo o lavado de activos procedentes de delitos relacionados con el tráfico de drogas. De ahí que aplicar la actual ley de lavado de activos (Decreto Legislativo No. 45-2002) que sanciona tal conducta cualquiera que sea el delito previo o subyacente de los que provienen los bienes objeto de reciclaje, a los actos realizados sobre activos generados por la venta de lotería clandestina, antes del 5 de junio de 2002, comportaría la aplicación retroactiva de aquella ley penal en perjuicio de la acusada. Sin embargo, tal y como ya lo apuntábamos líneas arriba, la actividad ilícita realizada por la acusada, consistente en la venta continuada de lotería en forma clandestina, y con ello la generación de bienes susceptibles de ser reciclados o blanqueados no cesó a partir de de la entrada en vigencia de de Lavado de Activos (5 de junio de 2002), contenida en el Decreto Legislativo 45-2002, lo que da lugar a la aplicación del Art. 3 de dicha ley penal especial. No se trata pues de una aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio de la acusada, sino de la aplicación de la ley de lavado de activos vigente a hechos ocurridos bajo su imperio. Por lo expuesto, se entiende, por una parte, que la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, no ha logrado acreditar en juicio el origen ilícito de los activos incautados y que por otra parte, el Ministerio Público ha logrado probar, la relación directa del origen de los activos incautados a la acusada, con la actividad permanente y continuada de venta ilegal de Lotería Clandestina. Dicho esto resulta pertinente pronunciarnos sobre el destino de aquellos bienes generados por la venta de lotería clandestina, antes de la entrada en vigor de la ley contra el delito de lavado de activos actual, es decir antes del 5 de junio de 2002. Al respecto es necesario recordar, que el delito de venta de lotería clandestina, tipificado en el artículo 261 del Código Penal, además de contemplar una pena privativa de libertad y una multa, también prevé la pena de comiso, misma que recae sobre el dinero y los demás efectos que tienen origen en esa actividad ilícita (vid. Artículos 55 y 262 del Código Penal). Siendo que en nuestro código penal el comiso tiene la naturaleza de una pena (vid. Art.38 párrafo tercero del Código Penal), es necesario como conditio sine qua non para su imposición, que el sujeto haya sido enjuiciado y condenado por la comisión de un hecho típico y antijurídico. Teniendo en cuenta que la pena máxima de reclusión prevista para la infracción en examen es de 4 años, el término de prescripción para la persecución de dicho delito, es de 6 años, de ahí que habiéndose presentado requerimiento fiscal contra la imputada el día 17 de noviembre de 2003, por la comisión del delito de venta de lotería clandestina y formalizada la acusación por el ente acusador por esa figura para la que pidió la sanción mínima de dos años de reclusión, por lo que ésta Sala en virtud del principio acusatorio y de la no reformatio in peius no puede imponer una pena dentro de un marco penal abstracto más amplio, resulta que aquellos bienes procedentes de esa actividad criminal que no hayan sido objeto del delito de lavado de activos, por las razones antes apuntadas, caerán en comiso, siempre y cuando que los mismos se hayan generado a partir del 17 de noviembre de 1997, pues antes de esa fecha las acciones de venta de lotería clandestina que hubiere realizado la procesada han prescrito, de ahí que extinguida la responsabilidad penal por esa causa, no cabe la aplicación de la pena antes mencionada. Por todas las razones anteriormente expuestas, el primer motivo invocado por el recurrente, debe ser estimado parcialmente por infracción de los artículos 95 y 96 de de , en cuanto a que los bienes generados antes del 17 de noviembre de 1997 no podrán ser afectados por el comiso decretado, procediendo en consecuencia su devolución; por otro lado, en aras de evitar situaciones de inseguridad jurídica en el manejo de los bienes incautados, consideramos pertinente señalar que el destino de los bienes generados a partir de la entrada en vigor del Decreto Legislativo No. 45-2002 (5 de junio de 2002) será decidido por de Administración de Bienes Incautados (0ABI) al tenor de lo establecido en el artículo 23 del referido Decreto. Los que se hubieren generado entre el 17 de noviembre de 1997 al 4 de junio de 2002, caerán en comiso, pero deberá ponerlos a disposición del Juez de Ejecución, a los efectos de que en ejecución de dicha pena el dinero líquido como también el producto de la venta en pública subasta de los demás bienes, sea destinado para fines de interés social o colectivo. A este respecto es importante señalar, que a diferencia de la regulación genérica del comiso en el artículo 159 párrafo último reformado del derogado Código de Procedimientos Penales, -donde se establecía que finalizado el proceso penal y cuando la sentencia definitiva impusiera la pena de comiso, debía procederse a la venta de los bienes muebles e inmuebles mediante pública subasta o a su donación a organismos e instituciones del Estado, de conformidad a las disposiciones dictadas por de Justicia-, el Código Penal Procesal en vigencia, no contiene una disposición análoga; por lo que en atención a lo que prescriben los artículos 321 de de y 60 párrafos primero y tercero del Código Procesal Penal en cuanto a que será competencia de los Jueces de Ejecución la ejecución de las sentencias, como velar también por que se cumplan las finalidades de la pena, será este funcionario judicial quien decida sobre el destino de los bienes en comiso procedentes del delito de venta de lotería clandestina..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Ley contra el delito de lavado de activos, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."el recurrente que el A Quo ha incurrido en infracción del Articulo 95 de de , que dispone que “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley”, en relación al Articulo 9 de Sobre Derechos Humanos, que dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho aplicable”, a su vez con relación al Articulo 1 del Código Penal que establece: “Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito”. Asume el recurrente que el juzgador de instancia al dictar la sentencia recurrida ha violentado el principio de legalidad. Reprocha que se practicó requisa como producto de un allanamiento, en una casa de la imputada, sin embargo, en juicio oral y público, fue decretada su nulidad e ilegalidad, por estimar el A Quo que se practicó con violación de derechos y garantías constitucionales, siendo declarados todos los objetos en ella requisados, prueba prohibida e ilícita. Asume el recurrente que a pesar de lo expuesto, el Juzgador de instancia ha dictado sentencia condenatoria contra la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, haciendo uso de prueba derivada directa e indirectamente de ese allanamiento ilegal practicado con violación de Garantías Constitucionales. Manifiesta el recurrente que el Juzgador de instancia dicta un fallo contradictorio y arbitrario, al utilizar prueba espuria para enervar el estado de inocencia de la acusada. Centra su reproche asimismo, en que el Juzgador condena a la acusada por comisión de hechos para los que al momento de su perpetración no existía una ley penal que los sancionase, y se sometió a juicio a la acusada a pesar que la defensa, reclamó con certificaciones registrales y fotocopias de libretas de ahorro, donde se especifica que dichos activos habían sido obtenidos antes de la entrada en vigor de el Delito de Lavado de Activos (Decreto Número 45- 2002, emitido por el Congreso Nacional, el 5 de marzo del 2002, publicado en el Diario Oficial "", el l5 de mayo del 2002, en su número 29,781). Agrega que el Artículo 3 de La ley de Lavado de activos no le es aplicable a la acusada, de acuerdo al Articulo 95 de , ya que la tipicidad supone el poseer activos, depósitos de numerario o dinero en cuentas bancarias, "sin justificación económica legal de su procedencia", pero alude a que esta disposición no debía afectar a la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, cuyo patrimonio fue formado o estaba en posesión, antes de la vigencia del artículo 3 párrafo in fine, del Decreto Número 45-2002, aprobado e1 5 de marzo del 2002, que contiene la "LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS", Esta Sala de lo Penal, antes que todo considera pertinente referirse a los argumentos esgrimidos por en torno al supuesto carácter ilícito de la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, derivada del allanamiento practicado en la vivienda de la acusada. El artículo 200 del Código Procesal Penal establece que “…carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en de y en los convenios internacionales relativos a la derechos humanos de los que Honduras forma parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos…”.De la disposición legal antes citada se desprende, que cuando el origen de la ilicitud de la prueba se encuentra en la violación de un derecho fundamental, tal prueba carece de validez en el proceso y los Tribunales habrán de considerarla inexistente al momento de construir la base fáctica de la sentencia. Sin embargo es importante recordar que los efectos reflejos de la prueba ilícita se producirán en primer lugar cuando exista una relación de causalidad directa e inmediata entre la ilicitud en la obtención de la prueba y el resultado logrado posteriormente a dicha ilicitud, y en segundo lugar, ante la imposibilidad de su obtención por otros medios legales; de tal manera, que esos efectos no entran en juego cuando el resultado logrado hubiese sido obtenido igualmente por otras vías, por tal razón es que éste segundo requisito comporta la necesidad de efectuar juicios hipotéticos acerca de la probabilidad de acceder a los datos logrados por medios legítimos; dicho en otros términos, el alcance anulatorio de la prueba ilícita a que alude el artículo 200 del Código Procesal Penal se extiende tan sólo a las obtenidas con infracción de los derechos y libertades fundamentales, siendo igualmente nulos los elementos probatorios conseguidos a través de una prueba ilícita, siempre que la relación de causalidad o dependencia sea palmaria, y exista imposibilidad de su obtención por otros medios legales, motivo por el cual los efectos reflejos no entran en juego, cuando el resultado logrado se hubiera obtenido por otras vías distintas a la utilizada (vid. ESTRELLA RUIZ, MANUEL, en “Valoración de de Inocencia.- Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano, Tegucigalpa, 2001, págs. 55-57). En el caso bajo examen, el Tribunal Sentenciador declaró la nulidad de la diligencia de allanamiento practicada en la vivienda de la imputada y con ello la ineficacia probatoria de las evidencias encontradas en su interior, aduciendo fundamentalmente que al no concurrir el consentimiento del morador, ni tampoco una situación de urgencia, se debió recabar previamente la autorización del órgano judicial competente, de ahí que al no hacerlo se vulneró el contenido del artículo 99 de de y con ello el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio. No obstante lo anterior, esta Sala comparte el criterio de que aún con la supresión hipotética de los resultados obtenidos en el allanamiento declarado nulo, otros elementos probatorios independientes al hallazgo de evidencias en el interior de la vivienda habitada por la acusada, permiten cimentar el sustrato fáctico de la sentencia recurrida en casación. Esta Sala estima que la prueba de cargo acumulada en el juicio y valorada por el tribunal de instancia para formar su convicción, no está vinculada directamente a la obtenida en el allanamiento declarado ilegal, sino en una fuente independiente, derivada de la prueba documental, aportada inclusive por la misma defensa como son las constancias mediante las cuales se acredita que la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, es titular de varias cuentas de ahorro en diferentes instituciones bancarias del país y con ello titular de depósitos cifrados en varios millones de lempiras, (vid. Folio No. 136 vuelto, 137,193-200 del Tomo I) y del resto de prueba de cargo legalmente incorporada al juicio, derivada de las actividades desarrolladas por de Información Financiera (UIF), dependiente a de Bancos y Seguros, entidad especializada encargada de la recepción, análisis y consolidación de información técnica requerida para la investigación del delito de Lavado de Activos, organismo de carácter público que previo al allanamiento practicado había obtenido datos sobre operaciones atípicas realizadas por la procesada en el sistema financiero nacional, detectadas en el movimiento inusual observado en varias cuentas de ahorro abiertas a su nombre (vid. Folios No. 515-517, 520-640 del Tomo III), además de las declaraciones rendidas bajo las formalidades y garantías de la prueba anticipada por los testigos ANGELICA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ (vid. Folios No. 19-20, 21-22 del Tomo I), interceptadas por las autoridades policiales fuera de la vivienda allanada, que confirman de manera puntual y concreta la actividad de venta de lotería clandestina que la señora ANGELA PLATERO JUAREZ venía realizando previo a su procesamiento. De este modo podemos concluir, que aún y cuando suprimiéramos hipotéticamente la diligencia de allanamiento practicada en la vivienda de la imputada y como consecuencia de ello la eficacia probatoria de las evidencias encontradas en su interior, la línea de investigación abierta por las autoridades del Ministerio Público antes de la práctica de la referida diligencia, en virtud de la información proporcionada por de Información Financiera (UIF) nos permiten afirmar más allá de toda duda razonable, que la hipótesis acusatoria formulada contra la encausada ANGELA PLATERO JUAREZ siempre se habría confirmado. El recurrente alega que en el caso de mérito se ha infringido el artículo 95 de de , donde se establece que ninguna persona será sancionada con penas no establecidas en la ley, así como también lo que en el mismo sentido expresa el artículo 1 del Código Penal, donde se prevé que nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración del delito. Al tenor de lo prescrito por las disposiciones antes mencionadas podemos afirmar que como la ley penal rige para el futuro no puede aplicarse a hechos perpetrados con anterioridad de su entrada en vigor a no ser que se trate de favorecer al reo (vid. Arts. 96 de y 9 del Código Penal); está en otros términos prohibido, aplicar retroactivamente la ley penal, salvo que lo fuere en beneficio del imputado. Una de las garantías sustantivas emanadas del principio de legalidad es la que tiene que ver con el carácter previo de la ley. La prohibición de extraactividad de la ley penal se funda en el hecho de que ésta siempre se dicta para el futuro, obra en el tiempo en el cual nace, cobra vida y se extingue; por ello, no puede aplicarse a hechos acontecidos con anterioridad a su vigencia (retroactividad), ni puede extenderse más allá de su extinción (ultraactividad). En otras palabras, la ley rige desde el tiempo de su promulgación hasta su derogatoria o extinción, salvo disposición en contrario. Se trata, a no dudarlo, de una garantía más para el ciudadano, dado que se le prohíbe al legislador la creación de un derecho penal retroactivo o ultraactivo, y al juez su aplicación, de allí que el administrador de justicia solo pueda atribuir la trasgresión de un tipo penal determinado e imponer una consecuencia jurídica, cuando ellos estuviesen previstos al momento del acto, de lo contrario, no. (vid. VELASQUEZ V. FERNANDO, “Derecho Penal, Parte General”, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, 2009, págs. 141 y 159). En nuestro país, el delito de lavado de activos es tipificado por primera vez, mediante Decreto Legislativo No. 202-97 (Ley contra el delito de lavado de dinero o activos), que entrara en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial en su edición de fecha 7 de febrero de 1998. Este cuerpo normativo castiga el delito de lavado de activos únicamente cuando el objeto de éste recae sobre bienes procedentes, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Posteriormente, y en sintonía con la tendencia internacional de ampliar el catálogo de delitos previos, -en tanto que también son susceptibles de generar ingentes cantidades de dinero otras actividades criminales cuya introducción en los cauces económicos legales pueden llegar a lesionar los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de lavado de activos-; es como mediante Decreto Legislativo No. 45-2002 del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), y que entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial , en su edición de fecha 15 de mayo de 2002, los bienes objeto de esa infracción penal, al tenor de lo establecido en sus artículo 3 y 4 pueden provenir directa o indirectamente, no solamente del delito de tráfico de drogas, sino también, del “…tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”.Al margen de la redacción poco afortunada de los preceptos antes citados, esta Sala entiende que con la vigente Ley contra el Delito de Lavado de Activos, pueden ser objeto idóneo de este delito, los bienes que tienen origen en cualquier infracción penal, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece en principio un catalogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, luego se extiende a los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre “bienes que no tengan causa o justificación económica legal”, por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes procedentes de cualquier actividad delictiva, estos pueden ser objeto idóneo de un posterior delito de lavado o blanqueo. En el presente caso, considera que no se ha infringido el artículo 95 de de , en tanto que con la entrada en vigor de de Lavado de Activos el 5 de junio del 2002, la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, continúo en la realización de actos constitutivos del delito de venta de lotería clandestina, de conformidad al Art. 261 del Código Penal. De este modo y a pesar de ello, la acusada no se vio intimidada o amenazada por el efecto de prevención general de la ley penal, para abstenerse de continuar realizando actos constitutivos de dicho delito, actividades altamente lucrativas que le han generado dinero y otros bienes sobre los que ha realizado acciones de posesión e introducción en los cauces económico legales, como ser entre otros, su distribución y depósito en varias cuentas bancarias, e inversión en bienes inmuebles y vehículos automotores con la finalidad de borrar el rastro de su origen delictivo. Es cierto que los bienes generados con la venta de lotería clandestina antes del 28 de febrero de 1998 que es la fecha de entrada en vigor de la primera ley antiblanqueo, hasta el 4 de junio de 2002, en que resultara derogada por la normativa vigente, no han podido ni pueden ser objeto idóneo de un delito de lavado, ya que antes del 28 de febrero de 1998, el tipo penal de lavado no estaba previsto en nuestra legislación, y por ende tales conductas eran atípicas, en tanto que a partir de esa fecha, hasta el 4 de junio de 2002 que rigió el Decreto Legislativo No. 202-97, solamente se castigaba el blanqueo o lavado de activos procedentes de delitos relacionados con el tráfico de drogas. De ahí que aplicar la actual ley de lavado de activos (Decreto Legislativo No. 45-2002) que sanciona tal conducta cualquiera que sea el delito previo o subyacente de los que provienen los bienes objeto de reciclaje, a los actos realizados sobre activos generados por la venta de lotería clandestina, antes del 5 de junio de 2002, comportaría la aplicación retroactiva de aquella ley penal en perjuicio de la acusada. Sin embargo, tal y como ya lo apuntábamos líneas arriba, la actividad ilícita realizada por la acusada, consistente en la venta continuada de lotería en forma clandestina, y con ello la generación de bienes susceptibles de ser reciclados o blanqueados no cesó a partir de de la entrada en vigencia de de Lavado de Activos (5 de junio de 2002), contenida en el Decreto Legislativo 45-2002, lo que da lugar a la aplicación del Art. 3 de dicha ley penal especial. No se trata pues de una aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio de la acusada, sino de la aplicación de la ley de lavado de activos vigente a hechos ocurridos bajo su imperio. Por lo expuesto, se entiende, por una parte, que la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, no ha logrado acreditar en juicio el origen ilícito de los activos incautados y que por otra parte, el Ministerio Público ha logrado probar, la relación directa del origen de los activos incautados a la acusada, con la actividad permanente y continuada de venta ilegal de Lotería Clandestina. Dicho esto resulta pertinente pronunciarnos sobre el destino de aquellos bienes generados por la venta de lotería clandestina, antes de la entrada en vigor de la ley contra el delito de lavado de activos actual, es decir antes del 5 de junio de 2002. Al respecto es necesario recordar, que el delito de venta de lotería clandestina, tipificado en el artículo 261 del Código Penal, además de contemplar una pena privativa de libertad y una multa, también prevé la pena de comiso, misma que recae sobre el dinero y los demás efectos que tienen origen en esa actividad ilícita (vid. Artículos 55 y 262 del Código Penal). Siendo que en nuestro código penal el comiso tiene la naturaleza de una pena (vid. Art.38 párrafo tercero del Código Penal), es necesario como conditio sine qua non para su imposición, que el sujeto haya sido enjuiciado y condenado por la comisión de un hecho típico y antijurídico. Teniendo en cuenta que la pena máxima de reclusión prevista para la infracción en examen es de 4 años, el término de prescripción para la persecución de dicho delito, es de 6 años, de ahí que habiéndose presentado requerimiento fiscal contra la imputada el día 17 de noviembre de 2003, por la comisión del delito de venta de lotería clandestina y formalizada la acusación por el ente acusador por esa figura para la que pidió la sanción mínima de dos años de reclusión, por lo que ésta Sala en virtud del principio acusatorio y de la no reformatio in peius no puede imponer una pena dentro de un marco penal abstracto más amplio, resulta que aquellos bienes procedentes de esa actividad criminal que no hayan sido objeto del delito de lavado de activos, por las razones antes apuntadas, caerán en comiso, siempre y cuando que los mismos se hayan generado a partir del 17 de noviembre de 1997, pues antes de esa fecha las acciones de venta de lotería clandestina que hubiere realizado la procesada han prescrito, de ahí que extinguida la responsabilidad penal por esa causa, no cabe la aplicación de la pena antes mencionada. Por todas las razones anteriormente expuestas, el primer motivo invocado por el recurrente, debe ser estimado parcialmente por infracción de los artículos 95 y 96 de de , en cuanto a que los bienes generados antes del 17 de noviembre de 1997 no podrán ser afectados por el comiso decretado, procediendo en consecuencia su devolución; por otro lado, en aras de evitar situaciones de inseguridad jurídica en el manejo de los bienes incautados, consideramos pertinente señalar que el destino de los bienes generados a partir de la entrada en vigor del Decreto Legislativo No. 45-2002 (5 de junio de 2002) será decidido por de Administración de Bienes Incautados (0ABI) al tenor de lo establecido en el artículo 23 del referido Decreto. Los que se hubieren generado entre el 17 de noviembre de 1997 al 4 de junio de 2002, caerán en comiso, pero deberá ponerlos a disposición del Juez de Ejecución, a los efectos de que en ejecución de dicha pena el dinero líquido como también el producto de la venta en pública subasta de los demás bienes, sea destinado para fines de interés social o colectivo. A este respecto es importante señalar, que a diferencia de la regulación genérica del comiso en el artículo 159 párrafo último reformado del derogado Código de Procedimientos Penales, -donde se establecía que finalizado el proceso penal y cuando la sentencia definitiva impusiera la pena de comiso, debía procederse a la venta de los bienes muebles e inmuebles mediante pública subasta o a su donación a organismos e instituciones del Estado, de conformidad a las disposiciones dictadas por de Justicia-, el Código Penal Procesal en vigencia, no contiene una disposición análoga; por lo que en atención a lo que prescriben los artículos 321 de de y 60 párrafos primero y tercero del Código Procesal Penal en cuanto a que será competencia de los Jueces de Ejecución la ejecución de las sentencias, como velar también por que se cumplan las finalidades de la pena, será este funcionario judicial quien decida sobre el destino de los bienes en comiso procedentes del delito de venta de lotería clandestina..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 261 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley contra el delito de lavado de activos, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL FUNDADO EN ARTICULO 95 DE , RELATIVO A QUE NINGUNA PERSONA SERA SANCIONADA CON PENAS NO ESTABLECIDAS PREVIAMENTE EN el recurrente que el A Quo ha incurrido en infracción del Articulo 95 de de , que dispone que “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley”, en relación al Articulo 9 de Sobre Derechos Humanos, que dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho aplicable”, a su vez con relación al Articulo 1 del Código Penal que establece: “Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito”. Asume el recurrente que el juzgador de instancia al dictar la sentencia recurrida ha violentado el principio de legalidad. Reprocha que se practicó requisa como producto de un allanamiento, en una casa de la imputada, sin embargo, en juicio oral y público, fue decretada su nulidad e ilegalidad, por estimar el A Quo que se practicó con violación de derechos y garantías constitucionales, siendo declarados todos los objetos en ella requisados, prueba prohibida e ilícita. Asume el recurrente que a pesar de lo expuesto, el Juzgador de instancia ha dictado sentencia condenatoria contra la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, haciendo uso de prueba derivada directa e indirectamente de ese allanamiento ilegal practicado con violación de Garantías Constitucionales. Manifiesta el recurrente que el Juzgador de instancia dicta un fallo contradictorio y arbitrario, al utilizar prueba espuria para enervar el estado de inocencia de la acusada. Centra su reproche asimismo, en que el Juzgador condena a la acusada por comisión de hechos para los que al momento de su perpetración no existía una ley penal que los sancionase, y se sometió a juicio a la acusada a pesar que la defensa, reclamó con certificaciones registrales y fotocopias de libretas de ahorro, donde se especifica que dichos activos habían sido obtenidos antes de la entrada en vigor de el Delito de Lavado de Activos (Decreto Número 45- 2002, emitido por el Congreso Nacional, el 5 de marzo del 2002, publicado en el Diario Oficial "", el l5 de mayo del 2002, en su número 29,781). Agrega que el Artículo 3 de La ley de Lavado de activos no le es aplicable a la acusada, de acuerdo al Articulo 95 de , ya que la tipicidad supone el poseer activos, depósitos de numerario o dinero en cuentas bancarias, "sin justificación económica legal de su procedencia", pero alude a que esta disposición no debía afectar a la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, cuyo patrimonio fue formado o estaba en posesión, antes de la vigencia del artículo 3 párrafo in fine, del Decreto Número 45-2002, aprobado e1 5 de marzo del 2002, que contiene la "LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS", Esta Sala de lo Penal, antes que todo considera pertinente referirse a los argumentos esgrimidos por en torno al supuesto carácter ilícito de la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, derivada del allanamiento practicado en la vivienda de la acusada. El artículo 200 del Código Procesal Penal establece que “…carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en de y en los convenios internacionales relativos a la derechos humanos de los que Honduras forma parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos…”.De la disposición legal antes citada se desprende, que cuando el origen de la ilicitud de la prueba se encuentra en la violación de un derecho fundamental, tal prueba carece de validez en el proceso y los Tribunales habrán de considerarla inexistente al momento de construir la base fáctica de la sentencia. Sin embargo es importante recordar que los efectos reflejos de la prueba ilícita se producirán en primer lugar cuando exista una relación de causalidad directa e inmediata entre la ilicitud en la obtención de la prueba y el resultado logrado posteriormente a dicha ilicitud, y en segundo lugar, ante la imposibilidad de su obtención por otros medios legales; de tal manera, que esos efectos no entran en juego cuando el resultado logrado hubiese sido obtenido igualmente por otras vías, por tal razón es que éste segundo requisito comporta la necesidad de efectuar juicios hipotéticos acerca de la probabilidad de acceder a los datos logrados por medios legítimos; dicho en otros términos, el alcance anulatorio de la prueba ilícita a que alude el artículo 200 del Código Procesal Penal se extiende tan sólo a las obtenidas con infracción de los derechos y libertades fundamentales, siendo igualmente nulos los elementos probatorios conseguidos a través de una prueba ilícita, siempre que la relación de causalidad o dependencia sea palmaria, y exista imposibilidad de su obtención por otros medios legales, motivo por el cual los efectos reflejos no entran en juego, cuando el resultado logrado se hubiera obtenido por otras vías distintas a la utilizada (vid. ESTRELLA RUIZ, MANUEL, en “Valoración de de Inocencia.- Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano, Tegucigalpa, 2001, págs. 55-57). En el caso bajo examen, el Tribunal Sentenciador declaró la nulidad de la diligencia de allanamiento practicada en la vivienda de la imputada y con ello la ineficacia probatoria de las evidencias encontradas en su interior, aduciendo fundamentalmente que al no concurrir el consentimiento del morador, ni tampoco una situación de urgencia, se debió recabar previamente la autorización del órgano judicial competente, de ahí que al no hacerlo se vulneró el contenido del artículo 99 de de y con ello el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio. No obstante lo anterior, esta Sala comparte el criterio de que aún con la supresión hipotética de los resultados obtenidos en el allanamiento declarado nulo, otros elementos probatorios independientes al hallazgo de evidencias en el interior de la vivienda habitada por la acusada, permiten cimentar el sustrato fáctico de la sentencia recurrida en casación. Esta Sala estima que la prueba de cargo acumulada en el juicio y valorada por el tribunal de instancia para formar su convicción, no está vinculada directamente a la obtenida en el allanamiento declarado ilegal, sino en una fuente independiente, derivada de la prueba documental, aportada inclusive por la misma defensa como son las constancias mediante las cuales se acredita que la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, es titular de varias cuentas de ahorro en diferentes instituciones bancarias del país y con ello titular de depósitos cifrados en varios millones de lempiras, (vid. Folio No. 136 vuelto, 137,193-200 del Tomo I) y del resto de prueba de cargo legalmente incorporada al juicio, derivada de las actividades desarrolladas por de Información Financiera (UIF), dependiente a de Bancos y Seguros, entidad especializada encargada de la recepción, análisis y consolidación de información técnica requerida para la investigación del delito de Lavado de Activos, organismo de carácter público que previo al allanamiento practicado había obtenido datos sobre operaciones atípicas realizadas por la procesada en el sistema financiero nacional, detectadas en el movimiento inusual observado en varias cuentas de ahorro abiertas a su nombre (vid. Folios No. 515-517, 520-640 del Tomo III), además de las declaraciones rendidas bajo las formalidades y garantías de la prueba anticipada por los testigos ANGELICA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ (vid. Folios No. 19-20, 21-22 del Tomo I), interceptadas por las autoridades policiales fuera de la vivienda allanada, que confirman de manera puntual y concreta la actividad de venta de lotería clandestina que la señora ANGELA PLATERO JUAREZ venía realizando previo a su procesamiento. De este modo podemos concluir, que aún y cuando suprimiéramos hipotéticamente la diligencia de allanamiento practicada en la vivienda de la imputada y como consecuencia de ello la eficacia probatoria de las evidencias encontradas en su interior, la línea de investigación abierta por las autoridades del Ministerio Público antes de la práctica de la referida diligencia, en virtud de la información proporcionada por de Información Financiera (UIF) nos permiten afirmar más allá de toda duda razonable, que la hipótesis acusatoria formulada contra la encausada ANGELA PLATERO JUAREZ siempre se habría confirmado. El recurrente alega que en el caso de mérito se ha infringido el artículo 95 de de , donde se establece que ninguna persona será sancionada con penas no establecidas en la ley, así como también lo que en el mismo sentido expresa el artículo 1 del Código Penal, donde se prevé que nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración del delito. Al tenor de lo prescrito por las disposiciones antes mencionadas podemos afirmar que como la ley penal rige para el futuro no puede aplicarse a hechos perpetrados con anterioridad de su entrada en vigor a no ser que se trate de favorecer al reo (vid. Arts. 96 de y 9 del Código Penal); está en otros términos prohibido, aplicar retroactivamente la ley penal, salvo que lo fuere en beneficio del imputado. Una de las garantías sustantivas emanadas del principio de legalidad es la que tiene que ver con el carácter previo de la ley. La prohibición de extraactividad de la ley penal se funda en el hecho de que ésta siempre se dicta para el futuro, obra en el tiempo en el cual nace, cobra vida y se extingue; por ello, no puede aplicarse a hechos acontecidos con anterioridad a su vigencia (retroactividad), ni puede extenderse más allá de su extinción (ultraactividad). En otras palabras, la ley rige desde el tiempo de su promulgación hasta su derogatoria o extinción, salvo disposición en contrario. Se trata, a no dudarlo, de una garantía más para el ciudadano, dado que se le prohíbe al legislador la creación de un derecho penal retroactivo o ultraactivo, y al juez su aplicación, de allí que el administrador de justicia solo pueda atribuir la trasgresión de un tipo penal determinado e imponer una consecuencia jurídica, cuando ellos estuviesen previstos al momento del acto, de lo contrario, no. (vid. VELASQUEZ V. FERNANDO, “Derecho Penal, Parte General”, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, 2009, págs. 141 y 159). En nuestro país, el delito de lavado de activos es tipificado por primera vez, mediante Decreto Legislativo No. 202-97 (Ley contra el delito de lavado de dinero o activos), que entrara en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial en su edición de fecha 7 de febrero de 1998. Este cuerpo normativo castiga el delito de lavado de activos únicamente cuando el objeto de éste recae sobre bienes procedentes, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Posteriormente, y en sintonía con la tendencia internacional de ampliar el catálogo de delitos previos, -en tanto que también son susceptibles de generar ingentes cantidades de dinero otras actividades criminales cuya introducción en los cauces económicos legales pueden llegar a lesionar los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de lavado de activos-; es como mediante Decreto Legislativo No. 45-2002 del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), y que entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial , en su edición de fecha 15 de mayo de 2002, los bienes objeto de esa infracción penal, al tenor de lo establecido en sus artículo 3 y 4 pueden provenir directa o indirectamente, no solamente del delito de tráfico de drogas, sino también, del “…tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”.Al margen de la redacción poco afortunada de los preceptos antes citados, esta Sala entiende que con la vigente Ley contra el Delito de Lavado de Activos, pueden ser objeto idóneo de este delito, los bienes que tienen origen en cualquier infracción penal, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece en principio un catalogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, luego se extiende a los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre “bienes que no tengan causa o justificación económica legal”, por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes procedentes de cualquier actividad delictiva, estos pueden ser objeto idóneo de un posterior delito de lavado o blanqueo. En el presente caso, considera que no se ha infringido el artículo 95 de de , en tanto que con la entrada en vigor de de Lavado de Activos el 5 de junio del 2002, la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, continúo en la realización de actos constitutivos del delito de venta de lotería clandestina, de conformidad al Art. 261 del Código Penal. De este modo y a pesar de ello, la acusada no se vio intimidada o amenazada por el efecto de prevención general de la ley penal, para abstenerse de continuar realizando actos constitutivos de dicho delito, actividades altamente lucrativas que le han generado dinero y otros bienes sobre los que ha realizado acciones de posesión e introducción en los cauces económico legales, como ser entre otros, su distribución y depósito en varias cuentas bancarias, e inversión en bienes inmuebles y vehículos automotores con la finalidad de borrar el rastro de su origen delictivo. Es cierto que los bienes generados con la venta de lotería clandestina antes del 28 de febrero de 1998 que es la fecha de entrada en vigor de la primera ley antiblanqueo, hasta el 4 de junio de 2002, en que resultara derogada por la normativa vigente, no han podido ni pueden ser objeto idóneo de un delito de lavado, ya que antes del 28 de febrero de 1998, el tipo penal de lavado no estaba previsto en nuestra legislación, y por ende tales conductas eran atípicas, en tanto que a partir de esa fecha, hasta el 4 de junio de 2002 que rigió el Decreto Legislativo No. 202-97, solamente se castigaba el blanqueo o lavado de activos procedentes de delitos relacionados con el tráfico de drogas. De ahí que aplicar la actual ley de lavado de activos (Decreto Legislativo No. 45-2002) que sanciona tal conducta cualquiera que sea el delito previo o subyacente de los que provienen los bienes objeto de reciclaje, a los actos realizados sobre activos generados por la venta de lotería clandestina, antes del 5 de junio de 2002, comportaría la aplicación retroactiva de aquella ley penal en perjuicio de la acusada. Sin embargo, tal y como ya lo apuntábamos líneas arriba, la actividad ilícita realizada por la acusada, consistente en la venta continuada de lotería en forma clandestina, y con ello la generación de bienes susceptibles de ser reciclados o blanqueados no cesó a partir de de la entrada en vigencia de de Lavado de Activos (5 de junio de 2002), contenida en el Decreto Legislativo 45-2002, lo que da lugar a la aplicación del Art. 3 de dicha ley penal especial. No se trata pues de una aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio de la acusada, sino de la aplicación de la ley de lavado de activos vigente a hechos ocurridos bajo su imperio. Por lo expuesto, se entiende, por una parte, que la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, no ha logrado acreditar en juicio el origen ilícito de los activos incautados y que por otra parte, el Ministerio Público ha logrado probar, la relación directa del origen de los activos incautados a la acusada, con la actividad permanente y continuada de venta ilegal de Lotería Clandestina. Dicho esto resulta pertinente pronunciarnos sobre el destino de aquellos bienes generados por la venta de lotería clandestina, antes de la entrada en vigor de la ley contra el delito de lavado de activos actual, es decir antes del 5 de junio de 2002. Al respecto es necesario recordar, que el delito de venta de lotería clandestina, tipificado en el artículo 261 del Código Penal, además de contemplar una pena privativa de libertad y una multa, también prevé la pena de comiso, misma que recae sobre el dinero y los demás efectos que tienen origen en esa actividad ilícita (vid. Artículos 55 y 262 del Código Penal). Siendo que en nuestro código penal el comiso tiene la naturaleza de una pena (vid. Art.38 párrafo tercero del Código Penal), es necesario como conditio sine qua non para su imposición, que el sujeto haya sido enjuiciado y condenado por la comisión de un hecho típico y antijurídico. Teniendo en cuenta que la pena máxima de reclusión prevista para la infracción en examen es de 4 años, el término de prescripción para la persecución de dicho delito, es de 6 años, de ahí que habiéndose presentado requerimiento fiscal contra la imputada el día 17 de noviembre de 2003, por la comisión del delito de venta de lotería clandestina y formalizada la acusación por el ente acusador por esa figura para la que pidió la sanción mínima de dos años de reclusión, por lo que ésta Sala en virtud del principio acusatorio y de la no reformatio in peius no puede imponer una pena dentro de un marco penal abstracto más amplio, resulta que aquellos bienes procedentes de esa actividad criminal que no hayan sido objeto del delito de lavado de activos, por las razones antes apuntadas, caerán en comiso, siempre y cuando que los mismos se hayan generado a partir del 17 de noviembre de 1997, pues antes de esa fecha las acciones de venta de lotería clandestina que hubiere realizado la procesada han prescrito, de ahí que extinguida la responsabilidad penal por esa causa, no cabe la aplicación de la pena antes mencionada. Por todas las razones anteriormente expuestas, el primer motivo invocado por el recurrente, debe ser estimado parcialmente por infracción de los artículos 95 y 96 de de , en cuanto a que los bienes generados antes del 17 de noviembre de 1997 no podrán ser afectados por el comiso decretado, procediendo en consecuencia su devolución; por otro lado, en aras de evitar situaciones de inseguridad jurídica en el manejo de los bienes incautados, consideramos pertinente señalar que el destino de los bienes generados a partir de la entrada en vigor del Decreto Legislativo No. 45-2002 (5 de junio de 2002) será decidido por de Administración de Bienes Incautados (0ABI) al tenor de lo establecido en el artículo 23 del referido Decreto. Los que se hubieren generado entre el 17 de noviembre de 1997 al 4 de junio de 2002, caerán en comiso, pero deberá ponerlos a disposición del Juez de Ejecución, a los efectos de que en ejecución de dicha pena el dinero líquido como también el producto de la venta en pública subasta de los demás bienes, sea destinado para fines de interés social o colectivo. A este respecto es importante señalar, que a diferencia de la regulación genérica del comiso en el artículo 159 párrafo último reformado del derogado Código de Procedimientos Penales, -donde se establecía que finalizado el proceso penal y cuando la sentencia definitiva impusiera la pena de comiso, debía procederse a la venta de los bienes muebles e inmuebles mediante pública subasta o a su donación a organismos e instituciones del Estado, de conformidad a las disposiciones dictadas por de Justicia-, el Código Penal Procesal en vigencia, no contiene una disposición análoga; por lo que en atención a lo que prescriben los artículos 321 de de y 60 párrafos primero y tercero del Código Procesal Penal en cuanto a que será competencia de los Jueces de Ejecución la ejecución de las sentencias, como velar también por que se cumplan las finalidades de la pena, será este funcionario judicial quien decida sobre el destino de los bienes en comiso procedentes del delito de venta de lotería clandestina
Legislación citada
- Ley contra el delito de lavado de activos, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 261 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 99 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL FUNDADO EN ARTICULO 95 DE , RELATIVO A QUE NINGUNA PERSONA SERA SANCIONADA CON PENAS NO ESTABLECIDAS PREVIAMENTE EN el recurrente que el A Quo ha incurrido en infracción del Articulo 95 de de , que dispone que “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley”, en relación al Articulo 9 de Sobre Derechos Humanos, que dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho aplicable”, a su vez con relación al Articulo 1 del Código Penal que establece: “Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito”. Asume el recurrente que el juzgador de instancia al dictar la sentencia recurrida ha violentado el principio de legalidad. Reprocha que se practicó requisa como producto de un allanamiento, en una casa de la imputada, sin embargo, en juicio oral y público, fue decretada su nulidad e ilegalidad, por estimar el A Quo que se practicó con violación de derechos y garantías constitucionales, siendo declarados todos los objetos en ella requisados, prueba prohibida e ilícita. Asume el recurrente que a pesar de lo expuesto, el Juzgador de instancia ha dictado sentencia condenatoria contra la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, haciendo uso de prueba derivada directa e indirectamente de ese allanamiento ilegal practicado con violación de Garantías Constitucionales. Manifiesta el recurrente que el Juzgador de instancia dicta un fallo contradictorio y arbitrario, al utilizar prueba espuria para enervar el estado de inocencia de la acusada. Centra su reproche asimismo, en que el Juzgador condena a la acusada por comisión de hechos para los que al momento de su perpetración no existía una ley penal que los sancionase, y se sometió a juicio a la acusada a pesar que la defensa, reclamó con certificaciones registrales y fotocopias de libretas de ahorro, donde se especifica que dichos activos habían sido obtenidos antes de la entrada en vigor de el Delito de Lavado de Activos (Decreto Número 45- 2002, emitido por el Congreso Nacional, el 5 de marzo del 2002, publicado en el Diario Oficial "", el l5 de mayo del 2002, en su número 29,781). Agrega que el Artículo 3 de La ley de Lavado de activos no le es aplicable a la acusada, de acuerdo al Articulo 95 de , ya que la tipicidad supone el poseer activos, depósitos de numerario o dinero en cuentas bancarias, "sin justificación económica legal de su procedencia", pero alude a que esta disposición no debía afectar a la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, cuyo patrimonio fue formado o estaba en posesión, antes de la vigencia del artículo 3 párrafo in fine, del Decreto Número 45-2002, aprobado e1 5 de marzo del 2002, que contiene la "LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS", Esta Sala de lo Penal, antes que todo considera pertinente referirse a los argumentos esgrimidos por en torno al supuesto carácter ilícito de la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, derivada del allanamiento practicado en la vivienda de la acusada. El artículo 200 del Código Procesal Penal establece que “…carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en de y en los convenios internacionales relativos a la derechos humanos de los que Honduras forma parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos…”.De la disposición legal antes citada se desprende, que cuando el origen de la ilicitud de la prueba se encuentra en la violación de un derecho fundamental, tal prueba carece de validez en el proceso y los Tribunales habrán de considerarla inexistente al momento de construir la base fáctica de la sentencia. Sin embargo es importante recordar que los efectos reflejos de la prueba ilícita se producirán en primer lugar cuando exista una relación de causalidad directa e inmediata entre la ilicitud en la obtención de la prueba y el resultado logrado posteriormente a dicha ilicitud, y en segundo lugar, ante la imposibilidad de su obtención por otros medios legales; de tal manera, que esos efectos no entran en juego cuando el resultado logrado hubiese sido obtenido igualmente por otras vías, por tal razón es que éste segundo requisito comporta la necesidad de efectuar juicios hipotéticos acerca de la probabilidad de acceder a los datos logrados por medios legítimos; dicho en otros términos, el alcance anulatorio de la prueba ilícita a que alude el artículo 200 del Código Procesal Penal se extiende tan sólo a las obtenidas con infracción de los derechos y libertades fundamentales, siendo igualmente nulos los elementos probatorios conseguidos a través de una prueba ilícita, siempre que la relación de causalidad o dependencia sea palmaria, y exista imposibilidad de su obtención por otros medios legales, motivo por el cual los efectos reflejos no entran en juego, cuando el resultado logrado se hubiera obtenido por otras vías distintas a la utilizada (vid. ESTRELLA RUIZ, MANUEL, en “Valoración de de Inocencia.- Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano, Tegucigalpa, 2001, págs. 55-57). En el caso bajo examen, el Tribunal Sentenciador declaró la nulidad de la diligencia de allanamiento practicada en la vivienda de la imputada y con ello la ineficacia probatoria de las evidencias encontradas en su interior, aduciendo fundamentalmente que al no concurrir el consentimiento del morador, ni tampoco una situación de urgencia, se debió recabar previamente la autorización del órgano judicial competente, de ahí que al no hacerlo se vulneró el contenido del artículo 99 de de y con ello el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio. No obstante lo anterior, esta Sala comparte el criterio de que aún con la supresión hipotética de los resultados obtenidos en el allanamiento declarado nulo, otros elementos probatorios independientes al hallazgo de evidencias en el interior de la vivienda habitada por la acusada, permiten cimentar el sustrato fáctico de la sentencia recurrida en casación. Esta Sala estima que la prueba de cargo acumulada en el juicio y valorada por el tribunal de instancia para formar su convicción, no está vinculada directamente a la obtenida en el allanamiento declarado ilegal, sino en una fuente independiente, derivada de la prueba documental, aportada inclusive por la misma defensa como son las constancias mediante las cuales se acredita que la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, es titular de varias cuentas de ahorro en diferentes instituciones bancarias del país y con ello titular de depósitos cifrados en varios millones de lempiras, (vid. Folio No. 136 vuelto, 137,193-200 del Tomo I) y del resto de prueba de cargo legalmente incorporada al juicio, derivada de las actividades desarrolladas por de Información Financiera (UIF), dependiente a de Bancos y Seguros, entidad especializada encargada de la recepción, análisis y consolidación de información técnica requerida para la investigación del delito de Lavado de Activos, organismo de carácter público que previo al allanamiento practicado había obtenido datos sobre operaciones atípicas realizadas por la procesada en el sistema financiero nacional, detectadas en el movimiento inusual observado en varias cuentas de ahorro abiertas a su nombre (vid. Folios No. 515-517, 520-640 del Tomo III), además de las declaraciones rendidas bajo las formalidades y garantías de la prueba anticipada por los testigos ANGELICA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ (vid. Folios No. 19-20, 21-22 del Tomo I), interceptadas por las autoridades policiales fuera de la vivienda allanada, que confirman de manera puntual y concreta la actividad de venta de lotería clandestina que la señora ANGELA PLATERO JUAREZ venía realizando previo a su procesamiento. De este modo podemos concluir, que aún y cuando suprimiéramos hipotéticamente la diligencia de allanamiento practicada en la vivienda de la imputada y como consecuencia de ello la eficacia probatoria de las evidencias encontradas en su interior, la línea de investigación abierta por las autoridades del Ministerio Público antes de la práctica de la referida diligencia, en virtud de la información proporcionada por de Información Financiera (UIF) nos permiten afirmar más allá de toda duda razonable, que la hipótesis acusatoria formulada contra la encausada ANGELA PLATERO JUAREZ siempre se habría confirmado. El recurrente alega que en el caso de mérito se ha infringido el artículo 95 de de , donde se establece que ninguna persona será sancionada con penas no establecidas en la ley, así como también lo que en el mismo sentido expresa el artículo 1 del Código Penal, donde se prevé que nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración del delito. Al tenor de lo prescrito por las disposiciones antes mencionadas podemos afirmar que como la ley penal rige para el futuro no puede aplicarse a hechos perpetrados con anterioridad de su entrada en vigor a no ser que se trate de favorecer al reo (vid. Arts. 96 de y 9 del Código Penal); está en otros términos prohibido, aplicar retroactivamente la ley penal, salvo que lo fuere en beneficio del imputado. Una de las garantías sustantivas emanadas del principio de legalidad es la que tiene que ver con el carácter previo de la ley. La prohibición de extraactividad de la ley penal se funda en el hecho de que ésta siempre se dicta para el futuro, obra en el tiempo en el cual nace, cobra vida y se extingue; por ello, no puede aplicarse a hechos acontecidos con anterioridad a su vigencia (retroactividad), ni puede extenderse más allá de su extinción (ultraactividad). En otras palabras, la ley rige desde el tiempo de su promulgación hasta su derogatoria o extinción, salvo disposición en contrario. Se trata, a no dudarlo, de una garantía más para el ciudadano, dado que se le prohíbe al legislador la creación de un derecho penal retroactivo o ultraactivo, y al juez su aplicación, de allí que el administrador de justicia solo pueda atribuir la trasgresión de un tipo penal determinado e imponer una consecuencia jurídica, cuando ellos estuviesen previstos al momento del acto, de lo contrario, no. (vid. VELASQUEZ V. FERNANDO, “Derecho Penal, Parte General”, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, 2009, págs. 141 y 159). En nuestro país, el delito de lavado de activos es tipificado por primera vez, mediante Decreto Legislativo No. 202-97 (Ley contra el delito de lavado de dinero o activos), que entrara en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial en su edición de fecha 7 de febrero de 1998. Este cuerpo normativo castiga el delito de lavado de activos únicamente cuando el objeto de éste recae sobre bienes procedentes, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Posteriormente, y en sintonía con la tendencia internacional de ampliar el catálogo de delitos previos, -en tanto que también son susceptibles de generar ingentes cantidades de dinero otras actividades criminales cuya introducción en los cauces económicos legales pueden llegar a lesionar los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de lavado de activos-; es como mediante Decreto Legislativo No. 45-2002 del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), y que entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial , en su edición de fecha 15 de mayo de 2002, los bienes objeto de esa infracción penal, al tenor de lo establecido en sus artículo 3 y 4 pueden provenir directa o indirectamente, no solamente del delito de tráfico de drogas, sino también, del “…tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”.Al margen de la redacción poco afortunada de los preceptos antes citados, esta Sala entiende que con la vigente Ley contra el Delito de Lavado de Activos, pueden ser objeto idóneo de este delito, los bienes que tienen origen en cualquier infracción penal, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece en principio un catalogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, luego se extiende a los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre “bienes que no tengan causa o justificación económica legal”, por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes procedentes de cualquier actividad delictiva, estos pueden ser objeto idóneo de un posterior delito de lavado o blanqueo. En el presente caso, considera que no se ha infringido el artículo 95 de de , en tanto que con la entrada en vigor de de Lavado de Activos el 5 de junio del 2002, la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, continúo en la realización de actos constitutivos del delito de venta de lotería clandestina, de conformidad al Art. 261 del Código Penal. De este modo y a pesar de ello, la acusada no se vio intimidada o amenazada por el efecto de prevención general de la ley penal, para abstenerse de continuar realizando actos constitutivos de dicho delito, actividades altamente lucrativas que le han generado dinero y otros bienes sobre los que ha realizado acciones de posesión e introducción en los cauces económico legales, como ser entre otros, su distribución y depósito en varias cuentas bancarias, e inversión en bienes inmuebles y vehículos automotores con la finalidad de borrar el rastro de su origen delictivo. Es cierto que los bienes generados con la venta de lotería clandestina antes del 28 de febrero de 1998 que es la fecha de entrada en vigor de la primera ley antiblanqueo, hasta el 4 de junio de 2002, en que resultara derogada por la normativa vigente, no han podido ni pueden ser objeto idóneo de un delito de lavado, ya que antes del 28 de febrero de 1998, el tipo penal de lavado no estaba previsto en nuestra legislación, y por ende tales conductas eran atípicas, en tanto que a partir de esa fecha, hasta el 4 de junio de 2002 que rigió el Decreto Legislativo No. 202-97, solamente se castigaba el blanqueo o lavado de activos procedentes de delitos relacionados con el tráfico de drogas. De ahí que aplicar la actual ley de lavado de activos (Decreto Legislativo No. 45-2002) que sanciona tal conducta cualquiera que sea el delito previo o subyacente de los que provienen los bienes objeto de reciclaje, a los actos realizados sobre activos generados por la venta de lotería clandestina, antes del 5 de junio de 2002, comportaría la aplicación retroactiva de aquella ley penal en perjuicio de la acusada. Sin embargo, tal y como ya lo apuntábamos líneas arriba, la actividad ilícita realizada por la acusada, consistente en la venta continuada de lotería en forma clandestina, y con ello la generación de bienes susceptibles de ser reciclados o blanqueados no cesó a partir de de la entrada en vigencia de de Lavado de Activos (5 de junio de 2002), contenida en el Decreto Legislativo 45-2002, lo que da lugar a la aplicación del Art. 3 de dicha ley penal especial. No se trata pues de una aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio de la acusada, sino de la aplicación de la ley de lavado de activos vigente a hechos ocurridos bajo su imperio. Por lo expuesto, se entiende, por una parte, que la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, no ha logrado acreditar en juicio el origen ilícito de los activos incautados y que por otra parte, el Ministerio Público ha logrado probar, la relación directa del origen de los activos incautados a la acusada, con la actividad permanente y continuada de venta ilegal de Lotería Clandestina. Dicho esto resulta pertinente pronunciarnos sobre el destino de aquellos bienes generados por la venta de lotería clandestina, antes de la entrada en vigor de la ley contra el delito de lavado de activos actual, es decir antes del 5 de junio de 2002. Al respecto es necesario recordar, que el delito de venta de lotería clandestina, tipificado en el artículo 261 del Código Penal, además de contemplar una pena privativa de libertad y una multa, también prevé la pena de comiso, misma que recae sobre el dinero y los demás efectos que tienen origen en esa actividad ilícita (vid. Artículos 55 y 262 del Código Penal). Siendo que en nuestro código penal el comiso tiene la naturaleza de una pena (vid. Art.38 párrafo tercero del Código Penal), es necesario como conditio sine qua non para su imposición, que el sujeto haya sido enjuiciado y condenado por la comisión de un hecho típico y antijurídico. Teniendo en cuenta que la pena máxima de reclusión prevista para la infracción en examen es de 4 años, el término de prescripción para la persecución de dicho delito, es de 6 años, de ahí que habiéndose presentado requerimiento fiscal contra la imputada el día 17 de noviembre de 2003, por la comisión del delito de venta de lotería clandestina y formalizada la acusación por el ente acusador por esa figura para la que pidió la sanción mínima de dos años de reclusión, por lo que ésta Sala en virtud del principio acusatorio y de la no reformatio in peius no puede imponer una pena dentro de un marco penal abstracto más amplio, resulta que aquellos bienes procedentes de esa actividad criminal que no hayan sido objeto del delito de lavado de activos, por las razones antes apuntadas, caerán en comiso, siempre y cuando que los mismos se hayan generado a partir del 17 de noviembre de 1997, pues antes de esa fecha las acciones de venta de lotería clandestina que hubiere realizado la procesada han prescrito, de ahí que extinguida la responsabilidad penal por esa causa, no cabe la aplicación de la pena antes mencionada. Por todas las razones anteriormente expuestas, el primer motivo invocado por el recurrente, debe ser estimado parcialmente por infracción de los artículos 95 y 96 de de , en cuanto a que los bienes generados antes del 17 de noviembre de 1997 no podrán ser afectados por el comiso decretado, procediendo en consecuencia su devolución; por otro lado, en aras de evitar situaciones de inseguridad jurídica en el manejo de los bienes incautados, consideramos pertinente señalar que el destino de los bienes generados a partir de la entrada en vigor del Decreto Legislativo No. 45-2002 (5 de junio de 2002) será decidido por de Administración de Bienes Incautados (0ABI) al tenor de lo establecido en el artículo 23 del referido Decreto. Los que se hubieren generado entre el 17 de noviembre de 1997 al 4 de junio de 2002, caerán en comiso, pero deberá ponerlos a disposición del Juez de Ejecución, a los efectos de que en ejecución de dicha pena el dinero líquido como también el producto de la venta en pública subasta de los demás bienes, sea destinado para fines de interés social o colectivo. A este respecto es importante señalar, que a diferencia de la regulación genérica del comiso en el artículo 159 párrafo último reformado del derogado Código de Procedimientos Penales, -donde se establecía que finalizado el proceso penal y cuando la sentencia definitiva impusiera la pena de comiso, debía procederse a la venta de los bienes muebles e inmuebles mediante pública subasta o a su donación a organismos e instituciones del Estado, de conformidad a las disposiciones dictadas por de Justicia-, el Código Penal Procesal en vigencia, no contiene una disposición análoga; por lo que en atención a lo que prescriben los artículos 321 de de y 60 párrafos primero y tercero del Código Procesal Penal en cuanto a que será competencia de los Jueces de Ejecución la ejecución de las sentencias, como velar también por que se cumplan las finalidades de la pena, será este funcionario judicial quien decida sobre el destino de los bienes en comiso procedentes del delito de venta de lotería clandestina
Legislación citada
- Ley contra el delito de lavado de activos, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 261 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 99 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
. Argumenta el recurrente que el Juzgador de instancia condena a la imputada ANGELA PLATERO JUAREZ por el delito de VENTA DE LOTERIA CLANDESTINA Y LAVADO DE ACTIVOS, sin sujetarse a los hechos debidamente acreditados en el Juicio Oral y Publico. Reprocha que la sentencia condenatoria, infringe los artículos 1 y 261 del Código Penal y el articulo 3 de EI Delito De Lavado De Activos, ya que no se subsumen los hechos juzgados en esas figuras delictivas. Refiere que el Juzgador infringe el Artículo 95 de de , relativo a que NINGUNA PERSONA SERA SANCIONADA CON PENAS NO ESTABLECDAS PREVIAMENTE EN , el artículo 9 de Sobre Derechos Humanos, donde se prevé que NADIE PUEDE SER CONDENADO POR ACCIONES U OMISIONES QUE EN EL MOMENTO DE COMETERSE NO FUEREN DELICTIVOS SEGUN EL DERECHO APLICABLE...el Artículo 1 del Código Penal, que establece NADIE PODRA SER PENADO POR INFRACCIONES QUE NO ESTEN DETERMINADAS EN UNA LEY ANTERIOR A UN DELITO. Refiere que el Juzgador aplica indebidamente los artículos 261 del Código Penal y el artículo 3 de el Lavado De Activos, sin prueba alguna, sin determinación del tiempo de aplicación de la ley. Asegura que con el análisis de fechas de obtención de los bienes inmuebles y cuentas bancarias incautados, parte del patrimonio de la acusada, ya existía antes de la entrada en vigor de la ley de Lavado de Activos, lo que pone en evidencia los excesos y desmanes de , al allanar ilegalmente una morada, detener a varias personas y utilizar métodos contra ellas para que declaren en contra de otras bajo promesa de su libertad, con el beneplácito del Poder Judicial. Esta Sala de lo Penal reitera su criterio jurisprudencial en relación a que los hechos declarados probados que forman la base fáctica de la sentencia recurrida son intangibles e inalterables en casación. Ya el Art. 370 párrafo in fine, determina que “…, en ningún caso, podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados…”. Lo anterior, en virtud que el Juzgador de instancia ha tenido la inmediación de los actos del debate de juicio oral y público, sobre la formalización de la acusación, los alegatos de las partes, la evacuación de los medios de prueba y las conclusiones del juicio, de que se ha servido para formar su convicción. En el análisis del presente motivo es oportuno referirse a varias cuestiones que resultan de capital importancia, como son las relativas a la lesividad de la conducta delictiva consistente en la venta de lotería clandestina así como también a la identificación de cuales son los bienes jurídicos protegidos con la tipificación del delito de lavado de activos. Igualmente resulta pertinente referirnos a la cuestión controvertida en la doctrina científica de si el autor del delito previo o subyacente puede ser castigado también por las operaciones de lavado efectuadas sobre los bienes adquiridos y procedentes de aquel, y finalmente la importancia que la prueba indiciaria tiene en la determinación del origen delictivo de los bienes.- Con la lotería clandestina los clientes o jugadores procuran ganancias por medio de la suerte, adquiriendo un derecho (número) con el cual posteriormente, si acertaron el número favorecido, realizan el respectivo cobro y la persona que aporta el capital requerido para ese juego de lotería, obtiene grandes ganancias. Bien puede afirmarse que la lotería clandestina, le resta participación de mercado a debidamente autorizada. En cuanto a la competitividad de la lotería legalmente autorizada, en relación con la lotería clandestina, debe señalarse que esta última no tiene costos administrativos significativos como sí los tiene en su caso, el Patronato Nacional de (gastos de administración, publicidad, impresión, pago de salarios, compra de equipo, compra de papelería), no paga impuestos y hace uso de la infraestructura de los sorteos realizados por el PANI, circunstancias que permiten a los administradores de la lotería ilícita destinar más recursos a sus premios o pagar una mayor comisión a los vendedores de sus loterías y en ocasiones, otorgar beneficios especiales, situación que viene a incentivar la venta de lotería clandestina. De conformidad con el estudio realizado en el año 2003, en un país de nuestro mismo entorno geográfico y cultural como lo es Costa Rica, por la firma “Perspectivas de Desarrollo” para de Protección Social de San José, creada en el año de 1845 y que es una de las instituciones que más contribuye al fortalecimiento del sistema de seguridad social, al derecho a la salud y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que integran los sectores sociales más vulnerables de aquel país, gracias a las utilidades que genera la comercialización, venta y distribución de las loterías, que con carácter monopólico se le ha otorgado para su administración, se deriva que la masa de consumidores para los juegos ilegales es similar a la masa de consumidores que juega las loterías de y que sus volúmenes de venta son similares, lo que repercute negativamente en la obtención de ingresos para la entidad encargada de la venta de lotería legalmente autorizada. Similares circunstancias cabría predicar mutatis mutandis en nuestro país, por lo que el legislador ha considerado que desde un punto de vista político criminal la venta de lotería clandestina constituye una conducta que debe ser sancionada en la vía penal, dando lugar a la creación del tipo previsto en el artículo 261 de nuestro texto punitivo. En cuanto a la determinación del bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, esta es una cuestión que reviste una gran complejidad, dando lugar a que se formulen distintas posturas que van desde considerar que tales comportamientos lesionan o ponen en peligro la salud pública, el tráfico lícito de bienes en el mercado, el orden socioeconómico en su conjunto, la administración de justicia, la libre competencia, la estabilidad y solidez del sistema financiero, hasta una construcción pluriofensiva que resulta de combinar dos o más de esos intereses. Con fundamento en la teoría del mantenimiento aplicada en el ámbito del encubrimiento, algunos autores consideraban que el bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, era la salud pública; sin embargo el ataque y lesión al bien jurídico colectivo salud pública se produce con la realización del tráfico de drogas o cualquier otra conducta típica comprendida en el Consumo y Tráfico Ilícito de Drogas, sin que el aprovechamiento obtenido incida en el aumento o mantenimiento de las condiciones sanitarias. Por tal razón se considera que el lavado de activos es una figura autónoma que protege intereses distintos a los del delito de tráfico de drogas del que pudieran proceder los bienes. Las conductas de lavado de activos obstaculizan el funcionamiento de de Justicia dificultando la investigación de los hechos delictivos, y la labor de identificación y comiso de aquellos bienes de origen criminal; no obstante, la afectación de dicho bien jurídico por aquellos comportamientos sólo se produce de manera mediata. Si se hubiese querido proteger de manera inmediata a de Justicia como interés jurídico, hubiese bastado con reformar las figuras del encubrimiento previstas en la legislación penal ya existente. Por otro lado el lavado no supone la mera ocultación de bienes tal y como se concibe en el encubrimiento; al contrario, la adquisición, conversión, y transmisión de efectos, productos o ganancias de origen delictivo con la finalidad de darles una apariencia de legitimidad, supone un proceso dinámico, en el que los bienes no permanecen estáticos. El orden socioeconómico es una categoría sistemática que dada su vaguedad e imprecisión resulta insuficiente para designar en rigor al bien jurídico inmediatamente protegido por el delito de lavado de activos o por cualquier otro delito, siendo necesario determinar cual o cuales de sus parcelas son lesionadas o puestas en peligro por tales comportamientos. Para un sector de la doctrina el bien jurídico protegido es el tráfico lícito de bienes en el mercado como elemento indispensable para su normal funcionamiento y el de la economía en general. Desde tal perspectiva se confunde uno de los objetivos político-criminales que persigue el legislador al tipificar el lavado o blanqueo, con lo que constituye en sí el bien jurídico penalmente tutelado. Es obvio que con la incriminación del lavado de activos se pretende impedir que bienes de origen delictivo se incorporen a los circuitos económicos legales, sin embargo, ello no explica cual es la concreta parcela del orden socioeconómico que se ve lesionada o puesta en peligro por tales comportamientos. Los costes a que está sujeta la obtención de recursos procedentes de actividades delictivas son abrumadoramente inferiores a los exigidos para conseguir fondos lícitos, lo que estimula y favorece la aparición de situaciones de progresiva apropiación del mercado por parte de empresas ilegales que tienden a convertirse en monopolios, expulsando con ello a las dotadas de una menor disponibilidad de medios económicos y sometidas a cargas más elevadas. Con el castigo del lavado de activos se pretende salvaguardar la libre competencia como igualdad de oportunidades que se vería lesionada por la introducción de bienes de origen delictivo en los circuitos económicos legales. Por otro lado la inyección de grandes cantidades de dinero de origen delictivo en las entidades de intermediación financiera puede incidir negativamente en la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema en su conjunto. Las transferencias imprevistas de fondos que suelen caracterizar algunas operaciones de lavado, pueden traer como resultado la volatilidad de los tipos de cambio y de las tasas de interés. Por otra parte, la creación de bases de pasivos inestables y de estructuras de activos poco sólidas, genera grandes riesgos de que se produzcan crisis sistémicas caracterizadas por la inestabilidad y consecuente pérdida de confianza del público. De éste modo el lavado de activos se configura como un delito pluriofensivo, que protege la libre competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, junto con la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero, los intereses y a la vez condiciones para el buen funcionamiento del orden socioeconómico, que se ven inmediatamente protegidos al sancionar penalmente esa figura delictiva. Finalmente, las funciones de de Justicia consistentes en el descubrimiento de los delitos, identificación de sus autores y partícipes y la aplicación de las consecuencias jurídicas de la infracción penal, son los intereses jurídicos mediatamente protegidos por la normativa penal relativa al lavado de activos. En torno al problema de determinar si los intervinientes en el delito previo pueden o no ser sancionados como autores del posterior delito de blanqueo, las opiniones son de lo más dispares. Algunos ordenamientos jurídicos foráneos aclaran esta controvertida cuestión, en la mayoría de las ocasiones para excluir del ámbito de sujetos activos del lavado a los autores y los cómplices del delito previo, este es el caso de países como Alemania, Austria, Italia y Suecia. En sentido contrario, en algunos países el autor o partícipe del delito previo puede también ser castigado por una posterior conducta de blanqueo, como por ejemplo en los Estados Unidos de América y Bélgica. En el Derecho español como en el suizo, el legislador ha guardado absoluto silencio, omitiendo hacer cualquier referencia explícita a la cuestión, de tal manera que ha sido por vía jurisprudencial que se ha venido resolviendo la controversia. Y es que es frecuente como lo demuestra la experiencia, que quien ha sido autor del delito previo sea también quien lleve a cabo los actos de reciclaje de capitales o intervenga de un modo u otro en tales operaciones. Y es que aunque solo sea porque encarga los hechos de blanqueo, en mayor o menor medida, el autor del delito previo intervendrá en alguna forma en este nuevo delito, con lo cual debe analizarse si dicha intervención es típica o no. Para algunos autores la impunidad de los autores y partícipes en el delito previo se fundamenta en que su hecho reúne el carácter de acto posterior copenado. Se produciría así un concurso de leyes entre el hecho previo y el posterior lavado, que se resuelve conforme al principio de consunción. Frente a ese argumento se indica que para que el delito previo constituya un hecho posterior copenado ha de lesionar el mismo bien jurídico que el delito posterior o ha de encontrarse en la misma línea de progresión en el ataque al bien jurídico, identidad de bienes que no concurre en el delito de lavado de activos, en tanto que éste lesiona un bien jurídico propio, distinto del menoscabado por el delito previo, por lo que no puede constituir un hecho copenado. Desde otra perspectiva también se defiende la impunidad del delito posterior cometido por los responsables del hecho previo cuando pretenden eludir la acción de la justicia ejerciendo el privilegio del autoencubrimiento. Su fundamento reside en el principio de no exigibilidad de una conducta distinta a la realizada, en tanto en cuanto que no se puede exigir al delincuente que se descubra. El sujeto, ante la posibilidad de evitar los efectos perjudiciales que pueden derivarse de la acción policial o judicial encubre su delito mediante la ocultación de los bienes que de él ha obtenido. Esta tesis se apoya en derechos fundamentales como el derecho a no declarar contra sí mismo y declararse culpable. No se puede castigar a quien ha cometido un delito por encubrir los bienes derivados del mismo pues ello equivaldría a exigirle una declaración contra sí mismo. En cambio, si se puede sancionar al delincuente que realiza otros delitos distintos para encubrir los bienes, tales como estafas, falsedades documentales, etc. El mero hecho de autoencubrirse desde la perspectiva antes apuntada, da lugar a una situación de inexigibilidad de una conducta diferente, que excluye la culpabilidad del sujeto. Frente a las posiciones que abogan por la impunidad se encuentran aquellas que pugnan por el castigo de quien lava o blanquea bienes procedentes de un delito en el que ha participado. En contra de los argumentos expuestos se dice que los intervinientes en el delito previo que lavan sus ganancias quedan incluidos dentro del radio de acción del tipo de lavado de activos. Se arguye que por ejemplo los grandes capos de la droga lavan los fondos obtenidos y lesionan gravemente el bien jurídico que directamente se trata de proteger con el castigo del lavado de activos: el orden socioeconómico. En este sentido, desde una perspectiva material se hace hincapié de que el delito de lavado se fundamenta sobre la tutela de un objeto jurídico plenamente autónomo del que pueda ser afectado por el delito precedente, entendiendo que el lavado de activos cuando es ejecutado por la misma persona que cometió el delito previo no debe entenderse consumido bajo la responsabilidad que pudiera dimanar del mismo, y que al contrario, el lavado merece ser castigado sin que esa identidad subjetiva repercuta en absoluto, máxime sí se aprecia que su gravedad puede ser superior a la correspondiente a la acción ilícita anterior. de Viena de la que Honduras es suscriptor, no se pronuncia a favor de la exclusión de la responsabilidad del autor previo. de Naciones Unidas para Combatir Transnacional, en su artículo 6, cuando penaliza el lavado del producto del delito, dispone en su apartado 2, que “sí así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido previamente el delito determinante…”. El Reglamento Modelo CICAD OEA aprobado por de en 1992, señala en su artículo 2.6 que los delitos de lavado se consideran delitos autónomos respecto de los delitos que proceden los bienes. Siendo el lavado un delito autónomo, puede deducirse que la intención de los redactores es que se pueda castigar por el delito de lavado, al ser independiente, también a los responsables del delito previo (vid. BLANCO CORDERO, ISIDORO, en AAVV “Programa de Capacitación para Jueces y Fiscales en Lavado de Activos”, OAS/OEA/CICAD, Corte Suprema de Justicia, pág. 146). En opinión de esta Sala, el legislador hondureño ha optado por la solución de castigar a quienes lavan bienes procedentes de aquellos delitos en los que han intervenido previamente. Primero: porque a pesar de que un instrumentos jurídico internacional como de Naciones Unidas para Combatir Transnacional permite que cada Estado pueda decidir libremente que las figuras de lavado no se apliquen a quienes hayan cometido previamente el delito determinante, el Estado de Honduras no lo ha hecho. Segundo: Porque de Viena, no dice nada al respecto, lo cual puede entenderse en el sentido de que cada país puede optar por castigar o no al autor que lava o recicla bienes procedentes del delito en el que ha intervenido anteriormente, y tercero: en tanto en cuanto que el tenor del artículo 6 párrafo segundo de nuestra Ley contra el Delito de Lavado de Activos, “las sanciones impuestas en esta ley serán aplicables también cuando su comisión esté vinculada con otras actividades ilícitas, en cuyo caso al culpable se le impondrán las penas correspondientes a las distintas infracciones…”. Finalmente es importante referirnos a la importancia de la prueba indiciaria en la determinación del origen ilícito de los bienes, y del conocimiento de ese dato por el autor en la configuración del delito de lavado de activos. La prueba de indicios identificada también como prueba indirecta, circunstancial, conjetural o de presunciones, que mediante la demostración de los mismos también llamados “hechos base”- permite deducir la ejecución del hecho delictivo y/o la participación en el mismo – el “hecho consecuencia”- siempre que exista un enlace preciso y directo entre aquéllos y éste. La debida utilización de la prueba indiciaria está sujeta, pues, a las siguientes condiciones: 1) Los indicios deben ser plurales (muy excepcionalmente puede bastar uno sólo siempre que revista una singular importancia), 2) Deben estar acreditados mediante prueba directa, 3) Deben estar estrechamente relacionados entre sí, 4) Deben ser concomitantes o, dicho de otro modo, unívocamente incriminatorios, y 5) Que entre los indicios y el hecho necesitado de prueba debe existir un enlace preciso y directo conforme a las reglas de la lógica, de la experiencia y del criterio humano. La determinación de la procedencia criminal de los bienes que son objeto de los actos típicos de lavado, no requerirá otras exigencias que la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo genérico, que permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes. Como elementos indiciarios de interés, será necesario valorar para demostrar el conocimiento ilícito, entre otros muchos, datos tales como la utilización de identidades supuestas, la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, la utilización de testaferros sin disponibilidad económica real sobre los bienes, la vinculación con sociedades ficticias carentes de actividad económica alguna, muy especialmente si radican en países conceptuados como paraísos fiscales, la realización de alteraciones documentales, el fraccionamiento de ingresos en los depósitos bancarios para disimular su cuantía, la disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin origen conocido, la simulación de negocios u operaciones comerciales que no responden a la realidad, la percepción de elevadas comisiones por los intermediarios y en definitiva cualesquiera otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales actos que sean susceptibles de ser calificadas como irregulares o atípicas desde una perspectiva financiera o mercantil y que no vienen sino a indicar en el fondo la clara intención o voluntad de ocultar o encubrir los bienes o productos del delito. En conclusión, la construcción del tipo penal de lavado de activos se consagra sobre tres pilares o elementos, manifiestamente reveladores de la importancia y trascendencia de la prueba de indicios: 1)Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas, 2) Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales, y 3) Vinculación con actividades delictivas. En el presente caso, los hechos declarados probados se ajustan perfectamente a los tipos penales contenidos en los Artículos 261 del Código Penal y el Artículo 3 de contra el Lavado de Activos. Se ha probado que la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, logró acumular un patrimonio de gran importancia, conformado fundamentalmente por ahorros millonarios, repartidos en varias cuentas bancarias abiertas en su nombre, varios inmuebles y vehículos de lujo, sin que se haya demostrado que tales bienes proceden de la realización de actividades comerciales, por haberlos adquirido en herencia o legado, como resultado de haber obtenido algún premio en la lotería, ni como producto de cualquier otra actividad lícita, sino más bien se desprende de manera racional y más allá de toda duda razonable, que tal masa de bienes tiene su origen o se deriva de la actividad delictiva cometida sistemáticamente por la imputada al dedicarse a la venta en gran escala de lotería clandestina. Es así como en base a las pruebas de cargo aportadas al proceso, la encausada ha sido penada por los delitos determinados en el artículo 261 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Venta de Lotería Clandestina, y por el delito de Lavado de Activos, tipificado y sancionado en el artículo 3 de dicha ley penal especial, ambas infracciones en perjuicio de del Estado de Honduras. La acumulación de grandes cantidades en metálico puede llamar su atención en relación con su procedencia ilícita, aparte de los riesgos de los peligros de robo, hurto o incluso de embargo. Todo ello obliga a los delincuentes a desplazar físicamente grandes cantidades fuera del lugar de obtención con destino a otros donde sea más fácil encubrir el origen delictivo, en orden a su posterior sustitución. Las formas en que la colocación de bienes puede llevarse a cabo son ilimitadas, siendo una de las más frecuentemente utilizadas, el depósito del efectivo en entidades financieras, adquisición de instrumentos monetarios, transferencias de una cuenta a otra, etc…No cabe duda para esta Sala que parte del dinero obtenido por la venta sistemática de lotería clandestina, efectuada durante varios años por la imputada, ha sido poseído y al mismo tiempo depositado por la encausada en diversas instituciones del sistema financiero nacional, con el evidente propósito de borrar su rastro delictivo y disponer de el para el mantenimiento del ilícito negocio al que se dedicaba, y para la conversión del mismo en otros bienes, particularmente a través de su inversión en inmuebles y vehículos automotores, poniendo así en precario los bienes jurídicos protegidos directa e indirectamente por el tipo penal de lavado de activos. De ahí que por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo invocado por el recurrente, debe ser desestimado
Legislación citada
- Código Penal, art. 261 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
. Argumenta el recurrente que el Juzgador de instancia condena a la imputada ANGELA PLATERO JUAREZ por el delito de VENTA DE LOTERIA CLANDESTINA Y LAVADO DE ACTIVOS, sin sujetarse a los hechos debidamente acreditados en el Juicio Oral y Publico. Reprocha que la sentencia condenatoria, infringe los artículos 1 y 261 del Código Penal y el articulo 3 de EI Delito De Lavado De Activos, ya que no se subsumen los hechos juzgados en esas figuras delictivas. Refiere que el Juzgador infringe el Artículo 95 de de , relativo a que NINGUNA PERSONA SERA SANCIONADA CON PENAS NO ESTABLECDAS PREVIAMENTE EN , el artículo 9 de Sobre Derechos Humanos, donde se prevé que NADIE PUEDE SER CONDENADO POR ACCIONES U OMISIONES QUE EN EL MOMENTO DE COMETERSE NO FUEREN DELICTIVOS SEGUN EL DERECHO APLICABLE...el Artículo 1 del Código Penal, que establece NADIE PODRA SER PENADO POR INFRACCIONES QUE NO ESTEN DETERMINADAS EN UNA LEY ANTERIOR A UN DELITO. Refiere que el Juzgador aplica indebidamente los artículos 261 del Código Penal y el artículo 3 de el Lavado De Activos, sin prueba alguna, sin determinación del tiempo de aplicación de la ley. Asegura que con el análisis de fechas de obtención de los bienes inmuebles y cuentas bancarias incautados, parte del patrimonio de la acusada, ya existía antes de la entrada en vigor de la ley de Lavado de Activos, lo que pone en evidencia los excesos y desmanes de , al allanar ilegalmente una morada, detener a varias personas y utilizar métodos contra ellas para que declaren en contra de otras bajo promesa de su libertad, con el beneplácito del Poder Judicial. Esta Sala de lo Penal reitera su criterio jurisprudencial en relación a que los hechos declarados probados que forman la base fáctica de la sentencia recurrida son intangibles e inalterables en casación. Ya el Art. 370 párrafo in fine, determina que “…, en ningún caso, podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados…”. Lo anterior, en virtud que el Juzgador de instancia ha tenido la inmediación de los actos del debate de juicio oral y público, sobre la formalización de la acusación, los alegatos de las partes, la evacuación de los medios de prueba y las conclusiones del juicio, de que se ha servido para formar su convicción. En el análisis del presente motivo es oportuno referirse a varias cuestiones que resultan de capital importancia, como son las relativas a la lesividad de la conducta delictiva consistente en la venta de lotería clandestina así como también a la identificación de cuales son los bienes jurídicos protegidos con la tipificación del delito de lavado de activos. Igualmente resulta pertinente referirnos a la cuestión controvertida en la doctrina científica de si el autor del delito previo o subyacente puede ser castigado también por las operaciones de lavado efectuadas sobre los bienes adquiridos y procedentes de aquel, y finalmente la importancia que la prueba indiciaria tiene en la determinación del origen delictivo de los bienes.- Con la lotería clandestina los clientes o jugadores procuran ganancias por medio de la suerte, adquiriendo un derecho (número) con el cual posteriormente, si acertaron el número favorecido, realizan el respectivo cobro y la persona que aporta el capital requerido para ese juego de lotería, obtiene grandes ganancias. Bien puede afirmarse que la lotería clandestina, le resta participación de mercado a debidamente autorizada. En cuanto a la competitividad de la lotería legalmente autorizada, en relación con la lotería clandestina, debe señalarse que esta última no tiene costos administrativos significativos como sí los tiene en su caso, el Patronato Nacional de (gastos de administración, publicidad, impresión, pago de salarios, compra de equipo, compra de papelería), no paga impuestos y hace uso de la infraestructura de los sorteos realizados por el PANI, circunstancias que permiten a los administradores de la lotería ilícita destinar más recursos a sus premios o pagar una mayor comisión a los vendedores de sus loterías y en ocasiones, otorgar beneficios especiales, situación que viene a incentivar la venta de lotería clandestina. De conformidad con el estudio realizado en el año 2003, en un país de nuestro mismo entorno geográfico y cultural como lo es Costa Rica, por la firma “Perspectivas de Desarrollo” para de Protección Social de San José, creada en el año de 1845 y que es una de las instituciones que más contribuye al fortalecimiento del sistema de seguridad social, al derecho a la salud y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que integran los sectores sociales más vulnerables de aquel país, gracias a las utilidades que genera la comercialización, venta y distribución de las loterías, que con carácter monopólico se le ha otorgado para su administración, se deriva que la masa de consumidores para los juegos ilegales es similar a la masa de consumidores que juega las loterías de y que sus volúmenes de venta son similares, lo que repercute negativamente en la obtención de ingresos para la entidad encargada de la venta de lotería legalmente autorizada. Similares circunstancias cabría predicar mutatis mutandis en nuestro país, por lo que el legislador ha considerado que desde un punto de vista político criminal la venta de lotería clandestina constituye una conducta que debe ser sancionada en la vía penal, dando lugar a la creación del tipo previsto en el artículo 261 de nuestro texto punitivo. En cuanto a la determinación del bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, esta es una cuestión que reviste una gran complejidad, dando lugar a que se formulen distintas posturas que van desde considerar que tales comportamientos lesionan o ponen en peligro la salud pública, el tráfico lícito de bienes en el mercado, el orden socioeconómico en su conjunto, la administración de justicia, la libre competencia, la estabilidad y solidez del sistema financiero, hasta una construcción pluriofensiva que resulta de combinar dos o más de esos intereses. Con fundamento en la teoría del mantenimiento aplicada en el ámbito del encubrimiento, algunos autores consideraban que el bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, era la salud pública; sin embargo el ataque y lesión al bien jurídico colectivo salud pública se produce con la realización del tráfico de drogas o cualquier otra conducta típica comprendida en el Consumo y Tráfico Ilícito de Drogas, sin que el aprovechamiento obtenido incida en el aumento o mantenimiento de las condiciones sanitarias. Por tal razón se considera que el lavado de activos es una figura autónoma que protege intereses distintos a los del delito de tráfico de drogas del que pudieran proceder los bienes. Las conductas de lavado de activos obstaculizan el funcionamiento de de Justicia dificultando la investigación de los hechos delictivos, y la labor de identificación y comiso de aquellos bienes de origen criminal; no obstante, la afectación de dicho bien jurídico por aquellos comportamientos sólo se produce de manera mediata. Si se hubiese querido proteger de manera inmediata a de Justicia como interés jurídico, hubiese bastado con reformar las figuras del encubrimiento previstas en la legislación penal ya existente. Por otro lado el lavado no supone la mera ocultación de bienes tal y como se concibe en el encubrimiento; al contrario, la adquisición, conversión, y transmisión de efectos, productos o ganancias de origen delictivo con la finalidad de darles una apariencia de legitimidad, supone un proceso dinámico, en el que los bienes no permanecen estáticos. El orden socioeconómico es una categoría sistemática que dada su vaguedad e imprecisión resulta insuficiente para designar en rigor al bien jurídico inmediatamente protegido por el delito de lavado de activos o por cualquier otro delito, siendo necesario determinar cual o cuales de sus parcelas son lesionadas o puestas en peligro por tales comportamientos. Para un sector de la doctrina el bien jurídico protegido es el tráfico lícito de bienes en el mercado como elemento indispensable para su normal funcionamiento y el de la economía en general. Desde tal perspectiva se confunde uno de los objetivos político-criminales que persigue el legislador al tipificar el lavado o blanqueo, con lo que constituye en sí el bien jurídico penalmente tutelado. Es obvio que con la incriminación del lavado de activos se pretende impedir que bienes de origen delictivo se incorporen a los circuitos económicos legales, sin embargo, ello no explica cual es la concreta parcela del orden socioeconómico que se ve lesionada o puesta en peligro por tales comportamientos. Los costes a que está sujeta la obtención de recursos procedentes de actividades delictivas son abrumadoramente inferiores a los exigidos para conseguir fondos lícitos, lo que estimula y favorece la aparición de situaciones de progresiva apropiación del mercado por parte de empresas ilegales que tienden a convertirse en monopolios, expulsando con ello a las dotadas de una menor disponibilidad de medios económicos y sometidas a cargas más elevadas. Con el castigo del lavado de activos se pretende salvaguardar la libre competencia como igualdad de oportunidades que se vería lesionada por la introducción de bienes de origen delictivo en los circuitos económicos legales. Por otro lado la inyección de grandes cantidades de dinero de origen delictivo en las entidades de intermediación financiera puede incidir negativamente en la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema en su conjunto. Las transferencias imprevistas de fondos que suelen caracterizar algunas operaciones de lavado, pueden traer como resultado la volatilidad de los tipos de cambio y de las tasas de interés. Por otra parte, la creación de bases de pasivos inestables y de estructuras de activos poco sólidas, genera grandes riesgos de que se produzcan crisis sistémicas caracterizadas por la inestabilidad y consecuente pérdida de confianza del público. De éste modo el lavado de activos se configura como un delito pluriofensivo, que protege la libre competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, junto con la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero, los intereses y a la vez condiciones para el buen funcionamiento del orden socioeconómico, que se ven inmediatamente protegidos al sancionar penalmente esa figura delictiva. Finalmente, las funciones de de Justicia consistentes en el descubrimiento de los delitos, identificación de sus autores y partícipes y la aplicación de las consecuencias jurídicas de la infracción penal, son los intereses jurídicos mediatamente protegidos por la normativa penal relativa al lavado de activos. En torno al problema de determinar si los intervinientes en el delito previo pueden o no ser sancionados como autores del posterior delito de blanqueo, las opiniones son de lo más dispares. Algunos ordenamientos jurídicos foráneos aclaran esta controvertida cuestión, en la mayoría de las ocasiones para excluir del ámbito de sujetos activos del lavado a los autores y los cómplices del delito previo, este es el caso de países como Alemania, Austria, Italia y Suecia. En sentido contrario, en algunos países el autor o partícipe del delito previo puede también ser castigado por una posterior conducta de blanqueo, como por ejemplo en los Estados Unidos de América y Bélgica. En el Derecho español como en el suizo, el legislador ha guardado absoluto silencio, omitiendo hacer cualquier referencia explícita a la cuestión, de tal manera que ha sido por vía jurisprudencial que se ha venido resolviendo la controversia. Y es que es frecuente como lo demuestra la experiencia, que quien ha sido autor del delito previo sea también quien lleve a cabo los actos de reciclaje de capitales o intervenga de un modo u otro en tales operaciones. Y es que aunque solo sea porque encarga los hechos de blanqueo, en mayor o menor medida, el autor del delito previo intervendrá en alguna forma en este nuevo delito, con lo cual debe analizarse si dicha intervención es típica o no. Para algunos autores la impunidad de los autores y partícipes en el delito previo se fundamenta en que su hecho reúne el carácter de acto posterior copenado. Se produciría así un concurso de leyes entre el hecho previo y el posterior lavado, que se resuelve conforme al principio de consunción. Frente a ese argumento se indica que para que el delito previo constituya un hecho posterior copenado ha de lesionar el mismo bien jurídico que el delito posterior o ha de encontrarse en la misma línea de progresión en el ataque al bien jurídico, identidad de bienes que no concurre en el delito de lavado de activos, en tanto que éste lesiona un bien jurídico propio, distinto del menoscabado por el delito previo, por lo que no puede constituir un hecho copenado. Desde otra perspectiva también se defiende la impunidad del delito posterior cometido por los responsables del hecho previo cuando pretenden eludir la acción de la justicia ejerciendo el privilegio del autoencubrimiento. Su fundamento reside en el principio de no exigibilidad de una conducta distinta a la realizada, en tanto en cuanto que no se puede exigir al delincuente que se descubra. El sujeto, ante la posibilidad de evitar los efectos perjudiciales que pueden derivarse de la acción policial o judicial encubre su delito mediante la ocultación de los bienes que de él ha obtenido. Esta tesis se apoya en derechos fundamentales como el derecho a no declarar contra sí mismo y declararse culpable. No se puede castigar a quien ha cometido un delito por encubrir los bienes derivados del mismo pues ello equivaldría a exigirle una declaración contra sí mismo. En cambio, si se puede sancionar al delincuente que realiza otros delitos distintos para encubrir los bienes, tales como estafas, falsedades documentales, etc. El mero hecho de autoencubrirse desde la perspectiva antes apuntada, da lugar a una situación de inexigibilidad de una conducta diferente, que excluye la culpabilidad del sujeto. Frente a las posiciones que abogan por la impunidad se encuentran aquellas que pugnan por el castigo de quien lava o blanquea bienes procedentes de un delito en el que ha participado. En contra de los argumentos expuestos se dice que los intervinientes en el delito previo que lavan sus ganancias quedan incluidos dentro del radio de acción del tipo de lavado de activos. Se arguye que por ejemplo los grandes capos de la droga lavan los fondos obtenidos y lesionan gravemente el bien jurídico que directamente se trata de proteger con el castigo del lavado de activos: el orden socioeconómico. En este sentido, desde una perspectiva material se hace hincapié de que el delito de lavado se fundamenta sobre la tutela de un objeto jurídico plenamente autónomo del que pueda ser afectado por el delito precedente, entendiendo que el lavado de activos cuando es ejecutado por la misma persona que cometió el delito previo no debe entenderse consumido bajo la responsabilidad que pudiera dimanar del mismo, y que al contrario, el lavado merece ser castigado sin que esa identidad subjetiva repercuta en absoluto, máxime sí se aprecia que su gravedad puede ser superior a la correspondiente a la acción ilícita anterior. de Viena de la que Honduras es suscriptor, no se pronuncia a favor de la exclusión de la responsabilidad del autor previo. de Naciones Unidas para Combatir Transnacional, en su artículo 6, cuando penaliza el lavado del producto del delito, dispone en su apartado 2, que “sí así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido previamente el delito determinante…”. El Reglamento Modelo CICAD OEA aprobado por de en 1992, señala en su artículo 2.6 que los delitos de lavado se consideran delitos autónomos respecto de los delitos que proceden los bienes. Siendo el lavado un delito autónomo, puede deducirse que la intención de los redactores es que se pueda castigar por el delito de lavado, al ser independiente, también a los responsables del delito previo (vid. BLANCO CORDERO, ISIDORO, en AAVV “Programa de Capacitación para Jueces y Fiscales en Lavado de Activos”, OAS/OEA/CICAD, Corte Suprema de Justicia, pág. 146). En opinión de esta Sala, el legislador hondureño ha optado por la solución de castigar a quienes lavan bienes procedentes de aquellos delitos en los que han intervenido previamente. Primero: porque a pesar de que un instrumentos jurídico internacional como de Naciones Unidas para Combatir Transnacional permite que cada Estado pueda decidir libremente que las figuras de lavado no se apliquen a quienes hayan cometido previamente el delito determinante, el Estado de Honduras no lo ha hecho. Segundo: Porque de Viena, no dice nada al respecto, lo cual puede entenderse en el sentido de que cada país puede optar por castigar o no al autor que lava o recicla bienes procedentes del delito en el que ha intervenido anteriormente, y tercero: en tanto en cuanto que el tenor del artículo 6 párrafo segundo de nuestra Ley contra el Delito de Lavado de Activos, “las sanciones impuestas en esta ley serán aplicables también cuando su comisión esté vinculada con otras actividades ilícitas, en cuyo caso al culpable se le impondrán las penas correspondientes a las distintas infracciones…”. Finalmente es importante referirnos a la importancia de la prueba indiciaria en la determinación del origen ilícito de los bienes, y del conocimiento de ese dato por el autor en la configuración del delito de lavado de activos. La prueba de indicios identificada también como prueba indirecta, circunstancial, conjetural o de presunciones, que mediante la demostración de los mismos también llamados “hechos base”- permite deducir la ejecución del hecho delictivo y/o la participación en el mismo – el “hecho consecuencia”- siempre que exista un enlace preciso y directo entre aquéllos y éste. La debida utilización de la prueba indiciaria está sujeta, pues, a las siguientes condiciones: 1) Los indicios deben ser plurales (muy excepcionalmente puede bastar uno sólo siempre que revista una singular importancia), 2) Deben estar acreditados mediante prueba directa, 3) Deben estar estrechamente relacionados entre sí, 4) Deben ser concomitantes o, dicho de otro modo, unívocamente incriminatorios, y 5) Que entre los indicios y el hecho necesitado de prueba debe existir un enlace preciso y directo conforme a las reglas de la lógica, de la experiencia y del criterio humano. La determinación de la procedencia criminal de los bienes que son objeto de los actos típicos de lavado, no requerirá otras exigencias que la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo genérico, que permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes. Como elementos indiciarios de interés, será necesario valorar para demostrar el conocimiento ilícito, entre otros muchos, datos tales como la utilización de identidades supuestas, la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, la utilización de testaferros sin disponibilidad económica real sobre los bienes, la vinculación con sociedades ficticias carentes de actividad económica alguna, muy especialmente si radican en países conceptuados como paraísos fiscales, la realización de alteraciones documentales, el fraccionamiento de ingresos en los depósitos bancarios para disimular su cuantía, la disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin origen conocido, la simulación de negocios u operaciones comerciales que no responden a la realidad, la percepción de elevadas comisiones por los intermediarios y en definitiva cualesquiera otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales actos que sean susceptibles de ser calificadas como irregulares o atípicas desde una perspectiva financiera o mercantil y que no vienen sino a indicar en el fondo la clara intención o voluntad de ocultar o encubrir los bienes o productos del delito. En conclusión, la construcción del tipo penal de lavado de activos se consagra sobre tres pilares o elementos, manifiestamente reveladores de la importancia y trascendencia de la prueba de indicios: 1)Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas, 2) Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales, y 3) Vinculación con actividades delictivas. En el presente caso, los hechos declarados probados se ajustan perfectamente a los tipos penales contenidos en los Artículos 261 del Código Penal y el Artículo 3 de contra el Lavado de Activos. Se ha probado que la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, logró acumular un patrimonio de gran importancia, conformado fundamentalmente por ahorros millonarios, repartidos en varias cuentas bancarias abiertas en su nombre, varios inmuebles y vehículos de lujo, sin que se haya demostrado que tales bienes proceden de la realización de actividades comerciales, por haberlos adquirido en herencia o legado, como resultado de haber obtenido algún premio en la lotería, ni como producto de cualquier otra actividad lícita, sino más bien se desprende de manera racional y más allá de toda duda razonable, que tal masa de bienes tiene su origen o se deriva de la actividad delictiva cometida sistemáticamente por la imputada al dedicarse a la venta en gran escala de lotería clandestina. Es así como en base a las pruebas de cargo aportadas al proceso, la encausada ha sido penada por los delitos determinados en el artículo 261 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Venta de Lotería Clandestina, y por el delito de Lavado de Activos, tipificado y sancionado en el artículo 3 de dicha ley penal especial, ambas infracciones en perjuicio de del Estado de Honduras. La acumulación de grandes cantidades en metálico puede llamar su atención en relación con su procedencia ilícita, aparte de los riesgos de los peligros de robo, hurto o incluso de embargo. Todo ello obliga a los delincuentes a desplazar físicamente grandes cantidades fuera del lugar de obtención con destino a otros donde sea más fácil encubrir el origen delictivo, en orden a su posterior sustitución. Las formas en que la colocación de bienes puede llevarse a cabo son ilimitadas, siendo una de las más frecuentemente utilizadas, el depósito del efectivo en entidades financieras, adquisición de instrumentos monetarios, transferencias de una cuenta a otra, etc…No cabe duda para esta Sala que parte del dinero obtenido por la venta sistemática de lotería clandestina, efectuada durante varios años por la imputada, ha sido poseído y al mismo tiempo depositado por la encausada en diversas instituciones del sistema financiero nacional, con el evidente propósito de borrar su rastro delictivo y disponer de el para el mantenimiento del ilícito negocio al que se dedicaba, y para la conversión del mismo en otros bienes, particularmente a través de su inversión en inmuebles y vehículos automotores, poniendo así en precario los bienes jurídicos protegidos directa e indirectamente por el tipo penal de lavado de activos. De ahí que por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo invocado por el recurrente, debe ser desestimado
Legislación citada
- Ley contra el delito de lavado de activos, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria General de de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil nueve, por medio de de lo Penal, integrada por los señores Magistrados RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que condenó a la señora ANGELA PLATERO JUAREZ a la pena de Dos (2) años de Reclusión y Multa de diez mil lempiras (L 10,000.00) por el delito de VENTA DE LOTERIA CLANDESTINA en perjuicio de del Estado de Honduras, así como a las accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, asimismo condenó a la imputada a la pena de quince (15) años de reclusión por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ESTADO DE HONDURAS, mas las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil.- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado CLOVIS DUARTE PORTILLO, actuando en su condición de apoderado defensor de la señora Ángela Platero Juárez. SON PARTES: El Abogado Clovis Duarte Portillo, Apoderado Defensor de la imputada señora Ángela Platero Juárez, como parte recurrente; y Lizeth Martínez Ponce, Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “A inicios del mes de Noviembre del año Dos Mil Tres, el señor ALVARO AGUILAR FRENZEL quien fungía como Jefe del Departamento Municipal de Justicia, recibió de una denuncia por escrito, en la cual se daba a conocer que en una casa del barrio Las Flores de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, vendían lotería clandestina y procedió a llevar dicha denuncia hasta de Servicios Especiales de Investigación para que se procediera a verificar tal información; como consecuencia de lo anterior en fecha Ocho y Nueve de Noviembre del año Dos Mil Tres, los señores JORGE ANTONIO GOMEZ y ALDO WALDEMARO RODRIGUEZ SIERRA, por orden del Oficial ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES, realizaron diligencias para la localización de la casa en mención, ubicando la misma en el barrio Las Flores, casa blanca de dos pisos, atrás de , observando movimientos de personas que llegaban y entregaban papel y dinero por una rejilla del portón de la casa, constatando el día Nueve de Noviembre en horas de la mañana, que junto a otras personas de sexo femenino contaban dinero en efectivo, el que guardaban en bolsas plásticas color negro; los señores JORGE ANTONIO GOMEZ y ALDO WALDEMARO RODRIGUEZ SIERRA informaron de lo observado a su Superior el Oficial ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES, quien junto a ellos y otros Agentes de de Servicios Especiales de Investigación asignados a Tegucigalpa, en fecha Dieciséis de Noviembre del año Dos Mil Tres, realizaron un operativo policial, en el Barrio las Flores de San Pedro Sula, en cercanías de la casa de habitación de PLATERO, deteniendo a las señoras ANGELICA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ, quienes a esa fecha se dedicaban a la venta de lotería clandestina para la señora ANGELA PLATERO, quien recibía de parte de ellas el dinero obtenido y a cambio obtenían como ganancia el cinco por ciento sobre las ventas realizadas. SEGUNDO: En fecha Veinte de Diciembre del año Dos Mil Dos, por parte del señor CARLOS SALGADO IRIAS, Jefe de Cumplimiento Normativo del Banco Hondureño del Café, se reportó a la señora BELIA MARTINEZ, de de Información Financiera, de de Bancos, Seguros e Instituciones Financieras, que en la cuenta 2701008109, perteneciente a la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, se identificaron como transacciones atípicas, que habiendo sido aperturada la cuenta en el mes de Marzo del año Dos mil Dos, con un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps. 250,000.00) desde su apertura hasta el mes de Diciembre del mismo año (siete meses), había acumulado la cantidad de DOS MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA MIL, SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS con VEINTIOCHO CENTAVOS (Lps. 2,240.735.28), efectuando depósitos en efectivo por montos inferiores a los límites de control establecidos por el Banco Central de Honduras; lo que motivó que se abriera investigación, encontrando en las diferentes instituciones del Sistema Bancario Nacional que existían varias cuentas a favor de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, las que representaban cantidades de dinero que a la fecha Veintiocho de Febrero del Dos Mil Tres, tenían saldos a su favor por DOCE MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL, CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS con CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 12,571.184.58) en total. TERCERO: En fecha Dieciséis de Noviembre del año Dos Mil Tres, por orden judicial se procedió al aseguramiento de las cuentas bancarias de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, las que sumadas tenían un saldo total de TREINTA MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS con SETENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 30,281.424.71) y ocho inmuebles, con un valor aproximado de DIEZ MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS (Lps.10.820.000.00), asegurándose dos vehículos con las siguientes descripciones: 1.- MARCA: TOYOTA, MODELO: L.C. PRADO, TIPO: CAMIONETA LUJO, AÑO: 2004, COLOR; AZUL OBSCURO M.M., PLACA: PBK32963 y 2.- MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-LUXE, TIPO: PICK-UP, AÑO: 2003, COLOR; VERDE OBSCURO MICA, PLACA: PBL7447 marca toyota, una camioneta y un pick up doble cabina, valorados ambos vehículos en UN MILLON, CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS (Lps. 1,197.794.00) de los cuales a través de la investigación no se logró establecer su origen, es decir como la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, logró obtener tantos bienes, de quien su ocupación conocida es haber laborado como operaria en DE CENTRO AMERICA, devengando un sueldo mensual de NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS (Lps. 960.00) mensuales, entre los años Mil Novecientos Setenta y Siete y Mil Novecientos Ochenta y Tres.” CONSIDERANDO I.- Que el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, formalizado por el Abogado CLOVIS DUARTE PORTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Abogado CLOVIS DUARTE PORTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ desarrolló su recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO PRIMERO DE RECURSO DE CASACIÓN INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO DE CASACION. Infracción De Precepto Constitucional: Por haber dictado el Tribunal de Sentencia conformado por los Jueces SELVIN ORLANDO LOPEZ CASTELLANOS, MIRIAN SUYAPA RODRIGUEZ PERDOMO Y CLAUDIA MARIA SOLIS HOFFMANN una sentencia condenatoria abiertamente injusta, desconociendo a sabiendas el ordenamiento penal vigente, profiriendo dicho fallo en arreglo a una petición ilegal de fiscales del Ministerio Público de de Honduras adscritos a de Lucha contra el Crimen Organizado, con la finalidad de expropiar de su patrimonio y privar de la libertad a un ciudadano hondureño sin motivo legal alguno. Precepto Autorizante: Articulo 95 de de , relativo a que NINGUNA PERSONA SERA SANCIONADA CON PENAS NO ESTABLECIDAS PREVIAMENTE EN relación al articulo 9 de Sobre Derechos Humanos, relativo a que NADIE PUEDE SER CONDENADO POR ACCIONES U OMISIONES QUE EN EL MOMENTO DE COMETERSE NO FUEREN DELICTIVOS SEGÚN EL DERECHO APLICABLE...a su vez también aplicable al articulo 1 del Código Penal que establece NADIE PODRA SER PENADO POR INFRACCIONES QUE NO ESTEN DETERMINADAS EN UNA LEY ANTERIOR DE UN DELITO. Concepto de : El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al momento de dictar Sentencia Definitiva en fecha 22 de febrero del año 2008, lo hizo no solo violentando el texto Constitucional anteriormente citado sino que también Sobre Derechos Humanos, infringiendo con ello el principio de legalidad. Honorables Magistrados en fecha 17 de noviembre del 2003 el Ministerio Público, presentó Requerimiento fiscal contra mi representada, 1a señora ANGELA PLATERO JUAREZ, por suponerla responsable de los delitos de VENTA DE LOTERIA CLANDESTINA en perjuicio del PATRONATO NACIONAL DE y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de ESTADO DE HONDURAS para cuya substanciación se formó el expediente numero 276-04, llevándose a cabo el Juicio Oral y Público donde el Tribunal de Sentencia condenó injustamente a mi representada por 1os delitos contemplados en los artículos 261 del Código Penal y el articulo 3 de El Delito De Lavado De Activos. La imputación Fiscal se fundó en unas investigaciones iniciadas en noviembre del año 2003 por de Servicios Especiales de Investigación, dependencia de de Estado en los Despachos de Seguridad, por notificación del Juez de Policía de la ciudad, de San Pedro Sula, Licenciado Aguilar Frenzel, referente a la una supuesta venta en forma ilegal de lotería clandestina, en una casa de Flores de esa misma ciudad, propiedad de mi representada, y de la requisa de varios objetos, entre ellos 8 libretas de ahorro en varias instituciones bancarias nacionales, suceso que tuvo ocurrencia en un Allanamiento que se realizara en la casa antes referida, el día 16 de noviembre del 2003 del cual se decretó en el Juicio Oral y Público su ilegalidad por constituir una violación a derechos y garantías constitucionales, es decir, se constituyeron judicialmente como pruebas prohibidas e ilícitas. Resulta de capital importancia, Honorables Magistrados destacar como consta en de fecha 22 de febrero del 2008, que toda derivada directa e indirectamente del Allanamiento de Morada aportadas por el Ministerio Público, fueron obtenidas mediante violación de Derechos y Garantías Constitucionales y a sabiendas de ello los Fiscales del Ministerio Público las presentaron y encubrieron, aquellos policías y servidores públicos que actuaron con tal abuso, faltando los Fiscales a la objetividad establecida en el articulo 93 del Código Procesal Penal y mediante evidente fraude de ley adjetiva y sustantiva contemplada en el artículo 12 del Código Procesal Penal y mas aun en trasgresión a lo establecido en el artículo 94 del Código Procesal penal, es decir, mediante violación de los deberes y obligaciones de los funcionarios Públicos; este comportamiento reprochable penalmente lo ejecutaron a sabiendas que todos sus compañeros fiscales en las diferentes instancias donde se personan, tienen la costumbre reprensible de protegerlos y respaldar sus acciones, con la firme intención de someter a juicio a cualquier persona, y en este caso, a mi representada ANGELA PLATERO JUAREZ para buscar por todos los medios, hacer valer ese tipo de pruebas prohibidas e ilegales, con la esperanza de que les sean amparados tales transgresiones; en el presente proceso, se observa que el Tribunal de Sentencia fue testigo fiel de tal abuso constitucional, por lo cual, no solo debió, decretar la nulidad del Allanamiento de Morada y todas sus pruebas, sino que también, ordenar en su Sentencia poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de estos delitos al tenor de lo que establece el artículo 200 y 315 (en lo que procede)del Código Procesa1 Penal. Sin embargo, y sabiendas de todas esas ilegalidades el Tribunal de Sentencia se pone a darle credibilidad a prueba derivada de esa nulidad abso1uta, es decir, prueba directa e indirecta que derivó de ese allanamiento decretado ilegal y prohibido; situación esta que convierte su fallo en contradictorio y arbitrario, al utilizar esta prueba falsa y espuria para enervar el estado de Inocencia. Pero un hecho aun mas grave lo constituye, cuando este Tribunal de Sentencia, con pleno conocimiento del acto injusto y mal intencionado que estaban ejecutando la fiscalía, dicta una sentencia condenatoria contra mi patrocinada aplicándole una ley penal, sobre hechos imputables en los que no existía ley penal; un pensamiento absurdo e ilícito, ya que el recurrente demostró en todo momento, que el Ministerio Público no acredito, ni especificó en su imputación, ni en ninguna de sus solicitudes de aseguramiento las fechas y lugares, así como las especificas en cantidades de numerario que se suponen son producto o constituyen los activos objeto del ilícito, por el que se le sometió a Debate de Juicio Oral y Público a mi defendida y e11o a pesar de los reclamos fundados en derecho por parte de la defensa que en las certificaciones registrables de asientos de los bienes inmuebles asegurados que se acompañaron y fotocopias de varias de las libretas de ahorro constaban las fechas en donde se especifica que dichos activos habían sido obtenidos antes de la entrada en vigencia de El Delito De Lavado De Activos. Motiva el presente Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional que el artículo 3 del Decreto Número 45-2002 emitido por el Congreso Nacional el 5 de marzo del 2002, y publicado en el diario oficial "" el l5 de mayo del 2002 en su número 29,781; que contiene la "LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS", los que en su contenido literal prescriben: “Artículo 3.- Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, trafico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades publicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia." No le es aplicable a mi representada, de acuerdo a la norma legislativa contenida en el articulo 95 de , ya que la tipicidad que supone el poseer activos, depósitos de numerario o dinero en cuentas bancarias, aun "sin o justificación económica legal de su procedencia" no podrá afectar a personas, cuyos activos puedan ser comprendidas en ese supuesto, si este patrimonio fue formado o ya estaba en posesión del supuesto infractor penal, antes de la vigencia de los artículos fine del Decreto Número 45-2002 emitido e1 5 de marzo del 2002, que contiene la "LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS", vigencia que tuvo lugar hacia el día 5 de junio del 2002, pues de considerar patrimonios formados con anterioridad a la vigencia de esa ley, como ilícitos, sin que antes lo fueran desde luego, refiriéndonos a activos que no provengan de las actividades ilícitas comprendidas en el contenido de los artículos, sino exclusivamente a los que no tienen causa o justificación económica legal de su procedencia sin lugar a dudas se infringe la normativa constitucional y el articulo 9 de sobre derechos Humanos de los que Honduras forma parte, cuando un Tribunal de Sentencia que no puede alegar ignorancia de ley, dicta una sentencia injusta y mal intencionada, para darle validez en el tiempo a una ley, que se ha promulgado en fecha posterior a los hechos que pretende juzgar; en el caso sub-examine, no debe extenderse en el ámbito temporal antes de esa fecha, por manera que cualquier cantidad de dinero depositada en las entidades del sistema bancario nacional de la vigencia de la ley a que se hace relación, o en su caso bienes inmuebles u otro tipo de activos, no constituye, ni puede constituir delito; los términos en que fue redactado el artículo fine del Decreto Número 45-2002 del 5 de marzo del 2002, que contiene la "LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS", no hacen retroactivos sus efectos en perjuicio del imputado, cualquier capital o patrimonio formado y en posesión de alguna persona, aun un día antes de entrar en vigencia la "LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS", pues necesariamente no deberá ser considerada dentro del tipo penal; por lo que estimar que los depósitos en cuentas de ahorros bancarios y bienes inmuebles de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, antes de la fecha que se deja singularizada, se consideren para fundar la plena prueba de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de ESTADO DE HONDURAS viola fragantemente el artículo 95 de de y el artículo 9 de sobre derechos Humanos de los que Honduras forma parte, con ello se violenta el Principio de Legalidad conceptualizado en el artículo 1 del Código Penal Vigente, enunciado en el sentido de que, aun y cuando antes del 4 de junio del 2002, poseer depósitos en cuentas bancarias y bienes inmuebles "sin causa o justificación económica legal de su procedencia" no podría constituir delito, por que en ese entonces no lo era, aun incluso si después llegó a serlo, como se supondría por normal efecto del artículo 96 Constitucional; según el cual, las leyes no pueden ser aplicables en Honduras, con carácter retroactivo; pero la injusta y mal intencionada redacción de por virtud de la cual se priva de la libertad y expropia de su patrimonio a mi representada, por la supuesta comisión de un delito, cuya prueba de cargo ha sido declarado prohibida e ilegal, constituyen un fallo degradante para los anales de la administración de justicia, el cual está siendo denunciado ante instancias nacionales e internacionales, para que se deduzca las responsabilidades penales y civiles, contra todos aquellos servidores públicos que por acción u omisión han avalado estos actos donde el Estado de Honduras, por intermedio de contra el Crimen Organizado, asalta sus ciudadanos para despojarlos no solo de su libertad y familia, sino de su patrimonio, al estilo propio de la literatura de ALEJANDRO DUMAS (El Conde de Monte Cristo); Por lo que es 1ógico y evidente demostrar que la forma en que actúa del Ministerio Público, con el fin de expropiar a ciudadanos de su legitimo patrimonio es por los beneficios que recibe esa institución por cada centavo que le quita a cada ciudadano, tal nefasta redacción de de Lavado de Activos provoca este tipo de Sentencias donde a toda costa y con prueba ilegal y prohibida se integra como delito de lavado de Activos, bienes muebles e inmuebles que una persona posee con muchos años de antelación a la entrada en vigencia de la ley. Es propicio aclarar, que dicho patrimonio tampoco procede o tiene su origen directo o indirecto en los delitos de trafico ilícito de drogas, trafico de personas, trafico de influencias, trafico ilegal de armas, trafico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades publicas o privadas, secuestro, terrorismo u otros ilícitos y delitos conexos, que son los otros supuestos que abarca el artículo citado; por el contrario el origen que el Tribunal en su Sentencia se niega ha reconocer es producto lógico del crecimiento de un fuerte capital que mi representada ya poseía. No son capitales sacados de la manga de la camisa; son capitales de orígenes legales. Por estar íntimamente conectados; tanto es así, que la fiscalía no se atrevió dividirlo y lo presenta como una sola masa pecuniaria. Sin considerar que dicho capital lo poseía con mucho tiempo de anterioridad a la vigencia de la ley de Lavado de Activos.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL FUNDADO EN ARTICULO 95 DE , RELATIVO A QUE NINGUNA PERSONA SERA SANCIONADA CON PENAS NO ESTABLECIDAS PREVIAMENTE EN el recurrente que el A Quo ha incurrido en infracción del Articulo 95 de de , que dispone que “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley”, en relación al Articulo 9 de Sobre Derechos Humanos, que dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho aplicable”, a su vez con relación al Articulo 1 del Código Penal que establece: “Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito”. Asume el recurrente que el juzgador de instancia al dictar la sentencia recurrida ha violentado el principio de legalidad. Reprocha que se practicó requisa como producto de un allanamiento, en una casa de la imputada, sin embargo, en juicio oral y público, fue decretada su nulidad e ilegalidad, por estimar el A Quo que se practicó con violación de derechos y garantías constitucionales, siendo declarados todos los objetos en ella requisados, prueba prohibida e ilícita. Asume el recurrente que a pesar de lo expuesto, el Juzgador de instancia ha dictado sentencia condenatoria contra la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, haciendo uso de prueba derivada directa e indirectamente de ese allanamiento ilegal practicado con violación de Garantías Constitucionales. Manifiesta el recurrente que el Juzgador de instancia dicta un fallo contradictorio y arbitrario, al utilizar prueba espuria para enervar el estado de inocencia de la acusada. Centra su reproche asimismo, en que el Juzgador condena a la acusada por comisión de hechos para los que al momento de su perpetración no existía una ley penal que los sancionase, y se sometió a juicio a la acusada a pesar que la defensa, reclamó con certificaciones registrales y fotocopias de libretas de ahorro, donde se especifica que dichos activos habían sido obtenidos antes de la entrada en vigor de el Delito de Lavado de Activos (Decreto Número 45- 2002, emitido por el Congreso Nacional, el 5 de marzo del 2002, publicado en el Diario Oficial "", el l5 de mayo del 2002, en su número 29,781). Agrega que el Artículo 3 de La ley de Lavado de activos no le es aplicable a la acusada, de acuerdo al Articulo 95 de , ya que la tipicidad supone el poseer activos, depósitos de numerario o dinero en cuentas bancarias, "sin justificación económica legal de su procedencia", pero alude a que esta disposición no debía afectar a la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, cuyo patrimonio fue formado o estaba en posesión, antes de la vigencia del artículo 3 párrafo in fine, del Decreto Número 45-2002, aprobado e1 5 de marzo del 2002, que contiene la "LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS", Esta Sala de lo Penal, antes que todo considera pertinente referirse a los argumentos esgrimidos por en torno al supuesto carácter ilícito de la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, derivada del allanamiento practicado en la vivienda de la acusada. El artículo 200 del Código Procesal Penal establece que “…carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en de y en los convenios internacionales relativos a la derechos humanos de los que Honduras forma parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos…”.De la disposición legal antes citada se desprende, que cuando el origen de la ilicitud de la prueba se encuentra en la violación de un derecho fundamental, tal prueba carece de validez en el proceso y los Tribunales habrán de considerarla inexistente al momento de construir la base fáctica de la sentencia. Sin embargo es importante recordar que los efectos reflejos de la prueba ilícita se producirán en primer lugar cuando exista una relación de causalidad directa e inmediata entre la ilicitud en la obtención de la prueba y el resultado logrado posteriormente a dicha ilicitud, y en segundo lugar, ante la imposibilidad de su obtención por otros medios legales; de tal manera, que esos efectos no entran en juego cuando el resultado logrado hubiese sido obtenido igualmente por otras vías, por tal razón es que éste segundo requisito comporta la necesidad de efectuar juicios hipotéticos acerca de la probabilidad de acceder a los datos logrados por medios legítimos; dicho en otros términos, el alcance anulatorio de la prueba ilícita a que alude el artículo 200 del Código Procesal Penal se extiende tan sólo a las obtenidas con infracción de los derechos y libertades fundamentales, siendo igualmente nulos los elementos probatorios conseguidos a través de una prueba ilícita, siempre que la relación de causalidad o dependencia sea palmaria, y exista imposibilidad de su obtención por otros medios legales, motivo por el cual los efectos reflejos no entran en juego, cuando el resultado logrado se hubiera obtenido por otras vías distintas a la utilizada (vid. ESTRELLA RUIZ, MANUEL, en “Valoración de de Inocencia.- Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano, Tegucigalpa, 2001, págs. 55-57). En el caso bajo examen, el Tribunal Sentenciador declaró la nulidad de la diligencia de allanamiento practicada en la vivienda de la imputada y con ello la ineficacia probatoria de las evidencias encontradas en su interior, aduciendo fundamentalmente que al no concurrir el consentimiento del morador, ni tampoco una situación de urgencia, se debió recabar previamente la autorización del órgano judicial competente, de ahí que al no hacerlo se vulneró el contenido del artículo 99 de de y con ello el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio. No obstante lo anterior, esta Sala comparte el criterio de que aún con la supresión hipotética de los resultados obtenidos en el allanamiento declarado nulo, otros elementos probatorios independientes al hallazgo de evidencias en el interior de la vivienda habitada por la acusada, permiten cimentar el sustrato fáctico de la sentencia recurrida en casación. Esta Sala estima que la prueba de cargo acumulada en el juicio y valorada por el tribunal de instancia para formar su convicción, no está vinculada directamente a la obtenida en el allanamiento declarado ilegal, sino en una fuente independiente, derivada de la prueba documental, aportada inclusive por la misma defensa como son las constancias mediante las cuales se acredita que la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, es titular de varias cuentas de ahorro en diferentes instituciones bancarias del país y con ello titular de depósitos cifrados en varios millones de lempiras, (vid. Folio No. 136 vuelto, 137,193-200 del Tomo I) y del resto de prueba de cargo legalmente incorporada al juicio, derivada de las actividades desarrolladas por de Información Financiera (UIF), dependiente a de Bancos y Seguros, entidad especializada encargada de la recepción, análisis y consolidación de información técnica requerida para la investigación del delito de Lavado de Activos, organismo de carácter público que previo al allanamiento practicado había obtenido datos sobre operaciones atípicas realizadas por la procesada en el sistema financiero nacional, detectadas en el movimiento inusual observado en varias cuentas de ahorro abiertas a su nombre (vid. Folios No. 515-517, 520-640 del Tomo III), además de las declaraciones rendidas bajo las formalidades y garantías de la prueba anticipada por los testigos ANGELICA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ (vid. Folios No. 19-20, 21-22 del Tomo I), interceptadas por las autoridades policiales fuera de la vivienda allanada, que confirman de manera puntual y concreta la actividad de venta de lotería clandestina que la señora ANGELA PLATERO JUAREZ venía realizando previo a su procesamiento. De este modo podemos concluir, que aún y cuando suprimiéramos hipotéticamente la diligencia de allanamiento practicada en la vivienda de la imputada y como consecuencia de ello la eficacia probatoria de las evidencias encontradas en su interior, la línea de investigación abierta por las autoridades del Ministerio Público antes de la práctica de la referida diligencia, en virtud de la información proporcionada por de Información Financiera (UIF) nos permiten afirmar más allá de toda duda razonable, que la hipótesis acusatoria formulada contra la encausada ANGELA PLATERO JUAREZ siempre se habría confirmado. El recurrente alega que en el caso de mérito se ha infringido el artículo 95 de de , donde se establece que ninguna persona será sancionada con penas no establecidas en la ley, así como también lo que en el mismo sentido expresa el artículo 1 del Código Penal, donde se prevé que nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración del delito. Al tenor de lo prescrito por las disposiciones antes mencionadas podemos afirmar que como la ley penal rige para el futuro no puede aplicarse a hechos perpetrados con anterioridad de su entrada en vigor a no ser que se trate de favorecer al reo (vid. Arts. 96 de y 9 del Código Penal); está en otros términos prohibido, aplicar retroactivamente la ley penal, salvo que lo fuere en beneficio del imputado. Una de las garantías sustantivas emanadas del principio de legalidad es la que tiene que ver con el carácter previo de la ley. La prohibición de extraactividad de la ley penal se funda en el hecho de que ésta siempre se dicta para el futuro, obra en el tiempo en el cual nace, cobra vida y se extingue; por ello, no puede aplicarse a hechos acontecidos con anterioridad a su vigencia (retroactividad), ni puede extenderse más allá de su extinción (ultraactividad). En otras palabras, la ley rige desde el tiempo de su promulgación hasta su derogatoria o extinción, salvo disposición en contrario. Se trata, a no dudarlo, de una garantía más para el ciudadano, dado que se le prohíbe al legislador la creación de un derecho penal retroactivo o ultraactivo, y al juez su aplicación, de allí que el administrador de justicia solo pueda atribuir la trasgresión de un tipo penal determinado e imponer una consecuencia jurídica, cuando ellos estuviesen previstos al momento del acto, de lo contrario, no. (vid. VELASQUEZ V. FERNANDO, “Derecho Penal, Parte General”, 4ª edición, COMLIBROS, Bogotá, 2009, págs. 141 y 159). En nuestro país, el delito de lavado de activos es tipificado por primera vez, mediante Decreto Legislativo No. 202-97 (Ley contra el delito de lavado de dinero o activos), que entrara en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial en su edición de fecha 7 de febrero de 1998. Este cuerpo normativo castiga el delito de lavado de activos únicamente cuando el objeto de éste recae sobre bienes procedentes, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Posteriormente, y en sintonía con la tendencia internacional de ampliar el catálogo de delitos previos, -en tanto que también son susceptibles de generar ingentes cantidades de dinero otras actividades criminales cuya introducción en los cauces económicos legales pueden llegar a lesionar los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de lavado de activos-; es como mediante Decreto Legislativo No. 45-2002 del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), y que entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial , en su edición de fecha 15 de mayo de 2002, los bienes objeto de esa infracción penal, al tenor de lo establecido en sus artículo 3 y 4 pueden provenir directa o indirectamente, no solamente del delito de tráfico de drogas, sino también, del “…tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”.Al margen de la redacción poco afortunada de los preceptos antes citados, esta Sala entiende que con la vigente Ley contra el Delito de Lavado de Activos, pueden ser objeto idóneo de este delito, los bienes que tienen origen en cualquier infracción penal, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece en principio un catalogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, luego se extiende a los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre “bienes que no tengan causa o justificación económica legal”, por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes procedentes de cualquier actividad delictiva, estos pueden ser objeto idóneo de un posterior delito de lavado o blanqueo. En el presente caso, considera que no se ha infringido el artículo 95 de de , en tanto que con la entrada en vigor de de Lavado de Activos el 5 de junio del 2002, la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, continúo en la realización de actos constitutivos del delito de venta de lotería clandestina, de conformidad al Art. 261 del Código Penal. De este modo y a pesar de ello, la acusada no se vio intimidada o amenazada por el efecto de prevención general de la ley penal, para abstenerse de continuar realizando actos constitutivos de dicho delito, actividades altamente lucrativas que le han generado dinero y otros bienes sobre los que ha realizado acciones de posesión e introducción en los cauces económico legales, como ser entre otros, su distribución y depósito en varias cuentas bancarias, e inversión en bienes inmuebles y vehículos automotores con la finalidad de borrar el rastro de su origen delictivo. Es cierto que los bienes generados con la venta de lotería clandestina antes del 28 de febrero de 1998 que es la fecha de entrada en vigor de la primera ley antiblanqueo, hasta el 4 de junio de 2002, en que resultara derogada por la normativa vigente, no han podido ni pueden ser objeto idóneo de un delito de lavado, ya que antes del 28 de febrero de 1998, el tipo penal de lavado no estaba previsto en nuestra legislación, y por ende tales conductas eran atípicas, en tanto que a partir de esa fecha, hasta el 4 de junio de 2002 que rigió el Decreto Legislativo No. 202-97, solamente se castigaba el blanqueo o lavado de activos procedentes de delitos relacionados con el tráfico de drogas. De ahí que aplicar la actual ley de lavado de activos (Decreto Legislativo No. 45-2002) que sanciona tal conducta cualquiera que sea el delito previo o subyacente de los que provienen los bienes objeto de reciclaje, a los actos realizados sobre activos generados por la venta de lotería clandestina, antes del 5 de junio de 2002, comportaría la aplicación retroactiva de aquella ley penal en perjuicio de la acusada. Sin embargo, tal y como ya lo apuntábamos líneas arriba, la actividad ilícita realizada por la acusada, consistente en la venta continuada de lotería en forma clandestina, y con ello la generación de bienes susceptibles de ser reciclados o blanqueados no cesó a partir de de la entrada en vigencia de de Lavado de Activos (5 de junio de 2002), contenida en el Decreto Legislativo 45-2002, lo que da lugar a la aplicación del Art. 3 de dicha ley penal especial. No se trata pues de una aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio de la acusada, sino de la aplicación de la ley de lavado de activos vigente a hechos ocurridos bajo su imperio. Por lo expuesto, se entiende, por una parte, que la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, no ha logrado acreditar en juicio el origen ilícito de los activos incautados y que por otra parte, el Ministerio Público ha logrado probar, la relación directa del origen de los activos incautados a la acusada, con la actividad permanente y continuada de venta ilegal de Lotería Clandestina. Dicho esto resulta pertinente pronunciarnos sobre el destino de aquellos bienes generados por la venta de lotería clandestina, antes de la entrada en vigor de la ley contra el delito de lavado de activos actual, es decir antes del 5 de junio de 2002. Al respecto es necesario recordar, que el delito de venta de lotería clandestina, tipificado en el artículo 261 del Código Penal, además de contemplar una pena privativa de libertad y una multa, también prevé la pena de comiso, misma que recae sobre el dinero y los demás efectos que tienen origen en esa actividad ilícita (vid. Artículos 55 y 262 del Código Penal). Siendo que en nuestro código penal el comiso tiene la naturaleza de una pena (vid. Art.38 párrafo tercero del Código Penal), es necesario como conditio sine qua non para su imposición, que el sujeto haya sido enjuiciado y condenado por la comisión de un hecho típico y antijurídico. Teniendo en cuenta que la pena máxima de reclusión prevista para la infracción en examen es de 4 años, el término de prescripción para la persecución de dicho delito, es de 6 años, de ahí que habiéndose presentado requerimiento fiscal contra la imputada el día 17 de noviembre de 2003, por la comisión del delito de venta de lotería clandestina y formalizada la acusación por el ente acusador por esa figura para la que pidió la sanción mínima de dos años de reclusión, por lo que ésta Sala en virtud del principio acusatorio y de la no reformatio in peius no puede imponer una pena dentro de un marco penal abstracto más amplio, resulta que aquellos bienes procedentes de esa actividad criminal que no hayan sido objeto del delito de lavado de activos, por las razones antes apuntadas, caerán en comiso, siempre y cuando que los mismos se hayan generado a partir del 17 de noviembre de 1997, pues antes de esa fecha las acciones de venta de lotería clandestina que hubiere realizado la procesada han prescrito, de ahí que extinguida la responsabilidad penal por esa causa, no cabe la aplicación de la pena antes mencionada. Por todas las razones anteriormente expuestas, el primer motivo invocado por el recurrente, debe ser estimado parcialmente por infracción de los artículos 95 y 96 de de , en cuanto a que los bienes generados antes del 17 de noviembre de 1997 no podrán ser afectados por el comiso decretado, procediendo en consecuencia su devolución; por otro lado, en aras de evitar situaciones de inseguridad jurídica en el manejo de los bienes incautados, consideramos pertinente señalar que el destino de los bienes generados a partir de la entrada en vigor del Decreto Legislativo No. 45-2002 (5 de junio de 2002) será decidido por de Administración de Bienes Incautados (0ABI) al tenor de lo establecido en el artículo 23 del referido Decreto. Los que se hubieren generado entre el 17 de noviembre de 1997 al 4 de junio de 2002, caerán en comiso, pero deberá ponerlos a disposición del Juez de Ejecución, a los efectos de que en ejecución de dicha pena el dinero líquido como también el producto de la venta en pública subasta de los demás bienes, sea destinado para fines de interés social o colectivo. A este respecto es importante señalar, que a diferencia de la regulación genérica del comiso en el artículo 159 párrafo último reformado del derogado Código de Procedimientos Penales, -donde se establecía que finalizado el proceso penal y cuando la sentencia definitiva impusiera la pena de comiso, debía procederse a la venta de los bienes muebles e inmuebles mediante pública subasta o a su donación a organismos e instituciones del Estado, de conformidad a las disposiciones dictadas por de Justicia-, el Código Penal Procesal en vigencia, no contiene una disposición análoga; por lo que en atención a lo que prescriben los artículos 321 de de y 60 párrafos primero y tercero del Código Procesal Penal en cuanto a que será competencia de los Jueces de Ejecución la ejecución de las sentencias, como velar también por que se cumplan las finalidades de la pena, será este funcionario judicial quien decida sobre el destino de los bienes en comiso procedentes del delito de venta de lotería clandestina. III.- Continua manifestando el recurrente: “SEGUNDO MOTIVO DE RECURSO DE CASACIÓN QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO DE CASACION QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Por haber dictado en fecha 22 de febrero del 2008 el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Sentencia Condenatoria, cuyas motivaciones son insuficientes y contradictorias. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362. Numeral 3) del Código Procesal Penal, que consigna "que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias.” CONCEPTO DE : EI Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, al momento de dictar Sentencia Definitiva en fecha 22 de febrero del 2008, lo hizo incurriendo en grave violación de la forma del juicio, al motivar su sentencia en forma contradictoria e insuficiente, haciendo uso de elementos probatorios que rechaza por ser "PROHIBIDOS E ILICITOS" y luego, les da confiabilidad y certeza, provocando con ello que su motivación sea insuficiente y contradictoria. del Tribunal de Sentencia de de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al emitir en fecha 22 de febrero del año 2008; condenando a la señora ANGELA PLATERO JUAREZ por 1os delitos de Venta De Lotería Clandestina y Lavado De Activos; comete grave Quebrantamiento a del proceso, por enlazar en su Sentencia Condenatoria prueba prohibida e ilícita derivada directa e indirectamente de un Allanamiento de Morada declarado judicialmente NULO ABSOLUTAMENTE consumado por Fiscales y policías en la casa de habitación de mi representada ubicada en Flores de de San Pedro Sula; Dicho enlace convierte el contexto de ya que insiste en varios apartados de su fallo, que no estima como validas NINGUNA de las pruebas que resultaron directa e indirectamente del Allanamiento ilegal y Prohibido; pero en realidad si las aprecia, al crear los Jueces de Sentencia una nueva topología de medios probatorios, insertándolas a su fallo no como pruebas, sino con el disfraz de "información valida derivada directamente de Los servidores públicos que ejecutaron el allanamiento ilegal" todo ello, con la firme, intención de enervar el estado de inocencia de mi representada, y que dado la novedosa configuración de “fuente de información", la instituyen como el eje central de ; en virtud de no existir PRUEBA lícita que acredite en grado de certeza, los delitos de Venta de Lotería Clandestina y Lavado De Activos que pueda ligarse con la condena a mí representada. del Tribunal de Sentencia de de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Al emitir en fecha 22 de febrero del año 2008; estima como HECHOS PROBADOS el siguiente: "Valorando las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral, de Acuerdo a los criterios de , este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: A inicios del mes de Noviembre del año dos mil tres, el señor ALVARO AGUILAR FRENZEL, quien fungía como jefe del Departamento Municipal de Justicia, recibió de una denuncia por escrito., en la cual se daba a conocer que en una casa del Barrio Las Flores de esta ciudad de San Pedro Sula. Cortes, vendían lotería clandestina y procedió a llevar dicha denuncia hasta de Servicios Especiales de Investigación para que se procediera a verificar tal información; como consecuencia de lo anterior en fecha ocho y nueve de noviembre del año dos mil tres, los señores JORGE ANTONIO GOMEZ y ALDO WALDEMARO RODRIGUEZ SIERRA, por orden del Oficial ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES, realizaron diligencias para la localización de la casa en mención, ubicada la misma en el barrio las flores casa blanca de dos pisos atrás de , observando movimientos de personas que llegaban y entregaban papel y dinero par una rejilla del portón de la casa, constatando el día nueve de Noviembre en horas de la mañana, que junto a otras personas de sexo femenino contaban dinero en efectivo, el que guardaban en bolsas plásticas color negro; los señores JORGE ANTONIO GOMEZ y ALDO WALDEMARO RODRIGUEZ SIERRA, informaron de lo observado a su Superior el Oficial ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES, quien junto a ellos y otros Agentes de de Servicios Especiales de Investigación asignados a Tegucigalpa, en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil tres, realizaron un operativo policial, en el Barrio Las Flores de San Pedro Su1a, en cercanías de de habitación de 1a Señora ANGELA PLATERO, detenidas a las señoras ANGELA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ, quienes a esa fecha se dedicaban a la venta de lotería clandestina para la señora ANGELA PLATERO, quien recibía parte de ellas el dinero obtenido y a cambio obtenían como ganancia el cinco por ciento sobre la venta realizada." Honorables Magistrados, al respecto es necesario que se percaten la clase de investigación que practica Contra el crimen Organizado, sus policías, y como el poder judicial le avala todos los actos ilegales y arbitrarios; obsérvese, que el fallo condenatorio se fundamenta en los supuestos testimonios de las señoras ANGELA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ, personas que dice el Tribunal de Sentencia, participaban en la actividad ilícita de venta de Lotería Clandestina detenidas en el acto del allanamiento de morada, no en la casa de habitación de mi representada sino en las "cercanías"; la pregunta obligatoria seria ¿como obtuvieron la confesión de estas imputadas? Honorables Magistrados si estas personas estaban detenidas, solo hay que remitirse a los antecedentes del Proceso Penal y se observara en los folios 12, como es interrogada esta persona por la policía y los fiscales para lograr una supuesta vinculación en un supuesto delito de venta clandestina; es lógico pensar, que esta personas estando detenidas los agentes y fiscales "encargados de la investigación" lograron estos "testimonios de imputados" coaccionando a ambas personas detenidas para que obtuvieran su libertad a cambio de una declaración falsa en contra de mi representada. Este proceder de y sus Policías es fácilmente detectable en el expediente de marras, ya que en ningún momento se acreditó fehacientemente la condición procesal de las señoras ANGELA JIMENEZ MEJIA Y ARGELIA RAMIREZ, y como obtuvieron su libertad sin la aplicación de ningún auto motivado en ley que las exonerara de delito alguno, o 1a aplicación de algún Criterio de oportunidad, suspensión de etc.; Por 1o que resulta evidente que siendo ficticio el delito y forma de averiguarlo, y que constituyendo el fin primordial de y de la policía tener la excusa para realizar el ilegal Allanamiento de Morada el cual ya habían planificado desde días antes trasladándose personal de la fiscalía, de la dirección general de servicios especiales de la ciudad de Tegucigalpa hacia San pedro sula, se preocupan por crear prueba falsa y espuria y así tratar de justificar procesal mente sus actos, y consecuentemente expropiar de su patrimonio a una ciudadana Hondureña. Al tener como Hecho Probado nulo absolutamente el Allanamiento de Morada, y a su vez, establecer también como Hecho Probado que las señoras ANGELA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ, fueron detenidas producto de ese operativo ilegal y prohibido, es necesario, observar con preocupación como este Tribunal de Sentencia, valida los actos reprensibles logrados por Fiscales del Ministerio Público y ; era deber del Tribunal de Sentencia, no perder de vista este hecho; por su papel de tercero imparcial y así constatar si esos "testimonios". no eran producto de un acto coercitivo, ya que si sabían los Jueces, que esta personas ANGELA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ habían sido detenidas, era menester, observar, que sus derechos, no habían sido violados para obtener declaraciones bajo coacción, fuerza o violencia, mucho menos promesa de obtener su libertad a cambio de inculpar a otra persona, es decir, bien conocen los Jueces de Sentencia el contenido del articulo 88 de 6n de y artículo 101, numeral 3, 4, 5, 6, 7, 8 del Código Procesal Penal. El delito de venta de lotería clandestina, le resulto fácil a la policía y a la fiscalía, obtener prueba testimonial falsa, ya que sus técnicas y métodos de persuasión, son más sofisticados, que los ejecutados por la triste célebre DNI, en ese tiempo los jueces por miedosos, timoratos y cobardes consentían todas las arbitrariedades de esa policía; ahora lo constituye el oscurantismo medieval en la violación de derechos fundamentales, para expropiar de sus bienes y privar de la libertad a una persona; que como bien lo hemos manifestado agotaremos todas las instancias Nacionales e Internacionales para hacer valer y las leyes. A pesar de que en casi todos los apartados de en la parte de , el Tribunal colegiado se esfuerza por enfatizar su "objetividad" al declarar que no valora el Allanamiento de Morada -, resulta obvio e imposible; ni siquiera bajo el METODO DE Regulado en el Artículo 169 párrafo último del Código Procesal Penal., que tenga por válidas las demás pruebas cuando estas derivan directa e indirectamente de actos nulos. Nos preguntamos nuevamente, ¿si el Tribunal rechazó todo tipo de credibilidad y certeza a la prueba, ya que nunca las tuvo como elementos probatorios fiables para dictar Sentencia Condenatoria, y a la vez desconocer como fue la misma obtenida por parte del Ministerio Público? Si el artículo 1 de Código Procesal Penal exige "haberse probado los hechos" nos está indicando que esos hechos probados deben ser fruto de la certeza y que, por tanto, no puede haber ligar a la probabilidad y menos a la duda, en la motivación de una Sentencia Condenatoria. Ya que la probabilidad y la duda son incompatibles con la prueba. En el Juicio de marras, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en la forma que motiva su Sentencia Condenatoria, tiene como base prueba espuria sobre el origen de credibilidad y certeza de toda la prueba que se deriva de un Allanamiento de Morada, ya que presenta motivos afirmativos y a la vez negativos en su misma proposición de su fallo, cuando se refiere ha este extremo; posteriormente, recurre a la probabilidad dado que en su pensamiento pretende, hacer valer la falta de certeza y confiabilidad de la prueba, no le impide, ni proscribe valorarla, pero no bajo la categoría de prueba, sino bajo una nueva modalidad por ellos improvisada al catalogarla como fuente de información"; luego, emerge, a lo increíble porque en su afán de condenar, permite la incorporación de testimonios obtenidos bajo coacción para sustentar una imputación, al afirmar, en su propio fallo, la condición que tenían esas testigos y a sabiendas de la infracción a de y los Tratados y Convenios Internacionales, los declara vinculantes, al fondo de la situación en cuestión, por ejemplo, que de la prueba prohibida, ilegal o espuria si se podría considerar para condenar a una persona, no obstante el contenido del artículo 200 del Código Procesal Penal y por último. atropella excesivamente los derechos de la imputada, al violentar el principio de legalidad NULLAM PENA SINE LEGE desconociendo el principio de validez de la ley en el tiempo y espacio, conceptos que desde las primeras clases en son de dominio eterno para un verdadero profesional de las Ciencias Jurídicas”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA BASADO EN HABER DICTADO EL A QUO SENTENCIA CONDENATORIA CUYAS MOTIVACIONES SON INSUFICIENTES Y CONTRADICTORIAS. Argumenta el recurrente que la sentencia dictada por el A Quo es contradictoria e insuficiente, y hace uso de elementos probatorios "prohibidos e ilícitos", a los que les da certeza. Reprocha que el Juzgador de instancia condena a la señora ANGELA PLATERO JUAREZ por 1os delitos de Venta de Lotería Clandestina y Lavado De Activos, pero con grave Quebrantamiento de Forma al enlazarla con prueba prohibida e ilícita derivada directa e indirectamente de un Allanamiento de Morada declarado nulo, practicado en la casa de habitación de la acusada. Refiere que lo anterior, convierte el contexto de en contradictoria, pues a pesar de no estimar válidas las pruebas obtenidas en el Allanamiento ilegal, las aprecia. Reprocha que la “fuente de información", que el A Quo recoge sea el testimonio de los señores JORGE ANTONIO GOMEZ y ALDO WALDEMARO RODRIGUEZ SIERRA, Agentes de de Servicios Especiales de Investigación asignados a Tegucigalpa. Asimismo reprocha que el fallo condenatorio se fundamenta en las declaraciones testificales de las señoras ANGELA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ, personas que según el juzgador participaban en la actividad ilícita de venta de lotería clandestina; y a quienes, según el recurrente, los agentes y fiscales "encargados de la investigación" lograron obtener sus "testimonios de imputados" a través de la coacción, al ofrecerles su libertad a cambio de una declaración falsa en contra de la acusada, añadiendo que no se acreditó la condición procesal de estas y como obtuvieron su libertad. Concluye que la sentencia Condenatoria, tiene como base prueba espuria afectada en su credibilidad y certeza puesto que se deriva de un Allanamiento de Morada declarado ilegal. Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso, el recurrente alude a motivaciones contradictorias e insuficientes, sin indicar si reprocha las motivaciones fácticas (descriptivas o intelectivas) o las jurídicas. Tampoco expone concretamente las supuestas contradicciones de que adolece la sentencia recurrida. Se limita a manifestar que la sentencia es contradictoria de forma general y abstracta, lo cual limita el análisis recursivo del motivo. Afirma que las motivaciones son insuficientes y reprocha el valor probatorio dado por el A Quo a la prueba de cargo consistente en las declaraciones de los testigos JORGE ANTONIO GOMEZ y ALDO WALDEMARO RODRIGUEZ SIERRA, Agentes de de Servicios Especiales de Investigación, por considerar que deponen sobre hechos vinculados al allanamiento ilegal. Esta Sala observa que dichos testigos han sido valorados por el Juzgador de instancia, solo en cuanto al proceso de investigación vinculado a la venta de lotería clandestina en la que ha participado la acusada, previamente realizado y no derivado al Allanamiento de Morada declarado ilícito por el juzgador (vid. Folios No. 1143 y 1144 del Tomo IV). Asimismo, reprocha la valoración otorgada a la declaración de los testigos ANGELA JIMENEZ MEJIA y ARGELIA RAMIREZ (vid. Folios No. 19-20, 21-22 del Tomo I, 1147 vuelto del Tomo IV), quienes rindieron su declaración bajo las formalidades de la prueba anticipada. Las testigos mencionadas han sido beneficiadas con un criterio de oportunidad, por el que el Ministerio público se ha abstenido de ejercer la acción penal en su contra. El criterio de oportunidad es un procedimiento de simplificación procesal, por el que el Ministerio Público se abstiene de ejercer la acción penal pública contra determinadas personas, sobre las que pesan elementos de prueba de haber participado en la comisión de un delito, y a quienes presenta como testigos de cargo, a cambio de verter en juicio información verdadera que sea útil y necesaria para hacer efectiva la persecución penal contra otras personas, que de acuerdo a las investigaciones dirigidas por tienen la condición de Jefes, cabecillas o responsables de estas u otras infracciones penales de mayor gravedad. En el presente caso, no se ha acreditado en juicio, que las testigos de reproche, beneficiados por el criterio de oportunidad, hayan sido objeto de coacción, fuerza o violencia, para obtener su libertad a cambio de inculpar a la acusada por hechos constitutivos de un delito, por lo que esta Sala estima que la información derivada de las testigos indicadas, incorporada mediante el procedimiento de la prueba anticipada, es perfectamente hábil para formar la convicción del Juzgador. En conclusión esta Sala de lo Penal, estima que la prueba de cargo legalmente incorporada al juicio, no es contradictoria y se aprecia suficiente, analizada en forma armoniosa y conjunta, para formar la convicción del juzgador. Por lo expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. IV.- El impetrante continua la formalización de su Recurso de la manera siguiente: “MOTIVO DE RECURSO DE CASACIÓN INFRACCION DE LEY PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY: infracción por aplicación indebida de 1os preceptos penales sustantivos contenidos en los artículos 1 y 261 del Código Penal y el artículo 3 de El Delito De Lavado De Activos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal, relativo a INFRACCION DE LEY 0 DE DOCTRINA LEGAL.- Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. CONCEPTO DE : El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, al momento de dictar Sentencia Definitiva en fecha 22 de febrero del 2008, lo hizo condenando a la imputada por el delito de VENTA DE LOTERIA CLANDESTINA Y LAVADOS DE ACTIVOS en perjuicio del PATRONATO NACIONAL DE , Y ESTADO DE HONDURAS, sin sujetarse a los hechos debidamente acreditados en el Debate de Juicio Oral y Público, tal como hemos expresado en los dos motivos de casación que preceden, la posición acusatoria del Ministerio Público respaldada en la sentencia condenatoria, entra en una grave infracción a la ley sustantiva mediante la aplicación indebida de los artículos 1 y 261 del Código Penal y el articulo 3 de el Delito De Lavado De Activos, ya que no se subsumen los hechos juzgados. Tal como lo he expuesto el agravio jurídico que el Tribunal de Sentencia le acaba de irrogar al Artículo 95 de de , relativo a que NINGUNA PERSONA SERA SANCIONADA CON PENAS NO ESTABLECDAS PREVIAMENTE EN ..al artículo 9 de Sobre Derechos Humanos, relativo a que NADIE PUEDE SER CONDENADO POR ACCIONES U OMISIONES QUE EN EL MOMENTO DE COMETERSE NO FUEREN DELICTIVOS SEGUN EL DERECHO APLICABLE...y al artículo 1 del Código Penal que establece NADIE PODRA SER PENADO POR INFRACCIONES QUE NO ESTEN DETERMINADAS EN UNA LEY ANTERIOR DE UN DELITO,. constituye una clara afrenta al Debido Proceso, la letra y el espíritu que se consignan en estos preceptos anteriormente citados, demuestran que en Honduras se somete a procesos a sus ciudadanos bajo el respeto ineludible del principio de legalidad, ello con el fin de proteger y respetar la libertad individual, que en el caso de ANGELA PLATERO fue suplantado esa tesis de legalidad, por la tesis de arbitrariedad Estatal, con el fin de romperle al Debido Proceso la vértebra del respeto a la constitucionalidad y a la aplicación de la ley sustantiva. El hecho de aplicar indebidamente los artículos 261 del Código Penal y el artículo 3 de El Delito De Lavado De Activos; sin prueba alguna, y sin determinación de la validez en la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, constituye una inhumana violación a de , que por más de dos décadas ha regido como contrato social los destinos de esta sociedad; el hacernos retroceder el tribunal de Sentencia por mas de 30 años haciéndonos recordar los gobiernos de facto, constituye un muy mal ejemplo para las nuevas generaciones de profesionales del derecho y no digamos la imagen que demuestra la administraci6n de Justicia Hondureña ante el foro Internacional; ya que al irrespetar de manera tan atrevida y calculada lo que hemos dado en llamar Constitución, es algo que hiere el espíritu y trastorna la susceptibilidad jurídica de todos 1os que amamos estas disciplinas. Resulta evidente con el simple análisis de fechas de la obtención de los bienes inmuebles y cuentas bancarias, que el patrimonio de mi representada existía antes de la vigencia de la ley de Lavado de Activos, consecuentemente al comprobar los excesos y desmanes cometidos por del Ministerio público, quien actúa en abierta impunidad e inmunidad de sus actos, al allanar ilegalmente una morada, detener a personas y utilizar métodos contra ellas para que declaren en contra de otras bajo promesa de su libertad, y tener el beneplácito del poder Judicial que a pesar de anular sus actos no ordenan se les deduzca la responsabilidad criminal y de remate, tácitamente valoran como licito la prueba derivada de esos actos nulos, convierte el fallo proferido en irracional, injusto y antidemocrático, porque el hecho de condenar a una persona, a sabiendas de que no existe ley aplicable al caso en concreto y recluir en la cárcel a esa persona, para pasar por alto los desmanes de un Ministerio Público que abusa de su autoridad, solo demuestra que con Tribunales de Sentencias de esta categoría, no se necesitan Estados de excepción para condenar sin fórmula de juicio a un ciudadano por tener dinero en el banco. Debería por y último, exponer en que consiste la aplicación indebida de la ley sustantiva anteriormente señalada, pero resultaría excesivo el argumento cuando resulta obvia y probada la aplicación indebida de las normas antes citadas.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY .- APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS PRECEPTOS PENALES SUSTANTIVOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 261 DEL CÓDIGO PENAL Y EL ARTÍCULO 3 DE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Argumenta el recurrente que el Juzgador de instancia condena a la imputada ANGELA PLATERO JUAREZ por el delito de VENTA DE LOTERIA CLANDESTINA Y LAVADO DE ACTIVOS, sin sujetarse a los hechos debidamente acreditados en el Juicio Oral y Publico. Reprocha que la sentencia condenatoria, infringe los artículos 1 y 261 del Código Penal y el articulo 3 de EI Delito De Lavado De Activos, ya que no se subsumen los hechos juzgados en esas figuras delictivas. Refiere que el Juzgador infringe el Artículo 95 de de , relativo a que NINGUNA PERSONA SERA SANCIONADA CON PENAS NO ESTABLECDAS PREVIAMENTE EN , el artículo 9 de Sobre Derechos Humanos, donde se prevé que NADIE PUEDE SER CONDENADO POR ACCIONES U OMISIONES QUE EN EL MOMENTO DE COMETERSE NO FUEREN DELICTIVOS SEGUN EL DERECHO APLICABLE...el Artículo 1 del Código Penal, que establece NADIE PODRA SER PENADO POR INFRACCIONES QUE NO ESTEN DETERMINADAS EN UNA LEY ANTERIOR A UN DELITO. Refiere que el Juzgador aplica indebidamente los artículos 261 del Código Penal y el artículo 3 de el Lavado De Activos, sin prueba alguna, sin determinación del tiempo de aplicación de la ley. Asegura que con el análisis de fechas de obtención de los bienes inmuebles y cuentas bancarias incautados, parte del patrimonio de la acusada, ya existía antes de la entrada en vigor de la ley de Lavado de Activos, lo que pone en evidencia los excesos y desmanes de , al allanar ilegalmente una morada, detener a varias personas y utilizar métodos contra ellas para que declaren en contra de otras bajo promesa de su libertad, con el beneplácito del Poder Judicial. Esta Sala de lo Penal reitera su criterio jurisprudencial en relación a que los hechos declarados probados que forman la base fáctica de la sentencia recurrida son intangibles e inalterables en casación. Ya el Art. 370 párrafo in fine, determina que “…, en ningún caso, podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados…”. Lo anterior, en virtud que el Juzgador de instancia ha tenido la inmediación de los actos del debate de juicio oral y público, sobre la formalización de la acusación, los alegatos de las partes, la evacuación de los medios de prueba y las conclusiones del juicio, de que se ha servido para formar su convicción. En el análisis del presente motivo es oportuno referirse a varias cuestiones que resultan de capital importancia, como son las relativas a la lesividad de la conducta delictiva consistente en la venta de lotería clandestina así como también a la identificación de cuales son los bienes jurídicos protegidos con la tipificación del delito de lavado de activos. Igualmente resulta pertinente referirnos a la cuestión controvertida en la doctrina científica de si el autor del delito previo o subyacente puede ser castigado también por las operaciones de lavado efectuadas sobre los bienes adquiridos y procedentes de aquel, y finalmente la importancia que la prueba indiciaria tiene en la determinación del origen delictivo de los bienes.- Con la lotería clandestina los clientes o jugadores procuran ganancias por medio de la suerte, adquiriendo un derecho (número) con el cual posteriormente, si acertaron el número favorecido, realizan el respectivo cobro y la persona que aporta el capital requerido para ese juego de lotería, obtiene grandes ganancias. Bien puede afirmarse que la lotería clandestina, le resta participación de mercado a debidamente autorizada. En cuanto a la competitividad de la lotería legalmente autorizada, en relación con la lotería clandestina, debe señalarse que esta última no tiene costos administrativos significativos como sí los tiene en su caso, el Patronato Nacional de (gastos de administración, publicidad, impresión, pago de salarios, compra de equipo, compra de papelería), no paga impuestos y hace uso de la infraestructura de los sorteos realizados por el PANI, circunstancias que permiten a los administradores de la lotería ilícita destinar más recursos a sus premios o pagar una mayor comisión a los vendedores de sus loterías y en ocasiones, otorgar beneficios especiales, situación que viene a incentivar la venta de lotería clandestina. De conformidad con el estudio realizado en el año 2003, en un país de nuestro mismo entorno geográfico y cultural como lo es Costa Rica, por la firma “Perspectivas de Desarrollo” para de Protección Social de San José, creada en el año de 1845 y que es una de las instituciones que más contribuye al fortalecimiento del sistema de seguridad social, al derecho a la salud y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que integran los sectores sociales más vulnerables de aquel país, gracias a las utilidades que genera la comercialización, venta y distribución de las loterías, que con carácter monopólico se le ha otorgado para su administración, se deriva que la masa de consumidores para los juegos ilegales es similar a la masa de consumidores que juega las loterías de y que sus volúmenes de venta son similares, lo que repercute negativamente en la obtención de ingresos para la entidad encargada de la venta de lotería legalmente autorizada. Similares circunstancias cabría predicar mutatis mutandis en nuestro país, por lo que el legislador ha considerado que desde un punto de vista político criminal la venta de lotería clandestina constituye una conducta que debe ser sancionada en la vía penal, dando lugar a la creación del tipo previsto en el artículo 261 de nuestro texto punitivo. En cuanto a la determinación del bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, esta es una cuestión que reviste una gran complejidad, dando lugar a que se formulen distintas posturas que van desde considerar que tales comportamientos lesionan o ponen en peligro la salud pública, el tráfico lícito de bienes en el mercado, el orden socioeconómico en su conjunto, la administración de justicia, la libre competencia, la estabilidad y solidez del sistema financiero, hasta una construcción pluriofensiva que resulta de combinar dos o más de esos intereses. Con fundamento en la teoría del mantenimiento aplicada en el ámbito del encubrimiento, algunos autores consideraban que el bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, era la salud pública; sin embargo el ataque y lesión al bien jurídico colectivo salud pública se produce con la realización del tráfico de drogas o cualquier otra conducta típica comprendida en el Consumo y Tráfico Ilícito de Drogas, sin que el aprovechamiento obtenido incida en el aumento o mantenimiento de las condiciones sanitarias. Por tal razón se considera que el lavado de activos es una figura autónoma que protege intereses distintos a los del delito de tráfico de drogas del que pudieran proceder los bienes. Las conductas de lavado de activos obstaculizan el funcionamiento de de Justicia dificultando la investigación de los hechos delictivos, y la labor de identificación y comiso de aquellos bienes de origen criminal; no obstante, la afectación de dicho bien jurídico por aquellos comportamientos sólo se produce de manera mediata. Si se hubiese querido proteger de manera inmediata a de Justicia como interés jurídico, hubiese bastado con reformar las figuras del encubrimiento previstas en la legislación penal ya existente. Por otro lado el lavado no supone la mera ocultación de bienes tal y como se concibe en el encubrimiento; al contrario, la adquisición, conversión, y transmisión de efectos, productos o ganancias de origen delictivo con la finalidad de darles una apariencia de legitimidad, supone un proceso dinámico, en el que los bienes no permanecen estáticos. El orden socioeconómico es una categoría sistemática que dada su vaguedad e imprecisión resulta insuficiente para designar en rigor al bien jurídico inmediatamente protegido por el delito de lavado de activos o por cualquier otro delito, siendo necesario determinar cual o cuales de sus parcelas son lesionadas o puestas en peligro por tales comportamientos. Para un sector de la doctrina el bien jurídico protegido es el tráfico lícito de bienes en el mercado como elemento indispensable para su normal funcionamiento y el de la economía en general. Desde tal perspectiva se confunde uno de los objetivos político-criminales que persigue el legislador al tipificar el lavado o blanqueo, con lo que constituye en sí el bien jurídico penalmente tutelado. Es obvio que con la incriminación del lavado de activos se pretende impedir que bienes de origen delictivo se incorporen a los circuitos económicos legales, sin embargo, ello no explica cual es la concreta parcela del orden socioeconómico que se ve lesionada o puesta en peligro por tales comportamientos. Los costes a que está sujeta la obtención de recursos procedentes de actividades delictivas son abrumadoramente inferiores a los exigidos para conseguir fondos lícitos, lo que estimula y favorece la aparición de situaciones de progresiva apropiación del mercado por parte de empresas ilegales que tienden a convertirse en monopolios, expulsando con ello a las dotadas de una menor disponibilidad de medios económicos y sometidas a cargas más elevadas. Con el castigo del lavado de activos se pretende salvaguardar la libre competencia como igualdad de oportunidades que se vería lesionada por la introducción de bienes de origen delictivo en los circuitos económicos legales. Por otro lado la inyección de grandes cantidades de dinero de origen delictivo en las entidades de intermediación financiera puede incidir negativamente en la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema en su conjunto. Las transferencias imprevistas de fondos que suelen caracterizar algunas operaciones de lavado, pueden traer como resultado la volatilidad de los tipos de cambio y de las tasas de interés. Por otra parte, la creación de bases de pasivos inestables y de estructuras de activos poco sólidas, genera grandes riesgos de que se produzcan crisis sistémicas caracterizadas por la inestabilidad y consecuente pérdida de confianza del público. De éste modo el lavado de activos se configura como un delito pluriofensivo, que protege la libre competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, junto con la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero, los intereses y a la vez condiciones para el buen funcionamiento del orden socioeconómico, que se ven inmediatamente protegidos al sancionar penalmente esa figura delictiva. Finalmente, las funciones de de Justicia consistentes en el descubrimiento de los delitos, identificación de sus autores y partícipes y la aplicación de las consecuencias jurídicas de la infracción penal, son los intereses jurídicos mediatamente protegidos por la normativa penal relativa al lavado de activos. En torno al problema de determinar si los intervinientes en el delito previo pueden o no ser sancionados como autores del posterior delito de blanqueo, las opiniones son de lo más dispares. Algunos ordenamientos jurídicos foráneos aclaran esta controvertida cuestión, en la mayoría de las ocasiones para excluir del ámbito de sujetos activos del lavado a los autores y los cómplices del delito previo, este es el caso de países como Alemania, Austria, Italia y Suecia. En sentido contrario, en algunos países el autor o partícipe del delito previo puede también ser castigado por una posterior conducta de blanqueo, como por ejemplo en los Estados Unidos de América y Bélgica. En el Derecho español como en el suizo, el legislador ha guardado absoluto silencio, omitiendo hacer cualquier referencia explícita a la cuestión, de tal manera que ha sido por vía jurisprudencial que se ha venido resolviendo la controversia. Y es que es frecuente como lo demuestra la experiencia, que quien ha sido autor del delito previo sea también quien lleve a cabo los actos de reciclaje de capitales o intervenga de un modo u otro en tales operaciones. Y es que aunque solo sea porque encarga los hechos de blanqueo, en mayor o menor medida, el autor del delito previo intervendrá en alguna forma en este nuevo delito, con lo cual debe analizarse si dicha intervención es típica o no. Para algunos autores la impunidad de los autores y partícipes en el delito previo se fundamenta en que su hecho reúne el carácter de acto posterior copenado. Se produciría así un concurso de leyes entre el hecho previo y el posterior lavado, que se resuelve conforme al principio de consunción. Frente a ese argumento se indica que para que el delito previo constituya un hecho posterior copenado ha de lesionar el mismo bien jurídico que el delito posterior o ha de encontrarse en la misma línea de progresión en el ataque al bien jurídico, identidad de bienes que no concurre en el delito de lavado de activos, en tanto que éste lesiona un bien jurídico propio, distinto del menoscabado por el delito previo, por lo que no puede constituir un hecho copenado. Desde otra perspectiva también se defiende la impunidad del delito posterior cometido por los responsables del hecho previo cuando pretenden eludir la acción de la justicia ejerciendo el privilegio del autoencubrimiento. Su fundamento reside en el principio de no exigibilidad de una conducta distinta a la realizada, en tanto en cuanto que no se puede exigir al delincuente que se descubra. El sujeto, ante la posibilidad de evitar los efectos perjudiciales que pueden derivarse de la acción policial o judicial encubre su delito mediante la ocultación de los bienes que de él ha obtenido. Esta tesis se apoya en derechos fundamentales como el derecho a no declarar contra sí mismo y declararse culpable. No se puede castigar a quien ha cometido un delito por encubrir los bienes derivados del mismo pues ello equivaldría a exigirle una declaración contra sí mismo. En cambio, si se puede sancionar al delincuente que realiza otros delitos distintos para encubrir los bienes, tales como estafas, falsedades documentales, etc. El mero hecho de autoencubrirse desde la perspectiva antes apuntada, da lugar a una situación de inexigibilidad de una conducta diferente, que excluye la culpabilidad del sujeto. Frente a las posiciones que abogan por la impunidad se encuentran aquellas que pugnan por el castigo de quien lava o blanquea bienes procedentes de un delito en el que ha participado. En contra de los argumentos expuestos se dice que los intervinientes en el delito previo que lavan sus ganancias quedan incluidos dentro del radio de acción del tipo de lavado de activos. Se arguye que por ejemplo los grandes capos de la droga lavan los fondos obtenidos y lesionan gravemente el bien jurídico que directamente se trata de proteger con el castigo del lavado de activos: el orden socioeconómico. En este sentido, desde una perspectiva material se hace hincapié de que el delito de lavado se fundamenta sobre la tutela de un objeto jurídico plenamente autónomo del que pueda ser afectado por el delito precedente, entendiendo que el lavado de activos cuando es ejecutado por la misma persona que cometió el delito previo no debe entenderse consumido bajo la responsabilidad que pudiera dimanar del mismo, y que al contrario, el lavado merece ser castigado sin que esa identidad subjetiva repercuta en absoluto, máxime sí se aprecia que su gravedad puede ser superior a la correspondiente a la acción ilícita anterior. de Viena de la que Honduras es suscriptor, no se pronuncia a favor de la exclusión de la responsabilidad del autor previo. de Naciones Unidas para Combatir Transnacional, en su artículo 6, cuando penaliza el lavado del producto del delito, dispone en su apartado 2, que “sí así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido previamente el delito determinante…”. El Reglamento Modelo CICAD OEA aprobado por de en 1992, señala en su artículo 2.6 que los delitos de lavado se consideran delitos autónomos respecto de los delitos que proceden los bienes. Siendo el lavado un delito autónomo, puede deducirse que la intención de los redactores es que se pueda castigar por el delito de lavado, al ser independiente, también a los responsables del delito previo (vid. BLANCO CORDERO, ISIDORO, en AAVV “Programa de Capacitación para Jueces y Fiscales en Lavado de Activos”, OAS/OEA/CICAD, Corte Suprema de Justicia, pág. 146). En opinión de esta Sala, el legislador hondureño ha optado por la solución de castigar a quienes lavan bienes procedentes de aquellos delitos en los que han intervenido previamente. Primero: porque a pesar de que un instrumentos jurídico internacional como de Naciones Unidas para Combatir Transnacional permite que cada Estado pueda decidir libremente que las figuras de lavado no se apliquen a quienes hayan cometido previamente el delito determinante, el Estado de Honduras no lo ha hecho. Segundo: Porque de Viena, no dice nada al respecto, lo cual puede entenderse en el sentido de que cada país puede optar por castigar o no al autor que lava o recicla bienes procedentes del delito en el que ha intervenido anteriormente, y tercero: en tanto en cuanto que el tenor del artículo 6 párrafo segundo de nuestra Ley contra el Delito de Lavado de Activos, “las sanciones impuestas en esta ley serán aplicables también cuando su comisión esté vinculada con otras actividades ilícitas, en cuyo caso al culpable se le impondrán las penas correspondientes a las distintas infracciones…”. Finalmente es importante referirnos a la importancia de la prueba indiciaria en la determinación del origen ilícito de los bienes, y del conocimiento de ese dato por el autor en la configuración del delito de lavado de activos. La prueba de indicios identificada también como prueba indirecta, circunstancial, conjetural o de presunciones, que mediante la demostración de los mismos también llamados “hechos base”- permite deducir la ejecución del hecho delictivo y/o la participación en el mismo – el “hecho consecuencia”- siempre que exista un enlace preciso y directo entre aquéllos y éste. La debida utilización de la prueba indiciaria está sujeta, pues, a las siguientes condiciones: 1) Los indicios deben ser plurales (muy excepcionalmente puede bastar uno sólo siempre que revista una singular importancia), 2) Deben estar acreditados mediante prueba directa, 3) Deben estar estrechamente relacionados entre sí, 4) Deben ser concomitantes o, dicho de otro modo, unívocamente incriminatorios, y 5) Que entre los indicios y el hecho necesitado de prueba debe existir un enlace preciso y directo conforme a las reglas de la lógica, de la experiencia y del criterio humano. La determinación de la procedencia criminal de los bienes que son objeto de los actos típicos de lavado, no requerirá otras exigencias que la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo genérico, que permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes. Como elementos indiciarios de interés, será necesario valorar para demostrar el conocimiento ilícito, entre otros muchos, datos tales como la utilización de identidades supuestas, la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, la utilización de testaferros sin disponibilidad económica real sobre los bienes, la vinculación con sociedades ficticias carentes de actividad económica alguna, muy especialmente si radican en países conceptuados como paraísos fiscales, la realización de alteraciones documentales, el fraccionamiento de ingresos en los depósitos bancarios para disimular su cuantía, la disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin origen conocido, la simulación de negocios u operaciones comerciales que no responden a la realidad, la percepción de elevadas comisiones por los intermediarios y en definitiva cualesquiera otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales actos que sean susceptibles de ser calificadas como irregulares o atípicas desde una perspectiva financiera o mercantil y que no vienen sino a indicar en el fondo la clara intención o voluntad de ocultar o encubrir los bienes o productos del delito. En conclusión, la construcción del tipo penal de lavado de activos se consagra sobre tres pilares o elementos, manifiestamente reveladores de la importancia y trascendencia de la prueba de indicios: 1)Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas, 2) Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales, y 3) Vinculación con actividades delictivas. En el presente caso, los hechos declarados probados se ajustan perfectamente a los tipos penales contenidos en los Artículos 261 del Código Penal y el Artículo 3 de contra el Lavado de Activos. Se ha probado que la acusada ANGELA PLATERO JUAREZ, logró acumular un patrimonio de gran importancia, conformado fundamentalmente por ahorros millonarios, repartidos en varias cuentas bancarias abiertas en su nombre, varios inmuebles y vehículos de lujo, sin que se haya demostrado que tales bienes proceden de la realización de actividades comerciales, por haberlos adquirido en herencia o legado, como resultado de haber obtenido algún premio en la lotería, ni como producto de cualquier otra actividad lícita, sino más bien se desprende de manera racional y más allá de toda duda razonable, que tal masa de bienes tiene su origen o se deriva de la actividad delictiva cometida sistemáticamente por la imputada al dedicarse a la venta en gran escala de lotería clandestina. Es así como en base a las pruebas de cargo aportadas al proceso, la encausada ha sido penada por los delitos determinados en el artículo 261 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Venta de Lotería Clandestina, y por el delito de Lavado de Activos, tipificado y sancionado en el artículo 3 de dicha ley penal especial, ambas infracciones en perjuicio de del Estado de Honduras. La acumulación de grandes cantidades en metálico puede llamar su atención en relación con su procedencia ilícita, aparte de los riesgos de los peligros de robo, hurto o incluso de embargo. Todo ello obliga a los delincuentes a desplazar físicamente grandes cantidades fuera del lugar de obtención con destino a otros donde sea más fácil encubrir el origen delictivo, en orden a su posterior sustitución. Las formas en que la colocación de bienes puede llevarse a cabo son ilimitadas, siendo una de las más frecuentemente utilizadas, el depósito del efectivo en entidades financieras, adquisición de instrumentos monetarios, transferencias de una cuenta a otra, etc…No cabe duda para esta Sala que parte del dinero obtenido por la venta sistemática de lotería clandestina, efectuada durante varios años por la imputada, ha sido poseído y al mismo tiempo depositado por la encausada en diversas instituciones del sistema financiero nacional, con el evidente propósito de borrar su rastro delictivo y disponer de el para el mantenimiento del ilícito negocio al que se dedicaba, y para la conversión del mismo en otros bienes, particularmente a través de su inversión en inmuebles y vehículos automotores, poniendo así en precario los bienes jurídicos protegidos directa e indirectamente por el tipo penal de lavado de activos. De ahí que por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo invocado por el recurrente, debe ser desestimado. POR TANTO: de Justicia, en nombre de de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 95, 96, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados, 321 de de , 1, 2, 2-C, 13, 14, 35, 38 párrafo tercero, 55, 262 del Código Penal, 60 párrafos primero y tercero, 198, 200, 202, 360, 361 y 362 número 3 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.- Declarar parcialmente con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Pprecepto Constitucional, en su único motivo; II.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina legal en su único motivo, y por Quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el recurrente, en su condición indicada, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintidós de febrero de dos mil ocho.- III.- a) Mantener a la orden de y confirmar el comiso del inmueble ubicado en Vista de San Pedro Sula, identificado como Lote No. 8, inscrito bajo el No. 27, Tomo 4351 del Registro de de San Pedro Sula, adquirido en fecha 2 de octubre de 2002 (vid. Folios 670-671 del Tomo III), b) Mantener a de y confirmar el comiso del inmueble ubicado en Álamos de San Pedro Sula, inscrito bajo el Número 19, Tomo 466 del Registro de de San Pedro Sula, adquirido en fecha 28 de febrero de 2003, IV) Confirmar el comiso y Ordenar a que ponga a disposición del Juzgado de Ejecución de de San Pedro Sula, el inmueble ubicado en la urbanización denominada Residencial Florencia II Etapa de San Pedro Sula, inscrito bajo el número 71 Tomo 4380 del Registro de , adquirido en fecha 11 de mayo de 2002 (vid Folios No 680 vuelto y 681 del Tomo III). V.- Devolver a la imputada ANGELA PLATERO JUAREZ, los siguientes bienes inmuebles: a) Lote de terreno y casa de habitación ubicada en Roble de San Pedro Sula, identificado bajo el No. 79, Tomo 2557 del Registro de de aquella Sección Judicial, adquirido en fecha 30 de abril de 1996 (vid. Folios No. 697 vuelto y 698 del Tomo III), b) lote de terreno ubicado en del Valle de San Pedro Sula, inscrito bajo el número 64 del Tomo 2745 del Registro de , adquirido en fecha 21 de febrero de 1997 (vid. Folios 693 vuelto y 694 del Tomo III) c)Lote de terreno y casa de habitación ubicados en Flores de San Pedro Sula, inscrito bajo el número 56 Tomo 2913 del Registro de , adquirido en fecha 4 de noviembre de 1997 (vid. Folios 685 vuelto y 686 del Tomo III), d) Lote de terreno y mejoras ubicados en Cristóbal de San Pedro Sula, inscritos bajo el número 3 Tomo 3016 del Registro de , adquirido en fecha 4 de noviembre de 1997 (vid. Folios No. 689 vuelto y 690 del Tomo III), e) Lote de terreno y mejoras ubicado en Cristóbal de San Pedro Sula, inscrito bajo el número 66 Tomo 2874 del Registro de , adquirido en fecha 9 de septiembre de 1997 (vid. Folios No. 701 vuelto y 702 del Tomo III).- VI) Confirmar el comiso y mantener a la orden de los depósitos en de Ahorros No. 2201090483, abierta en el Banco Atlántida S.A. en fecha 20 de septiembre de 2002 (vid. Folio No. 620 del Tomo III), a nombre de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, VII) Confirmar el comiso y mantener a la orden de , los depósitos en de Ahorro No. 2100175804, abierta en el Banco Mercantil S.A. en fecha 15 de noviembre de nombre de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ (vid. Folio No. 621 del Tomo III), VIII) Confirmar el comiso y mantener a la orden de , los depósitos de de Ahorros No. 21-201086520-5, abierta en el Banco de Occidente S.A. en fecha 18 de julio de nombre de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ (vid. Folio No. 625 del Tomo III), IX) Confirmar el comiso de de Ahorros No. 601-246-108-8, abierta en el Banco Grupo del Ahorro Hondureño (BGA), en fecha 9 de enero de 2001 (vid. Folios No. 534 y 543 del Tomo III) el saldo existente líquido hasta el día 4 de junio de 2002, deberá ponerlo a disposición del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, luego el remanente, es decir una vez restado del total ahora existente la cifra anterior, se mantendrá a disposición de , X) Confirmar el comiso sobre de Ahorros Número 02-F27849, abierta en el Banco del País S.A., en fecha 2 de agosto de 2000 (vid. Folio No. 553 del Tomo III) , de tal manera que el saldo líquido existente hasta el día 4 de junio de 2002, deberá ponerla a disposición del Juzgado de Ejecución de la ciudad de San Pedro Sula, en tanto que el remanente, a partir del saldo existente a partir del 5 de junio de 2002 hasta el presente, deberá ponerse a disposición de , XI) Confirmar el comiso y mantener a la orden de , los depósitos en de Ahorros No. 206-01-101-001908-5, abierta en el Banco en fecha 6 de diciembre de 2002 (vid. Folios NO. 528-529 del Tomo III) a nombre de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, XII) Confirmar el comiso sobre de Ahorros Número 2701008109, abierta en el Banco Hondureño del Café S.A., en fecha 19 de marzo de 2002 (vid. Folios No. 660, 667 y 668 del Tomo III) a nombre de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, de tal manera que el saldo líquido existente, hasta el día 4 de junio de 2002, deberá ponerla a disposición del Juez de Ejecución de la ciudad de San Pedro Sula, en tanto que el remanente, que resulte de restar esa suma del total del saldo existente hasta la fecha, deberá mantenerse a la orden de , XIII) Confirmar el Comiso sobre los depósitos en la cuenta de Ahorros Número 0766944, abierta en el Banco de los Trabajadores, en fecha 30 de abril de 2001 (vid. Folio No. 612 del Tomo III), a nombre de la señora ANGELA PLATERO JUAREZ, de tal manera, que el saldo líquido existente hasta el día 4 de junio de 2002, deberá ponerla a disposición del Juzgado de Ejecución de la ciudad de San Pedro Sula, en tanto que el remanente, que resulte de restar esa suma del total del saldo existente hasta el presente deberá mantenerse a la orden de , XIV) Confirmar el comiso y mantener a la orden de los siguientes bienes: a)Vehículo marca Toyota Hi-Lux, color verde, tipo pick up, doble cabina, con camper de lujo, placas PBL-7447, serie JTFDE696100095592, año 2003 (vid. Folio No. 508 y 510 del Tomo III) , b) Vehículo marca Toyota, Modelo LC Prado, año 2004, tipo camioneta de lujo, color azul oscuro M.M. Placa No. PBK 3963, serie JTEBY25J600008971, (vid. Folio No. 648 del Tomo III) c) cantidades de dinero en efectivo por las sumas de 248,306.00 lempiras y 4,378 dólares, mencionadas en el acápite IV) literales A) y B) de la tercera sección de la parte dispositiva de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, y las cantidades de diecisiete mil seiscientos veintitrés lempiras y ocho mil seiscientos sesenta y cinco lempiras con setenta centavos, mencionadas en el acápite V, de de la parte dispositiva de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL.”Extendida en de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero de dos mil diez.- Certificación de de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Casación Penal número S.P.349=2008.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL