Sentencia CP-05-08 — Registro 17936
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de de Hurto agravado continuado, se declara sin lugar el recurso de casación
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinticinco de junio del año dos mil ocho, por medio de de lo Penal, integrada por los Magistrados HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON, MARTHA TOMASA CASTRO ROQUE y NICOLAS GARCIA ZORTO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que condenó al señor LUIS FERNANDO MURILLO MATUTE a la pena de NUEVE (09) AÑOS DOS (2) MESES, de reclusión, más las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por encontrarlo responsable del delito de HURTO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de BENEFICIO DE ARROZ “”.- SON PARTES: El Abogado René Velásquez Díaz como recurrente y las Abogadas Wendy Yolanda Flores Romero, en su condición de Acusadora Privada y María Arita como recurridas. CONSIDERANDO: I.- El recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El recurrente desarrollo su recurso de Casación de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: Insuficiencia de Motivación Fáctica en impugnada. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, se encuentra comprendido en el numeral 3) del Artículo 362 del Código Procesal Penal. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Mediante este vicio in procedendo, el Tribunal de Sentencia ha infringido lo dispuesto en el Artículo 239 numeral 1) del Código Procesal Penal, en cuanto dispone en que casos se oirá el Dictamen de Peritos, así como el Artículo 338, parte CUARTA, numeral 2) del mismo Código Procesal Penal, en cuanto ordena que toda Sentencia Definitiva deberá fundamentarse, entre otras cosas, con de DEL MOTIVO: En la sentencia definitiva que hoy se impugna, este Tribunal de Sentencia declaró, como SEGUNDO HECHO PROBADO, que mi defendido, el señor LUIS FERNANDO MURILLO MATUTE, durante su desempeño como empleado del Beneficio de Arroz “”, cometió una serie de “…irregularidades en los depósitos realizados en diferentes ocasiones por el acusado a la cuenta de la empresa, presentando para ello, hojas de depósitos duplicadas, con las cuales con un mismo depósito cancelaba dos facturas diferentes, presentándolas en fechas alternas…”. Es precisamente esta la forma en que, según este Tribunal de Sentencia, mi representado, durante el curso del tiempo, sustrajo cantidades de dinero de su empleador; y es por tal apreciación que, en la parte Resolutiva del Fallo, resuelve condenarlo por el delito de Hurto Continuado en perjuicio de la ya mencionada empresa. Ahora bien, para justificar o fundamentar esta aseveración de hecho que sirvió de base para emitir el fallo condenatorio en perjuicio de mi mandante, el Tribunal Sentenciador, en su acápite de “Valoración de ”, específicamente, en el apartado que trata sobre su apreciación de aportada por el Ministerio Público, en repetidas ocasiones manifiesta que, según tal o cual documento en particular, se acreditó que mi Representado había adulterado hojas de depósito bancario, alterado fechas y cantidades, y que había usado firmas distintas en tales hojas de depósito. Para ilustrar este punto, me permito citar los siguientes ejemplos: En el numeral 3) de tal apartado, se afirma que “…se observó que en la mayoría de los comprobantes utilizaban una firma en comprobantes de la agencia y otra en los comprobantes de depósitos ante sucursales…” (lo subrayado es mío) * En el numeral 30) de tal apartado, el Tribunal Sentenciador apreció que “…en donde se adulteró el número de cheque y se insertó distintas firmas en los comprobantes…” (lo subrayado es mío). * En el numeral 31) de tal apartado, se asevera que “…en este depósito se cambió el número de cheque depositado para confundir y se cambió la firma en el depósito…” (lo subrayado es mío). * En el numeral 32) de tal apartado, el Sentenciador aprecia que “…se cambió la numeración de cheque en depósito; se cambió el año en la fecha de depósito; y se cambió la firma en los comprobantes…” (lo subrayado es mío). Como se mencionó anteriormente, estos son solo algunos ejemplos de la forma en que, el Tribunal Sentenciador al momento de valorar la prueba documental aportada por , lo hace afirmando que, mi representado LUIS FERNANDO MURILLO MATUTE, en repetidas ocasiones, alteró fechas y números de cheques, así como utilizó distintas firmas en hojas de depósito; y es precisamente esta valoración de la prueba, la cual motivó al Juzgador a concluir que mi defendido, había cometido el Delito por el cual se le encausa. Ante todo lo anterior, habrá forzosamente que preguntarse: ¿Exactamente cual es el medio o indicio de prueba que convenció al Tribunal de Sentencia de que los documentos citados anteriormente, en efecto fueron alterados por el encausado LUIS FERNANDO MURILLO MATUTE? ¿Cuál es el medio o indicio de prueba que acredita que todas esas “distintas firmas” utilizadas en los comprobantes de depósito, en efecto fueron impuestas por LUIS FERNANDO MURILLO MATUTE? Sobre este punto, el Tribunal Sentenciador afirma que llegó a la conclusión que tales alteraciones documentales fueron en efecto realizadas por el encausado, en virtud que “…la duplicidad de las hojas de depósito, y la firma del acusado en ellas, lo cual no deja lugar a duda que era él quien realizaba los mismos…”, y asimismo que “…documentación que merecen confiabilidad y no dejan ningún atisbo de duda por parte de este órgano sentenciador…”. Lo que ha hecho este Tribunal, es deducir que, si los documentos en mención en efecto existen y presentan APARENTES adulteraciones, las mismas, forzosamente, deben haber sido ejecutadas por el encausado. Semejante conclusión, no hace más que evidenciar la defectuosa valoración de la prueba realizada por este Tribunal de Sentencia. En efecto, durante todo el presente proceso, mi representado ha negado enfáticamente que él (LUIS FERNANDO MURILLO MATUTE), haya sido el autor de las adulteraciones a los documentos presentados por , ni que sean suyas esas diversas firmas que calzan tales documentos. Esta versión de los hechos es reconocida por el mismo Tribunal de Sentencia al manifestar que “...esta situación hipotética que presenta el imputado es posible…”; sin embargo, el mismo Tribunal desecha totalmente tal posibilidad, en virtud que, a su juicio, los testigos de cargo son más que suficiente para desvirtuarla. Esto es totalmente infundado, ningún testigo de cargo afirmó que haya presenciado que el imputado LUIS FERNANDO MURILLO MATUTE haya adulterado o falsificado documentos o firmas algunas. Como será del perfecto conocimiento de este Tribunal, ante documentos que presentan aparentes alteraciones, así como documentos con firmas cuestionadas, resulta indispensable la práctica de alguna diligencia probatoria de naturaleza técnica, mediante la cual se pueda dilucidar si en efecto tales adulteraciones ocurrieron, y más importante aún, quien fue su autor. Estos extremos, por ser de naturaleza estrictamente técnica, para los cuales se requieren conocimientos específicos que sobrepasan el campo jurídico, forzosamente deben ser determinados por un facultativo debidamente capacitado y reconocido para actuar como Perito en la materia de documentología. Esta aseveración, tiene su sustento ineludible en lo dispuesto en el Artículo 239 numeral 1) del Código Procesal Penal, en cuanto ordena que se oirá el Dictamen de Peritos, entre otros casos, cuando se trate “Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales no jurídicos, de naturaleza técnica, científica o artística”.En el presente caso, si el Tribunal Sentenciador pretende desechar la aseveración del imputado de que él no fue el autor de las adulteraciones a los documentos que se le imputan, si se quiere al mismo tiempo respetar el principio constitucional de Presunción de Inocencia, semejante imputación deberá forzosamente responder a un medio probatorio que, de forma técnica y científica, acredite sin lugar a dudas que dicho extremo es cierto. Recuérdese: la sola existencia y presentación en juicio de documentos que aparentan adulteraciones en fechas y cantidades, así como la pluralidad de firmas, no es, per se, prueba suficiente de la realidad de dichas adulteraciones, ni mucho menos, de la autoría de las mismas. Es por estas razones que se afirma que en el presente caso, el Honorable Tribunal de Sentencia, al concluir que fue mi representado LUIS FERNANDO MURILLO MATUTE el responsable de haber adulterado los documentos tantas veces mencionados, así como el autor de las diversas firmas que en ellos constan, sin que exista ninguna prueba científica o técnica que sustente tal extremo; esto conlleva una innegable motivación fáctica insuficiente en el fallo impugnado, pues el Sentenciador no ha podido fundamentar de manera lógica su afirmación de los hechos probados. De esta manera, se evidencia que este Tribunal de Sentencia, ha infringido igualmente el mandato estipulado en el Artículo 338, parte CUARTA, numeral 2) del mismo Código Procesal Penal, en cuanto del Fallo es insuficiente al no poder el Sentenciador, justificar como a partir de ciertos indicios (la existencia de documentos aparentemente adulterados), llega a una conclusión sobre otro hecho (la autoría de tales adulteraciones). Si este Honorable Tribunal de Sentencia, al momento de valorar las pruebas, hubiese fundamentado suficientemente tal valoración, obviamente hubiese llegado a una conclusión muy distinta sobre la participación de mi defendido LUIS FERNANDO MURILLO MATUTE en el hecho por el cual ha sido condenado; y por tanto, al no haberlo hecho así, amerita que Suprema de Justicia, actuando a través de su Sala de lo Penal como Tribunal de Casación, anule el fallo recurrido y devuelva los antecedentes a este Tribunal de Sentencia para que se subsanen los vicios procesales incurridos. Por tratarse de la sentencia definitiva, recurrida, dictada por el Tribunal de Sentencia, no fue posible realizar reclamo alguno en su oportunidad para subsanar los hechos constitutivos del motivo único de este recurso.” Centra su recurso el recurrente afirmando, que el sentenciador se ha equivocado al dictar una sentencia condenatoria, pues los elementos probatorios en que fundamenta la misma, no son suficientes, pues necesitaba del auxilio de peritos para poder hacer tales aseveraciones, basadas en dicha experticia, pues el juzgador carece de conocimientos técnicos para poder determinar la adulteración, falsificación de firmas y doble uso de hojas de depósito por parte del imputado en la comisión del delito, no pudiendo concluir que dichas irregularidades fueron cometidas por su representado, por carecer el juez de un dictamen que lo ligue con dichos documentos, violando el artículo 239 numeral 1) del Código Procesal Penal, en cuanto ordena que se oirá el Dictamen de Peritos, entre otros casos, cuando se trate “Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales no jurídicos, de naturaleza técnica, científica o artística”, artículo que si hubiere sido aplicado debidamente por el sentenciador, hubiera dictado una sentencia absolutoria.- Esta Sala al respecto se pronuncia de la siguiente manera, el perito es un experto que auxilia con su conocimiento al juez, en casos que necesitan conocimientos especializados que no pueden ser suplidos por la experiencia común, en el presente caso la comisión del delito es descubierta después de una auditoria realizada por expertos en la materia, en los hallazgos encontrados en la misma se describe el procedimiento utilizado por la persona que hacia los depósitos, el sentenciador afirma “…la duplicidad de las hojas de depósito, y la firma del acusado en ellas, lo cual no deja lugar a duda que era él quien realizaba los mismos…”, y asimismo que “…documentación que merecen confiabilidad y no dejan ningún atisbo de duda por parte de este órgano sentenciador…”. Las preguntas a contestar serian ¿Quién hacia los depósitos?, ¿la firma de quien aparecía en los mismos?, en caso de tener adulteraciones, ¿Quién las hizo?, ¿a quien beneficiaban dichos actos?, al respecto, consta que los depósitos los hacia el imputado, lógicamente la que aparece es su firma, las adulteraciones beneficiaban al imputado, en base a esas afirmaciones se puede derivar que el autor de dichas acciones fue el encartado; la defensa en caso de considerar que dichos actos no fueron realizados por su representado lo hubiera probado; por lo expuesto se considera que el sentido común y las máximas de la experiencia aplicadas por el sentenciador son suficiente soporte para hacer las afirmaciones enunciadas en su sentencia, sin necesidad de tener que recurrir a la vía pericial, por existir suficientes indicios en contra del imputado que convergen en la señalización de su culpabilidad.- Por lo expuesto se declara sin lugar este motivo. IV.- Continua manifestando el recurrente: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: VIOLACION, O SEA FALTA DE APLICACION DEL ARTICULO 1905 DEL CODIGO CIVIL, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 1888 Y 1899 DEL MISMO CODIGO CIVIL. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en la resolución definitiva dictada el 31 de Mayo de 2007, contra la cual se recurre, consigna en los HECHOS PROBADOS, lo siguiente: “…UNO.- El acusado Luís Fernando Murillo Matute, quien gozaba de absoluta confianza del señor Miguel Hilsaca Zerene, durante los años 2004, laboró para este en el Beneficio de Arroz “” ubicado en la ciudad de Danli, El Paraíso, como agente vendedor de la empresa en las zonas de Choluteca y Comayagua devengando un sueldo de 3.500.00 lempiras mensuales mas comisiones, teniendo como obligación la venta de arroz, el cobro del producto y el deposito del dinero producto de las ventas en las diferentes cuentas bancarias de la empresa….” (El subrayado y las negritas son puestas por mi persona, únicamente para destacar). “…DOS.- En el año dos mil tres, la empresa en mención instalo un sistema de computo para ejercer un mejor control de sus transacciones comerciales, lo cual facilito que la encargada de cuentas por cobrar, detectara irregularidades en los depósitos realizados en diferentes ocasiones por el acusado a la cuenta de la empresa, presentando para ello, hojas de depósitos duplicadas, con las cuales con un mismo deposito cancelaba dos facturas diferentes, presentándolas en fechas alternas.” “…TRES: A raíz de estas irregularidades el propietario del Beneficio de Arroz ordeno una auditoria interna de las actuaciones del acusado la cual corroboró, que efectivamente este en reiteradas ocasiones, no entero la totalidad del dinero cobrado a los clientes, sino que usando el procedimiento descrito anteriormente se agencio de una cantidad de dinero para su provecho personal, la cual ascendió a la cantidad de 9,181.801.00 lempiras.” Hasta aquí hago una transcripción de los hechos probados por el Tribunal de Sentencia. El Artículo 1905 del Código Civil, invocado como infringido por violación en el presente recurso de casación, dispone lo siguiente: “Art. 1905.- El mandatario es responsable no solamente del dolo, sino también de la culpa, que deberá estimarse por los Tribunales, según que el mandato haya sido o no retribuido.” (El subrayado y las negritas son míos). “…El mandato, -consigna el artículo 1888 del referido Código Civil-, es un contrato por medio del cual se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta y encargo de otra”.-Ha sido definido doctrinal y aceptado universalmente, que la persona obligada a prestar el servicio o a hacer alguna cosa, se denomina “mandatario” y la persona en cuyo favor se presta ese servicio o se hace esa cosa, se llama “mandante”.- “…El mandatario…., -dispone el articulo 1899, del aludido Código Civil-, (estas dos ultimas normas relacionadas con la norma principal violada), esta obligado a dar cuenta de sus operaciones y a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aun cuando lo recibido no se debiere al segundo”. De acuerdo con lo expuesto por el Tribunal de Sentencia recurrido, en la exposición de HECHOS PROBADOS, y también con las normas jurídicas a las que me refiero en este motivo, mi representado, el acusado, Luís Fernando Murillo Matute, actuó en su gestión como un mandatario a favor de su mandante Miguel Hilsaca Zerene, Gerente-Propietario de la empresa mercantil individual, Beneficio de Arroz “”; es decir, existió entre estas dos personas, un contrato de mandato, regulado por el Código Civil, específicamente por la normas que alego como infringidas, en la forma como lo enuncio, como ser que el ahora acusado, tenia la obligación de vender a diferentes comerciantes, por cuenta y encargo de esta empresa y en las zonas del país a él asignadas, el arroz que producía dicha empresa; devengando por esta actividad un salario mensual más comisiones; debiendo efectuar los cobros por las ventas de arroz que hacia y posteriormente, depositar a favor de la mencionada empresa, las cantidades que recibía por estas ventas en diferentes instituciones bancarias del país. “…En el año dos mil tres, -sostiene el Tribunal de Sentencia recurrido, en sus intangibles hechos probados-, la empresa en mención instalo un sistema de computo para ejercer un mejor control de sus transacciones comerciales, lo cual facilitó que la encargada de cuentas por cobrar, detectara irregularidades en los depósitos realizados en diferentes ocasiones por el acusado a la cuenta de la empresa….” Con lo establecido por el Tribunal de Sentencia, hasta esta parte de los hechos declarados probados, concluimos que la sentencia recurrida es violatoria de las normas que se alegan como infringidas por falta de aplicación, pues de acuerdo con estas normas, de haberlas aplicado la acusación no procedía, sin antes tramitar la respectiva rendición de cuentas, como así lo disponen estas normas legales, y así lo debió declarar en la sentencia recurrida, en lugar de condenar, como efectivamente se condenó a mi representado.” Afirma el recurrente en la formalización del recurso violación por falta de aplicación de los artículos 1888, 1899, 1905 del Código Civil, en cuanto a que entre su representado y el ofendido existía un contrato de mandato, circunstancia por la cual no puede deducirse responsabilidades al mandante sino ha existido rendición de cuentas, además que el articulo Art. 1905 del Código Civil literalmente dice: .- El mandatario es responsable no solamente del dolo, sino también de la culpa, que deberá estimarse por los Tribunales, según que el mandato haya sido o no retribuido.” Al respecto esta Sala se pronuncia de la siguiente manera, en la fundamentación fáctica de la sentencia dictada por el Aquo, se determina que el imputado, estaba bajo el mando del ofendido, que devengaba un sueldo y que el trabajo que realizaba era la venta de arroz y cobro de estas, existiendo en consecuencia un contrato de trabajo y no un mandato como pretende el casacionista; el artículo 1905 no sería aplicable por referirse a una culpa y dolo civil y no penal.- Por lo expuesto se declara sin lugar este motivo por infracción de ley. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de de , 1 y 80 número 1 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360, 361, 362 numeral 2 y 3, 367 y 369 del Código Procesal Penal; artículo 8 de sobre Derechos Humanos.- FALLA: Declara sin lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo y por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que condenó al señor LUIS FERNANDO MURILLO MATUTE, por encontrarlo responsable del delito de HURTO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de BENEFICIO DE ARROZ “”.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales correspondientes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- HECTOR EFRAIN FORTIN.- COORDINADOR.- MARTHA TOMASA CASTRO ROQUE.- NICOLAS GARCIA ZORTO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”5410200525780000-31051500 Extendida a solicitud de la Abogada KAREN LIZETH MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de octubre de dos mil ocho, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No.05-08.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL