Sentencia CP-173-06 — Registro 4321
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primer instancia que condena al imputado por los delitos de facilitación de medio de transporte para el tráfico o consumo de drogas y posesión ilegal de arma de fuego comercial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."El Censor considera que los hechos declarados probados se desprende que la conducta del el imputado M. C. C., no se subsume en el tipo penal de facilitación del medio para el transporte de drogas ilícitas que describe el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, ya que cuando el encartado se transportaba en una lancha fue requerido por la Policía, dándose la circunstancia de que al practicársele un registro se acreditó que estaba en posesión y al mismo tiempo transportando dos bolsas de plástico contentivas de marihuana, cuya peso total no se correspondía a la dosis considerada para consumo personal inmediato, de ahí que su comportamiento, a juicio del ente acusador, debe susbsumirse en el tipo penal que describe el artículo 18 de la misma Ley penal especial, es decir en el delito de Trafico Ilícito de Drogas, recordando que conforme a lo dispuesto en el artículo 5 No. 34) de la ley supracitada, el tráfico se define mediante el empleo de una serie de verbos entre los cuales se encuentran los de poseer o transportar dolosamente o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas. Esta Sala considera pertinente recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece en lo conducente lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare…….los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.” Por su parte, el artículo 18 de la misma ley penal especial prevé que: “el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, señalando en el artículo 5 No. 34) que para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. Una lectura detenida de los preceptos legales antes indicados pone en evidencia que la controversia esencial planteada en el presente recurso se entabla entre la posición del Juzgador de Instancia que ha condenado al imputado por la comisión del delito de facilitación del medio de transporte para el tráfico ilícito de drogas (art. 22), y la del Censor, cuando sostiene que del relato fáctico se desprende que el encartado debe ser sancionado con la pena prevista para el delito de tráfico ilícito de drogas (art. 18), huelga decir que amén de un tratamiento punitivo sumamente severo, la técnica utilizada por el legislador hondureño en la tipificación de los delitos relativos al tráfico de drogas es poco afortunada, ya que al definir el tráfico de drogas (art. 5 No. 34), hace referencia a verbos típicos, como son los de producir, fabricar, tener en depósito, transportar, que a su vez son empleados en los mismos términos o similares en la construcción de otros tipos penales contenidos en la misma ley y que son merecedores de menor pena, así tenemos: el cultivo de plantas estupefacientes, que tiene asignado una pena de nueve a doce años de reclusión, (art. 16); la fabricación de drogas, castigada con una pena de nueve a doce años de reclusión (art. 17); la facilitación intencional del local o los medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de drogas sancionado con una pena de seis a nueve años de reclusión (art. 22), lo que en apariencia provoca un solapamiento de las conductas punibles, es decir, los mismos hechos típicos descritos en varios preceptos a los que no obstante se les estaría asignando penas distintas. En el artículo 5 No. 34) es evidente que la cantidad de verbos descriptivos que contiene, obedece al interés del legislador por cubrir de la mejor forma posible, todo el elenco de actividades que estima pueden configurar el complejo de conductas preordenadas al tráfico de drogas que usualmente son realizadas por distintas personas que intervienen a lo largo del proceso, lo que en modo alguno excluye que no puedan ser progresiva o simultáneamente realizadas por una misma persona. Esta es una actividad compleja, porque la comercialización, venta o suministro, requieren de un producto “terminado”, es decir, de un proceso de obtención de la materia prima de la droga, de su purificación, “industrialización” y finalmente su distribución, para llegar al objetivo final que es poder traficar con ella. Planteado lo anterior es pertinente que tratemos de dilucidar si al referirnos al transporte de drogas (art. 5 No. 34) y a la facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas (art. 22), estamos hablando de la misma conducta y por ende sancionada con igual pena, o por el contrario se trata de hechos punibles diferentes y merecedores de distintas sanciones. Como lo explica A. S., “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató ..” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico salud pública, pues supone un acto material de difusión de la droga..” Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes…” . Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar” . De los conceptos lingüísticos antes relacionados como de los extraídos de la realidad criminológica propia del fenómeno que globalmente se conoce como tráfico ilícito de drogas, esta Sala es del criterio que la conducta del imputado M. C. C., no se subsume en el tipo penal previsto por el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que haya realizado la acción de facilitar a otro individuo, el medio de transporte, es decir, proporcionar la embarcación en la que se transportaban dos bolsas de plástico contentivas de marihuana, con un peso neto de 212.5 gramos y 203.6 gramos respectivamente; cantidad que no es propia para el consumo personal inmediato al tenor de lo indicado en el dictamen toxicológico respectivo ; sino que asumió la tarea de alto riesgo como era la de transportar por si mismo la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta Sala, que el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte, utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el legislador hondureño ha considerado merecedora de menor pena; el transporte de la droga incautada, realizado por el encartado M. C. C., es decir, por sí mismo, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal, del tráfico ilícito de drogas , que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 No. 34) de la ley penal especial tantas veces referida (vid. Sentencia del 19 de septiembre de 2012 recaída en el Expediente No. 279-2010, Sentencia del 8 de noviembre de 2012, Expediente No. 43.-2010 y Sentencia del 26 de agosto de 2013, Expediente No. 150.-2012), todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al transporte de drogas preordenado al tráfico como un tipo autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como tráfico ilícito de drogas. En el caso bajo examen, el encartado M. C. C. fue encontrado en el acto propio de poseer dolosamente y transportar droga ilícita, en virtud que fue declarado probado que el acusado fue detenido por autoridades de policía, cuando se conducía en una lancha tipo cayuco con motor incorporado navegando en aguas inmediatas a la isla de Santa Elena, Departamento de Islas de la Bahía, en posesión y mientras transportaba dos bolsas plásticas con droga oculta en su interior, con un peso neto total de 415.1 gramos de hierba seca marihuana, que por la cantidad y desde el punto médico legal, no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato, y que asimismo, ninguna de las partes alegó ni probó en el juicio que el acusado M. C. C. fuera un simple consumidor de marihuana; por otro lado, del factum de la sentencia impugnada también se desprende que el procesado M. C. C. no realizaba actos propios de facilitación de un medio para el transporte de droga ilícita, sino que utilizaba dicha embarcación con motor incorporado, para acarrear de un lugar a otro, la cantidad de droga ilícita incautada. De este modo y atendiendo a diversas circunstancias concurrentes , esto es, por la forma de embalaje en bolsas plásticas, la cantidad de droga incautada, el lugar de incautación de la droga en aguas del mar Caribe, área geográfica en la que existen rutas frecuentemente utilizadas para el transporte de drogas preordenadas al tráfico ilícito; podemos afirmar que conforme la relato fáctico, el acusado M. C. C., realizaba actos conscientes y voluntarios, que se subsumen objetiva y subjetivamente en el tipo penal de Trafico Ilícito de Drogas, tipificado y sancionado en el artículo 18 supracitado. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Censordenuncia la falta de aplicación del artículo 18 en relación con el articulo 5 N° 34 de la ley contra el tráfico ilícito de drogas; por entender que resultó plenamente acreditado que el imputado fue detenido cuando transportaba droga en dos bolsas de plástico contentivas de marihuana en una cantidad apta para su comercialización, de tal manera que su comportamiento no se reduce a la facilitación de un medio de transporte para dicho tráfico ilícito. Esta Sala considera que es procedente declarar con lugar el segundo motivo por infracción de ley formulado por la Representación del Ministerio Público, para lo cual deberá estarse a las razones que se han expuesto para declarar con lugar el primero.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil catorce. Por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO Y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, contra el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba; Departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, mediante el cual CONDENO al señor M. C. C. por el delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO O CONSUMO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de SEIS (06) AÑOS Y TRES (03) MESES DE RECLUSION, más la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL; asimismo lo CONDENA por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de TRES (03) AÑOS DE RECLUSION mas las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, la que deberán cumplirse una después de la otra iniciando por la mayor.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada V. O. B., actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada K. L. M. P., en representación del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado M. R. A., Defensor Público del acusado M. C. C., como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS EN EL JUICIO: Primero: En fecha diecisiete de abril de dos mil ocho, en torno a las doce de la noche, el Agente de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico J. I. H. J., junto a varios miembros de la Fuerza Naval y de la Policía de Fronteras, realizaban un operativo de patrullaje en lancha a la altura de la Isla de Santa Elena, departamento de Islas de la Bahía; momento en que interceptan una lancha tipo cayuco, con motor incorporado, de aproximadamente 30 pies de largo, de madera color verde y azul, conducida por el señor M. C. C. acompañado de un menor de dieciséis años de edad, transportando M. C., debajo de unos capotes amarillos en el interior de dicha embarcación, en un saco de arroz de veinticinco libras blanco con letras verdes y dentro de dos bolsas plásticas: una amarilla con blanco conteniendo 212.5 gramos de marihuana y otra negra con 203.6 gramos de marihuana, cantidades no compatibles para el consumo personal inmediato; la cual traía desde Trujillo, Colon hasta la isla de Santa Elena, departamento de Islas de la Bahía. Segundo: Ese día M. C. C. también llevaba consigo un arma de fuego calibre 22 tipo revolver, serie 216018, con seis proyectiles; sin la respectiva autorización.” III.- La recurrente Abogada V. O. B., actuando en condición de Fiscal del Ministerio Público, desarrolló su Recurso de Casación por Infracciona de Ley y Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “ I. POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO PRIMERO: “Infracción por Aplicación Indebida del artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el proceso de mérito el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probados los hechos siguientes: “PRIMERO: En fecha diez y siete de abril en torno a las doce de la noche, el agente de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico J. I. H. J., junto a varios miembros de la Fuerza Naval y de la Policía de Fronteras, realizaban un operativo de patrullaje en lancha a la altura de la isla de Santa Elena, departamento de Islas de la Bahía momento en que interceptan una lancha tipo Cayuco, con motor incorporado, de aproximadamente tres pies de largo, de madera color verde y azul, conducida por el señor M. C. C. acompañado de un menor de dieciséis años de edad, transportando un saco de arroz de veinte y cinco libras, blanco con letras verdes y dentro de dos bolsas plásticas una amarilla con blanco conteniendo 212.5 gramos de marihuana y otra negra con 203.6 gramos de marihuana, cantidades no compatibles para el consumo personal inmediato; la cual traía desde Trujillo, Colón hasta la Isla Santa Elena, Departamento de Islas de la Bahía. Segundo: Ese día el señor M. C. C. también llevaba consigo una arma de fuego calibre 22 tipo revolver, serie 216018, con seis proyectiles, sin la respectiva autorización”. Que los hechos probados supra indicados, han dejado establecidas las circunstancias que nos muestran claramente el lugar o espacio donde se ejecutó el hecho, la dinámica a través del cual se desarrollaron los mismos, así como que tales hechos fueron realizados por la persona del imputado, a quien se le encontró en posesión de la cantidad de droga que según el dictamen correspondiente no es compatible con la dosis autorizada para consumo personal inmediato. En el Apartado Segundo, de Fundamentación Jurídica del presente fallo, encontramos que el Juzgador refiere que los hechos declarados probados en esta sentencia se adecuan por una parte al ámbito situacional que describe el delito de Facilitación de Medio de Transporte para el Tráfico o Consumo de Drogas, regulado y sancionado por la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas: que reza: Artículo 22, “Se le impondrá una pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quién intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a título gratuito para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas”. Y no en el delito de Trafico de Droga regulado en el artículo 18 en relación con el artículo 5 numeral 34 de dicha ley, como pretende el ente acusador; pues afirma el Juzgador que, la prueba evacuada logró establecer que el acusado intencionalmente facilitó la transportación, de un punto a otro, de una cantidad de droga (marihuana), por encima de la cantidad para consumo personal inmediato, por lo que su conducta es típica, antijurídica y culpable. Que al contraponer el contenido del fáctum con el razonamiento esbozado por el Juzgador en la Fundamentación Jurídica, se desprende que, el precepto penal sustantivo que se ha infringido por aplicación indebida es el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, norma penal anteriormente descrita; sobre el particular es necesario establecer, que la acción ilícita del indiciado referida en el cuadro fáctico declarado probado por el Juzgador, establece que el encartado al momento de conducirse en la lancha fue requerido por la Policía y al practicarle un registro a la misma, se le encontró en posesión y transportando en una bolsa hierba seca, que al practicársele las pruebas correspondientes resultó ser marihuana, cuya cantidad no corresponde a la dosis autorizada para consumo personal inmediato según lo establece el correspondiente dictamen toxicológico, evidenciándose por ende esta infracción en virtud que el Juzgador no aplicó el precepto legal que verdaderamente se ajusta a los hechos probados declarados por el Juzgador.
Pues al examinar el contenido del artículo 18 en relación al artículo 5 numeral 34 de la misma norma penal, reza: Artículo 18. “El que trafique con dragas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”. Artículo 5. “Para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: 1)...34) Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier titulo de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”. (lo subrayado es nuestro). De la simple lectura de los tipos penales antes referidos y del cuadro fáctico de la Sentencia, nos refieren que la conducta ilícita del imputado se enmarca en la acción de Tráfico de Drogas, pues el hecho probado primero, describe que el acusado transportaba la droga, hipótesis contenida en el artículo 5 numeral 34 de la ley en referencia, en la cual se establece claramente las acciones a través de las cuales se considera cometido el delito de Tráfico de Drogas. Así las cosas, se afirma que el Sentenciador al haber absuelto por el delito de Tráfico de Drogas y condenar por el delito de Facilitación de Medios de Transporte de Marihuana al imputado M. C. C., por considerar que su acción se encuentra enmarcada en el tipo penal contenido en el Artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, tipo penal descrito con anterioridad, ha producido como consecuencia la infracción por aplicación indebida del mismo, en virtud de desprenderse de los hechos probados, que la norma penal que se enmarca dentro de los mismos, es la que contiene el tráfico ilícito de droga, por haberse acreditado que la cantidad decomisada es superior a la apta para consumo personal. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA APLICADO INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 22 DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360, PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor considera que los hechos declarados probados se desprende que la conducta del el imputado M. C. C., no se subsume en el tipo penal de facilitación del medio para el transporte de drogas ilícitas que describe el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, ya que cuando el encartado se transportaba en una lancha fue requerido por la Policía, dándose la circunstancia de que al practicársele un registro se acreditó que estaba en posesión y al mismo tiempo transportando dos bolsas de plástico contentivas de marihuana, cuya peso total no se correspondía a la dosis considerada para consumo personal inmediato, de ahí que su comportamiento, a juicio del ente acusador, debe susbsumirse en el tipo penal que describe el artículo 18 de la misma Ley penal especial, es decir en el delito de Trafico Ilícito de Drogas, recordando que conforme a lo dispuesto en el artículo 5 No. 34) de la ley supracitada, el tráfico se define mediante el empleo de una serie de verbos entre los cuales se encuentran los de poseer o transportar dolosamente o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas. Esta Sala considera pertinente recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece en lo conducente lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare…….los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.” Por su parte, el artículo 18 de la misma ley penal especial prevé que: “el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, señalando en el artículo 5 No. 34) que para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. Una lectura detenida de los preceptos legales antes indicados pone en evidencia que la controversia esencial planteada en el presente recurso se entabla entre la posición del Juzgador de Instancia que ha condenado al imputado por la comisión del delito de facilitación del medio de transporte para el tráfico ilícito de drogas (art. 22), y la del Censor, cuando sostiene que del relato fáctico se desprende que el encartado debe ser sancionado con la pena prevista para el delito de tráfico ilícito de drogas (art. 18), huelga decir que amén de un tratamiento punitivo sumamente severo, la técnica utilizada por el legislador hondureño en la tipificación de los delitos relativos al tráfico de drogas es poco afortunada, ya que al definir el tráfico de drogas (art. 5 No. 34), hace referencia a verbos típicos, como son los de producir, fabricar, tener en depósito, transportar, que a su vez son empleados en los mismos términos o similares en la construcción de otros tipos penales contenidos en la misma ley y que son merecedores de menor pena, así tenemos: el cultivo de plantas estupefacientes, que tiene asignado una pena de nueve a doce años de reclusión, (art. 16); la fabricación de drogas, castigada con una pena de nueve a doce años de reclusión (art. 17); la facilitación intencional del local o los medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de drogas sancionado con una pena de seis a nueve años de reclusión (art. 22), lo que en apariencia provoca un solapamiento de las conductas punibles, es decir, los mismos hechos típicos descritos en varios preceptos a los que no obstante se les estaría asignando penas distintas. En el artículo 5 No. 34) es evidente que la cantidad de verbos descriptivos que contiene, obedece al interés del legislador por cubrir de la mejor forma posible, todo el elenco de actividades que estima pueden configurar el complejo de conductas preordenadas al tráfico de drogas que usualmente son realizadas por distintas personas que intervienen a lo largo del proceso, lo que en modo alguno excluye que no puedan ser progresiva o simultáneamente realizadas por una misma persona. Esta es una actividad compleja, porque la comercialización, venta o suministro, requieren de un producto “terminado”, es decir, de un proceso de obtención de la materia prima de la droga, de su purificación, “industrialización” y finalmente su distribución, para llegar al objetivo final que es poder traficar con ella. Planteado lo anterior es pertinente que tratemos de dilucidar si al referirnos al transporte de drogas (art. 5 No. 34) y a la facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas (art. 22), estamos hablando de la misma conducta y por ende sancionada con igual pena, o por el contrario se trata de hechos punibles diferentes y merecedores de distintas sanciones. Como lo explica A. S., “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató[1]..” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico salud pública, pues supone un acto material de difusión de la droga..”[2] Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes…”[3]. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar”[4]. De los conceptos lingüísticos antes relacionados como de los extraídos de la realidad criminológica propia del fenómeno que globalmente se conoce como tráfico ilícito de drogas, esta Sala es del criterio que la conducta del imputado M. C. C., no se subsume en el tipo penal previsto por el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que haya realizado la acción de facilitar a otro individuo, el medio de transporte, es decir, proporcionar la embarcación en la que se transportaban dos bolsas de plástico contentivas de marihuana, con un peso neto de 212.5 gramos y 203.6 gramos respectivamente; cantidad que no es propia para el consumo personal inmediato al tenor de lo indicado en el dictamen toxicológico respectivo[5]; sino que asumió la tarea de alto riesgo como era la de transportar por si mismo la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta Sala, que el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte, utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el legislador hondureño ha considerado merecedora de menor pena; el transporte de la droga incautada, realizado por el encartado M. C. C., es decir, por sí mismo, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal, del tráfico ilícito de drogas[6], que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 No. 34) de la ley penal especial tantas veces referida (vid. Sentencia del 19 de septiembre de 2012 recaída en el Expediente No. 279-2010, Sentencia del 8 de noviembre de 2012, Expediente No. 43.-2010 y Sentencia del 26 de agosto de 2013, Expediente No. 150.-2012), todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al transporte de drogas preordenado al tráfico como un tipo autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como tráfico ilícito de drogas. En el caso bajo examen, el encartado M. C. C. fue encontrado en el acto propio de poseer dolosamente y transportar droga ilícita, en virtud que fue declarado probado que el acusado fue detenido por autoridades de policía, cuando se conducía en una lancha tipo cayuco con motor incorporado navegando en aguas inmediatas a la isla de Santa Elena, Departamento de Islas de la Bahía, en posesión y mientras transportaba dos bolsas plásticas con droga oculta en su interior, con un peso neto total de 415.1 gramos de hierba seca marihuana, que por la cantidad y desde el punto médico legal, no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato, y que asimismo, ninguna de las partes alegó ni probó en el juicio que el acusado M. C. C. fuera un simple consumidor de marihuana; por otro lado, del factum de la sentencia impugnada también se desprende que el procesado M. C. C. no realizaba actos propios de facilitación de un medio para el transporte de droga ilícita, sino que utilizaba dicha embarcación con motor incorporado, para acarrear de un lugar a otro, la cantidad de droga ilícita incautada. De este modo y atendiendo a diversas circunstancias concurrentes[7], esto es, por la forma de embalaje en bolsas plásticas, la cantidad de droga incautada, el lugar de incautación de la droga en aguas del mar Caribe, área geográfica en la que existen rutas frecuentemente utilizadas para el transporte de drogas preordenadas al tráfico ilícito; podemos afirmar que conforme la relato fáctico, el acusado M. C. C., realizaba actos conscientes y voluntarios, que se subsumen objetiva y subjetivamente en el tipo penal de Trafico Ilícito de Drogas, tipificado y sancionado en el artículo 18 supracitado. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. IV.- Continúa manifestando la recurrente en su: “MOTIVO SEGUNDO: “Infracción por Falta de Aplicación del articulo 18 en relación con el artículo 5 n° 34 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El vicio se genera en el ya descrito hecho probado de la Sentencia recurrida. De la simple lectura del fáctum, así como del análisis de la norma que se considera infringida por falta de aplicación, se llega a la conclusión que el mismo se subsume en el tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas prescrito en el artículo 18 en relación con el articulo 5 N° 34 de la misma norma antes descrita la cual textualmente establece: Artículo 18, “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”. Artículo 5, numeral 34),”Para los efectos de la presente Ley salvo indicación expresa en contrario se entiende por:...34)Tráfico ¡lícito todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, y/o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas”. (lo subrayado es nuestro) Que del análisis de la norma en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer y transportar la cantidad de droga incautada por la autoridad, conducta que se enmarca en la Ley Especial en comento. Asimismo se encuentra acreditado sin lugar a dudas que la cantidad que se le encontró al indiciado corresponde a la dosis apta para traficar o comercializar lo que nos permite considerar que la acción desplegada por el imputado fue realizada de forma dolosa, es decir, que su intención no era realmente la de facilitar el transporte, sino la de traficar. En el caso que nos ocupa resulta claro que la cantidad de droga (212.5 y 203.6gramos) incautada posteriormente al registro personal del acusado, corresponde según concluyó el Dictamen Toxicológico a la sustancia denominada marihuana y que no es apta para el consumo personal. No obstante lo anterior, el Tribunal dictó sentencia condenatoria al imputado por el delito de Facilitación de Medio de Transporte de Marihuana, sin embargo se desprende del factum que existieron elementos suficientes para condenar por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, pues los hechos son típicos es decir, se ajustan a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 de dicha ley, produciendo como consecuencia la infracción por falta de aplicación a esa norma legal. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la Sentencia y en su lugar se profiera nuevo fallo, apegado a la normativa citada”.RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INCURRIDO EN FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 18 EN RELACIÓN AL ART. 5 No. 34) AMBOS DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360, PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor denuncia la falta de aplicación del artículo 18 en relación con el articulo 5 N° 34 de la ley contra el tráfico ilícito de drogas; por entender que resultó plenamente acreditado que el imputado fue detenido cuando transportaba droga en dos bolsas de plástico contentivas de marihuana en una cantidad apta para su comercialización, de tal manera que su comportamiento no se reduce a la facilitación de un medio de transporte para dicho tráfico ilícito. Esta Sala considera que es procedente declarar con lugar el segundo motivo por infracción de ley formulado por la Representación del Ministerio Público, para lo cual deberá estarse a las razones que se han expuesto para declarar con lugar el primero. V.- Continúa manifestando la recurrente en su Recurso de Casación por: “QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN ÚNICO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por adolecer la sentencia de vicios, prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. De acuerdo a este artículo, nuestro sistema acusatorio incorporado a través del Código Procesal Penal, determina el principio de libertad de valoración de la prueba, en el cual el Juzgador a efecto de dictar sentencia tomará en cuenta la prueba evacuada durante el juicio, las que deberán ser apreciadas en forma conjunta y de acuerdo a las reglas de la Sana Crítica. En el caso que nos ocupa, el sentenciador al momento de dictar sentencia Condenatoria por el Delito de Facilitación de Medio de Transporte para el Tráfico o Consumo de Drogas y no por el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; transgrediendo la regla lógica de la derivación, específicamente el principio de razón suficiente, tal como se demuestra a continuación: En la audiencia de debate comparecieron a declarar J. I. H. J. (policía de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, R. I. M. (policía de la Fuerza Naval) y A. R. V. (policía de Fronteras), declarando el primero lo siguiente: como a eso de las doce de la noche escucharon un ruido de un motor al que le dieron alcance, al abordar la embarcación, en la parte trasera donde iba el señor M. C. C. (acusado) debajo de unos capotes amarillos el compañero encontró un saco con capacidad para 25 libras, color blanco letras verdes y dentro de este saco habían dos bolsas plásticas negras y se encontró hierba seca y la otra bolsa que era amarilla con blanco, también había otra cantidad… al señor M. C. C. se le encontró en la bolsa derecha del pantalón trece mil setecientos veintiún lempiras y tres billetes de un dólar. Al ser interrogado el testigo estableció que en el momento de encontrarse la marihuana dentro de la embarcación, el señor C. señaló que la llevaba para cambiarla por un Tramayo en Santa Elena señalando el testigo que el tramayo es una red que usan los pescadores. Tal declaración es coincidente con lo consignado en las actas de registro de la embarcación y el acta de incautación, las cuales fueron debidamente ratificadas en juicio por el testigo I. H. en las que consta que a las doce cero cinco horas del dieciocho de abril del año dos mil ocho, en la Isla Santa Elena, Islas de la Bahía, el testigo y otros policías procedieron al registro de una embarcación color azul y verde de madera capitaneada por el señor M. C. C. (imputado), acompañado de un menor de edad, dentro de la cual encontraron, en una mochila negra, ropa de hombre y una arma de fuego calibre 22, tipo revolver, serie # 216018; con seis proyectiles y en una funda de color negro; cerca del motor se encontró un saco, color blanco con letras verdes y dentro de ésta una bolsa plástica, color negro con hierba seca, supuesta marihuana y otra bolsa de plástico blanca y amarilla con supuesta hierba seca, supuesta marihuana y así mismo dicho testigo ratificó el acta de registro personal al imputado M. C. C., en la cual se hace constar que se le encontró la cantidad de trece mil setecientos veinte y un lempiras y tres billetes de un dólar; así como también ratificó el informe de fecha 18 de abril del año 2008, del cual se desprenden los hallazgos de la evidencia incautada y el decomiso de las mismas, corroborándose a través del mismo el contenido de las actas antes descritas. La declaración del testigo I. H. resulta congruente con lo expresado por el testigo R. I. M. en su deposición, al referir que por el sector de Santa Elena encontraron la embarcación donde se encontraba el señor con un menor de edad, que en la popa vio unos protectores de agua, debajo levantó un saco de veinte y cinco (25) libras aproximadamente con letras verdes, sacó lo que había adentro, una bolsa amarilla con blanco y una negra que contenía marihuana, le preguntaron al acusado y dijo que andaba la marihuana para cambiarla por un tramayo, que la embarcación la interceptaron como a las doce y cinco de la media noche.(12:05 AM). De igual manera depuso el testigo A. R., quién manifestó entre otros puntos, que dentro de la embarcación encontraron bolsas color negro y blanco con amarillo conteniendo supuestamente hierba seca marihuana, que la embarcación era color azul y verde en la que venían dos personas, el señor M. C. C. y un menor de edad; que eran como las doce con cinco minutos (12:05 AM), cuando ingresaron a la embarcación. De lo antes expuesto se determina que lo manifestado por éstos deponentes probó que producto del registro y decomiso practicado en la persona del acusado por policías de Lucha contra el Narcotráfico, de la Fuerza Naval y de Fronteras, le fueron encontrados en su poder en la bolsa amarillo con blanco, 212.5gramos y 203.6 gr. de marihuana, cantidades que suman 416.1 gr. de marihuana, tal como lo estableció la perito forense, cantidad que es superior a la considerada para consumo personal inmediato. Pese a la contundencia de la estructura probatoria supra indicada, el a quo en el párrafo segundo del apartado de Motivación Jurídica, consideró intelectivamente este material fáctico, de la manera que a continuación se transcribe: “Los hechos declarados probados en esta Sentencia se adecuan al ámbito situacional que refiere el delito de Facilitación de Medio de Transporte para el Tráfico o Consumo de Drogas, y no en el delito de tráfico de Drogas, habida cuenta que con la prueba evacuada se logró establecer que el acusado, intencionalmente facilitó la transportación de un punto a otro, de una cantidad de droga (marihuana), por encima de la cantidad para consumo personal inmediato, por lo que su conducta es típica, antijurídica y culpable”. La motivación del Juzgador no corresponde a la carga probatoria evacuada en Juicio, pese a que el Juzgador le ha otorgado valor probatorio a la probanza supra relacionada no ha sido capaz de extraer la información que de la misma se desprende como ser que la embarcación donde se conducía el imputado fue encontrada cierta cantidad de droga con la cual según su propio dicho a los testigos la poseía para realizar una transacción, es decir cambiarla por un “Tramayo” entiéndase por éste, un instrumento de pesca, de lo cual se deriva que la actividad que realizaría el indiciado está implícito entre los verbos rectores del delito de Tráfico de Drogas, ( transacción) así como también está el de Transportar, Poseer droga; finalmente es importante referirnos a la cantidad de droga que transportaba el imputado que según el dictamen toxicológico, la misma no es apta para el consumo personal inmediato, sino, que corresponde a la cantidad para Tráfico de Droga que prescribe la norma penal especial. Aunado a lo anterior el imputado fue encontrado en posesión de trece mil setecientos veinte uno lempiras (L. 13,721. 00) y tres (3) billetes de un (1) dólar, tal como se acreditó con la prueba documental y testifical evacuada en juicio, lo que nos permite establecer que el encartado no era un simple facilitador de transporte para la droga incautada, sino que efectivamente utilizaba la misma para traficar. De igual forma considera la suscrita que el Jugador ha vulnerado las máximas de la experiencia considerando que las mismas nos permiten establecer que el hecho que el imputado se transportaba en altas horas de la noche (12:05 A.M.), las mismas nos indican, que en este tipo de delitos, las personas involucradas se movilizan en horas poco transitables para evitar ser descubiertos. En virtud de lo anteriormente expuesto, se solicita se declare con lugar el presente recurso y se case la Sentencia impugnada. Por haberse producido el vicio que ahora denunciamos en el acto mismo de Sentencia, no se ha podido realizar previamente reclamo alguno”.RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 NO. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Habiendo prosperado el primero y segundo motivos por infracción de ley, formulados por la Representación del Ministerio Público, esta Sala considera innecesario pronunciarse sobre el presente motivo por quebrantamiento de forma planteado por el ente acusador. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362.2 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de casación por INFRACCIÓN DE LEY en sus dos motivos, interpuesto por la Representación del Ministerio Público. SEGUNDO: Casando parcialmente y por tanto reformando la sentencia dictada por el Tribunal de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil once. TERCERO: Declarando penalmente responsable al imputado M. C. C. por el delito de TRANSPORTE DE DROGAS PREORDENADO AL TRAFICO ILICITO en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. CUARTO: Imponiendo al procesado M. C. C. la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, descontando el tiempo que ha permanecido sometido a la medida cautelar de prisión preventiva, y a una multa por el importe de UN MILLON DE LEMPIRAS. QUINTO: Condenando al acusado M. C. C. a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar en obras públicas o en el establecimiento penitenciario de conformidad con la ley, manteniéndose incólumes las penas y demás consecuencias jurídicas derivadas del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL por el cual también ha sido condenado. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-432-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, en Salud Pública y Drogas Tóxicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 58-59.
[2] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, op cit, pág. 60.
[3] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, op. Cit, pág. 60
[4] Vid, Voz: “facilitar”, en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Tomo I, 21ª Edición, Madrid, 1992, pág. 943.
[5] Vid Folios No. 88 y 89.
[6] Sobre los conceptos “amplio” y “estricto” de los actos de tráfico de drogas, vid: ACALE SANCHEZ, MARIA, Op. Cit. Pág. 42 y ss. Dicha autora señala que la tipología de conductas descritas por la Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en su artículo 1 literal m) relacionado con el 3 en sus párrafos 1 y 2, corresponde a un “concepto amplio y confuso” (vid. Pág. 43). Tales preceptos tienen correspondencia con lo dispuesto en el artículo 5 No. 34) de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Honduras, de ahí la compleja labor interpretativa a la que se enfrentan los Juzgados y Tribunales de nuestro país para la delimitación y aplicación de las distintas figuras delictivas previstas en esa ley penal especial.
[7] Citando jurisprudencia de su país, la penalista española ACALE SANCHEZ recuerda que la determinación del destino al tráfico o al consumo, exige la elaboración por la Sala sentenciadora de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga ocupada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de cantidades relevantes de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc…Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, en Salud Pública y Drogas Tóxicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 65-66.