Sentencia CP-379-04 — Registro 18994
Resumen
En primer instancia se absuelve a los imputados por el delito de robo agravado, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Para efectos de este motivo se cita como infringido el articulo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, con relación con lo dispuesto en el articulo 338 del mismo cuerpo legal. En el sistema de la sana critica racional que implanta nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, exigiendo que las conclusiones a las que arriven sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene limites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana critica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las de la lógica, al que debe sujetarse el Juzgador en la valoración de las pruebas según lo exige el referido articulo 202 del Código Procesal Penal, aparece el principio de Derivación que manda que la motivación debe ser derivada, es decir debe respetar el principio de razón suficiente, según el cual, en problemas del jurista Argentino Fernando de “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vaya determinando, tomando en consideración los principios de la psicología y la experiencia común”. El Tribunal debe estructurar sus conclusiones de las pruebas que obren en juicio, y en la dirección en que estas apunten, de tal forma que no pueden establecer su convicción en un sentido distinto al que todas ellas refieren. De esa forma, al observar la sentencia que hoy se recurre, el Tribunal de Sentencia ha decidido estimar la ilicitud del allanamiento de morada, de la evidencia y su vinculación con los procesados, y esa conclusión no ha correspondido a la inferencia racional que ofrecen las pruebas contundentes y directas que obran en la causa, ya que este órgano judicial niega la presencia de ese elemento, cuando la prueba del juicio dice lo contrario, veamos: 1. De del Agente de Investigación Criminal Roger Duarte, se establece que el Agente Yoni Rosales (Q.D.D.G.), tenia información donde se encontraban las cosas que habían sido robadas en , solicitaron una orden de allanamiento a las viviendas de los imputados, al Ministerio Público, una vez obtenida esta se condujeron a la casa de habitación de Ángel Amado Ruiz, esperaron a que éste viniera, le mostraron la orden de allanamiento emitida por el Ministerio Público, accediendo a que se realizara el registro indicándoles donde se encontraban ocultas las evidencias y que al levantar la cama encontraron unas botas y en el closet tenia otra parte de la mercadería, y en la cocina encontraron unos pares de burros, de lo cual levantaron la respectiva acta y procedieron a la detención del sospechoso.- Posteriormente se dirigieron a la casa del padrastro del imputado Carlos Enrique Méndez Cruz, en la cual decomisaron mercadería consistente en pantalones y camisas y dos pares de tenis, también levantaron acta y procedieron a la detención. Asimismo agrega dicho testigo que al llegar a la casa del padrastro de Méndez Cruz tocaron la prueba y no abrió nadie, por lo que decidieron empujar la puerta y la puerta se abrió, y a la pregunta si esta tenia algún candado, respondió que dos pero no estaban puestos. 2) Además consta del acta de debate que fueron incorporados legalmente al proceso de la prueba documental consistente en: A) Solicitud de diligencias de Allanamiento por el Agente Roger Duarte, debidamente fundamentada. B) Autorización del Fiscal del Ministerio Público fundamentada la misma en la en el artículos 177 y 212 del Código Procesal Penal por tratarse de un caso de urgente necesidad, y estableciendo dicho artículo como exención que en casos urgentes podrá el Ministerio Público ordenar el allanamiento y posteriormente solicitar su convalidación, y siendo que el presente caso se quería evitar la pérdida ocultación de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no era posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial, debido a que estar detenido en sede policía por otro delito el sospechoso Carlos Enrique Méndez Cruz, y al tener información la policía que este había participado en los robos efectuado en la tienda Selene era lógico que quien tuviera en su poder dichas evidencias buscaría como deshacerse de ellas lo antes posible, he allí la urgencia de efectuar esos allanamientos, de los cuales se obtuvieron resultados positivos con el hallazgo de la mercadería que se buscaba y que prevenía de los robos que se estaban investigando. C) Actas de Decomiso y secuestro de las evidencias provenientes del delito investigado, las cuales fueron encontradas en la casa del procesado ANGEL IVAN AMADOR RUIZ: 30 camisas de diferentes fallas y colores, 10 pantalones de hombre de diferentes marcas y colores, 2 pantalones de mujer de diferente marca, talla y colores, 2 pares de botas durango, 1 mochila negra, 4 pares de calzado, zapatos, tenis zapatillas y burros, 10 pares de calcetines, 3 fajas marca levis y tomy, 1 juego de copas y 1 juego de adornos. Y en casa donde vivía el imputado Carlos Enrique Méndez Cruz se encontró : 1 maletín azul marca bagmax, 1 par de tenis color gris, 3 camisas de varón, 1 pantalón tipo Jeans, 1 mochila color negro marca bagmax, 1 par de tenis color blanco, 1 par de zapatos color negro y tres control remoto marca sansun; toda esta mercadería fue reconocida por los dueños de la tienda Selene los ofendidos Doroteo Zúñiga y Blanca Zúñiga como de su propiedad y que era precisamente la sustraída en los robos que sufrieron en octubre del 2002 y marzo del 2003. D) Auto de convalidación del Allanamiento por el Juez Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Olancho, en el cual claramente el A-quo señala que se adjuntaron a la solicitud de convalidación la solicitud de los Agentes de de Investigación Criminal al Ministerio Público, Auto motivado del Ministerio Público autoriza a dichos Agentes a realizar los allanamientos y las actas de allanamiento y registro ejecutado en las casas de habitación de los imputado, es un hecho probado entonces que el A-quo, tuvo en su poder los documentos relacionados, por lo que es evidente que lo argumentado por el Tribunal de Sentencia en el numeral cuarto acápite de valoración probatorio no se deriva de esta prueba documental existente en el proceso y que esa es una inferencia personal que no se desprende de esta prueba que nos dice lo contrario. E) La declaración del Perito José Armando Rivera, quién realizó peritaje de las evidencias fue muy claro al determinar que pereció varios jeans, camisas, botas, burros, tenis, ropa interior, gorras y maletines, no dándoles valor alguno porque eran muchas y además porque la mayoría estaban usadas, ratificando su dictamen. Desvirtuándose con estas probanzas lo sostenido por el Tribunal de Sentencia en los numeral segundo en el sentido que los Agentes de Investigación no estaban debidamente autorizados para ejecutar el allanamiento, pues ha quedado claro con las explicaciones del motivo anterior, y de las probanzas antes relacionadas, que en los casos de urgencia no es necesaria esa autorización judicial, pero aún así, los Agentes encargados del caso fueron autorizados en base a los norma ya referidas, por el Ministerio Público, para realizar dicha diligencia, la cual se llevó a cabo en respeto de las garantías procesales y constitucionales y por lo tanto surte los efectos legales, de tal manera que las evidencias obtenidas de los referidos allanamientos son prueba revestida de fiabilidad en contra de los imputados puesto que se han obtenido observando los parámetros legales para su producción y por lo tanto son útiles, pertinentes y proporcionadas para acreditar el delito de robo que se les imputa a los procesados. Además, no se puede exigir que los Agentes de Investigación tuvieran un comportamiento distinto del que les señala el artículo 175 numeral 3, es decir, que los autoriza detener a cualquier ciudadano que sea encontrado en posesión de elementos que provengan del delito, como ha sucedido en este caso, que los procesados al haber sido encontrados en posesión de los efectos del delito por ellos cometidos, no tenían más los agentes de Investigación, que proceder a su detención, en base a la norma indicada, pues si bien es cierto, su condición no era infraganti del delito de robo, como argumenta el Tribunal de Sentencia, también lo es que la referida norma autoriza detener a los sospechosos que sean sorprendidos teniendo en su poder armas instrumentos o efectos procedentes del delito que infieran la participación de estos en el mismo, como ha quedado acreditado en juicio. Asimismo, en el numeral cuarto del mismo apartado, el Juzgador, concluye “que las actas del allanamiento no fueron presentadas ante el Juez de Letras respectivo, en la misma fecha de la solicitud de la convalidación, requisito necesario para tenerlo por realizado con el respeto de ” la cual no se deriva de prueba alguna puesto se encuentra en el proceso el auto de convalidación del Aquo, en el cual es claro al indicar que junto a la solicitud de convalidación de los allanamiento se adjuntan entre otros documentos, actas de Allanamiento, vemos entonces que tal afirmación es una inferencia personal y no producto de prueba alguna. A pesar, que el Defensor, al momento de incorporar la prueba documental objetó de dichas Actas; esta protesta no tiene ningún fundamentó para el Juzgador haya estimado que el ente acusador quebranto el derecho de igual procesal, si después de varias argumentaciones el mismo defensor reconoce que no estuvo en la audiencia de proposición de pruebas, en la cual el Ministerio Público señaló cada una de las prueba que iba hacer valer en el contradictorio (entre ellas las actas referidas), por lo que quedó evidenciado que esa objeción no es valida puesto que no era desconocido de la defensa la existencia de las mismas, sobre todo en el presente caso, donde el proceso nació de la ejecución de esta medida y por lo tanto es nada más que una estrategia de defensa, a la cual se unió el Tribunal de Sentencia al darle razón sin tenerla. Además en el numeral noveno siempre del acápite en mención, el Tribunal de Sentencia señala “que el allanamiento fue ordenado en persecución de las evidencias para fundamentar un Requerimiento de Robo, ordenado concretamente para la vivienda de ANGEL IVAN AMADOR Y SANTOS EUGENIO CRUZ no para la morada o vivienda de CARLOS ENRIQUE MENDEZ CRUZ, quien es uno de los imputados”.- Tal aseveración la hace apartándose totalmente de la prueba documental consistente en el Auto Motivado de autorización de los allanamientos emitido por el Ministerio Público que en el numeral quinto dice: “ordénese a practicar de forma inmediata y con carácter de urgente el allanamiento de morada de los señores ANGEL IVAN AMADOR RUIZ Y SANTOS AUGENIO CRUZ (este último padre de crianza del joven CARLOS ENRIQUE MENDEZ ANTUNEZ)”, respecto al allanamiento a la casa del padrastro del imputado Méndez Antunez, se ordena porque era en esa vivienda donde dicho procesado vivía y en la cual se encontraron las evidencias que se buscaban, con lo cual es claro que el Tribunal de Sentencia no extrajo de esta prueba lo que le estaba señalando y es que se ordenaron debidamente los dos allanamientos a las moradas que ocupaban los imputados y en ellas se encontraron las evidencias que los vinculan al delito investigado. Referente a lo aseverado en el numeral tercero del acápite valoración probatoria, en el sentido de que con el peritaje no se estableció la cuantía de lo sustraído en el centro comercial, extremos estos que quedaron acreditados con las declaraciones de los ofendidos Doroteo Zúñiga y Blanca Zúñiga que fueron reconocidas en el acta del debate en la cual afirma que los sustraído en ambos robos asciende a la cantidad de setenta mil lempiras, y que dichas prendas son de su propiedad,(acreditándose con el peritaje que las evidencias decomisadas, son las mismas que se periciaron y con la declaración de los ofendidos y las facturas presentadas que esas evidencias son las mismas que sustrajeron de su tienda los imputados) lo cual, en ningún momento fue objeto de cuestionamiento por parte de la defensa, unido que no es una exigencia del tipo penal de Robo establecer la cuantía de lo sustraído, sino acreditar que se ha existió un apoderamiento de los bienes muebles y que son de ajena pertenencia, presupuestos que en el presente caso quedaron plenamente acreditados. Si bien es cierto, esas probanzas fueron observadas por el Tribunal de Sentencia, como aparece recogido en el acápite valoración probatoria, no tuvo éste la conclusión que esa evidencia informa, como se ha demostrado ya que no infirió de esas pruebas la real constatación de los hechos acontecidos.- Por otra lado, es necesario destacar que de manera alguna puede conceptualizarse como ilícitos a los allanamientos efectuados en las viviendas de los procesados, ni mucho menos a la evidencia encontradas en las mismas, que vinculan directamente a los encausados con los delitos de robo en perjuicio de que se estaba investigando, y como ampliamente nos hemos referidos en este recurso dichos allanamientos se llevaron a cabo en respeto del articulo 99 de de y del artículo 212 del Código Procesal Penal, y en este punto en el cual el Tribunal de Sentencia ha incurrido en violación de las reglas de la sana critica al valorar la prueba, es decir, la regla lógica de la derivación de la razón suficiente, ya que los medios de evidencia descritos le informan sobre la responsabilidad de los procesados al ser encontrados en posesión de una gran cantidad de mercadería procedente de los dos robos efectuados a y a pesar de esa información este órgano judicial extrae una conclusión opuesta: que no existe prueba de cargo que vincule a los procesados Carlos Enrique Méndez Cruz y Ángel Iván Amador como participes de un delito de Robo Agravado continuado. El agravio que ocasiona el vicio citado, se pone de manifiesto, cuando el Tribunal por no concluir de las pruebas tantas veces referidas que se ha demostrado el hecho acusado y por lo tanto debió establecer una condena por el delito de Robo agravado continuado en contra de los imputados, en efecto, con sobradas razones como las expuestas se concluye que el Tribunal de sentencia recurrido ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de la pruebas y como consecuencia de ello lo ha llevado a dictar un fallo ABSOLUTORIO a favor de los procesados, por lo cual esta Honorable Corte Suprema de Justicia, debe admitir este motivo, anular el fallo recurrido y ordenar al Tribunal de Sentencia que una vez incorporada la prueba de valor decisivo aludida en este motivo corrija su error de valoración a fin de que se dicte una sentencia condenatoria por ser lo que en derecho procede. Y finalmente es importante, señalar que de los imputados no presentó ninguna prueba de descargo en este proceso, es más acepto la presentada por el Ministerio Público, de tal manera que su pretensión era que sus representados se les condenará por encubrimiento del delito de robo, pero encontramos que en este caso el Tribunal de Sentencia se ha despojado de su objetividad de tal manera que al hacer el examen valorativo de las pruebas quebrantó las reglas de la sana critica racional favoreciendo a los imputados y dejando en impunidad un grave delito como el que nos ocupa en este recurso. Por haberse producido en el acto mismo de sentenciador el vicio denunciado, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo”. Este motivo tampoco es de recibo, el juzgador no ha determinado ni ha valorado la prueba, por el hecho de que sea falsa, sino por los vicios de procedimiento en la obtención de la misma en donde incluso se allano una casa que no estaba incluida en la orden, en esos actos se violaron derechos fundamentales de los imputados, sin autorización jurisdiccional.- Esta sala entiende el planteamiento del recurso, pero lo rechaza, no puede el Estado beneficiarse de prueba, obtenida violando la ley; sería un contrasentido que la ley permitiera la violación de derechos fundamentales, en la averiguación de la verdad a todo costo, cuando el mismo Estado se ha autorregulado el ejercicio del Ius Puniendo solo pudiendo destruir el Estado de Inocencia de una persona mediante una sentencia dictada por juez competente y en la cual se haya respetado el debido proceso.- No existe violación a las reglas de la sana critica, el juez no ha dejado de valorar ninguna prueba simple y llanamente las ha excluido por ser espurias
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diez de noviembre de dos mil cuatro, por medio de , integrada por LOS MAGISTRADOS NICOLAS GARCIA ZORTO, HECTOR EFRAIN FORTÍN PAVON Y MARTHA TOMASA CASTRO ROQUE, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia absolutoria de fecha tres de noviembre de dos mil tres, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, contra el señor CARLOS ENRIQUE MENDEZ CRUZ y ANGEL IVAN AMADOR por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del señor DOROTEO DE JESUS ZUÑIGA y BLANCA ZUÑIGA.- SON PARTES: El Fiscal Abogado VICTOR MANUEL MUÑOZ RUIZ, como recurrente. CONSIDERANDO: I.- Que el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto reúne los requisitos exigidos por la ley en sus dos motivos, siendo por ello admisible, debiendo pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- El recurrente desarrolla su recurso de la siguiente manera: SE INTERPONE RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en error de hecho, al dejar de considerar una prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. El Tribunal de sentencia recurrido al decir el juicio ha excluido prueba de valor decisivo, por considerarla ilícita, circunstancia que produce un grave defecto de fundamentación en la sentencia y causa agravio al Ministerio Público, tal como se demostrara en el presente planteamiento. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescribe: Articulo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). De los hechos probados de la sentencia que hoy se impugna se estableció como una verdad que los agentes de Investigación que ejecutaron el allanamiento, estaban autorizados por autoridad competente, al establecer en el hecho probado primero: “por orden emitida por el Ministerio Público, de Juticalpa, Olancho Agentes de de Investigación Criminal procedieron a irrumpieron en las viviendas de Ángel Amador Ruiz y el señor Santos Eugenio Cruz.” Asimismo que en apartado primero del acápite valoración, donde el Juzgador realizó el ejercicio intelectivo sobre la prueba señalada: “los hechos primero, segundo y tercero se acreditaron con el testimonio del Agente ROGER DUARTE quien ratificó en el debate su solicitud al fiscal, para la práctica del allanamiento, con la solicitud del allanamiento firmada por el mismo Agente de Investigación y la convalidación del mismo por el Juez de Letras respectivo.” En el apartado décimo, estima el Tribunal de sentencia, “que el allanamiento se realizó en forma irregular, es decir la prueba es de todo punto de vista ilícita, por la razón que los allanamientos se efectuaron sin orden judicial, sin estar los imputados en flagrancia y sin haber un estado de urgencia para que el fiscal ordenara tal diligencia; por otro lado, la captura de los imputados también fue efectuada irregularmente, ya que sin estar infraganti, fueron aprehendidos sin una orden de Juez competente. Al haber el Tribunal de sentencia, llegado a la conclusión de que los allanamientos se realizaron de manera irregular, esta errónea apreciación lo llevo a incurrir en grave error de hecho al haber excluído prueba de valor decisivo como ser las evidencias cuerpo del delito decomisadas en la casas de habitación del imputado ANGEL IVAN AMADOR RUIZ y de la casa propiedad del señor Oscar padrastro del imputado CARLOS ENRIQUE YANEZ CRUZ y en la cual este habitada también, evidencias consistentes en la mercadería que fue sustraída de los robos efectuadas a las tiendas propiedad de los señores DOROTEO ZUÑIGA Y BLANCA ZUÑIGA, mismas que fueron reconocidas como de su propiedad y están revestidas de todas las garantías, por haberse observado los parámetros legales para su producción y por lo tanto son eficaces, pertinentes y útiles para la investigación de la verdad material de de los hechos que se sometieron a juicio oral y público, regidos bajo los principios de inmediación, oralidad y contradicción, y así debió haberlo considerado el Tribunal de Sentencia, razón por la cual incurrió en error de hecho, que llevó a dictar una sentencia absolutoria totalmente injusta y no apegada a derecho. Siendo que al haber estimado el Tribunal de Sentencia que la prueba aportada por el Ministerio Público es prohibida o ilícita por haberse obtenido la misma en los allanamientos efectuados en quebranto de garantías constitucionales, se hace necesario demostrar las consideraciones equivocadas que contiene la fundamentación de la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Sentencia, con lo que a continuación se expone: Establece el articulo 99 párrafo primero de de : “el domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a las personas o la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad…” como se puede apreciar de esta norma condiciona el registro en domicilio al consentimiento del morador o a la existencia de resolución de autoridad competente, pero a la ves, como una excepción a la regla autoriza el registro para los casos de urgencia, impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a las personas o la propiedad, llegando incluso a autorizar el registro en esos casos de urgencia en cualquier hora (de día o de noche) según se expresa en el párrafo segundo de la norma analizada y sin que sea necesario para estos casos la autorización de morador o la resolución judicial indicada, precisamente porque se trata de situaciones que exigen pronta intervención de la policía para impedir la comisión o impunidad de delitos, como es el caso que ahora nos ocupa. Derivado de la norma constitucional supraindicada aparece el articulo 212 en el Código Procesal Penal, que en su párrafo primero y segundo establece: “El allanamiento de morada, casas o lugar en que viva una persona, solo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. Con estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente al que le explicara las razones que lo determinaron. El Juez por auto motivado, convalidara o anulara, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás se estará a lo dispuesto por el articulo 99 de de …”. Lo anterior en relación a lo establecido en el primer párrafo del articulo 177 del mismo Código Procesal Penal que dice: “si la persona que deba ser aprehendida o detenida previamente se encuentra en una casa de habitación propia o ajena, el allanamiento para su captura sólo podrá verificarse con el consentimiento de quien habite aquella o mediante autorización judicial. Con todo, la casa en referencia podrá ser allanada, en los casos y con todas las condiciones establecidas por el artículo 212 de este Código” Las normas indicadas establecen claramente que en casos de urgencia o cuando el registro sea necesario para impedir la comisión de un delito, evitar la fuga o destrucción o pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias, se dispensa la orden escrita, como no podría ser de otra manera, esta excepción la autoriza el legislador para evitar la impunidad de los delitos graves como el que nos ocupa (dos delitos de Robo) pues se entiende (en las normas relacionadas) que como se trata de urgencia el tramite de la orden escrita llevaría consecuentemente a la consumación de los efectos del delito, la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas que se traduciría simple y sencillamente en impunidad. Es evidente que, haciendo una interpretación sistemática de las normas relacionadas se debe llegar a la conclusión, que en estos casos de flagrancia o urgencia no se quiere orden escrita para efectuar el registro en un determinado domicilio, como es el caso que nos ocupaba, que sin ser necesario que los Agentes de Investigación obtuvieron autorización para allanar las casas de los sospechosos por tratarse de un caso de urgencia, también se obtuvo autorización por orden escrita del Fiscal del Ministerio Público, que en este tipo de casos según las normas y relacionadas, ostenta la calidad de autoridad competente para autorizar los allanamientos con fundamento en los artículos 177 y 212 del CPP ya relacionadas, debido a que se estaba ante un caso de urgencia, en el que la actuación era necesaria para evitar la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias del delito y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. Que si bien es cierto, el fiscal que autorizó la medida no estuvo presente en la ejecución del mismo, también lo es que estuvieron presente y ejecutándolo los Agentes de Investigación nombrados para el mismo, no solamente por decreto del Ministerio Público, sino por la prima lex como se ha explicado anteriormente, ya que se trataba de un caso de urgencia que lo podía realizar la policía aún sin orden de autoridad competente como se ha explicado ampliamente en los párrafos anteriores de este escrito. En este sentido, los aludidos allanamientos se efectuaron en respeto de todas las garantías, de tal manera que sin ningún atraso fueron convalidados por el Juez de Letras Seccional de Juticalpa, como garante del proceso, quien vigiló de manera estricta que la producción de la prueba se llevará dentro de la legalidad como manda la norma adjetiva, a fin de que el Tribunal Sentenciador tuviera plena convicción que esa prueba que se iba a evacuar en el debate reúna los requisitos legales exigidos y pudiera conformar el silogismo de fiabilidad o confianza que genera cada elemento probatorio, como lo hace ver en la motivación del decreto judicial emitido que dice: “Las presentes actuaciones ejecutadas por el Ministerio Público, consistente en la realización de diligencias urgentes para la constatación del ilícito de robo que se investiga, las cuales se acreditan con la documentación que se acompaña, consistente en informe por parte de de Investigación Criminal, para que se practicara un allanamiento, el acta de autorización por parte del Ministerio público a de Investigación Criminal y el acta de allanamiento y Registro ejecutado.” Asimismo entre sus considerándos legales señala: “Que la ejecución de dicha practica se realizó siguiendo los parámetros establecidos en , en caso de apremiante necesidad y urgencia y que si se hubiese esperado autorización judicial, se hubiesen desaparecido los objetos o elementos del delito que acreditan la participación de los hechos imputados en el hecho cometido.” Extrañamente el Tribunal de Sentencia, se aparta del decreto de convalidación judicial señalado, argumentando que no se estaba ante un caso urgente, contrario a lo que estimó el Juez de Letras al convalidar la diligencia, con lo cual quiere desconocer que se estaba frente a una hipótesis contempladas en el articulo 212 (ocultación o destrucción de evidencias). Por si fuera poco, en los allanamientos efectuados se logró decomisar gran cantidad de ropa y zapatos de los sustraídos en los robos efectuados a la tienda SELENE propiedad de los ofendidos, que estamos seguros, como así lo considero el A-quo al momento de emitir del auto de convalidación, que si dicha diligencias se hubiere retrazado, los sospechosos fácilmente hubieren ocultado las mismas, ya que por tratarse de prendas de vestir resultaba fácil su ocultación. Es más entre las prendas decomisadas varias eran de la misma talla de los encausados y que formaban parte de su vestuario. Además, estimo el Tribunal de Sentencia que la detención de los imputados se realizó sin estar estos en flagrancia, y que por lo tanto no estaba justificada, al emitir tan erróneo criterio, el Tribunal ha pasado por alto lo que establece el articulo 175 Código Procesal Penal, donde el legislador a extendido la interpretación del concepto flagrancia, con lo cual ha incorporado una gama de situaciones en las cuales Podrá aprehender a cualquier persona aún sin orden judicial, los dos primeros numerales son precisamente los que deben entender como casos flagrancia, en los casos señalados en los numerales siguientes, como el que hoy nos ocupa, entra precisamente en el señalado en el numeral tercero, que se refiere: “cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o se presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada” Es evidente que la detención efectuada por los agentes de investigación, no se debía a un delito flagrante como lo ha considerado el Tribunal Sentenciador, en el acápite fundamentación jurídica en el numeral segundo, el cual es totalmente erróneo y no se desprende de la autorización del allanamiento la cual se fundamentó como ya se indicó en el articulo 212 y 177 del Código Procesal Penal, por lo que es totalmente errónea la conclusiones hechas ese apartado de la sentencia, debido a que no estamos ante un caso flagrante de los contemplados dentro de los primeros supuestos del artículo 175 CPP, sino más bien, que estamos ante una situación de indicios fundados, debido a que los Agentes de Investigación obtuvieron información que los hoy imputados estaban en posesión de la mercadería que había sido sustraída en los robos efectuados en la tienda Selene, ya que uno de los implicados en dicho robos, fue detenido por el delito de Posesión y Consumo de Marihuana, del cual se le aplicó un Criterio de Oportunidad, y siendo que se tenia investigación pendiente de los robos efectuados a la tienda Selene, el Ministerio Público en base a los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, decretó detención preventiva al sospechoso Carlos Enrique Méndez Antunez, contra quien existía un fuerte indicio que en su poder estaba la mercadería sustraída en los robos aludidos, por lo que se estaba en una situación de urgencia, ya que se corría el riesgo que las evidencias fueran ocultadas en vista de la detención del preventiva de uno de los sospechosos. Al existir entonces motivos fundados y de suma urgencia, no podía actuarse de otra manera que no fuera de forma inmediata, por lo cual se efectuaron los allanamientos tanto en la casa del padrastro de Carlos Enrique Méndez Antunez (vivienda donde este residía) de la cual se decomisó: una gran cantidad de ropa, zapatos y otros objetos provenientes del delito, al igual que en la casa de otro participante Ángel Iván Amador Ruiz donde fueron encontradas más evidencias, por lo que es evidente, que si no hubiera actuado con la debida diligencia tal y como lo autoriza el legislador, al realizar los allanamientos con carácter urgente, que determinó la actuación inmediata de los Agente de Investigación, no se hubieran obtenido las evidencias provenientes del delito de robo, en el cual participaron los imputados y por lo tanto hubiera quedado impune ese delito. Con lo anterior, se demuestra claramente que los Agentes de Investigación se encontraban habilitados por ser un caso urgente (tanto por el articulo 99 Constitucional como por el 212 del Código Procesal penal) para realizar los allanamientos y registros a las viviendas de los imputados Carlos Enrique Méndez Cruz y Ángel Iván Amador, y por lo tanto lejos de irrespetar las normas indicadas, se han respetado en todo su contexto, por lo que no se vulneró en ningún momento el derecho de la intimidad de los acusados, no existió violación de garantías constitucionales como erróneamente lo considero el Tribunal de Sentencia, por lo tanto toda la evidencia decomisada en dichos registros, están revestidas de toda la eficacia probatoria para que este Tribunal arribe al convencimiento de que los imputados son responsables de los robos que se les imputan. Es por ello, que al haber concluido erróneamente el Tribunal de Sentencia que el allanamiento efectuado fue realizado en quebrantamiento de garantías constitucionales, con lo cual dejo fuera de valoración de cargo existente y vinculante en la participación de los imputados Carlos Enrique Méndez Cruz y Ángel Iván Amador, en el delito de Robo Agravado continuado, ha incurrido en un grave error de hecho al dejar de considerar prueba de valor decisivo como las evidencias consistentes en 30 camisas de diferentes tallas y colores, 10 pantalones de hombre de diferentes marcas y colores, 2 pantalones de mujer de diferente marca, talla y colores, 2 pares de botas durango, 1 mochila negra, 4 pares de calzado: zapatos, tenis zapatillas y burros, 10 pares de calcetines, 3 fajas marca levis y tomy, 1 juego de copas y 1 juego de adornos, encontradas en la casa Ángel Iván Amador. Y en la casa donde vivía el imputado Carlos Enrique Méndez Cruz se encontró: 1 maletín azul marca bagmax, 1 par de tenis color gris, 3 camisas de varón, 1 pantalón tipo jeans, 1 mochila color negro marca bagmax, 1 par de tenis color blanco, 1 par de zapatos color negro y tres control remoto marca sansun, evidencias que fueron reconocidas por los ofendidos como de su propiedad, nos preguntamos ¿Por qué tendrían estos acusados esas prendas, sino fueron porque ellos mismos las sustrajeron de la tienda Selecta?, es evidente que dichas pruebas tan íntimamente relacionado a los imputados con el delito investigado, por lo tanto su utilidad y pertenencia es vital para la resolución de este caso, por lo que se hace necesario indicar, que el presente caso resulta trascendente traer la posición sostenida por la doctrina actualmente, que la determinación del valor decisivo de una prueba a través del método denominado “supresión hipotética” consiste en su validez afecte de manera fundamental a la motivación, cuando –si mentalmente se le suprimiese- las conclusiones hubiesen sido necesariamente distintas y a contrario censu no será de valor decisivo la probanza que al ser suprimida mentalmente no afecta la resolución impugnada conservando esta última su sustento independiente1.(, autor Fernando de , página 144, Ediciones Desalma, Buenos Aires, Argentina, 1994), como ha ocurrido en el presente caso donde la exclusión de las pruebas por una indebida valoración, calificándolas de ilícitas lo cual ha incidido en una errónea fundamentacion fáctica y jurídica de la sentencia. Conforme a las razones legales antes expuestas se concluye, que si los señores Jueces del Tribunal recurrido hubieren apreciado la prueba citada, inescindiblemente habrían determinado que los encausados señores CARLOS ENRIQUE MENDEZ CRUZ Y ANGEL IVAN AMADOR son responsables del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de DOROTEO ZUÑIGA Y BLANCA ZUÑIGA como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo el sentenciador, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio”. Este motivo no es de recibo el juzgador ha explicado de una manera clara y concisa, las razones por las cuales excluye la prueba; en otras sentencias esta sala ha determinado que la validación del allanamiento realizado por el Ministerio Publico, en la mayoría de los casos es correcto, pero ha dejado la posibilidad que el mismo sea revisado por el Tribunal de Sentencia, al hacerlo en el presente caso se ha establecido que no ha existido la “urgencia” invocada por el Ministerio Público y que el Estado de excepción concedido por ley para que pueda ejecutarlo sin autorización judicial no existió; en la jurisprudencia Estadounidense, en el caso Estados Unidos vrs. Rabionowitz el juez Frankfurter dice: “Por medio de la declaración de derechos, los fundadores de este país subordinaron la acción judicial a restricciones legales, no para conveniencia de los culpables sino para protección de los inocentes.- No dispusieron tampoco que solo los inocentes podrían recurrir a esta protección. Sabían muy bien que para tener éxito en el castigo de los culpables no era necesario que se juzgara a los inocentes. La frecuencia con que se golpeaba a la puerta de un individuo con el pretexto de arresto, por una ofensa venial, no les era desconocida… Hasta en nuestros días tenemos tristes recuerdos de esta experiencia… La acción policial sin el control judicial, puede llevar a toda clase de extremos. Los fundadores de nuestra nacionalidad volcaron en su convicción de que para reforzar la ley no era conveniente recurrir al fácil pero peligroso camino de dejar que los policías determinen cuando era necesario o no un allanamiento, sin orden de autoridad competente.- El desarrollo de la historia les ha dado la razón. Podemos afirmar, con certeza, que el delito se combate con mayor eficacia cuando se cumplen rigurosamente los principios que han inspirado las restricciones Constitucionales sobre la acción de la policía”.- En Honduras al aprobar el Código Procesal Penal, los legisladores entendieron que el derecho Procesal Penal debía ser un derecho Constitucional aplicado, en el mismo se potencian todos los derechos Constitucionales; en la sociedad Hondureña coexiste la pugna entre la efectividad y el garantismo, pero es obligación de los órganos jurisdiccionales tratar de mantener el equilibrio y de una manera concreta y eficaz evitar los abusos de las instituciones investigativos; en el presente caso el defensor desconocía la existencia de las actas de decomiso, situación que atenta contra el derecho de defensa y contradicción; cuando se afirma que la persona que vive en la casa allanada otorgo el consentimiento, se cae en la ambivalencia, si la autorización ha sido otorgada el acta debería estar firmada por ella. III.- Sigue manifestando el recurrente en su SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Para efectos de este motivo se cita como infringido el articulo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, con relación con lo dispuesto en el articulo 338 del mismo cuerpo legal. En el sistema de la sana critica racional que implanta nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, exigiendo que las conclusiones a las que arriven sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene limites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana critica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las de la lógica, al que debe sujetarse el Juzgador en la valoración de las pruebas según lo exige el referido articulo 202 del Código Procesal Penal, aparece el principio de Derivación que manda que la motivación debe ser derivada, es decir debe respetar el principio de razón suficiente, según el cual, en problemas del jurista Argentino Fernando de “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vaya determinando, tomando en consideración los principios de la psicología y la experiencia común”. El Tribunal debe estructurar sus conclusiones de las pruebas que obren en juicio, y en la dirección en que estas apunten, de tal forma que no pueden establecer su convicción en un sentido distinto al que todas ellas refieren. De esa forma, al observar la sentencia que hoy se recurre, el Tribunal de Sentencia ha decidido estimar la ilicitud del allanamiento de morada, de la evidencia y su vinculación con los procesados, y esa conclusión no ha correspondido a la inferencia racional que ofrecen las pruebas contundentes y directas que obran en la causa, ya que este órgano judicial niega la presencia de ese elemento, cuando la prueba del juicio dice lo contrario, veamos: 1. De del Agente de Investigación Criminal Roger Duarte, se establece que el Agente Yoni Rosales (Q.D.D.G.), tenia información donde se encontraban las cosas que habían sido robadas en , solicitaron una orden de allanamiento a las viviendas de los imputados, al Ministerio Público, una vez obtenida esta se condujeron a la casa de habitación de Ángel Amado Ruiz, esperaron a que éste viniera, le mostraron la orden de allanamiento emitida por el Ministerio Público, accediendo a que se realizara el registro indicándoles donde se encontraban ocultas las evidencias y que al levantar la cama encontraron unas botas y en el closet tenia otra parte de la mercadería, y en la cocina encontraron unos pares de burros, de lo cual levantaron la respectiva acta y procedieron a la detención del sospechoso.- Posteriormente se dirigieron a la casa del padrastro del imputado Carlos Enrique Méndez Cruz, en la cual decomisaron mercadería consistente en pantalones y camisas y dos pares de tenis, también levantaron acta y procedieron a la detención. Asimismo agrega dicho testigo que al llegar a la casa del padrastro de Méndez Cruz tocaron la prueba y no abrió nadie, por lo que decidieron empujar la puerta y la puerta se abrió, y a la pregunta si esta tenia algún candado, respondió que dos pero no estaban puestos. 2) Además consta del acta de debate que fueron incorporados legalmente al proceso de la prueba documental consistente en: A) Solicitud de diligencias de Allanamiento por el Agente Roger Duarte, debidamente fundamentada. B) Autorización del Fiscal del Ministerio Público fundamentada la misma en la en el artículos 177 y 212 del Código Procesal Penal por tratarse de un caso de urgente necesidad, y estableciendo dicho artículo como exención que en casos urgentes podrá el Ministerio Público ordenar el allanamiento y posteriormente solicitar su convalidación, y siendo que el presente caso se quería evitar la pérdida ocultación de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no era posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial, debido a que estar detenido en sede policía por otro delito el sospechoso Carlos Enrique Méndez Cruz, y al tener información la policía que este había participado en los robos efectuado en la tienda Selene era lógico que quien tuviera en su poder dichas evidencias buscaría como deshacerse de ellas lo antes posible, he allí la urgencia de efectuar esos allanamientos, de los cuales se obtuvieron resultados positivos con el hallazgo de la mercadería que se buscaba y que prevenía de los robos que se estaban investigando. C) Actas de Decomiso y secuestro de las evidencias provenientes del delito investigado, las cuales fueron encontradas en la casa del procesado ANGEL IVAN AMADOR RUIZ: 30 camisas de diferentes fallas y colores, 10 pantalones de hombre de diferentes marcas y colores, 2 pantalones de mujer de diferente marca, talla y colores, 2 pares de botas durango, 1 mochila negra, 4 pares de calzado, zapatos, tenis zapatillas y burros, 10 pares de calcetines, 3 fajas marca levis y tomy, 1 juego de copas y 1 juego de adornos. Y en casa donde vivía el imputado Carlos Enrique Méndez Cruz se encontró : 1 maletín azul marca bagmax, 1 par de tenis color gris, 3 camisas de varón, 1 pantalón tipo Jeans, 1 mochila color negro marca bagmax, 1 par de tenis color blanco, 1 par de zapatos color negro y tres control remoto marca sansun; toda esta mercadería fue reconocida por los dueños de la tienda Selene los ofendidos Doroteo Zúñiga y Blanca Zúñiga como de su propiedad y que era precisamente la sustraída en los robos que sufrieron en octubre del 2002 y marzo del 2003. D) Auto de convalidación del Allanamiento por el Juez Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Olancho, en el cual claramente el A-quo señala que se adjuntaron a la solicitud de convalidación la solicitud de los Agentes de de Investigación Criminal al Ministerio Público, Auto motivado del Ministerio Público autoriza a dichos Agentes a realizar los allanamientos y las actas de allanamiento y registro ejecutado en las casas de habitación de los imputado, es un hecho probado entonces que el A-quo, tuvo en su poder los documentos relacionados, por lo que es evidente que lo argumentado por el Tribunal de Sentencia en el numeral cuarto acápite de valoración probatorio no se deriva de esta prueba documental existente en el proceso y que esa es una inferencia personal que no se desprende de esta prueba que nos dice lo contrario. E) La declaración del Perito José Armando Rivera, quién realizó peritaje de las evidencias fue muy claro al determinar que pereció varios jeans, camisas, botas, burros, tenis, ropa interior, gorras y maletines, no dándoles valor alguno porque eran muchas y además porque la mayoría estaban usadas, ratificando su dictamen. Desvirtuándose con estas probanzas lo sostenido por el Tribunal de Sentencia en los numeral segundo en el sentido que los Agentes de Investigación no estaban debidamente autorizados para ejecutar el allanamiento, pues ha quedado claro con las explicaciones del motivo anterior, y de las probanzas antes relacionadas, que en los casos de urgencia no es necesaria esa autorización judicial, pero aún así, los Agentes encargados del caso fueron autorizados en base a los norma ya referidas, por el Ministerio Público, para realizar dicha diligencia, la cual se llevó a cabo en respeto de las garantías procesales y constitucionales y por lo tanto surte los efectos legales, de tal manera que las evidencias obtenidas de los referidos allanamientos son prueba revestida de fiabilidad en contra de los imputados puesto que se han obtenido observando los parámetros legales para su producción y por lo tanto son útiles, pertinentes y proporcionadas para acreditar el delito de robo que se les imputa a los procesados. Además, no se puede exigir que los Agentes de Investigación tuvieran un comportamiento distinto del que les señala el artículo 175 numeral 3, es decir, que los autoriza detener a cualquier ciudadano que sea encontrado en posesión de elementos que provengan del delito, como ha sucedido en este caso, que los procesados al haber sido encontrados en posesión de los efectos del delito por ellos cometidos, no tenían más los agentes de Investigación, que proceder a su detención, en base a la norma indicada, pues si bien es cierto, su condición no era infraganti del delito de robo, como argumenta el Tribunal de Sentencia, también lo es que la referida norma autoriza detener a los sospechosos que sean sorprendidos teniendo en su poder armas instrumentos o efectos procedentes del delito que infieran la participación de estos en el mismo, como ha quedado acreditado en juicio. Asimismo, en el numeral cuarto del mismo apartado, el Juzgador, concluye “que las actas del allanamiento no fueron presentadas ante el Juez de Letras respectivo, en la misma fecha de la solicitud de la convalidación, requisito necesario para tenerlo por realizado con el respeto de ” la cual no se deriva de prueba alguna puesto se encuentra en el proceso el auto de convalidación del Aquo, en el cual es claro al indicar que junto a la solicitud de convalidación de los allanamiento se adjuntan entre otros documentos, actas de Allanamiento, vemos entonces que tal afirmación es una inferencia personal y no producto de prueba alguna. A pesar, que el Defensor, al momento de incorporar la prueba documental objetó de dichas Actas; esta protesta no tiene ningún fundamentó para el Juzgador haya estimado que el ente acusador quebranto el derecho de igual procesal, si después de varias argumentaciones el mismo defensor reconoce que no estuvo en la audiencia de proposición de pruebas, en la cual el Ministerio Público señaló cada una de las prueba que iba hacer valer en el contradictorio (entre ellas las actas referidas), por lo que quedó evidenciado que esa objeción no es valida puesto que no era desconocido de la defensa la existencia de las mismas, sobre todo en el presente caso, donde el proceso nació de la ejecución de esta medida y por lo tanto es nada más que una estrategia de defensa, a la cual se unió el Tribunal de Sentencia al darle razón sin tenerla. Además en el numeral noveno siempre del acápite en mención, el Tribunal de Sentencia señala “que el allanamiento fue ordenado en persecución de las evidencias para fundamentar un Requerimiento de Robo, ordenado concretamente para la vivienda de ANGEL IVAN AMADOR Y SANTOS EUGENIO CRUZ no para la morada o vivienda de CARLOS ENRIQUE MENDEZ CRUZ, quien es uno de los imputados”.- Tal aseveración la hace apartándose totalmente de la prueba documental consistente en el Auto Motivado de autorización de los allanamientos emitido por el Ministerio Público que en el numeral quinto dice: “ordénese a practicar de forma inmediata y con carácter de urgente el allanamiento de morada de los señores ANGEL IVAN AMADOR RUIZ Y SANTOS AUGENIO CRUZ (este último padre de crianza del joven CARLOS ENRIQUE MENDEZ ANTUNEZ)”, respecto al allanamiento a la casa del padrastro del imputado Méndez Antunez, se ordena porque era en esa vivienda donde dicho procesado vivía y en la cual se encontraron las evidencias que se buscaban, con lo cual es claro que el Tribunal de Sentencia no extrajo de esta prueba lo que le estaba señalando y es que se ordenaron debidamente los dos allanamientos a las moradas que ocupaban los imputados y en ellas se encontraron las evidencias que los vinculan al delito investigado. Referente a lo aseverado en el numeral tercero del acápite valoración probatoria, en el sentido de que con el peritaje no se estableció la cuantía de lo sustraído en el centro comercial, extremos estos que quedaron acreditados con las declaraciones de los ofendidos Doroteo Zúñiga y Blanca Zúñiga que fueron reconocidas en el acta del debate en la cual afirma que los sustraído en ambos robos asciende a la cantidad de setenta mil lempiras, y que dichas prendas son de su propiedad,(acreditándose con el peritaje que las evidencias decomisadas, son las mismas que se periciaron y con la declaración de los ofendidos y las facturas presentadas que esas evidencias son las mismas que sustrajeron de su tienda los imputados) lo cual, en ningún momento fue objeto de cuestionamiento por parte de la defensa, unido que no es una exigencia del tipo penal de Robo establecer la cuantía de lo sustraído, sino acreditar que se ha existió un apoderamiento de los bienes muebles y que son de ajena pertenencia, presupuestos que en el presente caso quedaron plenamente acreditados. Si bien es cierto, esas probanzas fueron observadas por el Tribunal de Sentencia, como aparece recogido en el acápite valoración probatoria, no tuvo éste la conclusión que esa evidencia informa, como se ha demostrado ya que no infirió de esas pruebas la real constatación de los hechos acontecidos.- Por otra lado, es necesario destacar que de manera alguna puede conceptualizarse como ilícitos a los allanamientos efectuados en las viviendas de los procesados, ni mucho menos a la evidencia encontradas en las mismas, que vinculan directamente a los encausados con los delitos de robo en perjuicio de que se estaba investigando, y como ampliamente nos hemos referidos en este recurso dichos allanamientos se llevaron a cabo en respeto del articulo 99 de de y del artículo 212 del Código Procesal Penal, y en este punto en el cual el Tribunal de Sentencia ha incurrido en violación de las reglas de la sana critica al valorar la prueba, es decir, la regla lógica de la derivación de la razón suficiente, ya que los medios de evidencia descritos le informan sobre la responsabilidad de los procesados al ser encontrados en posesión de una gran cantidad de mercadería procedente de los dos robos efectuados a y a pesar de esa información este órgano judicial extrae una conclusión opuesta: que no existe prueba de cargo que vincule a los procesados Carlos Enrique Méndez Cruz y Ángel Iván Amador como participes de un delito de Robo Agravado continuado. El agravio que ocasiona el vicio citado, se pone de manifiesto, cuando el Tribunal por no concluir de las pruebas tantas veces referidas que se ha demostrado el hecho acusado y por lo tanto debió establecer una condena por el delito de Robo agravado continuado en contra de los imputados, en efecto, con sobradas razones como las expuestas se concluye que el Tribunal de sentencia recurrido ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de la pruebas y como consecuencia de ello lo ha llevado a dictar un fallo ABSOLUTORIO a favor de los procesados, por lo cual esta Honorable Corte Suprema de Justicia, debe admitir este motivo, anular el fallo recurrido y ordenar al Tribunal de Sentencia que una vez incorporada la prueba de valor decisivo aludida en este motivo corrija su error de valoración a fin de que se dicte una sentencia condenatoria por ser lo que en derecho procede. Y finalmente es importante, señalar que de los imputados no presentó ninguna prueba de descargo en este proceso, es más acepto la presentada por el Ministerio Público, de tal manera que su pretensión era que sus representados se les condenará por encubrimiento del delito de robo, pero encontramos que en este caso el Tribunal de Sentencia se ha despojado de su objetividad de tal manera que al hacer el examen valorativo de las pruebas quebrantó las reglas de la sana critica racional favoreciendo a los imputados y dejando en impunidad un grave delito como el que nos ocupa en este recurso. Por haberse producido en el acto mismo de sentenciador el vicio denunciado, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo”. Este motivo tampoco es de recibo, el juzgador no ha determinado ni ha valorado la prueba, por el hecho de que sea falsa, sino por los vicios de procedimiento en la obtención de la misma en donde incluso se allano una casa que no estaba incluida en la orden, en esos actos se violaron derechos fundamentales de los imputados, sin autorización jurisdiccional.- Esta sala entiende el planteamiento del recurso, pero lo rechaza, no puede el Estado beneficiarse de prueba, obtenida violando la ley; sería un contrasentido que la ley permitiera la violación de derechos fundamentales, en la averiguación de la verdad a todo costo, cuando el mismo Estado se ha autorregulado el ejercicio del Ius Puniendo solo pudiendo destruir el Estado de Inocencia de una persona mediante una sentencia dictada por juez competente y en la cual se haya respetado el debido proceso.- No existe violación a las reglas de la sana critica, el juez no ha dejado de valorar ninguna prueba simple y llanamente las ha excluido por ser expureas. POR TANTO: de Justicia, en nombre de de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de de , 1 y 80 número 1 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 362 numeral 3 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales correspondientes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON.- NOTIFIQUESE.- NICOLAS GARCIA ZORTO.- COORDINADOR.- HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON.- MARTHA TOMASA CASTRO ROQUE.- LUCILA CRUZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”. Extendida a solicitud de la Abogada Irma Grissel Amaya Banegas, en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la Ciudad de Tegucigalpa, municpio del Distrito Central a los treinta y un días del mes de enero de dos mil cinco, certificación de la sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil cuatro, recaída en el recurso de Casacíon por Quebrantamiento de Forma No. 379=04.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL