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Sentencia CL-417-18 — Registro 8582

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo por despido directo ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, costas del juicio. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III. Que el motivo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo al omitir el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado; b) invoca varias formas de infringir la ley (infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea), cuando era necesario ser preciso en su señalamiento; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5) literal a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 14 de noviembre del 2018, por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor LUIS RAÚL PINOT ARMIJO, representada en juicio por la Abogada GABRIELA MARIA MEJÍA VELÁSQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo por despido directo ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de octubre del 2014, por el señor LUIS RAÚL PINOT ARMIJO, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, hoy denominada DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DECENTRALIZACIÓN. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de julio del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 16 de marzo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor LUIS RAÚL PINOT ARMIJO contra el ESTADO DE HONDURAS representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene el señor LUIS RAÚL PINOT ARMIJO con el ESTADO DE HONDURAS representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, se le reconoce una antigüedad laboral, al señor LUIS RAÚL PINOT ARMIJO a partir del 03 de septiembre del año 2007, asimismo se le reconoce al señor LUIS RAÚL PINOT ARMIJO todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto REINTEGRARLO a su puesto de trabajo en mejores e iguales condiciones, más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que este sea debidamente reinstalado, así como la restitución de sus funciones.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que empezó a prestar los servicios mediante contrato, como Técnico Especialista en asuntos relacionados a las personas con discapacidad, en fecha 17 de septiembre del 2007, y que al momento del despido ejercía como Asesor Legal en la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería, devengaba un salario mensual de L. 27,000.00; que el 20 de junio del 2014, se le notificó de forma verbal por medio de la Jefa de Recursos Humanos de la Dirección General de Migración y Extranjería, que se daba por finalizado el contrato de trabajo en virtud de que el mismo no iba ser renovado, siendo efectivo desde esa fecha, sin causal alguna; que la inspectora de trabajo se hizo presente ante la Sub Gerente de Recursos Humanos de dicha Secretaria, quien reconoció el despido verbal al manifestar lo siguiente: “en primer lugar no fui yo quien lo canceló al abogado LUIS RAUL PINOT ARMIJO, yo mande a solicitar una constancia a migración donde él estaba asignado para saber qué día él había dejado de asistir a sus labores, en ningún momento yo le he despedido a él, el contrato de trabajo finalizaba el 31 de mayo del 2014, y se solicitó al departamento legal que enviara un informe hasta cuando él había laborado, y laboró hasta el 20 de junio, que es la finalización de la relación laboral del trabajador Luis Raíl Pinot Armijo, que lo que tengo conocimiento que la licenciada Marta jefa de personal de la Dirección General de Migración y Extranjería, lo mando a llamar para decirle que no había sido autorizado el contrato de trabajo por casa de Gobierno hasta la fecha, pero ya vino la autorización por casa presidencial para que le paguemos su salario de abril, mayo y junio del 2014”; argumentó también que es una persona con discapacidad visual, razón por la cual se encontraba protegido por la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad, la cual establece en el artículo 35, la obligación de la administración pública de contratar un mínimo de empleados con discapacidad, el que no cumplió la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, una razón más por la cual el despido es ilegal, ya que el mismo no tiene fundamento legal alguno y además violenta lo establecido por la ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad; que el día 20 de junio del 2014, se le comunicó verbalmente que no se me renovaría el contrato, y que gestionara el reintegro, pues la Jefa de Recursos Humanos estaba convencida que las personas con discapacidad estaban protegidas por la Ley de Equidad Integral para las personas con Discapacidad, así como por la convención (ONU) sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, alegó además que dicho despido es ilegal e injusto, en virtud que no se me invoca ninguna causal de los numerales en el artículo No. 112 del Código del Trabajo, que faculte al patrono para dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte, faltando el patrono a la obligación que le impone el articulo No. 117 del Código del Trabajo, y que el despido se produce en franca violación a los artículos Nos. 127 y 129 de la Constitución; que con el ánimo de conciliar las diferencias procedió a interponer el reclamo administrativo ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, el cual fue imposible por la no comparecencia del patrono a la audiencia señalada, dándose por agotado el trámite administrativo el 19 de agosto de 2014.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que rechaza totalmente la pretensión del demandante, ya que nunca existió ni ha existido una relación de trabajo, sino que lo que existió fue una relación contractual a término enmarcada dentro de las facultades que le otorga la Ley Orgánica y las Disposiciones Presupuestarias de la República, Contratos Administrativos a término, en los cuales claramente se estableció en la CLÁUSULA DECIMA que el Contratista declara que acepta toda y cada una de las clausula y condiciones establecidas en este contrato, asimismo las partes acordaron en dichos contratos que “para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato, se someterían a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad” y no ante el Juzgado del Trabajo como erróneamente interpusieron su reclamo la demandante, y que por no haber cumplimentado el demandante los requisitos que establece la Ley de Servicio Civil en el Artículo 11, para que se considerara como empleado permanente, no existe ninguna relación laboral con el demandante, pues su relación es meramente de carácter administrativo, pues el demandante aceptó sin objeción alguna los términos de los contrato suscritos.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el señor LUIS RAÚL PINOT ARMIJO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, hoy denominada DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN; condenó a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente que mantenía el demandante con el Estado de Honduras, le reconoció la antigüedad laboral al demandante a partir del 03 de septiembre del 2007, así como todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; y por despido ilegal e injusto reintegrarlo al puesto de trabajo en mejores e iguales condiciones, más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que este sea debidamente reinstalado, así como la restitución de las funciones, sin costas; bajo el criterio que desde el cargo de Técnico Especialista en Asuntos Relacionados a las Personas con Discapacidad ya el señor Pinot Armijo gozaba de la permanencia en su relación laboral con el Estado de Honduras por el mismo tiempo de suscripción de los contratos y que estos provocaron la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los servicios prestados por el demandante, ahora bien si bien es cierto la última contratación del señor Luis Raúl Pinot Armijo fue realizada en otro cargo (Asesor Legal) y con otras funciones, no es menos cierto que al haber realizado una relación continua en el cargo de Técnico Especialista en Asuntos Relacionados a las Personas con Discapacidad, como se reitera este ya había adquirido su derecho a la contratación continua e ininterrumpida.- También hay que agregar que el puesto de Asesor Legal en la institución, no puede ni debe considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporcionaba dicho trabajo, son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de lo que es y será la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, por lo que no puede ser accidental, que dicho sea de igual forma, tal como su denominación lo indica esta institución vela por la aplicación de las normas relacionadas con derechos humanos dirigidos a todos los ciudadanos y en particular a grupos vulnerables siendo parte de los mismos el señor Luis Raúl Pinot Armijo, por ser no vidente, quien con la prueba aportada fue contratado y permaneció contratado precisamente por la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Las Personas con Discapacidad, al ser nombrado primeramente Técnico Especialista en Asuntos Relacionados a las Personas con Discapacidad, siendo su cargo evidentemente necesario.- Acotado lo anterior se deja ver como se reitera, que claramente estamos ante la presencia de una simulación de contrato de servicio temporal, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, éste acto simulado u ocultamiento del verdadero contrato de trabajo, tiene como fin último evadir la obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la ley o abuso de derecho (art. 3 del Código del Trabajo y art. 6 Código Procesal Civil); el Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo. Por lo que si el empleador, utilizando el contrato de prestación de servicios por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, son nulos IPSO JURE dichos contratos ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio, debiendo el empleador de someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, por lo que, al no existir una causa legal de justificación de despido del demandante Luis Raúl Pinot Armijo, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por el mismo, en cuanto al reintegro a sus labores, por ser un derecho opcional Constitucional.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 31 de julio del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que en el caso de autos, se dieron los presupuestos para considerar los Contrato de Trabajo por tiempo indefinido, convencimiento motivado en que el Código del Trabajo claramente establece que sus disposiciones son de orden público, normativa que en el ámbito jurídico-legal, se entiende como el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe ni transigencia ni tolerancia, por afectar a los principios fundamentales de una sociedad o a las garantías precisas de su existencia; que el demandante ante la acción unilateral de su empleadora de no renovarle su contrato, está prácticamente despidiéndolo de su trabajo en forma ilegal e injustificada, y ante esa violación a un derecho reconocido por la Constitución, escogió la acción de reintegro al cargo que venía desempeñando en la institución demandada, y por las consideraciones anteriormente expuestas este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de primera instancia que se conoce en vía de apelación se ajusta a derecho, por lo que procede su confirmatoria.- 5.- Mediante auto de fecha 10 de octubre del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 14 de noviembre del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 15 de noviembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 03 de diciembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada GABRIELA MARIA MEJÍA VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA en su único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL ÚNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el párrafo primero del articulo 765 numeral uno del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Fallo en forma definitiva y unánime de votos la sentencia dictada en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil dieciocho (2018), en su acápite Primero CONFIRMO en Todas y cada una de su partes la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil dieciocho (2018), visibles a folios del 596 al 601 de la segunda pieza de autos, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el fallo recurrido de la Corte de Apelación del Trabajo contienen mal aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la relación laboral que existió entre el Demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesionales por tiempo transitorio y determinado, por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Cláusula Séptima, hace referencia que dicho contrato podrá rescindirse por Acuerdo entre ambas partes. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE.- La Prueba singularizada y apreciada erróneamente por el tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: DOCUMENTOS PÚBLICOS. El Juzgador no valorizo la actividad pues como se aprecia en el Contrato de Servicios Profesionales en la Cláusula Séptima; como así mismo ya tenía conocimiento de la terminación del contrato; quedo evidenciado que al demandante se hizo efectivo el pago en virtud de una Contratación de Servicios Profesionales y por lo tanto la causa de su cancelación es legal y debe declararse sin lugar el Reintegro en iguales o mejores condiciones, en virtud de un despido directo, ilegal, injusto. Por otra parte, en el hecho segundo del Fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo establece que ‘es un cargo de naturaleza permanente en el Instituto Nacional de Migración, aun cuando se pretenda darle otra denominación, en la práctica queda claro que el demandante actúa en completo fraude a Ley” por otra parte indica “el trabajador desempeñaba personalmente su trabajo en un lugar específico Dirección General de Migración y Extranjería en el cargo de Asesor Legal con sede en la Ciudad de Tegucigalpa “condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Derechos Humanos al Reintegro al demandante, sin apreciar el A-quo, y el Ad quem, que previo a la fecha de dictar sentencia, estaba ya vigente el DECRETO EJECUTIVO PCM 031-2014 PUBLICADO EN LA GACETA NO. 33,468 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2014 que contiene la ley de creación del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN; decreto que en su artículo 1 atribuyen la creación del Instituto Nacional de Migración es un ente desconcentrado de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con personalidad jurídica propia, independencia administrativa, funcional, Limitando entonces el cumplimiento de condena al reintegro, por tanto consideramos que hay una falta de estudio por parte del A-quo y del Ad quen, en vista que el reclamante prestó sus servicios para la extinta Dirección General de Migración y Extranjería, institución que era parte de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Considerando que con fundamento en el artículo 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos entonces frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiados, sin influencias, ni perjuicios, decisión que debería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el A quo” y esto no lo está permitiendo, ni tampoco agravaría en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil dieciocho (2018), pronunciada por la Corte de apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que conociendo vía Recurso de apelación confirmó la sentencia definitiva de Primera Instancia dictada en fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia de emplazamiento para el Reintegro en iguales o mejores condiciones, en virtud de un despido promovido por el señor LUIS RAÚL PINOT ARMIJO.”.- III. Que el motivo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo al omitir el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado; b) invoca varias formas de infringir la ley (infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea), cuando era necesario ser preciso en su señalamiento; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- IV.- Que con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…”[1].- V. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 417-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes ASL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14