Sentencia CL-80-24 — Registro 20670
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa en que fundo un despido ilegal e injustificado, quien para realizar el mismo violento el derecho de defensa y el debido proceso para la solución de conflictos individuales que establece la cláusula N°3 del contrato colectivo y el artículo 62 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, quien utilizo un video como prueba ilícita para llevar a cabo la audiencia de descargo y notificar el despido.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación se omite el concepto de la violación a la ley sustantiva, ya sea por infracción directa o indirecta en cualquiera de sus modalidades; b) se omite la norma sustantiva del orden laboral nacional infringida, requisito indispensable en la formulación del motivo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; c) el Censor del fallo alega por la vía del error de derecho, la violación de las normas que determinan el derecho de estabilidad laboral; sin embargo, el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades; d) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo, siendo lo correcto articulo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código de Trabajo; y, e) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario en virtud de lo establecido en el artículo 770 del Código artículo de Trabajo. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. "....
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 24 de julio del 2024, por el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora NORMA LIZETH MORENO REYES, representada en juicio por el Abogado ERASTO JESUS REYES MENDEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa en que fundo un despido ilegal e injustificado, quien para realizar el mismo violento el derecho de defensa y el debido proceso para la solución de conflictos individuales que establece la cláusula N°3 del contrato colectivo y el artículo 62 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, quien utilizo un video como prueba ilícita para llevar a cabo la audiencia de descargo y notificar el despido, caso contrario de no existir ni probar la causa justa, sea obligado previos los trámites legales y mediante sentencia definitiva condenatoria que al efecto se dicte a reintegrarlo a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de producirse la terminación injusta e ilegal del contrato individual de trabajo, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, vacaciones más bonificaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes y demás beneficios que se causen desde la fecha del despido hasta el momento que con sujeción a las normas procesales sea reintegrada al puesto de trabajo, reconociéndole en el pago de estos conceptos el incremento salarial con carácter retroactivo conforme la cláusula 31 del contrato colectivo, se alega como medio de defensa sin aceptar la comisión de la falta, la desproporción de la sanción en relación con la supuesta falta imputada, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de septiembre del 2022, por la señora NORMA LIZETH MORENO REYES, mayor de edad, hondureña, soltera, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de diciembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 19 de octubre del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral para pedir el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de producirse la terminación injusta e ilegal del contrato individual de trabajo, a pagarle a título de daños y perjuicios todos los salarios dejados de percibir y demás beneficios derivados del contrato colectivo que se causen desde la fecha del despido hasta el momento que con sujeción a las normas procesales sea reintegrado a su puesto de trabajo, promovida la señora NORMA LIZETH MORENO REYES, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su Alcalde Municipal y Representante Legal el Señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: CONDENA: A La MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su Alcalde Municipal y Representante Legal el Señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, a reintegrar a la trabajadora NORMA LIZETH MORENO REYES, a su puesto de trabajo o por lo menos en igual de condiciones a las que tenía en la fecha del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo así como el pago de vacaciones causadas, pago derechos adquiridos adeudados.- 2) se declara sin lugar la demanda respecto al reclamo que se le reconozcan el incremento salarial con carácter retroactivo conforme la cláusula 31 del contrato colectivo.- 3) SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, empezó a laborar para la Alcaldía Municipal el 01 de junio del 2015, siendo contratada como Policía Municipal Comunitaria; y al momento de su despido ilegal e injustificado realizaba labores de Auxiliar de Recreovías en el Departamento de Recreovías, Virtudes y Voluntariado de la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, devengando un salario mensual de L. 13,800.00. En fecha el 13 de junio del 2022 se le entrego una nota de despido firmada por el Abogado Julio Fredy Pavón Umaña, donde se le notifica que se da por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad para la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, notificándole en dicho despido que la demandante infringió el contrato de trabajo en sus numerales 3 y 7; la normativa vigente transcribiendo en dicho despido parte de los artículos 101, 103, 105, 114, 117 del Reglamento Interno de Trabajo y los artículos 97 y 112 del Código de Trabajo. Sin embargo, no se especificaron claramente los hechos y las pruebas de culpabilidad en que se fundan las supuestas causas para finalizar la relación laboral, mencionando que no es suficiente para un despido, ya que lo justo es expresar con la suficiente claridad cada uno de los hechos y las respectivas pruebas para justificar la acción. Para que un despido sea legal y justificado debe cumplirse lo que dispone el artículo 112, literal L del Código de Trabajo al establecer: “siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respetivo procedimiento reglamentario convencional”, de igual forma conforme al artículo 62 numeral 5 y 6 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, para un despido se requiere el previo informe de la Secretaria Técnica de la Carrera Administrativa Municipal, la cual no aconteció así y fue ignorado por la Municipalidad, por lo anterior expuesto y tomando en cuenta que el despido no cumple con la formalidades y garantías que exige el Reglamento Interno de Trabajo, la Ley de la Carrera Administrativa, Contrato Colectivo, el Código de Trabajo y la Constitución de la Republica, al demandante se le violento el derecho fundamental del debido proceso y la defensa, ya que no indica el lugar y hora donde ocurrieron los hechos. En fecha 30 de mayo del 2022 la demandante recibió una citación para una audiencia de descargo por parte del Abogado Mario Roberto Urquía Fajardo, en su condición de Gerente Legal para que compareciera a dicha audiencia que se celebraría en fecha 02 de junio del 2022, por los supuestos cargos que se describen de manera literal: Por haber de haber incurrido las faltas siguientes: 1) Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina, en que incurrió el trabajador durante sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo, 2) por no observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio”. Agregaron a ello también un insulto a su jefe inmediato Cindy Bu e intento de agresión a su compañero de trabajo Fredy Hernández. En la audiencia celebrada conforme a lo establecido en la cláusula No. 3 numeral 6) del contrato colectivo suscrito entre el Sindicato Municipal SIDEYTMS y la Municipalidad de San Pedro Sula, debieron comparecer delegados sindicales para que le representen y asesoren a la demandante, los cuales no tuvieron; ni asistieron tal como se constata en el acta que se levantó, por consiguiente, la omisión por parte del patrono de la formalidad e información desconoció el debido proceso y causo indefensión. La demandante expreso que la Municipalidad estaban desesperados por despedirle, y por ello violentaron lo establecido en la antes mencionada Clausula N°3 del contrato colectivo y sindicato de empleados de la Municipalidad (SIDEYTMS) al cual está afiliada y lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de la Carrera Administrativa; por lo tanto al girar convocatoria establecida en el numeral 6 de la cláusula que dice: “cuando se trate de audiencia para aplicar medidas disciplinarias a uno o varios empleados, además de estos comparecerán uno o dos delegados para que los representen y asesoren en su defensa, no obstante los empleados podrán renunciar la defensa por parte del sindicato y hacerse representar por un inspector de Trabajo o un Profesional del Derecho”. Por lo tanto, no se cumplió con el procedimiento señalado. La parte demandante hace mención que fue objeto de una grabación de un video, del cual nunca se dio cuenta en qué momento se realizó dicha acción, expresan que el video no constituye prueba y que tampoco es confiable, ya que el mismo pudo ser manipulado, asimismo alegan que todo el problema empezó por una solicitud de una licencia de dos a cinco días para cuidar a su hijo, dicha solicitud presentaba documentación que justificaba la gravedad del niño Cristopher Reyes Moreno. Aludieron que la obligación de garantizar el derecho al debido proceso y la defensa no era tan sencillo, y que no se agota con la simple evacuación a una audiencia de descargo basada en la existencia de un orden normativo como el Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad de San pedro Sula, dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que requiere de una conducta patronal e institucional que asegure la existencia en la realidad, de una garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, también se desconoció el procedimiento establecido en el artículo 62 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y la cláusula número 3 del contrato colectivo, agregando que es abrumadora la flagrante violación e incumplimiento de estas garantías y por ende a los derechos humanos; ya que presentar un video en la instancia administrativa de audiencia de descargo o durante un juicio, no genera de inmediato fuerza legal o convicción judicial, sino que necesita de una cadena de procedimientos para que su contenido pueda ser medido al momento de la resolución administrativa patronal, como en la audiencia judicial, en los momentos donde se violentan los derechos laborales y las garantías constitucionales, cuando el personal administrativo de la gerencia de desarrollo humano o la jefa inmediata de la municipalidad consideran que basta con tomar un video, una fotografía o un audio para proceder con un despido, lo cual consideran que es totalmente incorrecto y arbitrario, no solo por tratarse de un despido injustificado e ilegal, sino que también están ante una notable desproporción en la aplicación de la sanción con relación a la supuesta falta imputada, ya que en relación al Principio de Proporcionalidad debe existir una correlación entre la falta cometida y la sanción impuesta de tal manera que el empleado deba demostrar efectivamente que la trabajadora incurrió en una falta que por naturaleza a su gravedad, le fuera imposible el sostenimiento de la relación laboral y que la gradualidad se debe entender en función a la reincidencia o reiteración de varias faltas en las cuales deba incurra el empleado en un periodo corto de tiempo; lo cual en el presente caso no ocurrió así, ya que tampoco se tomaron en cuenta otros factores como la naturaleza de la supuesta falta y sus efectos, las circunstancia en que se dio la acción u omisión, los antecedentes dentro de la institución, la antigüedad del cargo, los tipos de faltas que se hayan cometido antes, ya que en el reglamento interno de trabajo si se valora objetivamente su contenido en los artículos 103, 104, 105 y su relación con los artículos 109, 110, 112, 113, y 114 de ese mismo reglamento; ya que detalla los tipos de faltas que corresponden desde las leves hasta las faltas graves, en este caso la parte demandante expresa que, de haber sido ciertas algunas de las supuestas faltas tampoco eran suficientes para aplicar la medida más extrema como el despido, ya que esta debe ser adoptada sobre la base de faltas reincidentes que demuestren la falta de enmienda del trabajador o de las faltas graves que no permitan la posible continuación de una sana relación laboral, todo el contexto anterior se dio por la solicitud de una licencia para cuidados del hijo de la parte demandante, quien sufrió un accidente en motocicleta por el cual fue ingresado de urgencia en el Hospital Mario Catarino Rivas debido a un politraumatismo cráneo facial derivado de la misma colisión con otro vehículo, por tal motivo el 9 de mayo de ese año, se presentó a solicitar en forma verbal ante la asistente de la jefatura del departamento de Prevención, la señora Cindy Bu una licencia de 5 días para cuidar a su hijo, acreditándolo con constancia extendida y receta médica. El médico tratante hacía constar sobre el cuidando del hijo, así como el informe de epicrisis y el de alta, pero la licencia fue negada por razón de que, según la señora Bu, el informe médico debería contener el número de días que su hijo estaría enfermo, y la solicitud únicamente se hizo por 5 días cuando la cláusula número 6 del contrato colectivo numeral 3 suscrito entre Sindicato y Patrono, en conjunto con el articulo 63 numeral 6) del reglamento interno del trabajo en esa municipalidad estipulan y otorgan una licencia con goce de salario que puede ser hasta de 30 días para asistir a sus hijos y otros familiares en caso de gravedad y a raíz de la negativa antes descrita, la parte demandante agrego que en fecha 10 de mayo del 2022 se obtuvo comunicación con el señor Antonio Cerrato en ese entonces jefe de recreo vías, también se le hizo una solicitud a la Abogada Greysi Diaz en esa misma fecha y en fecha 12 de mayo al Comisionado German Palma Gómez de forma personal u verbal y en todos los casos antes mencionados obtuvo una respuesta negativa; Por los hechos ocurridos, el ordenamiento jurídico de nuestro país por orden y jerarquía normativa, establecen que la Constitución de la Republica; el Código del Trabajo, el contrato colectivo, el reglamento interno de trabajo, la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, así como los convenios 87 y 98 de la OIT, entre otras leyes aplicables contienen aspectos que son derechos irrenunciables, por lo tanto ante las conquistas que progresivamente han sido mejoradas por acuerdo entre trabajadores y patronos, existe y es un deber necesario de cada trabajador defenderlas y hacerlas valer de tal forma que no se precaricen las condiciones de vida y de trabajo. Asimismo, que con ello se produzca una regresividad laboral que no deben ser consentidas bajo ninguna circunstancia en contra de la clase obrera, por su parte el Código de Trabajo establece en sus artículos 3 “son nulos ipso iure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”, relacionado con el artículo 95 a las obligaciones de los patronos, a numerales “5) conceder licencia al trabajador para que pueda cumplir con las obligaciones de carácter público impuestas por la ley; en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada 6) guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltratos de palabras o de obra y de actos que pudieran afectar su dignidad; y, 23) cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes y reglamentos de trabajo”. Y con artículo 96, numeral “9) ejecutar o autorizar cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja los derechos que otorgan las leyes a los trabajadores, o que ofendan la dignidad de éstos”. Articulo 113.- párrafo segundo, “el trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que le reponga en su trabajo”. Y con la intención de llegar a un arreglo conciliatorio la demandante acudió a la Secretaria de Trabajo, a las oficinas de Conciliación siendo la misma un fracaso por lo tanto acudió la demandante a la vía judicial. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que, se rechaza y se opone a la demanda por no ser cierto su contenido ya que el despido de la demandante si fue apegado a derecho como se probara en el transcurso del juicio ya que, la señora Norma Lizeth Moreno Reyes infringió el contrato de trabajo, y se fundamenta el despido por las violaciones a los “artículos inciso 5, 6, 7, 11 articulo 103, 105, 114, inciso I, T, artículo 117 inciso C del Reglamento Interno de Trabajo y 97 inciso, 3 y 13, 112 inciso B y L del Código del Trabajo” ya que cometió las siguientes faltas, como ser actos de violencia e injurias, malos tratos o grave indisciplina durante sus labores contra la asistente de su jefe, quien a su vez es representante del patrono, situación que fue aceptada por la demandante en la audiencia de descargo, así mismo por no observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante la prestación de sus servicios; que la demandante lo único que pretende es confundir a este tribunal con argumentos que de una manera calificada ósea queriendo justificar las faltas tan graves como las que cometió; en cuanto a las violaciones que ella dice se cometió en su contra tal como lo expresa en el acápite de su demanda, ella sabía quiénes eran las personas que podían acompañarla a la audiencia de descargo, por lo que se desprende que esto no es más que la confesión que efectivamente pasaron los hechos que motivaron su despido sin responsabilidad para la demandada, por lo que se puede aplicar el principio que a confesión de parte relevo de pruebas. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 19 de octubre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral para pedir el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de producirse la terminación injusta e ilegal del contrato individual de trabajo, a pagarle a título de daños y perjuicios todos los salarios dejados de percibir y demás beneficios derivados del contrato colectivo que se causen desde la fecha del despido hasta el momento que con sujeción a las normas procesales sea reintegrado a su puesto de trabajo, promovida la señora NORMA LIZETH MORENO REYES, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su Alcalde Municipal y Representante Legal el Señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: CONDENA: A La MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su Alcalde Municipal y Representante Legal el Señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, a reintegrar a la trabajadora NORMA LIZETH MORENO REYES, a su puesto de trabajo o por lo menos en igual de condiciones a las que tenía en la fecha del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo así como el pago de vacaciones causadas, pago derechos adquiridos adeudados.- 2) se declara sin lugar la demanda respecto al reclamo que se le reconozcan el incremento salarial con carácter retroactivo conforme la cláusula 31 del contrato colectivo.- 3) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis realizado a la prueba en su conjunto este Tribunal considera procedente declarar con lugar la demanda por las circunstancias siguientes: Uno: Si bien es cierto la demandada acredito en autos que la trabajadora Norma Lizeth Moreno Reyes, incurrió en la falta que se le atribuye la demandada al cometer actos de indisciplina interrumpiendo el orden que debe imperar en todo centro de trabajo, al proferir palabras soeces contra su jefe inmediato y compañeros de trabajo, la cual constituye una falta que amerita el despido tal como lo dispone el artículo 112 letras b) y l) del Código de Trabajo; también lo es que la parte que pone fin a la relación laboral debe notificar por escrito dicha decisión con expresión de la causa o motivos que la mueve a tomar esa determinación, después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos, tal como lo establece el artículo 117 del Código de Trabajo; Dos: En el caso de autos la demandada omitió indicar con precisión y claridad las causas o motivos que la mueven a tomar esa determinación pues en dicha nota se limita a manifestar lo siguiente: "7) todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el establecimiento o lugar donde presta sus servicios profesionales cuando sea debidamente comprobada ante la autoridad competente, 11) Por las causas establecida en el código de trabajo o el reglamento interno de trabajo vigente; cometió la falta siguientes: 1) Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina, en que incurra el trabajador durante sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo; causa que acepto en acta de audiencia de descargos de fecha 02 de junio del año 2022, 2) Por no observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio". Tres: Que el despido realizado a la demandante en las circunstancias como la del presente caso se aparta del principio de terminación motivada importante conquista del derecho laboral en materia de terminación del contrato de trabajo; que consiste en obligar a las partes y particularmente al patrono a motivar la terminación del contrato de trabajo, es decir dar en el momento de la ruptura una explicación clara de la causa o motivo que lo impulsa a tomar esa decisión, causa o motivo que desde luego no puede ser distinto ni contrario a lo establecido en la ley en forma expresa como suficiente para justificar la terminación de la relación de trabajo. Cuatro: En el presente juicio la parte demandante alega que hay desproporcionalidad entre la falta cometida y la sanción aplicada, en el caso de autos este Tribunal no puede pronunciarse si existe desproporcionalidad; también la demandante alega que no se le siguió el debido proceso con relación a este alegato este Tribunal considera que a la demandante se le dio la oportunidad de formular sus descargos, fue citada con dos días de anticipación a celebrarse la audiencia de descargos, en la nota de citación se le expreso los motivos por los cuales era citada; lo que significa que si se siguió el debido proceso y respeto el derecho de defensa a la demandante, si bien es cierto en la audiencia de descargos no estuvo presente un representante sindical, a criterio de este Tribunal no era necesario en vista que la demandante no era una empleada afiliada al sindicato de trabajadores de la demandada, prueba de ello es que no pagaba cuota sindical como afiliada. En el presente juicio la demandante solicita se le reconozca el incremento salarial con carácter retroactivo conforme la cláusula 31 del contrato colectivo; con relación a dicho reclamo este Tribunal considera que para tener derecho a los beneficios del contrato colectivo de condiciones de trabajo existe en la demandada se debe cumplir como mínimo en pagar cuota sindical para poder gozar de los beneficios; en el caso de autos se encuentra acreditado en autos que la demandante no pagaba cuota sindical, por tal razón no tiene derecho a solicitar los beneficios que otorga el contrato colectivo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 14 de diciembre del 2023, dicto sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas, bajo el criterio que, no se puede a posteriori, tratar de establecer una causa de despido que no fue puesta en conocimiento del trabajador(a) despedido(a) oportunamente; peca contra la buena fe el que con posterioridad a la extinción de la relación de trabajo aduzca razones, hechos o motivos no alegados en el momento de provocar la ruptura, según lo dispone el artículo 117 del Código del Trabajo. Al respecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dejado establecido: "Que en la celebración, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse el principio de buena fe y que evidentemente pugna contra ese principio el hecho que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes no se comunique a la otra, de manera escrita, concreta y clara, la causa o motivo de tal determinación, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción, cuando el que se supone agraviado ocurra ante ella demandando sus derechos, salvo los casos de contrato verbal en que la notificación se puede hacer también verbalmente ante dos testigos". (CL26-10, CL119-10, CL105-15, CL457-15); criterio vinculante al presente caso al tenor de lo dispuesto en los artículos 18 y 764 del Código del Trabajo. De la revisión del presente caso, éste Tribunal considera que al momento en que se produjo la ruptura de la relación de trabajo con la demandante, no se expresaron hechos o situaciones generadoras de tal determinación, pues se limitó a transcribir cláusulas del contrato de trabajo y del Reglamento Interno de Trabajo, inherente a las faltas; frente a ello se comprueba que el patrono no expuso en la nota de despido las razones o motivos que motivaron a tomar la desvinculación laboral; por lo anterior, el despido es injusto e ilegal y por ende resulta necesario valorar las pruebas presentadas por la parte demandada, a efecto de determinar si cometió o no alguna falta. Este Tribunal de Alzada, por los razonamientos señalados, estima procedente Confirmar el fallo definitivo objeto de apelación, con la motivación fáctica y jurídica expuesta por esta corte y en atención a lo dispuesto en el art. 705 del CPC, norma aplicada supletoriamente con las normas laborales.5.- Mediante auto de fecha 17 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada XIOMARA ARGENTINA RAPALO BENITEZ, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 24 de julio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de octubre del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado ERASTO JESUS REYES MENDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su primer y único motivo de casación alega: “ Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por Falta de apreciación de determinada prueba ya que se presentaron pruebas que demuestran las faltas cometidas por la empleada, habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho ya que el Juez ad quem no aprecio ni le dio valor probatorio al medio probatorio denominado Documental, videos audiencias de descargo ya que ella cometía en continuidad faltas contra sus jefes y compañeros de trabajo y consistente en la copia de contrato de Trabajo firmado por el demandante con mi representada, cuando del mismo si se aprecia la veracidad de los hechos que puso fin a la relación laboral de mi representada con el ahora demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a La Municipalidad de San Pedro Sula al Reintegro y demás indemnizaciones laborales solicitadas, a excepción de las costas del presente juicio a la parte demandante, pero el tribunal Ad Quem ante una Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgado en un error de derecho ya que no aprecio los medios denominados: DOCUMENTOS PUBLICOS: A) informe del 13 de mayo 2022, donde Lic. Cindy Bu, Jefa inmediata de la demandante NORMA LIZETH MORENO REYES, donde informa a la Dirección de prevención la agresión realizada por la demandante al señor FREDY HERNANDEZ, a su persona y compañeros de trabajo, constituyendo un acto de indisciplina de agresión y amenazas. (folio 22 b ) B) ACTA DE AUDIENCIA DE DESCARGO de fecha 2 de junio del año 2022, donde la ahora demandante acepto los cargos que se le imputan tratando de justificar sus hechos manifestando que los cometió porque se sentía alterada por la salud de su hijo en ese momento, pretendiendo con su confesión calificada justificar sus acciones ilegales, C) -REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.- donde claramente se estableció los artículos incumplidos por la demandante específicamente en las prohibiciones de los trabajadores artículo 101, inciso , 1, 5, 6, 7, 11, articulo 103, 105, 114 inciso I y T artículo 117 inciso c. D) MEDIO DE PRUEBA TÉCNICO DE IMAGEN Y SONIDO: A- Se presenta CDR-HP 52X/ 700MB DATA 80MIN, donde se puede constatar los hechos que llevaron al despido mediante la grabación de hechos que realizara un testigo y compañero de trabajo de la demandante donde se escucha y mira todo el acto de indisciplina realizado por la demandantes contra sus compañeros de trabajo y jefe inmediato. E)-. MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL: de igual manera la juez Ad quem no aprecio correctamente la declaración testifical de los señores CINDY EDELMIRA BU RIVERA, KRAYSIS JESENIA DIAZ FIGUEROA. Quienes relataron la forma en que sucedieron los hechos que motivaron la terminación de la relación laboral con la ahora demandante sin responsabilidad de mi representada, confirmando los actos de indisciplina cometidos por la demandante”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación se omite el concepto de la violación a la ley sustantiva, ya sea por infracción directa o indirecta en cualquiera de sus modalidades; b) se omite la norma sustantiva del orden laboral nacional infringida, requisito indispensable en la formulación del motivo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; c) el Censor del fallo alega por la vía del error de derecho, la violación de las normas que determinan el derecho de estabilidad laboral; sin embargo, el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades; d) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo, siendo lo correcto articulo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código de Trabajo; y, e) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario en virtud de lo establecido en el artículo 770 del Código artículo de Trabajo. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO ROY PINEDA CASTRO COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha dieciséis del mes de abril del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación número CL80-24.
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO