Sentencia CL-553-23 — Registro 20274
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones que al momento del despido, a la demandante se le celebró audiencia de descargo, en la que se le responsabiliza de haber realizado un trámite de tarjeta de identidad sin el expediente de respaldo, situación que negó en cada uno de los hechos manifestados en el acuerdo de despido y aclaró que para la emisión de una tarjeta de identidad por primera vez de acuerdo a la ley del Registro Nacional de Las Personas debe existir un expediente que se elabora en otro departamento distinto; su función se limitaba a la verificación del expediente, al llenado del formulario y a la extensión de la contraseña.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
...". Del estudio del fallo se decreta la nulidad de oficio con base a lo establecido en la normativa Constitucional y Procesal Civil Supletoriamente, debido a la falta de motivación en virtud que el juzgador debió realizar el análisis de los medios de prueba en su conjunto y al observar la ausencia del interrogatorio de las partes estableciendo únicamente un acta que corre a folio 69 de la primera pieza donde se plasma que se evacua este medio de prueba pero no en si el contenido del mismo mostrando una falencia para poder alcanzar los parámetros que establece el artículo 200 y 207 del Código Procesal Civil llegando a su libre formación del convencimiento por los razonamiento facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de los medios de prueba siendo una obligación judicial de no excluirlos."....
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de mayo del 2024, por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) como recurrente; además, es parte recurrida, el señor DAVID JOSUE AGUIRRE LAGOS, representado en juicio por el Abogado MILTON RAMON MURILLO MARADIAGA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones que al momento del despido, en virtud de un despido directo, ilegal e injusto y para que se pruebe por el demandado la justa causa de despido, que se declare la prescripción del derecho y acción para despedir, aumentos salariales, bonificaciones y demás derechos salariales que se produzcan durante la secuela del juicio, salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de noviembre del 2018 por el señor DAVID JOSUE AGUIRRE LAGOS, mayor de edad, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureño y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), cuya representación legal corresponde a la Junta Interventora coordinada por el señor ROLANDO KATTAN. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 11 de mayo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de noviembre del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DAVID JOSUE AGUIRRE LAGOS, contra al demandado EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) a través de su representante legal Abogado ROLANDO KATTAN, para el reintegro a su puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral a la fecha que sea reintegrado a su puesto de trabajo con el reconocimiento de todos los incrementos salariales, bonificaciones y demás derechos reconocidos en su ausencia; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) a través de su representante legal Abogado ROLANDO KATTAN, al reintegrar a su puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral a la fecha que sea reintegrado a su puesto de trabajo con el reconocimiento de todos los incrementos salariales, bonificaciones y demás derechos reconocidos en su ausencia, al señor DAVID JOSUE AGUIRRE LAGOS; 3) Declarando SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandante vía de alegación en el libelo de la demanda; 4) Declarar SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- El parte demandante expreso en el escrito de su acción que, fue nombrado por el Director del Registro Nacional de las Personas mediante acuerdo permanente número 029-2016 en el cargo de Codificador, dependiente del Departamento de Identificación y a partir de la fecha 01 de marzo del 2016, con un salario mensual de L. 12,948.00. En fecha 31 de julio del 2018 mediante acuerdo No.191-2018 el Director del RNP en cumplimiento a lo resuelto en sesión ordinaria celebrada por el Directorio de ese organismo, acordó destituirlo de su cargo de Codificador, a partir del 02 de agosto del 2018 argumentando como causa de despido, haber cometido "la falta grave consistente en haber violentado las disposiciones contenidas en el artículo 118 numerales 9) y 13) de la Ley del Registro Nacional de las Personas y artículos 27 numerales 9), 10) y demás aplicables del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 53 letras a), b), c), D), 54 letra c), 59 letras a), i) y demás aplicables del Reglamento Interno de Trabajo del Registro Nacional de las Personas; al efectuar un trámite de solicitud por primera vez, de una tarjeta de identidad sin respaldo documental en la base de datos del Registro Nacional de las Personas; para lo cual utilizó en forma indebida el usuario 0801199514151 que le fue asignado para sus labores ordinarias”; lo que se traduce según el empleador en "la violación de las obligaciones y prohibiciones especiales que le incumben en razón del cargo que ha venido Desempeñando, por haberse extralimitado en el Desempeño de su cargo o de sus funciones y no acatar ni cumplir órdenes e instrucciones impartidas por el patrono, así como no ejecutar su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero". La sanción de despido se desprende de la inscripción de nacimiento y posterior emisión de la tarjeta de identidad a favor del señor Rafael Álvarez Belismelis en fecha 22 de mayo de 2018, luego de haberse creado la inscripción de partida de nacimiento a su nombre, utilizando la clave número 0820197700273, asignada a la ex empleada Kenia Yojana Mairena Benítez, el día 17 de mayo de 2018. Es evidente, que la demandada no realizó la debida investigación para constatar los hechos que se le atribuyen, ni esperó, como es lo correcto de acuerdo a lo establecido en las letras e) y l) del artículo 112 Código del Trabajo, que la autoridad correspondiente realizará la investigación pertinente, por tratarse de hechos con apariencia delictiva; por cuanto la función en la institución se circunscribía a emitir la tarjeta de identidad previo cumplimiento de los requisitos, tal y como efectivamente lo hizo, sin haberse extralimitado o dejado de hacer las funciones encomendadas, como de forma irresponsable lo manifiesta el demandado. El día 24 de julio del 2018, se celebró la correspondiente audiencia de descargo, en la que se le responsabiliza de haber realizado un trámite de tarjeta de identidad sin el expediente de respaldo, situación que negó en cada uno de los hechos manifestados en el acuerdo de despido y aclaro que para la emisión de una tarjeta de identidad por primera vez de acuerdo a la ley del Registro Nacional de Las Personas debe existir un expediente que se elabora en otro departamento distinto; en la audiencia de descargo el demandante explico, que su función se limitaba a la verificación del expediente, al llenado del formulario y a la extensión de la contraseña estableciendo, además, que la custodia del respectivo expediente no le correspondía. Sin embargo, de forma abusiva y sin fundamento legal se le ordenó el despido, ilegal e injusto. También el demandante expreso que el Registro Nacional de las Personas, actúo con ligereza al haber ordenado el despido a partir del día 02 de agosto del 2018 mediante acuerdo Numero 191-2018, al atribuírsele una falta grave, sin percatarse; igualmente que se acreditó quien o quienes realizaron las diligencias previas para la inscripción cuestionada, por lo que las faltas graves que se le atribuyeron, fueron relacionadas con el mal uso de la clave que se les asignó o la utilización de clave ajena, por lo tanto no han sido constatadas debidamente y de acuerdo al debido proceso, el hecho fáctico de no haber encontrado el expediente no es su responsabilidad y tampoco significa que no exista, por lo tanto considera el despido como injustificado, por lo que expresa que la demandada debe acreditar y probar la causa justa de su despido como corresponde, de acuerdo a lo establecido en los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo. Por lo tanto, debe ser condenada a la restitución a su puesto de trabajo y a la indemnización por los salarios dejados de percibir a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada. Asimismo, el demandante solicito que se declare la prescripción del derecho y de la acción del patrono para sancionar por despido justificado al dictar la sentencia condenatoria, por el motivo de que había transcurrido más de dos meses o sesenta días calendario desde la audiencia de descargo y el referido acuerdo de despido por la emisión la tarjeta de identidad; por lo que, como manda el artículo 79 del Reglamento Interno de Trabajo del Personal del Registro Nacional de las Personas mismo que menciona un término de 60 días calendario y el artículo 863 del Código del Trabajo que establece un término de un mes del derecho y la acción para sancionar el despido de forma justificada, fecha que ya se había prescrito y en consecuencia, el despido no podía hacerse de forma justificada y al no existir falta alguna vigente en ese momento. En fecha 18 de septiembre del año 2018 la Abogada Nimia Velinda Vásquez conciliadora laboral de la Secretaría del Trabajo, ante la no conciliación de las partes, se dio por agotada las diligencias conciliatorias administrativas gubernativas. 2.- La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) contestó dicha demanda señalando que, el demandante inicio su relación laboral, mediante Acuerdo Número 355-2015 de fecha 18 de diciembre de 2015 en la modalidad de Interino, ocupando el cargo de Codificador, dependiente del Departamento de Identificación, por el periodo comprendido del 07 de diciembre de 2015 al 06 de febrero de 2016; posteriormente mediante Acuerdo Número 022-D-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, se le nombro nuevamente como Interino por el periodo comprendido del 07 al 29 de febrero de 2016 y mediante Acuerdo Número 029-2016 se le nombro de forma permanentemente en el cargo de Codificador a partir del 01 de marzo de 2016. Que el Registro Nacional de las Personas mediante Acuerdo Número 191-2018, el Director del R.N.P. como máxima autoridad de la institución y en base a la investigación realizada mediante denuncia interpuesta por la Directora del Instituto Nacional de Migración procedió luego del informe de la investigación realizado por la Inspectoría General del R.N.P., a destituir, a partir del día jueves 02 de agosto de 2018 al demandante sin responsabilidad alguna para la institución, por la faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, en fecha 2 de julio de 2018, efectivamente se llevó a cabo la audiencia de descargo en consonancia con el procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de los Empleados del Registro Nacional de las Personas a lo cual el demandante no logro desvirtuar los hechos a él imputados. Por lo tanto el RNP, probará en juicio que a través de la denuncia interpuesta por la Directora del Instituto Nacional de Migración, dio inicio por medio de la Inspectoría General del R.N.P., la investigación sobre la ilegal inscripción y posterior emisión de la tarjeta de identidad a nombre de Rafael Álvarez Belismelis, con número de identificación 00825-1964-00425 y que efectivamente el señor David Aguirre, de forma ilegal y no siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa que rige el Registro Nacional de las Personas, procedió a emitir por primera vez y sin los respaldos documentales correspondientes, tarjeta de identidad a nombre de Rafael Álvarez Belismelis. De igual manera que el señor demandante no logro desvirtuar durante las investigaciones sobre los hechos que se le imputaron y que efectivamente consta que no realizo su trabajo con el debido cuidado, esmero y diligencia que corresponde al cargo que ostenta, debido a que de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo de los Empleados del Registro Nacional de las Personas, en su artículo 53 literal c) y 59 literal d) es prohibido a los funcionarios y empleados de la demandada: "Ordenar, expedir, entregar o hacer circular Tarjetas de Identidad Fraudulentas o proveer de ellas a quienes no corresponda", normativa que el empleado estaba obligado a cumplir y que con lo actuado violentó los preceptos establecidos en el artículo 112 literales i) y l) del Código del Trabajo, mediando justa causa para que el Director del Registro Nacional de las Personas, mediante Acuerdo Número 191-2018, resolviera emitir Acuerdo para destituir de su cargo al empleado. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de noviembre del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DAVID JOSUE AGUIRRE LAGOS, contra al demandado EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) a través de su representante legal Abogado ROLANDO KATTAN, para el reintegro a su puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral a la fecha que sea reintegrado a su puesto de trabajo con el reconocimiento de todos los incrementos salariales, bonificaciones y demás derechos reconocidos en su ausencia; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) a través de su representante legal Abogado ROLANDO KATTAN, al reintegrar a su puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral a la fecha que sea reintegrado a su puesto de trabajo con el reconocimiento de todos los incrementos salariales, bonificaciones y demás derechos reconocidos en su ausencia, al señor DAVID JOSUE AGUIRRE LAGOS; 3) Declarando SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandante vía de alegación en el libelo de la demanda; 4) Declarar SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, se acreditó que el trabajador inscribió con su usuario los datos del señor Rafael Álvarez Belismelis, para la obtención de la tarjeta de identidad; pero no la responsabilidad de conformar la documentación de respaldo o la omisión de ésta como parte de sus funciones, puesto si bien es cierto, se informa que: “Que el RNP manifestó por medio de mensaje que la inscripción del señor Álvarez no existe en los libros, que la empleada que había grabado dicha información fue despedida hace una semana por fraudes en las inscripciones realizadas en el RNP..." en el caso de solicitud de pasaporte del señor Rafael Álvarez Belismelis; igualmente, como parte de la prueba de ambas partes se acreditó que la institución demandada no mantiene controles de seguridad en relación a la solicitudes presentadas por la ciudadanía en general; y que luego de una investigación igualmente, no se pudo determinar quién cometió la falta y la sanción aplicable; asimismo, el patrono no acreditó que este tipo de conducta sea reincidente o que marque un comportamiento negligente y dañino a los intereses del mismo, porque como antes se ha indicado, la parte patronal en su investigación no determinó quien cometió la falta, por lo que no existe una individualización de la responsabilidad y reincidencia de cada uno de los empleados que intervinieron en la solicitud planteada por el señor Rafael Belismelis, específicamente para este caso la del señor David Josué Aguirre Lagos, por lo que el acto de haber ingresado con su usuario, no se subsume en una condición que vuelva perjudicial a la continuidad de la relación laboral, ya que el despido solo debe ser adoptado sobre la base de faltas reincidentes y que demuestren la falta de enmienda del trabajador o de las faltas graves que no permitan la posible continuidad del ciudadano como empleado, por lo que ante una situación como ésta, antes de tomar tal extrema medida el patrono debió imponerle una sanción disciplinaria conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo ya que la finalidad de las medidas de enmendar la conducta del trabajador, con gradualidad y proporción, por lo que no es correcto aplicar un despido por un sentido lógico y humano, más aún, el artículo 59 de la Constitución de la República, claramente establece que la persona humana es el fin supremo del estado y la sociedad, por lo que hay que protegerla, dignificarla y no afectarla sin necesidad real, resultando injusta la causa de despido invocada alegada por parte del patrono. Que por las razones anteriormente expuestas y las pruebas allegadas al juicio, la Suscrita llega al firme convencimiento que el demandante ha acreditado el despido ilegal e injustificado de que fue objeto por su empleador; consecuentemente es procedente declarar con lugar la demanda de reintegro a su puesto de trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo, con el reconocimiento de todos los incrementos salariales, bonificaciones y demás derechos reconocidos en su ausencia. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de mayo del 2023, dicto sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas, bajo el criterio que, los fundamentos utilizados en la resolución mediante la cual se da por terminada la relación de trabajo, si bien tiene su fundamentación jurídica en la Ley del Registro Nacional de las Personas y sus Reglamentos, ninguno de los artículos citados guardan relación con la causal invocada, ya que tampoco puede utilizarse la formula y "demás aplicables del reglamento de la ley del Registro nacional de las personas", porque eso vulnera el derecho de defensa, y el motivo debe ser claro, en este caso se dice que fue por falta grave, en consecuencia dicha falta debe de estar calificada como grave en dicho Reglamento Interno, pero aunado a ello, la investigación debe arrojar más allá de toda duda, que la persona sancionada ha tenido participación en el proceso que llevo a que el señor Belismelis solicitara su pasaporte, en el caso de autos lo que se tiene contra el demandante es que emitió la tarjeta de identidad sin soporte alguno, pero uno de los requisitos es la existencia de la partida de nacimiento, la cual no fue generada por el demandante, ni retirada por él, en consecuencia no queda tan clara la participación asociada del demandante con la persona que registro la partida de nacimiento y con la que retiro dicha tarjeta de identidad, habida cuenta que además el demandante utilizo su propia clave para ingresar al sistema, por otro lado no se le pudo acreditar además, que realmente no tuviera a la vista todo el expediente del señor Belismelis, pues este se extravió, y las fallas de seguridad no le son imputables a la parte actora, y mucho menos mucho menos era el, encargado de la custodia del expediente. Dentro de ese contexto, si bien se generó un documento de identidad por parte del demandante, no se le pudo acreditar que la misma se hiciera sin ninguna documentación, por lo que, si realmente eso es una falta grave, esta debe de estar consignada en el Reglamento Interno, para poder ser sancionada como tal, por otra parte la responsabilidad debe quedar acreditada, tal es así, que la misma Inspectora de primera mano no pudo emitir una decisión de que la falta era grave o la responsabilidad directa del demandante, hasta que el directorio la conmino a que expresara su criterio. El Derecho del Trabajo se nutre y se rige por sus Principios, teniendo además un carácter tuitivo es decir proteccionistas, de la parte más vulnerable de la relación de trabajo, como lo es el trabajador, el caso bajo examen y del análisis de los hechos y circunstancias que llevaron a la sanción del despido del demandante, esta Corte de Apelaciones observa, que realmente no hay elementos claros, que nos lleven a determinar la responsabilidad del demandante en los hechos que se le imputan, por lo que en base al Principio Protectorio en su regla de aplicación de indubio pro operario, que es un Principio Interpretativo en el Derecho Laboral, que se puede traducir que en caso de que exista una duda en la hermenéutica de la norma, la misma favorece al trabajador, es decir si bien existe una norma que pueda en algún momento sancionar la conducta del trabajador, ante la duda de que haya participado en el hecho o no hay certeza de su responsabilidad y que esto le beneficiara, ya que no se puede aplicar una sanción y mucho menos la más gravosa si la causal que motiva no se ha determinado con claridad. En razón de que la sentencia dictada por el A-quo reúne los requisitos tanto internos como externos de la sentencia para su validez, habiendo dado respuesta a las pretensiones de las partes de forma clara, precisa y congruente, es procedente su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 16 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P) contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 17 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de junio del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 19 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MILTON RAMON MURILLO MARADIAGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Del estudio del fallo se decreta la nulidad de oficio con base a lo establecido en la normativa Constitucional y Procesal Civil Supletoriamente, debido a la falta de motivación en virtud que el juzgador debió realizar el análisis de los medios de prueba en su conjunto y al observar la ausencia del interrogatorio de las partes estableciendo únicamente un acta que corre a folio 69 de la primera pieza donde se plasma que se evacua este medio de prueba pero no en si el contenido del mismo mostrando una falencia para poder alcanzar los parámetros que establece el artículo 200 y 207 del Código Procesal Civil llegando a su libre formación del convencimiento por los razonamiento facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de los medios de prueba siendo una obligación judicial de no excluirlos. VII. Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. VIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de mayo del 2023, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho. X. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, debe resolver de forma prioritaria dicha nulidad, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciende aplicación de los artículos 59,60, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 726, 858, 865 y 868 del Código del Trabajo; 8, 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 literal 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de mayo del 2023, debiendo dicho órgano jurisdiccional reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre los extremos señalados, conforme las razones y consideraciones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO ROY PINEDA CASTRO COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, recaídas en el Recurso de Casación número CL553-23.
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO