Sentencia CL-54-24 — Registro 20313
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago del complemento de prestaciones laborales e indemnizaciones laborales, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta que con sujeción a las normas del Código del Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, pago de reajuste de salario mensual inclusive reajuste al pago de derechos adquiridos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el artículo 113 del Código de Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida contiene párrafos y literales que se deben precisar, para la prosperidad del cargo; b) se invocan los conceptos de infracción directa e interpretación errónea, modalidades de violación a la ley sustantiva que se deben formular en forma separada por la independencia de los cargos; y, c) se realizan en la explicación alegatos de instancia inoportuno en este recurso extraordinario."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguientes: la interpretación errónea es una modalidad de violación a la ley sustantiva que tiene cabida en este recurso extraordinario casación, cuando el sentenciador encuentra en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. No se trata ya de una cuestión de existencia, subsistencia o determinación del alcance de la norma, sino lo que es muy distinto, de un error acerca de su contenido. En el sub-júdice, el Recurrente sostiene en la explicación del motivo que el Ad-quem, al revocar el fallo de primera Instancia ha interpretado erróneamente el párrafo primero del artículo 113 del Código del Trabajo, al interpretar que dicha disposición solo da lugar a las indemnizaciones correspondientes en el caso del despido injusto e ilegal, pero no en el pago de pago de complemento de prestaciones, no canceladas en razón de un previo acuerdo estipulados entre las partes (Demandante y Demandado). Al respecto estima este Supremo Tribunal, que el jugador de segunda instancia ha entendido e interpretado correctamente lo dispuesto en la disposición señalada como infringida en virtud de que el reconocimiento del pago de prestaciones para el trabajador no constituye, de conformidad a nuestra normativa laboral, causal legal de despido. Razón, por la cual el juzgador de instancia le ha dado el alcance apropiado a la disposición señalada como infringida."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguientes: la interpretación errónea es una modalidad de violación a la ley sustantiva que tiene cabida en este recurso extraordinario casación, cuando el sentenciador encuentra en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. No se trata ya de una cuestión de existencia, subsistencia o determinación del alcance de la norma, sino lo que es muy distinto, de un error acerca de su contenido. En el sub-júdice, el Recurrente sostiene en la explicación del motivo que el Ad-quem, al revocar el fallo de primera Instancia ha interpretado erróneamente el párrafo primero del artículo 113 del Código del Trabajo, al interpretar que dicha disposición solo da lugar a las indemnizaciones correspondientes en el caso del despido injusto e ilegal, pero no en el pago de pago de complemento de prestaciones, no canceladas en razón de un previo acuerdo estipulados entre las partes (Demandante y Demandado). Al respecto estima este Supremo Tribunal, que el jugador de segunda instancia ha entendido e interpretado correctamente lo dispuesto en la disposición señalada como infringida en virtud de que el reconocimiento del pago de prestaciones para el trabajador no constituye, de conformidad a nuestra normativa laboral, causal legal de despido. Razón, por la cual el juzgador de instancia le ha dado el alcance apropiado a la disposición señalada como infringida."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 08 de mayo del 2024, por el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS ARTHUR RUIZ, como recurrente; además es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLÁNTIDA, representada en juicio por el Abogado CARLOS ENRIQUE MOLINA MURILLO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago del complemento de prestaciones laborales e indemnizaciones laborales, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta que con sujeción a las normas del Código del Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, pago de reajuste de salario mensual inclusive reajuste al pago de derechos adquiridos como ser aguinaldo, décimo cuarto mes, vacaciones remuneradas por ser elementos constitutivos del salario, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 14 de diciembre del 2017, por el señor JUAN CARLOS ARTHUR RUIZ, mayor de edad, soltero, Jornalero, hondureño y con domicilio en la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, contra la MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLÁNTIDA, por medio de su representante legal el señor MARIO ALBERTO FUENTES MORALES. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 15 de noviembre del 2023, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ENRIQUE MOLINA MURILLO, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada. SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha VEINTE (20) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023), dictada por el Juzgado de Letras de Seccional de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida. TERCERO: Se declara SIN LUGAR la excepción perentoria de pago opuesta por el representante procesal de parte demandada. CUARTO: Se declara CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago del complemento de prestaciones laborales e indemnizaciones laborales reajuste, al pago de derechos adquiridos como ser aguinaldo décimo cuarto mes y vacaciones promovida por el Señor JUAN CARLOS ARTHUR RUIZ, en consecuencia, se condena a la demanda a pagar al demandante la cantidad de Lp. 114,078.11 que como complemento de sus prestaciones y reajuste al pago de los derechos adquiridos le adeuda la Municipalidad de Tela al demandante. QUINTO: Se absuelve a la demandada al pago de salarios caídos…Sin costas en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició a laborar al servicio de la demandada labores de naturaleza continua y permanente en fecha 25 de junio del 2010, en el cargo de Jornalero de Obras Públicas; devengando un salario mensual de L.9,168.42, salario que promediado resultaba la suma de L. 10,696.49; indicó que fue reintegrado mediante sentencia judicial a su puesto de trabajo en fecha 01 de junio del 2016, y que desde esa fecha la patronal le adeudaba en concepto de derechos adquiridos la suma de L.31,938.56, pues al momento de su reintegro le asignaron un salario mensual de L. 9,168.42 debiéndole pagar un salario mensual de L. 9,732.27, así la patronal le adeudaba derechos adquiridos del año 2016 un monto de L. 5, 557.26 distribuidos así: Un reajuste de L. 563.85 mensuales desde el 01 de junio al 31 de diciembre de 2016 haciendo una suma de L. 3,946.95, y por ser elementos constitutivos del salario le adeudaba los reajustes a los derechos adquiridos siguientes: reajuste al pago de vacaciones remuneradas a junio de 2016 L. 462.61, у reajuste al decimocuarto mes de 2016 L. 563.85 y reajuste al aguinaldo del 2016; así también la patronal le adeudaba un monto de derechos adquiridos del año 2017 de L.26,381.30, asimismo la patronal le adeudaba el reajuste al salario mensual del 01 de enero a la fecha de terminación del contrato individual de trabajo el 14 de junio del 2017, ya que le pagaba un salario mensual de L. 9,735.70 debiéndole pagar por ese concepto de L. 10,705.29, por lo que le adeudaba mensualmente un reajuste de L. 969.59 desde el 01 de enero al 14 de junio de 2017, haciendo una suma adeudada de L. 5,300.42, más el pago de vacaciones remuneradas adeudadas a junio de 2017 por la suma de L. 9,158.97, y el pago de decimocuarto mes adeudado a junio del 2017 por la suma de L. 11,921.91; deuda de derechos adquiridos que son elementos constitutivos del salario mensual que la patronal mantenía con el demandante, por lo que demandó judicialmente su pago. Asimismo argumentó que en fecha 14 de junio de 2017 en el levantamiento realizado por la Inspectoría del Trabajo con asiento en esa ciudad del acta de constatación de cambio de puesto de trabajo, entre otras deudas contraídas, a cambio la patronal a través de la jefa de Recursos Humanos Marcia Lucia Hernández ofreció pagarle el monto de sus prestaciones laborales y además todos lo adeudado, ofrecimiento que aceptó haciendo la aclaración constatada en acta que el pago de prestaciones debe cubrir los cinco años de antigüedad, a la fecha del levantamiento del acta, fue así que ese mismo día en horas de la tarde en el despacho de la Jefatura de Personal de la demandada firmó un convenio de terminación de su contrato de trabajo en la que maliciosamente consigno un valor de L. 31,499.94 es decir muy inferior al monto que legalmente le correspondía en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, por lo que en ejercicio del derecho que le concede el artículo 3, 113, y 379 ambos del Código del Trabajo, demandó el pago del complemento de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, y demás derechos adquiridos por ser elementos constitutivos del salario, como así lo consigno en el acápite cuantía de la demanda, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta que con sujeción a las normas del código del trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, pues son nulos de pleno derecho, todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, demás leyes de trabajo otorguen a los trabajadores. Finalmente manifestó que, en busca de lograr un arreglo conciliatorio, y obtener el beneficio de los derechos acudió ante la autoridad del Trabajo Regional de Tela, Atlántida, siendo imposible llegar a un arreglo conciliatorio, se dio por agotado el trámite administrativo correspondiente. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLÁNTIDA, contestó dicha demanda, rechazando los hechos de la misma; señalando que el demandante laboró para ese ente y que si fue reintegrado mediante sentencia; y que se le hizo el ofrecimiento de pago de sus prestaciones y firma la terminación de la relación laboral, además alegó en su defensa que probará en juicio que el demandante se le prosiguió correctamente la terminación de la relación laboral, al tenor de lo establecido en los artículos 111 literal b del Código de Trabajo; y que el demandante, a su vez, acepto tal acuerdo, así como el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales pactadas. 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 20 de marzo del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DEL COMPLEMENTO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO HASTA QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA. PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO MENSUAL INCLUSIVE REAJUSTE AL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS COMO SER AGUINALDO, DECIMOCUARTO VACACIONES REMUNERACIONES DE POR SER ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SALARIOS promovida por el señor JUAN CARLOS ARTHUR RUIZ en contra de la MUNICIPALIDAD DE TELA- 2) CONDENA a La MUNICIPALIDAD DE TELA a pagar a favor del señor JUAN CARLOS ARTHUR RUIZ los siguientes montos por los conceptos que se desglosan así: a) Preaviso L. 24,979.20, b) Cesantía L. 74,937.60, c) Cesantía proporcional L. 12,107.97, d) Vacaciones Proporcional L.8,071.98, e) Aguinaldo proporcional L.4,876.81, f) Décimo cuarto mes proporcional L.10,229.41, g) Aguinaldo adeudado L. 563.85, h) Décimo cuarto adeudado L. 9,247.38 que suma la cantidad de L.145,578.05, que a dicha cantidad se le debe de restar L 31,499.94 que es la cantidad que recibió el señor Juan Carlos Arthur Ruiz en fecha 22/06/2017, para ser un total de L. 114,078.11 que le adeuda la Municipalidad de Tela al demandante, más a título de daños y perjuicios los salarios dejado de percibir, desde la terminación laboral, hasta que quede firme la sentencia.- …. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, en materia probatorio existe el Principio Universal Onus Probandi, es decir que el que alega un hecho está en la obligación de probarlo, y en el caso de mérito, quedó acreditado que entre el señor Juan Carlos Arthur Ruiz y a Municipalidad de Tela, Atlántida, decidieron terminar la relación de trabajo firmando un documento titulado terminación de contrato de trabajo por mutuo consentimiento y esa es una de las causales que establece el artículo 111.2 del Código de Trabajo, de eso debemos estar claros, pero también se debe de tomar en cuenta lo plasmado en el acta levanta en la Secretaría de Trabajo de fecha 14/06/2017, donde el señor Juan Carlos Arthur Ruiz acepta el ofrecimiento realizado, con la condición de que se le paguen las prestaciones de los cinco años anteriores que se plasmaron en la sentencia de otro expediente en la que se había fallado a su favor. Es así entonces que en esa misma fecha (14/06/2017) firman la finalización de contrato de trabajo por mutuo consentimiento, pero en él se plasma que la Municipalidad de Tela le realizará un pago por la cantidad de L. 31,499.94 en concepto de Pago de Prestaciones laborales, que se materializó el día 22/06/2017, no obstante esa cantidad pagada por la Municipalidad de Tela, está por muy debajo de los valores reales que se le adeudaban al señor Juan Carlos Arthur Ruiz, así entonces prevalece el principio de irrenunciabilidad ya que al ser el derecho de trabajo un derecho de orden público y por ende la intervención del estado debe de frenar al trabajador renunciar o disponer en su propio perjuicio aun con el concurso de su propia voluntad a los derechos y créditos que se derivan del contrato de trabajo y de las leyes, entonces véase, que aunque el señor Juan Carlos Arthur Ruiz aceptó a su entera satisfacción la cantidad de L. 31,499,94 en concepto de prestaciones laborales y exonerando a la Municipalidad de Tela de toda responsabilidad pasada, presente y futura, esto pasa a un segundo plano y prevalece el derecho ganado por el trabajador. Esta situación se eslabona con lo que establecen los artículos 128 de la Constitución de la República y el artículo 3 del Código de Trabajo en el que ambos tutelan ese derecho y de plano, anulan todo acto, estipulación, convención, que implique renuncia, disminuya, restrinjan o tergiversen garantías del trabajador. Queda acreditada la antigüedad laboral del señor Juan Carlos Arthur Ruiz con el medio de prueba denominado documental visible a folio 6, consistente en el oficio donde la autorizan las vacaciones al demandante en él se plasma que comenzó a laborar el 25/06/2010. Queda acreditado el salario devengado por el trabajador de L. 9,168.42 en el año 2016, con el reconocimiento judicial realizado en fecha 21/06/22, que, aunque no se pudo constatar visiblemente, la opera la presunción a favor del señor Juan Carlos Arthur Ruiz contenida en el artículo 734 del Código de Trabajo. Al igual con el reconocimiento judicial que se realizó en el expediente 298-14 que obra en el archivo de este despacho queda acreditada que la secretaria del despacho tasó como salario mensual devengado por el señor Juan Carlos Arthur Ruiz para el año 2016, la cantidad de L. 9,732.27. Bajo la presunción contenida en el artículo 734 del Código de Trabajo a favor del señor Juan Carlos Arthur Ruiz queda acreditado que la Municipalidad debió pagar como salario mensual a favor del demandante la cantidad de L.10,705.29 producto del 10% de aumento que se establece en el contrato colectivo de trabajo del año 2016/2017 suscrito entre estos y que se plasma en la cláusula número 36 (folio 93) medio de prueba que fue admitido como documental propuesto por la parte demandante. Que el artículo 113 del Código de Trabajo, establece que si el patrono no prueba la causa justa de terminación de contrato de trabajo, éste, debe de pagar al trabajador las indemnizaciones que según la ley de trabajo establece, así como también a título de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta que con sujeción de las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva, en el caso de mérito quedó acreditado que la supuesta terminación de contrato por mutuo consentimiento, no se reguló dentro de los parámetros del artículo 111.2 del Código de Trabajo, puesto que soslayó los derechos del trabajador como se dejó plasmado líneas arriba, en sentido, procede condenar al pago de los mismos. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la parte que fuere vencida en juicio, cuando existan motivos racionales para litigar en el presente caso considera eximir de las mismas a la parte demandada. 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 15 de noviembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ENRIQUE MOLINA MURILLO, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada. SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha VEINTE (20) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023), dictada por el Juzgado de Letras de Seccional de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida. TERCERO: Se declara SIN LUGAR la excepción perentoria de pago opuesta por el representante procesal de parte demandada. CUARTO: Se declara CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago del complemento de prestaciones laborales e indemnizaciones laborales reajuste, al pago de derechos adquiridos como ser aguinaldo décimo cuarto mes y vacaciones promovida por el Señor JUAN CARLOS ARTHUR RUIZ, en consecuencia, se condena a la demanda a pagar al demandante la cantidad de Lp. 114,078.11 que como complemento de sus prestaciones y reajuste al pago de los derechos adquiridos le adeuda la Municipalidad de Tela al demandante. QUINTO: Se absuelve a la demandada al pago de salarios caídos…Sin costas en esta instancia”. Bajo el criterio que, en el presente caso la sentencia impugnada contiene infracciones de naturaleza procesal que vuelven la misma ineficaz (motivación errónea en la aplicación e interpretación del derecho), al hacer aplicación del artículo 113 del Código de Trabajo, no obstante que el conflicto traído a su conocimiento no se trató de emplazamiento del trabajador para que el patrono probara la justa causa de la terminación del contrato de trabajo. Hay incongruencia en la misma al no haber pronunciamiento en la parte dispositiva del fallo sobre la excepción de pago opuesta por la parte demandada. Incongruencia de la sentencia: En la parte dispositiva no hubo pronunciamiento sobre la excepción de pago opuesta por la demandada y se impuso a la demandada una condena total de prestaciones de L. 145,578.05, cuando la pretensión del demandante fue únicamente el complemento de pago de prestaciones, y aun cuando el Juez expone que se le debe restar a dicha condena la cantidad de L. 31, 499.94 que ya recibió el demandante, en la forma como se dispuso pareciera que el demandante vino por el reclamo total de sus prestaciones, cuando únicamente vino por el complemento. De lo anterior resulta plausible enmendar la aplicación e interpretación de las normas legales empleadas por el Juez de Primera Instancia para resolver el fondo del asunto y subsanar la infracción cometida en la parte dispositiva del fallo, habida cuenta que esa es la finalidad del recurso de apelación, hacer un reexamen de los hechos y la prueba evacuada en la secuela del juicio (Art 705 CPC). Que el artículo 715 del Código Procesal Civil que contiene los alcances de la decisión de la apelación en su numeral 4 señala "Si se apreciare alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocara la sentencia apelada y dictara la que estime procedente", en el presente caso resulta más que evidente la aplicación e interpretación errónea que hace el Juez de Primera Instancia en el numeral ocho apartado fundamentación jurídica y motivación, al hacer aplicación del artículo 113 del Código de Trabajo en relación al artículo 111 numeral 2 del mismo cuerpo legal, modificando la pretensión debatida en el desarrollo del juicio, pues pareciera que con su pronunciamiento está dejando nula de pleno derecho la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento acordada por las partes y le está imponiendo a la demandada la carga de probar la justa causa del despido, cuando en ningún momento figura como pretensión de la parte actora la nulidad del convenio de terminación del contrato de trabajo firmado por el trabajador y la patronal en fecha 14 de junio del año 2017, tampoco existe como pretensión el emplazamiento al patrono por parte del trabajador para que pruebe en juicio la justa causa del despido. Que conforme a los antecedentes del caso no cabe duda que el trabajador acordó por mutuo acuerdo dar por finalizada la relación de trabajo con su patrono a cambio de que este le pagara en consideración a su antigüedad, por lo tanto si en el convenio se estipulo una cantidad inferior a lo que legalmente le correspondía, aun y cuando el trabajador haya firmado dicho convenio le asiste el derecho a acudir a la instancia judicial interponiendo la pretensiones que considere oportunas en defensa de sus derechos. En el presente caso el demandante Juan Carlos Arthur Ruiz, ha comparecido pidiendo el pago de complemento de prestaciones laborales e indemnizaciones laborales, es decir vino a la Instancia Judicial por el pago de reajuste de sus prestaciones en vista que la cantidad establecida en el documento del convenio no era el correcto. Esta alzada en reiteradas sentencias ha señalado que en materia laboral la autonomía de la voluntad tiene sus límites en virtud que las normas del trabajo son de orden público y aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, no obstante ese pacto es válido siempre y cuando se respete los derechos de los trabajadores y no implique fraude de ley, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la Republica en relación con el artículo 3 del Código de Trabajo, pues al tenor de estos preceptos legales no tienen eficacia las estipulaciones que impliquen renuncia disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador resultando evidente que en el presente caso la patronal al momento de pactar el pago de prestaciones no tomo en cuenta la antigüedad del trabajador que era desde el 25 de julio del año 2010, y no a partir de la fecha que este fue reintegrado como consecuencia de otro juicio que el trabajador promovió cuando fue despedido por la patronal. Ante lo cual corresponde tutelar el derecho que tiene el trabajador al pago completo de sus prestaciones. Que según la prueba aportada en el juicio el demandante inicio su relación laboral con la demandada el día 25 de julio del 2010, en el cargo de jornalero y finalizó por mutuo acuerdo el día catorce de junio del 2017, ante lo cual el pago de sus prestaciones debe computarse tomando la antigüedad 6 años, 11 meses y 19 días, no se pudo constatar el puesto desempeñado durante ese tiempo ni el salario devengado a excepción de la planilla de 31 de marzo del año 2017, donde se constató que para esa fecha el demandante percibía un salario de L. 9,718.54, siendo que el pago de salarios, y derechos adquiridos son beneficios legales del trabajador por lo tanto ante el reclamo de dichos conceptos corresponde a la patronal demostrar que se hizo efectivo el mismo y al no resultar acreditado dichos pagos tiene cabida la pretensión de la parte actora sobre tales extremos. Las prestaciones que le corresponden legalmente al trabajador incluyendo el reajuste de los derechos adquiridos suman la cantidad de L. 145,578.05 desglosados de la siguiente manera :A) Preaviso L. 24, 979.20, B) Cesantía: L. 74, 936.60, C) Cesantía proporcional: L.12,107.97, D) Vacaciones proporcionales: L. 8,071.98, E) Aguinaldo proporcional: L. 4,876.81, F) Décimo Cuarto mes proporcional: L. 10229.41, G) Aguinaldo adeudado: L. 563.85, H) Décimo cuarto mes adeudado; L. 9,247.38, cantidad está a la que se le debe restar la cantidad de L. 31,499.94 que ya fue pagado por la patronal por lo tanto el complemento a pagar sería de L. 114,078.11 que le adeuda la Municipalidad de Tela al demandante. Que al resultar acreditado que el pago de prestaciones pactado por el trabajador en el convenio mediante el cual término la relación laboral, no fue completo y a la luz que el demandante su pretensión es el pago de complemento, no tiene cavidad la excepción perentoria de pago opuesta por la demandada. Por las razones de hecho y fundamentos de derecho anteriormente señalados es procedente revocar la sentencia resolviendo directamente esta alzada. 5.- Mediante auto de fecha 08 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MIGUEL ÁNGEL ZELAYA VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS ARTHUR RUIZ, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 08 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado MIGUEL ÁNGEL ZELAYA VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS ARTHUR RUIZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 22 de mayo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado CARLOS ENRIQUE MOLINA MURILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado MIGUEL ÁNGEL ZELAYA VILLAFRANCA, en un primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional y de carácter laboral en Infracción Directa proveniente de la interpretación errónea del artículo 113 párrafo primero interpretado del Código del Trabajo, en relación con el artículo 1364, 1367 párrafo primero y 1434 párrafo primero y segundo todos del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA: AUNQUE NO PUEDE CONFUNDIRSE LA INFRACCIÓN DIRECTA DE LA LEY CON LA ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE ELLA, SE HA CONSIDERADO QUE EL MOTIVO DE CASACIÓN LLAMADO INTERPRETACIÓN ERRÓNEA, ES COMO LA INFRACCIÓN DIRECTA, UNA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY, PORQUE NO SE PRODUCE A TRAVÉS DE LAS PRUEBAS SINO EN LA NORMA MISMA, EN UN CASO POR IGNORANCIA O ABIERTA REBELDÍA DEL JUEZ, EN OTRO POR UN TORCIDO ENTENDIMIENTO.-ASÍ LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA SOLO CABE AFIRMARLA CUANDO LA SENTENCIA NO CONSULTA EL VERDADERO ENTENDIMIENTO DE UN PRECEPTO EN QUE SE HA INFORMADO LA MISMA. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA ASÍ: El fallo de fecha quince (15) del mes de noviembre (11) del año dos mil veintitrés (2023) pronunciada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida y del Trabajo por mandato de Ley, que revoca parcialmente la sentencia definitiva de fecha veinte (20) del mes de marzo (03) del dos mil veintitrés (2023) pronunciada por el Juzgador de primera instancia, declarando con lugar LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, REAJUSTE AL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS COMO SER AGUINALDO, DECIMO CUARTO MES Y VACACIONES, no obstante haber fundado el fallo en el precepto legal que en el presente motivo se alega violado absuelve a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir que a título de daños y perjuicios demandaba el trabajador demandante, lo hizo entendiendo erróneamente el contenido del mismo. Honorable Corte, el contenido de la norma violada, establece una relación bien clara entre la terminación del contrato de trabajo del trabajador, el momento que esta surte efecto, y el derecho del trabajador a emplazar al patrono ante los tribunales del trabajo, de esa premisa, el mismo precepto establece otra relación a saber: si no es probada la causa de terminación, o media incumplimiento el patrono deberá pagar al trabajador, las indemnizaciones laborales que según el código del trabajo les corresponden como ser; preaviso, auxilio de cesantía, tornándose procedente además por perjuicios la indemnización por los salarios dejados de percibir como sanción al retardo mora en la entrega insuficiencia en el pago de los salarios y prestaciones debidas a la fecha de la terminación contractual cualquiera que sea su causa, ese es el verdadero entendimiento del precepto violado, y a la conclusión que debió haber arribado la Corte Sentenciadora condenando a la demandada además del complemento de las prestaciones laborales, al pago de los salarios dejados de percibir que a título de daños y perjuicios concede la norma en relación alegada como violada en este motivo. Honorable Corte, la conclusión lógica de acuerdo a la norma que se considera erróneamente interpretada los salarios dejados de percibir son una consecuencia lógica de la sentencia que declara con lugar la demanda al pago de prestaciones laborales sean estas integras o su complemento y no absolverla por ese concepto como lo hizo la corte recurrida, al realizar una interpretación errónea de la norma en mención no deduciéndole a la demandada las consecuencias en ella previstas. Honorable Corte Suprema de Justicia, la Corte recurrida, si bien es una de naturaleza civil, no debió nunca perder de perspectiva que el caso que juzga es uno de naturaleza estrictamente laboral, y en cumplimiento del principio pro-homine y como así vos lo has dejado sentado en sendos criterios jurisprudenciales, "que en materia de reconocimiento de derechos se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva, e inversamente a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos" lo cual obligaba a la Corte recurrida a acoger la vía más favorable a la tutela judicial efectiva, condenado a la demandada a título de daños y perjuicios, al pago de los salarios dejados de percibir demandados en juicio y no absolverla como lo hizo.-Estando demostrada la infracción denunciada, es procedente la prosperidad del cargo y que este alto tribunal de justicia case la recurrida y dicte la que en derecho corresponda”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el artículo 113 del Código de Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida contiene párrafos y literales que se deben precisar, para la prosperidad del cargo; b) se invocan los conceptos de infracción directa e interpretación errónea, modalidades de violación a la ley sustantiva que se deben formular en forma separada por la independencia de los cargos; y, c) se realizan en la explicación alegatos de instancia inoportuno en este recurso extraordinario. IV. Que en un segundo motivo se aduce: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del articulo 113 párrafo primero interpretado del Código del Trabajo, en relación con el decreto legislativo número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta causal de casación esta comprendida en el numeral primero y primer párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA ASÍ: La interpretación errónea consiste en tener un equivocado concepto del contenido de la ley, independientemente de toda cuestión de hecho. La Corte sentenciadora se basó en el artículo indicado para condenar al pago del complemento de prestaciones laborales e indemnizaciones laborales a favor del trabajador demandante, pero lo hizo dándole al mismo una interpretación errónea como lo demostrare a continuación: El decreto legislativo número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, al interpretar el párrafo primero del artículo 113 del Código del Trabajo textualmente dice: "DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 89, "ARTICULO 1°. Interpretar el párrafo primero del artículo 113 del Código del Trabajo en el sentido de que la percepción de salarios por parte del trabajador con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contaran desde la terminación del Contrato, hasta la fecha en que con sujeción a las normas del Código quede firme la sentencia condenatoria respectiva, de consiguiente los Tribunales de Justicia, no deben hacer deducción alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir(el subrayado es nuestro)." La Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, interpreta equivocadamente el precepto invocado en la parte relativa a la percepción de salarios por parte del trabajador, cuando en la fundamentación jurídica numeral sexto a folio 30 frente de la pieza segunda de la sentencia impugnada dice: "SEXTO: EN PRIMER TERMINO SE TIENE QUE TENER CLARO QUE SI LA PRETENSIÓN DEL TRABAJADOR FUE EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LA PRETENSIÓN DE PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS ES INCOMPATIBLE, POR CUANTO NO PUEDE ATRIBUIRSE A LA LEY OTRO SENTIDO DEL QUE RESULTA DE SUS PROPIOS TÉRMINOS, Y ESE DERECHO INDEMNIZATORIO (PAGO DE SALARIOS CAÍDOS) SEGÚN EL ARTICULO 113 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN RELACIÓN CON EL 129 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA SOLO PROCEDE CUANDO HAY UN DESPIDO INJUSTIFICADO, SIN EMBARGO EN EL PRESENTE CASO LO QUE OCURRIÓ FUE QUE LAS PARTES DE COMÚN ACUERDO EL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017, DISPUSIERON DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL A PARTIR DE ESA FECHA OBLIGÁNDOSE LA PATRONAL AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CONSIGNÁNDOSE EN DICHO ACUERDO QUE SE PAGARÍA EN DICHOS CONCEPTOS LA CANTIDAD DE (L. 31,499.94)…….." EL error está al inicio, cuando la Corte recurrida afirma que “………SI LA PRETENSIÓN DEL TRABAJADOR FUE EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LA PRETENSIÓN DE PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS ES INCOMPATIBLE..." esa interpretación errónea lleva a la Corte Sentenciadora a absolver a la demandada a pagar la indemnización moratoria por el retardo en la entrega de los salarios y prestaciones debidas al trabajador a la fecha de la terminación contractual indistintamente de su causa. Queda pues demostrado que la Corte sentenciadora, al interpretar erróneamente el articulo 113 párrafo primero interpretado del Código del Trabajo, en relación con el decreto legislativo número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, incurrió en violación de la ley sustantiva de orden nacional, y siendo evidente la violación aludida y dado que el fin principal del recurso de casación laboral es unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, procede casar la sentencia recurrida”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguientes: la interpretación errónea es una modalidad de violación a la ley sustantiva que tiene cabida en este recurso extraordinario casación, cuando el sentenciador encuentra en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. No se trata ya de una cuestión de existencia, subsistencia o determinación del alcance de la norma, sino lo que es muy distinto, de un error acerca de su contenido. En el sub-júdice, el Recurrente sostiene en la explicación del motivo que el Ad-quem, al revocar el fallo de primera Instancia ha interpretado erróneamente el párrafo primero del artículo 113 del Código del Trabajo, al interpretar que dicha disposición solo da lugar a las indemnizaciones correspondientes en el caso del despido injusto e ilegal, pero no en el pago de pago de complemento de prestaciones, no canceladas en razón de un previo acuerdo estipulados entre las partes (Demandante y Demandado). Al respecto estima este Supremo Tribunal, que el jugador de segunda instancia ha entendido e interpretado correctamente lo dispuesto en la disposición señalada como infringida en virtud de que el reconocimiento del pago de prestaciones para el trabajador no constituye, de conformidad a nuestra normativa laboral, causal legal de despido. Razón, por la cual el juzgador de instancia le ha dado el alcance apropiado a la disposición señalada como infringida. XII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar a los recursos de casación interpuestos en sus dos motivos alegados. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por el Abogado MIGUEL ÁNGEL ZELAYA VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS ARTHUR RUIZ, en sus dos motivos de casación. 2) 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, MAGISTRADO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDARANO, MAGISTRADA.”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil veintiséis; certificación de la resolución de fecha veinte de enero del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL54-24. Firma y sella,
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.