Sentencia CL-528-24 — Registro 20635
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones sociales, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injusto hasta la fecha en que deba quedar firme la sentencia definitiva.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Alega aplicación indebida, interpretación errónea y apreciación errónea, causales diferentes de violación que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; ii) Señala como norma violada el articulo 2 del Código de Trabajo, no ostentando el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; iii) No señala el párrafo en el cual considera que esta la violación que impugna; y iv) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Alega aplicación indebida, interpretación errónea y apreciación errónea, causales diferentes de violación que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; ii) Señala como norma violada el articulo 2 del Código de Trabajo, no ostentando el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; iii) No señala el párrafo en el cual considera que esta la violación que impugna; y iv) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós (22) de mayo del año dos mil veintiséis (2026). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 06 de marzo del 2025, por el Abogado ALEJANDRO ROBERTO SIERRA MERCADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor WILSON PABLO HENRIQUEZ MARTINEZ, representado en juicio por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones sociales, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injusto hasta la fecha en que deba quedar firme la sentencia definitiva, aplicación del principio extra y ultra petita, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 14 de junio del 2022, por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal del señor WILSON PABLO HENRIQUEZ MARTINEZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de junio del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha 18 de abril del 2024, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral para el pago de prestaciones laborales y salarios dejados de percibir promovida por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, quien actúa en su condición de apoderado legal del trabajador WILSON PABLO HENRIQUEZ MARTINEZ; Contra EL ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE SALUD, representada por el procurador general De la República El señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; 2) En consecuencia: CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE SALUD, representada por el procurador general De la República El señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a pagar a el trabajador WILSON PABLO HENRIQUEZ MARTINEZ, la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L.248,386.57): por los conceptos siguientes: Preaviso L.40,833.33; Auxilio de Cesantía L.40,833.33, Auxilio de cesantía proporcional L.31,192.13, Vacaciones causadas L.11,666.67; vacaciones proporcionales L.10,694.44, décimo tercer mes proporcional L.9,333.33, décimo cuarto mes proporcional L.26,833.33; salario adeudado L.77,000.00.- Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo.- 2) SIN COSTAS.- Por tratarse de una institución del Estado”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, fue contratado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en fecha primero de julio del año 2020 mediante contratos de trabajo escrito que se sucedieron unos a otros sin embargo con tres meses (3) de duración cada uno siempre para desempeñar idénticas funciones y posición de trabajo, pese a que se establecía en los mismos que eran "CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO" para desempeñar labores como ADMINISTRADOR DE HOSPITAL en el Hospital Mario Catarino Rivas de esta ciudad de San Pedro Sula, que era la forma en que sus superiores pretendían disfrazar una relación por tiempo indefinido para evadir responsabilidades laborales, pese a que dichas labores las desempeñaba de forma permanente, continúa e ininterrumpida por tratarse de labores que son también permanentes, continuas e ininterrumpidas del referido Hospital, siendo que en su posición de trabajo tenía asignadas funciones delicadas para el funcionamiento del hospital como ser: 1.- El manejo adecuado de fondos nacionales y fondos recuperados; 2.- El manejo de las empresas tercerizadas como ser alimentación, aseo, seguridad, oxigeno, combustible; 3. Asimismo estaba encargado de la logística de insumos médicos y de bioseguridad, así como del funcionamiento adecuado del equipo hospitalario. Que para su sorpresa el día seis (6) de abril del año dos mil veintidós (2022) la Abogada LÍDICE NINOSKA PADILLA SUAZO en su condición de Jefe de Personal del Hospital Mario Catarino Rivas, le notificó una carta de despido fechada 31 de marzo del 2022 que a la letra dice: "Secretaria de Trabajo y Seguridad social.- San pedro Sula, Cortés.- 31 de marzo de 2022.- SR (a) WILSON PABLO HENRÍQUEZ MARTÍNEZ.- ADMINISTRADOR DE HOSPITAL.- PRESENTE.- Estimado (a) sr(a) WILSON PABLO HENRIQUEZ MARTÍNEZ.- Por medio de la presente, LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, a través de la Jefatura de Personal del Hospital Mario Catarino Rivas, le NOTIFICA A USTED LA TERMINACIÓN DEFINITIVA DE SU RELACIÓN LABORAL Y DE SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, con nuestra Institución, finalizado el día 31 de diciembre de 2021.- Así mismo hacemos de su conocimiento que aun cuando la administración anterior no dejó definida la legalidad de los procesos de la relación laboral, ésta Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, apegada a la justicia honrará el pago correspondiente a la fecha, por lo que se le agradece sus servicios prestados. Atentamente. ABOG. LIDICE NINOSKA PADILLA SUAZO.- Jefe de Personal del Hospital Mario Catarino Rivas.- Copia: Secretaria del Trabajo.- Oficina Regional SPS.- Expediente empleado Hospital Mario Catarino Rivas.- Archivo.", como se podrá apreciar la carta de despido que antecede es totalmente injusta e ilegal por cuanto en ninguno de sus apartados se fundamenta en causal de despido alguna enunciada en el Código del Trabajo vigente por lo que la carta de despido es injusta, arbitraria e ilegal por cuanto el demandante era un empleado peramente en funciones permanentes e ininterrumpidas en sus funciones como ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS siendo un argumento falaz y mal intencionado pretender que el demandante era empleado por contrato de prestación de servicios técnicos que no es más que un subterfugio para pretender disfrazar una relación laboral por tiempo indefinido con el avieso propósito de evadir las responsabilidades legales impuestas por el Código del Trabajo y la Constitución de la Republica de Honduras que privilegian la relación laboral por tiempo indefinido y solo excepcionalmente regulan relaciones por tiempo determinado, razones y consideraciones por las cuales se promueve la presente demanda. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, respecto al hecho denominado SOBRE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, es importante aclarar que atendiendo la naturaleza jurídica del demandado (Gobierno Central) y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito los reglamentos, las leyes y normas administrativas; razón por la que, considerando las necesidades del demandado se contrató al demandante, mediante la modalidad de contrato de servicios profesionales y técnicos. En ese orden de ideas, en aplicación con el artículo 3 numeral 1) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, estos casos serán conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no por el Juzgado del Trabajo. Los contratos suscritos entre las partes fueron aceptados por las mismas, mediante la incorporación de cláusulas especiales, como ser: tiempo de vigencia de los mismos, partida presupuestaria, funciones que realizaría, y especialmente la jurisdicción que conocería en caso de surgir conflictos, ya que en la cláusula DECIMA: del contratos de servicios profesionales y técnicos se establece "leyes aplicables": las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, se está únicamente regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos se estará exclusivamente a lo que dispone esta ley y a lo expresamente pactado en el mismo, por lo que la demanda de mérito fue interpuesta erróneamente en este Juzgado de lo laboral, ya que el Juzgado competente para conocer de la presente causa es el Juzgado de lo contencioso administrativo; que no son procedentes las pretensiones del demandante, al pago de las prestaciones sociales, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del supuesto despido injusto hasta la fecha en que deba quedar firme la sentencia definitiva, ya que tomando en consideración que la requirente es objeto de pago con un monto contractual legalmente establecido y aceptado de antemano por el mismo y que además está regido por un presupuesto especial aprobado en legal y debida forma para su contratación. Con lo cual vale la pena citar el Artículo 124-c párrafo segundo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, vigente desde el 23 de enero del 2014, que establece "En caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes", siendo por lo tanto inaplicable por el demandante lo expuesto en su insustancial demanda al solicitar de manera equívoca el reintegro a su antiguo puesto de trabajo, pago de prestaciones sociales y salarios dejados de percibir. El demandante laboró en el Centro Asistencial Hospital Dr. Mario Catarino Rivas como Administrador desde el primero de julio del 2020 hasta el treinta y uno de diciembre del 2021 respetándole todos sus derechos como ser salarios, vacaciones ordinarias, decimotercer mes, decimocuarto mes y demás derechos aplicables, situación que será comprobada en la secuela del juicio. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 18 de abril del 2024, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral para el pago de prestaciones laborales y salarios dejados de percibir promovida por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, quien actúa en su condición de apoderado legal del trabajador WILSON PABLO HENRIQUEZ MARTINEZ; Contra EL ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE SALUD, representada por el procurador general De la República El señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; 2) En consecuencia: CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE SALUD, representada por el procurador general De la República El señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a pagar a el trabajador WILSON PABLO HENRIQUEZ MARTINEZ, la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L.248,386.57): por los conceptos siguientes: Preaviso L.40,833.33; Auxilio de Cesantía L.40,833.33, Auxilio de cesantía proporcional L.31,192.13, Vacaciones causadas L.11,666.67; vacaciones proporcionales L.10,694.44, décimo tercer mes proporcional L.9,333.33, décimo cuarto mes proporcional L.26,833.33; salario adeudado L.77,000.00.- Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo.- 2) SIN COSTAS.- Por tratarse de una institución del Estado”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas en su conjunto este tribunal estima procedente declarar con lugar la demanda de mérito en base a las circunstancias siguientes: 1) Que el cargo que desempeñaba el demandante como Administrador es un cargo permanente dentro de la institución prueba de ello que la demandante, viene laborando para la demandada desde el 01 de julio del año 2020, siempre hubo continuidad nunca se interrumpió la relación laboral; entiende que después al haber varios contratos para la misma actividad, se convirtió en un contrato por tiempo indefinido; 3) Que cuando un trabajador es contratado, aun cuando sea con una fijación de termino para realizar una función fija en la empresa. Dicho contrato de trabajo que por su prestación es de tiempo indefinido, no puede convertirse en convenio a plazo cierto; 4) Que el artículo 47 del Código de Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos el cargo para la cual fue contratada el demandante es continuo en la institución demandada, y subsiste la actividad que le dio origen; 5) Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla; 6) La dignidad humana es inviolable. Que es claro que entre la demandante y el demandado ha existido un vínculo jurídico según se desprende de los contratos que las partes intervinientes en juicio han allegado al proceso. Ante los hechos planteados y pretensiones reclamadas por el demandante de índole laboral, y siendo que esa relación laboral inicio mediante contratos y no acuerdos, por lo que la regulación de esos contratos debe hacerse conforme las disposiciones del Código del Trabajo, en consecuencia, este Tribunal es competente para conocer del presente juicio. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de junio del 2024, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, el apelante cuestiona la sentencia proferida en la primera instancia, argumentando que los "contratos de servicios profesionales y técnicos" fue el vínculo jurídico que unió a las partes, tan es así que aceptaron el tiempo de vigencia, la partida presupuestaria afectada, las funciones a realizar y especialmente la jurisdicción que conocería el caso de surgir conflicto, por lo que asegura que no se ha violentado ningún derecho al demandante ya que en la vigencia de la relación laboral se cumplió con el pago del salario, vacaciones ordinarias, décimo tercer y décimo cuarto mes y demás derechos, razones por las que es improcedente el reclamo planteado. A tales señalamientos es necesario referirse con precisión, ya que del estudio y análisis de los autos, de la valoración de las probanzas y de su confrontación con la sentencia impugnada, el tribunal advierte que es una realidad procesal que las partes suscribieron varios contratos de servicios profesionales y técnicos, mediante los cuales el demandante aceptó desempeñar el puesto de Administrador del Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas, actividad personal por la que percibía la cantidad de L.35,000.00 mensuales (folios 68, 92, 98 y 148 р.р.), cumplía con la jornada de trabajo de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. y recibió la notificación de la terminación definitiva de la relación laboral el 6 de abril del 2022, de tales hechos se desprende que el vínculo se prolongó hasta la fecha indicada sin mediar renovación del contrato; además, se le adeuda al trabajador los días laborados del 1 de enero al 6 de abril del 2022, décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones del período 2021 al 2022, según consta a folio 148 de la pieza principal; de todo lo anterior el Tribunal concluye que, aun y cuando el vínculo entre las partes Inició bajo la modalidad de contratos a término por servicios profesionales y técnicos, la realidad demuestra el grado de subordinación al fijarse un horario, situación que la convierte en un nexo de índole laboral regido por el Código de Trabajo y de carácter permanente por la suscripción de los contratos en forma sucesiva, uno en pos del otro, y con ello el trabajador prestó servicios personales en forma continua e ininterrumpida y en puesto de trabajo permanente dentro del Hospital Mario Catarino Rivas, con ello adquirió derechos que solo competen a trabajadores acogidos a la normativa laboral, razones por las cuales no son atendibles los argumentos del recurrente. La representación procesal demandada en sus alegaciones insiste en señalar la incompetencia del Juzgado del Trabajo para la decisión del conflicto, argumento que es inatendible, dado que la excepción dilatoria planteada fue declarada sin lugar en el auto interlocutorio proferido el 16 de marzo del 2023 en la primera instancia y confirmado por esta Alzada; en consecuencia, la excepción fue decidida en el momento procesal que la ley señala, de ahí que no es dable presentar argumentos sobre extremos previamente resueltos (folios 132 al 135 y 136 al 139 p.p.). Por los razonamientos que contiene el presente fallo, el Tribunal concluye que es procedente confirmar la sentencia impugnada por estar ajustada a derecho, ya que las pruebas fueron analizadas correctamente. 5. Mediante auto de fecha 22 de enero del 2025, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALEJANDRO ROBERTO SIERRA MERCADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 06 de marzo del 2025, compareció ante este Tribunal el Abogado ALEJANDRO ROBERTO SIERRA MERCADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 31 de marzo de 2025, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 02 de febrero de 2026, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado ALEJANDRO ROBERTO SIERRA MERCADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer motivo de casación alega: “: Acuso la Sentencia de fecha dieciocho (18) de abril del año Dos Mil veinticuatro dicto sentencia el Juzgado de Letras de Trabajo Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortes y el fallo de fecha Veintiséis (26) de junio del Dos Mil veinticuatro emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 2 del Código del Trabajo Vigente, además se comprobó mediante prueba número DOCUMENTAL evacuado por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula, Cortes (ver folio 52 al 66 y 145) Que el demandante WILSON PABLO HENRIQUEZ MARTINEZ celebro varios contratos de servicios profesionales y técnicos con la secretaria de Salud, para desempeñarse como administrador en el HOSPITAL DOCTOR MARIO CATARINO RIVAS, iniciando su relación laboral en fecha 01 de julio del año 2020, devengando un salario mensual de L. 35,000.00 (Ver expediente numero 359-2022 donde consta que también ella demando al Estado de Honduras) por consiguiente el artículo 02 del Código de Trabajo define claramente que se exceptúan las disposiciones de este código "Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales...", por consiguiente todo lo allí pactado tendrá consecuencias Jurídicas estrictamente Administrativas que se resolverán en caso de conflicto en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 02 del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes al mencionar que la representación procesal demandada en sus alegaciones insiste en señalar la incompetencia del Juzgado del Trabajo para la decisión del conflicto, argumento que es inatendible, dado que la excepción dilatoria planteada fue declarada sin lugar en el auto interlocutorio proferido el 16 de marzo del 2023 en la primera instancia y confirmado por esta Alzada; en consecuencia, la excepción fue decidida en el momento procesal que la ley señala, de ahí que no es dable presentar argumentos sobre extremos previamente resueltos, y la honorable Corte de Apelaciones ante mencionada no tomo en cuento los medios de prueba siguiente: contratos de servicios profesionales y técnicos que se encuentran en el presente expediente en los folios 52 al 66 y 145. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al dictar fallo deviene en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan al critica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho, es evidente que las normas sustantivas invocadas fueron interpretadas erróneamente ya que la competencia es la pertenencia a un órgano, a un funcionario, o a un encargado del poder sobre la Litis o un negocio determinado, naturalmente esta competencia es un requisito de validez del acto procesal en el que el poder encuentra su desarrollo... Para señalar la competencia hay que tener en cuenta cinco factores principales, que son: 1) el objetivo; 2) el subjetivo; 3) el funcional; 4) el territorial; y 5) el de conexión; en este caso interesa el contenido del "factor objetivo" este factor se relaciona con el objeto del negocio, ya en cuanto a su naturaleza propia, o con respecto a su cuantía. El criterio derivado de la naturaleza del pleito se refiere al contenido especifico de la relación jurídica en litigio, o sea, a la naturaleza misma de la pretensión o pretensiones que el actor invoca en el petitum de la demanda con que se inicia el proceso judicial. Es importante mencionar que la competencia objetiva en materia de trabajo es especializada y para ello la norma 679 del Código de la materia de fija el conocimiento de los Juzgados del Trabajo: 1: De todas las controversias que surjan del contrato de trabajo; 1… y 5. De todos los demás asuntos que determine este Código, de manera pues, que si bien el objetivo de los procesos laborales, son las controversias jurídicas laborales con su valor económico, que los sujetos son los trabajadores y empleadores, no lo es menos que su competencia está circunscrita a lo que ya establece la Ley: controversias que surjan del Contrato de Trabajo.- Que de acuerdo al artículo 256 de la Constitución de la Republica, el régimen de Servicio Civil que regula en el artículo 22 de la Ley de Servicio Civil y la forma de reclutar el personal que trabajara en la Administración Pública y el caso que nos ocupa fue la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud (ver folios 52 al 66 y 145). LA APRECIACION ERRONEA DE LA PRUEBA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes hace apreciación errónea de MEDIOS DE PRUEBA QUE NO FUE VALORADO, y los que fueron valorados erróneamente ya que se comprobó que los mismo se regirá por el Derecho Administrativo, Es importante recalcar que todo CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS aprobados y suscritos por el Estado de Honduras a través de los órganos competentes en nuestro caso la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud por intermedio de su Titular, son elevados a sus Acuerdos Ministeriales respectivos y TIENEN SUS REGULACIONES EN DIFERENTES ESTAMENTOS LEGALES, por consiguiente todo lo allí pactado tendrá consecuencias Jurídicas estrictamente Administrativas que se resolverán en caso de conflicto en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, En consecuencia se produce la infracción de Ley por apreciación errónea de una prueba”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Alega aplicación indebida, interpretación errónea y apreciación errónea, causales diferentes de violación que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; ii) Señala como norma violada el articulo 2 del Código de Trabajo, no ostentando el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; iii) No señala el párrafo en el cual considera que esta la violación que impugna; y iv) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNANIMIDAD de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALEJANDRO ROBERTO SIERRA MERCADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO ROY PINEDA CASTRO COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día veintidós del mes de junio del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veintidós del mes de mayo del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación número CL528-24.
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO