Sentencia CL-524-22 — Registro 20311
Resumen
La Sala Laboral Contencioso Administrativo declaró nulidad de la sentencia que reformó la sentencia declarando sin lugar la demanda para que se pruebe la justa causa y legalidad del despido.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."ue la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciados por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."ue por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés de fecha veintidós (22) de agosto del dos mil veintidós (2022) a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. X. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio, procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 59,60, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 726 y 858 del Código del Trabajo; 8, 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 literal 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha veintidós (22) de agosto del dos mil veintidós (2022)."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciados por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."ue por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés de fecha veintidós (22) de agosto del dos mil veintidós (2022) a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. X. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio, procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 59,60, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 726 y 858 del Código del Trabajo; 8, 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 literal 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha veintidós (22) de agosto del dos mil veintidós (2022)."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “ TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de enero del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de julio de 2023, por la Abogada MARGARITA LIZETH ALACHAN MARTINEZ, en su condición de representante procesal del señor ADRIAN HAROLD RIVERA GARCIA, como recurrente; además, es parte recurrida, la sociedad mercantil GUARUMA AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, también identificada como GUARUMA AGROINDUSTRIAL S. DE R.L., representada en juicio por la Abogada MARIA EUGENIA GONZALEZ MAZARIEGOS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que se pruebe la justa causa y legalidad del despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo en iguales o superiores condiciones, pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes proporcionales, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios hasta la reinstalación al trabajo, más reconocimiento y pago de los demás derechos derivados de la contratación colectiva entre Guaruma Agroindustrial S. de R. L y el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), costas del presente juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 01 de noviembre del 2019 por el Abogado WILMER JAVIER FERNANDEZ ALACHAN, en su condición de representante procesal del señor ADRIAN HAROLD RIVERA GARCIA, mayor de edad, Jornalero, hondureño, con domicilio en Guarumas, Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil GUARUMA AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, también identificada como GUARUMA AGROINDUSTRIAL S. DE R.L., por medio de su representante legal el señor ARNOLD BUESO PAZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 22 de agosto del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 10 de junio del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la representante procesal de la parte demandada, Abogada MARIA EUGENIA GONZALEZ MAZARIEGOS contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en fecha 10 (diez) de junio del presente año (2022), en la demanda de la referencia, en consecuencia se reforma la misma en el sentido de: A.- Declarar sin lugar la demanda promovida por el abogado WILMER JAVIER FERNANDEZ ALACHAN actuando en su condición de mandatario del señor ADRIAN HAROLD RIVERA GARCIA, contra la sociedad mercantil denominada GUARUMA AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de su representante legal, para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o superiores condiciones, por consiguiente se absuelve a la demandada de dicha responsabilidad.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación de trabajo con la empresa demandada el 10 de marzo del 2007 misma que fue de carácter permanente y continua, la ejecución de tareas era por hora, según lo estipulado en el contrato colectivo que rige la relación obrero-patronal dentro de la empresa. El salario mensual oscilaba entre L. 7,179.88 y algunos meses cantidades superiores. El 29 de julio del 2019 se realizó una audiencia de descargo contra el demandante, por la siguiente acusación de falta laboral, que a continuación se transcribe: “El jueves 04 de julio Finca Sula Valley se encontró la evidencia de un pegue de agua ajeno en la bomba de riego del río Chamelecón sin autorización alguna de la gerencia general. Esta tubería estaba regando el cultivo sembrado en la orilla del bordo (anden al río) el cual la siembra le pertenece al señor Harold Rivera”. Durante la audiencia la parte demandante constató la inexistencia de justa causa imputable a su persona. La relación de trabajo entre las partes terminó el 03 de agosto de 2019, considerando que la sanción disciplinaria fue de forma desproporcionada, injusta e ilegal contra el demandante al despedirlo de manera directa; que la carta de despido se fundamenta en las causales establecidas en los artículos 112 incisos D, E y L del Código del Trabajo, en relación con los artículos 97 y 98 del mismo cuerpo legal; de igual forma, la demandada no respetó el debido procedimiento legal para efectuar el despido, que impone el Código del Trabajo a todo patrono, lo que constituye una evidente violación a los derechos laborales convencionales y constitucionales. La parte demandante solicitó ante el Departamento de Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social se citara a la demandada a audiencia de conciliación. El 13 de agosto del 2019 el jefe del Servicio de Resolución Alterna de Conflictos Laborales de la Dirección General del Trabajo citó al Gerente General de Guaruma Agroindustrial S. de R. L., Arnold Bueso Paz, para que compareciera en la Audiencia de Conciliación el 04 de septiembre del 2019; la cual tendría por objeto que la parte demandante pudiese conciliar con la parte demandada, la reinstalación a su puesto de trabajo en iguales o superiores condiciones; asistiendo a la misma el señor Bueso Paz en su condición personal pero no en su condición de representante legal de la empresa demandada, por tanto, el Departamento de Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social elaboró el acta de cierre de las diligencias administrativas, conciliatorias por la comparecencia de una de las partes sin la debida acreditación en esa precisa fecha, quedando expedita la vía jurisdiccional para que el demandante ejerza su derecho que le confiere el Estado y la Constitución de la República. 2. La parte demandada, la sociedad mercantil GUARUMA AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, también identificada como GUARUMA AGROINDUSTRIAL S. DE R.L., contestó dicha demanda señalando que, en relación a la antigüedad en la prestación del servicio, horario y salario que devengaba la parte demandante se daría de lo que resultara de la prueba de reconocimiento judicial y exhibición de documentos, en el acta de la audiencia de descargos de fecha 29 de julio del 2019, al hacerle al acta de descargo a la parte demandante se le menciono los motivos señalando que el 04 de julio de ese mismo año se evidenció un pegue de agua ajeno en la bomba de riego del rio Chamelecón sin autorización alguna de la gerencia general y el pegue estaba regando el cultivo sembrado en la orilla del bordo y la siembra, evidenciando esto por medio de fotos del pegue que estaba hecho con una tubería de salida de la bomba de media pulgada, la siembra de la parte demandante y la bomba de riego del rio Chamelecón se encontraban dentro de un predio y finca denominado Sula propiedad de la empresa SULA VALLEY BANANA COMPANY S.A. y los opera “Guaruma Agroindustrial S. de R.L.”, como arrendataria de los mismos y como socio accionista de la propiedad; la bomba de riego del rio Chamelecón se instaló para irrigar las plantaciones de banano que "Guaruma Agroindustrial, S. de R.L." tenía en finca "Sula" y su caudal se reduce por el pegue clandestino provocando así un grave peligro para la parte demandada pues la plantación se afecta lo cual repercute sensiblemente en la producción, sin perjuicio del elevado costo de mantenimiento de dicha bomba y lo gravoso de la energía eléctrica que consume. La parte demandante en sus descargos admitió que las siembras no solo eran de él y en relación al pegue clandestino, a las tuberías y al riego de los cultivos del demandante y a su protagonismo, son más que contundentes los señores Pablo Suarez (Pablo Emilio Suárez) y Juan Ramón Izaguirre en sus intervenciones en la misma audiencia de descargos del 29 de julio del 2019; el demandante alude a algunos tramos de la nota de su despido pero no alude a los pasajes modulares en que se funda su separación y mucho menos los refuta, es como que quisiera ignorarlos; condenando en costas al actor por su notaria falta de derecho. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 10 de junio del 2022, dictó que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE SE PRUEBE LA JUSTA CAUSA Y LEGALIDAD DEL DESPIDO, CASO CONTRARIO SE ORDENE EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS HASTA LA REINSTALACIÓN AL TRABAJO. Promovida por el abogado WILMER JAVIER FERNÁNDEZ ALACHÁN, con número de identidad 0501-1992-12917, inscrito en el Honorable Colegio de Abogados con número 17277, actuando en su condición de apoderado procesal del señor ADRIÁN HAROLD RIVERA GARCÍA de generales ya conocidas. Contra la empresa mercantil GUARUMA AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA también identificada como GUARUMA AGROINDUSTRIAL S. DE R.L. a través de su representante legal el señor ARNOLD ALBERTO BUESO PAZ. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, SE CONDENA a empresa mercantil denominada GUARUMA AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA también identificada AGROINDUSTRIAL S. DE R.L. a través de su representante legal el señor ARNOLD ALBERTO BUESO PAZ, que proceda A REINTEGRAR al trabajador ADRIÁN HAROLD RIVERA GARCIA a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la terminación de la relación laboral. Más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo el despido hasta que se haga efectiva la reinstalación en su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. TERCERO: SIN LUGAR LA DEMANDA PARA EL PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONALES, Y PAGO DE DERECHOS DERIVADOS DE CONTRATACIÓN COLECTIVA. CUARTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, toda justa causa del despido debe ser un motivo razonable y determinante del patrono, siempre que “el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional”. En el presente juicio, desde la citación para audiencia de descargos y la misma audiencia de descargos se estableció como hechos el siguiente: “El día jueves 04 de julio en Finca Sula Valley se encontró la evidencia de un pegue de agua ajeno en la bomba de riego del río Chamelecón sin autorización alguna de la gerencia general. Esta tubería estaba regando el cultivo sembrado en la orilla del bordo (anden al río) el cual la siembra le pertenece al señor Harold Rivera”. Y sobre tales hechos es que se llevó a cabo la imputación y el desarrollo de la audiencia de descargos en fecha 29 de julio del año 2019 y en tal audiencia el actor manifestó en su defensa: “En ningún momento he pegado ninguna tubería aparte de eso la siembra no solo son mías, también Andrés Diaz tenía propiedad y siembra de árboles, el riego que yo está haciendo fue con bomba mochila y tambos de agua halados del rio con Antonio Menjivar. Ese día del pegue del agua yo no estaba regando los palitos. Quien hizo el pegue de agua de la bomba fue Andrés Diaz y no fue yo. Aquí me están acusando de algo que yo no hice. Los compañeros actuaron mal porque dicen que está regando sin decirme a mí y no me dijeron ellos solo se bajaron del bordo a tomar fotos y me admire de esa acusación. La tubería yo no me la robe, sino que se la compre al ingeniero cuando estaba en ventas. Andrés Díaz hubiera venido como testigo que el hizo el pegue de agua y lo ha hecho por varias veces él es el responsable de este pegue”. Declarando su testigo el señor Antonio Menjívar y los testigos de la empresa Pablo Suarez y Juan Ramon Izaguirre, así como de representante del sindicato los señores Maximino Cortes y Carlos Escobar. Y por lo desarrollado en dicha audiencia, la patronal llego a la consideración que los hechos fueron comprobados y decidió despedir al actor bajo los motivos concretos siguientes: 1. “Es actual que usted ocupa sin nuestra autorización un predio que es propiedad de Guaruma Agroindustrial S. de R.L. y lo explota con cultivos en provecho exclusivamente suyo” 2. “usted ejerce en el centro de trabajo el negocio de hacer prestamos onerosos de dinero a sus compañeros de trabajo lo cual es contrario al régimen reglamentario vigente en la empresa” 3. “en fecha cuatro (04) de julio del dos mil diez y nueve (2019) ha sido de nuestro conocimiento que usted irriga sus cultivos que tiene en nuestro predio, a través de una conexión o pegue clandestino que parte de la bomba que nuestra Empresa tiene en el Rio Chamelecón, factor este que afecta nuestro sistema de riego con evidente perjuicio para nuestras plantaciones y se traduce a sustracción de bienes o materias primas”. De manera que toca analizar si estos motivos no lesionan el procedimiento disciplinario tal como lo manda el Código del Trabajo y si le fueron debidamente comprobados al actor constituyendo legal, justa y proporcional causa de separación. Por lo que, analizado el vicio de procedimiento disciplinario, planteado por la parte actora en su demanda consiste en que “la parte patronal no respetó el debido procedimiento legal para efectuar el despido, que impone el Código del trabajo a todo patrono. Lo que constituye una evidente violación a los derechos laborales convencionales y constitucionales”. Cabe Indicar analizando los tres motivos que sobre los 2 primeros, si es procedente llegar a la conclusión que se violentó el procedimiento disciplinario, lesionándose el derecho de defensa, puesto que no fue citado sobre tales situaciones para la audiencia de descargos, ni se le permitió el contradictorio sobre lo anterior, es evidente vista la audiencia de descargos que el hecho concreto y cuestionado es únicamente lo relativo a lo acontecido en fecha cuatro (04) de julio del dos mil diez y nueve (2019) en relación a que “se encontró la evidencia de un pegue de agua ajeno en la bomba de riego del rio Chamelecón sin autorización alguna de la gerencia general y que tal tubería estaba regando el cultivo sembrado en la orilla del bordo el cual la siembra le pertenece al señor Harold Rivera”, concluyendo luego en la nota de despido que tal hecho fue comprobado Indicándole al actor que el irriga sus cultivos..., a través de una conexión o pegue clandestino que parte de la bomba que la empresa tiene en el Rio Chamelecón, y considerando que tal hecho le afecta al sistema de riego de la empresa con evidente perjuicio para las plantaciones traduciéndose en sustracción de bienes o materias primas. Solo de este último motivo de despido indicado en la carta de despido, es el que se encuentra relacionado al hecho Indicado en la citación para descargos y discutido en la audiencia. De manera que para los motivos 1 y 2 indicados en la nota de despido hay quebrantamiento del procedimiento disciplinario al lesionarle garantías laborales de respeto a seguir el procedimiento sancionador tal como lo impone el mismo artículo 112 letra L) de Código del Trabajo “siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario convencional”, así las cosas, resulta innecesario analizar en el fondo tales motivos 1 y 2 Indicados en la carta de despido. Conforme lo ya apuntado, este despacho se adentrará únicamente a valorar el motivo 3 de la nota de despido, a fin de determinar si la misma constituye legal, justa y proporcional causa de separación bajo el análisis planteado por el actor relativo a que la misma es inexistente e inaplicable a su representado, debiendo ser probada por la patronal, es decir como ya se indicó anteriormente en otras palabras hay que valorar si la misma se encuentra debidamente comprobada. Apreciada la prueba documental consistente en la audiencia de descargos, nota de despido y el medio de prueba interrogatorio de parte del actor y prueba testifical propuesta por la representación procesal actora del señor Andrés Leonardo Diaz y la prueba testifical propuesta por la representación procesal demandada del señor Pablo Emilio Suarez, este despacho judicial en base al principio de la libre formación del convencimiento que dispone el artículo 739 del Código del Trabajo concluye que la demandada no ha comprobado la causal 3 de terminación invocada en la nota de despido, lo anterior por las razones suficientes y puntales que son: a) el señor Adrián Harold Rivera García desde la audiencia de descargos afirma que el riega con bomba mochila y tambos de agua, que el día del pegue él no estaba regando, que quien hizo el pegue de agua a la bomba fue Andrés Diaz y no fue él y que lo están acusando de algo que no hizo, además afirma que hubiera llegado como testigo el señor Andrés Diaz ya que el hizo el pegue y es el responsable por este pegue, y lo anterior es concordante con el interrogatorio de parte que el realice en fecha 25 de agosto del año 2021, ya que reconoce que no sabe la razón por la que el señor Andrés Diaz hizo ese pegue, pero él en ningún momento ha tomado agua de esa bomba, lo que fue verificado incluso con la declaración testifical que realizará el señor Andrés Leonardo Diaz en la misma fecha en esta sede judicial, ya que afirmo a la pregunta "¿sabe usted quien conecto ese pegue? R: es que ese pegue yo lo conecte, le puse un pedacito de manguera para llenar el tambito para fumigar". Indicando además "¿entonces solo usted agarraba agua de ese pegue? R: si, solo yo". De manera que no se puede considerar entonces que el actor haya sido quien haya cometido los hechos que se le imputaron, ya que si bien no hay duda que los cultivos sembrados en las tierras cercanas a la bomba donde se hizo el pegue hayan sido del señor demandante, lo cierto es que no se puede considerar que el haya regado estos cultivos con el pegue clandestino realizado a la bomba que tiene la empresa en el Rio Chamelecón; b) Además vale indicar que si bien la empresa aporto la prueba testifical del señor Pablo Emilio Suarez quien declaro en fecha 01 de noviembre del año 2021, con el fin de comprobar la causal de que el señor Harold Rivera regaba lo cultivos con dicho pegue, y el mismo afirma que así fue y que el pegue estaba en función, estaban regando agua Harold Rivera y Andrés Diaz, estaban regando acoplados con una manguera la plantación, no obstante se considera para este despacho que su declaración no merece credibilidad, ya que el afirma que esto paso en compañía del señor Juan Ramon Izaguirre, y el no compareció a sede judicial a constatar los extremos, además el afirmo en la audiencia de descargos que tomaron fotos y presentaron esta evidencia y la misma nunca fue aportada, además surge la duda de si vio al señor Harold Rivera ya que tanto el en sus descargos afirma que los compañeros actuaron mal porque dicen que está regando sin decirle a él y no le dijeron, solo se bajaron del bordo a tomar fotos. Además que se verifico la posición del actor con la declaración del señor Adres Diaz, ya que el reconoció que solo era el quien agarraba agua del pegue, entonces en este caso tiene mayor peso probatorio la confirmación de la versión realizada por el actor, ya que el mismo testigo afirmo que le impidieron el acceso para declarar en la audiencia de descargos y desde esta audiencia el actor afirma quien hizo el pegue y no hay más prueba como ser videos o fotografías de que el señor actor en efecto haya estado regando sus cultivos beneficiándose del pegue realizado clandestinamente a la bomba de la empresa, ya que era carga de la patronal aportarlos y no lo hizo, afirmo también el testigo Andrés Diaz que él se molestó con los dirigentes sindicales porque llegaron a tomar foto al pedacito de manguera que él tenía, pero fueron a decir que era Harold quien tenía ese pegue ahí y no era él, y hacen la maldad, de modo que así las cosas el despacho considera en virtud del principio indubio pro operario y peso probatorio que la versión comprobada ha sido la del actor, no comprobando plenamente la parte patronal los hechos imputados con material probatorio suficiente, de manera que la terminación del contrato de trabajo motivada en el hecho que "en fecha cuatro (04) de julio del dos mil diez y nueve (2019) ha sido de nuestro conocimiento que usted irriga sus cultivos que tiene en nuestro predio, a través de una conexión o pegue clandestino que parte de la bomba que nuestra Empresa tiene en el Rio Chamelecón, factor este que afecta nuestro sistema de riego con evidente perjuicio para nuestras plantaciones y se traduce a sustracción de bienes o materias primas". No ha sido debidamente comprobada, resultando entonces innecesario revisar si hay desproporcionalidad. c) Procede la acción para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, tal como ha sido planteada en la acción, y se ha discutido en el proceso, ya que, si bien en las alegaciones finales se pide el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, no es posible variar la pretensión ya que no hay ninguna razón que lo justifique y lo anterior podría traducirse en una indefensión para la parte patronal. Así mismo no es procedente el pago de los conceptos económicos impetrados al no ya que no desplego prueba la parte actora a fin de evidenciar que los mismos se adeudaban, ni es posible considerar se le deban aplicar pagos derivados de la contratación colectiva ya que no hay prueba del contrato colectivo ni de que se encuentre afiliado al sindicato. d) Estimar el pago de salarios dejados de percibir tal como lo impone el artículo 113 del Código del Trabajo.4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 22 de agosto del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la representante procesal de la parte demandada, Abogada MARIA EUGENIA GONZALEZ MAZARIEGOS contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en fecha 10 (diez) de junio del presente año (2022), en la demanda de la referencia, en consecuencia se reforma la misma en el sentido de: A.- Declarar sin lugar la demanda promovida por el abogado WILMER JAVIER FERNANDEZ ALACHAN actuando en su condición de mandatario del señor ADRIAN HAROLD RIVERA GARCIA, contra la sociedad mercantil denominada GUARUMA AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de su representante legal, para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o superiores condiciones, por consiguiente se absuelve a la demandada de dicha responsabilidad.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, en el caso de autos, la acción ejercitada por el actor se funda en un despido, indicando que en la audiencia de descargos se constató la inexistencia de la falta por la que se le citó a esta, y que su empleador ejerció el poder disciplinario de manera desproporcionada, injusta e ilegal basada en el artículo 112 literales d), e) y 1) del Código del Trabajo, sin respeto del debido procedimiento legal para efectuar el despido; con relación a ello, del acta que contiene lo acontecido en la audiencia en referencia, es visto que el demandante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y presentar las explicaciones del caso, reconociendo en ese momento que “... También Andrés Días tiene propiedad y árboles...”, y que el riego que estaba realizando era “...con bomba mochila y tambos de agua halados del río con Antonio Menjivar... Quien hizo el pegue de agua de la bomba fue Andrés Díaz... Los compañeros actuaron mal porque dicen que está regando ... solo se bajaron del bordo a tomar fotos...”, así como que fue “su persona” quien compró la tubería (folios 54 al 57); ratificando en su interrogatorio de parte la compra de los tubos y que no hizo el pegue de agua a la bomba. Dichas declaraciones concuerdan con los testimonios de los testigos ANDRES LEONARDO DIAS, quien manifestó haber realizado el pegue en la bomba de agua de la demandada y que unos señores del sindicato llegaron y tomaron fotos y; PABLO EMILIO SUAREZ, miembro de la junta directiva del sindicato (STAS) que junto con Juan Ramón Izaguirre realizaron la investigación sobre el problema de riego por la baja presión de éste, encontrando el pegue en función y al demandante y ANDRES DIAZ regando sus cultivos, acoplados con una manguera a la bomba de la empresa (folios 60 al 63), contexto fáctico que lleva a concluir que el actor era partícipe tanto de la instalación del pegue en la bomba, puesto que fue quien compró los tubos, para realizar el riego de su cultivo y del señor ANDRES DIAZ, comportamiento que se subsume en lo dispuesto en el artículo 112 literal d) del Código del Trabajo, ya que al utilizar el pegue que se instaló en la bomba para el riego de cultivos distintos a los del empleador, se alteraba la presión del agua, afectando el proceso de irrigación. Es oportuno señalar, que si bien el señor ANDRES LEONARDO DIAZ manifestó en declaración testifical que fue el quien conectó el pegue a la bomba, ello no exonera al demandante por la falta imputada y por la que fue convocado a descargos, pues el contrato de trabajo impone a los trabajadores los deberes de diligencia, obediencia y lealtad; y, si el actor tuvo conocimiento que el señor DIAZ fue quien instaló el pegue de agua antes mencionado, debió poner en conocimiento de su empleador dicha situación, sin que así lo hiciera. Del contenido de la nota de despido, es visto que la demandada también imputa al demandante e invoca como cauda de despido, los hechos siguientes: a) ocupar sin autorización de la demandada un predio propiedad de esta, explotándolo con cultivos en provecho exclusivo y, b) hacer préstamos onerosos de dinero a sus compañeros de trabajo, en contraposición al régimen reglamentario de la empresa; comportamientos respecto de los cuales no consta en autos que se haya agotado el procedimiento disciplinario previo para la imposición de la sanción de despido que nos ocupa, tal y como lo ha analizado el iudex a quo; sin embargo, al acreditarse en juicio una de las causales invocadas para el despido, este surte todos sus efectos, sin responsabilidad para el empleador. Ante las alegaciones expuestas por la recurrente, en relación a las causales relacionadas en este FUNDAMENTO DE DERECHO, es oportuno señalar que el hecho de que el actor no haga mención en su demanda, de todas las causas invocadas en la carta de despido, ello no conlleva la aceptación tácita de las mismas, como lo entiende la apelante; de manera que no es posible atender dicho argumento para validar la nota de despido en la totalidad de los comportamientos que se imputan al actor como falta laboral; es por ello que acertadamente, pese a no constituir parte del objeto del proceso ni de los hechos controvertidos, el iudex a quo, en observancia de los principios que rigen el procedimiento hace un análisis y valoración al respecto. 5.Mediante auto de fecha 04 de noviembre del 2022, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARGARITA LIZETH ALACHAN MARTINEZ, en su condición de representante procesal del señor ADRIAN HAROLD RIVERA GARCIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 20 de julio del 2023, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARGARITA LIZETH ALACHAN MARTINEZ, en su condición de representante procesal del señor ADRIAN HAROLD RIVERA GARCIA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de diciembre del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de febrero del 2025, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada MARIA EUGENIA GONZALEZ MAZARIEGOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Del estudio del fallo se decreta la nulidad de oficio, ya que al revisar el fallo impugnado carece de claridad, al no establecer la condena de los derechos adquiridos pero en el caso del Trabajador, se ha venido señalando que el pago de los derechos adquiridos le deben ser cancelados cualquiera que sea la forma de la terminación laboral, de cuyos valores el patrono no puede realizar deducciones, retenciones o compensaciones, sin la autorización previa y por escrito del empleado en cada caso, sin mandamiento judicial o sin que la ley, el contrato o el reglamento lo autoricen, tal como lo prohíbe expresamente el artículo 96 numeral 5) del Código del Trabajo, no procediendo por esa vía el cobro del supuesto preaviso omitido. VII.- Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. VIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciados por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés de fecha veintidós (22) de agosto del dos mil veintidós (2022) a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. X. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio, procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 59,60, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 726 y 858 del Código del Trabajo; 8, 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 literal 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha veintidós (22) de agosto del dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFIQUESE. - FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA MAGISTRADA, FIRMA Y SELLA DE MANERA ELECTRONICA ROY PINEDA CASTRO, MAGISTRADO Y FIRMA Y SELLA ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MAGISTRADA”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés de marzo del dos mil veintiséis; certificación de la resolución de fecha trece de enero del dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL524-22.
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO