Sentencia CL-518-23 — Registro 20662
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se les declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente y se reconozca su antigüedad y que se les reintegre al puesto de trabajo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) omite señalar norma sustantiva violada en la formulación es hasta en la explicación que cita como normativa el articulo 705 numeral 2 del código procesal civil, el cual pertenece al ámbito procesal civil y no al laboral ; y, c) formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 1 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) entre las normas que indica como violadas el articulo 46 literal b) del código de trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) el articulo 719 numeral segundo del Código Procesal Civil que señala como precepto autorizante este no ostenta esa calidad; y, formula alegatos de instancia"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de mayo del 2024, por la Abogada JENNY LIZETTE MATAMOROS CONTRERAS, en su condición de representante procesal de los señores DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENO ULLOA, LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO y otros; y en fecha 27 de noviembre del 2024, por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrentes/recurridos, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se les declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente y se reconozca su antigüedad y que se les reintegre al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones porque fueron suspendidos y ante negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes causados y proporcionales, reconocimientos de aumentos salariales y bonificaciones que se recibieran durante el tiempo que dure esta demanda hasta que se cumpla con la reinstalación en el puesto de trabajo, se les reconozca la nivelación salarial del puesto nominal al puesto de trabajo funcional, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de noviembre del 2022 por los señores: 1) DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, casada, Licenciada en Administración de Empresas, con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula; 2) EMELINA MORENO ULLOA, soltera, Licenciada en Administración Aduanera, con Domicilio en el Municipio de Choloma; 3) LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO, casada, Licenciada en Gerencia de Negocios, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula; 4) ISRAEL ZAMORA JIMENEZ, casado, Licenciado en Relaciones Industriales con domicilio en el Municipio de Villanueva, y 5) JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, casado, Ingeniero Industrial, con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula; todos mayores de edad, hondureños y del Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de octubre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de junio del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “PARTE DISPOSITIVA: FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para pedir reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes causados y proporcionales. Reconocimientos de aumentos salariales y bonificaciones que se recibieran durante el tiempo que dure esta demanda hasta que se cumpla con la reinstalación en el puesto de trabajo, promovida por los señores ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en consecuencia CONDENA: A EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a reintegrar a los demandantes ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, a sus puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones al pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes causados y proporcionales. Reconocimientos de aumentos salariales y bonificaciones que se recibieran durante el tiempo que dure esta demanda hasta que se cumpla con la reinstalación en el puesto de trabajo en caso de haberse producido, más a título de daños y perjuicios los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación. SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por los señores ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, en contra de EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, en cuanto al reconocimiento de la nivelación salarial del puesto nominal al puesto de trabajo funcional, sin costas. TERCERO: DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA para pedir reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes causados y proporcionales. Reconocimientos de aumentos salariales y bonificaciones que se recibieran durante el tiempo que dure esta demanda hasta que se cumpla con la reinstalación en el puesto de trabajo, se les reconozca la nivelación salarial del puesto nominal al puesto de trabajo funcional, costas promovida por las señoras DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENO ULLOA Y LEYLA PAMELA MORENO, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia, en consecuencia ABSUELVE: A EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, de toda responsabilidad proveniente de la demanda promovida por las señora DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENO ULLOA Y LEYLA PAMELA MORENO. CUARTO: A) DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCION interpuesta por la parte demandada; B) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO, interpuesta por la parte demandada. QUINTO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECH 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que iniciaron sus relaciones de trabajo con la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS mediante contratos de Servicios de Regímenes Especiales por tiempo definido, de la siguiente manera:1. DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ: desde el 29 de abril del año 2020, en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho de la Administración Aduanera de Honduras, devengando un salario mensual de Lps. 16,000.00; 2. EMELINA MORENO ULLOA: desde el 23 de octubre del año 2020, en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho de Regímenes Especiales de la Administración Aduanera de Honduras, devengando un salario mensual de Lps. 16,000.00; 3. LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO: desde el 05 de abril del año 2021, en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho de Regímenes Especiales de la Administración Aduanera de Honduras, devengando un salario mensual de Lps. 16,000.00; 4. ISRAEL ZAMORA JIMENEZ: En fecha 01 de enero del año 2020, primero en el cargo de Revisor de Regímenes de la Administración Aduanera de Honduras, posteriormente el 01 de abril 2020 en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho de Regímenes Especiales de la Administración Aduanera de Honduras, devengando un salario de Lps.16,000.00; y 5. JORGE MAURICIO FLORES ELVIR: En fecha 23 de octubre del año 2020, en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho de Regímenes Especiales de la Administración Aduanera de Honduras, devengando un salario de Lps. 16,000.00; desde el inicio de su relación laboral con la parte demandada, celebraron varios Contratos de Servicios de Regímenes Especiales, por tiempo determinado, realizando labores de forma continua e ininterrumpida, propias de un puesto permanente en la institución, contratos de Servicios que simulan verdaderos contratos de trabajo, ya que cumplen los elementos exigidos en el artículo 20 del código de trabajo como ser: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, como ser en la que nunca delegaron sus funciones; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono, que facultad a este para exigirles el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato y además sujetos a un horario de trabajo: y c) Un salario como retribución del servicio, una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, por lo que se entiende que existe Contrato de Trabajo de manera permanente, continua y se considera por tiempo indefinido, tal como lo describe el artículo 47 del Código de Trabajo el cual en su primer y segundo párrafo dice: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito; se les notificó la terminación de su contrato individual de trabajo el día 27 de junio y 26 de agosto del año 2022 de manera escrita mediante memorándum, dando por terminado de esta manera su relación laboral sin mediar justa causa para ello. En el artículo 89 del Régimen de Carrera de los funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras enuncia y describe las causas por las cuales la Administración Aduanera podrá terminar la relación laboral con sus servidores y funcionario públicos y en ninguna de ellas se describe una causa justa; los demandantes solicitaron un reclamo a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social ante la oficina de la procuraduría del trabajo, para conciliar su reintegro al trabajo, habiéndoles librado para la demandada una citación, de la cual no obtuvieron ninguna respuesta, violentándose su derecho de estabilidad laboral, ante la negación de un nuevo contrato de trabajo para restituirlos a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, por lo que dieron por agotado el procedimiento administrativo, el cual consta en la Constancia de Cierre Administrativo de fecha 18 de octubre del año 2022; los demandantes manifestaron que su antigüedad también es un derecho del cual hicieron uso, desde el momento, que tomaron posesión de sus cargos como oficiales de Aforo y Despacho, el cual se les fue notificado a través de memorándum; en la misma fecha de su toma de posesión al cargo y lo establecido en su contrato de servicios personales por tiempo definido pero ininterrumpidos y consecutivos; mencionando (10) funciones que se describen de manera nominal y funcional, en la práctica del día a día realizadas en sus puestos de trabajo (4) funciones más las cuales correspondía al puesto de trabajo de los Analistas de Aforo y despacho: estas funciones se encuentran enunciadas en los memorándum que se les notificaba a los Analistas de Aforo y despacho, las cuales se pueden apreciar en los numerales (4), (5), (6) y (7); comparando las funciones descritas en ambos memorándum de los demandantes como oficiales de aforo y despacho, contra las funciones descritas a los analistas de aforo y despacho encontraron lo siguiente: del numeral 1 al 3 son descritas de manera idénticas, pero del descritas para los analistas en los numerales del 4 al 7 las realizaban funcionalmente los oficiales de aforo y despacho, aunque nominalmente no las tenían descritas, y las que se describen en el numeral 8 como funciones de los analistas es la misma que está en el numeral 9 de los oficiales solo que con diferentes palabras, pero la mismas funciones, la que corresponde al numeral 9 de los analistas es la misma función que tenían los oficiales en el numeral 10 solo que con diferentes palabras, pero con el mismo objetivo, por lo que cumplían 10 funciones más 4 funciones más las cuales corresponden a las funciones 4, 5, 6 y 7 descritas bajo estos numerales en las funciones de los analistas de aforo y despacho, en los artículos 8 numeral 18 del régimen de Carrera de los funcionarios y servidores de la Administración Aduanera de Honduras dice: “Grupo Ocupacional: Conjunto de puestos que por su contenido organizativo poseen características similares, que pueden ser objeto de Políticas comunes en materia salarial, requisito de acceso, gestión de desempeño y otros” El sistema de clasificación de cargos contiene cuatro grupos ocupacionales: directivo, ejecutivo, técnico y operativo administrativo, también en su artículo 58 dice: “ Los funcionarios o servidores tendrán derecho a devengar el salario correspondiente al cargo que desempeña, el cual estará asignado según la correspondiente escritura posicional y grupo ocupacional a una determinada escala salarial. Las remuneraciones se fijarán tomando en cuenta las posibilidades financieras de la institución, el grado de responsabilidad exigidos y complejidad de cada cargo, ningún empleado tendrá un salario inferior o superior al fijado para el cargo que ocupe”. Con lo anteriormente expuesto y descrito manifestaron los demandantes que esperan se les reconozca la nivelación del puesto nominal al puesto funcional de trabajo; así mismo lo que corresponde al salario percibido por los analistas de aforo y despacho el cual es mayor al que percibían como oficiales de aforo y despacho 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes fueron contratados por la demandada mediante Contrato de Servicios de Regímenes especiales (Depósitos Aduaneros y Zonas libres), “por tiempo definido” para un periodo de fecha 27 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022 para los Señores DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENO ULLOA y LEYLA PAMELA MORENO y para los señores ISRAEL ZAMORA JIMENEZ y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR para un periodo de fecha de 01 de julio del 2022 al 31 de agosto del 2022 con la cual se les notifico mediante Memorándum que no se les renovaría el contrato porque el objeto de sus servicios está supeditado a la operatividad de la zona en la que se encontraban asignados específicamente una empresa del régimen de zona libre, tal como se pactó en el contrato de Servicio de Regímenes Especiales, por lo que al no tener la parte demandada, ninguna injerencia en la operación y sostenimiento de dichas empresas, pues únicamente es el ente encargado de mantener el control aduanero, es por esa razón que el contrato de servicios fue con una fecha determinada; que de la demandante hace una interpretación antojadiza de lo que establece el artículo 47 del código de trabajo omitiendo lo que establece el artículo 46 literal B) de ese mismo cuerpo legal, cuando establece que el contrato laboral de trabajo puede ser: A)...B) Por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación o cuando sea previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo, esto en relación a la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra, extremo que era de pleno conocimiento del demandante al celebrar el contrato quien ejecutaría su actividad de conformidad con el contrato de servicio de regímenes además este ya tenía conocimiento de las actividades que este en representación de Administración Aduanera de Honduras desempeñaría como sus funciones en los zonas libres determinadas por las empresas a los Regímenes Especiales, por lo que el hecho de haberse celebrado varios contratos por tiempo definido, no adquiere, por sus servicios la calidad de un empleado permanente; en lo presentado del Régimen de la Carrera de los Funcionarios y servidores de la Administración Aduanera de Honduras en su “Articulo 5 reformado”: se excluye de la aplicación de este régimen, en cuanto a la estabilidad en sus cargos por considerarse de libre nombramiento y remoción, los siguientes funcionarios: El (la) Director(a) Ejecutivo(a) el (la) Subdirector Ejecutivo(a) Asimismo, se excluyen de este Régimen, el personal que presta sus servicios bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales, de Consultoría y de contratos de servicios personales acogidos en los Regímenes Especiales. El Director Ejecutivo, de personal requerido quienes estarán excluidos de la aplicación de todas las disposiciones del presente Régimen y sujetos únicamente a las condiciones estipuladas en el contrato suscrito salvo por asignaciones debidamente justificadas”; que la parte demandante solicito la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social en virtud de que la demandada no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación sin que exista previo un acuerdo ejecutivo; por otra parte, dicha contratación estaba sujeta al Plan Operativo Anual(POA) conforme a las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República en estricto apego a lo establecido en el artículo 364 de la Constitución de la República que estatuye: “No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto o en contravención a las presupuestarias” No obstante la demandante, al procurar que se le paguen y otorguen derechos que no le corresponden, tal como lo exige en su improcedente demanda, únicamente pretende extraer del erario público cantidades que no son dignas de tutela jurídica, pues los derechos exigidos por la parte demandantes son beneficios reconocidos únicamente para empleados con status permanente y que cuentan con un presupuestario acordado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas; la parte demandada manifestó que a lo demandantes se le pagaba sus servicios cada fin de año en concepto total de prestaciones e indemnizaciones laborales seria improcedente la imposición al reintegro, permanencia y salarios dejados de percibir que erróneamente y de manera infundada pretende la parte demandante, ya que un acto es consecuencia del otro, pues el derecho al reintegro y al pago de salarios dejados de percibir y otros imaginarios derechos surte efecto en el caso en que el despido sea injustificado, que no es el presente caso en vista de que lo acaecido fue la llegada a la fecha de finalización del contrato por tiempo determinado y al no existir despido, el juez se ve vedado en calificarlo como justificado o injustificado, por lo que se debe desestimar cualquier pretensión que busque algún tipo de reconocimiento de un derecho subjetivo; en otro orden de ideas la demandada menciono que los demandantes pretenden que se le haga una nivelación de salario como los empleados permanentes, hecho que no puede ocurrir, ya que al momento de ser tratada estos ya tenían conocimiento de la cantidad que estos recibían en concepto de pago por el contrato de servicios que asciende a la cantidad de Lps. 16,000.00 mensuales, extremo que se acredita con el contrato de servicios de regímenes especiales por tiempo definido, estableciendo que los demandantes no se encuentran señalados en el manual de puestos y salarios de les empleados de la Administración Aduanera de Honduras, por otro lado, dicha remuneración es establecida por la zona donde prestan sus servicios según el contrato antes relacionado por lo que dicha pretensión de los demandantes no es objeto de tutela judicial efectiva; con relación al improcedente pago de costas que de manera ambiciosa e ilusoria solicitaba la parte demandante en su infructuosa demanda, es preciso señalar lo que establece el artículo 8 de la ley para optimizar la administración Pública mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno “DISPOSICIÓN GENERAL DEL ESTADO O SUS AUTORIDADES EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARA EXCENTO DEL PAGO DE COSTAS SALVO QUE SE HAYAN ACTUADO CON DOLO” considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada la demandada se encuentra exenta del pago de las mismas asimismo, valorando los antecedentes jurisprudenciales, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo AL-85-2017 y AC0459-2016, sentencias que en aplicación a las normas anteriormente citadas establecieron que el Estado no puede ser condenado en costas la que efectivamente incluye las costas de ejecución puesto que de forma específica Amparo AL-85-2017 FUE OTORGADO A FAVOR DE ESTADO DE HONDURAS en virtud de unas costas de ejecución que habían sido condenadas en primera instancia y confirmadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Por lo que condenar en costas al Estado de Honduras se estaría en contravención a la misma Corte de apelaciones del trabajo, quien ya ha dado estricto cumplimiento a esta jurisprudencia tal como se verifica en las sentencias dictadas en los expedientes No 12557 y 1075-2016; la parte demandada manifestó rechazar la demanda en virtud que el artículo 867 del código de trabajo establece: “Prescripción, derechos y acciones salvo disposición en contrario todos los derechos y acciones provenientes de este código, de su reglamento o de las demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, salvo para estos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes; el término de prescripción para el cobro de jornadas extraordinarias de trabajo empezará a contarse el día en que fue pagado o debió pagarse el salario ordinario correspondiente al periodo en que hubiera sido laborado el trabajo extraordinario”. En el presente caso partiendo de que el cobro de las jornadas extraordinarias de trabajo tiene su inicio el día en que fue pagado o debió pagarse el salario ordinario correspondiente al periodo en que hubiera sido laborado el trabajo extraordinario por lo que se colige que dicho derecho al pago de horas extras que reclama la demandante ya prescribió. Asimismo, en Audiencia Primera de Tramite de fecha 11 de abril del año 2023 se interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción en base a los artículos 710,858, 862, 864, y 867 del Código del Trabajo. 3-. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 28 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “PARTE DISPOSITIVA: FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para pedir reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes causados y proporcionales. Reconocimientos de aumentos salariales y bonificaciones que se recibieran durante el tiempo que dure esta demanda hasta que se cumpla con la reinstalación en el puesto de trabajo, promovida por los señores ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en consecuencia CONDENA: A EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a reintegrar a los demandantes ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, a sus puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones al pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes causados y proporcionales. Reconocimientos de aumentos salariales y bonificaciones que se recibieran durante el tiempo que dure esta demanda hasta que se cumpla con la reinstalación en el puesto de trabajo en caso de haberse producido, más a título de daños y perjuicios los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación. SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA promovida ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, en contra de EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, en cuanto al reconocimiento de la nivelación salarial del puesto nominal al puesto de trabajo funcional, sin costas. TERCERO: DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA para pedir reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes causados y proporcionales. Reconocimientos de aumentos salariales y bonificaciones que se recibieran durante el tiempo que dure esta demanda hasta que se cumpla con la reinstalación en el puesto de trabajo, se les reconozca la nivelación salarial del puesto nominal al puesto de trabajo funcional, costas promovida por las señoras DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENO ULLOA Y LEYLA PAMELA MORENO, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia, en consecuencia ABSUELVE: A EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, de toda responsabilidad proveniente de la demanda promovida por las señora DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENO ULLOA Y LEYLA PAMELA MORENO. CUARTO: A) DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCION interpuesta por la parte demandada; B) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO, interpuesta por la parte demandada. QUINTO: SIN COSTAS…”.Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso este tribunal es del criterio que procede DECLARAR CON LUGAR la demanda promovida por los señores ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR por las circunstancias siguientes: Uno: Que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos con la abundante prueba documental se encuentra acreditado que los demandantes iniciaron a laborar con la demandada así: ISRAEL ZAMORA JIMENEZ, inicio desde el 29 de febrero del año 2020 (ver folios 297 al 375 de los autos), y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, inicio desde el 26 de octubre el año 2020, a partir de esa fechas habían venido celebrando contratos de trabajo bajo la denominación contrato de servicios de régimen especial por tiempo definido; tal como consta en los contratos que corren a folios 297 al 438 de los autos; independientemente de la denominación que se les dio eran contratos de trabajo, porque en ellos concurrían los tres elementos necesarios para considerar la existencia de este según dispone el artículo 20 del Código de Trabajo; la relación no fue interrumpida siempre realizaron las mismas funciones las cuales son continuo en la institución demandada, es decir y subsiste la actividad que le dio origen después de finalizada la relación; por tal razón procede declarar con lugar la demanda de mérito. Dos: El despido es un acto por el cual el patrono hace saber al trabajador ya sea directamente o por medio de sus representantes, que rescinde la relación de trabajo, y que en consecuencia debe retirarse del servicio, mismo que corresponde demostrarlo al trabajador, y su justificación al patrono; o es el aviso que el trabajador da al patrono que cancela la relación de trabajo por una causa imputable a éste y exige la indemnización correspondiente; en el caso de autos los trabajadores demandantes acredito la que demandada puso fin a la relación de trabajo que venían sosteniendo al no haberles renovado su contrato; tal como consta en el memorándum ADUANAS GNGTH-2837-2022, de fecha 26 de agosto del año 2022, notificación de terminación de contrato a JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, memorándum ADUANAS GNGTH-2838-2022, de fecha 26 de agosto del año 2022, documentos que corren a folios 25,26, 29 y 30 de los autos; sin invocar ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo; por lo que el despido llevado a cabo bajo esas condiciones resulta injusto e ilegal por lo que procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños y perjuicios ordenando el reintegro a los demandantes a sus puesto de trabajo con el reconocimiento de su antigüedad en el cargo; Tres: Por el tracto sucesivo de la relación la cual inicio de forma temporal y por la celebración de más de dos contratos antes de transcurrido el año, para la misma clase de trabajo estos deben considerarse celebrados por tiempo indefinido como establece el artículo 47 y 52 párrafo ultimo del Código de Trabajo; En consecuencia se le reconoce la antigüedad a los demandantes ISRAEL ZAMORA JIMENEZ y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, a sus puesto de trabajo; reconociendo todos los aumentos que pudieran producirse durante la tramitación del juicio Cuatro: En cuanto a la nivelación del salario, se declara sin lugar en vista que las partes pactaron un salario el cual es superior al salario mínimo vigente, sumado a eso está el hechos no se acredito que los demandantes antes mencionados reúna todos los requisitos para hacer analista de aforo y despacho o que sean iguales a los de cargo de oficial de aforo y despacho, aunque alegue que tenían las misma funciones para cada puesto hay un perfil de puesto; en el presente juicio la parte demandada interpuso la excepción perentoria de prescripción de la acción con relación a las trabajadoras demandantes DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENO ULLOA Y LEYLA PAMELA MORENO, alegando que el derecho para demandar está prescrito, con relación a dicha excepción se encuentra acreditado en autos que las autoridad administrativa del trabajo en fecha 01 de septiembre del año 2022, dio por finalizada la diligencias administrativas según consta con las actas de cierre de las diligencias admirativas conciliatorias que corren a folios 114 de los autos; fecha a partir de la cual comenzó a correr el término de dos meses para promover su acción tal como lo establece el artículo 864 del Código de trabajo; venciendo el mismo en fecha 01 de noviembre del año 2022, lo que significa que la demanda presentada por las demandante ante este Tribunal en fecha 09 de noviembre del año 2022, es extemporánea el derecho para demandar estaba prescrito el término de dos meses venció el 01 de noviembre del año 2022, y si bien es cierto las demandantes posteriormente la cierre hicieron gestiones ante la procuraduría del trabajo dependencia de la Secretaria de Trabajo y Seguridad social, en fecha 30 de septiembre del año 2022, y que vuelve a dar por cerrado procedimiento administrativo esa gestión no interrumpe el término de prescripción debido a que fue hecha ante la misma Secretaria del Trabajo, que ya había dado por agotado o finalizado el procedimiento administrativo; la parte demandada interpuso la excepción perentoria de pago, con relación a la excepción planteada este Tribunal considera procedente DECLARARLA SIN LUGAR en vista que en el presente juicio los demandantes demandan reintegro a sus puestos de trabajo y no el pago de prestaciones sociales por tal razón este Tribunal no podría establecer que la demandada pago todo lo reclamado por los demandantes; que a la terminación del contrato de trabajo la demandada deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no; en el caso de los autos la parte demandada acredito en autos que le pago a los demandantes los derechos que reclama por tal razón no se condena a esos conceptos; En el presente juicio la parte demandante reclama pago de costas con relación a este reclamo este Tribunal considerando que el artículo 8 de dicha ley establece: DISPOSICIÓN GENERAL “EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO...” y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento el Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala la Constitución de la República ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso- ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, el Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. Asimismo, valorando los antecedentes, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo números: AL85-2017, AC0459-2016. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 09 de octubre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, del análisis en su conjunto a los medios de prueba se logró acreditar las circunstancias siguientes: a) Los señores ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, suscribieron con el Estado de Honduras a través de la oficina de Administración Aduanera de Honduras, varios contratos de trabajo bajo la denominación de contrato de servicios de regímenes especiales por tiempo definido, los que se encuentran agregados en los folios 297 al 438, relación laborar que llegó a su fin por decisión de la patronal al no renovar los contratos de trabajo; b) Que en fecha 01 de septiembre del 2022, el Conciliador Laboral del Ministerio del Trabajo, cerró las diligencias administrativas de los señores Debbie Florencia Reconco Muñoz, Emelina Morena Ulloa y Leyla Pamela Mejía Macedo; posteriormente ante la Procuraduría del Trabajo, las mencionadas señoras instauraron reclamo administrativo, ver folios 114 al 120; conforme a su duración y a lo dispuesto en el Artículo 46 del Código del Trabajo, las relaciones de trabajo además de ser por tiempo “indefinido” pueden también convenirse por tiempo “limitado” cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo; y, “por obra o servicios determinados”; ello es razonable pues aun y cuando sea cierta la necesidad de la permanencia de los trabajadores en sus trabajos, la ley también tiene presente que en ocasiones el empresario además de sus trabajadores de planta, requiere de servicios eventuales de trabajadores por alguna causa extraordinaria y transitoria que se presenta, siendo ante esa necesidad que el legislador ha previsto esas dos formas de relaciones transitorias que constituyen excepciones a la regla general de duración indefinida de las relaciones de trabajo; por consiguiente, para que sean lícitas y tengan validez es necesario que exista una causa extraordinaria y transitoria que no amerite permanentemente los servicios del trabajador (así lo ha sostenido éste Tribunal en los expedientes números 9334, 9428, 9485 9952, 9981, 10130, 10235 entre otros y que en el presente caso se reitera); la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia a fin de establecer una línea jurisprudencial ha dejado sentado que “no es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y sólo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita” (Casaciones números 09-11, 232-12 y 468-12); en sus agravios refiere la parte demandada que los señores ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, fueron contratados temporalmente para un periodo del 27 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022, y el siguiente periodo del 01 de julio del 2022 al 31 de agosto del 2022, y al haberse celebrado varios contratos por tiempo definido, no adquieren por sus servicios la calidad de un empleado permanente ya que existe una garantía bancaria donde está incluido el canon operacional que es el salario y demás derechos que paga la empresas al utilizar las zonas libres donde se le presta el servicio de vigilancia y fiscalización por parte del servicio aduanero; al respecto, esta CORTE, pudo constatar que la relación de trabajo que vinculó a las partes en conflicto inició con la suscripción de un contrato de servicios de regímenes especiales por tiempo definido No.073/2021 y 0241/2021, que tuvo su génesis con el señor Israel Zamora Jiménez en fecha 02 de enero del 2020 y con el señor Jorge Mauricio Flores Elvir, en fecha 25 de diciembre del 2020, ver folios 297 y 392 para, dichos contratos de trabajo fueron prorrogados hasta el 01 de julio del 2022 ver folios 374 y 438; y siendo que de la prueba aportada al juicio se demostró que los trabajadores Israel Zamora Jiménez y Jorge Mauricio Flores Elvir, se desempeñaron en forma continua e ininterrumpida, desempeñándose en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho de Regímenes Especiales, de manera que dicha relación debe considerarse por tiempo indefinido al tenor de lo dispuesto en los Artículos 47 y 52 párrafo último del Código del Trabajo; así las cosas, su finalización sólo puede darse por la concurrencia de causa justa o legal, situación que no sucede en el presente caso, al observarse de los Memorándum Aduanas GNGTH-2837-2022 y GNGTH-2837-2022 de fecha 26 de agosto del 2022 visibles a folios 27 y 29 de los autos, por medio del cual se les comunica la terminación laboral, invocando la parte demandante la cláusula cuarta del contrato en lo que respecta la vigencia del mismo, y que durara desde el 01 de julio del 2022 hasta el 31 de agosto del 2022, como se aprecia esta no puede considerarse una causa justa para dar por despedido a un empleado y de igual manera lo invocado por demandada no está contemplada en las causales que señala el artículo 111 del CT, por lo anterior no puede prosperar los agravios esgrimidos por el impetrante; en lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante esboza como agravios que el término de la prescripción no se encontraba prescrito, al momento de interponer la acción para solicitar el reintegro, por haberse abocado a la Secretaría de Trabajo a solicitar nuevamente reclamo laboral en fecha 30 de septiembre del 2023, por lo que se extendió una segunda citación y se convocó a la demandada, no interponiendo ningún desacuerdo y extendiendo la Procuraduría una constancia de cierre administrativo de fecha 18 de octubre del 2023, con estas acciones se demuestra que prescribió el plazo para interponer demanda de indemnizaciones sociales para el pago, pero no prescribió el plazo para interponer demanda de reintegro; de lo antes expuesto, es preciso señalar que de acuerdo a la doctrina (Libro Derecho Laboral Colombiano, Dr. Guillermo Gonzales Charry), “la prescripción de acciones y derechos nacidos del contrato de trabajo es extintiva, esto es, que por su efecto, se pierde para el titular de unas y otras el derecho correspondiente”, ello es porque se busca evitar el sometimiento a juicio de causas que no podrían ser racionalmente discutidas, porque se ha dejado pasar un tiempo prolongado desde que efectivamente ocurrieron; “ y aun cuando por principio el derecho de trabajo no contiene prescripciones de largo tiempo como las ordinarias del derecho común, sino que se ha orientado por las de corto tiempo, tendiente a una pronta definición de los derechos del trabajador, la consecuencia a la postre es idéntica, puesto que transcurrido ese lapso sin actividad alguna del interesado, la acción para reclamar su derecho deja de tener eficacia y puede enervarse definitivamente demostrando su inactividad; Nuestra normativa laboral señala la prescripción en el art. 862. Bajo este marco legal si bien es cierto la prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el CT, o que sea como consecuencia de la aplicación del mismo, esta ópera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que se termina y cumplidos estos requisitos indubitados puede ser formulada en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado para que se determine de esta manera de forma clara y precisa partiendo del acaecimiento o conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia o estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social; en el caso sub lite, quedó acreditado que la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social emitió actas de cierres de las diligencias administrativas instaurado por las señoras Debbie Reconco Muñoz, Emelina Moreno Ulloa y Leyla Pamela Mejía Macedo, las que obran a folios 114 al 116, y para efecto de computar el término de dos meses que establece la ley en su art. 864 del CT, el mismo inicia en fecha 01 de septiembre del año 2022 y finaliza el 01 de noviembre del citado año 2022, y al haber sido incoada la presente demanda el 09 de noviembre del año en mención, se comprueba que la demanda fue interpuesta ante el Juzgado Competente cuando ya había vencido el término de 2 meses que la ley establece al efecto, por tal razón al momento de interponer la acción se encontraba fuera del plazo, cabe advertir que por el hecho de solicitar nuevas cedulas de citación para que comparezca la demandada a conocer del reclamo laboral, estas citaciones emitidas con posterioridad no interrumpen el término de prescripción para presentar la demanda, como reiteradamente lo tiene establecido este Tribunal, de no ser así no habría forma de producirse la prescripción y se estaría en contravención a lo dispuesto en el artículo 867 del Código del Trabajo”; es de aclarar, indistintamente de la pretensión reclamada en el Ministerio del Trabajo, el mismo nació con ocasión del cese laboral, de ahí que no es atendible el argumento que primero se reclamaron prestaciones y luego el reintegro, pues es a partir del cierre de diligencias inicial que inicia el terminó para accionar; así las cosas, resulta procedente declarar con lugar la excepción perentoria de prescripción; finalmente esta ALZADA, observa que en el dictado del fallo la AQUO equivocó el nombre de la demandante al consignarlo como LEYLA PAMELA MORENO, siendo su nombre correcto LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO, en tal sentido se debe de tener aclarado el nombre de la demandante, en el dictado del fallo y en la parte dispositiva del mismo; por los razonamientos que contiene el presente fallo, esta Alzada estima no atendibles los argumentos expuestos por los demandantes; en consecuencia, es procedente CONFIRMAR la sentencia impugnada, por encontrarse dictada conforme a derecho y de igual manera tener por corregido el nombre de la demandante LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO, siendo estos sus nombres y apellidos correctos. 5.- Mediante auto de fecha 31 de enero del 2024, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada JENNY LIZETTE MATAMOROS CONTRERAS, en su condición de representante procesal de los señores demandantes; y el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a los recurrentes por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación de la siguiente forma: a) A la apoderada demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) Al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6.- En fecha 13 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada JENNY LIZETTE MATAMOROS CONTRERAS, en su condición de representante procesal de los señores demandantes, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 14 de octubre del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación.; y en fecha 27 de noviembre del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 06 de febrero del 2025, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado, se ordenó dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de enero del 2026, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada JENNY LIZETTE MATAMOROS CONTRERAS, en su condición de representante procesal de los señores demandantes; no así el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por lo que, en proveído de fecha 21 de enero del 2026, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, para contestar el recurso de casación, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada JENNY LIZETTE MATAMOROS CONTRERAS, en su condición de representante procesal de los señores DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENO ULLOA, LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO y otros en su primer y único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL PRIMER MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el articulo 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de F.M.F. en forma definitiva y unanimidad de votos la sentencia dictada EN FECHA NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRES, visibles a folio treinta y nueve (39) al folio cuarenta y siete (47) de la pieza separada con número de expediente de segunda Instancia 0501-2023-296.- IIRB que en su acápite Primero CONFIRMO en todas y cada una de su partes la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintitrés (2023), visibles a folios cuatrocientos cuarenta y tres (443) al folio cuatrocientos cuarenta y ocho (448) de la pieza principal de autos registrada bajo el número de expediente 775-22 de primera instancia, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud H.M. que el fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contienen una mal aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la relación laboral que existió entre la demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de contrato de Servicios Profesiones por tiempo determinado, pero consecutivo e ininterrumpido, por lo que no ameritaba expresar causa justa alguna de despido, además en la Sentencia definitiva de fecha VEINITOCHO (28) de JUNIO del año dos mil veintitrés (2023), dicha sentencia no se encuentra apegada a derecho por inobservancia tanto de los hecho como la valoración de la prueba en la que soporta como fundamento de derecho el articulo 705 numeral 2 del código procesal civil, al exponer en el numeral quinto de los fundamentos de Derecho, en la sentencia en cuestión “que la gestión de Reclamo interpuesta el 30 de septiembre del año 2022 ante la procuraduría del trabajo dependencia de la secretaria de trabajo y seguridad social no interrumpe el termino de prescripción, siendo que consta dicha solicitud de Reclamo en folio número 120 el cual se interpuso en tiempo y forma puesto que no había precluido los 2 meses, por lo cual la Secretaria de Trabajo y seguridad Social emitió una Constancia de Cierre de fecha 18 de octubre del año 2022 de dicho Reclamo el cual consta y obra en folio número 70. SEGUNDO: En la parte dispositiva de la Sentencia definitiva del fallo numeral Tercero: Declara sin Lugar la demanda Laboral violentando el derecho a la tutela judicial efectiva el cual es un derecho fundamental que garantiza el acceso a la justicia y protección de los derechos de las trabajadoras; También en el fallo numeral Cuarto: Declara con Lugar la Excepción Perentoria de Prescripción de la acción interpuesta por la parte demandada, la cual es improcedente ya que constan pruebas documentales en la continuación de la Audiencia primera de trámite de fecha 18 de abril del presente año 2023 en folio 112 aportadas por la parte actora consistentes en a) tres convocatorias para audiencia de conciliación de fecha 22 de agosto del año 2022 de cada una de las trabajadoras lo cual consta en folio número 117, 118 y 119; b) Tres actas de cierre de las diligencias administrativas conciliatorias de fechas 01 de septiembre del año 2022 lo cual consta en folio 114, 115, 116; c) Solicitud de Reclamo Administrativo de Reintegro interpuesto ante La Procuraduría del Trabajo de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de fecha 30 septiembre del año 2022 recibido en tiempo y forma el 30 de septiembre del año 2022 el cual consta en folio número 120, por lo que hay inobservancia del juez de la prueba aportada, por lo que el plazo fue ampliado con la interposición del Reclamo Administrativo de Reintegro para no dar por prescrito el termino de los 2 meses, por lo que se extendió Constancia de Cierre Administrativo de la Procuraduría de Trabajo de fecha 18 de octubre del año 2022 según consta en folio 36 dando por agotado el procedimiento gubernativo tal como lo establece el artículo 691 reformado del código de trabajo para que pueda interponer demanda ante el juzgado laboral por lo que se está en tiempo y forma sin precluir su derecho de los 2 meses para interponer demanda laboral de reintegro”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) omite señalar norma sustantiva violada en la formulación es hasta en la explicación que cita como normativa el articulo 705 numeral 2 del código procesal civil, el cual pertenece al ámbito procesal civil y no al laboral ; y, c) formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- Que el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su primer motivo de casación alega “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. La sentencia impugnada ha sido emitida CON ERRORES E INJUSTICIA JUDICIAL Y DE SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA, POR INFRACCION DIRECTA, APLIACION INDEBIDA O INTERPRETACIÓN ERRÓNEA. PRIMER MOTIVO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral por error de hecho por la falta de valoración de los medios documentales admitidos a la parte demandada que en adelante se singulariza en relación a las demás pruebas en conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en autos y que llevo en forma indirecta a la Corte de Apelaciones sentenciadora a la violación del artículo 46 letra b), 864 y 867 del Código de Trabajo como normas sustantivas vulneradas del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral segundo del artículo 719 del Código Procesal Civil y 765 párrafo segundo del Código de Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MECANISMO PARA LA VIOLACION DE LA SUSTANCIA SEÑALADA están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN El concepto de la infracción lo explico así: La Corte Sentenciadora para emitir su fallo confirmando por unanimidad de votos del fallo emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortes y sometida al conocimiento de esta Honorable Corte Suprema de Justicia mediante este Recurso extraordinario de Casación lo hace la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes incurriendo en un error de hecho por la falta de la apreciación de toda las pruebas y la potestad Administrativa del Estado de poder producir los contratos y acuerdos enmarcados en las Atribuciones otorgada por la Constitución de la Republica y el Código Tributario vigente y que su aplicación fueron sumamente explicados por lo que se refleja la ausencia de apreciación lógica de la contratación bajo la aplicación de los principios de la sana critica ya que la relación con mi Representada era y que fue aceptada por los demandantes al firmar los respectivos contratos a término, y dado que una de las partes no tenía voluntad de renovar contratos, la decisión de no renovación se les notifico la determinación de no contratarlos la cual se les advirtió al tribunal que la legislación laboral establece la modalidad de los contratos de trabajo por tiempo determinado o limitado, cuya terminación o vigencia fue pactada y aceptada por el suscritor del mismo la cual prueba que no fue apreciada en su conjunto por las instancias que injustamente sentenciaron a mi Representada en ese aspecto el Juzgador no estaba sujeto a una Tarifa legal de las pruebas sino que forma libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, pero esto no impedía que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos para impartir justicia en estricto cumplimiento a la ley por lo que devenía que efectuara las apreciaciones de las pruebas en su conjunto como una obligación imperativa la que debe ser acertada, razonada y completa y que en el caso particular que si el tribunal hubiera apreciado los medios de prueba se hubiera dado por establecido en forma indubitable que lo solicitado por el demandante hubiere sido declarado SIN LUGAR no obstante fue en desventaja de mi Representado que solamente se haya concretado a determinar la existencia de que la contratación era por tiempo limitado o servicios determinados formas transitorias de relaciones que constituyen excepciones a la regla general de duración indefinida por lo que si la prueba aportada materialmente a los autos hubiese sido valorada que no fue así, lo que constituye un error reparable por este Recurso de Casación y que provoca una Injusticia Judicial por la violación a lo dispuesto en los artículos 46, 864 y 867 del Código Laboral En consecuencia Honorable Corte Suprema de Justicia procede se case la sentencia en el presente motivo, ante la evidente violación de la ley esto en razón Honorable Juez No es suficiente la afirmación que hagan las partes demandantes en sus hechos de demanda, ya que deben fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en el juicio, pues en materia probatoria, este es un principio universal la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Honorable Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio. Es menester Honorables Magistrados de esta Sala Laboral Contencioso Administrativo La contratación del Demandante estaba sujeta al Plan Operativo Anual (POA) conforme a las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República en estricto apego a lo establecido en el artículo 364de la Constitución de la República que estatuye: “No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias” No obstante el demandante, al procurar que se le paguen y otorguen derechos que no le corresponden, tal como lo exige en su improcedente demanda, únicamente pretende extraer del erario público cantidades que no son dignas de tutela Jurídica, pues los derechos exigidos por la parte actora son beneficios reconocidos únicamente para empleados con status permanente y que cuentan con un renglón presupuestario acordado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. A los demandantes se le pagaba sus servicios cada fin de año en concepto total de prestaciones e indemnizaciones laborales seria improcedente la imposición al reintegro, permanencia y salarios dejados de percibir que erróneamente y de manera infundada pretende la parte requirente, ya que un acto es consecuencia del otro, pues el derecho al reintegro y al pago de salarios dejados de percibir y otros imaginarios derechos surte efecto en el caso en que el despido sea injustificado, que no es el caso que nos ocupa en vista de que lo acaecido fue la llegada a la fecha de finalización del contrato por tiempo determinado y al no existir despido, el juez se ve vedado en calificarlo como justificado o injustificado, por lo que se debe desestimar cualquier pretensión que busque algún tipo de reconocimiento de un derecho subjetivo. Honorables Magistrados en este orden de ideas, señalo además lo establecido en el Artículo 1552 del Código Civil, el cual utilizamos en materia laboral de forma supletoria de conformidad al Artículo 858 del Código de trabajo; y cito: “Articulo 1552: No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. Consentimiento de los contratantes; 2. Objeto cierto que sea materia del contrato; 3. Causa de la obligación que se establezca”; en ese sentido, Si el objeto de la relación contractual laboral de los demandantes se extingue, podría ser un contrato legitimo?, si uno de los elementos se extingue, consecuentemente, la razón de ser del contrato como es el objeto de prestar el servicio aduanero se extingue; agregado a esto, el Artículo 1346 del mismo Código, establece que: “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y casi contratos y de los actos y omisiones ilícitos en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia” y el Artículo 1347 señala que: “Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales”. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) entre las normas que indica como violadas el articulo 46 literal b) del código de trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) el articulo 719 numeral segundo del Código Procesal Civil que señala como precepto autorizante este no ostenta esa calidad; y, formula alegatos de instancia. VI.- Que el Censor formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente; “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION CONSISTENTE EN LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES POR EXISTIR EVIDENTES VICIOS Y ERRORES POR FALTA DE APRECIACION: Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de normas procesales por la forma violatoria al debido proceso que afectaron el contenido de la sentencia, por la falta de motivación fáctica. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en el literal c) del numeral uno del artículo 211, 212 numeral 14, 719 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN El concepto de la infracción lo explico así: Que deje bien evidenciado a la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortes que esta Representación del Estado es respetuosa de todos los procedimientos judiciales en que este se mira inmiscuido, en razón a esto se hace ver a este Honorable Tribunal Supremo la facultad de la POTESTAD DE AUTOORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA que en Derecho Administrativo otorga a la Administración Pública y en la que se encuentra dotada de diversas potestades derivadas del imperium atribuido constitucional y legalmente, entre estas potestades se encuentra la potestad de autoorganización, definida como aquella que permite a cada Administración Pública estructurar sus propios medios y servicios del modo que más conveniente resulte para el mejor ejercicio de sus competencias y la más adecuada satisfacción de sus fines. Cada Administración tiene que decidir cómo articula los servicios públicos de su competencia orientando estos al objetivo, la jerarquía, la responsabilidad y la cadena de mando conformadas a lo interino, las que se ven investidas de la potestad organizativa; es decir, se encuentra legitimado para llevar a cabo su autoorganización dentro de los límites impuestos por la Constitución de la Republica y las Leyes. Esta potestad administrativa se encuentra comprendida en el artículo 14 numeral 4 de la Ley General de la Administración Pública que dice: “El Presidente de la República, por Decreto en Consejo de Ministros, podrá emitir dentro de la Administración Pública centralizada las normas requeridas para: 1) … 4) Reorganizar aquellas dependencias que la eficiencia de la Administración demande…”. Por ende, la Administración en un fin de interés general buscará la optimización en el uso de los recursos materiales y humanos, buscando la calidad de los servicios y la buena gestión económica. Con ello, su estructura se conforma de manera jerárquica, entendiéndose los de nivel superior que hacen primar su voluntad sobre los de Inferior en el ejercicio de potestades legalmente atribuidas. Todo lo anterior con el fin de aumentar su eficiencia y eficacia, logrando mejorar los servicios que ésta presta y basado en el principio de supremacía del interés general sobre el interés particular, principio que cimienta y desarrollo al propio Derecho Administrativo; supremacía que implica que estos dos intereses, el general y particular, no siempre puedan entenderse complementariamente, incluso armónicamente y que en consecuencia el interés que debe prevalecer es el general que implica un beneficio mayor para la colectividad. El interés general es el concepto clave para comprender el sentido y funcionalidad del Derecho Administrativo, y desde este concepto es que se puede comprender el alcance real de los poderes y potestades de la Administración. La creación, modificación, fusión, escisión o supresión de las dependencias de la Administración Pública se fundamenta y responde al ejercicio de la potestad de autoorganización y del principio de supremacía del interés general, proceso basado y en atribuciones dadas por el ordenamiento jurídico y en motivos de satisfacción del interés general, esta forma de proceder constituye la buena administración y el principal patrón de conducta que preside el entero quehacer de la Administración Pública. Pretender imponer intereses particulares de los servidores públicos afectados por reorganizaciones o reestructuraciones equivale a dejar de manifiesto el desconocimiento que se tiene del Derecho Administrativo, sus instituciones jurídicas y sus conceptos claves, sobre todo, quedaría en evidencia que el Estado mismo no puede orientar su actuación en aras de concretar el interés general. En el fondo de decisiones adoptadas por la Administración Pública en el ejercicio de su potestad de autoorganización no resulta susceptible de revisión judicial, en la medida en que el juez de lo contencioso administrativo no puede sustituir el ánimo de organización de la Administración. Esta potestad se ejerce en condiciones de Amplia discrecionalidad y no puede ser ejercida por otra autoridad pública distinta de la que ostenta su competencia directa, lo contrario también seria admitir el rompimiento del equilibrio y no subordinación entre Poderes del Estado, tampoco la competencia organizativa se encuentra limitada por hipotéticos derechos de los empleados públicos (el mismo Derecho Público-Administrativo da respuesta a la diferencia entre ser empleado público y trabajador, teniéndose por sentado que esta Judicatura conoce y comprende estas diferencias, tal y como la Constitución de la República lo determina). RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION Los empleados públicos (Regulados desde la constitución desde los artículos 256 y 293) responden a lo que en Derecho Público Administrativo se conoce como relaciones de especial sujeción, estas relaciones son vínculos administrativos entre los particulares administrados y la Administración Pública. Este vínculo administrativo implica subordinación y se les confía el ejercicio de la función Pública esto mediante la contratación libre de lo anterior, el servidor público no entra en relaciones laborales, si no que su vínculo se enmarca en la libre contratación otorgada a la Administración pública y no en el Derecho Laboral, en consecuencia, sus principios, criterios, fundamentos y finalidades no pueden ser confundidas ni interpretadas de igual manera. No es accidental que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconozca estas diferencias e inclusive existe el C151Convenio sobre las relaciones de trabajo en la Administración pública 1978 y que en términos jurídicos se hable de carrera administrativa o carrera policial para referirse a la naturaleza y vinculo diferenciado entre la Administración pública y el particular, respecto a los otros vínculos de empleo como el laboral que se aplica en ámbitos distintos del Servicio Público. Los regímenes de sujeción especial conllevan, entre otros, limitaciones de ciertos derechos esenciales del empleado, como ser huelga o ausencia, en virtud que la continuidad del servicio público y la satisfacción del interés general priman por sobre el particular. Normalmente hay regímenes de responsabilidad diferenciada, de ahí que las consecuencias a las acciones u omisiones de los empleados públicos generan directamente responsabilidad administrativa. Cabe acotar que poco o nada ha servido que la constitución distinga nítidamente estas categorías jurídicas, si poco a poco se ha obviado la distinción doctrinal-constitucional que inspiro al constituyente por una insipiente jurisprudencia que afecta directamente al interés general y por ende al desarrollo económico y social del país por condenar a indemnizaciones que jurídicamente no proceden y cuya responsabilidad recae en quien las otorga, asimismo, se priva a la administración pública del ejercicio de sus potestades y se le somete a interpretaciones no propias del Derecho Público, dejando en evidencia el desconocimiento de los principios doctrinales aplicables. Asimismo, La supresión de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) que, ahora es ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS en relación con sus empleados y a su vínculo con la Administración no constituye una causal de Despido es solo una de las formas de determinación del vínculo del empleo público, pero no la única de ellas. La terminación de la relación de servicio de los empleados de DARA, que fue escindida derivada del articulo 22 numeral 3 de la LGAP, en caso de que el servidor nombrado en alguna de las plazas-estructuras presupuestarias no sea reasignado en otra plaza estructura deberá ser cancelada como consecuencia lógica e inevitable de la supresión ordenada. Lo anterior, como se ha explicado, no como resultado de un procedimiento Administrativo disciplinario en virtud que la escisión de DARA es un procedimiento autónomo e independiente que no implica que se generen cargos o descargos, pues al administrado no se le imputa una conducta reprochable, siendo lo correcto entender que la autoorganización administrativa responde al Jus variandi de la Administración en lo que refiere a la organización de los mismos, y que debido a la escisión de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, que fue separada de la DEI, ente desconcentrado suprimido dio como resultado la terminación de todos los nombramientos de los empleados con dichas instituciones, sin que ello presumiera una vulneración del derecho de ser Indemnizados. En temas de esta naturaleza el Tribunal Supremo español ha indicado que en lo relativo a la facultad que tienen las administraciones públicas para autoorganizarse, únicamente es admisible el control sobre el procedimiento establecido en las leyes o reglamentos para su ejercicio, es decir que en el contexto bajo examen, únicamente para la emisión del Decreto que aplique el articulo 22 numeral 3 de la LGAP y no para el control del contenido de este, en virtud que, en el marco de la autoorganización, solo la administración pública puede decidir libremente que tipo de medio o mecanismo es preciso para afrontar un determinado fin, responsabilidad fiscalizable políticamente pero que no resulta posible de valoración Judicial. Por LA NO OBSERVANCIA DE ESA POTESTAD ADMINISTRATIVA otorgada por el Derecho Administrativo produce NULIDAD por lo que esta se debió decretar de oficio. Es así, Honorable Corte Suprema de Justicia que mi representada y su contraparte receptora del servicio, suscriben el convenio denominado “Contrato de Servicios Aduaneros”, que tiene por objeto el compromiso a prestar sus servicios personales por tiempo definido en forma exclusiva, dedicando todo su esfuerzo y capacidad en el cargo de Regímenes Especiales y con la finalidad de que se proceda a la asignación del personal idóneo y técnico para realizar el control aduanero dentro del área otorgadas en derecho a de la empresa beneficiaria, a través del pago de un Canon Operacional, el cual contempla tres elementos: 1. PASIVO LABORAL DEL EMPLEADO TERCERIZADO (SALARIOS, DÉCIMO TERCER Y CUARTO MES, VACACIONES Y CESANTIA), 2.- SUPERVISIÓN FISCAL, Y 3. MARGEN DE UTILIDAD. Este pago es depositado por la empresa en concepto de servicios aduaneros a la cuenta de la Tesorería General de la República, objeto del gasto 121; y una vez consignado el monto pactado, la Administración Aduanera procede hacer el pago salarial a los empleados asignados a la empresa y realizar las supervisiones periódicas en aras de constatar el buen servicio. En conclusión las instancias de conocimiento Juez de Instancia y Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes declara con lugar la demanda y confirma la misma declarando NO ha lugar el recurso de Apelación bajo los infundados HECHOS PROBADOS: que según estos fueron deducidos del análisis en su conjunto a los medios de prueba se logró acreditar las circunstancias siguientes: a) Los señores ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, suscribieron con el Estado de Honduras a través de la oficina de Administración Aduanera de Honduras, varios contratos de trabajo bajo la denominación de contrato de servicios de regímenes especiales por tiempo definido, los que se encuentran agregados en los folios 297 al 438, relación laborar que llegó a su fin por decisión de la patronal al no renovar los contratos de trabajo; b) Que en fecha 01 de septiembre del 2022, el Conciliador Laboral del Ministerio del Trabajo, cerró las diligencias administrativas de los señores DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENA ULLOA Y LEYLA PAMELA MEJÍA MACEDO; posteriormente ante la Procuraduría del Trabajo, las mencionadas señoras instauraron reclamo administrativo, ver folios 114 al 120.- MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA. PRIMERO: Conforme a su duración y a lo dispuesto en el Artículo 46 del Código del Trabajo, las relaciones de trabajo además de ser por tiempo “indefinido” pueden también convenirse por tiempo “limitado” cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo; y, “por obra o servicios determinados”; ello es razonable pues aun y cuando sea cierta la necesidad de la permanencia de los trabajadores en sus trabajos, la Ley también tiene presente que en ocasiones el empresario además de sus trabajadores de planta, requiere de servicios eventuales de trabajadores por alguna causa extraordinaria y transitoria que se presenta, siendo ante esa necesidad que el legislador ha previsto esas dos formas de relaciones transitorias que constituyen excepciones a la regla general de duración indefinida de las relaciones de trabajo; por consiguiente, para que sean licitas y tengan validez es necesario que exista una causa extraordinaria y transitoria que no amerite permanentemente los servicios del trabajador (así lo ha sostenido éste Tribunal en los expedientes números 9334, 9428, 9485 9952, 9981, 10130, 10235 entre otros y que en el presente caso se reitera) SEGUNDO: La Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia a fin de establecer una línea jurisprudencial ha dejado sentado que “no es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida prevalece el principio de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y sólo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita” (Casaciones números 09-11, 232-12 y 468-12).- TERCERO: En sus agravios refiere la parte demandada que los señores ISRAEL ZAMORA JIMENEZ Y JORGE MAURICIO FLORES ELVIR, fueron contratados temporalmente para un periodo del 27 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022, y el siguiente periodo del 01 de julio del 2022 al 31 de agosto del 2022, y al haberse celebrado varios contratos por tiempo definido, no adquieren por sus servicios la calidad de un empleado permanente ya que existe una garantía bancaria donde está incluido el canon operacional que es el salario y demás derechos que paga la empresas al utilizar las zonas libres donde se le presta el servicio de vigilancia y fiscalización por parte del servicio aduanero; al respecto, esta CORTE, pudo constatar que la relación de trabajo que vinculó a las partes en conflicto inició con la suscripción de un contrato de servicios de regímenes especiales por tiempo definido No.073/2021 y 0241/2021, que tuvo su génesis con el señor Israel Zamora Jiménez en fecha dos de enero del 2020 y con el señor Jorge Mauricio Flores Elvir, en fecha veinticinco de diciembre del 2020, ver folios 297 y 392 ppa, dichos contratos de trabajo fueron prorrogados hasta el 01 de julio del 2022 ver folios 374 y 438; y siendo que de la prueba aportada al juicio se demostró que los trabajadores Israel Zamora Jiménez y Jorge Mauricio Flores Elvir, se desempeñaron en forma continua e ininterrumpida, desempeñándose en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho de Regímenes Especiales, de manera que dicha relación debe considerarse por tiempo indefinido al tenor de lo dispuesto en los Artículos 47 y 52 párrafo último del Código del Trabajo; así las cosas, su finalización sólo puede darse por la concurrencia de causa justa o legal, situación que no sucede en el presente caso, al observarse de los Memorandos Aduanas GNGTH-2837-2022 y GNGTH-2837-2022 de fecha 26 de agosto del 2022 visibles a folios 27 y 29 de los autos, por medio del cual se les comunica la terminación laboral, invocando la patronal la cláusula cuarta del contrato en lo que respecta a la vigencia del mismo, y que durara desde el 01 de julio del 2022 hasta el 31 de agosto del 2022, como se aprecia esta no puede considerarse una causa justa para dar por despedido a un empleado y de igual manera lo invocado por la patronal no está contemplada en las causales que señala el artículo 111 del CT. por lo anterior no puede prosperar los garantía bancaria donde está incluido el canon operacional que es el salario y demás derechos que paga la empresas al utilizar las zonas libres donde se le presta el servicio de vigilancia y fiscalización por parte del servicio aduanero; al respecto, esta CORTE, pudo constatar que la relación de trabajo que vinculó a las partes en conflicto inició con la suscripción de un contrato de servicios de regímenes especiales por tiempo definido No.073/2021 y 0241/2021, que tuvo su génesis con el señor Israel Zamora Jiménez en fecha dos de enero del 2020 y con el señor Jorge Mauricio Flores Elvir, en fecha veinticinco de diciembre del 2020, ver folios 297 y 392 ppa, dichos contratos de trabajo fueron prorrogados hasta el 01 de julio del 2022 ver folios 374 y 438; y siendo que de la prueba aportada al juicio se demostró que los trabajadores Israel Zamora Jiménez y Jorge Mauricio Flores Elvir, se desempeñaron en forma continua e ininterrumpida, desempeñándose en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho de Regímenes Especiales, de manera que dicha relación debe considerarse por tiempo indefinido al tenor de lo dispuesto en los Artículos 47 y 52 párrafo último del Código del Trabajo; así las cosas, su finalización sólo puede darse por la concurrencia de causa justa o legal, situación que no sucede en el presente caso, al observarse de los Memorandos Aduanas GNGTH-2837-2022 y GNGTH-2837-2022 de fecha 26 de agosto del 2022 visibles a folios 27 y 29 de los autos, por medio del cual se les comunica la terminación laboral, invocando la patronal la cláusula cuarta del contrato en lo que respecta a la vigencia del mismo, y que durara desde el 01 de julio del 2022 hasta el 31 de agosto del 2022, como se aprecia esta no puede considerarse una causa justa para dar por despedido a un empleado y de igual manera lo invocado por la patronal no está contemplada en las causales que señala el artículo 111 del CT, por lo anterior no puede prosperar los agravios esgrimidos por el impetrante. CUARTO: En lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por la parte actora esboza como agravios que el término de la prescripción no se encontraba prescrito, al momento de interponer la acción para solicitar el reintegro, por haberse abocado a la Secretaría de Trabajo a solicitar nuevamente reclamo laboral en fecha treinta de septiembre del 2023, por lo que se extendió una segunda citación y se convocó a la patronal, no interponiendo ningún desacuerdo y extendiendo la Procuraduría una constancia de cierre administrativo de fecha 18 de octubre del 2023, con estas acciones se demuestra que prescribió el plazo para interponer demanda de indemnizaciones sociales para el pago, pero no prescribió el plazo para interponer demanda de reintegro; de lo antes expuesto, es preciso señalar que de acuerdo a la doctrina libro derecho laboral Colombiano, Dr. Guillermo Gonzales Charry), “la prescripción de acciones y derechos nacidos del contrato de Trabajo es extintiva, esto es, que por su efecto, se pierde para el titular de unas y otras el derecho correspondiente”, ello es porque se busca evitar el sometimiento a juicio de causas que no podrían ser racionalmente discutidas, porque se ha dejado pasar un tiempo prolongado desde que efectivamente ocurrieron; “Y aun cuando por principio el derecho de trabajo no contiene prescripciones de largo tiempo como las ordinarias del derecho común, sino que se ha orientado por las de corto tiempo, tendiente a una pronta definición de los derechos del trabajador, la consecuencia a la postre es idéntica, puesto que transcurrido ese lapso sin actividad alguna del interesado, la acción para reclamar su derecho deja de tener eficacia y puede enervarse definitivamente demostrando su inactividad; Nuestra normativa laboral señala la prescripción en el art. 862. Bajo este marco legal si bien es cierto la prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el CT, o que sea como consecuencia de la aplicación del mismo, esta ópera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que se termina y cumplidos estos requisitos indubitados puede ser formulada en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado para que se determine de esta manera de forma clara y precisa partiendo del acaecimiento o conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia o estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social; en el caso sub lite, quedó acreditado que la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social emitió actas de cierres de las diligencias administrativas instaurado por las señoras Debbie Reconco Muñoz, Emelina Moreno Ulloa y Leyla Pamela Mejía Macedo, las que obran a folios 114 al 116, y para efecto de computar el término de dos meses que establece la ley en su art. 864 del CT, el mismo inicia en fecha 01 de septiembre del año 2022 y finaliza el 01 de noviembre del citado año (2022), y al haber sido incoada la presente demanda el nueve de noviembre del año en mención, se comprueba que la demanda fue interpuesta ante el Juzgado Competente cuando ya había vencido el término de dos meses que la ley establece al efecto, por tal razón al momento de interponer la acción se encontraba fuera del plazo, cabe advertir que por el hecho de solicitar nuevas cedulas de citación para que comparezca el patrono a conocer del reclamo laboral, estas citaciones emitidas con posterioridad no interrumpen el término de prescripción para presentar la demanda, como reiteradamente lo tiene establecido este Tribunal, de no ser así no habría forma de producirse la prescripción y se estaría en contravención a lo dispuesto en el artículo 867 del Código del Trabajo”; es de aclarar, indistintamente de la pretensión reclamada en el Ministerio del Trabajo, el mismo nació con ocasión del cese laboral, de ahí que no es atendible el argumento que primero se reclamaron prestaciones y luego el reintegro, pues es a partir del cierre de diligencias inicial que inicia el terminó para accionar, así las cosas, resulta procedente declarar con lugar la excepción perentoria de prescripción. QUINTO: Finalmente esta ALZADA, observa que en el dictado del fallo la AQUO equivocó el nombre de la demandante al consignarlo como LEYLA PAMELA MORENO, siendo su nombre correcto LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO, en tal sentido se debe de tener aclarado el nombre de la demandante, en el dictado del fallo y en la parte dispositiva del mismo. SEXTO: Por los razonamientos que contiene el presente fallo, esta Alzada estima no atendibles los argumentos expuestos por los apelantes; en consecuencia, es procedente CONFIRMAR la sentencia impugnada, por encontrarse dictada conforme a derecho y de igual manera tener por corregido el nombre de la demandante LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO, siendo estos sus nombres y apellidos correctos. POR TANTO: esta Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR al recurso de apelación interpuesto por los Abogados Daniel Enrique Canales Santos y Jenny Lizette Matamoros Contreras, en la condición en que actúan respectivamente, contra la sentencia definitiva proferida en fecha veintiocho de junio del dos mil veintitrés, por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma Sección Judicial, en la demanda de la referencia. SEGUNDO: Se CONFIRMA la referida sentencia en todos sus extremos. TERCERO: Se establece que una de las demandantes es la señora LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO, por lo que el pronunciamiento de la AQUO, es en razón de ella. CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia por ser las normas del trabajo eminentemente sociales y por considerarse que a los recurrentes le asisten motivos racionales para litigar. Y MANDA: Que se notifique de la presente sentencia a los apoderados legales de las partes; asimismo, el Procurador del Regional del Trabajo en representación del Ministerio Público; asimismo contra la presente sentencia puede interponerse el recurso de casación ya bien en esta audiencia o por escrito dentro de los cinco días siguientes conforme lo dispuesto en el artículo 766 del Código del Trabajo; escrito que podrá presentarse en la central de recepción siguiente dirección de documentos o por la vía electrónica armorales@poderjudicial.gob.hn:por la vía electrónica extiéndase copia de la presente FALLO a los representantes procesales; a través de la Secretaria de Tribunal, devuélvanse los antecedentes al lugar de su procedencia junto con la Certificación de estilo para los trámites legales correspondientes NOTIFIQUESE Redacto Delmy Elizabeth López. Notificado que fue de la sentencia que certificación de estilo, para los trámites legales correspondientes. NOTIFIQUESE. antecede a la apoderada demandante apelada y apelante Abogada JENNY LIZETTE MATAMOROS CONTRERAS, quien dijo: Me notifico de la presente audiencia firma y sello para constancia. Con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia firmándose esta Acta por las Señoras Magistradas, el señor Magistrado, la compareciente y la secretaria del Tribunal quien da fe de todo lo actuado”. VII.- Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que el Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 y 769 del Código del Trabajo, carece de concepto de la infracción y su exposición es propia de un alegato de instancia, es propia de la casación civil. X.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por los abogados JENNY LIZETTE MATAMOROS CONTRERAS, en su condición de representante procesal de los señores DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENO ULLOA, LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO y otros y ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, ambos en sus motivos formulados respectivamente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por la Abogada JENNY LIZETTE MATAMOROS CONTRERAS, en su condición de representante procesal de los señores DEBBIE FLORENCIA RECONCO MUÑOZ, EMELINA MORENO ULLOA, LEYLA PAMELA MEJIA MACEDO y otros en sus dos motivos 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en sus dos motivos; y, 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. - NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO ROY PINEDA CASTRO COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha dieciséis del mes de abril del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación número CL518-23.
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO