Sentencia CL-40-24 — Registro 20269
Resumen
La Sala Laboral Contencioso Administrativo ha analizado la totalidad del expediente que ha sido sometido a su conocimiento encontrando una total falta de exhaustividad al momento de analizar los medios probatorios vertidos en juicio, conforme al principio de primacía de la realidad, sin olvidar el elemento más sobresaliente de todo el juicio que consiste en que el trabajador permaneció, en forma continua e ininterrumpida, realizando las mismas labores que hizo por años y dentro de las mismas instalaciones en las que siempre se desempeñó. Todo ello fue inobservado completamente por el Ad-quem.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Por lo que, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De conformidad al principio dispositivo este Tribunal de Casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior, y de conformidad con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Por lo anterior, este Tribunal procedió a analizar la totalidad de la sentencia impugnada. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 701 numeral 1) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Producto del precitado análisis, se estima que, en el subjudice, la sentencia recurrida carece de exhaustividad, con base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil. Mediante dicho principio y deber de exhaustividad procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas por las partes (principio acusatorio), después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia. Fase en la que, el juzgador debe detallar cada uno de sus pronunciamientos estableciendo las motivaciones y justificaciones legales que le conllevan a resolver de determinada manera sin dejar a un lado la preponderante aplicación de los principios del trabajo. No sin antes resaltar que esta Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo recuerda la imperatividad del principio de gratuidad que debe imperar en esta materia conforme lo ordena el Artículo 303 de la Constitución de la República y 717 del Código del Trabajo, siendo una excepción únicamente en casos de temeridad o mala fe procesal, de alguno de los intervinientes en el juicio, debidamente acreditada."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 04 de junio del 2024, por el abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, en su condición de representante procesal del señor GUSTAVO ALVAREZ CONTRERAS, como recurrente; además es parte recurrida, la sociedad mercantil denominada AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V., representada en juicio por la abogada GUADALUPE ALEJANDRA VALLE GALLO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de despido, o en su defecto se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que quede firme la sentencia, que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinida una relación laboral, costas en juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha 05 de noviembre del 2018, por el señor GUSTAVO ALVAREZ CONTRERAS, mayor de edad, casado, Vigilante, hondureño y con domicilio en el Municipio de Nacaome, Departamento de Valle, contra la sociedad mercantil denominada AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V., por medio de su representante legal el señor SERGIO CASASOLA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de noviembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 28 de junio del 2023, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUÍN, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la SENTENCIA DEFINITIVA proferida en fecha veintiocho (28) de Junio del año dos mil veintitrés (2023), en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PRUEBA LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO O EN SU DEFECTO CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE DESPIDO, HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA, QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO UNA RELACIÓN LABORAL. - COSTAS DEL JUICIO. - SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. - HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. SE CONFIERE PODER.-, Promovida por el abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, en su condición de representante procesal del señor GUSTAVO ÁLVAREZ CONTRERAS, como parte Demandante, contra el centro de trabajo AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. por intermedio del señor SERGIO IVÁN CASASOLA DÍAZ.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE DESPIDO DIRECTO interpuesto por la abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUÍN, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la SENTENCIA DEFINITIVA proferida en fecha veintiocho (28) de Junio del año dos mil veintitrés (2023) TERCERO: REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA VENIDA EN RECURSO DE APELACIÓN. CUARTO: DECLARAR SIN LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PRUEBA LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO O EN SU DEFECTO CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE DESPIDO, HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA, QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO UNA RELACIÓN LABORAL. COSTAS DEL JUICIO. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. SE CONFIERE PODER, Promovida por el abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, en su condición de representante procesal del señor GUSTAVO ÁLVAREZ CONTRERAS, como parte Demandante, contra el centro de trabajo AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. por intermedio del señor SERGIO IVÁN CASASOLA DÍAZ. - QUINTO: SIN COSTAS ante esta instancia, por aplicación del principio de gratuidad". ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con la demandada el 08 de abril del 2002, como encargado de una finca o Peón Agrícola, ubicada en la comunidad de El Jícaro Galán, Municipio de Nacaome, Departamento de Valle, con un salario mensual semanal de L. 1,700.00; dicha relación de trabajo se regulo mediante la suscripción de varios contratos individuales de trabajo, en labores de naturaleza permanentes y continuas, por lo que al tenor del artículo 47 del Código de Trabajo debían de considerarse como celebrados por tiempo indefinidos, aunque en ellos se expresen términos de duración, ya que la causa que dio origen para la prestación de los servicios contratados subsistieron por todo el tiempo que trabajó para la empresa ahora demandada, tal como se acreditará en el transcurso del juicio. Argumentó que su jefe inmediato y representante de la empresa demandada, para todo el Departamento de Valle, donde la empresa tiene sembradíos, cuando se le vencía los contratos, él se encargaba de llevárselos o si él no podía se los enviaba para que firmara los contratos de forma continua, prevaleciendo la buena voluntad y no la buena voluntad de la empresa, porque cuando desde el inicio en el año 2002, hasta el último contrato firmado, nunca se le dio la oportunidad de revisar los contratos, no se le hizo entrega de ningún ejemplar, por lo que se hizo imposible saber con exactitud las condiciones estipuladas en los mismos; pero que está seguro, que en ningún momento fue contratado para el periodo de zafra, jamás se le dijo eso, si no que se le decía que era el encargado de cuidar la finca o (peón agrícola), en la cañera del Jícaro Galán. En ese caso, al haber suscrito varios contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos se consideraría por tiempo indefinido una relación laboral, quedando reflejado por el simple hecho de estar trabajando por más de 16 años, realizando la misma actividad y para la misma empresa, y que al cerrar la finca en el Jícaro Galán, dejaron de necesitarlo y lo despidieron directamente, sin pagarle prestaciones que por ley le correspondían; con lo anterior expuesto se siento amparado en el Artículo 47 del Código de Trabajo, donde se establece claramente en el caso de estar trabajando por contratos continuos, bajo las mismas condiciones y las mismas causas, por el hecho de que la causa que dio origen para la prestación de servicios subsistieron, así como también se amparaba el artículo 48 del Código de Trabajo, en el sentido del tiempo de trabajo por más de un (1) año, con suscripciones de contratos de trabajo por más de ese tiempo, entonces se presume que de forma tácita una relación por tiempo indefinido, por el tiempo de duración de su relación laboral con la empresa Azucarera La Grecia, coincidiendo los preceptos del artículo 47, en relación con el último párrafo del artículo 52, del Código de Trabajo. Expresó que al momento de su despido, se le envió una hoja de notificación extendida por el jefe de Recursos Humanos de la empresa demandada, donde se le hacía saber que terminaba su relación laboral, hasta el día 27 de junio del 2018, según contrato suscrito por ambas partes en fecha 12/11/2017; pero que el mismo jefe le manifestó que siguiera trabajando y lo pusieron a firmar otro contrato y que no lo dejaron ni siquiera revisarlo, tampoco se le volvió a dar un ejemplar, pero que después le tomó por sorpresa recibió otra notificación de despido por otra empresa conocida como SERVICIOS MARCOVIA S.A., (SERVIMAR), patrono que completamente desconocía, donde se le notificaba que dejaría de estar trabajando para ellos, acción completamente viciada y fraudulenta, porque siempre realizó la misma actividad, en el mismo puesto, para la Empresa Azucarera La Grecia, por lo que presumió que era, el contrato firmado según SERVIMAR, de fecha 16/07/2018, y finalizando el 14/09/2018, por lo que volvió como reitero, una acción nula, ilegal y arbitraria, violentando el mandato del artículo 47, relacionado con el artículo 52, de la legislación laboral, así como las garantías Constitucionales de la estabilidad en el trabajo, señalada en su Artículo 29, de la constitución de la Republica, quedando claro y evidente que la Empresa Azucarera La Grecia, se exime de toda responsabilidad laboral, y no quiere cancelarle sus derechos que le correspondían: arguyó que por tales razones arbitrarias se avocó a la Dirección General de la Inspección de Trabajo, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, de la ciudad de Tegucigalpa, en donde expuso esos extremos, para lo cual se le brindó toda la colaboración, indicándole que esas prácticas ambiguas de dicha empresa, consisten para confundir al empleado, para no pagarles prestaciones laborales, y que por esas acciones esas empresas eran objeto de ser sancionadas conforme a la Ley, por lo que se ordenó oficio a la oficina Regional de la inspección de trabajo en Choluteca, para que se le asignara un inspector de trabajo, quien mediante acta de fecha veinticuatro de septiembre del 2018, se pudo constatar de la falsedad manifestada por el ingeniero MELVIN OMAR LAGOS DEGRANDES, donde no especificó cuál era su verdadera actividad, que no tiene nada que ver con zafra, ni reparación, yo ejercí una actividad de encargado de cuidar la finca, (PEON AGRÍCOLA), en el lugar de jícaro Galán, del Municipio de Nacaome, Departamento de Valle, todos los días del año, sin tener ningún beneficio o derechos laborales; así como también se le violentaron sus derechos al manifestarte al Inspector, que fue contratado por otra empresa, en ese caso SERVIMAR, dejándole completamente en indefensión, para así no poder a quién reclamarles sus derechos, situación que en el ministerio de trabajo le dejaron claro, que quien era su patrono, era Azucarera la Grecia, situación que este podrá tener conocimiento y hacer sus valoraciones y emitir la sentencia condenatoria. Finalmente manifestó que acudió para que se le calculara las prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos, a la Unidad de cálculos de Prestaciones E Indemnizaciones Laborales, de la Secretaria de Trabajo y seguridad Social, arrojando la suma total de L. 206,290.59, cantidad que el patrono demandado deberá de cancelarle, amparado en la garantía Constitucional del Artículo 29 de la Constitución de la Republica. 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil denominada AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que la demandada es una empresa legalmente constituida bajo las leyes de la Republica de Honduras, dejando claramente establecido que en fecha 12 del mes de noviembre del 2017 se celebró con el señor GUSTAVO ALVAREZ CONTRERAS, Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado para labores en "PERIODO DE ZAFRA" finalizando esa relación en fecha 27 del mes de junio del 2018 mediante notificación por escrito que le fue entregada al demandante. expresó que la demandada, por las dimensiones de la empresa, suscribe y ha suscrito contratos de prestación de servicios y técnicos con más de 23 empresas como ser: TRANSPORTES MARADIAGA, TECUN, TECRENT, SERVICIOS DIVERSOS S.A., EMPRESA BARRET, PAPER AND MOORE, SERVICIOS DEL SUR S.A., EMPRESA DE SEGURIDAD ALCOHN, FERRETERÍA HERCO, LABORATORIOS ADAR, ERNS AND YOUNG, CAMOSA, FORMULAS QUÍMICAS, entre otras ya señaladas, extremo que en la secuela del juicio lo probarán y que todas esas empresa descritas anteriormente contratan su propio personal bajo su propia técnica y directiva, es decir, se consideran como verdaderos patronos de sus trabajadores y son ellos los responsables de los derechos que les pudieren corresponder a sus propios trabajadores; y que han investigado y consultado con las diferentes empresas que prestan a la demandante servicios personales y técnicos, y se les informó que el demandante prestó sus servicios personales a la empresa mercantil SERVICIOS MARCOVIA S.A. (SERVIMAR) cuyos contratos se adjuntan al expediente de mérito. Y resulta que su verdadero patrono en fecha 19 del mes de septiembre del 2018 le notificó la terminación del contrato. Este extremo es corroborado con el medio de prueba Documentos Privados que se acreditó en ese acto. Concluyendo, que el demandante promovió su acción a una empresa de la cual no tenía vinculo jurídico alguno, en consecuencia, la demanda era totalmente improcedente por lo que debía ser absuelta de toda responsabilidad laboral. Continuó manifestando que según la documentación que adjuntó el demandante, se demuestró que fue contratado por SERVIMAR S.A. DE C.V., mediante contrato individual de trabajo celebrado por tiempo determinado y aclaró que de conformidad con el artículo Artículo 48 del Código de trabajo que establece: Es nula la cláusula de un contrato de trabajo en que el trabajador se obligue a prestar servicios por término mayor de un (1) año, pero la nulidad solo podrá decretarse a petición del trabajador. Igual disposición regirá para los servicios que requieran preparación técnica especial cuando el término del contrato sea mayor de cinco (5) anos. No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prorroga expresa o tácita. Lo será de esta última manera por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios sin oposición del patrono; tal como lo probaría en juicio que el trabajador en ningún momento solicitó nulidad alguna. Aseveró que el demandante según el contrato adjunto en autos contratado por la empresa SERVIMAR S.A. de manera temporal y en virtud de que ya no eran necesarios sus servicios, esa empresa (SERVIMAR) tomó la determinación de dar por terminada la relación laboral por tenerlo previamente acordado las partes en el contrato, pues, el artículo 26 del C.T., dispone que los contratos obligan a los expresamente pactado, y quedó demostrado que el actor NO fue despedido de forma injusta y anticipada como lo alegó, sino, que simplemente se le notificó la terminación de la relación laboral de la cual previamente tenía conocimiento que sucedería. Asimismo, manifestó que es facultad de toda empresa que contrate personal temporal notificar a sus empleados la terminación del contrato individual de trabajo por tiempo determinado, cuando han finalizado el termino o proceso para el cual haya sido contratado, como se observó que sucedió en el caso de autos, y se pudo determinar que la empresa SERVIMAR S.A. le notificó oportunamente al demandante la terminación del contrato, en aplicación a los artículos 46 literal b). 111 numeral primero del Código de Trabajo y clausula segunda del contrato suscrito con cada uno de ellos, notificación que como recalcó se practicó en la fecha 14 de septiembre del 2018. Que el demandante promovió su acción sin derecho alguno, ya que la demandada no lo despidió, y como lo probará en juicio, en fecha 14 del mes de septiembre del 2018 le fue notificada la terminación por parte de su patrono la Sociedad Mercantil SERVICIOS MARCOVIA S.A.. Finalmente agregó que ese Juzgado ha sentado firmemente precedentes ante ese tipo de acciones laborales y con diferentes jueces y tiempo, como lo era la demanda ordinaria laboral promovida por: 1) el señor WILSON YOVANY GARCÍA y otros, contra la Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A., según expediente que se registra con el No.560-97, dictando Sentencia Definitiva en fecha 10 de febrero de 1998, sentencia que fue ratificada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán; y así hizo mención de otros expedientes, argumentando que acreditaría las sentencias en mención oportunamente; concluyendo que la demanda fue totalmente improcedente, por considerarse su contratación de forma temporal, de manera que la empresa demandada debería ser absuelta de toda responsabilidad laboral. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha 28 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN Opuesta por la parte Demandada.- SEGUNDO: Declarar CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO O EN SU DEFECTO CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO, HASTA QUE SE QUEDE FIRME LA SENTENCIA.- QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO UNA RELACIÓN LABORAL. COSTAS DEL JUICIO. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.-HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.-SE CONFIERE PODER.-Promovida por el Abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, en su condición de Representante Procesal del señor GUSTAVO ALVAREZ CONTRERAS, contra el Centro de Trabajo denominado Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V, representada por el señor SERGIO IVAN CASASOLA DIAZ, representada en Juicio por la abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUÍN TERCERO: CONDENA a la Empresa denominada Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V. a través de su representante legal el señor SERGIO IVAN CASASOLA DIAZ, a pagar al señor GUSTAVO ALVAREZ CONTRERAS, la cantidad de DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 206,290.59) desglosado de la siguiente manera: Preaviso (60.00) L 16,999.80, Cesantía (480.00) L 135,998.40; Cesantía Proporcional: (157.00) L 3,706.90, Vacaciones proporcionales (157.00) L 2,471.27, Aguinaldo Proporcional (254.00) L 5,140.54, Décimo Cuarto mes proporcional (74.00) L 1,497.64; Vacaciones pendientes (40.00) L 11,333.20; Aguinaldo Pendiente (720) L 14,571.42; Décimo cuarto pendiente (720) L 14,571.42.- y a título de Daños y perjuicios los salarios que habrían dejado de percibir desde la terminación de su respectivo Contrato de Trabajo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme esta sentencia.- CUARTO: CON COSTAS”; bajo el criterio que, ha quedado constatado y evidenciado lo siguiente: mediante la prueba denominada Documental Público, propuesta, admitida y evacuada a la parte demandante en continuación de audiencia primera de trámite en fecha 13 de mayo del 2019, se logró acreditar que se agotó el trámite administrativo gubernativo, así como los derechos que le corresponden a dicho trabajador, previo a la instancia judicial, con el Acta circunstanciada emitida por inspector de trabajo de fecha 24 de septiembre del 2018, se logra acreditar de manera fehaciente y contundente según lo declarado por el ingeniero MELVIN OMAR LAGOS DEGRANDES, en su condición de Jefe de Recursos Humanos del centro de trabajo denominado AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. quien expresó: "Que en nuestro caso celebramos contrato por temporada que puede ser Zafra o reparación, el último contrato individual de trabajo por tiempo determinado se celebró el doce de noviembre del dos mil diecisiete y finalizo el veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, por lo que se procedió a la notificación de la terminación del contrato, después la Azucarera La Grecia contrata servicios profesionales con otras empresas ejemplo SERVIMAR, CAMOSA, SERVISUR, por lo que el señor Gustavo Álvarez Contreras estaba contratado a través de SERVIMAR, ellos le notificaron la terminación del contrato debido que no era necesario sus servicios", tomando en consideración lo anterior y siendo que el señor Gustavo Álvarez Contreras, tal como se demuestra con el medio de prueba propuesto por la parte demandante denominado documental privado; se acredita de forma contundente que el demandante tuvo una continua subordinación, recibió un pago y contó con el beneplácito de la empresa AZUCARERA LA GRECIA S.A. para continuar realizando sus labores como Peón agrícola, debido que lo manifestado por el jefe de Recursos de dicha empresa SERVIMAR O SERVICIOS MARCOVIA S.A., es una empresa que depende de la empresa Azucarera La Grecia S.A., y lo anterior denota la mala fe de la empresa antes mencionada para evadir el pago de responsabilidades laborales, razón por lo cual a criterio de esta juzgadora se toma en cuenta la última de relación contractual, en este caso con SERVIMAR S.A., que fue en fecha 14 de septiembre del 2018, tal como lo establece la notificación de terminación de contrato por tiempo determinado (folio 14) venciendo el tiempo para que el trabajador pudiera efectuar cualquier acción ante la empresa Azucarera la Grecia, en fecha catorce (14) de noviembre del año 2018, realizando dicho reclamo el trabajador ante las oficinas del ministerio del Trabajo de esta Regional de Choluteca, en fecha cinco (5) de noviembre del año 2018, por lo que la demanda incoada ante la empresa Azucarera la Grecia fue presentada en tiempo y forma, razón lo cual y en base a lo antes expuesto se declara SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN, debido que la misma se interrumpe por lo declarado por el Jefe de Recursos Humanos de la empresa demandada, y se subsume la interrupción de dicha prescripción en lo que dispone el artículo 868 literal b) del Código de Trabajo que literalmente establece: "Por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquél contra quien transcurre el término de prescripción", asimismo de lo anterior queda claro que queda excluido que el trabajador GUSTAVO ALVAREZ CONTRERAS haya sido contratado para el periodo de Zafra en la empresa AZUCARERA LA GRECIA S.A., de igual forma con el medio de Prueba propuesto por la parte demandada se acredita que la fecha de ingreso del señor GUSTAVO ALVAREZ CONTRERAS fue en fecha ocho (8) de abril del año 2002, según declaración del trabajador mediante evacuación de medio de prueba denominado Interrogatorio de Partes, propuesto por la parte demandada, tomándose como cierta tal aseveración en virtud que la empresa demandada adujo que solamente firmó un contrato entre ellos y el trabajador en tiempo de zafra, el cual inicio en fecha 12 de noviembre del 2017 terminando el 27 de junio del 2018, sin embargo la parte actora logro acreditar mediante depósitos por planillas y recibos de pago que el trabajador anteriormente había estado laborando para la empresa demandada, tomando en consideración los principios protectorios en materia laboral, tales como el PRINCIPIO REAL O PROTECTORIO: Este Principio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador (a), para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador, se desprenden de este principio tres reglas fundamentales instrumentales: 1) IN DUBIO PRO OPERARIO: Criterio que debe adoptar un Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma, cuando ésta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. 2) NORMA MÁS FAVORABLE: En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del Indubio Pro - Operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes. 3) LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA: Hace referencia a que nunca se aplicará una normativa que signifique un retroceso para los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo. Por este principio se entiende que cualquier modificación a las normativas, debe ampliar, y no reducir los derechos del trabajador. PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD: Los jueces pueden dictar sus fallos haciendo mayor acopio a la equidad y a la justicia, tomando en cuenta prioritariamente las circunstancias probadas en autos, comprobadas por el Juez vivencialmente, de dominio público, de cómo se regulan y que tratamiento se proporciona a aspectos puntuales de la relación laboral, en pocas palabras prevalecen los aspectos factico-sustanciales por sobre los jurídicos-formales.- Según lo que dispone el artículo 47 del Código del Trabajo que Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito. Que en virtud de que el Código del Trabajo no contiene una disposición en cuanto a las costas del juicio, de forma supletoria se aplica el principio de vencimiento contenido en el artículo 219.1 del Código Procesal Civil en el cual se establece en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, en virtud de lo cual es procedente la condena en costas a la parte demandada. 4.- La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 30 de noviembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUÍN, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la SENTENCIA DEFINITIVA proferida en fecha veintiocho (28) de Junio del año dos mil veintitrés (2023), en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PRUEBA LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO O EN SU DEFECTO CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE DESPIDO, HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA, QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO UNA RELACIÓN LABORAL. - COSTAS DEL JUICIO. - SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. - HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. SE CONFIERE PODER.-, Promovida por el abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, en su condición de representante procesal del señor GUSTAVO ÁLVAREZ CONTRERAS, como parte Demandante, contra el centro de trabajo AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. por intermedio del señor SERGIO IVÁN CASASOLA DÍAZ.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE DESPIDO DIRECTO interpuesto por la abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUÍN, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la SENTENCIA DEFINITIVA proferida en fecha veintiocho (28) de Junio del año dos mil veintitrés (2023) TERCERO: REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA VENIDA EN RECURSO DE APELACIÓN. CUARTO: DECLARAR SIN LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PRUEBA LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO O EN SU DEFECTO CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE DESPIDO, HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA, QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO UNA RELACIÓN LABORAL. COSTAS DEL JUICIO. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. SE CONFIERE PODER, Promovida por el abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, en su condición de representante procesal del señor GUSTAVO ÁLVAREZ CONTRERAS, como parte Demandante, contra el centro de trabajo AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. por intermedio del señor SERGIO IVÁN CASASOLA DÍAZ. - QUINTO: SIN COSTAS ante esta instancia, por aplicación del principio de gratuidad". Bajo el criterio que, al revisar el numeral TERCERO del escrito de la demanda señaló que se le envió hoja de notificación extendida por el jefe de recursos humanos ingeniero MELVIN OMAR LAGOS DEGRANDES, de la empresa La Grecia, donde se le hacía saber que terminaba su relación laboral con la empresa hasta el día 27 de junio del año 2018, según contrato suscrito por ambas partes en fecha 12/11/2017. A su vez se examinó el Acta Circunstanciada de fecha veinticuatro de septiembre del año 2018 que corre del folio 11 al 12 del expediente de mérito, donde compareció el señor MELVIN OMAR LAGOS DEGRANDES, en su condición de Jefe de Recursos Humanos de la empresa Azucarera La Grecia S.A. de C.V., quien manifestó: "Que en nuestro caso celebramos contrato por temporada que puede ser zafra o reparación, el último contrato individual de trabajo por tiempo determinado se celebró el doce de noviembre del año dos mil diecisiete y finalizó el veinticuatro de junio del año 2018”; por lo que se procedió a la notificación de la terminación del contrato. Después la Azucarera La Grecia contrata servicios profesionales con otras empresas ejemplo: SERVIMAR, CAMOSA, SERVISUR por lo que el señor Gustavo Álvarez Contreras estará contratado a través de SERVIMAR, ellos le notificaron la terminación del contrato debido a que no era necesario sus servicios, por lo que se rechaza su antigüedad. Verificándose dicho despido por parte de SERVICIOS MARCOVIA S.A., en dicha Notificación se establece que se da por terminado el contrato individual de trabajo por tiempo determinado suscrito por la empresa en fecha 16/7/2018, dando por terminado la relación de trabajo con Gustavo Álvarez Contreras a partir del 14/9/2018. Los medios de prueba documental antes relacionados son importantes, puesto que el jefe de Recursos Humanos de la empresa Azucarera La Grecia en ningún momento reconoce que la empresa antes mencionada tenga vínculos de fusión o adquisición de acciones que los relacione directamente o que sus socios fundadores sean socios de la empresa SERVICIOS MARCOVIA, no existe prueba en todo este proceso que así lo demuestre; por el contrario, éste refirió que la Azucarera La Grecia contrataba los servicios profesionales de otras empresas, por lo que el señor Gustavo Álvarez Contreras pasa a ser empleado temporal de la empresa Servicios Marcovia y no de la Azucarera La Grecia. Establecido lo anterior en cuanto a la excepción perentoria de Prescripción encontramos que al señor Gustavo Álvarez Contreras se le notificó la terminación de su contrato individual de trabajo por tiempo determinado, por parte del jefe de Recursos Humanos Melvin Omar Lagos Degrandes 27 de junio del 2018 y es hasta el 25 de septiembre del 2018 que el señor Gustavo Álvarez Contreras compareció ante inspectoría del Trabajo a iniciar el trámite administrativo contra la empresa Azucarera La Grecia, que al revisar el computo del término transcurrido entre el 27 de junio al 25 de septiembre del 2018 resultó haber transcurrido dos (2) meses, veintiocho (28) días de inactividad, pues de los mismos antecedentes no se observó ninguna gestión ante autoridad competente, no obra en autos ningún documento antes de esa fecha que indique que hubo una gestión previa como lo alega el demandante de interrupción del tiempo de la prescripción; con lo cual se entiende que se ha sobrepasado veintiocho (28) días desde que lo despidieron y el reclamo que hace ante la Secretaria del Trabajo; con lo cual entiende este Tribunal de Alzada que operó en contra del demandante la prescripción del despido directo de acuerdo a lo establecido en el artículo 864 del Código del Trabajo. Al declararse con lugar la excepción perentoria de Prescripción de la Acción del Despido directo interpuesto por la parte demandada, no es necesario entrar examen del fondo del asunto controvertido por las partes; en razón de los efectos de la prescripción. En cuanto a las Costas Procesales en esta instancia, el presente caso fue conocido a través del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, por haberse visto fracasado las pretensiones en la sentencia impugnada, no obstante, esta Corte declaro con lugar el recurso de apelación en cuanto a la excepción perentoria de Prescripción de la Acción a favor de la parte demandada, en ese sentido opera el principio de gratuidad de los procedimientos a favor de los trabajadores, en consecuencia de lo anterior la parte demandante no es condenado en costas procesales. 5.- Mediante auto de fecha 02 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, en su condición de representante procesal del señor GUSTAVO ALVAREZ CONTRERAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 04 de junio del 2024, compareció ante este Tribunal el abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, en su condición de representante procesal del señor GUSTAVO ALVAREZ CONTRERAS, formalizando su demanda, exponiendo cinco motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 01 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de octubre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada GUADALUPE ALEJANDRA VALLE GALLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- El acceso a la justicia constituye el derecho fundamental que tiene toda persona natural o jurídica para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. II.- Por lo anterior, toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello, de obtener una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. III.- En línea con lo anterior, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". IV.- Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. V.- Respecto a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” VI.- Por lo que, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. VII.- De conformidad al principio dispositivo este Tribunal de Casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior, y de conformidad con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Por lo anterior, este Tribunal procedió a analizar la totalidad de la sentencia impugnada. VIII.- En cumplimiento a la obligación legal antes citada, se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, observándose que el Ad-Quem, en su sentencia de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), valoró en su quinto y sexto motivo que la acción se encontraba prescrita. Dicha valoración fue realizada infringiendo la normativa laboral, específicamente el Artículo 18 del Código de Trabajo, el cual manda a tener en consideración tanto la Ley como los principios del Trabajo. Dentro de estos principios del trabajo se encuentra el principio de primacía de la realidad, el cual es fundamental para la resolución del presente caso. Este principio establece que se debe dar una preponderancia a los hechos encima de lo que la documentación formalmente establece, logrando con ello una justicia social para el trabajador y el capital. En el caso concreto esta Sala ha analizado la totalidad del expediente que ha sido sometido a su conocimiento encontrando una total falta de exhaustividad al momento de analizar los medios probatorios vertidos en juicio, de los cuales se desprende con facilidad que tanto la sociedad mercantil denominada Azucarera La Grecia S.A. de C.V. como la sociedad mercantil denominada Servicios de Marcovia S.A. contienen idénticos controles en cuanto al código del empleado con idénticos contratos (folios 34 al 36), idénticas cartas de despido (folios 37 y 43) y su número de identificación dentro de ambas empresas (folios 15 al 16 y 78). De ahí que, conforme al principio de primacía de la realidad, ambas sociedades mercantiles se identificaban con el mismo control o gestión administrativa, manteniendo incluso una representación legal compartida en cuanto al Poder General de Administración que la señora Leonor Isabel Pineda Jarquín tiene sobre ambas sociedades mercantiles (folios 30 y 39). Aunado a ello, la propia contestación de la demanda, realizada por una empresa que dice no ser el patrono del trabajador, tiene conocimientos privados y documentación que únicamente podría obtenerse si se tiene un acceso irrestricto a la parte contable y administrativa de la sociedad denominada Servicios de Marcovia S.A. Lo anterior sin olvidar el elemento más sobresaliente de todo el juicio que consiste en que el trabajador permaneció, en forma continua e ininterrumpida, realizando las mismas labores que hizo por años y dentro de las mismas instalaciones en las que siempre se desempeñó. Todo ello fue inobservado completamente por el Ad-quem, ignorando por completo las acertadas afirmaciones y valoraciones realizadas por el Ad-quo. Es por todo lo anterior, que esta Sala considera procedente declarar la nulidad de la sentencia emitida por el Ad-quem a efecto que éste realice una valoración conforme a los principios del derecho del trabajo, en especial el de primacía de la realidad. De manera que, en forma exhaustiva establezca una correcta valoración de los medios probatorios. X.- Producto del precitado análisis, se estima que, en el subjudice, la sentencia recurrida carece de exhaustividad, con base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil. Mediante dicho principio y deber de exhaustividad procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas por las partes (principio acusatorio), después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia. Fase en la que, el juzgador debe detallar cada uno de sus pronunciamientos estableciendo las motivaciones y justificaciones legales que le conllevan a resolver de determinada manera sin dejar a un lado la preponderante aplicación de los principios del trabajo. No sin antes resaltar que esta Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo recuerda la imperatividad del principio de gratuidad que debe imperar en esta materia conforme lo ordena el Artículo 303 de la Constitución de la República y 717 del Código del Trabajo, siendo una excepción únicamente en casos de temeridad o mala fe procesal, de alguno de los intervinientes en el juicio, debidamente acreditada. XI.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18, 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinte de enero del dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación número CL40-24.
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO