Sentencia CL-328-24 — Registro 20266
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la existencia de un despido injustificado, se solicita reintegro en igual o mejores condiciones y el pago de salarios dejados de percibir y los aumentos salariales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el recurrente del fallo alega por la vía del error de derecho, la violación de las normas que determinan el derecho de debido proceso, al no apreciar ni dar valor probatorio al medio prueba denominado Documental consistente en la acta de audiencia de descargo; sin embargo, el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la falta de apreciación de unos documentos, que no fueron incorporados al proceso; b) en la formulación del cargo alega falta de apreciación e aplicación indebida, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; todo ello hace inadmisible dicho motivo. IV.- Que, por lo expresado procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de febrero del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 24 de octubre del 2024, por el Abogado BRYAN DANIEL RIVERA TERCERO, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además es parte recurrida, el señor MOISÉS TORRES GÓMEZ, representado en juicio por el Abogado WILLIAM RANDOLFO DISCUA HERRERA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare la existencia de un despido injustificado, se solicita reintegro en igual o mejores condiciones y el pago de salarios dejados de percibir y los aumentos salariales que correspondan hasta la fecha de reintegro, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de abril del 2023, por el señor MOISÉS TORRES GÓMEZ, mayor de edad, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de abril del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de febrero del 2024, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR, la demanda Laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones a las que tenían al momento de producirse la finalización, más a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la ruptura hasta la reinstalación en su puesto de trabajo, promovida por el señor MOISÉS TORRES GÓMEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, en su condición de alcalde municipal, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, en su condición de alcalde municipal, a REINTEGRAR al trabajador MOISÉS TORRES GÓMEZ, a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones a las que tenía en la fecha del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante desde que ocurrió la terminación del contrato, hasta que se cumpla con la reinstalación.- 3) ABSUELVE: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, al pago de aumentos salariales. 4) SIN COSTAS: Por tratarse de una institución del Estado…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, ingresó a laborar con la demandada el 17 de febrero del 2015, en el puesto de "Coordinador de Sección de Estacionamiento y Control de Vías Públicas en el Departamento de Movilidad Urbana, con un salario mensual de L. 25,000.00, pero que mensualmente se le hacían las deducciones de IHSS L. 366.52, ISR L. 967.88, préstamo BANPAIS L. 4,947.10, cuota sindical L. 100.00; quedándole un salario neto de L. 18,708.5 mensuales; manifestó que en fecha 20 de enero del 2023, presentó una denuncia al sindicato por motivo de estar sufriendo acoso laboral persecución política, discriminación por parte del director de movilidad urbana de nombre Jimy Barahona, de igual forma en fecha 23 de enero del 2023, presentó denuncia al CONADEH por los mismo extremos y en esa misma fecha solicitó la inspección nacional del trabajo, para que citaran al Alcalde Municipal para tratar el reclamo laboral por acoso, discriminación, y persecución política. Pero que el 25 de enero de 2023, como un acto de represalia por las denuncias que interpuso, el señor Julio Fredy Pavón Gerente de Desarrollo Humano le entregó una hoja de citación para audiencia de descargos; y posteriormente en fecha 27 de enero del 2023 se celebró audiencia de descargo en la que se le acusó de faltar al trabajo en hora de labor sin permiso de haber desatendió ordenes de un superior jerárquico en fecha 20 de enero del 2023; y de no avisar con prontitud las ausencias de días pasados; presentando en la misma fecha y en la misma audiencia presentó todos los documentos y alegatos que justificaban las ausencias, los permisos, asimismo expresó que logró desvirtuar las acusaciones sobre las supuestas ordenes desatendidas y explicó las razones por las cuales consideró que había sido víctima de acoso laboral, discriminación, y persecución política. Siguió manifestando que el 02 de febrero del 2023 el Gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Pedro Sula, como un acto de represalia y sin poderle probar una causa justa de despido le entregó una carta donde le notificaba la finalización de su contrato individual de trabajo alegando las causales 6, 9, y 10 de la cláusula tercera del contrato, las cuales hablan de pérdida de confianza, inhabilidad, negligencia y decisión unilateral, causales que ninguna de ellas pudo ser constatadas, ni abordadas en la audiencia de descargo celebrada; además arguyó que no contaba con copia de ese contrato de trabajo, y que nunca había sido capacitado e instruido sobre si existe un reglamento interno de trabajo y tampoco tenía conocimiento si había un reglamento interno de trabajo registrado ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social tal como lo manda la ley, por lo cual consideró que la audiencia de descargo y las causales de despido invocadas no se apegaron a lo que establece el Código del Trabajo, la Constitución de la República, y demás leyes de tratado internacionales. Argumentó que en fecha 02 de febrero del 2023, acudió a las Oficinas de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social presentar reclamo laboral, celebrándose audiencia de conciliación, sin poder logar ninguna conciliación se dio por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda, señalando que el despido del trabajador fue realizado con base en causas legales, ya que desempeñaba sus funciones con notoria ineficiencia y falta de compromiso, y debido a que se denotó clara negligencia en el desempeño de sus labores, abandonando su puesto de trabajo sin el permiso correspondiente, sin brindar pronto aviso de la justificación de sus reiteradas ausencias y en franca insubordinación respecto a las órdenes que le giraba su superior jerárquico, el patrono perdió la confianza en el trabajador e hizo uso de su facultad de terminar la relación laboral de forma unilateral, según lo establece el contrato de trabajo suscrito por las partes intervinientes en este proceso. Señaló además que la demandada, es una entidad respetuosa de las leyes y garante de los derechos de cada uno de los trabajadores, por lo tanto, reiteró que el demandante fue despedido por las causales que se le motivaron en su nota de terminación del contrato de trabajo, la cual fue aplicada con base al mismo contrato, el cual es convenido entre las partes que conforman la relación laboral, lo cual constituye Ley entre las partes contratantes. Manifestó que, la discriminación que el demandante indicaba, estaba fuera de contexto, porque por discriminación laboral se entiende como la situación en la que un trabajador se ve perjudicado profesional, salarial o moralmente respecto a sus compañeros por motivos que no están directamente relacionados con su desempeño laboral, sino que por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales, de las cuales no se aplicaba ninguna al presente caso, ya que las causales de terminación del contrato de trabajo quedaron establecidas en la nota de despido. Finalmente expresó que el demandante, con la improcedente demanda laboral pretendía sorprender a ese tribunal narrando los hechos de forma antojadiza, y a su conveniencia, ya que sería en juicio que probaría los extremos notificados en la nota de despido, reiterando que fue realizado de forma legal y con justa causa. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 9 de febrero del 2024, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR, la demanda Laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones a las que tenían al momento de producirse la finalización, más a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la ruptura hasta la reinstalación en su puesto de trabajo, promovida por el señor MOISÉS TORRES GÓMEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, en su condición de alcalde municipal, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, en su condición de alcalde municipal, a REINTEGRAR al trabajador MOISÉS TORRES GÓMEZ, a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones a las que tenía en la fecha del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante desde que ocurrió la terminación del contrato, hasta que se cumpla con la reinstalación.- 3) ABSUELVE: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, al pago de aumentos salariales. 4) SIN COSTAS: Por tratarse de una institución del Estado…”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis a las pruebas practicadas este tribunal llega al convencimiento que el despido del que fue objeto el demandante es injusto, lleva al convencimiento las circunstancias siguientes: 1) Que la demandada fundamenta su despido en las causales siguientes: "cuando el trabajador pierda la confianza del patrono, en la prestación de sus servicios" con relación a esta causal el Código de Trabajo establece "que para que pueda invocarse como causal de terminación de la relación de trabajo la pérdida de confianza, es necesaria previamente su comprobación ante autoridad administrativa”; que en el caso de autos la demandada no hizo ese procedimiento previo al despido; razón por la cual, el despido invocando esa causal se traduce en ilegal, según lo establece articulo 111 numeral 7 del Código de Trabajo Vigente. 2) Que la demandada fundamenta su despido en las causales siguientes "la inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta de El Trabajador que haga imposible el cumplimiento del Contrato”; con relación a esta causal la demandada no aporto prueba alguna encaminada a acreditar la misma. 3) En cuanto a la causal "Por decisión unilateral de cualquiera de las Partes", que en el caso de autos, aun y cuando en el contrato se estableció que cualquiera de las partes podía poner fin a la relación de trabajo, esta disposición es nula conforme a lo que establece el 3 del Código del Trabajo y en base al principio de irrenunciabilidad de los derechos, disposición que va en contra de lo que establece el artículo 129 de la Constitución de la Republica "la estabilidad en su puesto de trabajo con fundamento en el artículo 129 de la constitución de la República de Honduras que contiene el principio de estabilidad laboral y continuidad, estableciendo que el contrato es de tracto sucesivo, por lo tanto la parte demandada solo puede poner fin a la relación laboral sin responsabilidad en base a las causales establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo”. 4) Que de igual forma la Corte Suprema de Justicia ha establecido como criterio jurisprudencial "Que en la celebración, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse el principio de buena fe y que evidentemente pugna contra ese principio, el hecho de que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes no se comunique a la otra, de manera concreta y clara, la causa o motivo de tal determinación, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción, cuando el que se supone agraviado ocurra ante ella demandando sus derechos; OBSERVANDO EL DEBIDO PROCEDIMIENTO dando la oportunidad al trabajador de defenderse de las falta que le atribuyen”; en el caso de autos, la demandada previo al despido no les dio la oportunidad a los trabajadores de formular su descargos, es decir, no se les siguió procedimiento reglamentario; y en la nota de terminación no se les expresaron con claridad los motivos por los cuales se ponía fin a la relación laboral. Que dentro de las pretensiones que reclama el trabajador demandante es el reconocimiento de aumentos salariales hasta la fecha del reintegro, que, con relación a este reclamo, el demandante no acreditó qué aumentos salariales quiere que se le otorguen, así como tampoco tener derecho a los mismos, por tal razón, no procede dicho reclamo. Que en el presente caso la parte demandada en su contestación de demanda viene alegando causales distintas a las invocadas en la nota de terminación de la relación de trabajo pues alega que "que el despido del trabajador MOISÉS TORRES GÓMEZ fue realizado con base en causas legales, ya que desempeñaba sus funciones con notoria ineficiencia y falta de compromiso, y debido a que se denoto clara negligencia en el desempeño de sus labores, abandonando su puesto de trabajo sin el permiso correspondiente, sin brindar pronto aviso de la justificación de sus reiteradas ausencias y en franca insubordinación respecto a las órdenes que le giraba su superior jerárquico", cuestiones que no fueron alegadas en la nota de terminación de la relación laboral, y si no fueron alegadas después no podrán alegarse válidamente causales o motivos distintos según lo dispone el articulo 17 párrafo ultimo del Código del Trabajo. En el presente juicio la parte actora reclama pago de costas con relación a este reclamo este Tribunal considerando que el artículo 8 de dicha ley establece: DISPOSICIÓN GENERAL "EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento El Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, el Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. Asimismo, valorando los antecedentes, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo números: AL85-2017, AC0459-2016. Que, Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste tiene derecho a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 24 de abril del 2024, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, en el presente caso, la parte demandada recurrente, en cuanto a la terminación de la relación laboral, expresa que: "el Código de trabajo, en consonancia con el Principio de la Pacta Sunt Servanda, establece que, el Contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado. Al existir un contrato de trabajo es Ley para las partes, por ello es inminente la obligación de que las partes se sometan al estricto cumplimiento de las cláusulas que las rigen y se establezcan las sanciones para el que lo incumpla, para que surta efectos probatorios y cualquier estipulación en las condiciones generales es necesario que tales condiciones, no se desvaloricen". No obstante, de la revisión de la primera pieza de autos se observa que, no se encuentra alegado al juicio el contrato a que hace alusión la demandada, en consecuencia, no es posible considerar los argumentos esgrimidos en ese sentido. Además de la omisión absoluta de la presentación del contrato en que la MSPS funda su defensa, esta Alzada también observa lo siguiente: a) La demandada ha violentado el principio de estabilidad laboral al finalizar el contrato de trabajo sin acreditar una justa causa; y b) Con base en la limitación de la autonomía de la voluntad en materia laboral, no es posible sustentar la terminación del nexo laboral en una decisión unilateral de cualquiera de las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la República y 3 del Código de Trabajo. Por las razones antes expuestas, esta alzada estima inatendible la pretensión de la parte apelante y por cuya razón, la sentencia debe ser CONFIRMADA, pues las pruebas fueron analizadas correctamente; se indica que, el darle mayor credibilidad a unos medios probatorios que a otros, no constituye un desacierto evidente de hechos, por motivo que los sentenciadores de instancia gozan de la potestad legal de apreciar libremente la prueba para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos con base en aquellos elementos probatorios que más los induzcan a hallar la verdad real y no la simplemente formal que aparezca en el proceso, prevista en el artículo 739 del Código del Trabajo, en donde las inferencias del Juzgador mientras sean lógicas y aceptables, quedan abrigadas por la presunción de legalidad. 5.- Mediante auto de fecha 09 de septiembre del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado BRYAN DANIEL RIVERA TERCERO, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 24 de octubre del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado BRYAN DANIEL RIVERA TERCERO, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 05 de noviembre del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 04 de marzo del 2025, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado WILLIAM RANDOLFO DISCUA HERRERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que el Abogado BRYAN DANIEL RIVERA TERCERO, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por la falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho por aplicación indebida de la Ley, ya que el Juez Ad Quem, no aprecio ni le dio valor probatorio al medio probatorio denominado ACTA DE AUDIENCIA DE DESCARGO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. PASO A EXPLICAR LA VIOLACIÓN EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a La Municipalidad de San Pedro Sula al reintegro al trabajo y pago de salarios caídos en concepto de indemnizaciones laborales, pero el tribunal Ad Quem ante una falta de apreciación del proceso disciplinario seguido, el juzgado incurrió en un error de derecho ya que no aprecio una prueba concluyente, esta falta de apreciación de la prueba por parte de la Corte Sentenciadora, constituye un error manifiesto, que como tal aparece en los autos, no fue valorada por el tribunal ad quem ya que de haber valorado este medio de prueba en su conjunto con los demás se hubiese apreciado que se siguió el debido proceso disciplinario, por lo que se acreditó y probó la legalidad en la finalización de la relación de trabajo con el demandante y que en este caso mi representada esta únicamente en la obligación del pago de sus derechos adquiridos”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el recurrente del fallo alega por la vía del error de derecho, la violación de las normas que determinan el derecho de debido proceso, al no apreciar ni dar valor probatorio al medio prueba denominado Documental consistente en la acta de audiencia de descargo; sin embargo, el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la falta de apreciación de unos documentos, que no fueron incorporados al proceso; b) en la formulación del cargo alega falta de apreciación e aplicación indebida, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; todo ello hace inadmisible dicho motivo. IV.- Que, por lo expresado procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha nueve del mes de febrero del año dos mil veintiséis, recaídas en el Recurso de Casación número CL328-24.
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO