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Sentencia CL-313-23 — Registro 20265

Resumen

Segunda instancia declarar parcialmente ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto; confirma declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, ilegal e injustificado, consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo adeudado, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes adeudado y proporcional, y en concepto de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que quede firme la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) En la formulación se indica, como norma sustantiva infringida el artículo 47 del Código de Trabajo, el cual no ostenta el carácter sustantivo exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) En la explicación se insta a la infracción indirecta por error de hecho, manifiesto por apreciación errónea de la prueba, en este caso la testifical; sin embargo, no cabe el ataque contra ese medio probatorio en este recurso extraordinario, ya que el mismo no es reglado y queda sujeto a la libre formación del convencimiento del juzgador de instancia; c) El error de hecho procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juez, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, se considera mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se observa que el tribunal recurrido al declarar parcialmente ha lugar; realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, por lo cual no resulta procedente la admisión de dicho motivo; d) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que fueron evacuados en el momento procesal oportuno."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte (20) de enero del año dos mil veintiséis (2026). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 27 de noviembre del 2023, por las Abogadas ANA CAROLINA LEIVA MATUTE y MAGDA YOLANY REYES PADILLA, en su condición de representante procesal del señor GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ; y en fecha 25 de abril del 2024, por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrentes/recurridos, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, ilegal e injustificado, consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo adeudado, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes adeudado y proporcional, y en concepto de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que quede firme la sentencia definitiva, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, en fecha 10 de diciembre del 2021, por las Abogadas ANA CAROLINA LEIVA MATUTE y MAGDA YOLANY REYES PADILLA, en su condición de representante procesal del señor GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS), por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 15 de junio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Bárbara, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto. SEGUNDO: Confirma el cardinal primero de la parte dispositiva de la sentencia definitiva de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, la cual deberá entenderse de la siguiente manera: DECLARAR con lugar la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓNES LABORALES promovida por el señor GREIDY JOSE PORTILLO HERNANDEZ contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), por medio del Procurador General de la Republica representada a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO: Enmienda el cardinal segundo de la parte dispositiva de la sentencia definitiva aludida, la cual deberá entenderse así: CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), por medio del Procurador General de la Republica representada a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a pagar a favor del demandante el señor GREYDI JOSÉ PORTILLO HERNÁNDEZ en concepto de prestaciones sociales la Cantidad de CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L.108,875.10). y que desglosa de la siguiente manera: PREAVISO L 28,000.00, CESANTÍA L 28,000.00, EN CONCEPTO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L.1,594.44, DÉCIMO tercer MES adeudado desde septiembre del 2019 a diciembre de 2020= L. 15,000.00; décimo tercer mes proporcional= L.10,367.00; décimo cuarto mes adeudado desde septiembre del 2019 a junio de 2021= 21,000.00; décimo cuarto mes proporcional = 4,367.00; VACACIONES PROPORCIONALES EN TORNO AL AÑO 2021 L.546.66. CUARTO: Subsecuentemente se confirma el cardinal quinto de la sentencia objeto de recurso, mediante la cual se condena a la parte demandada a pagar a favor de la parte demandante en concepto de indemnización a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido directo hasta la fecha que con sujeción a las normas laborales quede firme la sentencia condenatoria. QUINTO: Revoca el cardinal tercero de la sentencia supra mencionada, en cuanto a condenar a la parte demandada al pago de costas quedando eximida la misma. SEXTO: Sin condena a pago de costas en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inicio la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), en fecha 04 de abril del 2014, en el cargo de Coordinador Municipal de Guías de Familia del Programa Vida Mejor en el Municipio de Santa Barbara, suscribiendo contrato escrito en legal y debida forma en fecha 07 de abril del 2014, el cual no se le otorgo ninguna copia, expreso que al momento de firmarlo anoto el respectivo número del contrato y corresponde al número SEDIS-DAFS-SP-1600-I-2014, mismo que se encuentra en poder de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), laborando en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM, pero dicho horario muchas veces se ampliaba por órdenes de su superior, además trabajaba inclusive los fines de semana, en tiempo corrido, sin horario de salida, por la naturaleza del trabajo, cumpliendo con las respectivas obligaciones, las cuales entre otras eran: Coordinar actividades diarias, semanales y mensuales de los Guías de Familia y Coordinadores, dar el visto bueno de los informes de actividades que reportaban de manera semanal tanto los coordinadores de Guías de Familia, como los propios Guías de Familia, Supervisar las unidades de acompañamiento y fortalecimiento social "Guías Familiares", desarrollar los programas y proyectos derivados del programa Vida Mejor y acompañamiento de las demás direcciones de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y demás Instituciones del Gobierno Central, apoyo en la atención de necesidades Básicas en los Kinder, Escuelas, Colegios, Hospitales, Centros de Salud, Iglesias, Juntas directivas de Barrios y Colonias, entre otras, siendo su Jefe Inmediato el señor Prisciliano Castellón Amaya, quien era el Supervisor Departamental del programa Vida Mejor, devengando un salario mensual desde el inicio de la Relación Laboral por la cantidad de L.12,000.00 y el último salario fue por la cantidad de L.12,500.00, que fue el último pago que le realizaron. Resulta que al demandante no le acreditaron el pago del salario mensual correspondiente al mes de septiembre del año 2021 y siempre continúo con sus labores, por este motivo en fecha 02 de octubre del 2021, le consultó al señor Prisciliano Castellón Amaya quien era su Jefe Inmediato y Supervisor Departamental del programa Vida Mejor en el Departamento de Santa Bárbara, sobre el porqué no se le había acreditado dicho salario, quien realizo las consultas al departamento de planillas y le notificaron que era por un problema con el Banco, pero que en los días posteriores le acreditarían su pago, sin embargo los días pasaron y el pago no se hacía efectivo, por lo que en fecha 11 de octubre 2021, el señor Prisciliano Castellón Amaya le notifico de manera verbal que habían nombrado en su cargo como Coordinador Municipal al señor Erlyn Jeovany Sagastume Guzmán, por órdenes de la Vice-Ministra Doris Mendoza, con respaldo de una captura de un memorándum número SEDIS-SSPPIS-149/2021 de fecha 27 de agosto del año 2021, siendo su asunto: "REMISION DE CAMBIOS DE GUIAS DE FAMILIA" donde se instruye nombrar a dicha persona en su puesto, sin ninguna justificación y sin realizar un preaviso como la ley lo estipula. Por lo que en fecha 26 de octubre del año 2021, el demandante solicito a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Bárbara, los servicios de un Inspector, para constatar su despido verbal, por el cual fue citado en legal y debida forma al señor Prisciliano Castellón Amaya siendo el Jefe Inmediato, para que compareciera a la oficina de Inspección de Trabajo de la ciudad de Santa Barbara en fecha 01 de noviembre del 2021 a las 10:00 A.M., quien acudió a la citación en el día y hora señalado, ratificando la situación saboral y confirmación del despido, quien manifestó "Que se habían hecho cambios por órdenes de la Vice-Ministra Doris Mendoza, con respaldo de una captura de un memorándum, donde se instruye nombrar a otra persona en el cargo de Coordinador Municipal del Municipio de Santa Bárbara, que era el puesto que había venido desempeñando el señor Greydi José Portillo Hernández", según consta en el acta de fecha 01 de noviembre del año 2021, realizada por el Inspector de Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Bárbara. Que el demandante fue objeto de despido injustificado, no se le hizo entrega de la constancia que justificara su despido en base a los artículos 112 y 117 del Código de Trabajo. Habiendo iniciado trámite Administrativo Laboral ante la Inspección de Trabajo de la ciudad de Santa Barbara, para que citaran al demandado y así llegar a un arreglo conciliatorio para el 09 de noviembre del 2021 a las 9:00 a.m. compareciendo la Abogada Mercy Yolany Gámez Navarrete a quien el Abogado Ilder Escobar Urbina en su condición de Procurador Judicial en Representación del Estado de Honduras le delega poder, llevándose a cabo la Audiencia de Conciliación, en el día señalado a las 11:00 a.m. donde no se llegó a ningún arreglo conciliatorio, dando por finalizadas las diligencias administrativas y por ende quedando agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la relación contractual entre las partes solo era regida mediante el Acuerdo Ministerial Número 003-A-SEDIS-2015, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM No. 001-2014, aprobado por el Presidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado, en Consejo de Ministros se acordó: en el numeral Segundo literal b) de dicho Acuerdo “PROGRAMA GUIAS DE FAMILIA: consiste en conformación de Unidades de Supervisión y Acompañamiento Social y Guías de Familia constituidas mediante la suscripción de un convenio de prestación de servicios, … el cual tendrá como propósito garantizar a un miembro de cada hogar, ingresos complementarios por lo menos ciento veinte (120) días al año, para mejorar la calidad de vida de los hondureños que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y de igual manera tener un mejor acompañamiento social amparándose para ello en la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales”. Asimismo, en el artículo 5, literal M dispone: “Convenio de prestación de servicios: Instrumento mediante el cual se regula los compromisos adquiridos por un beneficiario de la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales y la Institución, para llevar a cabo la prestación de un servicio por un tiempo determinado, a cambio de un ingreso complementario"; sin que esta remuneración sea un salario, ni que la persona beneficiada con el programa tenga un estatus de empleado, como procura el demandante hacerlo ver ante este Tribunal, no competente lastimosamente para dirimir la causa. Al amparo de lo que establece el numeral Cuarto párrafo final del Acuerdo en referencia que establece: "Queda entendido que el régimen jurídico de todas las actividades y Fortalecimiento Social y sus componentes está sujeto a los principios y disposiciones del Derecho Administrativo"; lo que esclarece que no lo rige la materia laboral. De donde se desprende que una vez finalizado el convenio suscrito con el actor de la demanda la obligación contraída entre las partes finalizaba de pleno derecho sin obligación alguna entre sí más que las provenientes del mismo, finiquitando así el compromiso adquirido entre las partes y por ende no existe responsabilidad ulterior entre estas, ya que por parte del demandado el mismo no está facultado para sustraer del erario público más de lo que la ley o leyes administrativas le permiten, pues de lo contrario su actuación sería en flagrante violación de la ley conforme a lo que establece el artículo 321 de la Constitución de la República que literalmente dice: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad". De todo lo anterior se concluye que es improcedente condenar al demandado reconociendo derechos subjetivos dado que en ningún momento y bajo ninguna modalidad el demandado sostuvo una relación laboral con el demandante; por el contrario, siendo la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) un ente llamado a rectorar las Políticas Sociales y Articuladora de Programas y Proyectos, orientados a la Reducción de la Pobreza, con Oportunidades de Inclusión y Desarrollo Humano de forma integral a los Sectores Vulnerables, en riesgo y en exclusión social, creada mediante Decreto 107- 2010; de donde se desprende que el tipo de acción que ejerció el demandante no está comprendido dentro de la estructura administrativa de personal permanente de la institución, pues dichas funciones están comprendidas dentro del Convenio de Prestación de Servicios como compromiso adquirido por un ciudadano beneficiario de la Ley, para la prestación de un servicio por un tiempo determinado, a cambio de un ingreso complementario como compensación económica que reciben las personas que ejecutan o realizan las actividades de los proyectos, sin considerarse como salario como pretende hacerlo ver al Juzgador de la causa el demandante con el ánimo de confundirlo en su análisis, a su vez agrego la pretensión malsana del demandante ya que desnaturaliza por completo el propósito del Convenio con los beneficiarios utilizando como amparo para acreditar su supuesto derecho esa desviación a su vez tergiversan el Convenio en su complexión ortográfica ya que pretende utilizar el artículo 47 del Código del Trabajo, desviando el concepto que transmite el Código del Trabajo en el artículo 52 que refiere la existencia de un nuevo contrato de trabajo de forma constante, evento que no sucedió así en virtud del Convenio que acredita lo expuesto por la parte demandada, por ello lo expone la parte actora de forma desesperada e ilegal. 3.- El Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, en fecha 14 de diciembre del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones laborales y demás derechos adquiridos por despido directo, ilegal e injustificado, presentada en este Juzgado por el señor GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ de generales ya conocidas en esta sentencia, en contra de Secretaria de Estado en el despacho de desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) actualmente Secretaria de Estado en el despacho de desarrollo social (SEDESOL) a través de su representante legal La Procuraduría General de la Republica en Representación del estado de Honduras mediante poder delegado en el abogado SOTERO MEJIA PADILLA, también de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandada Secretaria de Estado en el despacho de desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) actualmente Secretaria de Estado en el despacho de desarrollo social (SEDESOL), a pagarle al trabajador GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ la cantidad CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS), (L.193,528.75).-por los conceptos siguientes: PREAVISO: L.28,000.20, CESANTÍA: L.98,000.70.- CESANTÍA PROPORCIONAL: L.5,716.71, VACACIONES PROPORCIONALES L.3,811.14, AGUINALDO PROPORCIONAL: L.8,000.00, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.2,000.00, AGUINALDO ADEUDADO: L.24,000.00, DECIMO CUARTO ADEUDADO: L.24,000.00 haciendo un total de prestaciones laborales de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS), (L.193,528.75).- TERCERO: Con condena en costas a la parte demandada. CUARTO: SE CONDENA a la parte demandada Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) actualmente Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo social (SEDESOL) a cancelar al señor GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que quede firme la presente sentencia”. Bajo el criterio que, en cuanto a los convenios de cooperación para el acompañamiento y fortalecimiento social número 048-SEDIS-DAFS-2021 al igual que el Convenio de Cooperación para el acompañamiento y Fortalecimiento Social No. 023-SEDIS-DAFS-2021 en el que tanto la parte demandante y otros firman con la demandada Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) actualmente (SEDESOL) este Juzgado se pronuncia de la siguiente manera: analizando el convenio esta cláusula décimo séptima en ambos convenios en el que la Secretaria no asume ninguna responsabilidad laboral con los beneficiarios pues así los llama a los guías de familia, dicha cláusula no es válida ya que está en contra de los principios que rigen la materia laboral como ser: Principio protectorio: consiste en que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador y que el ordenamiento jurídico como sistema de paz, sea social y moralmente justo, el principio protector es como el corazón del derecho del trabajo, su esencia radica no en nivelar a las personas, sino de equilibrar las desigualdades existentes en dicha subordinación, no solo en el Derecho Individual, sino también, en el Derecho Procesal y en el Derecho Colectivo del Trabajo. Básicamente este principio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, relacionado con el Principio de irrenunciabilidad, dicho principio consiste en: en la imposibilidad del trabajador de renunciar o disponer en su propio perjuicio, aún con el concurso de su propia voluntad, a los derechos y créditos que se derivan del contrato de trabajo y de las leyes; que el artículo 20 del Código de Trabajo establece que: Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Que el artículo 112 del Código de Trabajo establece las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: y en ninguno de sus incisos se encuentra una causa justa que motive razonablemente y que la parte demandada haya podido acreditar fehacientemente en cuanto al despido del señor GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ, despido que fue notificado por su jefe inmediato. Que el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social, relacionado con el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece que: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos relacionado con el artículo XIV de la Declaración Americana De Los Derechos Y Deberes Del Hombre que establece que: Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. 4.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Bárbara, 15 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto. SEGUNDO: Confirma el cardinal primero de la parte dispositiva de la sentencia definitiva de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, la cual deberá entenderse de la siguiente manera: DECLARAR con lugar la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓNES LABORALES promovida por el señor GREIDY JOSE PORTILLO HERNANDEZ contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), por medio del Procurador General de la Republica representada a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO: Enmienda el cardinal segundo de la parte dispositiva de la sentencia definitiva aludida, la cual deberá entenderse así: CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), por medio del Procurador General de la Republica representada a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a pagar a favor del demandante el señor GREYDI JOSÉ PORTILLO HERNÁNDEZ en concepto de prestaciones sociales la Cantidad de CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L.108,875.10). y que desglosa de la siguiente manera: PREAVISO L 28,000.00, CESANTÍA L 28,000.00, EN CONCEPTO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L.1,594.44, DÉCIMO tercer MES adeudado desde septiembre del 2019 a diciembre de 2020= L. 15,000.00; décimo tercer mes proporcional= L.10,367.00; décimo cuarto mes adeudado desde septiembre del 2019 a junio de 2021= 21,000.00; décimo cuarto mes proporcional = 4,367.00; VACACIONES PROPORCIONALES EN TORNO AL AÑO 2021 L.546.66. CUARTO: Subsecuentemente se confirma el cardinal quinto de la sentencia objeto de recurso, mediante la cual se condena a la parte demandada a pagar a favor de la parte demandante en concepto de indemnización a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido directo hasta la fecha que con sujeción a las normas laborales quede firme la sentencia condenatoria. QUINTO: Revoca el cardinal tercero de la sentencia supra mencionada, en cuanto a condenar a la parte demandada al pago de costas quedando eximida la misma. SEXTO: Sin condena a pago de costas en esta instancia…”. Bajo el criterio que, siendo exhaustivos este Ad-quem desea aclarar que en el presente proceso, en torno a la prueba aportada y practicada, hemos expuesto lo que se ha producido con la misma, dando cumplimiento al principio de verdad procesal el cual conforme al manual procesal laboral año 2013 pagina 13 refiere que el mismo consiste en que: "Los Juzgados deben emitir sus fallos con base en las pruebas aportadas, independientemente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiese aportado prueba". Y es así que damos por sentado que existió un despido por parte del patrono contra el trabajador demandante; la cual se genera a través del memorándum realizado por el demandado en el que sustituye al demandante de su puesto de trabajo y notifica al mismo a través de quien ejercía su representación como patrón (Prisciliano Castellón Amaya) en fecha 8 de octubre del año 2021, y en virtud de que la demandante por las razones arriba depuestas era un trabajador permanente, no podía interrumpirse, ni mucho menos romperse esa relación laboral, por ser un derecho fundamental contemplado en el artículo 129 de la Constitución de la República, solo pudiendo quebrantarse esa estabilidad laboral por las causas que permite nuestro Código del Trabajo como ser las señaladas del artículo 112 de la norma aludida, mismas que de la propia contestación de la demanda observamos no han sido objeto de invocación por parte del patrono tornándose así la ruptura de esa relación laboral como un despido injusto e ilegal que trae como consecuencia el pago de las prestaciones sociales que le asisten al trabajador así como la indemnización consistente en el pago de los salarios dejados de percibir tal y como lo demanda el artículo 113 de dicha normativa. En cuanto al argumento planteado por el quejoso de que el demandante debía de acudir a la vía de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por no ser competente los órganos jurisdiccionales del trabajo debe de entender este que el propio articulo invocado en su alegato 321 de la Constitución de la Republica entorno a que los servidores del Estado no tienen más facultades que les confiere la Ley; todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, es aplicable al caso de narras en donde el Estado no puede ni debe tergiversar ni disminuir los derechos laborales del trabajador, (disposición Constitucional artículo 128) y que en el caso que nos ocupa este ha pretendido en todo momento desconocer la relación laboral, y para poder invocar el sometimiento a la jurisdicción de lo contencioso administrativo seria si estuviésemos en situaciones contempladas en el artículo 3, relacionado con los artículos 108 al 110 de la ley especial, en donde es competente dicho órgano Jurisdiccional Especial para conocer los conflictos en materia personal, pero advirtamos pero esto no es lo que sucede en el caso de marras ya que claramente la postura del demandado no tiene la condición de servidores del Estado, por ende en aplicación en el artículo 128 constitucional citado no podríamos establecer que estos no gozarían de protección por parte de los Juzgados del Trabajo, cuando lo que se alega es la existencia de una relación laboral. Por último es importante transcribir de forma literal lo dicho en el manual procesal laboral, emitido en el 2013 por la corte suprema de justicia, a través de la sala de lo laboral, pagina 59 la cual dice: "El fallo contendrá, numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas, pero en materia laboral por regla general no existe condena en costas por el principio de gratuidad dispuesto en el Art. 717 del CT; y en caso de que el Juez/a, considere ordenar la condena en costas, deberá motivar suficientemente su decisión, como en los casos de litigar con notoria falta de derecho, con temeridad o abuso procesal, deslealtad, malicia, etc. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia". Premisa a la que aludimos en virtud de que la sentencia objeto de impugnación aparte de no haber desglosado de manera correcta la práctica del pago de las prestaciones al demandante, ni tampoco contiene las razones y/o explicaciones de como llego a esos cálculos, situación sinalagmática que genero la incongruencia en su parte dispositiva. De igual manera sucede esta situación cuando se produce una condena en costas contra el demandado, en donde ni tan siquiera se explica las razones fácticas y jurídicas, del porque en este caso el estado ha actuado con temeridad, deslealtad o malicia que generen la condena al pago de las costas supra citadas, por lo que se debe de enmendar tal aberración jurídica. 5.- Mediante auto de fecha 22 de septiembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; y la Abogada MAGDA YOLANY REYES PADILLA, como representante procesal del señor GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Bárbara, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación de los recursos, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) A la apoderada demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) Al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6.- En fecha 27 de noviembre del 2023, compareció ante este Tribunal las Abogadas ANA CAROLINA LEIVA MATUTE y MAGDA YOLANY REYES PADILLA, en su condición de representante procesal del señor GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, y en fecha 25 de abril del 2024, el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencias de fechas 04 de marzo y 22 de mayo del 2024, respectivamente, se tuvieron por devueltos los traslados conferidos a los Recurrentes y por formalizados en tiempo los recursos de casación; ordenándose dar copia a los opositores para su contestación en forma común, por el término de diez días, manteniendo la Secretaría del Despacho los autos a disposición; haciendo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de julio del 2024, se tuvo por contestados en tiempo el recurso de casación, por parte de los Abogados SOTERO MEJIA PADILLA y ANA CAROLINA LEIVA MATUTE, como partes recurridas/recurrentes, respectivamente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que las Abogadas ANA CAROLINA LEIVA MATUTE y MAGDA YOLANY REYES PADILLA, en su condición de representantes procesales del señor GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ, en su primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de las normas contenidas en el artículo 47 del Código de Trabajo, por ERROR DE HECHO manifiesto por la apreciación errónea de la Honorable Corte, conforme al término del tiempo de servicio que se contara desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito. Esto simplifica: MEDIO DE PRUEBA NUMERO 1: TESTIFICAL. Consistente en la declaración de los señores: PRISCILIANO CASTELLON AMAYA, quien es mayor de edad, hondureño, con documento nacional de identificación número 1622-1967-00160, con domicilio en el Barrio Los Naranjos de la ciudad de Santa Bárbara. MARIA ISABEL GOMEZ mayor de edad, soltera, hondureña, comerciante, con Documento Nacional de Identificación número 1601-1977-00639, con domicilio en Barrio La Libertad en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. PRECEPTO AUTORIZANTE. - Este motivo de casación comprendido en el numeral 1), párrafo 2°. Del artículo 765 del Código de Trabajo. - NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO.- Esas normas son los Artículos: 738 y 739 del Código de Trabajo.- LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. Interpretado por el Decreto No-89 (Gaceta No-19,956 del 23 de diciembre de 1969), en el siguiente sentido ¨ARTICULO 1¨.- Interpretar el párrafo primero con el Artículo 47 del Código de Trabajo y Artículos 11 al 15 de la Ley de Inspección del Trabajo y en todas sus atribuciones para efectos de Ley son Fedatarios de la Ley Publica y Convenio 81 de la OIT, está acreditado, Honorables Magistrados, que el demandante GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ, si probo en juicio tal como consta en los medios probatorios de la primera pieza MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL y que corre agregado al folio seis (06) y treinta y cuatro (34), treinta y cinco (35) y treinta y seis (36) de la primera pieza de autos. Testigos que fueron contestados en sus dichos y que declararon con claridad y precisión al ser interrogados y no entraron en contradicción al ser repreguntados. Honorables Magistrados se insiste que la Corte sentenciadora interpreto erróneamente en dar credibilidad por el testigo PRISCILIANO CASTELLON AMAYA en cuanto a que la relación laboral entre el demandante y demandado fue en el 2014 si la norma jurídica Legal la dicta la Ley de Inspección del Trabajo en todas sus atribuciones para efectos de Ley son Fedatarios de la Ley Publica todos los Inspectores de Trabajo, como en el caso que nos ocupa la declaración del testigo PRISCILIANO CASTELLON AMAYA que rindió ante las autoridades de la Secretaria de Trabajo que no fue tomada en cuenta por la corte de apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, MEDIO DE PRUEBA PERMITIDO Y VALIDO PARA ACREDITAR EL INICIO DE UNA RELACIÓN LABORAL, aunado a ello se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas del trabajo y seguridad social son de orden público y por ello aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la Republica y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador Y QUE EN CASO DE DISCORDANCIA ENTRE LO QUE OCURRE EN LA PRÁCTICA Y LO QUE SURGE DE DOCUMENTOS, CONVENIOS O ACUERDOS, DEBE DARSE PREFERENCIA A LO PRIMERO ES DECIR A LO QUE EFECTIVAMENTE SUCEDE EN EL TERRENO DE LOS HECHOS, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para SIMULAR O ESCONDER LA VERDAD Y ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES U OBTENER UN PROVECHO ILICITO.- Debe entonces quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen no de lo que las partes previamente hubieran pactado por escrito o en forma verbal o de si se está o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre debe prevalece los aspectos facticos-sustanciales por sobre los JURIDICOS-LEGALES. Por ende una vez reunidos estos 3 requisitos se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, QUE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL Y EN AMPLIA JURISPRUDENCIA LA SALA LABORAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de la ciudad de Tegucigalpa ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación serán NULOS LOS ACTOS, ESTIPULACIONES Y CONVENIOS que impliquen RENUNCIA, DISMINUYAN, RESTRINJAN O TERGIVERSEN los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad y además implican RENUNCIA, DISMINUCION O TERGIVERSACION de los derechos que la Constitución y el Código de trabajo le otorgan al trabajador SON NULAS DE PLENO DERECHO, Independientemente de su NOMENCLATURA, siendo la sentencia objeto de este recurso, violatoria de los derechos y garantías de nuestro representado, en la que FALLA PARCIALMENTE A LUGAR LA DEMANDA en cuanto a la fecha de ingreso del demandado de modo que la interpretación que hace la Corte sentenciadora de la norma sustantiva invocada como violada es ERRONEA al darle alcances o efectos totalmente contrarios a los que la norma verdaderamente tiene conforme al término del tiempo de servicio que se contara desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito. Honorables Magistrados queda claramente establecido que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo recurrida cometió ERROR DE HECHO EN LA FALTA DE APRECIACION en FALLAR parcialmente en la demanda proferida por el juzgado de primera instancia. y que hace procedente admitir el presente motivo de casación. Con lo expuesto queda plenamente demostrado que se ha ocasionado grave daño a los intereses de la parte casacionista por violación de las normas sustantivas de orden nacional, ya que la Corte Sentencionadora no se inspiró en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y desconoce el magisterio de la ley al negarse a aplicar sus disposiciones. - Por todo lo antes procede se admite este motivo de casación”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) En la formulación se indica, como norma sustantiva infringida el artículo 47 del Código de Trabajo, el cual no ostenta el carácter sustantivo exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) En la explicación se insta a la infracción indirecta por error de hecho, manifiesto por apreciación errónea de la prueba, en este caso la testifical; sin embargo, no cabe el ataque contra ese medio probatorio en este recurso extraordinario, ya que el mismo no es reglado y queda sujeto a la libre formación del convencimiento del juzgador de instancia; c) El error de hecho procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juez, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, se considera mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se observa que el tribunal recurrido al declarar parcialmente ha lugar; realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, por lo cual no resulta procedente la admisión de dicho motivo; d) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Que el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo de casación expresa: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo proveniente del error de derecho por la falta de apreciación del medio de prueba denominado 1 DOCUMENTAL: Consistente en los Convenios de Prestación de Servicios que firmase GREIDY PORTILLO y otros, con mi representado, los cuales obran de la pieza principal, por lo que la aplicación indebida del 47 del Código del Trabajo, artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3 y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. La aplicación indebida de la norma se encuentra en el CONSIDERANDO (2,3,4,5,6), donde se manifiesta que lo que suscribieron los Demandantes con SEDIS fue un convenio para recibir un beneficio y no se concito una relación laboral, todo ello se acredita con el Convenio de Prestación de Servicios, de forma autónoma y voluntaria, todo ello ha sido tergiversado por completo de forma malsana en la petición del Demandante. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARA LA VIOLACIÓN. Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas, son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, incurrió en error de derecho, al no apreciar que la modalidad bajo la cual eran manejados los beneficios que recibían estas personas amparadas en la Ley de Ingresos Complementarios y no mediante una relación laboral, sin soslayar que nunca como Demandantes acredito ante ningún tribunal el supuesto despido indirecto que alegaron a lo largo de todo este juicio. Concluyéndose de lo anterior que la normativa jurídica que la Corte Acusada HA APLICADO DE MANERA INDEBIDA al presente caso, el Artículo 47 del Código del Trabajo A este respecto la doctrina refiere que la Violación se produce cuando existiendo un hecho que no se discuta o que esté debidamente comprobado, deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Por lo anteriormente expuesto, procede Honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) En la formulación se indica, como norma sustantiva infringida el artículo 47 del Código de Trabajo, el cual no ostenta el carácter de sustantividad exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Alega error de derecho, por la falta de apreciación de determinada prueba; sin embargo, el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente caso no se ha expuesto bajo la premisa legal que, se advierte que el tribunal recurrido al declarar; parcialmente ha lugar, el fallo de primera instancia, realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, por lo cual no resulta procedente la admisión de dicho motivo; c) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este recurso extraordinario son inapropiados, debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VI. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HA LUGAR a los recursos de casación de que se ha hecho mérito en ambos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNANIMIDAD de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por las Abogadas ANA CAROLINA LEIVA MATUTE y MAGDA YOLANY REYES PADILLA, en su condición de representantes procesales del señor GREYDI JOSE PORTILLO HERNANDEZ; en su único motivo; 2) NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) actualmente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) en su único motivo; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinte de enero del dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación número CL313-23.

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO