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Sentencia CL-299-23 — Registro 20634

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda en vía ordinaria para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales legales, más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme, pago de salarios adeudados, horas extras, vacaciones y demás bonificaciones legales, extra y ultra petita.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se formula el concepto de infracción indirecta de un error de hecho, pero en la explicación se menciona el error de derecho lo cual vuelve el motivo carente de claridad y precisión, ya que los mismos son distintos e incompatibles entre sí, que se deben formular en forma separada por la independencia de los cargos. b) se citan los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo, señalado como normas sustantivas infringida carece de tal calidad. Es importante recordar que norma sustantiva es aquella que consagra derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; y, c) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario en razón de lo establecido en el artículo 770 del Código de Trabajo. IV.- Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se formula el concepto de infracción indirecta de un error de hecho, pero en la explicación se menciona el error de derecho lo cual vuelve el motivo carente de claridad y precisión, ya que los mismos son distintos e incompatibles entre sí, que se deben formular en forma separada por la independencia de los cargos. b) se citan los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo, señalado como normas sustantivas infringida carece de tal calidad. Es importante recordar que norma sustantiva es aquella que consagra derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; y, c) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario en razón de lo establecido en el artículo 770 del Código de Trabajo. IV.- Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de enero del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 27 de noviembre del 2023, por la Abogada FALOM STEFHANIE CANTILLANO FUENTES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora CINTHYA DAYANARA HAWIT FLORES, representada en juicio por el Abogado RAFAEL ENRIQUE GÓMEZ MATEO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en vía ordinaria para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales legales, más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme, pago de salarios adeudados, horas extras, vacaciones y demás bonificaciones legales, extra y ultra petita, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de mayo del 2022, por la señora CINTHYA DAYANARA HAWIT FLORES, mayor de edad, Licenciada, hondureña, y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, conocido también como DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de mayo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 08 de febrero del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales legales, más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme, pago de salarios adeudados, horas extras, vacaciones y demás bonificaciones legales, promovida por la señora CINTHYA DAYANARA HAWIT FLORES, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República el Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, por actuaciones de EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER conocido también como DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en consecuencia CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República el Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, por actuaciones de EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER conocido también como DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, a pagar la demandante CINTHYA DAYANARA HAWIT FLORES, la cantidad CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 405,940.66), distribuida así: preaviso L 116,666.40, cesantía L. 174,999.60, cesantía proporcional L.38,564.73, vacaciones proporcionales L.25,709.82, décimo tercer mes proporcional L.12,500.03, décimo cuarto mes proporcional L.37,500.08; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) SIN COSTAS…”.ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, en fecha 03 de agosto de 2018, comenzó a laborar para el Programa Presidencial Ciudad Mujer, conocido también como Dirección Nacional del Programa Presidencial Cuidad Mujer, desempeñándose como Gerente Ciudad Mujer Móvil; y que en esa oportunidad suscribieron un primer contrato, y así sucesivamente se fueron suscribiendo contratos, de los que nunca le quisieron dar copia, pero dichas labores fueron continuas y sin interrupción, hasta que se produjo el despido verbal efectivo en fecha 31 de marzo del 2022, por lo que estuvo trabajando, en labores continuas, propias de la actividad permanente y nucleares de la institución por tres (3) años, siete (7) meses y veintiocho (28) días, cumpliéndose así el criterio legal establecido por el Código del Trabajo, como lo es el de continuidad, al haber laborado más de dos cientos (200) días en el término de un año, según lo describen los artículos 47 y 347 del Código del Trabajo y en labores que por su naturaleza son permanentes como lo señalan los artículos 3, 19, 20, 29, 30, 46, 47 y 52 último párrafo del mismo cuerpo legal; devengando un salario de L. 50,000.00, más los aguinaldos y décimo cuartos meses como una empleada permanente que era, y sus labores principales las prestó en las instalaciones de la Institución ubicadas en Zona el Cacao, 35 calle, 3ra. Avenida, INFOP #2, sureste 5 cuadras después de la Toyota (Corporación Flores) en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Señaló que, aunque los contratos se describen como de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES", lo cierto es que se trataba de un Contrato de Trabajo Indefinido, por cuanto se reunían los tres elementos fundamentales para ello, prestando su servicio de forma personal, bajo las órdenes y continuada subordinación de la Delegada Nacional, a cambio del pago de un salario; asimismo tenía que cumplir con un horario, y estaba sujeta a todas las condiciones de un contrato de trabajo permanente. Además, arguyó que no prestaba ningún servicio profesional derivado del ejercicio de una profesión título universitario que se haya contratado por concurso, si no que era dependiente de las órdenes e instrucciones que de manera particular le giraba la patronal. Para ello acompañó como Anexo un ejemplar de los contratos de trabajo que le hacía firmar la patronal periódicamente, los que pudo obtener cuando presentó un reclamo ante la Inspección de Trabajo, negándole las otras copias y señalo los archivos de la patronal como el lugar donde obraban todos los contratos suscritos desde su contratación hasta la fecha del despido. Además, expresó que desde que fue contratada, nunca se le había notificado el inicio de ningún proceso de investigación o de sanción, ni se le convocó a ninguna audiencia de descargos donde se le señalaran hechos que pudieran constituir faltas leves, menos graves, graves o muy graves, al contrario, siempre ejecutó su trabajo como se le ordenaba y cumplía con sus actividades asignadas. Pero el día 28 de marzo de 2022 fue despedida verbalmente al manifestarle de viva voz la Delegada Presidencial la Licenciada Tatiana Isabel Lara Pineda, que su último día de trabajo sería el 31 de marzo de 2022 y que después de esa fecha ya no se presentara a trabajar, porque estaba despedida y se contrataría a otra persona en su lugar. Alegó que ese despido verbal, se produjo sin establecérsele las razones, sin darle ninguna oportunidad de defenderse, sin informarle posibles faltas para presentar descargos, y sin habérsele escuchado antes de tomar esa decisión para garantizar sus derechos y garantías constitucionales y contenidas en normas sustantivas como lo son, entre otros: Derecho a la presunción de inocencia. Derecho a la defensa; Derecho a un debido proceso; Derecho a una audiencia de descargos; Derecho a la igualdad de armas; Derecho a ser informado por escrito de las supuestas faltas investigadas; el preaviso por escrito. Siguió manifestando que producto del despido verbal injustificado relacionado, en fecha 29 de marzo de 2022 solicitó los servicios de un Inspector a través de su apoderado legal, presentándose a las instalaciones el día 01 de abril del 2022, donde fueron atendidos por la nueva gerente contratada la Licenciada XIOMARA STEFANY GARCÍA AYESTAS, con DNI 0501-1992-12916, quien ante la Autoridad del Trabajo como Ministra de Fe, reconoció que la Delegada TATIANA ISABEL LARA PINEDA, se notificó el despido y que su último día de trabajo sería el 31 de marzo de 2022, reconociendo que se vinculaba un contrato individual de trabajo y que ya no se tenía que presentar a trabajar, porque ya estaba contratada en el puesto de trabajo otra persona. Para lo cual acompañó el acta de inspección de fecha 01 de abril de 2022, extendida por la Inspectora de Trabajo Lic. FRANCIS NICOLE DUARTE, como ministra de fe, para acreditar el despido verbal injustificado y que no se le entregó carta de despido, ni se le celebró audiencia de descargos. Asimismo, argumentó que esos mismos derechos que se le violentaron, están recogidos originalmente en la Constitución de la República en sus artículos 64, 82, 89, 90, 94, 127, 128, 129, 256, y en especial los artículos 257 y 321, que establecen las garantías de estabilidad o permanencia, debido proceso y las acciones legales contra resoluciones o actos que me afectan y que, por ser contrarios a la ley, son ineficaces, acarreando responsabilidad contra los funcionarios responsables. Y siendo que ya lo dispone el artículo 117 del Código del Trabajo, que la patronal estaba obligada a notificarle por escrito con el detalle mínimo las causas que mueven el despido, y ahora no podrá alegar otras que crea que son válidas. Finalmente expresó que como último intento de conciliar esa situación y resolverla de manera amistosa, y a fin de evacuar el trámite gubernativo, pero no se logró ningún acuerdo, dando de esta manera por agotada dicha instancia y por ende obligándose a realizar el reclamo mediante la presente vía judicial laboral. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, señalando que no es suficiente la afirmación que hace la parte demandante en sus hechos de la demanda, ya que debe de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un hecho universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima onus probandi encumbit actori y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que este tribunal pueda apreciarla para formar su criterio. Rechazó lo manifestado por la demandante en el que, entre el demandado y la demandante, había una relación contractual generada por la suscripción de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales establecidos por tiempo determinado, en el puesto de Gerente Adjunta del Centro Ciudad Mujer Móvil donde devengaba la cantidad de L. 50,000.00. El contrato a tiempo determinado, establecía las condiciones y obligaciones que las partes acordaban de forma expresa y voluntaria, así como lo establece el mismo Código del Trabajo en su artículo 46 inciso b), el contrato de trabajo por tiempo limitado, especifica su terminación de la relación laboral; pero en el caso de la demandante los contratos se dieron a término por el cargo que desempeñaba, Gerente de Ciudad Mujer Móvil, ejerciendo las funciones de coordinación, supervisión del personal y de administración de recursos y recibía instrucciones directamente como autoridad máxima y jefa inmediata de la Delegada Presidencial Ciudad Mujer; es por ello que, basados en las características, funciones desempeñadas, remuneración mensual (salario), se subsume que el puesto desempeñado por la demandante en un puesto de confianza, por ser tipificado de esta manera y su salario oneroso, y el apoyo especial de la autoridad nominadora (Jefa inmediata), por lo que sus derechos ya fueron reconocidos en base a su contrato firmado hasta la fecha de su terminación o finalización. Es por ello, que el desempeño de una función continua no le da derecho argumentar que el trabajo realizado era permanente. Asimismo, alegó que al demandante no le asistía el derecho invocado, pues al parecer olvidó la modalidad bajo la cual la demandante era contratada, al ser la relación contractual que sostenía con el demandado, teniendo su contrato fecha de inicio y finalización y la administración pública se rige en base a la asignación presupuestaria por parte de la Secretaria de Finanzas, por lo tanto, su contratación fue de manera determinada. En relación a lo manifestado por la demandante, sobre el supuesto despido verbal manifestado, aclaró que en ningún momento esa Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, realizó un despido, ni verbal, ni de forma injustificada como lo quiere hacer ver la demandante, ya que la fecha de finalización del contrato se dio el 31 de marzo del 2022, cumpliendo con el término que se había convenido y estipulado en el contrato celebrado entre las partes; y que la parte actora insiste en enunciar que su contratación era por tiempo indefinido, utilizando el artículo 20 del Código del Trabajo, haciendo caso omiso de lo que en realidad existe entre el demandado y la demandante, era una relación contractual, generada por la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales, por lo que no podía de forma aleatoria reclamar derechos que solamente ostentaban los empleados permanentes; reiterando que, su contratación fue temporal y por periodos limitados conforme a lo establecido en la Cláusula Séptima: Vigencia del Contrato, en consecuencia, su acción se tornó improcedente pues finalizado el contrato suscrito la obligación contraída concluye de pleno derecho sin obligación alguna de las partes más que las provenientes del contrato mismo, esto en razón. Mencionó que esaa modalidad de contrato se debe a que la institución tiene la calidad de Programa Presidencial; por lo que no asiste el derecho invocado ya que tal criterio no puede estar sobre lo que establece la Constitución de la República, en el artículo 364 en su primer párrafo, "No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias". En ese sentido hasta el momento la institución no cuenta con ninguna plaza creada de manera permanente en ningún cargo o puesto, ya que para que se de esa figura, se exige cumplir un procedimiento ante varias instancias, partiendo del presupuesto que se asigna, estudio y creación de plazas por parte de la Direcciona de Servicio Civil, aprobación y creación de plaza por parte de la Secretaria de Finanzas; por lo que ninguna autoridad puede asumir una responsabilidad de esa magnitud violentado procesos y comprometiendo las arcas del Estado. Agregó además que el contrato no había sido originado dentro del marco de lo que establece el Código del Trabajo, debiendo alegar en su momento la vulneración a tales derechos subjetivos, que exigió después de la fecha del vencimiento de sus contratos, la que consciente de la modalidad bajo la cual había sido contratada y en ningún momento manifestó su oposición a su contrato, como así lo indicó falsamente. Finalmente expresó que, en cuanto al agotamiento del trámite gubernativo correspondiente (Reclamo Administrativo), ante la Secretaria de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, donde se buscaba un supuesto arreglo conciliatorio con el demandado, al respecto no procedía ninguna conciliación, por no estar facultada para aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes, al tratarse de un contrato por tiempo determinado, el cual tenía tiempo de iniciación y terminación a satisfacción de las partes; no obstante la pretensión exigida en ese Juzgado debe ser declarada sin lugar, porque el demandante no le asiste el derecho y que en el será proceso del debate que se acreditará que no tuvo sustentación jurídica para poder litigar en la presente causa, y que por ello se le condene especialmente en costas. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 08 de febrero del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales legales, más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme, pago de salarios adeudados, horas extras, vacaciones y demás bonificaciones legales, promovida por la señora CINTHYA DAYANARA HAWIT FLORES, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República el Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, por actuaciones de EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER conocido también como DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en consecuencia CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República el Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, por actuaciones de EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER conocido también como DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, a pagar la demandante CINTHYA DAYANARA HAWIT FLORES, la cantidad CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 405,940.66), distribuida así: preaviso L 116,666.40, cesantía L. 174,999.60, cesantía proporcional L.38,564.73, vacaciones proporcionales L.25,709.82, décimo tercer mes proporcional L.12,500.03, décimo cuarto mes proporcional L.37,500.08; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso este tribunal es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito por las circunstancias siguientes: Uno: Que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos con la abundante prueba documental se encuentra acreditado que la demandante CINTHYA DAYANARA HAWIT FLORES, desde el 03 de agosto del 2018, inicio a laborar con la demandada han venían celebrando contratos de trabajo bajo la denominación contratos de prestación de servicios profesionales así: contrato celebrado el 1 de agosto 2018, con una vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre 2018, contrato celebrado el uno de julio 2019, con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre del 2019, contrato celebrado el 2 de enero del 2020, con vigencia del 1 de enero al 30 de junio del año 2020, contrato celebrado de fecha 4 de enero del 2021, con vigencia del 01 de enero al 30 de junio del 2021, contrato celebrado el 15 de junio del año 2021, con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre del 2021, contrato celebrado el 17 de enero del año 2022, con vigencia del 3 de enero al 26 de enero del año 2022, contrato celebrado 15 de marzo del año 2022, con una vigencia del 27 de enero al 31 de marzo del año 2022; documentos que corren a folios 120 al 166 de los autos; independientemente de la denominación que se les dio eran contratos de trabajo, porque en la relación existente entre las partes concurrían los tres elementos necesarios para considerar la existencia de este según dispone el artículo 20 del Código de Trabajo; la relación no fue interrumpida pruebo de ello es que la demandada le venía realizando pagos de manera continua según consta en los comprobantes de pago que corren a folios 171 al 186, de los autos, la demandante tenía todos los beneficios propios de un empleado dependiente como ser pago décimo tercer y décimo cuarto mes cada año según aparece reflejado con los comprobantes de pago que corren a folios 167 al 170, se encontraba afiliada al Instituto Hondureño de Seguridad Social, por parte del patrono el PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, tal como consta a folios 187 al 192; la demandada llevaba control de asistencia a la demandante según consta a folios 193 al 196 de los autos; siempre fue contratada para realizar las mismas funciones las cuales son continuo en la institución demandada, es decir y subsiste la actividad que le dio origen después de finalizada la relación.- Dos: El despido es un acto por el cual el patrono hace saber al trabajador ya sea directamente o por medio de sus representantes, que rescinde la relación de trabajo, y que en consecuencia debe retirarse del servicio, mismo que corresponde demostrarlo al trabajador, y su justificación al patrono; o es el aviso que el trabajador da al patrono que cancela la relación de trabajo por una causa imputable a éste y exige la indemnización correspondiente; en el caso de autos la demandante acredito la que demandada puso fin a la relación de trabajo siendo este un hecho aceptado por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda en el hecho tercero dijo sobre el supuesto despido "aclararle que en ningún momento esta Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, realizo un despido, ni verbal, ni de forma injustificada como lo quiere hacer ver la demandante, ya que la fecha de finalización del contrato se dio el 31 de marzo del año 2022, cumpliendo con el término que se habla convenido y estipulado en el contrato celebrado entre las partes".- sin alegar justa causa más que la fecha de finalización del contrato que se dio el 31 de marzo del año 2022; por lo que el despido llevado a cabo bajo esas condiciones resulta injusto e ilegal por lo que procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños y perjuicios. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no. En el caso de los autos la parte demandada no probo haber pagado a la demandante los derechos en forma proporcional. Que la ley laboral establece que cuando el patrono no prueba la justificación en que funda el despido debe pagarle al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que ha este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del cuerpo de la ley citado debe quedar firme la sentencia condenatoria. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 30 de mayo del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, en el presente asunto se debe determinar la clase de contratación que unió a las partes, bien por tiempo indefinido y/o por tiempo definido, según es la posición asumida por las partes actora y demandada, respectivamente; es así que después del análisis y estudio del proceso y de las probanzas, el tribunal concluye que es un hecho cierto e incuestionable que las partes estuvieron vinculadas a través de "contrato de prestación de servicios profesionales" suscritos uno en pos de otro y en los que describen las actividades a las que la demandante estaba sujeta como Gerente Ciudad Mujer Móvil, entre ellas: realizar personalmente la labor en los términos estipulados, atender otras funciones que el puesto demande, así como acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta el supervisor inmediato según el orden jerárquico establecido; también el monto salarial a devengar, vigencia del contrato, etc., aun así la demandada a través del representante procesal niega el despido, sosteniendo que la relación laboral fue por tiempo definido, en base al criterio de que la no renovación del contrato impide la continuidad en el desempeño de las actividades, por tanto, consideran que no hubo despido sino que la vigencia del contrato se cumplió el 31 de marzo del 2022; al respecto cabe señalar que de la prueba agregada al proceso, la verdad real es que la demandante aun y cuando suscribió varios contratos de prestación de servicios profesionales en los que se estipuló fecha de vencimiento, cierto también lo es, que las labores persisten dentro de la institución, tan es así que en lugar de la actora, fue contratada la señora Xiomara Stefany García Ayestas, como nueva Gerente Ciudad Mujer Móvil, así quedó constatado en el acta que levantó la Inspectora del Trabajo el 1 de abril del 2022 visible a folios del 9 al 12 de la pieza principal. Aún y cuando los contratos suscritos los denominaron "contrato de prestación de servicios profesionales" a cargo del renglón presupuestario 12100, no establecen el carácter excepcional y especial de tal contratación, ni tampoco la acreditaron en juicio, extremos que desde el punto de vista legal laboral se enmarcan dentro del ámbito de la norma 47 del Código del Trabajo, por cuanto, "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen...", constituyendo el sustento legal en el que ampara las pretensiones la parte actora y que la censora acertadamente razona en la sentencia, por manera que no es posible dar cabida a los argumentos expresados por la recurrente, por cuanto, se reitera, la labor y forma de contratación de la demandante, llevan a concluir que las labores contratadas son de naturaleza permanente y continua dentro de la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, indistintamente de la partida presupuestaria de donde pagan salarios, pues ello es una cuestión meramente administrativa de la cual responde la persona que la contrató, a lo anterior es de agregar que a la actora le pagaban los derechos que corresponden a los trabajadores permanentes según se advierte en los folios 167 y 170 de la pieza principal; de ahí que, su finalización sólo puede darse si concurre causa justa o legal que faculte al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, situación que no ocurre en el subjudice, puesto que al momento de la desvinculación solamente le notificaron la no renovación del contrato, accionar que solo tiende a estimar una terminación de trabajo injustificada por carecer de justa causa que exima al patrono de toda responsabilidad. En observancia del principio de primacía de la realidad, no es posible estimar que la relación de trabajo entre las partes haya sido temporal como lo asegura la demandada, sino de naturaleza permanente, dado el tiempo en que la trabajadora prestó sus servicios personales por haber suscrito varios contratos, uno en pos del otro, hecho que se subsume en el artículo 52 párrafo ultimo del Código del Trabajo, en cuyo caso debe entenderse que la contratación fue por tiempo indefinido, por ello la demandante adquirió todos los derechos que las leyes laborales conceden a los trabajadores permanentes, extremos que concuerdan con las posiciones asumidas desde el inicio de la litis y en toda la sustanciación del proceso; por ello es oportuno señalar que la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo a fin de establecer línea jurisprudencial ha sostenido que: "en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en el que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales." (Casaciones números 232-12 y 468-12). En concordancia con los razonamientos que contiene el presente fallo y dada la personalidad del recurso de apelación, se estima procedente confirmar la sentencia recurrida. 5.- Mediante auto de fecha 20 de septiembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FALOM STEFHANIE CANTILLANO FUENTES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 27 de noviembre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada FALOM STEFHANIE CANTILLANO FUENTES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 01 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de febrero del 2025, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado RAFAEL ENRIQUE GÓMEZ MATEO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada FALOM STEFHANIE CANTILLANO FUENTES, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por violación indirecta de un error de hecho por aplicación indebida del artículo 47 del Código del Trabajo, proveniente de la apreciación errónea del medio de prueba denominado DOCUMENTAL. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas, son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, incurrió en error de derecho, al apreciar erróneamente que la modalidad bajo la cual eran tutelados los servicios profesionales que prestaba la demandante a mi representado era por tiempo determinado, por lo que es improcedente colocar estos dentro del marco de la normativa como excepción a la regla general o que se presente una situación extraordinaria y transitoria que requiera un tiempo fijo de los servicios que rige los contratos profesionales contemplados en el Código del Trabajo, tomando en consideración que los contratos por Prestación de Servicios por Tiempo Determinado que suscribiera la demandante con mi representado reúnen las siguientes características: 1. La contratación consistía en prestar servicios específicos de la institución; 2. En los contratos se estipula la fecha de inicio y de finalización de los mismos. El Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en el artículo 200 en relación a los Contratos por Prestación de Servicios dispone que: tendrán un plazo determinado y no podrán renovarse, sino cuando conste acreditada su necesidad. Al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes. Por otra parte, el artículo 17 del mismo Reglamento establece que quienes presten servicios profesionales, [...] en virtud de un contrato especial también forman parte del servicio excluido, aun cuando estén sujetos a jornadas y horarios normales de trabajo y perciban una remuneración mensual. En este caso, por aplicación analógica de la normativa, se puede apreciar que la sujeción a una jornada y horarios normales de trabajo, según los dispuesto en el artículo antes referenciado, no cambia la modalidad del contrato suscrito, por ende, la concurrencia de estas situaciones no le otorga a la demandante el carácter de permanente. Aunado, quedo claro que la demandante desempeñó el cargo de Gerenta de Ciudad Mujer Móvil, donde administraba el personal y recursos del Centro Ciudad Mujer, siendo este un cargo de Dirección... es un puesto de confianza, que según lo define la Ley de Servicio Civil, en el artículo 5, numeral 18, el (la) empleado (a) de confianza [...] por la responsabilidad que, las delicadas tareas que desempeña o la honradez que para sus funciones se exige, cuenta con fe y apoyo especial de la autoridad nominadora, por lo que este puesto no podría ser de carácter permanente, por lo que la Corte sentenciadora hizo una aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo, artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3 y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. La aplicación indebida de la norma ocurre cuando al contrato suscrito entre las partes, el Ad quem considera que el mismo es de naturaleza permanente, olvidándose que los "Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Tiempo Determinado", como el firmado por mi representado y la parte actora de la demanda, contrato que no forma parte del derecho laboral, ya que se trata de una relación de servicio por tiempo determinado. Concluyéndose de lo anterior que la normativa jurídica que la Corte Acusada HA APLICADO DE MANERA INDEBIDA al presente caso, es el Artículo 47 del Código del Trabajo, a este respecto la doctrina refiere que la Violación se produce cuando existiendo un hecho que no se discuta o que esté debidamente comprobado, deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. El Juez o magistrado al proferir su decisión debe analizar todas las pruebas, haciendo la apreciación correcta que se ha singularizado y que tal falta u omisión le hizo incurrir en el error de hecho alegado en este motivo y que de haberse analizado correctamente los medios probatorios, se hubiera concluido que lo que existe es una terminación del contrato legalmente permitido y nunca un despido injustificado como erróneamente invoca la parte demandante. Por lo anteriormente expuesto, procede Honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se formula el concepto de infracción indirecta de un error de hecho, pero en la explicación se menciona el error de derecho lo cual vuelve el motivo carente de claridad y precisión, ya que los mismos son distintos e incompatibles entre sí, que se deben formular en forma separada por la independencia de los cargos. b) se citan los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo, señalado como normas sustantivas infringida carece de tal calidad. Es importante recordar que norma sustantiva es aquella que consagra derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; y, c) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario en razón de lo establecido en el artículo 770 del Código de Trabajo. IV.- Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. 2. SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. – NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, FIRMA Y SELLO ELECTRONICO ROY PINEDA CASTRO, FIRMA Y SELLO ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día uno del mes de junio del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha trece del mes de enero del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación número CL299-23.

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO