Sentencia CL-257-24 — Registro 20308
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, vacaciones, aguinaldo proporcional y décimo cuarto mes proporcional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) En la formulación no señala la norma sustantiva violada, haciendo mención posteriormente en la explicación los artículos 20 del código de trabajo y 70 de la Constitución de la Republica no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) el concepto de “norma incompleta” no procede en casación, en la infracción directa solo se conceptualiza la aplicación indebida o interpretación errónea. c) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) En la formulación no señala la norma sustantiva violada, haciendo mención posteriormente en la explicación los artículos 20 del código de trabajo y 70 de la Constitución de la Republica no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) el concepto de “norma incompleta” no procede en casación, en la infracción directa solo se conceptualiza la aplicación indebida o interpretación errónea. c) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 06 de agosto del 2024, por el Abogado KEVIN ALEXANDER VARELA ESPINOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora REINA BENITES QUINTANILLA, representada en juicio por el Abogado HERMES BAYARDO ESPINOZA ROSA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, vacaciones, aguinaldo proporcional y décimo cuarto mes proporcional, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha 11 de mayo del 2022, por la señora REINA BENITES QUINTANILLA, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en el Municipio de Gracias, Departamento de Lempira, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de marzo del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 07 de febrero del 2023, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Gracias, Departamento de Lempira, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN LABORAL, interpuesta por REINA BENITES QUINTANILLA, en contra de La Procuraduría General de La República por actuaciones del comité permanente de contingencias (COPECO) por medio de su representante legal, Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS. SEGUNDO: Condena al Estado representado por Procuraduría General de La República por actuaciones del comité permanente de contingencias (COPECO) por medio de su representante legal, Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a pagar a REINA BENITES QUINTANILLA, la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (LPS 327,394.50) desglosado de la manera siguiente: En concepto de: Preaviso: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (29,763.60) Cesantía: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (Lps. 44,645.40) Cesantía Proporcional: SEIS MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (Lps. 6,903.50) reajuste salario mínimo: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (Lps 181,664.70) Vacaciones Pendientes: TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 13,393.62) Aguinaldo Pendiente: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 25,511.84) más los salarios dejados de percibir que se produzcan desde el momento del despido durante, hasta que con sujeción a las normas internas quede firme la sentencia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia…". ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, comenzó la relación laboral con el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), mediante contrato de trabajo escrito desde el 01 de agosto del 2018, en el cual se desempeñaba como Auxiliar en la sede de Gracias, Departamento de Lempira; devengando un salario mensual de L.4,500.00, los cuales recibía mensualmente mediante deposito a su cuenta de ahorro número 2110420098334 que mantiene en Banco Atlántida S. A., posteriormente firmaba de un recibo del cual únicamente le mostraban donde debía firmar, no así el contenido del mismo, solo le manifestaban que era como comprobante de haber recibido su salario; y que su horario de trabajo era de miércoles a jueves de ocho de la mañana (8:00 a.m.) a cuatro de la tarde (4:000 p.m.); debiendo estar disponible las veinticuatro horas del día de los siete días de la semana a cualquier llamado por alguna emergencia que se suscitara y fuera necesaria nuestra presencia, como en el caso de las tormentas Eta e Iota. Dichos contratos de trabajo eran por tiempo definido y únicamente tenían vigencia de un mes (treinta días), por lo que durante la relación laboral firme varios contratos. Aun cuando eran celebrados por tiempo definidos, pero al ser la labor que desempeñaba de naturaleza permanente o continua, debían considerarse celebrados por tiempo indefinido. Al momento de firmar cada contrato, el representante del patrono no dejaba que le diera lectura y nunca me facilito una copia del mismo. Argumentó que la relación de trabajo desde la fecha 01 de agosto del 2018, siempre fue continua sin ninguna interrupción cumpliendo con lo estipulado en el Código del Trabajo en el Artículo 20: para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; v, c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Que el 17 de enero del 2022 mediante comunicación telefónica, el señor Gadiel Blanco, encargado de Protección Civil de COPECO le manifestó que había sido dada de baja de su cargo y que ya no aparecía en planilla. Posteriormente que le notificaron el despido, en fecha 24 de enero del 2022 se trasladó a la oficina regional de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, ubicada en la ciudad de Santa Rosa de Copan Para a solicitar los servicios de un Inspector del Trabajo para que se constatara su despido; y una vez que se hizo presente en su centro de trabajo en fecha 07 de febrero del 2022, fue atendido por su ex jefe inmediato, la señora Iris Yolanda Ortiz Romero, quien manifestó que la fecha de ingreso, el cargo y salario es correcto, que su forma de contratación era mediante convenios escrito y que en cuanto a su fecha de separación que a ella desde diciembre 2021 no le habían depositado el salario y que por esa razón ya no pertenecía a la institución, y que tampoco le enviaron contrato desde Tegucigalpa y que siguió trabajando hasta el mes de enero; y que durante el despido verbal solo se le notificó que era porque se había vencido el contrato en el mes de noviembre del 2021, lo cual fue notificado hasta el 17 de enero del 2022, y nunca se invocó ninguna de las causales que contempla el código de trabajo para que el patrono diera por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte, contenidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo cual el despido se convierte en ilegal e injusto. Argumentó además que laboró el mes de diciembre del 2021 y 17 días del mes de enero dl 2022, fecha de la notificación de su despido, por lo que se le adeuda el mes de diciembre del 2021 y los 17 días del mes de enero del 2022; por lo que la parte demandada no puede decir que su contrato se encontraba vencido cuando siguió laborando y prestando sus labores hasta la fecha del 17 de enero del 2022, agregando que la labor que desempeñaba, por su naturaleza era continua o permanente, por lo que se le debía considerar un trabajador permanente y los contratos se debían considerar por tiempo indefinido aun y cuando en los mismos se expresara termino de duración, tal como lo establece el artículo 47 del código del trabajo, agregando que la relación laboral era continua sin ninguna interrupción, es por ello que fue despedido de manera directa e ilegal, ya que el código del trabajo ya establece la relación continua de trabajo. Continuó manifestando que después de haber sido despedida y luego de haber solicitado los servicios del Inspector de Trabajo, pidió a la parte patronal se le extendiera copia de su último contrato de trabajo, el cual para mi sorpresa se titulaba "MI COMPROMISO CON EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL EN HONDURAS DE COPECO No. 18654-PC-2021” y de la lectura del mismo de desprendía que comparece en dicho convenio como Voluntaria y que tiene por objeto el acompañamiento en las actividades designadas por la dirección de protección civil en el departamento de Lempira, Gracias, que su cargo es de auxiliar PC-01, que se comprometía a realizar las actividades designadas y le hicieron reconocer o aceptar que el mismo no es un contrato de trabajo y que el salario que recibía por la cantidad de L. 4,500.00 correspondían a "EL REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES SIEMPRE QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE AUTORIZADOS", anexo a dicho documento se encuentra agregado otro documento de solicitud de voluntario y un recibo por la cantidad de L. 4,500.00, supuestamente como reembolso para cubrir gastos de alimentación, movilización, comunicaciones del programa de protección civil de COPECO; manifestó que fue sorpresa por que inició a laborar en COPECO ante una propuesta de trabajo, no de voluntariado, donde le dijeron que iba a devengar un salario de L. 4,500.00 y no que se le iba a reembolsar gastos de alimentación, movilización etc..., por lo que su contratación bajo un convenio de voluntariado fue en fraude de ley, con la única finalidad de no pagarle los derechos que contempla el Código del Trabajo, por lo que el convenio titulado "MI COMPROMISO CON EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL EN HONDURAS DE COPECO No. 18654-PC-2021" debe ser nulo y reconocerle como un trabajador permanente regido por las normas contempladas en el código del trabajo vigente. Finalmente, con el ánimo de llegar a una conciliación, cite a señor Pablo Ramón Soto Bonilla en su condición de Secretario de Estado en los despachos del Comité Permanente de Contingencias Nacionales (COPECO) a una audiencia de conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social sede Santa Rosa de Copan, donde compareció como su representante, el abogado Porfirio Gómez Carrasco, la que se llevó a cabo sin que se hubiera llegado a un acuerdo de conciliación, por lo que se dio por agotado el procedimiento administrativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, la demandante en ningún momento sostuvo una relación contractual, mucho menos una relación de trabajo con COPECO, ya que como se probará en el momento procesal oportuno, y que entre las partes únicamente existió una prestación de servicio voluntario, término que la LEY DEL VOLUNTARIADO, creada mediante Decreto Legislativo No.177-2011, articulo 2 numeral 2) define: "VOLUNTARIOS: Toda persona natural que libre, ética y responsablemente ofrece su tiempo, talento y trabajo, para el desarrollo del bien común, en forma individual o colectiva en organizaciones públicas o privadas legalmente constituidas, sin recibir directamente compensación alguna", asimismo la precitada Ley, en el numeral 1) del mismo artículo 2 define: "VOLUNTARIADO: El conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, siempre son las mismas no se desenvuelven en virtud de una relación lucrativa o retribuida y cuyo carácter sea altruista, solidario, libre y se ejecute conforme a programas a principios concretos", de igual manera, el artículo 3 de la referida Ley, define el voluntariado como aquella actividad que tiene las siguientes finalidades: “1) Contribuir al desarrollo integral de las personas y de las comunidades, con base en el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, el respeto y la realización de los principios esenciales de la convivencia en la sociedad, la vida, la libertad, la solidaridad, la justicia y la paz, 2) Fomentar a través de la prestación del servicio voluntario, una conciencia ciudadana cívica, generosa y participativa para el fortalecimiento de valores, sin discriminación, procurando el bienestar de toda la sociedad", por lo que al hacer una interpretación razonada y fundamentada en la LEY DEL VOLUNTARIADO ha quedado plenamente establecido que la demandante simplemente ejercía una prestación de servicio de manera voluntaria con el Estado de Honduras a través de COPECO, y que será la misma demandante, que tendrá que probar que efectivamente en la fecha señalada en su demanda inicio la prestación de servicio de voluntario con COPECO, ya que no es suficiente la afirmación que haga la demandante en los hechos de su demanda, sino que debe ser probado por ella mismas en juicio, pues en manera probatoria es un principio universal que "quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla" constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI, y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que el señor Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio. En relación con lo expuesto por la demandante, quien erróneamente argumentó que devengaba un salario mensual de L. 4,500.00, es oportuno manifestar que en ningún momento la demandante devengó dicha cantidad en concepto de salario, sino que lo percibió en concepto de reembolso, tal como lo estipula la Ley del Voluntariado en el CAPITULO II (DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS Y DE LAS VOLUNTARIAS) que en su artículo 5 estipula: "Son derechos de los voluntarios y de las voluntarias": numeral 3) "El reembolso de gastos emergentes, siempre que hayan sido previamente autorizados", en analogía con lo expuesto en el artículo 7 de la precitada Ley (Son principios de la actuación de los voluntarios): 4) Gratuidad "Consiste en que el servicio que se presta, no busca beneficio personal o retribución alguna con lo cual queda plenamente demostrado que de acuerdo al artículo 5 numeral 3), la cantidad de dinero que las demandantes percibían bajo ninguna circunstancia se puede configurar como un salario sino que lo que recibían era un reembolso por gastos emergentes, los cuales eran previamente autorizados por COPECO”. De igual manera, de acuerdo con el articulo 7 numeral 4) de la supra mencionada ley, la prestación de servicios voluntario se realiza de manera GRATUITA: por ende, es fácil concluir que a la demandante no le asiste el derecho para argumentar que en la prestación de servicio voluntario que ejerció con mi representado se cumplen los 3 elementos del artículo 20 del Código de Trabajo, ya que, debido al principio de la gratuidad que estipula la Ley del Voluntariado, la prestación de servicio voluntario no es remunerada, por consiguiente, bajo ninguna circunstancia se puede configurar que la demandante percibía un salario por la prestación de servicio voluntario que realizaron con el Estado de Honduras a través de COPECO, pues haciendo un razonamiento lógico de las pretensiones de la demandante, es fácil concluir que las mismas son inadmisibles, ya que es contradictorio esperar una remuneración económica por una prestación de servicio que se ha efectuado de manera voluntaria, y más cuando la norma que regula dicha prestación de servicio voluntario, claramente estipula y define el principio de la gratuidad, el cual, lógica y automáticamente excluye toda posibilidad de recibir remuneración alguna en razón de los servicio prestados; en este sentido, el artículo 6 numeral 7 de la Ley del Voluntariado expresa: "Rechazar cualquier remuneración económica que le fuere ofrecida, sea del beneficiario o de las personas relacionadas con su acción", argumento con el cual quedó plenamente establecido que la demandante, de acuerdo a la característica de los servicios prestados (de manera voluntaria), en ningún momento recibió remuneración alguna, reiterando que la cantidad que percibió fue en concepto de reembolso; por consiguiente, dicho reembolso, bajo ninguna circunstancia se podía configurar como remuneración económica; en tal sentido, el demandado está exento de cualquier responsabilidad con la demandante, debiendo tenerlo así establecido esa judicatura al momento de emitir su sentencia. Manifestó además que la demandante en ningún momento fue objeto de despido, ya que nunca sostuvo una relación contractual, mucho menos una relación de trabajo con el Estado de Honduras a través de COPECO, sino que la demandante únicamente realizó una prestación de servicio voluntario, la cual fue regida por las disposiciones de la LEY DEL VOLUNTARIADO, que en el párrafo segundo del artículo 8 estipula: (DE LAS ORGANIZACIONES DEL VOLUNTARIADO: ACUERDOS DE INSCRIPCIÓN, SUS DERECHOS Y SUS DEBERES) "Las organizaciones en que se integren los voluntarios y las voluntarias, deberán establecer formas de inscripción en que se especifiquen la acreditación de la condición de voluntario y voluntaria, fecha de ingreso, tiempo de duración del acuerdo, naturaleza de la prestación a efectuar, la función específica a desempeñarse, el lugar de ejecución y cualquier otra circunstancia que indique de manera indubitada las características del servicio voluntario a ser prestado, causas y formas de terminación del acuerdo. El acuerdo (de inscripción) no constituye ningún tipo de relación laboral remunerada, ni estará sujeto a jurisdicción de institución estatal alguna", por lo que en analogía a esa normativa y en relación con la Cláusula QUINTA del documento denominado "MI COMPROMISO CON EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL EN HONDURAS DE COPECO", firmado entre el demandado y la parte actora, claramente estipula que dicho documento no representa un contrato de trabajo por su condición de voluntario, por lo que se puede desistir del compromiso por decisión unilateral de COPECO; por lo que en razón de lo antes expuesto, en el uso de las facultades legales antes mencionadas, decidió dar por terminada la prestación de servicio voluntario de la demandante. Reiteró que el elemento que no se cumple bajo ninguna circunstancia es el "salario", ya que la demandante no recibía un salario como contraprestación por los servicios prestados porque eran de carácter voluntario, razón por la cual solo recibía determinada cantidad de dinero en concepto de reembolso por gastos emergentes, debiendo tenerlo así establecido esa judicatura al momento de emitir su sentencia. Rechazó lo manifestado por la demandante al haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, ya que el Estado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de una Prestación de Servicio Voluntario, que bajo ninguna normativa laboral se puede configurar como una relación de trabajo al no cumplimentarse los 3 elementos del artículo 20 del Código de Trabajo, siendo por lo tanto improcedente acudir a la Secretaria de Trabajo con el infundado objetivo de buscar una conciliación, ya que nunca existió una relación de trabajo con la demandante. Asimismo rechazó en cuanto a que la demandante procura sustentar sus pretensiones en la normativa del artículo 47 del Código del Trabajo, puesto que era una PRESTACIÓN DE SERVICIO VOLUNTARIO que sostuvo la demandante y el demandado no se configura ni se puede interpretar como un contrato de trabajo, además que la referida Prestación de Servicio Voluntario, razón por la que no se puede aplicar irresponsablemente la normativa laboral del referido artículo, mucho menos considerar que lo ocurrido fue una relación contractual por tiempo indefinido, ya que los servicios prestados por la demandante no eran de índole laboral. Continuó expresando que en ese orden de ideas, es oportuno mencionar que en la Prestación de Servicio Voluntario que ejerció la demandante, no pueden prevalecer derechos subjetivos por muy convenientes que sean a una de las partes, ni tampoco cambiarse los términos del mismo, argumentando que esta normativa del artículo 47 del Código del Trabajo, pues desnaturalizaría el objeto de dicha prestación, por lo que se reitera que la demandante, al fundamentar erradamente sus pretensiones para procurar hacer ver ante esta judicatura que la Prestación de Servicio Voluntario que realizo de carácter permanente dentro de la institución, por ser beneficioso a los intereses particulares de ella, señalando irresponsablemente que debe entenderse por tiempo indefinido, con eso induciría que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa precitada. Finalmente arguyó que es completamente improcedente que la demandante acuda a esa judicatura del trabajo solicitando derechos subjetivos que bajo ninguna normativa le corresponden, los cuales consecuentemente carecen de sustentación jurídica, siendo por lo tanto inoportuno que concurran solicitando el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto proporcional y salarios dejados de percibir desde la fecha del supuesto despido hasta que quede firme la sentencia, cuando ha quedado plenamente establecido que la demandante NUNCA fue empleada de COPECO, sino que simplemente ejerció una Prestación de Servicio Voluntario, la cual no se configura como un contrato de trabajo, mucho menos como una relación laboral; en tal sentido, acudir ante esa judicatura, solo pone de manifiesto el desconocimiento de la norma de parte de su representante procesal, o la avaricia de la demandante para pretender agenciarse cantidades de dinero del erario que no le correspondían, quien evidentemente carece de sustentación jurídica para demandar en la presente causa. 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha 07 de febrero del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN LABORAL, interpuesta por REINA BENITES QUINTANILLA, en contra de La Procuraduría General de La República por actuaciones del comité permanente de contingencias (COPECO) por medio de su representante legal, Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS. SEGUNDO: Condena al Estado representado por Procuraduría General de La República por actuaciones del comité permanente de contingencias (COPECO) por medio de su representante legal, Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a pagar a REINA BENITES QUINTANILLA, la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (LPS 327,394.50) desglosado de la manera siguiente: En concepto de: Preaviso: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (29,763.60) Cesantía: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (Lps. 44,645.40) Cesantía Proporcional: SEIS MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (Lps. 6,903.50) reajuste salario mínimo: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (Lps 181,664.70) Vacaciones Pendientes: TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 13,393.62) Aguinaldo Pendiente: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 25,511.84) más los salarios dejados de percibir que se produzcan desde el momento del despido durante, hasta que con sujeción a las normas internas quede firme la sentencia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia…". Bajo el criterio que, según la ley del voluntariado decreto número 177-2011 en su artículo 1 párrafo ultimo dice que la actividad del voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido. En su artículo 8 párrafo segundo dispone que el acuerdo no constituye ningún tipo de relación laboral remunerada, ni estará sujeta a jurisdicción de institución estatal alguna. En esto se ampara la parte demandada para decir y asumir que no tiene obligación alguna con las demandantes. Sin embargo, el código del trabajo les refuta esa posición y en su artículo 8 a la letra dice: En caso de conflicto entre las leyes del trabajo o de seguridad social, con las de cualquier otra índole (cabe aquí ley de voluntariado) deben de predominar las primeras. Es más que claro entonces que en el caso de autos el alegato de que, de acuerdo a ley de voluntariado no se debe tomar como relación de trabajo remunerada, calza perfectamente "en las leyes de cualquier otra índole" por lo tanto debe predominar la legislación laboral (código del trabajo). Delimitado y definido lo anterior nos adentramos a la normativa laboral la que define al trabajador como toda persona natural que presta a otra y otras naturales o jurídicas servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros mediante el pago de una remuneración o en virtud de un contrato o relación de trabajo. Que patrono es toda persona natural o jurídica particular o de derecho público que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Que contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esa y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección ejercida personalmente o por medios de terceros en todo lo que se refiere al trabajo. Para que haya contrato de trabajo a la luz del artículo 20 se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c)- Un salario como retribución de servicio. Una vez reunidos los tres elementos se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón de nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Visto así la demandante REINA BENITES QUINTANILLA reúnen todos y cada uno de los requisitos que demanda la legislación laboral (art 20) para que la parte demandada sea condenada al pago de lo reclamado, pues debe tomarse en cuenta además que el hecho de firmar contratos por treinta días (tiempo definido) de manera continua, se consideran celebrados por tiempo indefinido, así lo recoge el artículo 47 Código del Trabajo. 4.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 14 de marzo del 2024, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, en relación al primer agravio esgrimido por el recurrente, sobre que no existió relación laboral alguna con la demandante, sino que la misma prestaba servicios de voluntariado. Es un hecho aceptado por las partes que la demandante prestó sus servicios para la otra Comisión Permanente de Contingencias ahora convertida en la Secretaria de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, lo que es controvertido en esta relación es la naturaleza de la misma, ya que la demandada arguye que los servicios prestados por la actora fueron en calidad de voluntariado regida por la ley del voluntariado, sin constituir una verdadera relación laboral conforme al Código del Trabajo. Ahora bien, para que los servicios que una persona natural pueda prestar a una organización o institución sin fines de lucro, de filantropía o incluso en los órganos estatales, sin que constituya un trabajo remunerado, necesariamente debe ser enmarcado en la ley del voluntariado decreto 177-2011, siendo uno de los principios fundamentales en este régimen, la gratuidad por el cual se establece que los servicios que se prestan no tienen beneficio personal ni retribución alguna, es decir que como su nombre lo indica las actividades o las labores que se realizan bajo esta modalidad se encuentra desprovista de salario, retribución o estipendio, las mismas las realiza el voluntario como se denomina a quien presta el servicio, en forma voluntaria, espontanea sin esperar remuneración a cambio de su esfuerzo físico. En el caso de méritos a la vista de los documentos aportados al debate observamos que la demandante recibía la cantidad de Cuatro Mil Quinientos Lempiras (L. 4,500.00), según el concepto de tal estipendio era por reembolso para cubrir gastos de alimentación, movilización etc., según la parte recurrente ese valor no es considerado salario o retribución por el servicio. Si bien, el servicio voluntario establece como derecho de la persona que lo presta, a recibir reembolso de gastos emergentes, siempre y cuando hayan sido previamente autorizados, se entiende que son gastos ocasionales, eventuales que surgen de imprevistos y le toca costearlos a quien realiza el trabajo ad-honoren y como consecuencia de ello tiene el derecho a que se le reembolse los gastos incurridos en favor del servicio, por supuesto debidamente comprobados, pero en el caso de méritos, tal cual se observa en cada uno de los recibos firmados por la demandante, el monto percibido fue una constante a lo largo de los meses que duró la relación, sin que se haya acreditado que esos montos correspondan a gastos incurridos por la demandante en la realización de su actividad como es la finalidad de la figura del reembolso. Otro detalle que caracteriza a la relación o trabajo por medio del voluntariado es que conforme al artículo 8 de la ley citada, establece que las organizaciones o instituciones que funcionan bajo este régimen deben tener métodos o mecanismos de inscripción de los voluntarios y voluntarias en el que se pueda fácilmente establecer las funciones o actividades, fecha de ingreso al servicio, fecha de finalización, lugar donde se presta el servicio, y otra información de la que sin lugar a dudas se pueda determinar el carácter de voluntariedad del servicio. Así también, es un deber de la institución, organismo u empresa filántropa que recibe servicios de personal voluntario, acreditarse ante el Consejo Nacional del Voluntariado (art. 10 numeral 1), pues al ser beneficiado la institución con servicio voluntario de personas, este régimen no puede sustituir el trabajo retribuido, consecuentemente debe existir una veeduría sobre las instituciones que reciben el servicio voluntario. En el caso de méritos a vista de los documentos donde constan los servicios que prestaría la demandante como auxiliar de protección civil dependiente de la Comisión Permanente de Contingencias, no podemos determinar con meridiana claridad o certeza la voluntariedad del servicio que la señora Reina Benítez prestaba, pues del documento en referencia no consta que tal organismo esté inscrito o acreditado ante el Consejo Nacional del Voluntariado, pues es un deber de todas las instituciones, organizaciones u organismos sin fines de lucro inclusive los estatales, estar inscritas en ese consejo, para demostrar que la institución está regida por ese régimen de servicio del voluntariado, y como tal autorizada a recibir a los voluntarios que realizaran actividades que se les encomienden sin ninguna retribución. Por lo antes expuesto y siendo que entre los principios que rigen el derecho laboral, hay uno que se traduce en la tutela preferencial en favor del trabajador para equilibrar desigualdades de carácter social, económica y cultural, El principio denominado Protectorio que se desarrolla sobre tres reglas fundamentales, Interesándonos una de ellas que es Indubio Pro operario: Que se refiere al momento de tomar una decisión, en caso de duda o conflicto entre dos normas, cuando esta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. En el caso de méritos ante dos posiciones antagónicas en cuanto a si ese monto de 4,500.00 lempiras recibidos por la señora Reina Benítez, que la parte demandada llama "gastos reembolsables" pero la parte actora considera se trata del salario recibido por la labor realizada, esta Corte ante la incertidumbre de que la institución demandada no contaba con la acreditación para recibir servicio del voluntariado, no queda más que considerar que dicho valor recibido sea como retribución o pago del servicio o trabajo realizado por la demandante. Consecuentemente la relación sostenida entre la señora Reina Benítez Quintanilla con la otrora Comisión Permanente de Contingencias, realizando actividades como auxiliar de protección civil, es una auténtica relación laboral, pues ella personalmente realizaba la actividad destinada a vigilar, prevenir, controlar, garantizar la atención a personas ante los posibles contagios por coronavirus. Además el desempeño de sus actividades la realizaba bajo las instrucciones de la Dirección de Protección Civil de Gracias, lempira coordinada por la señora Iris Yolanda Ortiz Romero, es decir el trabajo estaba supeditado a las directrices que recibían de la coordinadora y por ultimo como hemos afirmado por el trabajo realizado la señora Benítez recibía una remuneración de 4,500.00 lempiras cada mes bajo la denominación de "reembolso de gastos" pero que aun y cuando se le denomine de esa forma lo cierto es que se trata de un salario como retribución por la labor realizada. En cuanto al otro motivo de agravio relacionado con la inexistencia del despido hacia la demandante por cuanto no existió relación de trabajo con la demandada. Habiendo establecido que existió una autentica relación laboral el argumento del recurrente puede ser desestimado de plano, no obstante, debemos explicarle que la diligencia de constatación de hechos realizada por el Inspector del Trabajo en fecha siete de febrero del 2022 ante la señora iris Yolanda Ortiz Romero en su condición de Oficial de Protección Civil de Copeco de Lempira, constituye un documento de fe que tiene plena validez en tanto no se demuestre su inexactitud, su falsedad o su parcialidad (art. 31 de la Ley de Inspección del Trabajo), consecuentemente si el recurrente arguye que cuando el inspector no existía tal oficina, debió haberlo demostrado en el debate, ya que la misma señora Iris Yolanda atestiguó ser la jefe inmediato de la demandante y ella la reconocía como tal. Respecto a la inexistencia del despido con el mismo testimonio de la señora Iris Yolanda Romero se puede inferir que ciertamente fue objeto de despido por medio de un mensaje, aparte de ello la terminación de la relación de trabajo de forma unilateral se concretizó cuando la empleada no recibió su salario como normalmente lo recibía, por ende, estamos frente a una clara acción de despido que el recurrente pretende ignorar arguyendo que el mismo es improcedente por la ausencia de la relación laboral con la demandante. Es un principio en materia laboral el de verdad procesal y el manual procesal laboral emitido por la Corte Suprema de Justicia en su página 12 lo define de la siguiente manera: "Principio de Verdad Procesal: Los Juzgados deben emitir sus fallos con base en las pruebas aportadas, independientemente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiese aportado prueba." Debemos entender que el despido es ilegal en aquellos casos en que la ley lo prohíbe, o lo permite, pero sujeto al cumplimiento de una formalidad que el empleador no atiende y será injusto cuando no se sustente en alguna de las causales que la ley prevé como justas para la terminación unilateral del contrato. En el caso de autos al ser emplazado el patrono para probar la justa y legal causa del despido, desde ese momento se encontraba obligado a probarlo en juicio; pero, al responder la demanda exponiendo que la demandante no tenía ninguna relación laboral con la demandada, devenía obligado a probar la inexistencia del contrato de trabajo o en su defecto que no ocurrió tal despido o que el mismo fue justificado, pero nada de ello ocurrió consecuentemente su agravio no es atendido. El Tribunal de Alzada en consonancia con la jurisprudencia emanada de la Sala Laboral ha indicado que en materia laboral la condena en costas no predomina el criterio del proceso civil que se guía por el principio del vencimiento, sino que la condena en costas obedece a situaciones derivadas de la conducta procesal, la temeridad y abuso de derecho según se plasmó en el expediente registrado en la Sala Laboral bajo el número CL-223-19 "IV. Que este Tribunal ha venido manteniendo el criterio que la condena en costas no procede por el principio del vencimiento, sino que cabe en forma muy excepcional en aquellos casos, en que se puede advertir del estudio de los mismos, notoria falta de razones para litigar, abuso de derecho, falta de lealtad, etc.…". Así como el principio del interés público por el cual el derecho laboral debe perseguir la tranquilidad, estabilidad objetiva y emocional de los ciudadanos, en consideración a lo anterior no procede condenar en costas a la parte demandada. 5.- Mediante auto de fecha 14 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HERMES BAYARDO ESPINOZA ROSA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 06 de agosto del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado KEVIN ALEXANDER VARELA ESPINOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 27 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de octubre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado HERMES BAYARDO ESPINOZA ROSA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. Que el Abogado KEVIN ALEXANDER VARELA ESPINOZA en su primer y único motivo de casación alega: Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma incompleta. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 20 del Código de Trabajo se interpreta de forma errónea, tomando en cuenta que los documentos denominados "Mi Compromiso con el Voluntariado en Honduras de Copeco" son denominados como contratos de Trabajo, cuando en la realidad solamente nacen dichos documentos como parte de las emergencias relativas al covid y en favor de grupos vulnerables en ese momento, lo que en ningún momento se cumplen los tres elementos del artículo 20 del código de trabajo, para que exista contrato de trabajo. A su vez, en el artículo 70 de la Constitución de la Republica, se interpreta que existió un servicio personal, no obstante, en la realidad solo existió un proceso de colaboración o voluntariado que está regido por la Ley del voluntariado con el PCM 177-2011. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, aplicando la norma pertinente pero en forma incompleta, El tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando a Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) al pago de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, interpretando erróneamente la norma que autoriza tal pretensión, Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) En la formulación no señala la norma sustantiva violada, haciendo mención posteriormente en la explicación los artículos 20 del código de trabajo y 70 de la Constitución de la Republica no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) el concepto de “norma incompleta” no procede en casación, en la infracción directa solo se conceptualiza la aplicación indebida o interpretación errónea. c) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA Y ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA MAGISTRADA, FIRMA Y SELLA OSCAR EDGARDO MENJIVAR, SECRETARIO.”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de abril del dos mil veintiséis; certificación de la resolución de fecha veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL257-24.
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.