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Sentencia CL-181-24 — Registro 20263

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales, por ende que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo en consecuencia conceder derechos que ostentan los empleados con carácter permanente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación se omiten la norma de naturaleza sustantiva infringida, requisito indispensable para la prosperidad del motivo Art. 769 numeral 5 literal a) del Código de Trabajo); b ) en la formulación del cargo alega infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y c) se realizan en el la explicación alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 23 de julio del 2024, por el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ELFY ALBERTINA PAREDES SABILLON y NOE ALEJANDRO GUTIERREZ IRIAS, representados en juicio por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales y que el empleador pretendió dar a verdaderos contratos de trabajo, por ende que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo la reinstalación a sus puestos de trabajo y restitución de sus funciones, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales todos estos conceptos a los dos últimos años, pago de tiempo extraordinario laborado y no pagado y demás derechos que por ley les corresponden, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto del dos mil diecisiete por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de representante procesal de los señores ELFY ALBERTINA PAREDES SABILLON, casada, y NOE ALEJANDRO GUTIERREZ IRIAS, soltero; ambos mayores de edad, Peritos Mercantiles y Contadores Públicos, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de noviembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de septiembre del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA en su condición de representante procesal de los trabajadores ELFY ALBERTINA PAREDES SABILLON y NOE ALEJANDRO GUTIERREZ IRIAS en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN por medio de la Procuradora General de la República y representante legal de aquel entonces la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a REINTEGRAR a los demandantes ELFY ALBERTINA PAREDES SABILLON y NOE ALEJANDRO GUTIERREZ IRIAS a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía antes del despidos y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo reconociéndoles además todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores de la institución, en ausencia de los demandantes. SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos han venido desempeñando labores para el Estado de Honduras, a través del Instituto Nacional de Migración, de la siguiente manera: 1) ELFY ALBERTINA PAREDES SABILLON, inició el 07 de julio de 2016, y 2) NOE ALEJANDRO GUTIERREZ IRIAS, inició el 01 de julio de 2016, ambos desempeñándose en el puesto de Inspectores de Migración asignados en la delegación del Aeropuerto Villeda Morales del Municipio de La Lima, Departamento de Cortés, devengando un salario mensual de L. 12,000.00, con un horario rotativo de 5:00 A.M. a 1:00 P.M. de 9:30 A.M. a 5:30 P.M. y de 5:30 P.M. a 1:30 A.M. de lunes a domingo; que el 30 de junio de 2017, se les comunicó a los demandantes por parte del empleador que sus contratos de trabajo expiraban y no serían renovados, decisión que se considera arbitraria y violatoria de la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo; y siendo que les asiste el Derecho de petición a los demandantes y en virtud de que el puesto que han venido desempeñando se trata de funciones que por su naturaleza son de carácter permanente en la empresa y con fundamento en el artículo 47 del Código del Trabajo en relación con el artículo 52 último párrafo del Código del Trabajo, por razón del tiempo y de la labor desarrollada de pleno derecho les da la permanencia, en consecuencia la reinstalación en su puesto de trabajo y la restitución en sus funciones con todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanente, pues ha quedado acreditada con claridad meridiana la relación de dependencia que es una relación social que en el marco de la misma una de las partes se encuentra legitimada para dictar órdenes y la otra (el trabajador) acepta dicha legitimación en su consecuente deber de obediencia, puesto que es el patrono quien dirige la empresa y es con quien se relacionan jerárquicamente los trabajadores, concluyendo entonces, que cada vez que encontramos actividades prestadas por una persona física dirigida por otra (física o jurídica) nos encontramos con un contrato en los términos de ley y consecuentemente con un contrato de trabajo, además en el caso que nos ocupa es evidente que al haber trabajado bajo las órdenes del patrono, puso a su disposición su fuerza de trabajo el trabajador, con lo cual no cabe duda que el patrono ha menoscabado un derecho fundamental (Derecho al Trabajo) garantizado por la Constitución de la República, Código del Trabajo, Tratados, Convenios y Recomendaciones de la OIT, articulo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el agravante que en el caso que nos ocupa es el propio Estado y es que es el Estado el llamado a titular y garantizar el derecho a los trabajadores, sin embargo en el presente caso es el que se presta para violentarlos, entonces que podemos esperar del Comerciante particular que solo busca lucro por sobre todo, el cual no es posible sin la participación de los trabajadores laborantes. Se solicitó que se condene a la parte demandada a pagar las costas de este juicio ya que no existen motivos justificables para litigar y acreditado el despido ilegal e injusto se les reconozca la indemnización a un 100% como lo estableció el espíritu del legislador, recordándole qué de no hacerlo, la justicia no sería completa y la indemnización no cubriría el daño ocasionado a los demandantes y a sus familias. Al mismo tiempo solicitó, que este juzgado exponga los motivos de forma exhaustiva los hechos y motivos en los que se basa para condenar o absolver a la parte demandada en el pago de las costas, pues será necesario, so pena de nulidad, para generar una defensa en el caso que se requiera interponer un recurso de apelación. 2.-La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, se acepta en cuanto a la modalidad y cargo que aducen los demandantes haber sido contratados a través del Instituto Nacional de Migración; rechazando a la vez la fecha que aducen haber iniciado su relación contractual en virtud de que cada contratación que suscribieran los demandantes era independiente una de la otra estableciéndose en cada contrato fecha de vigencia de la obligación contraída por las partes. Razón por la cual no existía continuidad alguna en la prestación de servicio de los demandantes para con el demandado ya que cada compromiso contraído con los demandantes contractualmente estaba sujeto al derecho administrativo dentro del marco de lo que establece el Derecho Administrativo, y no el Código del Trabajo estamento legal en el cual ampara su demanda los actores de la misma. En cuanto al pago que aducen los demandantes haber recibido por los servicios prestados no era más que lo acorado en las cláusulas contractuales dentro de la cual no se le hacía otra deducción más que la retención del impuesto correspondiente por su ingreso. Con lo cual no puede calificarse a los demandantes como empleados permanentes ya que en la administración pública para obtener dicho estatus deben agotarse algunos requisitos sine qua non que en ningún momento ni siquiera fueron iniciados por los actores de la demanda ante las autoridades correspondiente del Instituto a fin de que ésta solicitara ante la Dirección de Servicio Civil la creación de una plaza para los demandantes paraser considerados empleados permanentes y de la forma casi coercitiva violentando las leyes administrativas como los demandantes; pretenden se les otorgue un derecho subjetivo que no les corresponde. Fuera de lo preceptuado en el artículo 127 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del 2017 que establece: "La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto; 12100, Sueldos Básicos (Personal No Permanente) financiado con Recursos del Tesoro Nacional, se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.... Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente...". En concordancia a lo que establecerse el Artículo 321 de la Constitución de la República que literalmente dice: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad". Por tanto, es improcedente lo manifestado por los demandantes sobre la existencia de una relación continua en la prestación de sus servicios para el demandado como procuran que este Tribunal incompetente además para conocer del caso les reconozca un estatus que no ha sido otorgado conforme a las leyes respectivas del caso. Que es cierto que les fue notificado la finalización de su relación contractual, extremo este que únicamente fue como una deferencia del demandado para los demandantes en aras de la buena y sana administración, ya que no era necesario hacerles dicha notificación a los demandantes, pues éstos desde el momento que firmaron el contrato ya tenían conocimiento de la fecha que finalizaría su relación contractual con el demandado sin compromiso entre las partes más que las establecidas en el contrato y que además tenía como propósito que los demandantes devolvieran el equipo de trabajo que les había sido asignado y con ello finiquitar cualquier obligación estipulada en el contrato. Por tanto, tal notificación de ninguna forma es arbitraria ni mucho menos violatoria a las garantías constitucionales ya que desde la firma del contrato se actuó conforme a Derecho. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de septiembre del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA en su condición de representante procesal de los trabajadores ELFY ALBERTINA PAREDES SABILLON y NOE ALEJANDRO GUTIERREZ IRIAS en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN por medio de la Procuradora General de la República y representante legal de aquel entonces la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a REINTEGRAR a los demandantes ELFY ALBERTINA PAREDES SABILLON y NOE ALEJANDRO GUTIERREZ IRIAS a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía antes del despidos y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo reconociéndoles además todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores de la institución, en ausencia de los demandantes. SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, en el presente caso a pesar que los contratos firmados por los demandantes, fueron denominados de distinta forma y sometidos a la jurisdicción contencioso administrativo, en realidad es que son contratos de trabajo debido a que todos y cada uno contienen los elementos esenciales del contrato de trabajo para realizar las mismas funciones cada vez que eran renovados por el Instituto Nacional de Migración por lo que se deducen que realizaban labores de naturaleza continua, por lo cual el contrato celebrado se considera por tiempo indefinido desde la fecha en que ingresaron a laborar el 7 del mes de julio del año 2016 y 1 de julio del 2016 respectivamente, de conformidad con los artículos 47 y 52 párrafo último del Código del Trabajo que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado, en consecuencia deben ser reintegrado al puesto de trabajo que cumplía. Que, en consecuencia, se concluye que, siendo una relación por tiempo indefinido, como ha quedado demostrado en autos con los contratos de trabajo analizados, que los demandantes de conformidad al artículo 113 inciso b) del Código del Trabajo, deben ser restituidos a sus puestos de trabajo y a reconocerlos todos los derechos que no han gozado durante su ausencia. Debido a que para que la relación de trabajo concluyera el Instituto Nacional de Migración debió hacerlo bajo alguna de las causales contempladas en el artículo 112 delCódigo del Trabajo, no siendo así, se produjo un despido que además de ilegal fue injusto, por lo cual es procedente declarar CON LUGAR la presente demanda. “Que la CUANTIA DE LA DEMANDA SERÁ LÍQUIDADA UNA VEZ QUE LOS DEMANDANTES SEAN REINTEGRADOS A SUS PUESTOS DE TRABAJO Y EL JUZGADO A TRAVÉS DE LOS CANALES CORRESPONDIENTE OBTENGAN LA INFORMACIÓN QUE LE CORRASPONDA A CADA TRABAJADOR DE LOS DERCHOS NO GOZADOSEN SU AUSENCIA, que en el caso del demandante NOE ALEJANDRO GUTIERREZ IRIAS no se logró acreditar con los contratos aportados la fecha de inicio de la relación laboral, sin embargo, a folio 55 corre agregado el control de ingreso para el mes de julio del año 2016, por lo cual a partir de esa fecha se tomará en cuenta su antigüedad ya que se puede ver la firma del demandante y en el caso de ELFY ALBERTINA PAREDES SABILLON”. Que no se condena en costas porque ambas partes tuvieron razones para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de noviembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, revisada la sentencia dictada por el Juez A-quo, al motivar los aspectos facticos y jurídicos, lo hace adecuadamente e identifica que el objeto del trabajo para los que fueron contratados los demandantes, no es de servicios profesionales, sino que son para labores de naturaleza permanente en la institución y que al denominarlo como contrato de servicios profesionales, lo desnaturaliza en su esencia, dando lugar a que de la lectura del mismo se identifiquen los elementos del contrato de trabajo, que bajo el Principio de Primacía de la Realidad, debe de prevalecer lo sustancial ante la formalidad contractual, si este contiene cláusulas que restringe, disminuyan o tergiversen los derechos que tanto el Marco Jurídico Nacional como Internacional, garantizan a los trabajadores, siendo además que el contrato de trabajo es un negocio jurídico bilateral que liga a una persona denominada trabajador, que presta sus servicios a otra persona natural o jurídica llamada empleador o patrono, cambio de una retribución económica o salario, por lo cual se concluye que en el caso sub judice, ha ocurrido lo que la doctrina denomina simulación contractual, que es la realización de un contrato pero con contenido no real, es decir que se finge que existe un contrato de servicios profesionales, pero con la inclusión de los elementos esenciales para que este sea considerado un contrato de trabajo, entonces cualquiera que sea la manera en que se le haya denominado, para los efectos legales será un contrato de trabajo. 5. Mediante auto de fecha 8 de mayo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 23 de julio del año 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 14 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de octubre del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES, en su primer y único motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de la Ley Sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea de los medios de prueba donde se detallan los preceptos y acuerdos firmados por ambas partes al momento de celebrar el contrato de prestación mismos que según nuestra legislación considera son obligatorios entre las partes. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de Casación el articulo 765 numeral uno párrafo segundo del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, Fallo en forma definitiva y unanimidad de votos la sentencia dictada en fecha catorce (14) de noviembre del dos mil veintitrés (2023), visibles a folios quince (15) al folio diecinueve (19) de la pieza separada en su acápite. PRIMERO: CONFIRMO la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), visibles a folios ochenta y ocho (88) al folio noventa y cinco (95) de la pieza principal; ante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesionales, por tiempo transitorio y determinado, mismo que es reconocido por la misma Corte de Apelaciones por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la CLAUSULA QUINTA del mismo CONTRATO DE TRABAJO, además en la Sentencia Definitiva de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), no se encuentra apegada a derecho a no tomarse en cuenta que lo único que existió entre la ahora demandante y mi representado fue únicamente una relación contractual de prestación de servicios temporales, motivo que permite la rescisión de CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La Prueba singularizada apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el Fallo de Primera Instancia consiste en documentos públicos, agregados al expediente de mérito. A consecuencia de ello el Juzgador no valorizo la actividad laboral per se, pues como se aprecia en el contrato de servicios profesionales en las cláusulas CUARTA, QUINTA, SEPTIMA, NOVENA, DECIMA Y DECIMA PRIMERA; en su orden resaltan y claramente dejan en evidencia que la demandante poseía una buena capacidad cognitiva de que no era una empleada permanente por ende no tenía derecho a prestaciones ni derechos ulteriores a la finalización de los contratos, así mismo la fecha de terminación del contrato era algo ya establecido y aceptado por la hoy demandante y para concluir bajo el régimen de contratación que estaba sometida y las leyes que regían sus contratos; quedo demostrado que por parte del Instituto se cumplió para con la demandante con todo lo pactado en virtud de una contratación de servicios profesionales y por lo tanto la causa de No renovarle su contrato es legal y debe declararse sin lugar el pago de prestaciones sociales, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir. Por otra parte, en el CONSIDERANDO CUATRO del Fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo establece “Que de las pruebas aportadas al juicio este tribunal de Alzada, observa que fueron acreditados los siguientes hechos: 1.- Que los demandantes prestaron sus servicios profesionales bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales de duración determinada como Inspectores de Migración, en el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; por tanto, consideramos que hay una falta de estudio por parte del A-quo y del Adquen, en vista que la reclamante prestó sus servicios de manera temporal, así como también existió causa justificada para la rescisión de este. Considerando que con fundamento en el artículo 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil, la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos entonces frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiados, sin influencias, ni perjuicios, decisión que debería "superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el Aquo” y esto no lo está permitiendo, ni tampoco agravaría en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial de fecha catorce (14) de noviembre del dos mil veintitrés (2023), que conociendo vía Recurso de Apelación confirmó la Sentencia Definitiva de Primera Instancia dictada en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación se omiten la norma de naturaleza sustantiva infringida, requisito indispensable para la prosperidad del motivo Art. 769 numeral 5 literal a) del Código de Trabajo); b ) en la formulación del cargo alega infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y c) se realizan en el la explicación alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. - NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO ROY PINEDA CASTRO COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinticinco del mes de febrero del año dos mil veintiséis, recaídas en el Recurso de Casación número CL181-24.

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO