Sentencia CL-173-24 — Registro 20631
Resumen
Segunda instancia reformó la sentencia declarando sin lugar la demanda. Los demandantes aducen que se les notificó de manera verbal, que el contrato de prestación de servicios finalizó, que no iba a ser renovado, dándose el despido sin ninguna justificación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El recurrente en la formulación del cargo, señala la aplicación indebida del artículo 95 numeral 1 del Código de Trabajo, sin embargo; en la explicación del motivo, razona que, el patrono faltó a sus obligaciones de pagarle dichos conceptos al trabajador … y hace referencia a un Manual Procesal Laboral en el cual se contempla un Procedimiento sumario en la jurisdicción del trabajo desarrollado en el numeral 16, básicamente dicho manual indica cuando se ha de seguir el procedimiento de única instancia; creando una confusión ya que, al inicio del cargo menciona la aplicación indebida del art.95 #1 del Código de Trabajo, sin embargo; en la explicación menciona que no se aplicó el manual que es una guía y no tiene la fuerza de Ley requerida en un proceso judicial, volviendo ineficaz su ataque; b) La norma sustantiva debe estar plenamente identificada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación, para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que no proceden, por haber sido evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito por el recurrente en su único motivo. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de mayo del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintidós de julio de dos mil veinticuatro, por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES S.A. DE C.V. (PROTECNA), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores KELVIN DANERI PADILLA PADILLA y WILMER LEONEL SEVILLA PADILLA, representados en juicio por el Abogado LUIS FERNANDO ANTUNEZ CALIX. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios caídos y derechos adquiridos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete por el Abogado LUIS FERNANDO ANTUNEZ CALIX, en su condición de Apoderado Legal de los señores KELVIN DANERI PADILLA PADILLA y WILMER LEONEL SEVILLA PADILLA, ambos mayores de edad, solteros, Guardias de Seguridad, hondureños y con domicilio en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, contra la sociedad mercantil PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES S.A. DE C.V. (PROTECNA), por medio de su representante legal señor HECTOR MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán que falló REFORMANDO la sentencia de fecha treinta de julio del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA. 2) DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO ANTUNEZ CALIX. 3) REFORMANDO la sentencia que se conoce en apelación en el sentido de REVOCAR la condena a horas extras, que se encuentra en el NUMERAL 2) pronunciamiento de CONDENA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. En consecuencia, ABSUELVE a la Empresa Mercantil denominada PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES S.A. DE C.V. (PROTECNA), a través del Jefe de Recursos Humanos o su Representante Legal señor HECTOR MENDOZA al pago de horas extras. - CONFIRMAR los demás pronunciamientos. - SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, iniciaron la relación laboral con la empresa demandada de la manera siguiente: Kelvin Daneri Padilla Padilla, el 06 de enero del 2017 y Wilmer Leonel Sevilla Padilla, el 25 de julio del 2016, brindando seguridad mediante contrato vigente por seis (6) meses y estos a su vez renovándose de los demandantes en calidad de empleados y la empresa PROTECNA en calidad de patrono, como Oficiales de Seguridad en Banco de los Trabajadores, desde el inicio de sus labores hasta su último día de trabajo ejercido; que en 11 de octubre del 2017 el Sr. Hernán Reyes en su condición de jefe inmediato de los demandantes les notificó de manera verbal, que el contrato de prestación de servicios con el Banco de los Trabajadores finalizaba el 31 de octubre del 2017 y les manifestó: "Que este no iba a ser renovado y que buscarán otro trabajo", todo esto manifestado y dándose el despido sin ninguna justificación, ya que los demandantes y la empresa PROTECNA aún tenían vigente su contrato por seis meses el cual finalizaba en enero del año 2018. Pasado unos días en fecha específicamente 31 de octubre del 2017, se les notificó que tenían los demandantes que trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa el día 06 de noviembre de 2017 para ubicarlos en otro puesto de trabajo y así mismo que les autorizaban cuatro dias de permiso para gestionar el traslado y para que se les pagara los días de trabajo; y los representantes de la empresa PROTECNA les quisieron poner a firmar un FINIQUITO DE PAGO DE PRESTACIONES POR LA CANTIDAD DE DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 2,000.00), por lo que los demandantes no lo firmaron; ya que se les dijo verbalmente que era para pagar los días de trabajo y ya en el documento narraba que era un EFICAZ CARTA DE PAGO Y FINIQUITO DE SOLVENCIA y que exoneraban a la empresa PROTECNA de toda responsabilidad contemplada en el Código Laboral en cuanto a la responsabilidad por parte de la empresa de pagar a los demandantes sus prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios caídos y derechos adquiridos por toda la antigüedad laboral con ellos como Empleados y PROTECNA como patrono. Por lo antes expuesto, los demandantes continuaron las Diligencias Administrativas a fin de reclamar lo que en derecho les correspondían por el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos, por lo que solicitaron Acta de Comparecencia de fecha 06 de noviembre del 2017 al Inspector de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Regional de Olancho, a fin de determinar que los demandantes se hicieron presente a las instalaciones físicas de la empresa demandada ubicada en la colonia américa sur, atrás de repostería el Hogar en la ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, con el propósito de entregarle Cedula de Citación que fue emitido por la Secretaria de Trabajo dirigida al señor Héctor Mendoza o su representante legal, por lo que al estar los demandantes ahí en la empresa el jefe de inmediato señor Hernan Reyes, no les permitió entrar a las instalaciones y solamente les mando a decir con una empleada (Aseadora) de la misma empresa РROTECNA que la entrega de la citación era con el dueño de la empresa y que no los podía atender por lo que se llegó la fecha de la cita, por el cual no compareció dicho representante legal de la empresa. Asimismo, se continuo con el trámite administrativo y se realizó en fecha 15 de noviembre del año 2017 el Acta de cierre de las Diligencias Administrativas Conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida, sirviendo dicha acta de cierre como suficiente constancia para la presentación de la demanda judicial. 2. La parte demandada, la sociedad mercantil PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES S.A. de C.V. (PROTECNA), contestó dicha demanda señalando que, es una sociedad mercantil respetuosa de las leyes y autoridades del país y reconoce que lo que existió era una relación contractual con los demandantes regidos por contratos individuales de trabajo por tiempo limitado; lo que en realidad ocurrió es que la demandada tenía un contrato de Prestaciones de Servicios con el Banco de los Trabajadores para brindar seguridad a la agencia ubicada en ciudad de Juticalpa, mismo que venció en fecha 31 de octubre de 2017 y no fue renovado, a esta Agencia estaban asignados los señores Kelvin Daneri Padilla Padilla y Wilmer Leonel Sevilla Padilla, por lo que fue imposible que siguieran asistiendo a desempeñar sus labores en la agencia bancaria; que no habiendo más plazas vacantes dentro de la Empresa en la ciudad de Juticalpa, la demandada gestionó el traslado de los ahora demandantes a la ciudad de Tegucigalpa y se les notificó mediante nota de fecha 31 de octubre de 2017 que iniciaban labores el 06 de noviembre de 2017, donde se les asignaría su puesto de trabajo para darle continuidad al contrato hasta su cumplimiento. Cabe mencionar que la demandada en cumplimiento al contrato de trabajo ordenó el traslado a los demandantes otorgándoles los gastos correspondientes (Clausula décimo primera de los contratos firmados entre las partes) y asegurando sus garantías laborales tal como lo establece el artículo 42 del Código del Trabajo, pero los demandantes se rehusaron a firmar la notificación del traslado tomando la decisión de dejar de asistir a sus labores. Por todo lo expuesto, es evidente que la demanda de mérito es improcedente desde todo punto de vista y que los demandantes faltan a la verdad argumentando que fueron despedidos verbalmente por su jefe inmediato, por lo que se debe declarar mediante sentencia definitiva sin lugar la presente demanda por no tener motivos fundados para litigar. 3. El Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha treinta de julio del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1).- Declarar sin lugar la tacha interpuesta contra el testigo Juan Raúl Sevilla Padilla, en virtud de que en materia laboral cualquier persona civilmente capaz puede ser testigo, y este testigo no está inhabilitado para declarar.- Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral que ha hecho merito promovida por los señores KEVIN DANERY PADILLA PADILLA Y WILMER LEONEL SEVILLA PADILLA contra la empresa PROTECCIONES TECNOLÓGICAS NACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (PROTECNA), representada por el señor HÉCTOR MENDOZA, todos de generales ya expresadas.- 2).- Siendo aceptado por la parte demandada que no se les pagaba el salario completo a los demandantes, se condena a la empresa PROTECCIONES TECNOLÓGICAS NACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (PROTECNA), representada por el señor HÉCTOR MENDOZA al pago total de la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 132,792.25), distribuidos de la siguiente manera, al señor KELVIN DANERI PADILLA PADILLA, la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (Lps. 53,270.25) por los conceptos que se detallan de la siguiente manera: VACACIONES PROPORCIONALES, la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 2,886.41), REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO la cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps. 15,316.60), AGUINALDO PENDIENTE la cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (Lps. 7,422.22), DECIMO CUARTO MES PENDIENTE la cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (Lps. 7,422.22), PAGO DE HORAS EXTRAS ADEUDADAS la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps. 4,906.20); y por concepto de multa en aplicación del artículo 39 de la ley del salario minino, la cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (LPS. 15,316.60). - al señor WILMER LEONEL SEVILLA PADILLA, la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps. 79,522.67) por los conceptos siguientes: VACACIONES PROPORCIONALES, la cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (Lps. 1,127.17), AGUINALDO PROPORCIONAL, la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS (Lps. 7,548.00), DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, la cantidad de TRES MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps. 3,019.20), REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO: la cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (Lps. 21,433.02), VACACIONES PENDIENTES, la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (Lps. 3,522.40), AGUINALDO ADEUDADO la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (Lps. 3,738.02), DECIMO CUARTO MES ADEUDADO la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (Lps. 3,738.02), DECIMO CUARTO MES PENDIENTE, la cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 9,057.62), HORAS EXTRAS ADEUDADAS, la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps.4,906.20); y por concepto de multa en aplicación del artículo 39 de la ley del salario mínimo, la cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (Lps. 21,433.02). - SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, los demandantes manifestaron que la empresa PROTECNA les envió una nota de traslado a la ciudad de Tegucigalpa y al mismo tiempo una carta de pago y finiquito, aduciendo que con ello se les pagaba sus derechos laborales, sin ninguna responsabilidad a la empresa, además de que de forma verbal el señor Hernán Reyes coordinador de guardias de seguridad de Juticalpa, les manifestó que buscaran trabajo que no iba a ser renovado su contrato. Que en el presente juicio es aceptada la relación laboral y lo que no acepta la demandada es que los empleados fueron despedidos si no que se ordenó su traslado de su lugar de trabajo en la ciudad de Juticalpa, a la ciudad de Tegucigalpa; en el presente caso, los demandantes han manifestado que fueron despedidos de forma verbal por el señor Héctor Reyes, hecho no acreditado con ningún medio de prueba, así mismo no existe ningún documento que acredite que los trabajadores presentaron alguna nota notificando su despido a la empresa, y no existe ninguna solicitud de nombramiento de inspector de trabajo para ir a notificar a la empresa que los demandantes se consideraban despedidos, y si bien existe un documento privado que no ha sido objetado por la demandada en cuanto al finiquito entregado a los empleados, en el cual se les hace un supuesto pago de una cantidad de dinero, para dejar a la empleadora libre de pago de derechos adquiridos, no tiene firma de ningún responsable. Que la parte demandada evacuó el testigo nominado JUAN RAÚL SEVILLA PADILLA fue tachado por la parte demandante, sin embargo en material laboral cualquier persona incluyendo empleados de la misma empresa pueden ser testigos y es un testigo idóneo, ya que sus declaraciones no fueron parcializadas, por lo que no procede su tacha y en su declaración se puede acreditar que a los demandantes se les notificó un traslado, no un despido; orden de traslado que está dentro de las cláusulas del contrato. Que consta con los propios contratos de trabajo que a los empleados no se les pagaba el salario mínimo legal y por tanto algunas compensaciones legales no están ajustadas a la realidad, y en el presente caso no se les ha pagado el salario legal que corresponde; y no consta en elpresente caso, que se le hayan reconocido algunos derechos laborales como corresponde, por tanto habiendo sido alegado por los trabajadores el reajuste al salario mínimo, procede indemnizarlos con una multa igual a lo dejado de percibir en este concepto, sin embargo los trabajadores no han probado el supuesto despido del patrono, por lo que únicamente procede el reajuste del salario mínimo y demás derechos en base al salario mínimo correspondiente, y no ha indemnizaciones por despido. Que la parte demandante solicitó en juicio el reajuste al salario minino, y estando acreditado que no fue pagado conforme a ley, procede también conforme al artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, es aplicable, una multa equivalente al cien por ciento de lo dejado de pagar; por tanto del análisis efectuado a la presentación de la demanda, así como a las pruebas evacuadas y los alegatos de la parte compareciente, el Juzgador es del criterio que para pronunciar la sentencia tomara libremente su convencimiento, es decir apreciar la prueba sin sujetarse a la tarifa legal del derecho procesal común, debiendo inspirarse en los principios de la sana critica, de la prueba allegada en tiempo, y atendiéndose a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, por lo que este juzgado debe emitir un fallo apegado a derecho. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de noviembre del dos mil veintitrés, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA. 2) DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO ANTUNEZ CALIX. 3) REFORMANDO la sentencia que se conoce en apelación en el sentido de REVOCAR la condena a horas extras, que se encuentra en el NUMERAL 2) pronunciamiento de CONDENA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. En consecuencia, ABSUELVE a la Empresa Mercantil denominada PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES S.A. DE C.V. (PROTECNA), a través del Jefe de Recursos Humanos o su Representante Legal señor HECTOR MENDOZA al pago de horas extras. - CONFIRMAR los demás pronunciamientos. - SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, del análisis de la prueba allegada al proceso, revisada la motivación de la sentencia que se recurre, se desprende que las pretensiones de los demandantes fueron el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados, salarios caídos y costas, por un despido verbal que les hiciera el señor HERNAN REYES, estando entonces obligados a probar dicho despido, ya que en el despido verbal la carga de la prueba le corresponde al que lo alega, no encontrándose elementos de prueba para considerar probado ese extremo, lo que consta de autos es que debido a la cancelación del contrato de servicio con el Banco de los Trabajadores, a los demandantes se les notifico su traslado a Tegucigalpa, situación está que ya estaba contemplada en sus contratos ( clausula decima primera) cuando aceptaron que podían prestar su servicio en cualquier lugar de la República, lo que en Derecho Laboral se conoce como ius variandi, en ese contexto no se pudo haber considerado siquiera un despido indirecto, que obligara a los trabajadores a darse por despedidos por el traslado ordenado por el demandado. De la motivación de la sentencia no se desprende que el A-quo haya establecido como probado un despido directo tal como lo dice el impetrante en sus alegatos, los cuales son un poco confusos pues por una parte expresa que el A quo solo reconoce el reajuste salarial y no el supuesto despido, pero seguidamente dice que reconoció el despido, en conclusión de autos consta (ver numeral cuarto) que el juzgador no declaro como probado el despido alegado y es por ello que declara sin lugar la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. Que el objeto de la presente apelación se basa por parte del Abogado Ricardo Enrique Bueso Zepeda, en la improcedencia de la condena al pago de una multa por el no pago del salario mínimo, pero es un hecho que ha sido aceptado por esa parte demandada lo cual expresa incluso en sus alegatos ante esta instancia, cuando expresa "el reajuste solicitado es conforme a derecho" es decir, no se pagaba el salario minino que correspondía, pues como oficiales de seguridad devengaban un sueldo de L. 6,800.00 lo que consta de autos en la cuantía de la demanda en que reclaman reajuste de su salario y de los contratos suscritos entre las partes, por lo que en ese sentido al haber reconocido el no pago del salario mínimo y apreciarlo el juez de esa manera, habiéndolo condenado, trae como consecuencia el pago de la multa correspondiente, la cual aplico el Juez de instancia porque nace de la Ley, encontrando su sustento en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo que se aplica por principio de especialidad de la ley, ya que tratándose de salarios que nacen de una relación laboral, es competente el juez del trabajo para conocer de todas las incidencias que se originan o bien del contrato del trabajo o de la relación de trabajo, y el salario es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, por lo que si tiene facultades el A quo para imponer la multa en concepto de daños y perjuicios. Que en la cuantía de la demanda, los demandantes incluyen el pago de horas extras, a las cuales ha condenado en su fallo el A-quo, extremo este que también está siendo objeto de apelación, pero de la revisión de las diligencias y de la prueba aportada, no se puede concluir que se les deban horas extras, por no haberse acompañado al proceso ningún medio de prueba que así lo acredite, por lo que dicha condena es improcedente, habida cuenta que no esgrimió el juzgador ninguna motivación que sustente esa decisión judicial. Que en el caso de autos no está acreditado el despido alegado, no correspondiéndole al patrono probar ninguna causa de justificación, habida cuenta que en ningún momento la parte demandada ha manifestado que despidió a los demandantes, y el documento que podría haber servido para considerar un despido directo, que es la nota en donde se les da un finiquito por el pago de derechos adquiridos no tiene ninguna firma responsable, por lo tanto carece de efectos jurídicos, y aunque el patrono no la haya objetado, si ha manifestado que no los despidió, sino que lo que ordeno fue un traslado a Tegucigalpa, lo cual está previsto en su contrato de trabajo; por las razones antes expuestas, siendo que en el fallo se encuentran algunos pronunciamientos no apegados a lo probado en el proceso, como la condena de horas extras, procede su REFORMATORIA, en el sentido de REVOCAR la misma en cuanto a la condena de horas extras, en relación a la no condena en costas ya existe basta jurisprudencia, en la cual se ha dejado sentado el criterio que en materia laboral al regirse por el principio de gratuidad y tener oficiosidad el juez laboral, no se puede condenar en costas, CONFIRMANDO todos los demás pronunciamientos. 5. Mediante auto de fecha tres de mayo del dos mil veinticuatro, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES S.A. (PROTECNA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevará adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulará por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintidós de julio del dos mil veinticuatro, compareció ante este Tribunal el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES S.A. (PROTECNA), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha catorce de agosto del dos mil veinticuatro, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinte de enero del dos mil veinticinco, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado LUIS FERNANDO ANTUNEZ CALIX, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación laboral, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Aplicación Indebida del artículo 95 numeral 1 del Código de trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO: Los artículos 381, 39 de la Ley del Salario mínimo y Manual Procesal laboral numeral 16, son las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas antes señaladas. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La Corte Recurrida, al confirmar en su totalidad la Sentencia definitiva de fecha veintidós de noviembre del 2023, hizo suyos los argumentos del Juzgador de Primera Instancia, que en su PARTE DISPOSITIVA de la primera pieza de autos, claramente establece que el Trabajador no probó el despido verbal por él alegado, por ende Declara Sin Lugar la Demanda Ordinaria en cuanto al Pago de Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía proporcional; Condenando a la Sociedad Mercantil denominada PROTECCIÓN TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. (PROTECNA) al pago de los Derechos Adquiridos ya que la Ley establece que son irrenunciables, en dicha condena se establece que mi representado debe pagar el reajuste del salario mínimo, tal como lo establece la Ley, lo cual se aceptó por nuestra parte, pero no estamos de acuerdo con la imposición de una multa impuesta, de acuerdo al Artículo 39 de la ley del Salario Mínimo. Tal como bien lo sostiene la Corte Recurrida en su numeral CUARTO, en ningún momento negamos el pago de los Derechos Adquiridos del Trabajador, ya que conforme al Artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo, el patrono faltó a sus obligaciones de pagarle dichos conceptos al trabajador relacionado dicha norma sustantiva con el Artículo 381 del mismo cuerpo de leyes anteriormente citado, nuestra inconformidad con la Sentencia Recurrida es en cuanto al pago de una cantidad igual al reajuste de salario mínimo en concepto de daños y perjuicios. Honorables Magistrados, la Corte Suprema de Justicia elaboró un Manual Procesal Laboral en el cual se contempla un Procedimiento sumario en la jurisdicción del trabajo desarrollado en el numeral 16, básicamente dicho manual indica cuando se ha de seguir el procedimiento de única instancia que se instaura en el Código de Trabajo en vista que, si bien es cierto el juicio sumario desapareció con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, el mismo Código de Trabajo establece, que en lo no previsto dentro del mismo, se resolverá a través de las normas análogas que establece el mismo Código de Trabajo, tomando en cuenta que la analogía es un método por el cual una norma jurídica se extiende, por identidad de razón, a casos no comprendidos en ella y la propia ley legitima al juez a aplicar la analogía ante la falta de regulación de un determinado procedimiento, extrayendo de esta norma aplicable por analogía, los principios adaptables al supuesto hecho. Por lo que consideramos que en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 858 del Código de Trabajo, se debió acudir primero a la analogía, esto es aplicar normas que se encuentran en el mismo Código del Trabajo, es decir, que las mismas deben estar en armonía con la finalidad del supuesto de hecho, en este caso concreto nos referimos a la brevedad de un procedimiento sumario, por ejemplo la demanda por reajuste del salario mínimo (Art. 39 de la Ley del Salario Mínimo); debiendo de tramitarse éstos mediante los principios básicos del procedimiento de Única Instancia, adecuándolo conforme a lo dispuesto en el Art 718 del Código del Trabajo para el logro de su finalidad, que es precisamente la brevedad con la cual se deben de resolver estos juicios, en consecuencia la parte actora debió seguir lo ordenado en el Artículo 39 de la Ley de salario Mínimo para recuperar las cantidades adeudadas y en concepto de daños y perjuicios, una cantidad igual.- Por las razones expresadas, procede que la Corte Suprema de Justicia CASE la sentencia en este único motivo”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El recurrente en la formulación del cargo, señala la aplicación indebida del artículo 95 numeral 1 del Código de Trabajo, sin embargo; en la explicación del motivo, razona que, el patrono faltó a sus obligaciones de pagarle dichos conceptos al trabajador … y hace referencia a un Manual Procesal Laboral en el cual se contempla un Procedimiento sumario en la jurisdicción del trabajo desarrollado en el numeral 16, básicamente dicho manual indica cuando se ha de seguir el procedimiento de única instancia; creando una confusión ya que, al inicio del cargo menciona la aplicación indebida del art.95 #1 del Código de Trabajo, sin embargo; en la explicación menciona que no se aplicó el manual que es una guía y no tiene la fuerza de Ley requerida en un proceso judicial, volviendo ineficaz su ataque; b) La norma sustantiva debe estar plenamente identificada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación, para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que no proceden, por haber sido evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito por el recurrente en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770 ,777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES S.A. de C.V., en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO ROY PINEDA CASTRO COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día uno del mes de junio del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha trece del mes de mayo del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación número CL173-24.
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO