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Sentencia CL-163-24 — Registro 20260

Resumen

Segunda instancia reformó la sentencia y declaró sin lugar la demanda Ordinaria Laboral en virtud de despido sin justa causa, se ordene su reintegro en iguales o mejores condiciones laborales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 738 Y 739 del Código de Trabajo, señalada como norma sustantiva infringida carece de tal calidad, teniendo un carácter general. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativo o los extinguen; b) carece de claridad y precisión en el precepto autorizante, ya que el artículo 765 numeral 1) del Código de Trabajo, contiene párrafos que se deben señalar como sustento del cargo; y c) se realizan en el desarrollo alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la explicación no se demuestra el error evidente y manifiesto; b) Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al reformar el fallo de primera instancia se observó que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso resolviendo el juzgador de instancia conforme a la libre formación de su convencimiento"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 29 de julio del 2024, por el Abogado CARLOS FERNANDO BANEGAS BENITEZ, en su condición de representante procesal de la señora LINDSAY KEYDEE LOPEZ HERNANDEZ, como recurrente; además, es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada en juicio por la Abogada ODELY MACHADO HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral en virtud de despido sin justa causa, se ordene su reintegro en iguales o mejores condiciones laborales, vacaciones proporcionales y pendientes, décimo tercer, décimo cuarto mes pendiente y proporcional, salarios dejados de percibir, horas extras, reserva laboral y costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 17 de enero del 2022, por la señora LINDSAY KEYDEE LOPEZ HERNANDEZ, mayor de edad, hondureña, soltera, Abogada, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de febrero del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la representante procesal demandada contra la sentencia definitiva proferida el veintidós de noviembre del dos mil veintitrés (22/09/2023) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, en el sentido de: A) Declarar SIN LUGAR la demanda promovida por la señora LINDSAY KEYREE LOPEZ HERNANDEZ contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contraída al reintegro del puesto de trabajo y al pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materializara la reinstalación; en consecuencia, SE ABSUELVE a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal, de toda responsabilidad económica derivada del presente asunto, relacionado con el pago de salarios dejados de percibir. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia en lo relativo a la exoneración de costas. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, dado el carácter social de las normas del trabajo y ser la demandada una entidad de derecho público”.ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con la Municipalidad de San Pedro Sula, en fecha 10 de marzo del 2015 en el cargo de Coordinadora de Operativos de Prevención devengando un salario mensual de L.21,000.00 hasta la fecha en que fue despedida; que desde inicios en que comenzó su labor tenía una jornada diaria de lunes a sábado que iniciaba a las 8:00 a.m. hasta completar 8 horas y sábados hasta el mediodía, regularmente durante todo el tiempo que laboró antes de ser despedida; resulta que durante todo el tiempo que laboró a pesar de la carga de trabajo siempre fue muy diligente y comprometida, con alto sentido de responsabilidad con su patrono, y de manera muy diligente manejo el personal que estaba asignado a su cargo como Coordinadora del Departamento de Operativos de Prevención su expediente personal, no tiene ninguna amonestación verbal o escrita en su expediente personal, hasta el momento en que se le notificó que fue objeto de una denuncia por varios de los empleados que estaban bajo su dirección; que en fecha 07 de septiembre de 2021 fue notificada a audiencia de descargos, ya que varios empleados que estaban bajo su dirección, le denunciaron porque supuestamente había cometido diferentes faltas durante el tiempo que estuvo a cargo de la Coordinación como ser entregar quedarse equipos de bioseguridad incompletos, solo entregar un galón de gel de manos, la no entrega de mascarillas con filtro, robo de kit de herramientas, maltrato al personal asignado, no dar el día de descanso semanal, y cobro de L. 2,000.00 a uno de los empleados por mantenerlo trabajando, faltas que en el Reglamento de Trabajo están establecidas de manera genérica y que la comisión no logró probar la comisión de las mismas, ya que los denunciantes no asistieron a la audiencia de descargos y la comisión no llevó las pruebas materiales para corroborar lo aseverado, tampoco se estableció las fechas en las que se cometieron las supuestas faltas, aseveraciones totalmente falsas ya que todo el equipo e insumos que se le asignaba iba con acuse de recibido de sus superiores, ya que en el caso del combustible quien se encargaba de recogerlo en la gasolinera asignada era Angelica Josseline Alvarado quien llevaba un libro con los controles de recepción del combustible el cual firmaba con acuse de recibido en la Gasolinera Uno circunvalación, y semanalmente se enviaba un informe a la dirección de vigilancia y normalización donde quedaba plasmado el gasto del combustible, con respecto al equipo de bioseguridad quien lo entregaba era el Departamento de Distribución, y cada empleada firmaba un libro al momento de que recibía el equipo de bioseguridad, asimismo de no darles sus días de descanso, tales aseveraciones no contaron con el sustento documental correspondiente, ya que al momento de llevarse a cabo la audiencia de descargo presentó los libros, listados y expediente que constataban entrega de equipo, distribución de combustible y donde se les concedía su día de descanso semanal pero no se le dio valor probatorio correspondiente, por parte de la comisión violentando su derecho constitucional, debido proceso y al principio de estabilidad laboral, el principio de legalidad, presunción de inocencia y derecho a la defensa regulado en los artículos 80, 82 párrafo primero, 89, 90, 94, 95, 127,128,129 de la Constitución de la República, articulo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y siendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho al debido proceso es el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos; estando el debido proceso ligado a la noción de justicia y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 2 todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo que no se siguió el procedimiento disciplinario debido siendo la medida desproporcional, injusta e ilegal, ya que en la audiencia de descargos que se le celebro en fecha 08 de septiembre de 2021, no logran comprobar las acusaciones de la cual fue objeto, acusaciones totalmente falsas y que se han puesto en una difícil situación económica al quedarse sin trabajo, y sin el sustento para su familia. Se llevó a cabo la audiencia de conciliación en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de llegar a un arreglo conciliatorio con la Alcaldía de la Municipalidad de San Pedro Sula, y que obra bajo expediente RACL-0501-CONC-01189- 21, declarándose fracasada por la inasistencia de la parte patronal y haciendo el cierre de las diligencias administrativas. La sanción impuesta al momento de su despido es totalmente desproporcional, al no existir una correlación entre las supuestas faltas cometidas y la sanción impuesta ya que las sanciones deben revestir el propósito de tratar de enmendar la conducta o el proceder del empleado, por lo que la gradualidad de las sanciones se debe aplicar en función de la reincidencia de las faltas cometidas, ya que no se singularizó las fechas de las supuestas faltas cometidas por su persona, tampoco se investigó y comprobó la comisión de las mismas y su despido se llevó a cabo con una denuncia y sin la declaración rendida de los denunciantes. Es notorio que de manera mal intencionada se le acusó de haber cometido varias faltas de una sola vez, hecho que llama la atención ya que no se le sanciono desde la comisión de la primera falta cometida que llevaría a enmendar su actuar de haber sido cierto. En solicitud de justicia en base a todo lo antes expuesto, debido que la demandada ha afectado y menoscabado sus derechos como trabajadora, violentando su derecho Constitucional al Trabajo como bien lo expresa la Constitución Hondureña en el artículo 129, asimismo por no establecer una de las causas de su despido al momento de dar por terminada su relación laboral. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que, la demandante prestó sus servicios desde el día 10 de marzo del 2015 hasta el 16 de septiembre del 2021, desempeñándose en el cargo de Coordinadora de Operativos de prevención en Dirección de Normalización y vigilancia tal como se establece mediante constancia extendida por la Gerencia de Desarrollo Humano, a través de su Gerente en fecha 7 de junio del año 2022. Igualmente consta que firmó contrato por tiempo indefinido y devengaba un salario mensual de L. 21, 000.00, tal como se establece con el print de historial de pagos proporcionado por Jefatura de Relaciones Laborales. El Reglamento Interno de Trabajo, regula la jornada ordinaria diurna para el equipo administrativo será de 8 horas diarias y 40 a la semana, equivalentes a 48 horas de salario, sin embargo, en caso de necesidad podrá aumentarse hasta el límite permitido por la ley. El horario establecido por el patrono para cada trabajador será definido conforme a las necesidades de la dependencia a la que pertenezca, por lo que el horario establecido en la demanda; el Reglamento Interno de Trabajo establece que las sanciones serán impuestas teniendo en cuenta los criterios siguientes naturaleza de la falta, antecedentes del trabajador, reincidencia, circunstancias en las que se cometió la falta, grado de responsabilidad del trabajador, el perjuicio causado; asimismo establece que el orden de enumeración de las sanciones no significa que deben aplicarse prelativa o sucesivamente, por lo que la sanción disciplinaria aplicada responde a lo legalmente establecido en el Reglamento Interno de Trabajo por ende es legal en todas sus formas y a la demandante se le aplicó un despido justo, legal y proporcional a las faltas cometidas. En cuanto a las denuncias, citación de audiencia de descargo, y sanción disciplinaria realizadas, la demandada siendo respetuosa de la Ley y Reglamentos de Trabajo, siguió los procedimientos regulados tanto el Contrato de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y Código de Trabajo vigente, de todo lo cual resultó plenamente probados los hechos que se le imputaban a la demandante liberando de responsabilidad patronal por despido legal y justo, los que cronológicamente se detallan así denuncia de parte de los Empleados del Departamento de Operativos de Prevención dirigida al Doctor Melvin Ferraro, Licenciado Francisco Bu, y Licenciado Helen López, de fecha miércoles 18 de agosto del 2021, firmada por los señores Angélica Josseline Alvarado, Carlos Jonás Guevara, Jairo Anastasio Núñez, Alex Javier López, Dennis Josué Ramírez, Kenia Maritza Murillo, documentos que serán presentados en momento procesal oportuno; seis actas de declaración, denuncia y aclaración de denuncia realizadas en las instalaciones de la Gerencia Legal de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, de fecha 30 de agosto del 2021, donde comparecieron los señores Angélica Josseline Alvarado, Carlos Jonás Guevara, Jairo Anastasio Núñez, Alex Javier López, Dennis Josué Ramírez, Kenia Maritza Murillo, donde rindieron declaración en relación a la denuncia interpuesta en fecha 18 de Agosto del 2021, donde relatan de forma individual cuales son los hechos en que incurrió la demandante en contra de los trabajadores, de forma clara y de forma detallada, y que van en contra de la honestidad, armonía, y disciplina que debe imperar en un centro de trabajo a todas luces con falta de probidad en el actuar, asimismo se obtuvo tres print de pantalla de celular y WhatsApp del número 504-9977-6383 propiedad de la demandante, donde consta el cobro de dinero y manifestación que uno de los denunciantes Dennis Josué Ramírez, había escuchado de dicha actividad de cobro al señor Alex Javier López Artiga, circunstancia constatada y recogida mediante acta de audiencia de descargo documentos que serán presentados en momento procesal oportuno así como las declaraciones de los denunciantes; en cumplimiento al derecho de defensa establecido en nuestra Carta Magna en su artículo 82 de la Constitución de la Republica, se le cito para que compareciera a la audiencia de descargo donde se le pusieron en conocimiento los hechos y manifiestan que según informe recibido de relaciones laborales en fecha 25 de Agosto del 2021, con denuncia adjunta donde se tuvo conocimiento de entrega de equipo incompleto de bioseguridad que únicamente entrega de un galón de gel y alcohol, en relación a las mascarillas profesionales con filtros que le asignó la gerencia de salud, para fumigadores no las entregó completas a los empleados llevándose los kits de herramientas que llevabas cada bomba y además de lo anterior, se conoció que maltrata a los empleados a su cargo, les humilla y les amenaza con cancelar su contrato de trabajo, hace trabajar fines de semana y no les otorga el descanso, se conoció que el combustible que es para uso de las bombas termo nebulizadoras se lo lleva para su casa, además de lo anterior les cobra dinero mensualmente a varios de sus subalternos a uno le quita L. 2,000.00 y a otro L. 1,000.00 y les amenaza que si no se lo dan les cancelara el contrato; violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, como ser observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio; comunicar al patrono o su representante las observaciones que hagan para evitar daños y perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros o de patronos; acatar las medidas preventivas y de higiene que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de los trabajadores y lugares de trabajo; cumplir las demás obligaciones que le interpongan las leyes y Reglamentos de Trabajo; sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados, sin permiso del patrono; usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel a que están normalmente destinados. En fecha 8 de septiembre del año 2021, se celebró la audiencia de descargos quien se hizo acompañar de un testigo el señor Oscar Rene Membreño Milla, con dicha declaración fueron reconocidos implícitamente los hechos que se investigaban, como ser los cobros realizados, ya que coincidentemente son congruentes con los print de WhatsApp presentados como medios probatorios mediante las denuncias presentadas por el grupo de trabajadores ante el reconocimiento de su número telefónico, sin desvirtuar los cargos señalados en la cedula de citación; en fecha 16 de Septiembre del año 2021, se le notifico la terminación laboral, donde se le manifiesta claramente los hechos denunciados y la fecha en que son puestos en conocimiento del patrono 18 de agosto del 2021, donde ella queda establecido que no desvirtúa los hechos o cargos señalados en la cedula de citación notificada el 7 de septiembre del 202, ya que no presentó medios de pruebas contundentes que justificara su conducta su falta de probidad en el actuar, al no justificar el hecho de cobrar dinero mensualmente a su subalternos y compañeros de trabajo bajo amenaza de cancelarles el contrato de trabajo, ofendiendo la dignidad de los trabajadores, mantener un ambiente hostil con sus compañeros de trabajo y manifestar en audiencia de descargo el tener diferencias con su jefa inmediata, siendo todo ello totalmente contrario a las buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio, cuando es una obligación del trabajador procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores tomando en consideración que dichas faltas son consideradas graves y facultan al patrono para dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad patronal, según artículo 97, numeral 3 y 13, articulo 112, literal b) y 1) del Código de Trabajo relacionado con los artículos 114 literal e), h) i) y t) articulo 101 numeral 1), 4), 5), 7), 11), 65), у 68) del Reglamento Interno de Trabajo, todo el proceso está revestido de justo, legal, proporcionalidad razones por la que debe declararse no ha lugar el Reintegro solicitado y sin lugar las indemnizaciones solicitadas por ser contrarias a derecho por ende, exonerada en vista que las pruebas del juicio debidamente aportadas y sustentadas van acreditar la realidad de los hechos, demostrando la falta de probidad en el actuar de la trabajadora ,ya que como empleada pública Municipal tenía la prohibición expresa de valerse de su cargo o empleo para conseguir o procurar servicios especiales o beneficios personales, a su favor de familiares o terceros mediando o no remuneración, utilizar el ejercicio del cargo o empleo en el ejercicio para tomar, participar o influir, solicitar o aceptar directamente o por medio de interpósita persona dadivas, regalos, pagos, honorarios o cualquier tipo de emolumento a los que normalmente recibe por el desempeño de su labor; es así que al no desvirtuar la trabajadora la denuncia personal y por escrito que le realizaran, habiendo prueba suficiente de los hechos que motivaron la terminación laboral debe declararse sin lugar la demanda. 3.- El Juzgado de Letras de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 22 de noviembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR, la demanda Laboral promovida para el reintegro a su puesto de trabajo con igual o mejores condiciones, y en concepto de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta la fecha de reintegro, promovida por la señora LINDSAY KEYDEE LÓPEZ HERNANDEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA por ser de conocimiento público que actualmente es el nuevo Alcalde Municipal; En consecuencia: 2) CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA por ser de conocimiento público que actualmente es el nuevo Alcalde Municipal, a reintegrar a la trabajadora LINDSAY KEYDEE LÓPEZ HERNANDEZ, a su puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones a las que tenían en la fecha del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación.- 3) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis a las pruebas practicadas, se llega al convencimiento que el despido del que fue objeto la demandante es injusto, convencimiento por las circunstancias siguientes, la demandada fundamenta su despido en las denuncias interpuestas por los trabajadores Angelica Josselyne Alvarado Pineda, Kenia Maritza Murillo Rodríguez, Carlos Jonás Guevara Molina, Jairo Anastasio Nuñez Reyes, Denis Josue Ramírez Linarez, Alex Javier López Artiaga, según constan en las actas de denuncia, quienes no comparecieron a este Tribunal a ratificar sus dichos para ser sometidos al contradictorio, pues en las actas de denuncia no establecen las fechas en que ocurrieron los hechos, ni tampoco estuvieron presentes al momento de levantarle la audiencia de descargos a la demandante, para que ella tuviera la oportunidad de confrontar a los denunciantes, sumado a eso, la declaración jurada de la señora Diana Patricia López Artiaga, que es hermana de uno de los denunciantes quien dice que tanto ella como su hermano Alex Javier López Artica tenían una deuda pendiente con la demandante por la cantidad de L. 65,000.00, y el dinero que le entregaban era como abono a dicho préstamo, declaración jurada, que se encuentra autenticada por el notario Julio Cesar Lagos Reyes, quien da fe que la firma es auténtica por ser de su conocimiento que es la misma que usa en todos sus actos; la demandada no logró probar en juicio que la demandante maltratara a los empleados, así como no entregar los insumos de bioseguridad, ya que según las propias declaración de la demandante ella únicamente se encargaba de enviar el correo para que fuera entregado el equipo de bioseguridad a los empleados que tiene a su cargo, es decir, la demandada no probó que fuera la trabajadora demandante quien retiraba los insumos de bioseguridad, para ser entregados a cada uno de sus subalternos; la parte actora alega que no se le establecieron las fechas en que supuestamente incurrieron las faltas, que al revisar la nota de terminación de trabajo, la citación audiencia de descargo a la demandante no se le establecen las fechas en la que cometió las supuestas faltas, con lo que no hay lugar a dudas, en que efectivamente la nota de terminación de la relación de trabajo existe la falta de motivación; también la parte actora alega falta de proporcional en cuanto a la falta cometida y la sanción aplicable y que no se siguió el debido proceso, con relación a tal hecho se encuentra acreditado en autos que la demandada citó a la demandante a audiencia de descargos, y le dio la oportunidad de formular sus descargos, por lo que este Tribunal considera que si se le siguió el debido proceso, en cuanto a la desproporcionalidad alegada, la demandada cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo el cual establece el tipo de sanciones que puede aplicarse en su artículo 103, relacionado con el articulo 114 y establece que son faltas graves la violación grave de las obligaciones o prohibiciones de los trabajadores, establecidas por el articulo 97 y 98 del Código del Trabajo, 100 y 101 del presente Reglamento, siempre que el hecho este debidamente comprobado, el Tribunal considera tal como lo relacionó anteriormente, que el hecho por el cual se le despide a la demandante no está debidamente comprobado por parte de la demandada, la parte actora no establece las razones por las cuales alega la falta de proporcionalidad pues una es la facultad del patrono de aplicar las sanciones que establece el Reglamento Interno de Trabajo según el artículo 132 y otra es el derecho que tiene la demandada de que durante el transcurso de la investigación pueda suspender al trabajador para la investigación cuando considere que puede interrumpir en la eficacia de la investigación de la falta. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 9 de febrero del 2024, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la representante procesal demandada contra la sentencia definitiva proferida el veintidós de noviembre del dos mil veintitrés (22/09/2023) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, en el sentido de: A) Declarar SIN LUGAR la demanda promovida por la señora LINDSAY KEYREE LOPEZ HERNANDEZ contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contraída al reintegro del puesto de trabajo y al pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materializara la reinstalación; en consecuencia, SE ABSUELVE a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal, de toda responsabilidad económica derivada del presente asunto, relacionado con el pago de salarios dejados de percibir. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia en lo relativo a la exoneración de costas. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, dado el carácter social de las normas del trabajo y ser la demandada una entidad de derecho público”. Bajo el criterio que, de la revisión y análisis exhaustivo del proceso considera que al momento en que se produjo la ruptura de la relación de trabajo, la demandante tuvo conocimiento claro de los motivos y razones legales que indujeron al patrono a tomar tal decisión, y es que después de la denuncia remitida por el Departamento de Relaciones Laborales, dieron curso a las investigaciones pertinentes que condujeron a la citación para audiencia de descargos el 8 de agosto del 2021, en respeto y garantía del derecho de defensa de la trabajadora, de lo que resulta que aun y cuando no haya aceptado las faltas que le imputan, lo cierto es que fue aportado abundante material probatorio al proceso, de cuya valoración en su conjunto se concluye que la demandante incurrió en las faltas enunciadas en la nota de despido, lo que indudablemente constituye una falta de probidad, tal como lo señala la demandada y por cuya razón el despido es justo y legal, pues en materia laboral la valoración de la prueba se hace conforme a las regla establecida en el artículo 739 del Código del Trabajo, que permite al juez formar libremente su convicción obligándolo a establecer sus fundamentos, por entrar en juego la conciencia en la apreciación de los hechos, que deben apoyarse en proposiciones lógicas, correctas y fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad, dado que los diversos medios probatorios allegados al proceso se consideran indiscriminadamente en su conjunto, buscando solamente la fuerza de convicción que de ellos resulte, puesto que el acervo probatorio sirve en su totalidad para los fines procesales de llegar a la justicia; prueba que fue aportada al juicio sin objeción alguna de la parte actora, salvo las capturas o print de pantalla, cuya objeción queda desvanecida con el interrogatorio de parte; En la sentencia de primera instancia en la nota de terminación del trabajo y la citación para audiencia de descargos, no se establecen las fechas en que fueron cometidas las supuestas faltas, por lo que no le queda duda que existe falta de motivación, tal razonamiento conforme la línea de pensamiento contenida en el fundamento anterior es erróneo, por cuanto, la trabajadora fue denunciada por un grupo de trabajadores el 18 de agosto del 2021 y el Departamento de Relaciones Laborales remitió el informe el 25 del mismo mes y año, de lo que se infiere, que el conocimiento de los hechos por parte de la demandada es el 25 de agosto del 2021 y a partir de esa fecha comienza el proceso investigativo, recopilaron todas las pruebas relacionadas con el asunto, indicándosele en la audiencia de descargos el nombre de los denunciantes y haciéndose la reproducción de un audio; proceso que culminó con la notificación del despido el 16 de septiembre del 2021, en cuyo caso no fueron supuestas faltas, los hechos constituyen faltas reales en la que incurrió la trabajadora en el desempeño de su funciones, inconducta laboral que da paso a que el patrono en aplicación del poder y potestad disciplinaria, legalmente está facultado a dar por terminada la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad de su parte, y es que el despido básicamente, no es una conducta reprochable, es una conducta socialmente no deseable, pero que se acepta en ciertas condiciones, como necesaria; tal como ocurre en el subjudice, ante la comprobación de la comisión de las faltas laborales por la trabajadora, en consecuencia, es procedente la reforma del fallo proferido en primera instancia. 5.- Mediante auto de fecha 3 de mayo del 2024, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS FERNANDO BANEGAS BENITEZ, en su condición de representante procesal de la señora LINDSAY KEYDEE LOPEZ HERNANDEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 29 de julio del 2024, compareció ante éste Tribunal el Abogado CARLOS FERNANDO BANEGAS BENITEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 8 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 7 de noviembre del 2024 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada ODELY MACHADO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado CARLOS FERNANDO BANEGAS BENITEZ, en un primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por Infracción Indirecta proveniente de la apreciación errónea de la prueba documental aportada en juicio por la parte demandante, consistente en 1) correos electrónicos enviados entre mi representada, y su jefe superior el doctor Melvin Ferraro, así como las dos encargadas de distribuir los insumos en el departamento de operativos de prevención, Angelica Alvarado y Kenia Murillo, en los que se hace él envió de los informes de gastos mensuales en el departamento a sus superiores el Dr. Melvin Ferraro y la Dra. Lorena Martínez con los cuales se prueba que mi representada en todo momento notificaba de los gastos y actividades que ella realizaba en el departamento de operativos de prevención de la municipalidad de san pedro sula. (ver folios 147 al 152 de la pieza principal) 2) Informe de gastos de insumos del mes de Julio de 2021, a dos meses del despido hecho en contra de mi representada (ver folios 153 al 160 de la pieza principal) 3) Reglamento interno de trabajo de la alcaldía de la municipalidad de san pedro sula (ver folio 208 de la pieza principal) nótese honorables magistrados que en su artículo 105, en su literal b) establece que las sanciones serán impuestas, tomando en cuenta, b) antecedentes del trabajador, c) Reincidencia, d) Circunstancias en la que se cometió la falta, y ninguna de ellas se tomó en cuenta para despedir a la trabajadora ya que ella al trabajar por más de 6 años nunca tuvo reportes por faltas relacionadas en su puesto de trabajo 4) Acta de audiencia de descargos de fecha 08 de septiembre de 2021 (ver folio 16 de la pieza principal) en la cual no se logra acreditar que mi representada incurriera en una falta grave para dar por terminado su contrato de trabajo, ya que los denunciantes no comparecen a la mencionada audiencia a ratificar su denuncia y describir los hechos que originaron el despido de mi representada, circunstancias que no fueron tomadas en cuenta al momento del despido, en relación con la demás prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho a la corte sentenciadora y que aparece de manifiesto en los autos y que la llevó en forma indirecta a la violación del artículo 113 párrafo primero y tercero literal "a" por intermedio del artículo 738 en su único párrafo, relacionado con el artículo 93 párrafo 1, articulo 96 numeral 11 todos del código de trabajo y los artículos 127 y 129 de la constitución de la república de honduras. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de la Norma Sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739, del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el Articulo 765, numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Esta honorable corte suprema de justicia ha establecido jurisprudencia en el sentido de la destitución o remoción de un cargo del trabajador, misma que debe ser la medida más restrictiva y severa que se pueda adoptar en materia disciplinaria, ya que su aplicación debe ser previsible, sea porque está expresa y claramente establecida en la Ley la conducta sancionable, misma que debe estar en forma precisa, taxativa y previa o porque la Ley la delega a una norma infra legal, bajo criterios objetivos que limiten el alcance de la discrecionalidad; el análisis de la legalidad o no de la terminación del contrato de trabajo también versa sobre otros aspectos relacionados con el tema de la prescripción, el procedimiento disciplinario, la proporcionalidad de la sanción, entre otros; siendo importante considerar las reglas y bases que deben observarse en lo referente al procedimiento disciplinario mismo que debe contar con: a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida b) notificación que se debe realizar con la suficiente antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y d) después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivará las diligencias, (Ver sentencias del 24 de julio del 2015, expediente CL 86-13, 11 de junio de 2018, expediente CL 620-16 y 15 de octubre de 2018, expediente CL 451-16). EXPRESIÓN DE LA VIOLACION: Honorables magistrados, es evidente el error que comete la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, ya que al momento de motivar su sentencia se aleja de lo que se planteó y probó en juicio, que es la prescripción de las supuesta faltas cometidas por la trabajadora para ser sancionadas, ya que en las denuncias hechas por sus compañeros de trabajo no se establece en qué fechas se cometieron las mismas, por tal razón es imposible establecer su fecha de prescripción, ya que como establece el artículo 863 del código de trabajo, las mismas para ser sancionadas prescriben en el término de un mes, por tal razón se deja en indefinición a la trabajadora pero el Ad Quem incurre en un error manifiesto al motivar de manera errónea en su fallo, al sentenciar que la prescripción quedó interrumpida con la notificación a la trabajadora de la audiencia de descargo y que sabía de qué se le acusaba, olvidando que los denunciantes no concurrieron a la audiencia de descargos a ratificar su denuncia y tampoco se presentaron al juzgado de primer instancia a rendir su declaración, y no se comprobó la comisión de las faltas imputadas, dando el Ad Quem por probado hechos que más allá de estar plasmados en la denuncia no se lograron probar a lo largo del presente juicio, La corte de apelaciones del trabajo de san pedro sula, ha violentado el derecho a la defensa y presunción de inocencia de mi representada, establecidos en los artículos 82, 89, y 90 de la constitución de honduras. Es por ello que al apreciar de forma errónea y extralimitada los medios de prueba supra señalados conducen al Ad Quem cometer una falla en la impartición de justicia, motivo suficiente para declarar ha lugar el presente recurso de casación”¡ III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 738 Y 739 del Código de Trabajo, señalada como norma sustantiva infringida carece de tal calidad, teniendo un carácter general. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativo o los extinguen; b) carece de claridad y precisión en el precepto autorizante, ya que el artículo 765 numeral 1) del Código de Trabajo, contiene párrafos que se deben señalar como sustento del cargo; y c) se realizan en el desarrollo alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. IV.- Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por Infracción Indirecta proveniente de la apreciación errónea de la prueba documental aportada y admitida a la parte demandada, consistente en: 1) Denuncia conjunta de empleados del departamento de operativos de prevención que corre agregado en (folios 171 al 172 de la pieza principal) 2) actas de denuncia de los señores Angelica Josselyne Alvarado, Kenia Maritza Murillo, Carlos Jonás Guevara, Jairo Anastasio Núñez, Denis Josué Ramírez, y Alex Javier López, y print de pantalla, mismos que corren agregadas en (folios 173 al 180 de la pieza principal) que adelante se relacionan con las demás pruebas en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho a la corte sentenciadora y que aparece manifiesto en los autos, y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 112 literal "L" articulo 120 párrafo 1 literal "c" del Código del Trabajo, en relación con los Artículos 91 párrafo 1, articulo 94 párrafo 1 del código de trabajo y 127 y 129 de la Constitución de la República. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de la Norma Sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739, del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Articulo 765 numeral 1, párrafo primero del del Código del Trabajo. DOCTRINA: Las causales de violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de existencia, en sus modalidades de omisión o de suposición del medio probatorio y por falso juicio de identidad, se encaminan a proveer la efectiva vigencia del principio de unidad de la prueba o de apreciación de las pruebas en conjunto, según el cual las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de conformidad con las reglas de la sana crítica, actividad que implica que el funcionario judicial debe exponer siempre el mérito que le asigne a cada prueba aportada por las partes. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: Honorables Magistrados el Ad Quem hace suyos únicamente los argumentos y la prueba aportada por la parte demandada, ya que en la sentencia recurrida valora únicamente la prueba aportada por la alcaldía de san pedro sula, y siendo que denuncias no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas aportadas al proceso por ambas partes, debiendo la corte sentenciadora analizar todos los elementos probatorios, como ser, declaraciones, testimonios, dictámenes periciales, y la prueba documental debiendo pronunciándose sobre el fondo de cada uno de ellos, sujetándose a los principios de la sana critica, ya que como se puede ver de la simple lectura de la sentencia da por probados los hechos que motivaron el despido de la trabajadora argumentando que mi representada tuvo conocimiento claro de los motivos y razones legales que indujeron al patrono para despedirla y que fue aportado abundante material probatorio al proceso por la demandada sin entrar a conocer bajo qué circunstancias ocurrieron los hechos, dejando de valorar toda la prueba en su conjunto apartándose totalmente a lo establecido en los artículos 200 literal c, y 206 párrafo primero, 207, párrafo segundo del código procesal civil, estando plenamente acreditado en el proceso que el patrono no tuvo justa causa para despedir a mi representada violentando con ello su derecho a la estabilidad laboral consagrado en el artículo 129 de la constitución de la república”. V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la explicación no se demuestra el error evidente y manifiesto; b) Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al reformar el fallo de primera instancia se observó que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso resolviendo el juzgador de instancia conforme a la libre formación de su convencimiento. VI.- Por lo expuesto, en los romanos que anteceden procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 10 numeral 1), 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en sus dos motivos de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de enero del dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación número CL163-24.

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO