Sentencia CL-15-24 — Registro 20259
Resumen
Segunda instancia confirmó los numerales 1, 3 y 4 demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones por despido directo, ilegal e injustificado; reconocimiento de la permanencia en el cargo de oficial contable mediante Acuerdo en virtud de haberse desempeñado en el mismo puesto de trabajo de manera continua e ininterrumpida desde el día 01 de octubre del 2014 hasta la fecha, de conformidad con los artículos 24, 47, 48 y 52 del Código del Trabajo; reconocimiento de la relación laboral de forma indefinida al igual que el reconocimiento de la antigüedad en el cargo de oficial contable a partir de la firma del primer contrato es decir desde el día 01 de octubre del 2014; pago de la bonificación de vacaciones de los dos últimos años (2017-2019), en virtud que el objeto de la naturaleza de su puesto de trabajo era permanente; reconocimiento e inscripción al IHSS e INJUPEMP de acuerdo con el capítulo VI (seguridad social) de la carta magna y Ley Marco del Sistema de Protección Social; pago de los derechos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
..."Revisada que fue la sentencia de fecha 29 de agosto del 2023, pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se reforma parcialmente la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, Departamento de Francisco Morazán, Declarándose, en la misma con lugar la demanda ordinaria laboral promovida en su oportunidad ante esa Judicatura, por la parte actora. Sin embargo, es menester indicar que el pronunciamiento tercero mediante el cual se ordena declarar con lugar: “la pretensión de la incorporación de la trabajadora LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP),Y al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) reconociéndosele su incorporación desde el inicio de la relación laboral en fecha 01 de octubre del año 2014”; excede las competencias del juzgador laboral de conformidad a lo dispuesto en el artículo 665 del Código de Trabajo, el cual dispone que la “La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo”, por su lado el artículo 2 preámbulo y numeral 2) del mismo ordenamiento jurídico establece que las disposiciones del Código de Trabajo, son de orden público y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales, exceptuando a los empleados públicos nacionales entendiéndose como tal, aquel que cuyo puesto haya sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal y que dicha relación entre estos y el Estado, se regirá por la Ley de Servicio Civil, Se colige entonces, de conformidad al fallo impugnado, que la relación establecida entre el demandante y demandado es de naturaleza contractual, no regida, por una relación de servicio, es decir, mediante la emisión de un acuerdo emitido unilateralmente por la Administración Pública. Por ello, no es dable a los tribunales laborales ordenar y declarar con lugar pretensión alguna sobre la incorporación de un trabajador al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), Y al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), pues la relación de trabajo establecida en su momento no está bajo el amparo de la Ley de servicio Civil, ni surge de un acto administrativo sujeto al Derecho Administrativo, siendo su naturaleza contractual. La falencia antes referida determina la procedencia de nulidad del fallo impugnado."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro (24) de febrero del dos mil veintiséis (2026). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 21 de mayo del 2024, por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCÍA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS, representada en juicio por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones por despido directo, ilegal e injustificado; reconocimiento de la permanencia en el cargo de oficial contable mediante Acuerdo en virtud de haberse desempeñado en el mismo puesto de trabajo de manera continua e ininterrumpida desde el día 01 de octubre del 2014 hasta la fecha, de conformidad con los artículos 24, 47, 48 y 52 del Código del Trabajo; reconocimiento de la relación laboral de forma indefinida al igual que el reconocimiento de la antigüedad en el cargo de oficial contable a partir de la firma del primer contrato es decir desde el día 01 de octubre del 2014; pago de la bonificación de vacaciones de los dos últimos años (2017-2019), en virtud que el objeto de la naturaleza de su puesto de trabajo era permanente; reconocimiento e inscripción al IHSS e INJUPEMP de acuerdo con el capítulo VI (seguridad social) de la carta magna y Ley Marco del Sistema de Protección Social; pago de los derechos (salarios dejados de percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios y aumentos de sueldo) y demás beneficios producidos al cargo durante el tiempo que dure el presente proceso, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de marzo del 2019, por la señora LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS, mayor de edad, soltera, Pasante de la Carrera de Licenciatura en Contaduría Pública, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCÍA. 2. REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva venida en apelación, de fecha veinticinco de abril del año dos mil veintidós y aclarada mediante auto resolutivo de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintidós dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCAR PARCIALMENTE EL NUMERAL 2) el que deberá leerse de la siguiente manera: a) SE DECLARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE de la señora LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS desde el inicio de la relación laboral 01 de octubre de 2014 en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; por lo que el numeral 2 queda de la siguiente forma "SE DECLARA QUE LA RELACIÓN DE TRABAJO QUE MANTUVO LA DEMANDANTE LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS CON EL ESTADO DE HONDURAS A TRÁVEZ DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, DESDE SU INICIO FUE POR TIEMPO INDEFINIDO POR LO QUE SE RECONOCE EL ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE DE LA SEÑORA LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS desde el inicio de la relación laboral 01 de octubre de 2014 en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; B). CONFIRMANDO los numerales 1, 3 y 4 de la sentencia definitiva apelada y los demás extremos del numeral 2; confirmándose lo referente a sin costas. Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTIFICADO, RECONOCIMIENTO DE LA PERMANENCIA EN EL CARGO DE OFICIAL CONTABLE MEDIANTE ACUERDO EN VIRTUD DE HABERSE DESEMPEÑADO EN EL MISMO PUESTO DE TRABAJO DE MANERA CONTINUA E ININTERRUMPIDA DESDE EL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, RECONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN LABORAL DE FORMA INDEFINIDA AL IGUAL QUE EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE OFICIAL CONTABLE A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRIMER CONTRATO; PAGO DE BONIFICACIÓN DE VACACIONES DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS EN VIRTUD QUE EL OBJETO DE LA NATURALEZA DEL PUESTO DE TRABAJO ES PERMANENTE, RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) E INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) DE ACUERDO CON EL CAPITULO PAGO DE LOS DERECHOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y AUMENTO DE SUELDO Y DEMAS BENEFICIOS PRODUCIDOS EN EL CARGO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL PROCESO, COSTAS, promovido por la señora LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud. SIN COSTAS en esta instancia...". ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación de trabajo en la "Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE)”, órgano adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, el día 01 de octubre del 2014, para desenvolverse en el puesto de Auxiliar Contable hasta el mes de febrero del 2017 y posteriormente, se desempeñó en el cargo de Oficial Contable, bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos; manifestó que desde su primer día de labores, hasta la fecha de su despido el 31 de diciembre del 2018, siempre fue contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, y que lo único que cambiaba en los Contratos eran las fechas de la renovación de los mismos, su relación de trabajo con la parte demandada, siempre se desarrolló de forma normal o sea, no existieron lapsos de tiempo dejados de laborar en el desempeño de sus funciones, actividades, tareas asignadas y siempre trabajó de manera permanente, continua e ininterrumpida en su cargo de Auxiliar Contable y Oficial Contable; asimismo, las funciones, actividades y tareas asignadas a su puesto de trabajo, fueron, y eran siempre las mismas, no obstante, la demandada pretendía simular la relación de trabajo (para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: a) La Actividad Personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que facultaba a ésta para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato: y, c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunido los tres elementos de que trata ese artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, con los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, porque se hacían llamar en los mismos la Contratista y sus funciones, actividades y tareas asignadas al puesto de trabajo, como Oficial Contable son meramente "Manuales y/o Artesanales (Educación Básica)" y no "Técnicas, Artísticas y/o Científicas (Pregrado/Postgrado/Doctorado)"; sin embargo, sabemos que éste tipo de Contratación (Servicios Profesionales y Técnicos) violenta he infringe totalmente el derecho al Trabajo, consignado en la Declaración Americana de Derechos Humanos e implica una negación a la estabilidad laboral y protección contra el desempleo establecido en la Constitución de la República. En ese sentido, ese tipo de actuaciones efectuadas por la demandada, no pueden considerarse una conducta que como norma podría ser aceptada dentro de un estado de derecho. Concluyendo que los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, contemplan las mismas funciones, actividades y tareas asignadas a su puesto de trabajo cómo Oficial Contable; además, se constató que cumpliría un periodo de prueba, horario y jornada de trabajo, salario mensual, exclusividad de labores, subordinación (verbal/escrita) de jefe inmediato y/o superior jerárquico, desempeño personal, deducciones legales y jornada extraordinaria; de igual modo, gozaría del pago del décimo tercer mes de salario en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social y disfrute de vacaciones (no pago de bonificación de vacaciones), características éstas que eran propias e inherentes de un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido y/o ilimitado, tal y como lo definen los artículos 19, 20, 24, 47, 48, 52 del Código del Trabajo. Argumentó que la demandada, jamás le hizo efectivo, el pago de la bonificación de vacaciones, porque según las máximas autoridades de la demandada, no le correspondían porque no era un empleado permanente; de igual modo, nunca lo inscribieron en el INJUPEMP, al igual que al IHSS, por lo tanto, no pudo cotizar para poder beneficiarse del derecho de una jubilación o pensión y de gozar de la seguridad social; por tal razón, solicitó a la parte demandada le hiciera efectivo el pago de la bonificación de vacaciones de los dos últimos años (2017-2019) porque era un derecho que le correspondía cómo trabajador en vista que el objeto de la naturaleza de su puesto de trabajo era permanente, tal y como lo determinan los artículos 19, 20, 24, 47, 48 y 52 del Código de Trabajo; también, pidió a la demandada, que se le registrara e inscribiera inmediatamente al IHSS e INJUPEMP, porque era un derecho que se encontraba elevado a rango constitucional (Capítulo VI/Seguridad Social) en comunión con la nueva Ley Marco del Sistema de Protección Social (Régimen del Piso de Protección Social, Régimen del Seguro de Previsión Social, Régimen del Seguro de Atención de la Salud, Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales y Régimen del Seguro de Cobertura Laboral (Fondo de Pensiones). Indicó además, que su último salario mensual que devengaba como Oficial Contable en la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud a través de la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE), era la cantidad de L. 23,754.85; además, requirió para que esa Institución del Estado, le reconozca la antigüedad en el cargo a partir de la firma del primer contrato o sea desde el 01 de octubre del 2014; al mismo tiempo, que le reconociera la relación de trabajo de forma indefinida, porque su puesto de trabajo se encontraba comprendido dentro de la estructura organizativa de la institución. Señaló que el 07 de enero del 2019, recibió el Oficio No. 913-2018-CG-UAFCE-SS de fecha 28 de diciembre del 2018, firmado por la Doctora Mirna Moreno de Lobo, en su carácter de Coordinadora General de la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) y que en el mismo le establecía lo siguiente: "Señores Consultores del Proyecto de Alianza GAVI. Ing. Edwin Pinto/Oficial Administrativo Lic. Diana Galeas/Auxiliar Administrativo Contable. Lic. Liliana Amador/Oficial Contable. Estimados Señores: En vista de la modalidad de contratación bajo la cual prestan sus servicios a esta institución, para el manejo administrativo de los fondos provenientes de la Alianza Gavi y dado que la Carta, bajo la cual están contratados, "FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO" se les solicita entregar toda la documentación a sus superiores para que se pueda tener acceso a la misma al momento de ser requerida. Es de hacer notar que se está solicitando a OPS se pueda ampliar la carta para la contracción de los servicios para el cierre administrativo del proyecto, sin embargo, a la fecha no hemos tenido respuesta y en caso positivo la modalidad de contrato será por producto. Agradeciendo la atención a la presente. Atentamente. Dra. Mirna Moreno de Lobo. Coordinadora General UAFCE. CC. Ing. Hary Galeas/Coordinador Administrativo Financiero UAFCE. C.c. Lic. Julio Moncada, Jefe de Contabilidad. C.C. Lesbia Carcomo/Recursos Humanos UAFCE. C. C. Arch.". Alegó que el Oficio No.913- 2018-CG-UAFCE-SS de fecha 28 de diciembre del 2018, que contiene la terminación de su relación de trabajo, fue injusta, arbitraria e ilegal porque no le establecieron con precisión en la misma, cual fue la causal y/o el motivo de su despido, de conformidad con los artículos 112 y 117 del Código de Trabajo, para que esa Institución del Estado, tomara la determinación de despedirle; por otra parte no le señalaron los artículos que violentó el marco jurídico nacional e internacional; y por tal motivo, la demandada infringió y le violentó completamente el Principio Universal del Derecho de Defensa y Debido Proceso contenidos en las Garantías y Derechos de la Constitución de la República, Convenios, Tratados y Convenciones Internacionales Ratificados y Adheridos por Honduras con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración Universal de Derechos Humanos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; Código del Trabajo y Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Arguyó que la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) es el Órgano que Administra los fondos de Cooperación Externa (GAVI, BID, UNFPA, Fondo Mundial y ACDI) en la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, específicamente para financiar proyectos enfocados en Salud (GAVI: FSS-GAVI, Plan de Transición, Fondos Complementarios y Premio GAVI), UNFPA) a nivel nacional en esa Institución del Estado. En ese sentido, fue la demandante responsable de llevar los procesos contables de los proyectos: a) Fortalecimiento de los Servicios de Salud, Financiado por la Alianza GAVI (FSS-GAVI) Meningitis, Cólera (Vacuna Oral), Fiebre Amarilla, Adquisición de Equipos de la Cadena de Frio, Subsidio al Fortalecimiento de los Sistemas de Salud, Introducción de Vacunas y Apoyo Operacional para las Campanas. b) Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Salud Sexual y Reproductiva, Igualdad de Género y Derechos Humanos. Juventud y Población, en vista que la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) le asignó personalmente los proyectos anteriormente mencionados (FSS-GAVI y UNFPA). Sin embargo, su puesto de trabajo cómo Oficial Contable en la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) es de naturaleza indefinida porque el mismo se encuentra definido en un órgano permanente de dicha Secretaría de Estado, tal y como lo corroboraremos en el transcurso del proceso. Finalmente manifestó que presentó reclamo administrativo en la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, para tratar de llegar a un arreglo conciliatorio sobre sus pretensiones; pero la parte demandada no se hizo presente para conciliar. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, apoyando su defensa en que, atendiendo la naturaleza jurídica del demandado (Gobierno Central) y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le eran aplicables las disposiciones del Código del Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito el Reglamento de personal de la Secretaria de Salud, la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas, razón por la que considerando las necesidades de la parte demandada, se contrató a la demandante, mediante un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, en aplicación estricta de lo preceptuado en los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el articulo 3 numeral 1) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que en casos como el que nos ocupa será conocida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no por el Juzgado del Trabajo. Expresó que el demandado, únicamente dio cumplimiento a cada una de las cláusulas del contrato suscrito con la demandante y en ningún momento ha violentado ningún derecho a la misma, por el hecho de haber suscrito contratos a término; no obstante la demandante trata de aplicar la normativa de los artículos 24, 47, 48 y 52 del Código del Trabajo, con el único objeto de utilizarlos para el reconocimiento de un derecho que no le corresponde, ni tiene sustento jurídico, ya que la normativa de los artículos del Código del Trabajo a los que hace referencia la demandante no son aplicables a los contratos celebrados con la Administración Pública, pues son contratos meramente administrativos de carácter personal, con vigencia determinada y no puede aplicarse irresponsablemente la normativa laboral, por muy conveniente que sea para una de las partes, pues induciría a que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa de los artículos precitados, en menos cabo del artículo 60 de la Constitución de República, que dispone: "Todos somos iguales ante la ley"; asimismo la actividad temporal es porque no existe la plaza para un nombramiento permanente, razón por la cual se rechaza la utilización del texto de dichos artículos, no obstante las circunstancia antes mencionadas no fueron determinativas para acomodar sus pretensiones puesto que la parte actora suscribió contrato por tiempo limitado, regidos por clausulas establecidas en el mismo, con derechos y obligaciones reciprocas para ambas partes, en consecuencia se deduce que la parte actora solo pretende aplicar una normativa jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe, lo que se demostrará con las pruebas aportadas en el juicio en el momento procesal oportuno. Recalcó que la demandada suscribió contrato a término con la demandante, el cual tenía fecha de inicio y finalización, firmándose de esa manera en vista que el demandado estaba sujeto a un Plan Operativo Anual (POA) y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no podía excederse, tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 364 "No podrá hacerse ningún Compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias". Asimismo, la parte actora desconocía que al ser el demandado un órgano centralizado, sus empleados permanentes se debían regir por la Ley de Servicio Civil; consecuentemente si pretendía que se le reconociera tal permanencia debía dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y Articulo 7 de su Reglamento, que literalmente dispone: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere.... 5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley"; Artículo 7 del reglamento "El régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del poder ejecutivo erre ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecen este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso"; normativas que no fueron cumplimentadas por la demandante, por consiguiente el demandado no podía dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento por acuerdo (permanencia). De lo anterior se concluye que esta no era la vía legal para alcanzar tal fin. Además de lo anteriormente manifestado, en el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, suscrito con la demandante, se establecieron entre sus cláusulas las siguientes: "CLÁUSULA NOVENA: JURISDICCIÓN APLICABLE: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta Jurisdicción. CLAUSULA DÉCIMA: LEYES APLICABLES: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato será únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos están exclusivamente a lo que dispone esta ley y a lo expresamente pactado en el mismo CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Las partes manifiestan que aceptan los términos del presente contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo"; en su defecto el Juzgador de la causa no puede reconocer un acto subjetivo originado de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos temporales, simplemente porque la autora de la demanda estima erróneamente que le asistían los derechos que reclama, pretendiendo desconocer que sus prestaciones de servicio eran temporales y transitorias de periodos cortos y con fechas determinadas en tiempo y que no constituían ningún derecho de reconocimiento de una relación laboral de carácter permanente; no obstante que la demandante aceptó y consintió el plazo establecido en el contrato, a ese efecto no podía obligar al demandado a reconocerle derecho alguno, tomando en cuenta que cada contratación debía hacerse según las disponibilidades presupuestarias del ejercicio fiscal de cada año y sería en el proceso del debate que oportunamente se demostrará que no tenía sustento para entablar su acción de demanda. Arguyó que debido a que la modalidad con la demandante fue por tiempo determinado, a través de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, era del pleno conocimiento de la misma que lo que se le pagaba como remuneración eran Honorarios Profesionales, con fondos provenientes de cooperantes externos a través de convenios de cooperación a favor de la República de Honduras, como ser Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Fortalecimiento de los Servicios de Salud con la Alianza GAVI (FFS-GAVI), para determinados proyectos, por lo que dependiendo del desembolso de dichos fondos a través de los convenios de cooperación, los cuales tenían una vigencia estipulada para cada proyecto, era que se contrataba a la demandante, no obstante al no suscribir un nuevo convenio y al no contar con los fondos para la realización de un nuevo proyecto, el demandado no contaba con el presupuesto para la suscripción de un nuevo contrato. Manifestó además que, en cuanto a los beneficios que procuraba adquirir la demandante como ser inscripción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionaros del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), ese derecho solo es reconocido a empleados del sector público, con un status permanente y no para personal contratado por tiempo limitado, como era del conocimiento de la demandante, pues en el referido contrato se estipularon tanto las obligaciones y derechos a los que estaban sujetas las partes, razón por la cual se debería desestimar tales pretensiones. Asimismo aclaró que en el caso que les ocupa no existió despido directo, y al no existir el mismo el Juez se ve vedado en calificarlo como justificado o injustificado y por ende no podría condenar al demandado al reintegro, permanencia y demás derechos que exige la demandante, ya que un acto es consecuencia del otro y surte efecto en el caso en que el despido sea injustificado, no pudiéndose ser impuesta tal sanción por ser inexistente dicho acto, todo lo anterior debido a que el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos suscrito entre las partes demandado y demandante era temporal, mismo que tenía fecha de finalización, razón por la que en ningún momento se le notificó despido alguno, por lo que al no considerarse un despido no se debía ceñir a lo establecido en los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo, ni a ninguna otra disposición de dicho Código, ya que como anteriormente lo expuso, la relación con la demandante se encontraba regulada por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Igualmente argumentó que rechaza lo manifestado por la demandante, respecto a que mediante oficio Nº 913-2018- CG-UAFCE-SS, se dio por terminada su supuesta relación de trabajo, no obstante con dicho oficio únicamente se le recordó que su contrato finalizaba en fecha 31 de diciembre del 2018, pues al no suscribir un nuevo convenio y al no contar con los fondos para la realización de un nuevo proyecto, el demandado no contaba con el presupuesto para la suscripción de un nuevo contrato, por lo que no se le notificó ningún despido, ya que la Dra. Mirna Moreno de Lobo, Coordinadora General de UAFCE, quien era la que firma el oficio en mención, no era la persona facultada para realizar algún despido dentro de la Institución. Finalmente en cuanto a lo manifestado por la demandante, en relación a que presentó el reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, buscando un arreglo conciliatorio con la parte demandada; lo rechazó en su totalidad, en virtud que el referido contrato suscrito con la demandante no era laboral, consecuentemente no podía ser competente de conocer tal solicitud la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, pues en caso de conflicto los competentes son los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo y no la Jurisdicción laboral. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de abril del 2022, dictó sentencia definitiva, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República y representante legal de aquel entonces, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. 2) SE DECLARA que la relación de trabajo que mantuvo la demandante LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS con el ESTADO DE HONDURAS a través de la UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) adscrita a la Secretaria de Salud, desde su inicio fue por tiempo indefinido, por lo que se le reconoce la antigüedad a partir del 1 de octubre del año 2014, para lo cual se ordena a la Secretaría de Estado de Salud que proceda a realizar los trámites correspondientes para que se le otorgue a la demandante LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS el documento que la acredite como empleado permanente de la Secretaría de Salud en el cargo de AUXILIAR CONTABLE. 3) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaria de Salud a inscribir a la demandante tanto en el IHSS como en el INJUPEM. 4) CONDENA al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud a pagar a título daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo. SIN COSTAS en esta instancia”; Asimismo, mediante auto resolutivo de fecha 24 de mayo del 2022 dicha sentencia definitiva fue ACLARADA, que en su parte conducente dice: “JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil veintidós. Por hecha la comparecencia que antecede, por parte del Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, actuando en su condición de Representante Procesal demandante, la que se resuelve de la manera siguiente; Y haciendo un análisis de las presentes diligencias se desprende que; PRIMERO: Que consta en las presentes diligencias, el auto de fecha 25 de abril del año dos mil veintidós, mismo que contiene la Audiencia de JUZGAMIENTO dictada por este Juzgado. SEGUNDO: Que si bien es cierto el artículo 203 del Código Procesal Civil que como norma supletoria se aplica a la Jurisdicción laboral, establece que los juzgados y tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero también establece, que si se puede aclarar algunos conceptos oscuros o rectificar cualquier error material de que adolezcan. Asimismo, el artículo 204 del Código Procesal Civil, establece en cuanto a la aclaración y corrección de resoluciones, que las mismas podrán hacerse de oficio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución o a petición de parte o del ministerio público en su caso, formulada dentro del mismo plazo. TERCERO: y siendo que al realizar este despacho una revisión minuciosa de las presentes diligencias, resulta que efectivamente se cometió un error material, específicamente en el numeral dos (2) y cuatro (4) de la parte resolutiva. CUARTO: por lo que y en vista de un error involuntario, en la Sentencia Definitiva de fecha 25 de abril del año dos mil veintidós, se omitieron datos erróneamente, por lo que en este acto Declárese CON LUGAR la aclaración y corrección, en cuanto al numeral dos (2) y cuatro (4) de la parte resolutiva, por lo que se procede a realizar la corrección de la manera siguiente: se procede a aclarar y rectificar la sentencia en los términos siguientes: ….2) SE DECLARA que la relación de trabajo que mantuvo la demandante LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS con el ESTADO DE HONDURAS a través de la UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) adscrita a la Secretaria de Salud, desde su inicio fue por tiempo Indefinido, por lo que se le reconoce la antigüedad a partir del 1 de octubre del año 2014, para lo cual se ordena a la Secretaría de Estado de Salud que proceda a realizar los trámites correspondientes para que se le otorgue a la demandante LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS el documento que la acredite como empleado permanente de la Secretaria de Salud en el cargo de OFICIAL CONTABLE. Asimismo, el numeral; 4) CONDENA al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud a REINTEGRAR a la señora LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS en el cargo de OFICIAL CONTABLE, en la unidad administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) y a pagar a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo…”; bajo el criterio que, el punto central de discusión del presente asunto es determinar si las labores desempeñadas por la demandante eran de tipo permanente, por lo que cuando la relación de trabajo terminó, se encontraba sujeta al régimen de despido contemplado en el artículo 12 del Código del Trabajo, al no ser así, se produjo un despido que además de ilegal fue injusto, por lo que le corresponde al Estado de Honduras, restituirla en el cargo que desempeñaba u otro de igual categoría; o por el contrario no les corresponde en vista que la relación inicio bajo la contratación de servicios profesionales, teniendo un inicio y termino en tiempo estipulado, siendo la jurisdicción de lo contencioso administrativa la llamada a conocer el presente caso. Que tal como ha quedado relacionado anteriormente, el Estado de Honduras cifra su defensa en que los contratos suscritos por la demandante son de índole administrativo, por lo tanto la jurisdicción aplicable en el presente caso debía ser la contenciosa administrativa, sin embargo, en el momento procesal oportuno no alega mediante el incidente de declinatoria la falta de jurisdicción del juzgado del trabajo, por lo tanto, se dio una sumisión tácita del demandado a la jurisdicción del trabajo (artículo 40 del CPC). Que la prestación del servicio es el supuesto necesario para la aplicación del derecho del Trabajo, dicho en otras palabras, es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades lo que hace que el trabajador se encuentre amparado en el Derecho del Trabajo. Que, lo anterior se entiende a través de la relación de trabajo, en virtud de la cual prevalece la verdad de los hechos por encima de los acuerdos formales y la sola prestación del trabajo produce los mismos efectos jurídicos. Que la forma de contratación a través de la cual fue contratada la demandante, encierra en su contenido un verdadero contrato de trabajo para realizar labores continuas en la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) adscrita a la Secretaria de Salud, por lo cual la contratación a la cual fue sometida la demandante fue un fraude de ley, ya que intrínsecamente constituye un contrato de trabajo por el cual la demandante desarrolló labores de manera continua, y por esta razón, el vínculo debió romperse a través de las causales de despido contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, lo cual en el presente caso no se dio, en consecuencia el Estado de Honduras como parte demandada se encuentra obligado a reintegrarla a su puesto o en su defecto a uno de iguales o mejores condiciones, en consecuencia, se declara CON LUGAR la presente demanda. Que en el acápite de la cuantía de la demanda la demandante reclama el pago de la bonificación por vacaciones para los años 2017 al 2019, se acredito en autos que gozaba de las mismas, pero no del pago de la bonificación, por lo que es procedente su pago, las cuales estarán sujetas a la liquidación final que realice este juzgado hasta que la trabajadora sea reintegrada a su puesto de trabajo. Que en cuanto a la pretensión de la demandada que se le inscriba en el Instituto Hondureño del Seguro Social, al respecto una vez que la presente sentencia adquiera el carácter de firme, y sea la demandante sea reintegrada a su puesto de Trabajo, es obligación de la demandante de acudir al IHSS con la documentación que acredite que ha sido nombrada de forma permanente e inscribirse como afiliada a dicha Institución, por su parte el patrono en el plazo de 5 días está obligado a incluirla en planilla que mes a mes envía al IHSS en la cual conste las aportaciones tanto del trabajador como del patrono. Y en cuanto a la inscripción en el INJUPEM, el artículo 4 de la Ley que rige a la Institución, estipula que todo trabajador que labore en la Administración Pública que ostente la categoría de empleado permanente tiene la obligación de Inscribirse en la institución, no es el patrono el que lo hace, sino la trabajadora quien acude a la institución acompañada de la documentación que la acredite como empleada permanente de la Secretaria de Salud, a su vez el patrono de conformidad al artículo 28 de la Ley se encuentra obligado a incluirla en la planilla correspondiente incluyendo la aportación de la trabajadora así como la del patrono. Que se exime el pago de las costas en virtud que las partes tuvieron motivos racionales para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de agosto del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCÍA. 2. REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva venida en apelación, de fecha veinticinco de abril del año dos mil veintidós y aclarada mediante auto resolutivo de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintidós dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCAR PARCIALMENTE EL NUMERAL 2) el que deberá leerse de la siguiente manera: a) SE DECLARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE de la señora LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS desde el inicio de la relación laboral 01 de octubre de 2014 en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; por lo que el numeral 2 queda de la siguiente forma "SE DECLARA QUE LA RELACIÓN DE TRABAJO QUE MANTUVO LA DEMANDANTE LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS CON EL ESTADO DE HONDURAS A TRÁVEZ DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, DESDE SU INICIO FUE POR TIEMPO INDEFINIDO POR LO QUE SE RECONOCE EL ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE DE LA SEÑORA LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS desde el inicio de la relación laboral 01 de octubre de 2014 en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral; B). CONFIRMANDO los numerales 1, 3 y 4 de la sentencia definitiva apelada y los demás extremos del numeral 2; confirmándose lo referente a sin costas. Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTIFICADO, RECONOCIMIENTO DE LA PERMANENCIA EN EL CARGO DE OFICIAL CONTABLE MEDIANTE ACUERDO EN VIRTUD DE HABERSE DESEMPEÑADO EN EL MISMO PUESTO DE TRABAJO DE MANERA CONTINUA E ININTERRUMPIDA DESDE EL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, RECONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN LABORAL DE FORMA INDEFINIDA AL IGUAL QUE EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE OFICIAL CONTABLE A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRIMER CONTRATO; PAGO DE BONIFICACIÓN DE VACACIONES DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS EN VIRTUD QUE EL OBJETO DE LA NATURALEZA DEL PUESTO DE TRABAJO ES PERMANENTE, RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) E INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICO Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) DE ACUERDO CON EL CAPITULO PAGO DE LOS DERECHOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y AUMENTO DE SUELDO Y DEMAS BENEFICIOS PRODUCIDOS EN EL CARGO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL PROCESO, COSTAS, promovido por la señora LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud. SIN COSTAS en esta instancia...". Bajo el criterio que, existe abundante prueba documental con la que se acredita que la trabajadora suscribió varios contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos, contratos de trabajo que fueron renovados sucesivamente; desempeñando funciones propias de los trabajadores permanentes. Que con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de una verdadera relación de trabajo celebrado entre el Estado de Honduras y la demandante; y que las funciones por las cuales fue contratada siempre han sido la misma (oficial contable) durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.", por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Que la doctrina jurisprudencial es la que establece por medio de criterios reiterados en sus sentencias, complementando el ordenamiento jurídico al interpretar y aplicar la ley, las costumbres y los principios generales del derecho; es decir, que la jurisprudencia no vincula, pero crea unos hábitos interpretativos que tienden a procurar la unificación en la interpretación judicial, y permite servir de fundamento jurídico al medio de impugnación, ya sea de apelación o casación. En ese sentido, la jurisprudencia cumple el cometido de fuente jurídica adicional que garantiza la uniforme aplicación del derecho, conforme al principio de igualdad; y esta función de fuente adicional solo se predica en las materias en que es posible el recurso de casación por infracción de jurisprudencia, como en el derecho civil y en el derecho laboral. Que este Ad-quem en frecuentes fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia, el pago de sus prestaciones laborales o el reintegro a su puesto de trabajo y se les considere como trabajador permanente; ya que se ha dejado suficientemente claro, que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo. Que habiéndose acreditado en autos que la relación que sostenían la demandante con el Estado de Honduras, era de naturaleza permanente, y tratándose de verdaderos contratos de trabajo los suscritos por la demandante y demandada, no procede el otorgamiento de un acuerdo o documento de nombramiento como lo establece la A-quo, ya que la a-quo debe limitarse únicamente al reconocimiento de la naturaleza permanente, sin irrumpir en las atribuciones de los órganos administrativos, cuando ordena el nombramiento de la demandante como empleada permanente, ya que esto obligaría al patrono a la emisión de una acción de orden administrativo, como lo es un acuerdo de nombramiento, que es el que se otorga a los empleados o funcionarios públicos, los cuales si se rigen por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el ámbito laboral a los trabajadores se les reconoce el Status de permanente sin ir más allá de las atribuciones que como juzgadores tenemos; por lo que procede reformar de oficio la sentencia en su numeral segundo en referencia que se declara el reconocimiento de estatus de empleado permanente de la señora LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS desde el inicio de la relación laboral es decir desde el 01 de octubre del 2014 en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral y no como lo establece dicho numeral en el cual se ordena a la Secretaria de Estado de Salud que proceda a realizar los trámites correspondientes para que se otorgue a la demandante LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS el documento que la acredite como empleado permanente de la secretaria de Salud en el cargo de AUXILIAR CONTABLE. Por lo que en este sentido procede reformar de oficio la sentencia apelada. Que, vistas las consideraciones anteriores, es procedente REFORMAR DE OFICIO la sentencia, por no encontrarse dictada conforme a derecho en el numeral antes referidos; sin costas en esta instancia en virtud del principio de gratuidad que rige en materia laboral. 5. Mediante auto de fecha 13 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 21 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCÍA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 01 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 09 de agosto del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Revisada que fue la sentencia de fecha 29 de agosto del 2023, pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se reforma parcialmente la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, Departamento de Francisco Morazán, Declarándose, en la misma con lugar la demanda ordinaria laboral promovida en su oportunidad ante esa Judicatura, por la parte actora. Sin embargo, es menester indicar que el pronunciamiento tercero mediante el cual se ordena declarar con lugar: “la pretensión de la incorporación de la trabajadora LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP),Y al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) reconociéndosele su incorporación desde el inicio de la relación laboral en fecha 01 de octubre del año 2014”; excede las competencias del juzgador laboral de conformidad a lo dispuesto en el artículo 665 del Código de Trabajo, el cual dispone que la “La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo”, por su lado el artículo 2 preámbulo y numeral 2) del mismo ordenamiento jurídico establece que las disposiciones del Código de Trabajo, son de orden público y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales, exceptuando a los empleados públicos nacionales entendiéndose como tal, aquel que cuyo puesto haya sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal y que dicha relación entre estos y el Estado, se regirá por la Ley de Servicio Civil, Se colige entonces, de conformidad al fallo impugnado, que la relación establecida entre el demandante y demandado es de naturaleza contractual, no regida, por una relación de servicio, es decir, mediante la emisión de un acuerdo emitido unilateralmente por la Administración Pública. Por ello, no es dable a los tribunales laborales ordenar y declarar con lugar pretensión alguna sobre la incorporación de un trabajador al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), Y al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), pues la relación de trabajo establecida en su momento no está bajo el amparo de la Ley de servicio Civil, ni surge de un acto administrativo sujeto al Derecho Administrativo, siendo su naturaleza contractual. La falencia antes referida determina la procedencia de nulidad del fallo impugnado. VII. Que las sentencias deben ser claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. VIII. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. IX. Que lo Tribunales laborales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 726 del Código del Trabajo, relacionados con los artículos 8 y 727 numeral 4) del Código Procesal Civil, tienen la obligación de dirigir el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento, por ello, el Ad Quem, deberá resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. X. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 665, 664, y 858 del Código del Trabajo; 9 y 1586 del Código Civil; 22, 193 numeral 2) literal b), 200 numeral c) 206, 211, 212 numeral 1) , 214 numeral 3), 215 numeral 5), 217 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de agosto de 2023 visible a folios 16 al 22 de la segunda pieza de autos, debiendo dicho órgano jurisdiccional reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre los extremos señalados, conforme las razones y consideraciones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redacto la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO ROY PINEDA CASTRO COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro del mes de febrero del año dos mil veintiséis, recaídas en el Recurso de Casación número CL15-24.
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO