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Sentencia CL-135-24 — Registro 20258

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar demanda ordinaria laboral para que se decrete la nulidad de la cláusula en donde se establece que el contrato es por tiempo determinado, se reconozca la existencia de una relación de forma permanente y en consecuencia se condene al patrono pague las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, devolución de cantidades deducidas en concepto de aportaciones desde el inicio de la relación laboral, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 739 del Código del Trabajo, 127 y 256 de la Constitución de la República, 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, y, 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea; y, d) formula alegatos propios de instancia IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 739 del Código del Trabajo, 127 y 256 de la Constitución de la República, 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, y, 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea; y, d) formula alegatos propios de instancia IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 07 de agosto del 2024, por el Abogado MOISÉS DAVID CRUZ ESCOTO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA y DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS, representados en juicio por el Abogado JEFFRY ROLANDO GALEAS CÁRDENAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se decrete la nulidad de la cláusula en donde se establece que el contrato es por tiempo determinado, se reconozca la existencia de una relación de forma permanente y en consecuencia se condene al patrono pague las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, devolución de cantidades deducidas en concepto de aportaciones desde el inicio de la relación laboral, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de abril del 2018, por el Abogado JORGE BELARMINO REYES GUEVARA, en su condición de representante procesal de los señores: 1) YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA, Abogada, y 2) DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS, soltero, Ingeniero Eléctrico; ambos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MI AMBIENTE), por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 05 de noviembre del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE FORMA PERMANENTE; SE CONDENE AL PACO DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES; DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES DEDUCIDAS EN CONCEPTO DE APORTACIONES DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL MAS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA; instaurada por el ABOGADO JORGE BELARMINO REYES GUEVARA, en su condición de Representante Procesal de los Señores: YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA Y DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS; contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República señor LIDIA ESTELA CARDONA; pagar a los señores: a) YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA la suma de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (L.323,535.72) por los siguientes conceptos: Preaviso L. 49,000.20; Auxilio de Cesantía L. 171,500.70; Auxilio de Cesantía Proporcional L. 1,088.89; Vacaciones Proporcionales L. 725.93; Aguinaldo proporcional L. 3,383.33; Décimo cuarto mes proporcional L. 13,883.33; Vacaciones pendientes L. 1,633.34; Devolución de cantidades en concepto de aportación al partido político L. 82,320.00. Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia Y DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS la suma de CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L. 127,126.31) por los siguientes conceptos: Preaviso L. 30,333.60; Auxilio de Cesantía L. 45,500.40; Auxilio de Cesantía Proporcional L. 13,902.90; Vacaciones Proporcionales L. 9,268.60; Aguinaldo Proporcional L. 2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,594.38; Devolución de cantidades en concepto de aportación al partido político L. 17,342.00; Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la Sentencia Condenatoria. III.-Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por los Señores YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA Y DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS; PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD DE LA CLAUSULA EN DONDE SE ESTABLECE QUE EL CONTRATO ES POR TIEMPO DETERMINADO; contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; de dicha pretensión. IV.- SIN COSTAS en esta instancia...". ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, iniciaron la relación laboral con la demandada de la siguiente manera: Yixi Marileny Galindo Villanueva el 15 de febrero del 2011, desempeñándose en el puesto de Asesor Legal, devengando un salario mensual de L. 21,000.00; y, Denis Alberto Gonzales Carias, el 01 de abril del 2014, desempeñándose en el puesto de Mantenimiento de Redes devengando un salario de L.13,000.00; y que en fecha 02 de marzo del 2018 se les notificó nota emitida por el Sub Gerente de Recursos Humanos que no se les iba a renovar el contrato de trabajo que tenían; notificación que literalmente decía: "Tegucigalpa M.D.C 2 de marzo del 2018 YIXI GALINDO presente señorа Galindo; por este medio y con suficientes facultades para realizar este acto, en nombre y representación de la secretaria de estado en los despachos de recursos naturales ambiente y mina, se le notifica que su contrato administrativo de servicios personales se venció el 28 de febrero de 2018. Lo anterior en aplicación a la cláusula octava, numeral 12 del referido contrato, atentamente licenciado Oscar Mejía, sub gerente de Recursos Humanos”. Expresaron que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido el criterio que sólo se puede celebrar Contrato de Servicios Profesionales, cuando la naturaleza de los servicios lo permita, siendo que debe de haber independencia técnica y administrativa, pero que además sea de aquellas actividades temporales, en el caso que nos ocupa, tal situación no es posible porque las labores eran de naturaleza permanente, subordinadas, por lo que se pierde la independencia, por tal razón no era posible celebrar Contrato de Servicios Profesionales como manda el artículo 20 que habla de los 3 elementos para que exista un verdadero contrato de trabajo como ser actividad personal, subordinación y un salario y resulta que los demandantes habían celebrado varios contratos de trabajo con Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Humanos, Naturales, Ambiente y Minas, reconocido el derecho de empleada permanente, derecho que les concede también el Código de Trabajo en su artículo 47 y 52 que dicen: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de la obra iguales o análogas" y el segundo en su último párrafo establece que "Si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba", que el presente caso las funciones que realizaban eran funciones permanentes en la institución demandada, en consecuencia, la relación laboral debió celebrarse como indefinida desde el inicio de la relación laboral. Argumentaron además que el despido del que fueron objeto, fue ilegal por las siguientes razones: 1) No establece de forma clara y precisa cual es la falta cometida, violentando de esta forma el artículo 117 del Código de Trabajo, ya que se alega una supuesta falta, pero no se le dijo, cuando supuestamente se incurrió en la falta, donde, porque montos se cometió, a que clientes o que compras supuestamente realizó; el que en la nota de despido no se haya establecido de forma clara y precisa la supuesta causal, vuelve ilegal la nota, ya que violenta el debido proceso y el derecho a la defensa que como ciudadano tenía, se dice que el debido proceso, pues tal y como se dijo anteriormente el artículo 117 del Código de Trabajo manda: "La parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos"; es decir no cumple con las ordenanzas establecidas en la normativa laboral dicha nota de despido, siendo suficiente causal para declarar ilegal el despido y por ende declarar con lugar la demanda. Por lo tanto, la causal invocada como lo alega la parte demandada, no estaba contemplada como causal de despido en el artículo 112 del código de trabajo, al no estar contemplada tal cancelación fue ilegal ya que violenta la estabilidad laboral que manda el artículo 129 de la Constitución de la República, el articulo antes descrito, además, de garantizar la estabilidad laboral, manda que solo puede haber despido con justa causa, es importante mencionar que el presente caso no media ningún procedimiento ni causal, por lo que tal el despido es ilegal, esto último también se relaciona con lo que manda el Convenio 158 de la OIT, denominado "Sobre la Terminaciones de las Relaciones de Trabajo", el cual en su artículo 4 manda: "No se pondrá fin a una relación de trabajo, si no es por una causa justa", esto significa que el empleador pierde la facultad de poner término unilateralmente a una relación de trabajo de duración indeterminada mediante la notificación de un preaviso o, en su lugar, el pago de una indemnización, pero esto último no solo limita a obligar a los empleadores a justificar los despidos, sino que ante todo exige que en virtud del "principio fundamental de la justificación" no se despida a un trabajador salvo que para ello exista algún motivo relacionado con la capacidad o la conducta del trabajador o con las necesidades de funcionamiento de la empresa, pero que en el presente caso se podía apreciar que no existió tal justificación, por lo que se violentó ambas normativas laborales. Asimismo manifestaron que durante todo el tiempo que laboraron se les hacia una deducción por concepto de aportación al partido nacional de honduras, en el caso de YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA la cantidad de L. 840.00 mensuales y en el caso de DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS la cantidad de L. 390.00 mensuales, por lo que solicitaron que se les hiciera efectiva la devolución de dichas aportaciones deducidas a lo largo de todo ese periodo que estuvieron laborando para la institución, en virtud que los demandantes nunca autorizaron dichas deducciones. Finalmente arguyeron que acudieron a la oficina de Conflictos Individuales dependiente de la Dirección General del Trabajo a efecto de llegar a un arreglo conciliatorio, mismo que no fue posible, dándose por agotado el procedimiento gubernativo correspondiente. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes sostuvieron efectivamente una prestación de servicios por periodo limitado y determinado, con fecha de inicio y terminación, mediante Contratos Administrativos de Servicios Personales; y que la señora YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA inicio su relación laboral desde el 15 de febrero del 2015 con una remuneración por su servicio de Auxiliar Judicial de L. 16,000.00 mensuales; el señor DENIS ALBERTO GONZÁLEZ CARIAS, el 02 de junio del 2014 en el área de mantenimiento de redes con una remuneración mensual de L. 10,000.00. Manifestó que efectivamente en fecha 02 de marzo del 2018 se le notificó a los demandantes que su "contrato administrativo de servicios personales vencía el 28 de febrero del 2018, lo anterior en aplicación a la cláusula octava numeral 12", en ese sentido, únicamente la demandada les recordó a los demandantes la fecha de finalización de su contrato, ya que era del conocimiento previo de ambos la fecha de inicio y finalización del contrato el cual suscribieron sin ninguna objeción alguna y comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo; pero si bien es cierto existe un criterio de la Corte Suprema de Justicia, la relación que existió con los demandantes fue bajo contratos Administrativos de Servicios Personales con fecha de inicio y finalización, es evidente que los demandantes con una mezcla de argumentos inciertos pretendían confundir al examinador del proceso, en virtud de que cita la normativa a su favor del Código del Trabajo, y también se enmarca en su conveniencia a lo que establecen cláusulas del contrato que suscribiera el demandado con los demandantes, denotando con ello no tener fundamentos legales en donde respaldar su demanda, ya que mientras el demandado contó con la aprobación presupuestaria respectiva para celebrar cada contrato a término que en ningún momento fue objetado por los demandantes ni la modalidad bajo la cual eran contratados, ni las condiciones y el término durante el cual se obligaban a prestar sus servicios profesionales dentro del marco de lo que establecían las cláusulas que conformaban el documento contractual a término suscrito por las partes; en concordancia a lo que establece los contratos suscrito por las partes en su "CLÁUSULA DENOMINADA: "ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Ambas partes aceptan los términos del presente contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo". Y que el contrato celebrado cumple con los requisitos del artículo 20 del Código del Trabajo, en virtud de que los demandantes sostuvieron una relación contractual de servicios profesionales, enmarcados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el artículo 3 que señala: "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado; b)...". En lo que se refiere que la Contratación se considere dentro de lo que establece el Artículo 47 y 52 del Código del Trabajo como lo apuntan los demandante en el sentido de que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran como celebrado por tiempo indefinido aunque en ellos se expresa termino de duración..."; en el caso que nos ocupa no se trataba de una empresa sino de una Institución de la Administración Pública regida por la Ley especial de Servicio Civil; razón por la cual no existía ninguna obligación laboral entre las partes, en virtud de que el cumplimiento de las obligaciones contraídas se encontraban en cada contrato a término que se suscribió y en el cual se establecían diferentes cláusulas contractuales firmadas sin objeción alguna por parte de los demandantes y que ahora con argumentos insulsos al amparo de una normativa sustantiva improcedente en el mismo pretende que se le reconozcan derechos que solamente son beneficios para empleados con un estatus de permanente, y en relación a la permanencia solo se reconoce a los empleados públicos, si cumplen con los requisitos exigidos por la ley de Servicio Civil y aprobada por autoridad competente siendo estos nombrados mediante Acuerdo Ministerial, bajo el amparo de lo que establece el Artículo 2 de la Ley de Servicio Civil que instituye: "El régimen de Servicio Civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en las Secretarias de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento”. En concordancia a lo que establece el Código del Trabajo en el que tan afanosamente respalda su reclamo el demandante el que en su Artículo 2 numeral 2 dispone: "Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, quienes se regirán por las leyes de Servicio Civil que se expidan"; sin embargo en el caso que nos ocupa no puede estar ubicado ni en el Código del Trabajo ni la Ley de Servicio Civil como Leyes especiales, sino en el Derecho Administrativo Vigente y a lo expresamente pactado en el contrato tal y como se dispuso en la CLAUSULA DENOMINADA: LEYES APLICABLES, donde a la vez las partes acordaron que para dirimir las controversias que surgieran de la aplicación del contrato, se someterían a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta Jurisdicción; y no ante los Juzgados de Letras del Trabajo donde erróneamente los demandantes han interpuesto su reclamo al margen de lo que concertaran las partes en dicha cláusula. Además arguyó de que no existió un despido ilegal e injusto, únicamente fue el acaecimiento de la fecha estipulada en el contrato y que era del conocimiento previo de los demandantes, como lo manifestó anteriormente, el contrato que se suscribió era de carácter meramente administrativo, teniendo conocimiento ambas partes la fecha de inicio y finalización, y que estaba sujeto a aprobación presupuestaria, por lo tanto no podían alegar que ignoraban bajo las cláusulas y circunstancias mediante las cuales prestaba sus servicios personales, en este sentido, no era necesario invocar una causal de despido, y si bien es cierto en el artículo 129 se garantiza la estabilidad de los trabajadores, también dentro de las leyes que nos rigen existen excepciones a la contratación, en ese sentido la modalidad bajo la cual se contrató a los demandantes fue por medio de un contrato de servicios personales regido por la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, tal y como lo establece el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; como corresponde al caso que nos ocupa, en donde no existió despido alguno sino que lo sucedido fue la terminación contractual que de antemano era del conocimiento de los demandantes. Añadido a lo que establece la Cláusula Quinta de los Contratos suscritos que aparte de ser concertada por las partes se encuentra dentro de la normativa que señalan las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal del 2017 prescribe en su Artículo 127 párrafo primero: "La contratación de personal con cargo al Objeto Específico del Gasto 12100 Sueldos Básicos (Personal no Permanente) financiado con Recursos del Tesoro Nacional (fuente 11) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil: I", y que dicho Artículo en su párrafo segundo: "Estos contratos tiene vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contara desde la fecha que este personal tome posesión del cargo" y en concordancia a lo que establece el Artículo 124-C párrafo segundo de la "Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno", vigente desde el 23 de Enero del 2014 que establece: "En caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes". Sin embargo, los demandantes al sentirse afectados en su derecho por tal modalidad con la que estaban siendo contratados debieron de considerar la normativa del Código del Trabajo aplicable al caso, hubiera hecho uso del derecho prescrito en el Artículo 867 del Código Trabajo que dispone: "Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo". Sin embargo, de haber sido aplicable tal normativa los contratos suscritos con los demandantes se hubieran enmarcado dentro de lo que establece el Artículo 46 literal b) que dispone: "El contrato individual de trabajo puede ser por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación...", tal como correspondió en el presente caso. Continuó expresando que a los demandantes si se realizaron deducciones del Partido Nacional, las cuales tenían conocimiento los demandantes, y consintieron, y ahora con argumentos improcedentes pretenden que se les devuelvan las cantidades antes mencionadas, hasta la fecha de terminación de su contrato nunca se opusieron a tal deducción, ni existe reclamo administrativo; al respecto el Artículo 867 del Código del Trabajo dispone: "Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo", y que en base lo anterior consideró improcedente lo manifestado por la parte actora. Finalmente argumentó que no era competencia de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social (STSS) conocer del conflicto que nos ocupa actualmente ya que la relación entre los demandantes y el demandado tal como se ha establecido, se encontraba enmarcada dentro del Derecho Administrativo y no dentro del Derecho del Trabajo; en vista que de los contratos de servicios administrativos se desprende la obligación contractual más no laboral de los demandantes con el demandado, la cual se fundamentaba en una vigencia determinada, consentida y aceptada sin objeción alguna por la actora y que es competente para conocer del caso el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, pues en el caso que nos ocupa los contratos administrativos estaban sujetos a disponibilidad presupuestaria y no puede en forma arbitraria contratar ya que el artículo 35 de la ley de Ordenamiento de las Finanzas Publicas es su texto legal dispone: "Prohibición de legalización de deudas por gastos extrapresupuestarios". Queda estrictamente prohibido a las Instituciones de sector público adquirir compromisos extrapresupuestarios. Los mismos no serán reconocidos como deuda pública ni registrados en el sistema Integrado de Administración Financiera (SEAFI). Por lo que rechazó y se opone por improcedentes a los derechos reclamados por la parte actora, y que lo probaría en el momento oportuno del proceso. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de noviembre del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE FORMA PERMANENTE; SE CONDENE AL PACO DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES; DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES DEDUCIDAS EN CONCEPTO DE APORTACIONES DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL MAS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA; instaurada por el ABOGADO JORGE BELARMINO REYES GUEVARA, en su condición de Representante Procesal de los Señores: YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA Y DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS; contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República señor LIDIA ESTELA CARDONA; pagar a los señores: a) YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA la suma de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (L.323,535.72) por los siguientes conceptos: Preaviso L. 49,000.20; Auxilio de Cesantía L. 171,500.70; Auxilio de Cesantía Proporcional L. 1,088.89; Vacaciones Proporcionales L. 725.93; Aguinaldo proporcional L. 3,383.33; Décimo cuarto mes proporcional L. 13,883.33; Vacaciones pendientes L. 1,633.34; Devolución de cantidades en concepto de aportación al partido político L. 82,320.00. Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia Y DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS la suma de CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L. 127,126.31) por los siguientes conceptos: Preaviso L. 30,333.60; Auxilio de Cesantía L. 45,500.40; Auxilio de Cesantía Proporcional L. 13,902.90; Vacaciones Proporcionales L. 9,268.60; Aguinaldo Proporcional L. 2,094.43; Décimo cuarto mes proporcional L. 8,594.38; Devolución de cantidades en concepto de aportación al partido político L. 17,342.00; Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la Sentencia Condenatoria. III.-Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por los Señores YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA Y DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS; PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD DE LA CLAUSULA EN DONDE SE ESTABLECE QUE EL CONTRATO ES POR TIEMPO DETERMINADO; contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; de dicha pretensión. IV.- SIN COSTAS en esta instancia...". Bajo el criterio que, al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que los demandantes, desde que iniciaron su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la solicitud de reconocimiento de permanencia de la relación laboral de los señores YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA y DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS; con la Institución demandada desde el inicio de la relación laboral 15 de febrero de 2011 y 01 de abril de 2014 respectivamente. Que la parte demandante también solicita el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y aunado a lo anteriormente relacionado la Institución demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral ya que no basta indicar el número de cláusula del contrato suscrito, sino que se debe especificar cuál es la causa o motivo para la ruptura de la relación establecidas en la Legislación Laboral para dar por terminada la relación laboral con justa causa, lo que vuelve ilegal e injusto el despido, ya que la persona que es despedida tiene derecho a saber cuál es el motivo de su despido, por lo que el patrono debe expresar con toda claridad la causa o motivo que lo mueve a tomar esa determinación, así mismo deberá indicar la fecha en que ocurrió la supuesta falta, para poder establecer los términos legales, después no podré alegar válidamente causales o motivos distintos razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR; demanda de mérito; asistiéndoles el derecho al pago de sus Prestaciones e Indemnizaciones Laborales así como al pago de los salarios dejados de percibir. Que para el cálculo de prestaciones laborales que 7209155443357000corresponden a los señores: YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA se tomará en cuenta los datos que constan en juicio así; Sueldo Ordinario mensual L. 21,000.00, fecha de inicio 15 de febrero de 2011 y fecha de finalización 28 de febrero de 2018. DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS; se tomará en cuenta los datos que constan en juicio así: Sueldo Ordinario mensual L. 13,000.00, fecha de inicio 01 de abril de 2014 ya que la Institución demandada no proporcionó información de la fecha de inicio por lo que se tomara lo preceptuado en el artículo 30 del Código del Trabajo y fecha de finalización 28 de febrero de 2018. Que la parte demandante también solicita se decrete la nulidad de la cláusula en donde se establece que el Contrato es por Tiempo determinado; devolución de cantidades deducidas en concepto de aportaciones desde el inicio de la relación laboral; vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional; décimo cuarto mes proporcional; vacaciones pendientes; en que se refiere a que se decrete la nulidad de la cláusula en donde se establece que el Contrato es par Tiempo determinado; se declara SIN LUGAR el mismo ya que los demandantes al laborar en la Institución demandada gozaron de todo los beneficios estipulados en dicha contratación; en lo que respecta a la devolución de cantidades deducidas en concepto de aportaciones desde el inicio de la relación laboral; reclamo que procede declarar CON LUGAR ya que el mismo es de forma voluntaria y no se acredito en autos que los demandantes hayan autorizado dicha deducción. En que concierne al pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional; décimo cuarto mes proporcional se declaran CON LUGAR en vista de no estar acreditado en autos que la Institución demandada haya hecho efectivo estos conceptos a los señores demandantes; en lo que corresponde al pago de vacaciones pendientes se declara CON LUGAR ya que con el Memorando SGRH-0364-2019 de fecha 03 de abril de 2019 que se encuentra a folio 258 de los autos que a los demandantes se les concedía un día de vacaciones por mes laborado. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de agosto del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, constan en la primera pieza de autos los contratos temporales celebrados entre el ESTADO DE HONDURAS y los señores YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA (ASESORA LEGAL) y el señor DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS (MANTENIMIENTO DE REDES) en la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MI AMBIENTE); y de la lectura de los mismos se desprende que las funciones realizadas por dichos trabajadores son de naturaleza continua y por tiempo indeterminado. Que esta Corte de Apelaciones ha dejado establecido como suficiente jurisprudencia que en el caso sometido a recurso, que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral. Que las relaciones laborales se encuentran reguladas por un contrato de trabajo, que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes, por lo que el criterio que debe servir para dilucidar una cuestión como la presente es el concepto de subordinación jurídica establecida entre el patrono y el trabajador, y en el presente caso, el Abogado JOSÉ RICARDO LARA WATSON, en su condición de Subprocurador General de la República, al contestar la demanda aceptó que existió una relación laboral entre la demandante y el ESTADO DE HONDURAS ya que fue contratado mediante contratos de trabajo temporales. Que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo temporales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por los demandantes como ser asesora legal la señora Galindo Villanueva y mantenimiento de redes el señor Gonzales Carias en la secretaria de Estado en los Despachos de Recursos, Humanos, Naturales, Ambiente y Minas, las funciones desempeñadas siempre han sido las mismas durante el periodo de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y los señores(a) YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA y DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS, era por tiempo indeterminado y de índole laboral pues conforme a la primacía de la realidad y por ello la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha venido aplicando dicho principio en sus fallos haciendo referencia a su numerosa y relevante jurisprudencia y de la cual se desprende "Que en casos de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito, debe, entonces quedar claro la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos facticos- sustanciales por sobre los jurídicos formales", en la causa de mérito los demandantes mantienen claramente con la demandada una relación de índole laboral de manera continua y por tiempo indeterminada pues se cumplen los elementos de la relación laboral por lo que los alegatos de la recurrente de que no se cumplen los elementos de la relación laboral y que son contratos administrativos de servicios profesionales y que los demandantes aceptaron las cláusulas de dichos contratos por lo que están de acuerdo con los mismos y que no les son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo sino y por ello fueron contratados mediante un contrato temporal en aplicación de los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; carecen de respaldo jurídico pues los hechos y labores realizadas nos establecen lo contrario; como también resulta inoportuno lo alegado en referencia que para gozar del derecho de permanencia y demás derechos así como los demás empleados de acuerdo se debe de cumplir varios requisitos como lo establece la Ley de Servicio Civil en su artículo 11; alegato que no es acorde pues la normativa laboral tiene sus propios artículos bajo los cuales rige cuando un trabajador es permanente y los requisitos que se requieren y en referencia a lo alegado sobre el decreto 266-2013 referente a la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO de lo antes referido por la Sala Constitucional se desprende que la existencia o no de una relación de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios; aunado a lo anterior que si bien es cierto la normativa laboral permite la contratación de personal por tiempo limitado o a plazo fijo, en aquellos casos en que se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo; lo cierto es también que nuestra normativa dispone que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas consecuentemente, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidenta o temporal del servicio que se va prestar o de la obra que se va ejecutar; en la causa de mérito las labores que ejecutaban los demandantes no pueden considerarse labores que permite la contratación de personal por tiempo limitado o a plazo fijo por consiguiente es procedente declarar no ha lugar el recurso de apelación y confirmar lo resuelto por el a-quo en virtud de estar apegada a derecho su resolución. Que corresponde a los Tribunales de Justicia aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Que vistas las consideraciones anteriores procede confirmar la sentencia definitiva apelada; sin costas en virtud del principio de gratuidad que regula la materia laboral. 5.- Mediante auto de fecha 02 de mayo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 07 de agosto del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado MOISÉS DAVID CRUZ ESCOTO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 27 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de noviembre del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JEFFRY ROLANDO GALEAS CÁRDENAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible II.- Que el Abogado MOISÉS DAVID CRUZ ESCOTO, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos Administrativos de Servicios Personales, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a incurrir en defectos y vicios del fallo recurrido, puesto que es violatorio de la Ley. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Contratos Administrativos de Servicios Personales mismos que corren agregados primera pieza del expediente judicial, suscritos entre los demandantes y el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL ÚNICO MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley. por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que a los demandantes no les asiste el derecho para solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones labores y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicita en su improcedente demanda, ya que al suscribir Contratos Administrativos de Servicios Personales, evidentemente se trata de una relación de servicio, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por los demandantes; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la precitada "Demanda Ordinaria Laboral", pues como se ha indicado, se trata de una relación de servicio y no de una relación de trabajo, ya que la normativa de los artículos 127 y 256 de la Constitución de la República de Honduras, establece una clara diferencia entre el "derecho del trabajo" y "la relación de servicio", razón por la cual los demandantes no puede augurar que la relación contractual mediante Contratos Administrativos de Servicios Personales con mi representado es una relación de trabajo, pues dicha norma constitucional en su artículo 256 establece que es el Régimen de Servicio Civil el que regulará las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, siendo el caso que nos ocupa, lo anterior en analogía con el artículo 257 del mismo estamento legal constitucional, donde remite a la regulación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento y observando lo establecido en los artículos 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, mi representado está facultado para ejercer legalmente la contratación de los demandantes, por lo que en caso de tener alguna objeción sobre lo establecido en las cláusulas del contrato suscrito con mi representado el Estado de Honduras a través del Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+), debieron interponer la acción ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero nunca aseverar que lo presente es una relación de trabajo permanente; en consecuencia, es improcedente la pretensión de los demandantes en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación de servicio, razón por la que la demanda interpuesta por los señores YIXI MARILENY GALINDO VILLANUEVA Y DENIS ALBERTO GONZALES CARIAS, debió ser declarada SIN LUGAR”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 739 del Código del Trabajo, 127 y 256 de la Constitución de la República, 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, y, 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea; y, d) formula alegatos propios de instancia IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. - NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veintinueve días del mes de enero del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Casación número CL135-24.

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITASALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO