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Sentencia CL-89-23 — Registro 20034

Resumen

Primera instancia declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales; condena a pagar preaviso auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes; décimo cuarto mes; ajuste al salario mínimo; segunda instancia confirma la sentencia; esta Sala de lo Laboral declara no ha lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los siguientes defectos técnicos; a) en la formulación se indican como normas sustantivas infringidas los artículos 864 y 867 del Código de Trabajo, disposiciones que no tiene relación con lo debatido, ya que las mismas regulan situaciones propias de la prescripción y, en el proceso lo controvertido es el pago de prestaciones y demás indemnizaciones, por causa de un despido ilegal e injusto, sin relación con la prescripción; b) se cita, como norma sustantiva infringida el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, careciendo el mismo de esa calidad. Es importante recordar que norma sustantiva es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; c) si bien se alude a una singularización “…de prueba documental…”, se omite precisar la prueba no valorada, volviendo el cargo carente de claridad y precisión; d) el precepto autorizante es impreciso, pues, el numeral 1) del artículo 765 del Código del Trabajo, contienen párrafos que regulan distintas causas de violación a la ley sustantiva, omitiéndose este requisito formal, careciendo de claridad y precisión el motivo; c) en la explicación se menciona el reintegro, que no ha sido señalado como pretensión en la demanda, volviendo el cargo confuso; y, d) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario a razón de lo establecido en el artículo 770 del Código artículo de Trabajo...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los siguientes defectos técnicos; a) en la formulación se indican como normas sustantivas infringidas los artículos 864 y 867 del Código de Trabajo, disposiciones que no tiene relación con lo debatido, ya que las mismas regulan situaciones propias de la prescripción y, en el proceso lo controvertido es el pago de prestaciones y demás indemnizaciones, por causa de un despido ilegal e injusto, sin relación con la prescripción; b) se cita, como norma sustantiva infringida el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, careciendo el mismo de esa calidad. Es importante recordar que norma sustantiva es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; c) si bien se alude a una singularización “…de prueba documental…”, se omite precisar la prueba no valorada, volviendo el cargo carente de claridad y precisión; d) el precepto autorizante es impreciso, pues, el numeral 1) del artículo 765 del Código del Trabajo, contienen párrafos que regulan distintas causas de violación a la ley sustantiva, omitiéndose este requisito formal, careciendo de claridad y precisión el motivo; c) en la explicación se menciona el reintegro, que no ha sido señalado como pretensión en la demanda, volviendo el cargo confuso; y, d) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario a razón de lo establecido en el artículo 770 del Código artículo de Trabajo...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de febrero de 2025. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 01 de septiembre del 2023, por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor DANIEL ALFREDO AMADOR LAÍNEZ, representado en juicio por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia, conceder todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, más el pago de vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes causados y proporcionales; pago de salarios adeudados, salarios dejados de percibir, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 04 de abril del 2016, por el señor DANIEL ALFREDO AMADOR LAÍNEZ, mayor de edad, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de octubre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 01 de junio del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por DANIEL ALFREDO AMADOR LAÍNEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la Representante Legal y Procurador General de la República de aquel entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar al trabajador DANIEL ALFREDO AMADOR LAÍNEZ la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 51,283.65) por los conceptos siguientes: PREAVISO L. 11,611.25; AUXILIO DE CESANTÍA L. 11,611.25; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L. 8,031.11; VACACIONES PROPORCIONALES L. 4,644.50; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L. 412.84; DECIMO CUARTO MES L. 5,057.34; AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO L. 9,915.35 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral para la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), y fue contratado mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en fecha 06 de mayo del 2014 hasta el 15 de enero del 2016, desempeñándose en el puesto de Motorista, devengaba un salario mensual de L. 8,000.00; que en virtud de la suscripción de varios contratos de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; y el artículo 52 en su último párrafo, considera que le asiste el derecho al pago de sus prestaciones indemnizaciones laborales, con todos los derechos que tienen los empleado permanentes en la institución demandada. Manifestó que una vez vencido el último contrato de trabajo, en fecha 31 de diciembre del 2015, continuó laborando para la demandada en el mismo puesto y bajo las órdenes de su empleador hasta el 15 de enero del 2016, fecha en la que la demandada le notificó que no le renovaría su contrato, a pesar de estar conscientes que le asistía el derecho al trabajo por la continuidad de dichos contratos y las funciones que realizaba eran permanentes en la institución demandada; por lo que en consideración a lo anterior se vió obligado a pedir por la vía judicial el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, más el pago de vacaciones décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios adeudados y pago de salarios dejados de percibir. Asimismo, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, compareció ante la Secretaría del Trabajo; siendo imposible llegar a un acuerdo conciliatorio, dándose por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, señalando que el demandante sostuvo una relación contractual con el demandado mediante la modalidad de contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos con fecha de inicio y terminación con el consentimiento y aceptación sin objeción alguna por parte del demandante; aceptando la demandada en cuanto a la remuneración que aduce haber devengado, al igual, que el puesto que desempeñó; se rechaza la fecha de inicio de la relación contractual misma que concluyó en virtud de ser un contrato a término. Alegó además, que el demandante sustentó sus pretensiones en el artículo 47 del Código del Trabajo, siendo aventurado afirmar que esa prestación de servicios por la suscripción de varios contratos era continua e ininterrumpida, pues esos contratos eran transitorios y temporales y no se podía aplicar irresponsablemente la normativa laboral de ese artículo ni considerarse por tiempo indefinido aunque en ello se exprese el término de duración, pues la figura del contrato involucra a dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo y no pueden prevalecer derechos subjetivos por convenientes que sean a una parte, ni tampoco cambiarse los términos del contrato, argumentando esa normativa del artículo 47 del citado Código del Trabajo, pues desnaturalizaría el objeto del contrato. En ese orden de ideas, fundamentar sus pretensiones para exigir el derecho subjetivo de reconocimiento de tiempo indefinido por suscripción de varios contratos, por ser beneficioso a los intereses particulares del trabajador induciría que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa del artículo 47 y 52 del Código de Trabajo, en menoscabo del artículo 60 de la Constitución de la República; pues aunque el artículo 52 último párrafo del Código del Trabajo establezca: "Si antes de transcurrido un año celebraré nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo Indefinido...", No puede aplicarse de forma antojadiza su texto legal que también se objeta, pues, la actividad temporal es a razón de la inexistencia de plaza para un nombramiento permanente, por lo cual, se rechaza la utilización del texto de dicho artículo. No obstante, que las circunstancias antes mencionadas no son determinativas para acomodar pretensiones puesto que la parte actora suscribió contratos de servicios profesionales regidos por las cláusulas establecidas en el mismo, con derechos y obligaciones recíprocas y sujetas para ambas partes. Pretende el demandante aplicar una norma jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene ningún sustento jurídico por ser éste meramente ilusorio e imaginario y sostener un supuesto contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Por otra parte el artículo 47 del Código de Trabajo, al que hace referencia el demandante, no es aplicable a los Contratos de Servicios Profesionales celebrados con la Administración Pública, son contratos meramente administrativos de carácter temporal con una vigencia determinada, por consiguiente el reclamo formulado por el demandante es improcedente, pues habiendo llegado la obligación contractual a su final no existe obligación posterior alguna, ni mucho menos de sostener un contrato más de prestación de servicios ya que, como se ha venido manifestando la relación existió bajo las disposiciones de un contrato a término sin obligación alguna por las partes conforme a lo que establece el artículo 124-C, párrafo segundo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de Transparencia en el Gobierno. El demandante desde que inició su contratación tenía conocimiento de la fecha en que finalizaba la relación contractual y la instancia ante la cual debería interponer su reclamo, sin embargo no utilizó la vía acordada contractualmente para resolver sus diferencias, por el contrario pretendía sorprender en su proceder al evadir las cláusulas contractuales que consintió y acordó en el contrato y es hasta que llega a su término que pide el reconocimiento de un derecho subjetivo, tratando de aplicar erróneamente preceptos legales a efecto de justificar un derecho subjetivo e inexistente. Expresó, además, que al demandante de manera responsable se le notificó mediante Oficio No. RRHH-SEDIS-021-2016 de fecha 4 de enero del 2016, que su Contrato de Servicios Profesionales firmando y aceptado por el demandante había finalizado el 31 de diciembre del 2015 y que él mismo no sería renovado. Se rechaza el texto legal del artículo 20 del código de trabajo, si bien el artículo señala los elementos esenciales para considerar la existencia de una relación de trabajo, no es menos cierto que todo contrato de trabajo bajo las distintas modalidades que establece una prestación de servicios conlleva esos mismos elementos para ejercer la actividad de trabajo para lo cual fue contratado. Por lo expuesto habiendo llegado a la finalización del contrato, la demandada no está obligada a reconocer derechos que no le corresponden, ya que no hubo un despido en ningún momento. Asimismo, la Secretaría de Estado en el despacho de trabajo y Seguridad Social, no es competente para conocer sobre contratos administrativos, por consiguiente, la pretensión exigida debe ser declarada sin lugar porque no le asiste el derecho, además no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio debido a que el demandado no ostentaba facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 01 de junio del 2021, dictó sentencia declarando con lugar la demanda, promovida por el señor DANIEL ALFREDO AMADOR LAÍNEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS); condenó a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de L. 51,283.65, por los conceptos de preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales; decimotercer mes proporcional; decimocuarto mes; ajuste al salario mínimo, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo; sin costas; bajo el criterio que, haciendo un análisis de la documentación aportada al juicio, la juzgadora encuentra que el demandante fue contratado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y Coordinador del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social para desempeñarse como Motorista bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales por Tiempo Determinado, firmando el primer contrato 21 de abril del año 2014 contratado y así continuo, hasta el 31 de diciembre del 2015 y continuo laborando hasta el 15 de enero del 2016, fecha en la cual le informaron que su contrato ya no sería renovado. Que la prestación del servicio es el supuesto necesario para la aplicación del derecho del Trabajo, dicho en otras palabras, es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades lo que hace que el trabajador se encuentre amparado en el Derecho del Trabajo. Que lo anterior se entiende a través de la relación de trabajo, en virtud de la cual prevalece la verdad de los hechos por encima de los acuerdos formales y la sola prestación del trabajo produce los mismos efectos jurídicos como si existiera un contrato escrito ya que es imputable al patrono la no existencia del contrato de trabajo. Que la forma de contratación a través de la cual fue contratada el demandante, encierra en su contenido un verdadero contrato de trabajo, ya que para la juzgadora es imposible creer que las labores de Motorista que realiza un humilde trabajador deba poseerse altos conocimientos universitarios, por los cuales sea necesario contratar a una persona bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales, por lo cual concluye que la contratación a la cual fue sometida el demandante fue un fraude ya que Intrínsecamente constituye un contrato de trabajo por el cual el demandante desarrollo labores de manera continua en el mismo puesto de trabajo, y por esta razón, el vínculo debió romperse a través de las causales de despido contemplas en el artículo 112 del Código del Trabajo, lo cual en el presente caso no se dio, en consecuencia el Estado de Honduras como parte demandada se encuentra obligada a pagar al trabajador Daniel Alfredo Amador Laínez las prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas, en consecuencia, se declara CON LUGAR la presente demanda y para efectos de liquidación de la presente sentencia, por la presunción establecida en el artículo 30 del Código del Trabajo, se tomara en cuenta las estipulaciones alegadas por el trabajador: fecha de Inicio de la relación laboral el 6 de mayo del 2014, el último contrato lo firmo el 31 de diciembre del 2015, pero continuo laborando hasta el 15 de enero del 2016 fecha en el cual le notificaron que su contrato ya no sería renovado, pero dado que el patrono no probó el trabajador no laboro los primeros 15 del mes de enero del 2016, es justo que estos días laborados sean pagados ya que la Constitución de la República en su artículo 70 párrafo tercero, establece que ningún trabajo personal deberá presentarse gratuitamente; y disfrutar cada año de un período de vacaciones articulo 128 8. de la Constitución de la República; en cuanto al salario, consta de cada uno de los contratos, que el trabajador siempre devengo L.8,000.00 lo cual es una injusticia, ya que el artículo 128 numeral 5) establece que todo trabajador tiene derecho a devengar el salario mínimo fijado periódicamente por el Estado, en el presente caso el trabajado siempre devengó L 8,000.0, por lo tanto, por la facultad que le concede el artículo 728 al Juez Laboral del Código del Trabajo al momento de realizar la liquidación debe ajustarse el salario que devengaba al mínimo autorizado por el Estado lo mismo que ajustar los derechos colaterales a los que tienen derecho los del trabajador es del gobierno central. Que no se condena en costas porque ambas partes tuvieron razones para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de octubre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, de los alegatos de la parte apelante se desprende que a pesar de haber interpuesto el Incidente de Declinatoria por Incompetencia de Tribunal, precisamente por considerar que los contratos suscritos entre las partes son de servicios profesionales y técnicos, que son contratos administrativos, habiendo quedado firme la resolución que le resolvió ese incidente, por lo cual tiene carácter de cosa juzgada, en razón de que los contratos que obran en el expediente y que se les denomino de servicios profesionales y técnicos, en realidad de sus lectura se puede concluir que constituyen en su esencia verdaderos contratos de trabajo, ya que el servicio prestado por el demandante como motorista si bien requiere algunas destrezas, no son de aquellas que son de un conocimiento técnico especializado, para desempeñar un cargo de manera temporal, ya que dichos contratos se celebran para un determinado trabajo que no es permanente en la institución y que por ello necesita contratar a una persona para que lo realice, con la cual pacta honorarios profesionales, con la cual no hay dependencia ni subordinación, lo que trae como consecuencia que cualquiera de las partes pueda rescindir incluso el contrato, darlo por finalizado a la fecha estipulada, en el caso de autos, sucede todo lo contrario, se encuentran en los contratos los tres elementos del contrato de trabajo. Que una vez que se ha determinado que los contratos suscritos entre las partes son contratos de trabajo, y que la prestación del servicio por su naturaleza es permanente y continua en la institución, según la normativa laboral, se debe considerar esa contratación desde su inicio de manera indefinida y de carácter permanente, lo que trae como consecuencia que, para poder despedirlo, tiene que haberle invocado y probado cualquiera de las causales establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, caso contrario le acarrea responsabilidad al patrono. Que por lo anteriormente expuesto esta Corte de Apelaciones del Trabajo, no comparte el criterio del apelante en cuanto a que la relación se rigió por contratos de servicios profesionales y técnicos, mucho menos que los términos fueron aceptados por las partes, y que el demandante sabia las condiciones en que lo firmo, eso porque, bajo el Principio de Primacía de la Realidad, no importa cómo se le denomine al contrato ni siquiera las cláusulas que se le agreguen, lo que debe de revisarse son la condiciones de la prestación del servicio, por lo tanto todas las disposiciones o condiciones que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución de la República y el Marco Jurídico Nacional e Internacional del Trabajo garantizan a los trabajadores. Que, por las razones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones considera procedente CONFIRMAR la sentencia que se conoce en apelación. 5.- Mediante auto de fecha 03 de mayo del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 01 de septiembre del 2023, compareció ante este tribunal el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en un primer y único motivo de casación alega: “La Sentencia impugnada ha sido emitida con violación de ley por error de hecho por falta de apreciación de prueba, siendo violatoria de normas sustantivas nacionales como lo expresare en los siguientes motivos de Casación. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional y de índole laboral, por error de hecho por falta de valoración del medio de prueba documental admitido a la parte demandada, que adelante se singulariza en relación a las demás pruebas en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 46 letra b), 864 y 867 del código de trabajo como normas sustantivas vulneradas del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 párrafo primero y segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIOS: Las normas adjetivas que sirvieron de medios para la violación de la sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, por falta de apreciación de prueba Media de Prueba Documental señalado anteriormente, admitido y evacuada en su oportunidad; en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En ese aspecto, el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo; pero esta, disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos, para impartir justicia aplicando la ley. Es decir, que deviene obligado a efectuar las apreciaciones de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación imperativa y esa apreciación debe ser acertada, razonada y completa. En el caso en particular, si hubiese apreciado el tribunal recurrido, el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que la parte demandante firmo y acepto unas condiciones de contratación con mi representada que la excluyen totalmente de esta jurisdicción y que no generaban para el contratante (Estado de Honduras) ningún tipo de obligación para con el ahora demandante, claro está, que este medio de prueba no fue apreciado por la Corte recurrida, lo que resulta evidente el error judicial en la falta de valoración de ese material probatorio; todo lo anterior en violación de lo dispuesto el artículos 46, 864 y 867 del Código de Trabajo, en tal sentido Honorables Magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tomando en consideración que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de esta sección judicial, confirma la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia en la que falla condenar al Estado de Honduras y reintegrar a la demandante. En adición a lo anterior, si la prueba documental señalada hubiese sido valorada, el juzgador se hubiese percatado que a los demandantes su contratación le consistía en prestar servicios específicos a la administración en la medida y con el alcance que ésta determine (concepto que rige la Ley de Contratación del Estado para los contratos de Servicios Profesionales o Técnicos), y sobre todo no tienen el carácter de permanente por lo que deja de existir relación laboral alguna entre las partes y allí finaliza el vínculo, por lo que debió concluir acertadamente que a la demandante, no se le puede reintegrar por parte del Estado ya que la contratación realizada era por tiempo definido o determinado. Por no haber hecho la apreciación de la prueba, le impide también a la Corte sentenciadora concluir que la pretensión de reintegro no procede porque el Estado se encuentra limitado ya que la contratación a la cual ella fue sometida es de las que se realiza para una determinada labor y finalizada esta, finaliza la razón de ser de la misma, además de las limitaciones presupuestarias impuestas al Estado por la misma ley y que el A-Quem está prácticamente obligando a mi representado a cumplir, a sabiendas de que el cumplimiento de esa sentencia provocaría que se realice un abuso y un acto ilegal por parte del Estado. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer estos vicios en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa de estos vicios, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los siguientes defectos técnicos; a) en la formulación se indican como normas sustantivas infringidas los artículos 864 y 867 del Código de Trabajo, disposiciones que no tiene relación con lo debatido, ya que las mismas regulan situaciones propias de la prescripción y, en el proceso lo controvertido es el pago de prestaciones y demás indemnizaciones, por causa de un despido ilegal e injusto, sin relación con la prescripción; b) se cita, como norma sustantiva infringida el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, careciendo el mismo de esa calidad. Es importante recordar que norma sustantiva es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; c) si bien se alude a una singularización “…de prueba documental…”, se omite precisar la prueba no valorada, volviendo el cargo carente de claridad y precisión; d) el precepto autorizante es impreciso, pues, el numeral 1) del artículo 765 del Código del Trabajo, contienen párrafos que regulan distintas causas de violación a la ley sustantiva, omitiéndose este requisito formal, careciendo de claridad y precisión el motivo; c) en la explicación se menciona el reintegro, que no ha sido señalado como pretensión en la demanda, volviendo el cargo confuso; y, d) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario a razón de lo establecido en el artículo 770 del Código artículo de Trabajo. IV.- Por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en un primer y único motivo de casación; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO FIRMA ELECTRONICA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 89-23. FIRMA Y SELLO

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -