Sentencia CL-83-24 — Registro 19941
Resumen
Primera instancia declara con lugar la demanda ordinaria laboral para que se emplace al patrono con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido; condena al pago de preaviso, cesantía, cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones pendientes, pago sueldo/ salario adeudado, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir hasta que quede firme esta sentencia; segunda instancia confirma la sentencia; esta Sala de lo Laboral declara no ha lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea; y, c) formula alegatos propios de instancia...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 761 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 691 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de noviembre del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 30 de julio del 2024, por el Abogado ELÍAS RICARDO SOSA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ, representado en juicio por la Abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se emplace al patrono con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido, si no prueba la justa causa en que se fundó el despido, se le condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido desde la fecha de la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del código de trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha 14 de septiembre del 2022, por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, en su condición de representante procesal del señor JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño, y con domicilio en Choluteca, Departamento de Choluteca, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, de ese entonces Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES DE HONDURAS (COPECO). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de enero del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 08 de junio del 2023, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE EMPLACE AL PATRONO CON EL OBJETO DE QUE PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDO EL DESPIDO, SI NO PRUEBA LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDÓ EL DESPIDO, SE LE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS QUE EL TRABAJADOR HABRÍA PERCIBIDO DESDE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DE TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA.- SE CONDENE AL PATRONO AL PAGO DE COSTAS DE JUICIO.- SE SOLICITA LIBRAMIΕΝΤΟ DE EXHORTO.- ANEXOS.- promovida por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, actuado en su condición de representante procesal del señor JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ciudadano MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, por actuaciones de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO), todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ciudadano MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, por actuaciones de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) al pago de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 655,138.57) cantidad que se desglosa de la siguiente manera: Preaviso: (60), Lps. 100,333.20; Cesantía: (210), Lps. 351,166.20; Cesantía Proporcional: (308), Lps. 42,920.31; Vacaciones Proporcionales: (308), Lps. 28,613.54; Aguinaldo Proporcional: (129), Lps. 15,408.30; Décimo Cuarto Mes Proporcional (309), Lps. 36,908.25; Vacaciones Pendientes (40), Lps. 66,888.80; Pago Sueldo/ Salario Adeudado: Lps. 12,899.97; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha de su despido, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme esta sentencia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia...". ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, fue empleado permanente de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) ocupando el cargo de Sub Comisionado Regional Centro-Sur en la ciudad de Choluteca, con un horario de trabajo de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes; devengaba un salario base mensual de L.43,000.00. Manifestó que durante el tiempo que estuvo al servicio de la demandada, cumplió con su trabajo y con las tareas que se le asignaban con eficiencia, cuidado y esmero. Y que en fecha 09 de mayo del 2022 mediante acuerdo No.085-C-2022 emitido por el demandado, unilateralmente comunicó la terminación de su relación de trabajo. Argumentó que la Constitución de la República en su artículo 129 prescribe: "La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios." Y que a la luz del principio de continuidad laboral consagrado en el artículo 129 de la Constitución de la Republica, se colige que el despido fue ilegal e injusto, puesto que al remitir al acuerno No.85-C-2022 de fecha 06 de mayo del 2022 en el cual se practicó el despido; se pudo apreciar que dentro del mismo no se comunicó al trabajador ninguna de las causas justas de separación contenidas en el artículo 112 del código de trabajo. Aunado a lo anterior en derecho de trabajo existen principios que lo diferencian de otras materias, pues estos principios buscan proteger al más débil económicamente, como es el caso del trabajador; dentro de estos principios encontramos el principio de "Buena Fe" el cual debe observarse tanto en la celebración, ejecución y terminación de la relación de trabajo; y que claramente la parte demandada hizo caso omiso al principio de buena fe, ya que puso término a la relación de trabajo que mantenía, sin comunicar la causa o motivo que la llevó a tomar tal determinación, en plena contravención a lo establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo. De lo anterior se colige que el acuerdo No.085-C-2022 es un acto nulo de pleno derecho (artículo 3 del Código de Trabajo) porque disminuye y tergiversa los derechos laborales del demandante como queda ilustrado en el presente numeral y como consecuencia el despido fue ilegal e injustificado, razón por la cual le asistía el derecho de percibir totalmente las prestaciones e indemnizaciones laborales por haber sido despedido injustamente. Finalmente arguyó que con la intención de alcanzar un arreglo conciliatorio entre ambas partes, presentó los respectivos reclamos administrativos ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social para que se le hiciera efectivo el pago de sus derechos laborales, sin embargo, se procedió a declarar agotado el trámite administrativo, en vista que no se logró la conciliación con la contraparte, quedando la vía expedita para proceder por la vía judicial. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, apoyando su defensa aduciendo que, el empleado de confianza es aquel que tiene injerencia en la toma de decisiones, en el desarrollo e implementación de procedimientos, y con determinar cómo se deben ejecutar las labores, haciendo de su conocimiento que el demandante, se desempeñó como Sub-Comisionado de la zona Centro-Sur para la COPECO, fungiendo en ese cargo como un empleado de confianza al servicio del Secretario de Estado de dicha Secretaría, al que en fecha 09 de mayo del 2022 se dio por terminado su nombramiento como Director de Preparación y Respuesta mediante Acuerdo de Cancelación número 085-C-2022, todo lo anterior como consecuencia de que en dicha Secretaría de Estado se nombró a un nuevo Secretario de Estado; quien determino prescindir de los servicios de la parte actora debido a que no consideraba que sería de su entera confianza. Además recalcó que el demandante, Sub-Comisionado de la zona Centro-Sur en la referida Secretaria de Estado y conforme a lo establecido en el artículo número 6 del Código del Trabajo, era en su momento representante del patrono; relacionado con el artículo número 265 de la Constitución de la Republica que establece lo siguiente: "Son Funcionarios de Confianza los que a cualquier título ejerzan las funciones de dirección de los organismos descentralizados, pero las relaciones de los demás servidores de dichas instituciones serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general...", por ende probara en el momento procesal oportuno que el demandante al desempeñar el puesto de Director de Preparación y Respuesta era personal de confianza por el cargo que ostentaba y representaba al Patrono. Por lo que, aunado a lo antes mencionado, hizo notar que el cargo que ocupó el demandante quedó acreditado que estaba comprendido dentro de los empleados de confianza; y que en el presente caso el Código del Trabajo establece las causas de terminación de los contratos sin responsabilidad de las partes en el artículo número 111: "Son causas de terminación de los contratos de trabajo; numeral 7; Perder la confianza del patrono...". y ya que el demandante fue nombrado por el Secretario de Estado anterior y en virtud de que este último finalizara su periodo en la institución, su personal de confianza no tiene que ser obligatoriamente el mismo Director de Preparación y Respuesta del nuevo Secretario de Estado que asumió el cargo; teniendo este las atribuciones conferidas por la ley de elegir su personal de confianza y el numeral 12 del mismo cuerpo legal "Resolución del contrato de trabajo por autoridad competente. En los casos previstos en los siete (7) primeros incisos de ese artículo, la terminación del contrato no acarreará responsabilidades para ninguna de las partes" sin embargo, la parte actora de manera equivoca estaba solicitando que se pruebe la justa causa de despido y en que se fundó el mismo, mismo que recae en la pérdida de confianza que se explicó en este acápite, por el cargo que desempeño para el demandado, ya que no necesitaba procedimiento alguno para la destitución del cargo, en ese sentido, el Acuerdo de Cancelación del contrato de Trabajo supra mencionado establecía proceder al pago de los derechos adquiridos del demandante y fue emitido conforme a Derecho; y por ende no le asiste el derecho a solicitar la indemnización. Argumentó que el demandante de manera equivoca y conveniente, efectúa una interpretación aislada del 129 de la Constitución, mismo que contiene el principio de estabilidad, el cual no era absoluto, pues dicha norma establece que ese principio se encuentra limitado por "las justas causas de despido", las que son desarrolladas por el Código del Trabajo, por lo tanto destacó que existen regímenes excluidos del régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general que por la propia naturaleza del cargo, no gozan del derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales a solicitar indemnizaciones, principio que les fortalece su defensa, en vista que el demandante laboraba bajo un régimen especial como Sub-Comisionado de la zona Centro-Sur para la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), como " Empleado de Confianza". Finalmente señaló lo que establece el artículo 8 de la Ley Para Optimizar La Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno "DISPOSICIÓN GENERAL EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA, ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que les ocupa, en ningún momento el Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala la Constitución de la República, ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, el Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha 08 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE EMPLACE AL PATRONO CON EL OBJETO DE QUE PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDO EL DESPIDO, SI NO PRUEBA LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDÓ EL DESPIDO, SE LE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS QUE EL TRABAJADOR HABRÍA PERCIBIDO DESDE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DE TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA.- SE CONDENE AL PATRONO AL PAGO DE COSTAS DE JUICIO.- SE SOLICITA LIBRAMIΕΝΤΟ DE EXHORTO.- ANEXOS.- promovida por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, actuado en su condición de representante procesal del señor JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ciudadano MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, por actuaciones de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO), todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ciudadano MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, por actuaciones de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) al pago de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 655,138.57) cantidad que se desglosa de la siguiente manera: Preaviso: (60), Lps. 100,333.20; Cesantía: (210), Lps. 351,166.20; Cesantía Proporcional: (308), Lps. 42,920.31; Vacaciones Proporcionales: (308), Lps. 28,613.54; Aguinaldo Proporcional: (129), Lps. 15,408.30; Décimo Cuarto Mes Proporcional (309), Lps. 36,908.25; Vacaciones Pendientes (40), Lps. 66,888.80; Pago Sueldo/ Salario Adeudado: Lps. 12,899.97; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha de su despido, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme esta sentencia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia...". Bajo el criterio que, la suscrita juez encuentra que forma parte del objeto del juicio el hecho de que el trabajador fue despedido de su puesto de trabajo mediante el "acuerdo No.85-C-2022 de fecha 06 de mayo del 2022" visible a folios 5 de autos, en tal sentido la parte demandada ha fundado su determinación en que el despido se encuentra debidamente justificado ya que el trabajador era empleado y se encontraba facultada para dar por terminada la relación de trabajo. Respecto de dicha situación está juzgadora difiere del criterio de la parte demandada, ya que la parte demandada debe observar el principio de buena fe tanto en la celebración, como ejecución y terminación de la relación de trabajo, se trae a colación dicho principio del trabajo en virtud de que según el acuerdo de terminación visible a folios 5, la parte demandada no hizo referencia a la "pérdida de confianza" como causal motivadora de despidos, está hecho impide que en sede jurisdiccional la parte demandada invoque dicha causal ya que es el artículo 117 del código de trabajo que imposibilita esta acción al referir lo siguiente: "La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos." Del artículo anterior emana el principio de terminación motivada que impera en el derecho del trabajo, siendo contrario a dicha disposición legal, alegar motivos distintos a los que se encuentran establecidos dentro de la nota de terminación. En el presente caso, el demandado no invocó en la nota de terminación la causal de pérdida de confianza, por lo que en aplicación a las normas legales pertinentes no se puede invocar válidamente en juicio. Por otra parte es imprescindible hacer mención que según el artículo 100 que enumera las causas de terminación de los contratos de trabajo en su numeral 7) establece: "Perder la confianza del patrono, el trabajador que desempeñe un cargo de dirección, fiscalización o vigilancia; tales como mayordomos, capataces, debiendo justificarse a juicio de la Dirección General del Trabajo o sus representantes, los motivos de tal desconfianza; más si había sido promovido de un puesto de escalafón en las empresas en que existe, volverá a él, salvo que haya motivo justificado para su despido. Lo mismo se observará cuando el trabajador que desempeñe un puesto de confianza solicite volver a su antiguo empleo." A la luz de dicho precepto jurídico se concluye que no basta con el hecho de alegar la pérdida de confianza como causal determinación, sino que debe existir justificación ya sea ante la dirección general del trabajo o ante la jurisdicción del trabajo por lo que manda el artículo 665 del código de trabajo, pero en el caso en estudio, no se ha justificado la pérdida de confianza en el trabajador basado en elementos objetivos y revisables, aunado a tal omisión la nota de despidos no comunica al trabajador la causal de pérdida de confianza como ya se dijo, por lo que es una causal que no puede alegarse válidamente. Que en aplicación supletoria el artículo 208 del código procesal civil establece: "Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito." De igual forma la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. Que en el presente caso se encuentra que la parte demandada rechazó el despido injusto alegado por la parte demandante, aduciendo que el mismo obedecía a la facultad que esta tenía para darlo por finalizado bajo la causal de "pérdida de confianza" lo cual ya fue dilucidado en esta sentencia. Sin embargo, se encuentra que en sus alegaciones finales de juicio la parte demandada argumenta que con el medio de prueba consistente en acta de finalización por mutuo consentimiento de fecha 09 de mayo del 2022 que corre agregada al expediente, y oficio dirigido por la Secretaria en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias a la Secretaria de Finanzas de fecha 07 de junio del 2022 mediante el cual solicita el desembolso para pagar los derechos laborales del ahora demandante y cumplimentar dicho acuerdo. Respecto a esta alegación, la que juzga arriba al convencimiento que además de no formar parte del objeto del debate fijado por las partes en la demanda y contestación de la demanda, dicho acuerdo no observa los lineamientos legales establecidos en el artículo 379 del código de trabajo, es decir que el acuerdo al que hace referencia la parte demandada no se ha realizado ante autoridad competente, como ser el departamento de Conciliación de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social o ante la Inspección general de Trabajo, aunado a lo anterior, con el oficio dirigido a la Secretaria de Finanzas se acredita que dicho acuerdo no fue llevado a cabo. Que, por el contrario, al demandante le asiste el derecho establecido en la Constitución de la República en su artículo 129 "La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios." Habiendo quedado acreditado que el trabajador fue separado de su puesto de trabajo, por cuanto la nota de terminación no establece ninguna causa justa de terminación de las contenidas en el artículo 112 del código de trabajo, por tanto, al trabajador le asiste el derecho constitucional al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales o al reintegro a su puesto de trabajo. Que por las razones anteriormente expuestas resulta procedente de derecho estimar la presente demanda en todas sus pretensiones. Que según el Decreto Legislativo número 266-2013 ARTÍCULO 8: "El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente." Por tal motivo no procede la condena en costas solicitada por el demandante. 4.- La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 09 de enero del 2024, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, esta Corte luego de analizar los alegatos que formula la parte impetrante y la contestación que hace la parte apelada, encuentra que las argumentaciones que hace el censor son contradictorias, ya que por una parte establece que no hay despido injustificado porque el demandante se desempeñaba en un cargo de confianza y que por ende no tenía derecho a prestaciones laborales, pero por otra parte establece que se firmó un acta de finalización de acuerdo de trabajo mediante mutuo consentimiento en donde se le reconocieron derechos adquiridos al demandante, por lo que a su juicio quedó evidenciado que su representado no ha negado sus derechos a la parte demandante, acta que suscribió en fecha nueve (09) de mayo de dos mil veintidós (2022), pero al mismo tiempo establece que se libró oficio a la Secretaría de Finanzas el siete (07) de julio del dos mil veintidós (2022) en donde se solicita el desembolso para el pago de derechos laborales y dar cumplimiento al acuerdo por mutuo consentimiento. Esta Corte al revisar dicho acuerdo que obra a folio (42 y 43) de la primera pieza de autos, observa que el mismo fue suscrito entre el demandante JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ y el Ingeniero PABLO RAMÓN SOTO como Representante Legal de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO) y el mismo se firmó para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales tales como preaviso, cesantía, vacaciones, vacaciones proporcionales, decimotercer y cuarto mes de salario proporcionales, y dice que la Secretaria se compromete al pago de sus prestaciones laborales que asciende a la cantidad L. 642,238.60, lo que es aceptado por el demandante siempre y cuando sean cancelados los valores pactados, situación que no se acredito en autos. De lo anterior se extrae como se ha explicado que los alegatos que hace el impetrante ante esta Corte son contradictorios, pues por una parte alega en el juicio que el demandante es un empleado de confianza y por lo tanto no tiene derechos a prestaciones e indemnizaciones laborales, pero por otra parte reconoce haber firmado un acuerdo de finalización de trabajo con el demandante para el pago no solamente de derechos adquiridos, sino que del preaviso y cesantía que es una parte de las prestaciones laborales y que ocurre cuando se está ante un despido injusto. Que esta Corte comparte la posición adoptada por el A-quo en cuanto a que en el acuerdo de terminación de la relación laboral que obra a folio (05) de la primera pieza de autos, la demandada al comunicar la terminación de la relación laboral no menciona ninguna causa de justificación del despido, en franca violación del artículo 117 del Código de Trabajo que establece "La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación después no podrá alegar válidamente casuales o motivos distintos". Causa o motivo que como se indica no se menciona en el acuerdo de terminación de la relación de trabajo, sin dejar de considerar que el argumento planteado por el recurrente sobre que el demandante era un empleado de confianza que como se indica no se señaló tal circunstancia en la nota de despido, resulta también un tanto dudoso cuando la demandada celebra como se ha indicado un convenio de mutuo consentimiento con el demandante para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, lo que resulta fuera de contexto si el alegato de la parte demandada es que el trabajador demandante era un empleado de confianza y que por ser un empleado de confianza no tenía los derechos que reconoce el Código de Trabajo según articulo 111 numerales 7) y 12) de la Legislación Laboral. Que esta Corte considera que la sentencia venida en apelación se encuentra debidamente motivada y arreglada a derecho según motivación que se externado y procede su confirmación, denegándose el recurso de apelación incoado en vía ordinaria. 5.- Mediante auto de fecha 09 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ELÍAS RICARDO SOSA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 30 de julio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado ELÍAS RICARDO SOSA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 08 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de octubre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado ELÍAS RICARDO SOSA MARTÍNEZ , en su primer y único motivo de casación alega:“Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en el acta de finalización de acuerdo mediante mutuo consentimiento, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 111, numeral 2 del Código de trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) acta de finalización de acuerdo mediante mutuo consentimiento, suscrito en fecha 09 de mayo del 2022, entre el demandante y el Estado de Honduras a través de LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES DE HONDURA (COPECO), medio de prueba que fue presentado en audiencia de fecha veintiocho de marzo del 2023. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL ÚNICO MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que a la parte demandante no les asiste el derecho en su improcedente demanda se le reconozcan sus derechos, ya RECONOCIDOS al suscribir acta de finalización de acuerdo mediante mutuo consentimiento, la cual fue firmado por el demandante aceptando todo lo establecido en ella; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE EMPLACE AL PATRONO CON EL OBJETO DE QUE PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDO EL DESPIDO, SI NO PRUEBA LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDÓ EL DESPIDO, SE LE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS QUE EL TRABAJADOR HABRÍA PERCIBIDO DESDE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DE TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA.- SE CONDENE AL PATRONO AL PAGO DE COSTAS DE JUICIO", pues como se ha indicado, se trata de una terminación de relación de trabajo, ya que la normativa de los artículos 111 numeral 2 del código de trabajo, lo cual establece esta figura, es improcedente la pretensión del demandante, en virtud de encontrarnos que mi representado le recoció todos sus derechos en el acta de finalización de acuerdo mediante mutuo consentimiento, razón por la que la demanda interpuesta por el señor JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ debió ser declarada SIN LUGAR”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea; y, c) formula alegatos propios de instancia. IV.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL83-24.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOcenter203CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de noviembre del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 30 de julio del 2024, por el Abogado ELÍAS RICARDO SOSA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ, representado en juicio por la Abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se emplace al patrono con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido, si no prueba la justa causa en que se fundó el despido, se le condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido desde la fecha de la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del código de trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha 14 de septiembre del 2022, por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, en su condición de representante procesal del señor JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño, y con domicilio en Choluteca, Departamento de Choluteca, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, de ese entonces Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES DE HONDURAS (COPECO). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de enero del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 08 de junio del 2023, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE EMPLACE AL PATRONO CON EL OBJETO DE QUE PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDO EL DESPIDO, SI NO PRUEBA LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDÓ EL DESPIDO, SE LE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS QUE EL TRABAJADOR HABRÍA PERCIBIDO DESDE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DE TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA.- SE CONDENE AL PATRONO AL PAGO DE COSTAS DE JUICIO.- SE SOLICITA LIBRAMIΕΝΤΟ DE EXHORTO.- ANEXOS.- promovida por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, actuado en su condición de representante procesal del señor JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ciudadano MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, por actuaciones de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO), todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ciudadano MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, por actuaciones de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) al pago de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 655,138.57) cantidad que se desglosa de la siguiente manera: Preaviso: (60), Lps. 100,333.20; Cesantía: (210), Lps. 351,166.20; Cesantía Proporcional: (308), Lps. 42,920.31; Vacaciones Proporcionales: (308), Lps. 28,613.54; Aguinaldo Proporcional: (129), Lps. 15,408.30; Décimo Cuarto Mes Proporcional (309), Lps. 36,908.25; Vacaciones Pendientes (40), Lps. 66,888.80; Pago Sueldo/ Salario Adeudado: Lps. 12,899.97; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha de su despido, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme esta sentencia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia...". ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, fue empleado permanente de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) ocupando el cargo de Sub Comisionado Regional Centro-Sur en la ciudad de Choluteca, con un horario de trabajo de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes; devengaba un salario base mensual de L.43,000.00. Manifestó que durante el tiempo que estuvo al servicio de la demandada, cumplió con su trabajo y con las tareas que se le asignaban con eficiencia, cuidado y esmero. Y que en fecha 09 de mayo del 2022 mediante acuerdo No.085-C-2022 emitido por el demandado, unilateralmente comunicó la terminación de su relación de trabajo. Argumentó que la Constitución de la República en su artículo 129 prescribe: "La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios." Y que a la luz del principio de continuidad laboral consagrado en el artículo 129 de la Constitución de la Republica, se colige que el despido fue ilegal e injusto, puesto que al remitir al acuerno No.85-C-2022 de fecha 06 de mayo del 2022 en el cual se practicó el despido; se pudo apreciar que dentro del mismo no se comunicó al trabajador ninguna de las causas justas de separación contenidas en el artículo 112 del código de trabajo. Aunado a lo anterior en derecho de trabajo existen principios que lo diferencian de otras materias, pues estos principios buscan proteger al más débil económicamente, como es el caso del trabajador; dentro de estos principios encontramos el principio de "Buena Fe" el cual debe observarse tanto en la celebración, ejecución y terminación de la relación de trabajo; y que claramente la parte demandada hizo caso omiso al principio de buena fe, ya que puso término a la relación de trabajo que mantenía, sin comunicar la causa o motivo que la llevó a tomar tal determinación, en plena contravención a lo establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo. De lo anterior se colige que el acuerdo No.085-C-2022 es un acto nulo de pleno derecho (artículo 3 del Código de Trabajo) porque disminuye y tergiversa los derechos laborales del demandante como queda ilustrado en el presente numeral y como consecuencia el despido fue ilegal e injustificado, razón por la cual le asistía el derecho de percibir totalmente las prestaciones e indemnizaciones laborales por haber sido despedido injustamente. Finalmente arguyó que con la intención de alcanzar un arreglo conciliatorio entre ambas partes, presentó los respectivos reclamos administrativos ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social para que se le hiciera efectivo el pago de sus derechos laborales, sin embargo, se procedió a declarar agotado el trámite administrativo, en vista que no se logró la conciliación con la contraparte, quedando la vía expedita para proceder por la vía judicial. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, apoyando su defensa aduciendo que, el empleado de confianza es aquel que tiene injerencia en la toma de decisiones, en el desarrollo e implementación de procedimientos, y con determinar cómo se deben ejecutar las labores, haciendo de su conocimiento que el demandante, se desempeñó como Sub-Comisionado de la zona Centro-Sur para la COPECO, fungiendo en ese cargo como un empleado de confianza al servicio del Secretario de Estado de dicha Secretaría, al que en fecha 09 de mayo del 2022 se dio por terminado su nombramiento como Director de Preparación y Respuesta mediante Acuerdo de Cancelación número 085-C-2022, todo lo anterior como consecuencia de que en dicha Secretaría de Estado se nombró a un nuevo Secretario de Estado; quien determino prescindir de los servicios de la parte actora debido a que no consideraba que sería de su entera confianza. Además recalcó que el demandante, Sub-Comisionado de la zona Centro-Sur en la referida Secretaria de Estado y conforme a lo establecido en el artículo número 6 del Código del Trabajo, era en su momento representante del patrono; relacionado con el artículo número 265 de la Constitución de la Republica que establece lo siguiente: "Son Funcionarios de Confianza los que a cualquier título ejerzan las funciones de dirección de los organismos descentralizados, pero las relaciones de los demás servidores de dichas instituciones serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general...", por ende probara en el momento procesal oportuno que el demandante al desempeñar el puesto de Director de Preparación y Respuesta era personal de confianza por el cargo que ostentaba y representaba al Patrono. Por lo que, aunado a lo antes mencionado, hizo notar que el cargo que ocupó el demandante quedó acreditado que estaba comprendido dentro de los empleados de confianza; y que en el presente caso el Código del Trabajo establece las causas de terminación de los contratos sin responsabilidad de las partes en el artículo número 111: "Son causas de terminación de los contratos de trabajo; numeral 7; Perder la confianza del patrono...". y ya que el demandante fue nombrado por el Secretario de Estado anterior y en virtud de que este último finalizara su periodo en la institución, su personal de confianza no tiene que ser obligatoriamente el mismo Director de Preparación y Respuesta del nuevo Secretario de Estado que asumió el cargo; teniendo este las atribuciones conferidas por la ley de elegir su personal de confianza y el numeral 12 del mismo cuerpo legal "Resolución del contrato de trabajo por autoridad competente. En los casos previstos en los siete (7) primeros incisos de ese artículo, la terminación del contrato no acarreará responsabilidades para ninguna de las partes" sin embargo, la parte actora de manera equivoca estaba solicitando que se pruebe la justa causa de despido y en que se fundó el mismo, mismo que recae en la pérdida de confianza que se explicó en este acápite, por el cargo que desempeño para el demandado, ya que no necesitaba procedimiento alguno para la destitución del cargo, en ese sentido, el Acuerdo de Cancelación del contrato de Trabajo supra mencionado establecía proceder al pago de los derechos adquiridos del demandante y fue emitido conforme a Derecho; y por ende no le asiste el derecho a solicitar la indemnización. Argumentó que el demandante de manera equivoca y conveniente, efectúa una interpretación aislada del 129 de la Constitución, mismo que contiene el principio de estabilidad, el cual no era absoluto, pues dicha norma establece que ese principio se encuentra limitado por "las justas causas de despido", las que son desarrolladas por el Código del Trabajo, por lo tanto destacó que existen regímenes excluidos del régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general que por la propia naturaleza del cargo, no gozan del derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales a solicitar indemnizaciones, principio que les fortalece su defensa, en vista que el demandante laboraba bajo un régimen especial como Sub-Comisionado de la zona Centro-Sur para la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), como " Empleado de Confianza". Finalmente señaló lo que establece el artículo 8 de la Ley Para Optimizar La Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno "DISPOSICIÓN GENERAL EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA, ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que les ocupa, en ningún momento el Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala la Constitución de la República, ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, el Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha 08 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE EMPLACE AL PATRONO CON EL OBJETO DE QUE PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDO EL DESPIDO, SI NO PRUEBA LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDÓ EL DESPIDO, SE LE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS QUE EL TRABAJADOR HABRÍA PERCIBIDO DESDE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DE TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA.- SE CONDENE AL PATRONO AL PAGO DE COSTAS DE JUICIO.- SE SOLICITA LIBRAMIΕΝΤΟ DE EXHORTO.- ANEXOS.- promovida por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, actuado en su condición de representante procesal del señor JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ciudadano MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, por actuaciones de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO), todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ciudadano MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, por actuaciones de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) al pago de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 655,138.57) cantidad que se desglosa de la siguiente manera: Preaviso: (60), Lps. 100,333.20; Cesantía: (210), Lps. 351,166.20; Cesantía Proporcional: (308), Lps. 42,920.31; Vacaciones Proporcionales: (308), Lps. 28,613.54; Aguinaldo Proporcional: (129), Lps. 15,408.30; Décimo Cuarto Mes Proporcional (309), Lps. 36,908.25; Vacaciones Pendientes (40), Lps. 66,888.80; Pago Sueldo/ Salario Adeudado: Lps. 12,899.97; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha de su despido, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme esta sentencia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia...". Bajo el criterio que, la suscrita juez encuentra que forma parte del objeto del juicio el hecho de que el trabajador fue despedido de su puesto de trabajo mediante el "acuerdo No.85-C-2022 de fecha 06 de mayo del 2022" visible a folios 5 de autos, en tal sentido la parte demandada ha fundado su determinación en que el despido se encuentra debidamente justificado ya que el trabajador era empleado y se encontraba facultada para dar por terminada la relación de trabajo. Respecto de dicha situación está juzgadora difiere del criterio de la parte demandada, ya que la parte demandada debe observar el principio de buena fe tanto en la celebración, como ejecución y terminación de la relación de trabajo, se trae a colación dicho principio del trabajo en virtud de que según el acuerdo de terminación visible a folios 5, la parte demandada no hizo referencia a la "pérdida de confianza" como causal motivadora de despidos, está hecho impide que en sede jurisdiccional la parte demandada invoque dicha causal ya que es el artículo 117 del código de trabajo que imposibilita esta acción al referir lo siguiente: "La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos." Del artículo anterior emana el principio de terminación motivada que impera en el derecho del trabajo, siendo contrario a dicha disposición legal, alegar motivos distintos a los que se encuentran establecidos dentro de la nota de terminación. En el presente caso, el demandado no invocó en la nota de terminación la causal de pérdida de confianza, por lo que en aplicación a las normas legales pertinentes no se puede invocar válidamente en juicio. Por otra parte es imprescindible hacer mención que según el artículo 100 que enumera las causas de terminación de los contratos de trabajo en su numeral 7) establece: "Perder la confianza del patrono, el trabajador que desempeñe un cargo de dirección, fiscalización o vigilancia; tales como mayordomos, capataces, debiendo justificarse a juicio de la Dirección General del Trabajo o sus representantes, los motivos de tal desconfianza; más si había sido promovido de un puesto de escalafón en las empresas en que existe, volverá a él, salvo que haya motivo justificado para su despido. Lo mismo se observará cuando el trabajador que desempeñe un puesto de confianza solicite volver a su antiguo empleo." A la luz de dicho precepto jurídico se concluye que no basta con el hecho de alegar la pérdida de confianza como causal determinación, sino que debe existir justificación ya sea ante la dirección general del trabajo o ante la jurisdicción del trabajo por lo que manda el artículo 665 del código de trabajo, pero en el caso en estudio, no se ha justificado la pérdida de confianza en el trabajador basado en elementos objetivos y revisables, aunado a tal omisión la nota de despidos no comunica al trabajador la causal de pérdida de confianza como ya se dijo, por lo que es una causal que no puede alegarse válidamente. Que en aplicación supletoria el artículo 208 del código procesal civil establece: "Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito." De igual forma la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. Que en el presente caso se encuentra que la parte demandada rechazó el despido injusto alegado por la parte demandante, aduciendo que el mismo obedecía a la facultad que esta tenía para darlo por finalizado bajo la causal de "pérdida de confianza" lo cual ya fue dilucidado en esta sentencia. Sin embargo, se encuentra que en sus alegaciones finales de juicio la parte demandada argumenta que con el medio de prueba consistente en acta de finalización por mutuo consentimiento de fecha 09 de mayo del 2022 que corre agregada al expediente, y oficio dirigido por la Secretaria en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias a la Secretaria de Finanzas de fecha 07 de junio del 2022 mediante el cual solicita el desembolso para pagar los derechos laborales del ahora demandante y cumplimentar dicho acuerdo. Respecto a esta alegación, la que juzga arriba al convencimiento que además de no formar parte del objeto del debate fijado por las partes en la demanda y contestación de la demanda, dicho acuerdo no observa los lineamientos legales establecidos en el artículo 379 del código de trabajo, es decir que el acuerdo al que hace referencia la parte demandada no se ha realizado ante autoridad competente, como ser el departamento de Conciliación de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social o ante la Inspección general de Trabajo, aunado a lo anterior, con el oficio dirigido a la Secretaria de Finanzas se acredita que dicho acuerdo no fue llevado a cabo. Que, por el contrario, al demandante le asiste el derecho establecido en la Constitución de la República en su artículo 129 "La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios." Habiendo quedado acreditado que el trabajador fue separado de su puesto de trabajo, por cuanto la nota de terminación no establece ninguna causa justa de terminación de las contenidas en el artículo 112 del código de trabajo, por tanto, al trabajador le asiste el derecho constitucional al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales o al reintegro a su puesto de trabajo. Que por las razones anteriormente expuestas resulta procedente de derecho estimar la presente demanda en todas sus pretensiones. Que según el Decreto Legislativo número 266-2013 ARTÍCULO 8: "El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente." Por tal motivo no procede la condena en costas solicitada por el demandante. 4.- La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 09 de enero del 2024, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, esta Corte luego de analizar los alegatos que formula la parte impetrante y la contestación que hace la parte apelada, encuentra que las argumentaciones que hace el censor son contradictorias, ya que por una parte establece que no hay despido injustificado porque el demandante se desempeñaba en un cargo de confianza y que por ende no tenía derecho a prestaciones laborales, pero por otra parte establece que se firmó un acta de finalización de acuerdo de trabajo mediante mutuo consentimiento en donde se le reconocieron derechos adquiridos al demandante, por lo que a su juicio quedó evidenciado que su representado no ha negado sus derechos a la parte demandante, acta que suscribió en fecha nueve (09) de mayo de dos mil veintidós (2022), pero al mismo tiempo establece que se libró oficio a la Secretaría de Finanzas el siete (07) de julio del dos mil veintidós (2022) en donde se solicita el desembolso para el pago de derechos laborales y dar cumplimiento al acuerdo por mutuo consentimiento. Esta Corte al revisar dicho acuerdo que obra a folio (42 y 43) de la primera pieza de autos, observa que el mismo fue suscrito entre el demandante JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ y el Ingeniero PABLO RAMÓN SOTO como Representante Legal de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO) y el mismo se firmó para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales tales como preaviso, cesantía, vacaciones, vacaciones proporcionales, decimotercer y cuarto mes de salario proporcionales, y dice que la Secretaria se compromete al pago de sus prestaciones laborales que asciende a la cantidad L. 642,238.60, lo que es aceptado por el demandante siempre y cuando sean cancelados los valores pactados, situación que no se acredito en autos. De lo anterior se extrae como se ha explicado que los alegatos que hace el impetrante ante esta Corte son contradictorios, pues por una parte alega en el juicio que el demandante es un empleado de confianza y por lo tanto no tiene derechos a prestaciones e indemnizaciones laborales, pero por otra parte reconoce haber firmado un acuerdo de finalización de trabajo con el demandante para el pago no solamente de derechos adquiridos, sino que del preaviso y cesantía que es una parte de las prestaciones laborales y que ocurre cuando se está ante un despido injusto. Que esta Corte comparte la posición adoptada por el A-quo en cuanto a que en el acuerdo de terminación de la relación laboral que obra a folio (05) de la primera pieza de autos, la demandada al comunicar la terminación de la relación laboral no menciona ninguna causa de justificación del despido, en franca violación del artículo 117 del Código de Trabajo que establece "La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación después no podrá alegar válidamente casuales o motivos distintos". Causa o motivo que como se indica no se menciona en el acuerdo de terminación de la relación de trabajo, sin dejar de considerar que el argumento planteado por el recurrente sobre que el demandante era un empleado de confianza que como se indica no se señaló tal circunstancia en la nota de despido, resulta también un tanto dudoso cuando la demandada celebra como se ha indicado un convenio de mutuo consentimiento con el demandante para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, lo que resulta fuera de contexto si el alegato de la parte demandada es que el trabajador demandante era un empleado de confianza y que por ser un empleado de confianza no tenía los derechos que reconoce el Código de Trabajo según articulo 111 numerales 7) y 12) de la Legislación Laboral. Que esta Corte considera que la sentencia venida en apelación se encuentra debidamente motivada y arreglada a derecho según motivación que se externado y procede su confirmación, denegándose el recurso de apelación incoado en vía ordinaria. 5.- Mediante auto de fecha 09 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ELÍAS RICARDO SOSA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 30 de julio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado ELÍAS RICARDO SOSA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 08 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de octubre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado ELÍAS RICARDO SOSA MARTÍNEZ , en su primer y único motivo de casación alega:“Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en el acta de finalización de acuerdo mediante mutuo consentimiento, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 111, numeral 2 del Código de trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) acta de finalización de acuerdo mediante mutuo consentimiento, suscrito en fecha 09 de mayo del 2022, entre el demandante y el Estado de Honduras a través de LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES DE HONDURA (COPECO), medio de prueba que fue presentado en audiencia de fecha veintiocho de marzo del 2023. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL ÚNICO MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que a la parte demandante no les asiste el derecho en su improcedente demanda se le reconozcan sus derechos, ya RECONOCIDOS al suscribir acta de finalización de acuerdo mediante mutuo consentimiento, la cual fue firmado por el demandante aceptando todo lo establecido en ella; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE EMPLACE AL PATRONO CON EL OBJETO DE QUE PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDO EL DESPIDO, SI NO PRUEBA LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDÓ EL DESPIDO, SE LE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS QUE EL TRABAJADOR HABRÍA PERCIBIDO DESDE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DE TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA.- SE CONDENE AL PATRONO AL PAGO DE COSTAS DE JUICIO", pues como se ha indicado, se trata de una terminación de relación de trabajo, ya que la normativa de los artículos 111 numeral 2 del código de trabajo, lo cual establece esta figura, es improcedente la pretensión del demandante, en virtud de encontrarnos que mi representado le recoció todos sus derechos en el acta de finalización de acuerdo mediante mutuo consentimiento, razón por la que la demanda interpuesta por el señor JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ debió ser declarada SIN LUGAR”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea; y, c) formula alegatos propios de instancia. IV.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL83-24.
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.