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Sentencia CL-81-24 — Registro 19916

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio las justas causas del despido, caso contrario se le condene por despido injustificado, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de derechos adquiridos e indemnizaciones laborales que legalmente correspondan.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la falta de apreciación de unos contratos, que en su concepto presentan irregularidades en su contenido y alteraciones en sus estipulaciones en marco de la ley de empleo por hora ; y b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 30 de julio del 2024, por el Abogado ANGEL AUGUSTO VILLANUEVA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además es parte recurrida, las señoras CHRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR y JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, representadas en juicio por el Abogado RICARDO ENRIQUE FAJARDO VEGA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio las justas causas del despido, caso contrario se le condene por despido injustificado, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de derechos adquiridos e indemnizaciones laborales que legalmente correspondan, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 19 de noviembre del 2021, por el Abogado RICARDO ENRIQUE FAJARDO VEGA, en su condición de representante procesal de las señoras: 1) CHRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR y 2) JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, ambas mayores de edad, solteras, hondureñas y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de enero del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 23 de octubre del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación hasta con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria promovida el abogado RICARDO ENRIQUE FAJARDO VEGA actuando en su condición de Apoderado Legal de las trabajadoras CHRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR y JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, a pagarle a las trabajadoras demandantes la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN LEMPIRA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.192,081.94), distribuido así: JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, la cantidad de L.107,142.08, desglosado así: preaviso: L. 29,286.60, cesantía L. 43,929.90, cesantía proporcional L. 6,548.81, vacaciones proporcionales L. 4,365.87, décimo tercer mes proporcional L. 7,321.65., décimo cuarto mes proporcional L. 1,045.95, vacaciones causadas L. 14,643.30; CRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR, la cantidad de L.84,939.86, desglosado así: preaviso: L. 29,286.60, cesantía L. 29,286.60, cesantía proporcional L. 2237.17, vacaciones proporcionales L .1,118.59, décimo tercer mes proporcional L. 7,321.65, décimo cuarto mes proporcional L. 1,045.95, vacaciones causadas L. 14,643.30; Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por los demandantes desde la fecha de terminación de la relación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva.- SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO.1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que, fueron contratadas mediante Contratos Individuales de Trabajo escritos de forma consecutiva en la mal denominada modalidad de Empleo Por Hora por la Municipalidad de San Pedro Sula, en la forma siguiente: 1) Christels Eunice Diaz Umanzor, el 06 de junio del 2018, para desempeñarse como Asistente Administrativa en la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (DIRSSE), devengando un salario mensual de L. 12,551.29; y 2) Jessica Aracely Meléndez Enamorado, el 20 de febrero del 2017, para desempeñarse como Oficial de Servicio al Cliente en la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (DIRSSE), devengando un salario mensual de L. 12,551.29; y que durante la relación laboral se renovaron sucesivamente los contratos por el patrono sucediéndose unos a los otros de modo que la relación laboral siempre fue continua e ininterrumpida. Asimismo, se comprobará en juicio que la demandada incumplió con los requisitos legales e indispensables, así como las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento de Empleo Por Hora en cuanto al control y registro extemporáneo de los Contratos Individuales de Trabajo con las demandantes, razón por la cual para efectos legales se consideran dichos contratos como celebrados por tiempo indefinido. Pues resulta que las demandantes laboraron para la demandada de forma continua e ininterrumpida en jornada ordinaria de 8 horas de trabajo diarias, así: 1) Christels Eunice Diaz Umanzor, desde el 06 de junio del 2018 hasta el 31 de julio del 2020; y 2) Jessica Aracely Meléndez Enamorado, desde el 20 de febrero del 2018 hasta el 31 de julio del 2020. Argumentaron que fueron despedidas por la parte demandada en fecha 31 de julio del 2020, de manera verbal mediante una llamada telefónica. Y resulta que los despidos ejecutados en perjuicio de las demandantes fueron absolutamente injustificados, ilegales, y arbitrarios, por violentar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, pues pese a que fueron contratadas bajo la supuesta modalidad de Empleo Por Hora, su relación de trabajo fue por tiempo indefinido. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que, las demandantes suscribieron contratos por hora, los que se encuentran en la actualidad todos debidamente registrado ante la Secretaría del Trabajo, quien es el ente encargado de proteger los intereses laborales, y en base al principio de la Pacta sunt servanda establecido el artículo 26 del Código de Trabajo establece "El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se derivan según la ley, la costumbre, el uso o la equidad...". Que el artículo 12 de la Ley de Empleo por Hora se estipula la "Forma de Contratación" y establece que solamente cuando el contrato haya durado tres (3) años y se creen una o más nuevas plazas en la Unidad Productiva y de Servicio o en labores afines a las que desempeña el trabajador deberá de ser contratado en dicho cargo por tiempo indefinido, lo cual no ha sucedido, cumpliendo con los mandatos legales establecidos para el cumplimiento del contrato, así como de las leyes laborales vigentes; lo que será probado en juicio. Recalcó además que en el formato del Contrato por Hora que firman los empleados, en la Cláusula número Décimo Tercero dice: "Queda entendido que la fecha de terminación del servicio contratado pone término a la relación de trabajo, sin responsabilidad para las partes, entendiéndose que no cabe reclamo por el pago de décimo cuarto mes, décimo tercer mes y auxilio de cesantía, asimismo se especifica que solo en el caso de despido injustificado dentro del término de duración del contrato de trabajo gozará de las indemnización prescritas en el artículo 121 del Código del Trabajo". Siendo así que no cabe la figura de un despido ilegal del cual la parte actora dice que fueron objetos ante mi poderdante. Que en base a la Ley de Empleo Por Hora, en su artículo 6 numeral 2; se estipula sobre "Derechos Adquiridos y compensación no habitual, en lo referente al décimo tercer y décimo cuarto mes de salario que equivalen a un 16% sobre el salario base más un 4% sobre el salario base convenido que corresponde al pago de Auxilio de Cesantía" derecho del cual no gozan los trabajadores acogidos al presente régimen de trabajo; por lo que resulta, que si pagamos los conceptos estipulados en la demanda, estaríamos en una dualidad de pago, ya que los mismos fueron pagados tal como se estipula en la cláusula séptima del contrato de trabajo firmado entre las demandantes con la apoderada. Finalmente concluyó, que la demanda debe declararse NO HA LUGAR, absolviendo a la demandada, ya que el actor lo único que pretendía era sorprender a ese juzgador con hechos contrarios a la verdad, extremos que serán probados en el momento procesal oportuno, de igual manera el actor funda su demanda en un despido directo e injusto sin tomar en cuenta lo que establece el Código de Trabajo en lo referentes a las causales de despido y basado en lo planteado por el actor su accionar no se enmarca en ninguna de las causales establecidas en dicho precepto legal. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 23 de octubre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación hasta con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria promovida el abogado RICARDO ENRIQUE FAJARDO VEGA actuando en su condición de Apoderado Legal de las trabajadoras CHRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR y JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, a pagarle a las trabajadoras demandantes la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN LEMPIRA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.192,081.94), distribuido así: JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, la cantidad de L.107,142.08, desglosado así: preaviso: L. 29,286.60, cesantía L. 43,929.90, cesantía proporcional L. 6,548.81, vacaciones proporcionales L. 4,365.87, décimo tercer mes proporcional L. 7,321.65., décimo cuarto mes proporcional L. 1,045.95, vacaciones causadas L. 14,643.30; CRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR, la cantidad de L.84,939.86, desglosado así: preaviso: L. 29,286.60, cesantía L. 29,286.60, cesantía proporcional L. 2237.17, vacaciones proporcionales L .1,118.59, décimo tercer mes proporcional L. 7,321.65, décimo cuarto mes proporcional L. 1,045.95, vacaciones causadas L. 14,643.30; Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por los demandantes desde la fecha de terminación de la relación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, conforme al Decreto 354-2013 que contiene la Ley de Empleo por Hora, se permite la suscripción de contratos de trabajo por horas o en medias jornadas ordinarias; contratación que implica una duración de trabajo inferior a la jornada laboral ordinaria, salvo en aquellas nuevas industrias o actividades económicas cuya naturaleza de la actividad empresarial se base en empleo por hora, jornada parcial o medio tiempo, como nuevas actividades tecnológicas de comunicaciones como call center o contact center y otras que deben ser calificadas por la Secretaria de Trabajo que pueden contratar en jornadas completas según se establece en el artículo 3 de dicha normativa; esta modalidad contractual, para que sea válida, debe cumplir entre otros, los requisitos previstos en el artículo 6, 7 y 12 de dicha Ley, que implica el pago del 16% sobre el salario base convenido en concepto de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y un 4% sobre el salario base convenido en concepto de auxilio de cesantía, los que deben ser cancelados en la misma fecha, frecuencia y modalidad en que se pague el salario base; así como el de disfrutar de un día de vacaciones remuneradas por mes trabajado y a registrar los contratos en la Secretaria de Trabajo en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la suscripción del mismo; teniendo prohibido el empleador, la celebración de contratos verbales en el marco de dicha normativa (art. 5.2 del decreto 354-2013). Que del estudio y análisis practicado a la prueba en su conjunto este Tribunal estima que los contratos de empleo por hora celebrado entre las partes en conflicto están regulados por las disposiciones generales del Código de Trabajo y no por la Ley de empleo por hora; por lo que este tribunal considera procedente declarar con lugar la demanda por las circunstancias siguientes: 1) En el presente juicio se tuvieron a la vista dos contratos celebrados por la demandada y las trabajadoras JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, celebrado en fecha 02 de enero del año 2018, con una vigencia 02 de enero al 28 de junio del año 2018, y CRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR, celebrado 06 de junio del año 2018, con una vigencia del 06 de junio al 28 de diciembre el año 2018, los cuales figuran a folios 148 al 153 de los autos, en los que se pactó una jornada de ocho horas, (ver clausula quinta de cada contrato), para desempeñarse en el cargo de JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, oficial atención al cliente, en supervisión de concesiones; y CRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR, asistente administrativo, en el departamento de dirección supervisora de servicios especializados; en el caso de la demandante JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, el contrato antes relacionado no aparece registrado, pero si se encuentras registrados 8 contratos más y en el caso de la demandante CRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR, aparecen 8 contratos registrados ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, en la dirección general de empleo por hora, y si estos fueron registrados dentro del plazo legal que establece la ley, no lo acredito la demandada tal como consta en las constancias que corren a folios 63 y 64 de los autos; en el caso de autos la demandada no cumplió con la Ley de empleo por hora en darle un día de vacaciones por cada mes laborado; con lo antes expuesto implica que se incumple con la Ley de Empleo por Hora y por ende sale de ese ámbito, pues aunque en los 2 contratos que se tuvieron a la vista.-se pactó que en el salario se incluye el 20% equivalente al décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario y auxilio de cesantía como lo señala la demandada, y de la documentación aportada podría deducirse que se cumplió con algunos requisitos formales que exige la ley en mención, a la luz del principio de primacía de la realidad antes citado, la documentación en referencia es insuficiente para acreditar que se trata de un contrato de excepción regido por la Ley de Empleo por Hora, pues se contrató una jornada de trabajo completa para desarrollar una actividad de naturaleza permanente, por lo tanto la relación de trabajo que nos ocupa se sitúa dentro del ámbito previsto en los artículos 3, 47 y 52 del Código del Trabajo; de manera que no es posible atender los argumentos de la demandada, de ahí que la finalización de los contratos sólo puede darse si concurre causa justa o legal para ello, lo que no ocurre en el presente caso, pues la causa invocada fue el vencimiento de los contratos; por lo que el despido llevado a cabo esas circunstancia se torna ilegal e injusta y procede condenar a la demandada al pago resarcimiento de daños, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la presente sentencia definitiva. 2) En el presente caso las trabajadoras demandantes reclaman el pago de vacaciones causadas y proporcionales en la medida que son debidas, en el caso de autos está acreditado que la demandada no le otorgo vacaciones por tal razón procede condenar al pago de ese concepto. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 12 de enero del 2024, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, de la revisión de las pruebas aportadas al juicio se observa lo siguiente: 1) los actores laboraban 8 horas diarias sin que conste de autos la calificación por parte de la Secretaria de Trabajo para contratar en jornada completa como lo instituía el artículo 3 párrafo antepenúltimo de la Ley de Empleo por Hora; 2) no se aportaron todos los contratos suscritos en el curso de la relación de trabajo y en el documento visible a folio 171 de la primera pieza consta que el registro de algunos contratos se hizo fuera del plazo legal; 3) en las boletas de pago de salarios no consta la cancelación de derechos adquiridos y compensación no habitual; por lo anterior, se considera por parte de esta Corte que la contratación de los actores, se enmarca en lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo y por cuya razón, gozan de la estabilidad laboral protegida Constitucionalmente en el artículo 129. De ahí que, la finalización del contrato no es causa justa para ponerle fin a la relación de trabajo tal y como lo estimó la Jueza de primera instancia. Por las razones antes expuestas, esta alzada estima inatendible la pretensión del apelante y por cuya razón, la sentencia debe ser CONFIRMADA, pues las pruebas fueron analizadas correctamente; se indica que, el darle mayor credibilidad a unos medios probatorios que a otros, no constituye un desacierto evidente de hechos, por motivo que los sentenciadores de Instancia gozan de la potestad legal de apreciar libremente la prueba para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos con base en aquellos elementos probatorios que más los induzcan a hallar la verdad real y no la simplemente formal que aparezca en el proceso, prevista en el artículo 739 del Código del Trabajo, en donde las inferencias del Juzgador mientras sean lógicas y aceptables, quedan abrigadas por la presunción de legalidad. 5.- Mediante auto de fecha 18 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ANGEL AUGUSTO VILLANUEVA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 30 de julio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado ANGEL AUGUSTO VILLANUEVA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 21 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado RICARDO ENRIQUE FAJARDO VEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado ANGEL AUGUSTO VILLANUEVA, en su primer y único motivo de casación alega: “ Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por falta de apreciación de determinadas pruebas habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho ya que el Juez ad quem no aprecio ni le dio valor probatorio debido al medio probatorio denominado CONTRATOS DE TRABAJO DE EMPLEO POR HORA REGISTRADOS EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, bajo la modalidad empleo por hora según número 0944 de la ciudad de San Pedro Sula, con el objeto de establecer que los demandantes fueron contratados al tenor de lo dispuesto en el decreto legislativo 354-2013 contentivo de la Ley de empleo por hora. Ley vigente en ese momento por lo tanto de correcta aplicación por ser parte del derecho positivo interno. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a La Municipalidad de San Pedro Sula al pago de Prestaciones sociales y demás indemnizaciones laborales solicitadas, pero el tribunal Ad Quem ante una falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgado en un error de derecho ya que no aprecio una prueba ofertada consistente en los contratos de trabajo de empleo por hora tal como lo dispone el decreto legislativo 354-2013 que contiene la ley de empleo por hora, mismos que fueron debidamente registrados en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social dentro del término señalado, esta falta de apreciación de la prueba por parte de la Corte Sentenciadora, constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, no fue valorada por el tribunal ad quem ya que de haber valorado este medio de prueba de forma armoniosa en su conjunto con los demás se hubiese apreciado que el tiempo de la relación laboral desde su inicio que se firmó el contrato de definió la fecha de su finalización, lo que hace innecesaria la notificación de su término y por consiguiente la invocación de una causal, además en las secuelas del juicio se acredito y probo la legalidad en la finalización de la relación de trabajo con los demandantes y que era parte del objeto del debate el presente juicio”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la falta de apreciación de unos contratos, que en su concepto presentan irregularidades en su contenido y alteraciones en sus estipulaciones en marco de la ley de empleo por hora ; y b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha quince días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL81-24.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOcenter203CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 30 de julio del 2024, por el Abogado ANGEL AUGUSTO VILLANUEVA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además es parte recurrida, las señoras CHRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR y JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, representadas en juicio por el Abogado RICARDO ENRIQUE FAJARDO VEGA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio las justas causas del despido, caso contrario se le condene por despido injustificado, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de derechos adquiridos e indemnizaciones laborales que legalmente correspondan, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 19 de noviembre del 2021, por el Abogado RICARDO ENRIQUE FAJARDO VEGA, en su condición de representante procesal de las señoras: 1) CHRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR y 2) JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, ambas mayores de edad, solteras, hondureñas y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de enero del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 23 de octubre del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación hasta con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria promovida el abogado RICARDO ENRIQUE FAJARDO VEGA actuando en su condición de Apoderado Legal de las trabajadoras CHRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR y JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, a pagarle a las trabajadoras demandantes la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN LEMPIRA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.192,081.94), distribuido así: JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, la cantidad de L.107,142.08, desglosado así: preaviso: L. 29,286.60, cesantía L. 43,929.90, cesantía proporcional L. 6,548.81, vacaciones proporcionales L. 4,365.87, décimo tercer mes proporcional L. 7,321.65., décimo cuarto mes proporcional L. 1,045.95, vacaciones causadas L. 14,643.30; CRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR, la cantidad de L.84,939.86, desglosado así: preaviso: L. 29,286.60, cesantía L. 29,286.60, cesantía proporcional L. 2237.17, vacaciones proporcionales L .1,118.59, décimo tercer mes proporcional L. 7,321.65, décimo cuarto mes proporcional L. 1,045.95, vacaciones causadas L. 14,643.30; Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por los demandantes desde la fecha de terminación de la relación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva.- SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO.1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que, fueron contratadas mediante Contratos Individuales de Trabajo escritos de forma consecutiva en la mal denominada modalidad de Empleo Por Hora por la Municipalidad de San Pedro Sula, en la forma siguiente: 1) Christels Eunice Diaz Umanzor, el 06 de junio del 2018, para desempeñarse como Asistente Administrativa en la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (DIRSSE), devengando un salario mensual de L. 12,551.29; y 2) Jessica Aracely Meléndez Enamorado, el 20 de febrero del 2017, para desempeñarse como Oficial de Servicio al Cliente en la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (DIRSSE), devengando un salario mensual de L. 12,551.29; y que durante la relación laboral se renovaron sucesivamente los contratos por el patrono sucediéndose unos a los otros de modo que la relación laboral siempre fue continua e ininterrumpida. Asimismo, se comprobará en juicio que la demandada incumplió con los requisitos legales e indispensables, así como las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento de Empleo Por Hora en cuanto al control y registro extemporáneo de los Contratos Individuales de Trabajo con las demandantes, razón por la cual para efectos legales se consideran dichos contratos como celebrados por tiempo indefinido. Pues resulta que las demandantes laboraron para la demandada de forma continua e ininterrumpida en jornada ordinaria de 8 horas de trabajo diarias, así: 1) Christels Eunice Diaz Umanzor, desde el 06 de junio del 2018 hasta el 31 de julio del 2020; y 2) Jessica Aracely Meléndez Enamorado, desde el 20 de febrero del 2018 hasta el 31 de julio del 2020. Argumentaron que fueron despedidas por la parte demandada en fecha 31 de julio del 2020, de manera verbal mediante una llamada telefónica. Y resulta que los despidos ejecutados en perjuicio de las demandantes fueron absolutamente injustificados, ilegales, y arbitrarios, por violentar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, pues pese a que fueron contratadas bajo la supuesta modalidad de Empleo Por Hora, su relación de trabajo fue por tiempo indefinido. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que, las demandantes suscribieron contratos por hora, los que se encuentran en la actualidad todos debidamente registrado ante la Secretaría del Trabajo, quien es el ente encargado de proteger los intereses laborales, y en base al principio de la Pacta sunt servanda establecido el artículo 26 del Código de Trabajo establece "El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se derivan según la ley, la costumbre, el uso o la equidad...". Que el artículo 12 de la Ley de Empleo por Hora se estipula la "Forma de Contratación" y establece que solamente cuando el contrato haya durado tres (3) años y se creen una o más nuevas plazas en la Unidad Productiva y de Servicio o en labores afines a las que desempeña el trabajador deberá de ser contratado en dicho cargo por tiempo indefinido, lo cual no ha sucedido, cumpliendo con los mandatos legales establecidos para el cumplimiento del contrato, así como de las leyes laborales vigentes; lo que será probado en juicio. Recalcó además que en el formato del Contrato por Hora que firman los empleados, en la Cláusula número Décimo Tercero dice: "Queda entendido que la fecha de terminación del servicio contratado pone término a la relación de trabajo, sin responsabilidad para las partes, entendiéndose que no cabe reclamo por el pago de décimo cuarto mes, décimo tercer mes y auxilio de cesantía, asimismo se especifica que solo en el caso de despido injustificado dentro del término de duración del contrato de trabajo gozará de las indemnización prescritas en el artículo 121 del Código del Trabajo". Siendo así que no cabe la figura de un despido ilegal del cual la parte actora dice que fueron objetos ante mi poderdante. Que en base a la Ley de Empleo Por Hora, en su artículo 6 numeral 2; se estipula sobre "Derechos Adquiridos y compensación no habitual, en lo referente al décimo tercer y décimo cuarto mes de salario que equivalen a un 16% sobre el salario base más un 4% sobre el salario base convenido que corresponde al pago de Auxilio de Cesantía" derecho del cual no gozan los trabajadores acogidos al presente régimen de trabajo; por lo que resulta, que si pagamos los conceptos estipulados en la demanda, estaríamos en una dualidad de pago, ya que los mismos fueron pagados tal como se estipula en la cláusula séptima del contrato de trabajo firmado entre las demandantes con la apoderada. Finalmente concluyó, que la demanda debe declararse NO HA LUGAR, absolviendo a la demandada, ya que el actor lo único que pretendía era sorprender a ese juzgador con hechos contrarios a la verdad, extremos que serán probados en el momento procesal oportuno, de igual manera el actor funda su demanda en un despido directo e injusto sin tomar en cuenta lo que establece el Código de Trabajo en lo referentes a las causales de despido y basado en lo planteado por el actor su accionar no se enmarca en ninguna de las causales establecidas en dicho precepto legal. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 23 de octubre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación hasta con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria promovida el abogado RICARDO ENRIQUE FAJARDO VEGA actuando en su condición de Apoderado Legal de las trabajadoras CHRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR y JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, a pagarle a las trabajadoras demandantes la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN LEMPIRA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.192,081.94), distribuido así: JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, la cantidad de L.107,142.08, desglosado así: preaviso: L. 29,286.60, cesantía L. 43,929.90, cesantía proporcional L. 6,548.81, vacaciones proporcionales L. 4,365.87, décimo tercer mes proporcional L. 7,321.65., décimo cuarto mes proporcional L. 1,045.95, vacaciones causadas L. 14,643.30; CRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR, la cantidad de L.84,939.86, desglosado así: preaviso: L. 29,286.60, cesantía L. 29,286.60, cesantía proporcional L. 2237.17, vacaciones proporcionales L .1,118.59, décimo tercer mes proporcional L. 7,321.65, décimo cuarto mes proporcional L. 1,045.95, vacaciones causadas L. 14,643.30; Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por los demandantes desde la fecha de terminación de la relación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, conforme al Decreto 354-2013 que contiene la Ley de Empleo por Hora, se permite la suscripción de contratos de trabajo por horas o en medias jornadas ordinarias; contratación que implica una duración de trabajo inferior a la jornada laboral ordinaria, salvo en aquellas nuevas industrias o actividades económicas cuya naturaleza de la actividad empresarial se base en empleo por hora, jornada parcial o medio tiempo, como nuevas actividades tecnológicas de comunicaciones como call center o contact center y otras que deben ser calificadas por la Secretaria de Trabajo que pueden contratar en jornadas completas según se establece en el artículo 3 de dicha normativa; esta modalidad contractual, para que sea válida, debe cumplir entre otros, los requisitos previstos en el artículo 6, 7 y 12 de dicha Ley, que implica el pago del 16% sobre el salario base convenido en concepto de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y un 4% sobre el salario base convenido en concepto de auxilio de cesantía, los que deben ser cancelados en la misma fecha, frecuencia y modalidad en que se pague el salario base; así como el de disfrutar de un día de vacaciones remuneradas por mes trabajado y a registrar los contratos en la Secretaria de Trabajo en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la suscripción del mismo; teniendo prohibido el empleador, la celebración de contratos verbales en el marco de dicha normativa (art. 5.2 del decreto 354-2013). Que del estudio y análisis practicado a la prueba en su conjunto este Tribunal estima que los contratos de empleo por hora celebrado entre las partes en conflicto están regulados por las disposiciones generales del Código de Trabajo y no por la Ley de empleo por hora; por lo que este tribunal considera procedente declarar con lugar la demanda por las circunstancias siguientes: 1) En el presente juicio se tuvieron a la vista dos contratos celebrados por la demandada y las trabajadoras JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, celebrado en fecha 02 de enero del año 2018, con una vigencia 02 de enero al 28 de junio del año 2018, y CRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR, celebrado 06 de junio del año 2018, con una vigencia del 06 de junio al 28 de diciembre el año 2018, los cuales figuran a folios 148 al 153 de los autos, en los que se pactó una jornada de ocho horas, (ver clausula quinta de cada contrato), para desempeñarse en el cargo de JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, oficial atención al cliente, en supervisión de concesiones; y CRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR, asistente administrativo, en el departamento de dirección supervisora de servicios especializados; en el caso de la demandante JESSICA ARACELY MELÉNDEZ ENAMORADO, el contrato antes relacionado no aparece registrado, pero si se encuentras registrados 8 contratos más y en el caso de la demandante CRISTELS EUNICE DIAZ UMANZOR, aparecen 8 contratos registrados ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, en la dirección general de empleo por hora, y si estos fueron registrados dentro del plazo legal que establece la ley, no lo acredito la demandada tal como consta en las constancias que corren a folios 63 y 64 de los autos; en el caso de autos la demandada no cumplió con la Ley de empleo por hora en darle un día de vacaciones por cada mes laborado; con lo antes expuesto implica que se incumple con la Ley de Empleo por Hora y por ende sale de ese ámbito, pues aunque en los 2 contratos que se tuvieron a la vista.-se pactó que en el salario se incluye el 20% equivalente al décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario y auxilio de cesantía como lo señala la demandada, y de la documentación aportada podría deducirse que se cumplió con algunos requisitos formales que exige la ley en mención, a la luz del principio de primacía de la realidad antes citado, la documentación en referencia es insuficiente para acreditar que se trata de un contrato de excepción regido por la Ley de Empleo por Hora, pues se contrató una jornada de trabajo completa para desarrollar una actividad de naturaleza permanente, por lo tanto la relación de trabajo que nos ocupa se sitúa dentro del ámbito previsto en los artículos 3, 47 y 52 del Código del Trabajo; de manera que no es posible atender los argumentos de la demandada, de ahí que la finalización de los contratos sólo puede darse si concurre causa justa o legal para ello, lo que no ocurre en el presente caso, pues la causa invocada fue el vencimiento de los contratos; por lo que el despido llevado a cabo esas circunstancia se torna ilegal e injusta y procede condenar a la demandada al pago resarcimiento de daños, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la presente sentencia definitiva. 2) En el presente caso las trabajadoras demandantes reclaman el pago de vacaciones causadas y proporcionales en la medida que son debidas, en el caso de autos está acreditado que la demandada no le otorgo vacaciones por tal razón procede condenar al pago de ese concepto. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 12 de enero del 2024, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, de la revisión de las pruebas aportadas al juicio se observa lo siguiente: 1) los actores laboraban 8 horas diarias sin que conste de autos la calificación por parte de la Secretaria de Trabajo para contratar en jornada completa como lo instituía el artículo 3 párrafo antepenúltimo de la Ley de Empleo por Hora; 2) no se aportaron todos los contratos suscritos en el curso de la relación de trabajo y en el documento visible a folio 171 de la primera pieza consta que el registro de algunos contratos se hizo fuera del plazo legal; 3) en las boletas de pago de salarios no consta la cancelación de derechos adquiridos y compensación no habitual; por lo anterior, se considera por parte de esta Corte que la contratación de los actores, se enmarca en lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo y por cuya razón, gozan de la estabilidad laboral protegida Constitucionalmente en el artículo 129. De ahí que, la finalización del contrato no es causa justa para ponerle fin a la relación de trabajo tal y como lo estimó la Jueza de primera instancia. Por las razones antes expuestas, esta alzada estima inatendible la pretensión del apelante y por cuya razón, la sentencia debe ser CONFIRMADA, pues las pruebas fueron analizadas correctamente; se indica que, el darle mayor credibilidad a unos medios probatorios que a otros, no constituye un desacierto evidente de hechos, por motivo que los sentenciadores de Instancia gozan de la potestad legal de apreciar libremente la prueba para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos con base en aquellos elementos probatorios que más los induzcan a hallar la verdad real y no la simplemente formal que aparezca en el proceso, prevista en el artículo 739 del Código del Trabajo, en donde las inferencias del Juzgador mientras sean lógicas y aceptables, quedan abrigadas por la presunción de legalidad. 5.- Mediante auto de fecha 18 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ANGEL AUGUSTO VILLANUEVA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 30 de julio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado ANGEL AUGUSTO VILLANUEVA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 21 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado RICARDO ENRIQUE FAJARDO VEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado ANGEL AUGUSTO VILLANUEVA, en su primer y único motivo de casación alega: “ Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por falta de apreciación de determinadas pruebas habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho ya que el Juez ad quem no aprecio ni le dio valor probatorio debido al medio probatorio denominado CONTRATOS DE TRABAJO DE EMPLEO POR HORA REGISTRADOS EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, bajo la modalidad empleo por hora según número 0944 de la ciudad de San Pedro Sula, con el objeto de establecer que los demandantes fueron contratados al tenor de lo dispuesto en el decreto legislativo 354-2013 contentivo de la Ley de empleo por hora. Ley vigente en ese momento por lo tanto de correcta aplicación por ser parte del derecho positivo interno. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a La Municipalidad de San Pedro Sula al pago de Prestaciones sociales y demás indemnizaciones laborales solicitadas, pero el tribunal Ad Quem ante una falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgado en un error de derecho ya que no aprecio una prueba ofertada consistente en los contratos de trabajo de empleo por hora tal como lo dispone el decreto legislativo 354-2013 que contiene la ley de empleo por hora, mismos que fueron debidamente registrados en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social dentro del término señalado, esta falta de apreciación de la prueba por parte de la Corte Sentenciadora, constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, no fue valorada por el tribunal ad quem ya que de haber valorado este medio de prueba de forma armoniosa en su conjunto con los demás se hubiese apreciado que el tiempo de la relación laboral desde su inicio que se firmó el contrato de definió la fecha de su finalización, lo que hace innecesaria la notificación de su término y por consiguiente la invocación de una causal, además en las secuelas del juicio se acredito y probo la legalidad en la finalización de la relación de trabajo con los demandantes y que era parte del objeto del debate el presente juicio”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la falta de apreciación de unos contratos, que en su concepto presentan irregularidades en su contenido y alteraciones en sus estipulaciones en marco de la ley de empleo por hora ; y b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha quince días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL81-24. FIRMA Y SELLA,

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.