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Sentencia CL-694-22 — Registro 19571

Resumen

En la demanda ordinaria laboral para reclasificación académica, y ser coordinadora de forma permanente, se paguen ajustes salariales; primera instancia declara con lugar la demanda, condena que se tenga la relación laboral con carácter permanente sin lugar ajustes salariales, segunda instancia; reforma de oficio condena reconociéndole todos los derechos; esta Sala declara nulidad de la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella´´...

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella´´...

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Del estudio del fallo se decreta la nulidad de oficio con base a lo establecido en la normativa Constitucional y Procesal Civil Supletoriamente, en virtud que el Ad quem al proferir su fallo incumple con lo establecido en el artículo 200 literal d) del Código Procesal Civil ya que se debió establecer cada estimación o desestimación en base a las pretensiones por su revocatoria, sin que en el presente caso cumpliera, por lo que no llena los requisitos de la sentencia en relación a lo estipulado en el artículo 208 del Código Procesal Civil. (Nulidad por incongruencia)´´...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Del estudio del fallo se decreta la nulidad de oficio con base a lo establecido en la normativa Constitucional y Procesal Civil Supletoriamente, en virtud que el Ad quem al proferir su fallo incumple con lo establecido en el artículo 200 literal d) del Código Procesal Civil ya que se debió establecer cada estimación o desestimación en base a las pretensiones por su revocatoria, sin que en el presente caso cumpliera, por lo que no llena los requisitos de la sentencia en relación a lo estipulado en el artículo 208 del Código Procesal Civil. (Nulidad por incongruencia)´´...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Del estudio del fallo se decreta la nulidad de oficio con base a lo establecido en la normativa Constitucional y Procesal Civil Supletoriamente, en virtud que el Ad quem al proferir su fallo incumple con lo establecido en el artículo 200 literal d) del Código Procesal Civil ya que se debió establecer cada estimación o desestimación en base a las pretensiones por su revocatoria, sin que en el presente caso cumpliera, por lo que no llena los requisitos de la sentencia en relación a lo estipulado en el artículo 208 del Código Procesal Civil. (Nulidad por incongruencia)´´...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´. la Tutela judicial que tiene que tener el Ad quem es en base a resolver las pretensiones planteadas conforme a derecho, al efectuar su reforma de oficio y revocar parcialmente el numeral 2 del fallo apelado olvida que es procedente el reconocimiento de la permanencia pero no el calificativo de categorías, por lo consiguiente la UNAH debe reconocer la permanencia; sin hacer alusión a nomas de escalafón, ya que esta es facultad de la institución, en el caso que nos ocupa al hacer el nombramiento y ordenar categoría en el cargo de profesor titular 1 no es competencia del juez de instancia, la misma llega hasta declarar la permanencia y los derechos que le corresponden, el cual es de nombramiento de la institución de acuerdo a los reglamentos , estatutos y leyes laborales que sujetan a los demandantes con la institución hasta la fecha en que con sujeción a las leyes procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva, de igual manera debe confirmarse los numerales a que hace referencia´´...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho de acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos´´...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...´´´Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciados por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso´´...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 214 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´´Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciados por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso´´...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 214 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta jurisdicción de Francisco Morazán de fecha veintinueve de septiembre del dos mil veintidós, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. XI. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 59,60, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 726 y 858 del Código del Trabajo; 8, 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 literal 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha veintinueve de septiembre del dos mil veintidós, Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA. FIRMA Y SELLO ELECTRONICO. ROY PINEDA CASTRO. FIRMA Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 694-2022. FIRMA Y SELLO´´...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de febrero del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral, formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 21 de julio del 2023, por la Abogada TULA HERNÁNDEZ, en su condición de representante procesal de la señora DORIS LISBETH PAZ AMAYA, como recurrente/recurrida; y en fecha 06 de noviembre del 2023, por el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrida/recurrente. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para que el patrono proceda a otorgarle la reclasificación de categoría administrativa académica a categoría docente por venir desempeñando funciones docentes y ser la coordinadora de la sección académica de radiaciones y física médica de forma continua y permanente, que se le reconozca de manera permanente la labor docente y se le paguen los ajustes salariales desde la fecha que comenzó a desempeñar funciones docentes, que se respete la estabilidad laboral en su puesto de trabajo, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de julio del 2018, por la señora DORIS LISBETH PAZ AMAYA, mayor de edad, soltera, Radio Tecnóloga Odontóloga con maestría en Administración en Salud, hondureña y de este domicilio, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal y Rector señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de septiembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO DE OFICIO la sentencia de fecha 30 de abril del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados TULA HERNANDEZ Y JORGE DAVID MEZA VASQUEZ: 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha treinta de abril del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral DOS de la parte resolutiva del fallo apelado, el cual deberá leerse de la siguiente manera: “II.- CONDENAR: A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su RECTOR y Representante Legal FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO, a lo siguiente: A que se tenga la relación laboral de la Señora DORIS LISBETH PAZ AMAYA con carácter de indefinida como empleado permanente a partir del 17 de agosto de 2016, en categoría docente el puesto de Profesor Auxiliar reconociéndole todos los derechos que otorga el Contrato Colectivo a los empleados permanente.”.- 3.- CONFIRMANDO los numerales 1, 2 numeral 2, 3 y 4 de la sentencia apelada. Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE EL PATRONO PROCESA A OTORGARME LA RECLASIFICACIÓN ACADÉMICA A DE CATEGORÍA ADMINISTRATIVA CATEGORÍA DOCENTE POR VENIR DESEMPEÑANDO FUNCIONES DOCENTES Y SER LA COORDINADORA DE LA SECCIÓN ACADÉMICA DE RADIACIONES Y FÍSICA MEDICA DE FORMA CONTINUA Y PERMANENTE, QUE SE ME RECONOZCA DE MANERA PERMANENTE LA LABOR DOCENTE Y SE ME PAGUEN LOS AJUSTES SALARIALES DESDE LA FECHA QUE COMENCÉ A DESEMPEÑAR FUNCIONES DOCENTES, QUE SE RESPETE LA ESTABILIDAD LABORAL EN MI PUESTO DE TRABAJO, COSTAS DEL PRESENTE JUICIO, promovida por la Señora DORIS LISBETH PAZ AMAYA contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), representada por el señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO en su condición de Rector.- SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, laboró para la demandada en este Distrito Central, desde el 30 de enero del 2012 contratada en el puesto de Instructor A-1 en la Carrera de Radio tecnología del departamento de Física de la UNAH según dictamen de la comisión de concurso y evaluación de personal del departamento de Física quien solicitó su contratación, y que a partir del 06 de enero del 2014 según oficio 076-DIB del departamento de Ciencias Biomédicas e Imágenes de la Facultad de Ciencias Médicas, se realizó la solicitud de nombramiento en el puesto de Tecnólogo Académico y asistente técnico, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. por lo cual recibía un salario de L. 17,427.27, siempre estaba bajo la continuada subordinación y dependencia de su jefe inmediato el Doctor ROLANDO LENIN PORTILLO y su jefe mediato el Doctor. JORGE ALBERTO VALLE decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Continuó manifestando que durante un lapsus de tiempo entre el 2012 al primer periodo académico en el año 2016 desarrolló funciones como Atención al Paciente, impartió laboratorios de diferentes asignaturas de la carrera de Radio tecnología, Coordinadora de Gestión logística, supervisión de práctica hospitalaria, entre algunas funciones. A partir del II periodo académico del año 2016 se le asignó carga académica por lo que comenzó impartiendo las asignaturas de Control de calidad y Radio protección de forma continua hasta la fecha, además de participar como investigadora, asistente y desarrollar tareas de vinculación, y que a parte de las funciones que había detallado también realizó como parte de sus funciones u obligaciones, el ingreso de calificaciones obtenidas por los estudiantes en la Plataforma Virtual de la Dirección de Ingreso Permanencia y Promoción DIPP, teniendo acceso al sistema donde también los estudiantes asa como los jefes efectúan la evaluación del desempeño docente. Que a partir del mes de septiembre del 2016 se le eligió como Coordinadora de la Sección Académica de Radiaciones y Física Medica, fue nombrada como miembro del Consejo Asesor del departamento de Ciencias Biométricas e Imágenes. Y como parte de la capacitación docente cursó el programa APRENDER UNAH, asimismo obtuve una Maestría en Administración en Salud, todas esas actividades formaban parte de los Méritos Académicos estipulados como tales en el Estatuto del Docente Universitario, Normas Académicas de la Educación Superior, Manual de Puestos y Salarios del personal administrativo y de servicio por lo que consideró que si estaba capacitada para ejercer labores docentes. Argumentó que en vista del trabajo que había venido desarrollando y las capacitaciones y estudios académicos obtenidos y de laborar por un espacio de unos seis años para la UNAH, desde febrero del año 2012, es que demandó la tutela judicial efectiva y al efecto pidió que la UNAH a través de su representante legal procediera a otorgarle la reclasificación de categoría administrativa académica a categoría docente por venir desempeñando funciones docentes y ser la coordinadora de la sección académica de radiaciones y física medica de forma continua y permanente; que se le reconozca de manera permanente la labor docente y se le paguen los ajustes salariales como tal desde la fecha que comenzó a desempeñar las funciones como docentes en el año 2014 y se le respete la estabilidad laboral, en vista de que ya pasaron más de dos periodos académicos como periodo probatorio y no se siguió el proceso señalado en el manual de procedimientos de concurso para la selección de docentes en la UNAH y habiendo plaza disponible en el momento en que la solicitó no se le había querido nombrar en propiedad, por ello inició en fecha 08 de junio del año 2018 tomando en consideración todos los hechos anteriormente relatados, el agotamiento de las instancias internas en la UNAH según el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la UNAH y el SITRAUNAH, finalizando en fecha 30 de mayo del 2018 con el trámite administrativo gubernativo en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social sin que compareciera el patrono ni sus apoderados legales, evidenciando que el patrono hizo caso omiso a tal petición. 2. La parte demandada la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones de la parte demandante, alegando en su defensa que, la demandante desde el año 2012 mediante acuerdos de rectoría inicio a prestar sus servicios para la UNAH como Asistente Técnico de Laboratorios, impartiendo laboratorios en la Escuela de Física (Radio Tecnología). Y que esos contratos fueron temporales, acuerdos emitidos por la Rectoría de la Universidad mismos que regulaban la contratación de los llamados profesores por hora, ya que tenía que existir una vacante, el presupuesto necesario con su respectiva estructura presupuestaria y la demandante someterse a concurso, eso lo define la Ley Orgánica de la UNAH y que internamente el Consejo Universitario como máxima autoridad de la UNAH lo plasma en el respectivo acuerdo que emite cada año, en las normas de ejecución presupuestaria del mismo; manifestó que los documentos expresados con los cuales la parte demandante pretende comprobar su contratación eran documentos mediante los cuales se había girado comunicación internamente los jefes de departamento conjuntamente con el decano de la facultad de medicina en donde se manifestó la voluntad de la reclasificación de categoría de la demandante, cuando el artículo 36 del estatuto del Docente Universitario establece “las plazas vacantes ocasionadas por razón de licencias, vacaciones, permisos, becas y cualquier otra vacante temporal, se cubrirán de manera interina, siempre y cuando se satisfaga una necesidad especifica del departamento, y los sustitutos serán contratados únicamente por el tiempo en el que el sustituido esté ausente por alguno de estos conceptos" asimismo el artículo 35 del mismo estatuto establece..." toda vacante, temporal o permanente que se produzca en el Régimen de Carrera Docente Universitaria, será llenada por concurso", por lo cual la actora de la demanda para optar a una reclasificación ella debió de someterse a un concurso. Y que las funciones por ella manifestadas en su demanda eran las mismas que se realizaban por docentes de cualquier categoría en la UNAH ya que impartir clases implica un trabajo arduo el cual conlleva hasta subir las calificaciones obtenidas en la plataforma de la Dirección de Ingreso Permanencia y Promoción DIPP y esto no genera permanencia dentro de la institución ya que es un trabajo realizado desde un profesor por hora hasta un profesor titular V, la carga académica en una universidad no es exclusiva para determinado docente, ni aun los que son permanentes, mucho menos en la demandante que era un profesor por hora. En la UNAH y como lo establece el Estatuto del Docente Universitario y las Normas Académicas de la UNAH, la carga académica era asignada por el Jefe del Departamento Académico según las necesidades que tuviera en ese momento la institución. Argumentó que el Estatuto del Docente Universitario en su artículo 4 define lo que es "carga académica" y es; las tareas que, en actividades de investigación, docencia, extensión, administración académica, orientación y capacitación docente que se asigna a los docentes de las Unidades Académicas en función de su especialidad y de las necesidades de la institución. Que las normas Académicas de la UNAH en su artículo 277 define también la carga académica y es: La asignación académica del docente es el conjunto de funciones y actividades de docencia, investigación, vinculación universidad sociedad, asesoría académica, gestión del conocimiento, gestión cultural, formación o capacitación, designadas a la unidad a la cual pertenece, de acuerdo a la competencia o especialidad en el campo académico-profesional, considerando la respectiva categoría docente y jornada de trabajo. Cada Jefe de Departamento es responsable de dicha asignación y de evaluar el desempeño de todos los docentes que integran el departamento. El artículo 132 inciso b) del Estatuto del Docente Universitario establece: Solamente cuando la planta de docentes a tiempo completo y dedicación exclusiva no pueda cubrir las exigencias de carga académica, se llamará a cubrirlas a docentes a medio tiempo o por hora. El artículo 123 inciso d) del Estatuto del Docente Universitario establece: Solo podrán contratarse profesores a medio tiempo o por hora cuando la carga académica de los docentes a tiempo completo este plenamente distribuida; concluyéndose que la actividad desarrollada por los profesores por hora no era permanente y solo son contratados cuando las necesidades institucionales así lo ameritaban. Finalmente arguyó que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es sujeto de derecho público, autónoma en su administración, pero sujeto a las leyes nacional y a la jerarquía de los poderes del Estado; por ser institución autónoma ya está preestablecido que las relaciones entre esta y sus empleados se regularan por el Código de Trabajo y sus actos (Actos administrativos) regulados por la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Procedimientos Administrativos. Es así que el demandante para poder tener la titularidad de una carga académica y una relación laboral permanente con mi representada, debe como primer paso someterse a un concurso para poder obtener una plaza permanente como profesor titular I y así sucesivamente su propia carga académica. Y que la figura de los Concursos se encuentra en la Ley de Servicio Civil y no se encuentra regulada en ningún apartado del Código de Trabajo; sin embargo es un acto de la Administración y como tal puede emitirse por cualquier institución del estado, y se inicia con una convocatoria por la cual se hace de conocimiento de los interesados la decisión de someter a concursos determinados cargos públicos o plazas; estrictamente el concurso es un medio para seleccionar a la "persona" más idónea para el cumplimiento de la tarea y tiene en cuenta preferentemente las condiciones personales del candidato. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de abril del 2021, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.-Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE EL PATRONO PROCESA A OTORGARME LA RECLASIFICACIÓN DE CATEGORÍA ADMINISTRATIVA ACADÉMICA A CATEGORÍA DOCENTE POR VENIR DESEMPEÑANDO FUNCIONES DOCENTES Y SER LA COORDINADORA DE LA SECCIÓN ACADEUCA DE RADIACIONES Y FÍSICA MEDICA DE FORMA CONTINUA Y PERMANENTE. QUE SE ΜΕ RECONOZCA DE MANERA PERMANENTE LA LABOR DOCENTE Y SE ME PAGUEN LOS AJUSTES SALARIALES DESDE LA FECHA QUE COMENCÉ A DESEMPEÑAR FUNCIONES DOCENTES. QUE SE RESPETE LA ESTABILIDAD LABORAL EN MI PUESTO DE TRABAJO. COSTAS DEL PRESENTE JUICIO.- HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS COMO MEDIOS DE PRUEBA II. CONDENAR: A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su RECTOR y Representante Legal FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO, a lo siguiente: A que se tenga la relación laboral de la Señora DORIS LISBETH PAZ AMAYA con carácter de indefinida como empleado permanente en categoría docente el puesto de Profesor Auxiliar reconociéndole todos los derechos que otorga el Contrato Colectivo a los empleados permanente. II. Declarar SIN LUGAR los ajustes salariales desde que la señora DORIS LISBETH PAZ AMAYA comenzó a desempeñar sus funciones de docente en vista de que no se encuentran acreditado en autos. III.-Se exonera A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su RECTOR y Representante Legal FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO, a pagar dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”; bajo el criterio que, en el presente asunto, se estima como debidamente acreditados los hechos en los cuales existen conformidad entre las partes, los siguientes: Que la Señora Doris Lisbeth Paz Amaya se desempeñaba cumpliendo funciones docentes de las asignaturas RADIO PROTECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD desde el tercer periodo académico del año 2016 de manera continua y permanente. La patronal mediante oficio 06-2018 CLCD-FCM de fecha 2 de febrero de 2018 le dio respuesta a su solicitud de reclasificación rechazándolo en virtud de que recomiendan a la demandante optar a la carrera docente vía concurso. Que a partir de dicho pronunciamiento por parte del Patrono se nota que el nombramiento a esa plaza se ha vuelto una barrera de entrada para los ciudadanos y trabajadores desprotegiendo la igualdad de oportunidades para desempeñar un puesto o un ascenso, en este caso en particular, ya que tal como lo establece el Art. 39 del Estatuto Docente Universitario “todo concurso se realizará a petición de la respectiva Junta Directiva de la Facultad o del consejo Directivo del Centro Universitario…” siendo que la patronal teniendo el conocimiento de que hay una plaza o al no haber existencia de la misma pero teniendo a sabiendas de que se desempeñan funciones el patrono deba crearla, se ve en la obligación de establecer algún tipo de concurso cerrado como forma de ascenso en la carrera docente recomendación que se efectuó mediante oficio 980-DCD-2018 de fecha 12 de noviembre de 2018 no obstante no fue cumplida. Ya que el Estado de Honduras debe de basarse en una distribución Igualitaria de derechos, deberes y beneficios; es decir que, sobre la base de Interés común, deben de garantizarse medios para aquellos más desfavorecidos y por tanto “desiguales” para que el tengan las mismas oportunidades y así poder ejercer sus potencialidades mínimas en todos los ámbitos. Que si bien es cierto la parte demandada alega que la señora DORIS LISBETH AMAYA PAZ, presta sus servicios para la UNAH, bajo acuerdo como Técnico en Radio tecnología en la práctica ella realiza funciones de carácter docente propias de un profesor auxiliar desde el año dos mil dieciséis; también es cierto que de conformidad con lo señalado en la Constitución de la Republica y el Código de Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código de Trabajo sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los Trabajadores, aunque se expresen en un contrato de Trabajo u otro pacto cualquiera. Que los contratos relativos a labores que por naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. Siendo que en la presente hay una causa que subsiste de naturaleza permanente. Que la pretensión principal de la demandante recae en el reclamo de la Reclasificación de categoría administrativa académica a categoría docente por venir desempeñando funciones docentes de forma continua y permanente extremo que se ha probado de manera indubitada ya que al aplicar el artículo 3 del código del Trabajo que expresa: “son nulos de Ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores”; por lo cual al examinar el mandato de ley con la prueba aportada el suscrito llega a la convicción que en relación a lo alegado por el demandado, y que al tenor de lo que establecen los principios que rigen el derecho laboral como ser el Principio de la Primacía de la Realidad el que hace acopio a la equidad y a la justicia, tomando en cuenta prioritariamente las circunstancias probadas en autos, comprobadas por el Juez por su inmediatez, hechos que son de dominio público, y principalmente el tratamiento que se le da a aspectos puntuales de la relación laboral, en otras palabras los aspectos facticos-sustanciales por sobre los jurídicos- formales, en ese sentido dicho principio tutela el derecho que tiene el trabajador a una remuneración no discriminatoria, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, es que el Juzgador es del convencimiento que procede declarar CON LUGAR la presente demanda, asistiéndole el derecho a la demandante DORIS LISBETH PAZ AMAYA. Que la demandante solicita los ajustes salariales desde la fecha que comenzó a desempeñar funciones docentes no obstante dicha la nivelación salarial e incrementos salariales, no constan haber probado dichos conceptos en autos, por lo tanto, es procedente declarar SIN LUGAR dichos conceptos. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencido en juicio, cuando existan motivos racionales para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de septiembre del 2022, dictó sentencia REFORMANDO DE OFICIO la proferida por el a-quo, en el sentido de revocar parcialmente el numeral DOS de la parte resolutiva del fallo apelado, en donde condenó a la parte demandada a que se tenga la relación laboral de la demandante con carácter de indefinida como empleado permanente a partir del 17 de agosto de 2016, en categoría docente el puesto de Profesor Auxiliar reconociéndole todos los derechos que otorga el Contrato Colectivo a los empleados permanente y confirmó los numerales 1, 2 numeral 2, 3 y 4 de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que, como principio general corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de los preceptos que causaron los derechos impetrados. Así, el demandante debe acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones y el demandando aquellos en que fundamenta su defensa. Que de acuerdo con la sentencia emitida el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, por parte de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, de la Honorable corte Suprema de Justicia; y la cual se hace mención en el expediente No. 10179 de esta Corte de Apelaciones, y de acuerdo con lo establecido en el numeral VIII de dicha sentencia; esta corte de Apelaciones hace suyo dicho criterio y que literalmente se transcribe: “Que en relación al tema de la aplicación del Estatuto del Docente Universitario, este Tribunal ha venido señalando que si bien el empleador puede imponer requisitos de admisión al trabajo, como es el concurso, si el mismo no lo realizó oportunamente y el trabajador adquirió la condición de permanente, no es válido pretender imponer esa exigencia para determinar los derechos que le corresponden, toda vez que es el principal obligado a su realización y por ello no es dable beneficiarse de su omisión.-También ha indicado, que el “profesor por hora” como otras modalidades de contratación de servicios docentes que regula la normativa interna o en la práctica se acostumbra utilizar, configuran auténticas relaciones laborales al reunirse los requisitos que señalan los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo y en circunstancias de que la prestación de esos servicios por su naturaleza sean permanentes o continuas, se considerarán de carácter indefinido al tenor de lo prescrito en el artículo 47 del citado ordenamiento jurídico”. Que, de acuerdo a lo señalado por la Sala Laboral Contencioso Administrativo, la demandante DORIS LISBETH PAZ AMAYA, debe ser considerado como trabajador permanente, ya que no es imputable al trabajador que la UNAH no haya celebrado el concurso respectivo, de acuerdo con el criterio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Que, en relación a los ajustes salariales solicitados por la demandante, los mismos de acuerdo con la prueba aportada y que la apelante hace mención en sus alegatos; los mismos no demuestran que deban pagársele estos ajustes, sino más bien prueban que efectivamente la demandante realizo y realiza funciones de docente, y que para otorgar estos debió acreditar en autos qué ajustes debían pagárseles, lo cual no hizo y por tanto es improcedente el otorgamiento de tales derechos. Que habiéndose resuelto por parte del Juez de primera instancia sobre la permanencia solicitada, se observa que concede la misma, pero no señala a partir de qué fecha debe ser otorgada esta permanencia; y de acuerdo a la prueba que obra en el expediente de mérito, la demandante inició sus labores como docente en el segundo período académico del año 2016 y siendo electa como coordinadora de la sección académica de Radiaciones y Física Médica el 17 de agosto de 2016, puesto que solo los que desempeñan funciones como docente pueden optar a estos cargos de coordinador; por lo que se deben tener como inicio de la relación como docente el 17 de agosto de 2016. Que en vista de las consideraciones legales que anteceden este Tribunal de alzada es de la firme opinión que procede su reformatoria de oficio. 5. Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada TULA HERNÁNDEZ, en su condición de representante procesal de la señora DORIS LISBETH PAZ AMAYA, como recurrente/recurrida; y por el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrida/recurrente, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formularan sus demandas de casación de la siguiente forma: a) A la apoderada demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) Al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6. En fecha 21 de julio del 2023, compareció ante este tribunal, la Abogada TULA HERNÁNDEZ, en su condición de representante procesal de la señora DORIS LISBETH PAZ AMAYA, como recurrente/recurrida, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado, conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación; y en fecha 06 de noviembre del 2023, el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrida/recurrente, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 04 de diciembre del 2023, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado, se ordenó dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; quienes no hicieron uso de ese derecho; por lo que en proveído de fecha 19 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada TULA HERNÁNDEZ, en su condición de representante procesal de la señora DORIS LISBETH PAZ AMAYA, como recurrente/recurrida; y al Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrida/recurrente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Del estudio del fallo se decreta la nulidad de oficio con base a lo establecido en la normativa Constitucional y Procesal Civil Supletoriamente, en virtud que el Ad quem al proferir su fallo incumple con lo establecido en el artículo 200 literal d) del Código Procesal Civil ya que se debió establecer cada estimación o desestimación en base a las pretensiones por su revocatoria, sin que en el presente caso cumpliera, por lo que no llena los requisitos de la sentencia en relación a lo estipulado en el artículo 208 del Código Procesal Civil. (Nulidad por incongruencia). VII. la Tutela judicial que tiene que tener el Ad quem es en base a resolver las pretensiones planteadas conforme a derecho, al efectuar su reforma de oficio y revocar parcialmente el numeral 2 del fallo apelado olvida que es procedente el reconocimiento de la permanencia pero no el calificativo de categorías, por lo consiguiente la UNAH debe reconocer la permanencia; sin hacer alusión a nomas de escalafón, ya que esta es facultad de la institución, en el caso que nos ocupa al hacer el nombramiento y ordenar categoría en el cargo de profesor titular 1 no es competencia del juez de instancia, la misma llega hasta declarar la permanencia y los derechos que le corresponden, el cual es de nombramiento de la institución de acuerdo a los reglamentos , estatutos y leyes laborales que sujetan a los demandantes con la institución hasta la fecha en que con sujeción a las leyes procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva, de igual manera debe confirmarse los numerales a que hace referencia. VIII. Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho de acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. IX. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciados por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta jurisdicción de Francisco Morazán de fecha veintinueve de septiembre del dos mil veintidós, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. XI. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 59,60, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 726 y 858 del Código del Trabajo; 8, 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 literal 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha veintinueve de septiembre del dos mil veintidós, Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA. FIRMA Y SELLO ELECTRONICO. ROY PINEDA CASTRO. FIRMA Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 694-2022. FIRMA Y SELLO.

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.