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Sentencia CL-611-23 — Registro 19637

Resumen

En la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la legalidad y justa causa del despido, caso contrario se reconozca la permanencia, primera instancia declarando con lugar la demanda, se le reconoce la antigüedad condena a pagar a título daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrado en su puesto de trabajo, segunda instancia falla, declarando no ha lugar el recurso, reformando de oficio la sentencia definitiva reformando parcialmente, reconoce estatus de empleado permanente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) omite en la formulación indicar la norma sustantiva del orden laboral que se estime infringida conforme al artículo 769 numeral 5 literal a del código de trabajo; b) la norma que indica como violada refiere a los artículos 127, 256, 257, de la Constitución de la República de Honduras, 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil que, no fueron señalados como infringido o relacionados en la formulación y, que en todo caso, no corresponde al precepto nacional laboral; y, c) formula alegatos de instancia. Además, este Tribunal observa que el juzgador de instancia al momento de valorar el material probatorio lo ha hecho conforme a la libre formación de convencimiento decidiendo lo que corresponde en derecho. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 12 de junio del 2024, por el Abogado MOISÉS DAVID CRUZ ESCOTO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor SANTOS AGUIRRE MENDEZ, representado en juicio por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la legalidad y justa causa del despido, caso contrario se reconozca la permanencia en virtud de una simulación contractual y se le reintegre a su puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría y a títulos de daños y perjuicios, el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales vigentes la sentencia definitiva quede firme, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de junio del 2018, por el señor SANTOS AGUIRRE MENDEZ, mayor de edad, casado, Guardia de Seguridad, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 16 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 29 de abril del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA. 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva venida en apelación, de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REFORMANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL 2) el que deberá leerse de la siguiente manera: a) SE DECLARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE del señor SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ desde el inicio de la relación laboral 02 de mayo de 2014 en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; por lo que el numeral 2 queda de la siguiente forma "SE DECLARA QUE LA RELACIÓN DE TRABAJO QUE MANTUVO EL DEMANDANTE SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ CON EL ESTADO DE HONDURAS A TRÁVEZ DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), DESDE SU INICIO FUE POR TIEMPO INDEFINIDO POR LO QUE SE RECONOCE EL DE ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE DEL SEÑOR SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ desde el inicio de la relación laboral 02 de mayo de 2014 en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; B).- CONFIRMANDO los numerales 1 y 3 de la sentencia definitiva apelada y los demás extremos del numeral 2; confirmándose lo referente a sin costas. Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA LEGALIDAD Y JUSTA CAUSA DE DESPIDO, CASO CONTRARIO SE RECONOZCA LA PERMANENCIA EN VIRTUD DE UNA SIMULACIÓN CONTRACTUAL Y SE REINTEGRE AL PUESTO DE TRABAJO U OTRO O MEJOR CATEGORÍA Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES VIGENTES QUEDE FIRME; promovido por el señor SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales Ambiente y Minas (MI AMBIENTE).- SIN COSTAS en esta instancia" ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, comenzó a laborar para la parte demandada el 02 de mayo del 2014, devengaba un salario de L. 10,367.00, donde se desempeñó en el cargo de Guardia de Seguridad en distintas jornadas sin tener una hora de entrada y salida determinada, en jornada diurna desempeñaba sus labores por un turno de 10 horas y en jornada mixta de 14 horas. Manifestó que su desempeño laboral se desarrolló de forma continua, sin ninguna falta disciplinaria, ninguna falta injustificada a sus labores y en el óptimo desempeño sin ningún tipo de llamado de atención ni queja. Argumentó que su relación laboral comenzó siendo una de tiempo definido con su primer contrato teniendo unos 6 meses, al terminar este contrato se le dio otro contrato de 12 meses, que se le renovó de forma continua, creando una ficción contractual en conformidad con la ley, hasta que el 28 de febrero del 2018 se le informó mediante a una carta de despido, que no se le iba a renovar su contrato laboral; razón por la que decidió ir a la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social con la finalidad de que se justificara su despido o se le reintegrara a su puesto de trabajo, donde se le nombró al inspector de trabajo Amílcar Ponce, quienes se apersonaron en las instalaciones físicas del lugar de trabajo en donde se levantó acta, la cual acompañó a la demanda, donde dejó constar que no se seguiría contando con sus servicios. Por lo que, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio de conformidad con la ley, acudió ante la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo se agotó las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones que persigue el demandante, apoyando su defensa, aduciendo que no es suficiente la afirmación que hace la parte demandante en los hechos de la demanda, ya que debe fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Señora Juez, pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio. Arguyó que, atendiendo la naturaleza jurídica del demandado, y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le eran aplicables las disposiciones del Código del Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito el Reglamento de la Ley de Servicio Civil y demás normas administrativas, razón por la que, considerando las necesidades del demandado, se contrató al demandante mediante la modalidad de servicios profesionales, en aplicación estricta de los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 1) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que caso como el que nos ocupa es jurisdicción de lo Contencioso y no del Juzgado del Trabajo; y que si el demandante pretendía ser reintegrado y gozar del estatus de empleados permanentes en la Administración Pública, era requisito sine qua non cumplimentar lo requerido en el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil que dispone: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere.... Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley"; de igual manera el Artículo 7 del reglamento de la Ley del Servicio Civil dispone: "El régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del Poder Ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del Articulo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso", normativas que no habían sido cumplimentadas, ni siquiera promovidas administrativamente ante las autoridades competentes de la Administración por el demandante, y que el demandado por consiguiente no podía excluir para realizar un nombramiento fuera de las normas y procedimiento legales que debían cumplirse para lograr la permanencia, y no de la forma casi coercitiva como procuró el actor que se le otorgue un derecho subjetivo para el cual no había promovido diligencia previa y no había sido aprobada su permanencia a las funciones que ejerció bajo la modalidad de contrato a término, equivocando además la vía para ejercer su insustancial reclamo, debiendo haberse interpuesto el mismo ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, competente para dirimir el juicio en concordancia a lo que establece el Artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado...". Por tanto, era completamente improcedente la pretensión que perseguía el demandante, en cuanto a que esta judicatura del trabajo le otorgue la permanencia bajo régimen de servicio civil, lo que es claro extrapola la competencia del Juez del Trabajo, siendo competente única y exclusivamente para tal fin, la Dirección General de Servicio Civil. Otorgar tal nombramiento de parte de este Juzgado, sería una evidente trasgresión de su competencia. Continuó manifestando que con el hilo conductor, para obtener el acuerdo, se debía crear una plaza debiendo ser aprobada por la Dirección General de Servicio Civil y la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, pues a contrario sensu estaría en flagrante violación a la Ley de conformidad a lo que establece el Artículo 35 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que dispone: "Queda estrictamente prohibido a las instituciones del sector publico adquirir compromisos extrapresupuestarios. Los mismos no serán reconocidos como deuda pública ni registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas no tramitara ninguna solicitud de modificación presupuestaria por este concepto y queda autorizada para establecer las regulaciones pertinentes de rechazo automático en el sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI)", por consiguiente, no procedía lo solicitado por la parte demandante. Finalmente, rechazó totalmente lo manifestado por el demandante en relación al hecho de que presentaron el reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, por no ostentar el demandado facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, asimismo, mencionó que la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social no es competente para conocer dicha materia; en consecuencia la pretensión exigida en ese juzgado por la parte actora, debe ser declarada sin lugar al no asistirles el derecho subjetivo que pretende y sería en el proceso del debate que se acreditaría que la parte actora no tuvo sustentación jurídica para litigar en la presente causa, y que se le debe condenar en costas. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de abril del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República y representante legal de aquel entonces, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. 2) SE DECLARA que la relación de trabajo que mantuvo el demandante SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ con el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), desde su inicio fue por tiempo Indefinido, por lo que se le reconoce la antigüedad a partir del 2 de mayo del año 2014, para lo cual se ordena a la Secretaría de Estado en El Despacho De Recursos Naturales Ambiente Y Minas (MIAMBIENTE) a que proceda a realizar los trámites correspondientes para que se le otorgue al demandante SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ el documento que lo acredite como empleado permanente de la Secretaría de Estado de en El Despacho De Recursos Naturales Ambiente Y Minas (MIAMBIENTE) en el cargo de VIGILANTE. 3) CONDENA al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado de en El Despacho De Recursos Naturales Ambiente Y Minas (MIAMBIENTE) a pagar a título daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrado en su puesto de trabajo. SIN COSTAS en esta instancia”; bajo el criterio que, el punto central de discusión del presente asunto es determinar si las labores desempeñadas por el demandante eran de tipo permanente, por lo que cuando la relación de trabajo terminó, debió aplicarse alguna de las causales que se encuentran sujeta al régimen de despido contemplado en el artículo 112 del Código del Trabajo, al no ser así, se produjo un despido que además de ilegal fue injusto, por lo que le corresponde al Estado de Honduras, restituirlo en el cargo que desempeñaba u otro de igual categoría; o por el contrario no les corresponde en vista que la relación inicio bajo la contratación de servicios profesionales, teniendo un Inicio y termino en tiempo estipulado, regulados por el derecho administrativo, sujeto a la ley de Servicio Civil. Que la prestación del servicio es el supuesto necesario para la aplicación del derecho del Trabajo, dicho en otras palabras, es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades lo que hace que el trabajador se encuentre amparado en el Derecho del Trabajo. Que, lo anterior se entiende a través de la relación de trabajo, en virtud de la cual prevalece la verdad de los hechos por encima de los acuerdos formales y la sola prestación del trabajo produce los mismos efectos jurídicos. Que en el presente caso, de la documentación aportada al proceso resulta evidente la sucesiva contratación del demandante para ocupar un mismo puesto de trabajo de Vigilante en la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), las labores que desempeñaba eran de naturaleza permanente por lo cual el contrato celebrado se debe considerar por tiempo indefinido desde la fecha en que ingreso a laborar el 02 del mes de mayo del 2014, de conformidad con los artículos 47 y 52 párrafo último del Código del Trabajo que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado, por lo que es procedente declarar la presente demanda CON LUGAR. Que se exime el pago de las costas en virtud que las partes tuvieron motivos racionales para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de agosto del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA. 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva venida en apelación, de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REFORMANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL 2) el que deberá leerse de la siguiente manera: a) SE DECLARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE del señor SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ desde el inicio de la relación laboral 02 de mayo de 2014 en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; por lo que el numeral 2 queda de la siguiente forma "SE DECLARA QUE LA RELACIÓN DE TRABAJO QUE MANTUVO EL DEMANDANTE SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ CON EL ESTADO DE HONDURAS A TRÁVEZ DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), DESDE SU INICIO FUE POR TIEMPO INDEFINIDO POR LO QUE SE RECONOCE EL DE ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE DEL SEÑOR SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ desde el inicio de la relación laboral 02 de mayo de 2014 en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; B).- CONFIRMANDO los numerales 1 y 3 de la sentencia definitiva apelada y los demás extremos del numeral 2; confirmándose lo referente a sin costas. Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA LEGALIDAD Y JUSTA CAUSA DE DESPIDO, CASO CONTRARIO SE RECONOZCA LA PERMANENCIA EN VIRTUD DE UNA SIMULACIÓN CONTRACTUAL Y SE REINTEGRE AL PUESTO DE TRABAJO U OTRO O MEJOR CATEGORÍA Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES VIGENTES QUEDE FIRME; promovido por el señor SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales Ambiente y Minas (MI AMBIENTE).- SIN COSTAS en esta instancia". Bajo el criterio que, este Ad-quem en frecuentes fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia, el pago de sus prestaciones laborales o el reintegro a su puesto de trabajo y se les considere como trabajador permanente; ya que se ha dejado suficientemente claro, que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo. Que habiéndose acreditado en autos que la relación que sostenían el demandante con el Estado de Honduras, era de naturaleza permanente, y tratándose de verdaderos contratos de trabajo los suscritos por el demandante, no procede el otorgamiento de un acuerdo de nombramiento, ya que la Juez al otorgar la permanencia, lo hace con todas las facultades que la ley le da como juzgadora, y a la parte demandada no le queda más que dar cumplimiento a la sentencia condenatoria por consiguiente es el reconocimiento del estatus de empleado permanente; por lo que procede reformar de oficio la sentencia en su numeral segundo en referencia que se declara el reconocimiento de estatus de empleado permanente al señor SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ desde el inicio de la relación laboral es decir desde el 02 de mayo del 2014, en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral y no como lo establece dicho numeral en el cual se ordena a la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) a que proceda a realizar los trámites correspondientes para que se otorgue al demandante SANTOS AGUIRRE MÉNDEZ el documento que lo acredite como empleado permanente de la secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) en el cargo de Vigilante. Por lo que en este sentido procede reformar de oficio la sentencia apelada. 5.- Mediante auto de fecha 08 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 12 de junio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado MOISES DAVID CRUZ ESCOTO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 01 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de octubre del 2024, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado MOISES DAVID CRUZ ESCOTO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos Administrativos de Servicios Personales, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a incurrir en defectos y vicios del fallo recurrido, puesto que es violatorio de la Ley. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Contratos Administrativos de Servicios Personales mismos que corren agregados de folio 43 al 93 del expediente judicial, suscritos entre el demandante y el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL ÚNICO MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que al demandante no le asiste el derecho para solicitar el reintegro y la permanencia y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicita en su improcedente demanda, ya que al suscribir Contratos Administrativos de Servicios Personales, evidentemente se trata de una relación de servicio, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por el demandante; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la referida "Demanda Ordinaria Laboral", pues como se ha indicado, se trata de una relación de servicio y no de una relación de trabajo, ya que la normativa de los artículos 127 y 256 de la Constitución de la República de Honduras, establece una clara diferencia entre el "derecho del trabajo" y "la relación de servicio", razón por la cual el demandante no puede augurar que la relación contractual mediante Contratos Administrativos de Servicios Personales con mi representado es una relación de trabajo, pues dicha norma constitucional en su artículo 256 establece que es el Régimen de Servicio Civil el que regulará las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, siendo el caso que nos ocupa, lo anterior en analogía con el artículo 257 del mismo estamento legal constitucional, donde remite a la regulación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento y observando lo establecido en los artículos 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, mi representado está facultado para ejercer legalmente la contratación del demandante, por lo que en caso de tener alguna objeción sobre lo establecido en las cláusulas del contrato suscrito con mi representado el Estado de Honduras a través del Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+), debió interponer la acción ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero nunca aseverar que lo presente es una relación de trabajo permanente; en consecuencia, es improcedente la pretensión del demandante en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación de servicio, razón por la que la demanda interpuesta por el señor SANTOS AGUIRRE MENDEZ debió ser declarada SIN LUGAR”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) omite en la formulación indicar la norma sustantiva del orden laboral que se estime infringida conforme al artículo 769 numeral 5 literal a del código de trabajo; b) la norma que indica como violada refiere a los artículos 127, 256, 257, de la Constitución de la República de Honduras, 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil que, no fueron señalados como infringido o relacionados en la formulación y, que en todo caso, no corresponde al precepto nacional laboral; y, c) formula alegatos de instancia. Además, este Tribunal observa que el juzgador de instancia al momento de valorar el material probatorio lo ha hecho conforme a la libre formación de convencimiento decidiendo lo que corresponde en derecho. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,

RECEPTORA ADSCRITA.