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Sentencia CL-61-24 — Registro 20316

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de unos injustos despidos, caso contrario sea condenado al reintegro al trabajo en igualdad de condiciones, a título de daños y perjuicios se condene al pago de salarios dejados de percibir, reajuste y nivelación de salario por incrementos anuales pactados en el contrato colectivo vigente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Recurrente no es claro al expresar su motivo de casación; b) el Recurrente fundamenta su recurso de casación en una violación directa de las normas sustantivas laborales, por lo que, debió subsumir la explicación de su motivo en hechos aceptados en el juicio. Por el contrario, la explicación del motivo de casación incluye hechos que fueron controvertidos en el juicio, los cuales son incompatibles con este tipo de motivo invocado; c) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) formula alegatos propios de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 03 de junio del 2024, por el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores CRISTIAM OMAR AGUILAR LARIOS, BELKYS YAHAIRA GALLARDO IZAGUIRRE y ANTONIO FRANCO, representados en juicio por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de unos injustos despidos, caso contrario sea condenado al reintegro al trabajo en igualdad de condiciones, a título de daños y perjuicios se condene al pago de salarios dejados de percibir, reajuste y nivelación de salario por incrementos anuales pactados en el contrato colectivo vigente entre la Municipalidad y el Sindicato, extra y ultra petita, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 14 de febrero del 2023 por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de los señores CRISTIAM OMAR AGUILAR LARIOS, soltero, Auxiliar de Enfermería; BELKYS YAHAIRA GALLARDO IZAGUIRRE, soltera, Estudiante, y ANTONIO FRANCO, casado, Jornalero, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de noviembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de septiembre del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones que tenían al momento de su despido promovida por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, quien actúa en su condición de apoderado judicial de los señores CRISTIAM OMAR AGUILAR LARIOS, BELKYS YAHAIRA GALLARDO IZAGUIRRE, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, Todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) DECLARA SIN LUGAR la demanda laboral promovida por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, quien actúa en su condición de apoderado judicial del señor, ANTONIO FRANCO, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA.- 3) ABSUELVE a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, de toda responsabilidad proveniente del reclamo interpuesto por el trabajador ANTONIO FRANCO.- 4) CONDENA: a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA a REINTEGRAR a los trabajadores CRISTIAM OMAR AGUILAR LARIOS Y BELKYS YAHAIRA GALLARDO IZAGUIRRE, al puesto que venía desempeñando en iguales o mejores condiciones que tenía al momento del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo. 5) SIN COSTAS: En virtud de que el derecho del trabajo es de carácter social”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Las partes demandantes, expresaron en el escrito de su acción que, iniciaron su relación laboral con la Municipalidad de San Pedro Sula mediante contrato de trabajo escrito de la siguiente manera: 1) Cristiam Omar Aguilar Larios, en fecha 17 de mayo del año 2020, en el cargo de Auxiliar de Enfermería, asignado en el asilo de ancianos Perpetuo Socorro, devengando un salario de L13,700.00 mensuales, con tres turnos rotativos de lunes a viernes con un horario de la forma siguiente: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.; 2) Belkys Yahaira Gallardo Izaguirre, en fecha 01 de noviembre del año 2018, en el cargo de Amigo Municipal Comunitario, devengando un salario de L.13,146.10 mensuales, con un horario de 6:30 a.m. a 3:30 p.m. cuando estaba en el Centro de Salud de Rio Blanco; y, 3) Antonio Franco, inició su relación laboral en el mes de octubre del año 2006, desempeñando el cargo de Policía Municipal, devengando un salario mensual de L.13,000.00 mensuales, con tres turnos rotativos de lunes a viernes en la forma siguiente: de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. y de 8:00 p.m. a 6:00 a.m. sin embargo fue injustamente acusado de haber cometido un delito por el cual estuvo guardando prisión hasta ser absuelto y liberado no habiendo sido despedido por el patrono sino hasta que solicitó su reintegro al trabajo con apoyo del Sindicato de la Municipalidad; verificándose el pago de sus salarios mediante depósitos en sus cuentas de ahorro. Que en todo momento los demandantes cumplieron con sus funciones a cabalidad en estricto cumplimiento de sus funciones al servicio de la Municipalidad de San Pedro Sula; que la relación laboral que vinculó a los demandantes con la demandada llegó a su fin mediante la entrega de sendas cartas de despido en las fechas siguientes: 1) Cristiam Omar Aguilar Larios, fue despedido verbalmente por la Dra. Ana María Garrigó en fecha 31 de enero del año 2023, sin causa justificada y sin audiencia de descargo, 2) Belkys Yahaira Gallardo Izaguirre, fue despedida en fecha 10 de enero del año 2023, invocando como causal de despido el cierre del Departamento de Amigos Municipales Comunitarios, lo cual es arbitrario e injusto porque sus labores las brindaba para la Municipalidad de San Pedro Sula, y no para un departamento en especial, 3) Antonio Franco, quién solicitó su reintegro luego de haber estado recluido injustamente en un establecimiento penitenciario, del cual tuvo conocimiento el patrono tan es así que se mantuvo cancelando el salario del trabajador los primeros 5 meses de reclusión, no habiendo el patrono emitido ninguna acción de despido durante la reclusión del demandante, procediendo tardíamente el patrono a despedir al trabajador en fecha 23 de enero del 2023 cuando la acción del despido se encontraba prescrita, según consta en acta laboral levantada por el Procurador Municipal. Que ante los ilegales despidos del cual fueron objeto los demandantes por parte de su patrono, se vieron en la necesidad de acudir ante las oficinas de la Secretaría del Trabajo a efecto de formular sus reclamos laborales, entidad que libró a la demandada varias citaciones para la audiencia de conciliación, en las cuales el representante de la demandada no ofreció ningún arreglo conciliatorio, por tal motivo el conciliador laboral resolvió dar por finalizada las diligencias gubernativas conciliatorias administrativas, dejando expedita la vía judicial ordinaria. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que, se rechaza y se opone a lo manifestado por los demandantes y argumenta que los demandantes laboraron bajo la modalidad mediante contrato individual de trabajo, tal y como se acredita con las constancias de trabajo extendidas por la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad las cuales se presentaran en el momento procesal oportuno; que la demandada realizó los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo, con la causal legal apegada a derecho, por terminación del contrato según la Cláusula Tercera, y Séptima vigencia del contrato, relacionada con la vigencia del Contrato Individual de Trabajo; que los demandantes no están basados en la verdad, por lo que se debe declarar improcedente la demanda sin responsabilidad de la Municipalidad de San Pedro Sula; que los demandantes alegan que realizaban sus labores asignadas en sus diferentes puestos, queda claramente establecido que habiéndose notificado de la finalización de sus respectivos contratos individuales de trabajo, suscritos bajo la metodología de contrato individual de trabajo había llegado a su final, pues los demandantes buscaron la autoridad de la Secretaría del Trabajo para agotar el procedimiento de la notificación del despido y vencimiento del contrato, entregado por las oficinas de la Gerencia de Desarrollo Humano se le confirmó que la posición de la Municipalidad en uso de sus facultades, de manera legítima y apegado a derecho, era que el contrato había llegado a su fin y no sería renovado, pues la demandada es muy respetuosa de las leyes laborales. Los demandantes alegan que sus despidos fueron injustificados y arbitrarios, esto es rechazado por la parte demandada, y en cuanto al señor Antonio Franco nunca acreditó ni notificó a la demandada el motivo de haber abandonado su puesto de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su detención ni se reintegró a su puesto de trabajo dentro de los dos días siguientes a la fecha de haber sido puesto en libertad, por tal razón su reclamo es extemporáneo, en cuanto a lo alegado por los demandantes que no se le realizó audiencia de descargo esto se debió a que su contrato de trabajo ya había llegado a su fin y sin responsabilidad para la demandada por lo que no hay razón de alegar lo contrario, además la demandada expresa que a los demandantes ya se les había notificado que su contrato de trabajo no sería renovado a lo cual estuvieron de acuerdo, razón por la cual no procede el reintegro. Los demandantes acudieron a la Secretaría del Trabajo para agotar el procedimiento administrativo acción que según la demandada no procede, ya que el contrato había llegado a término y en ningún momento la demandada los había contratado por tiempo indefinido. La notificación de despido se efectuó en las fechas 10, 23 y 31 de enero del año 2023, la demandada expone que según la cláusula tercera del contrato de trabajo establece que no es necesaria la notificación, sin embargo, este puede rescindirse sin ninguna responsabilidad para la demandada cuando haya pérdida de confianza hacia los demandantes, inhabilidad manifiesta que haga imposible el cumplimiento del contrato, o por decisión unilateral de cualquiera de las partes, por tal razón considera que no era necesario notificar el despido a los demandantes y que se ha actuado conforme a derecho, en cuanto a lo alegado por los demandantes que hubo violación de derechos laborales y de defensa la demandada rechaza estos señalamientos, además, la demandada menciona que reconoce a la autoridad de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social como mediadora, pero en este caso los demandantes no ameritaron conciliación alguna, ya que los contratos llegaron a su término sin responsabilidad de parte, considerando que cuenta con suficientes elementos probatorios para acreditar la legalidad de la notificación sobre la finalización de contrato individual de trabajo sin responsabilidad de su parte. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de septiembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones que tenían al momento de su despido promovida por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, quien actúa en su condición de apoderado judicial de los señores CRISTIAM OMAR AGUILAR LARIOS, BELKYS YAHAIRA GALLARDO IZAGUIRRE, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, Todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) DECLARA SIN LUGAR la demanda laboral promovida por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, quien actúa en su condición de apoderado judicial del señor, ANTONIO FRANCO, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA.- 3) ABSUELVE a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, de toda responsabilidad proveniente del reclamo interpuesto por el trabajador ANTONIO FRANCO.- 4) CONDENA: a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA a REINTEGRAR a los trabajadores CRISTIAM OMAR AGUILAR LARIOS Y BELKYS YAHAIRA GALLARDO IZAGUIRRE, al puesto que venía desempeñando en iguales o mejores condiciones que tenía al momento del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo. 5) SIN COSTAS: En virtud de que el derecho del trabajo es de carácter social”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis practicado a la prueba en su conjunto los contratos de empleo por hora entre los demandantes y la demandada, están regulados por las disposiciones generales de los contratos de trabajo y no por las disposiciones particulares o especiales como lo es la Ley de empleo por hora como lo alega la parte demandada llevando a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) Quedó acreditado en autos según los contratos de trabajo de los demandantes fue continua nunca se interrumpió la relación, y la demandada no acreditó haber inscrito todos los contratos en la Secretaría de Trabajo, y al no inscribir los contratos la relación laboral se convierte en contrato de trabajo por tiempo definido; 2) Por lo que es indudable que el nexo jurídico laboral que vinculó a las partes se deriva de la suscripción de un contrato individual de trabajo; que por lo anteriormente expuesto y siendo que se encuentra acreditado en autos que la demandada finalizó la relación de trabajo con el demandante Cristiam Omar Aguilar Larios, por aducir que su contrato llego a su fin, sin existir causas justas, razón por las cuales es procedente declarar con lugar la demanda y ordenar el reintegro del demandante Cristiam Omar Aguilar Larios; 3) Que en relación al despido de la demandante Belkys Yahaira Gallardo Izaguirre, este no se ajusta a derecho, ya que si bien el Código de Trabajo establece como causa de terminación de los contratos se encuentra la liquidación o la clausura definitiva de la empresa o establecimiento, y la demandada establece en la nota de terminación de la relación de trabajo que suprimió el departamento donde se desempeñaba la demandante, pero la demandada no suprimió ni clausuró definitivamente todos los departamentos de la Municipalidad, por lo que dicha clausura se hizo en forma parcial como una restructuración, y en materia laboral se rigen por los principios laborales y uno de ellos es la estabilidad laboral, cuya ponderación y limite se relacionan con la justa separación, y una de las obligaciones que establece el Código de Trabajo en su art.95 numeral 19 es respetar los derechos de antigüedad, igualdad de condiciones para que estos sigan trabajando, por lo que la demandada al tener conocimiento de la clausura de dicho departamento hubiera reubicado a la demandante en otras áreas existentes dentro de la demandada, ya que la estabilidad laboral y el Derecho al Trabajo están consagrados en la Constitución de la República, que si bien es cierto la demandada ofrece pagarle a la demandante el 100% de sus prestaciones pero la demandante reclama el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones que tenía al momento del despido, de conformidad a lo establecido en el artículo 113 del Código del Trabajo, razón por la cual procede declarar con lugar la demanda y ordenar el reintegro a la demandante Belkys Yahaira Gallardo Izaguirre; 4) Que en cuanto al despido del demandante Antonio Franco, la demandada aduce que la relación laboral se dio por terminada conforme al art.106 del Código de Trabajo, quedó acreditado en autos que el demandante fue privado de su libertad en fecha 15 de octubre del año 2020, por el supuesto delito de violación y otras agresiones sexuales, y según la carta de libertad este fue puesto en libertad en fecha 29 de julio del 2022, y pone en conocimiento de su libertad a la demandada y solicita su reintegro hasta el 05 de agosto del año 2022, y el art.106 del Código de Trabajo establece que el trabajador dará aviso al patrono dentro de los cinco días siguientes de su detención o prisión y tendrá la obligación de reanudar a su trabajo dentro de los dos días siguientes de haber sido puesto en libertad, y el solicitar su reintegro hasta el 05 de agosto del año 2022, dejó transcurrir el término que le otorga el art.106 del Código de Trabajo para reintegrarse al puesto de trabajo, y el incumplimiento de esta norma legal da lugar a la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad, razón por la cual es procedente declarar sin lugar la demanda para el reintegro a su puesto de trabajo interpuesta por el demandante Antonio Franco. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 28 de noviembre del 2023, dicto sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, la demandada se basa principalmente en el argumento de que la relación que existió con los señores Cristiam Omar Aguilar y Belkys Yahaira Gallardo, fue mediante la suscripción de contratos a término, pero de la revisión de los autos se observa que al juicio lo que se aportaron fueron contratos por hora, en los que se pactó una jornada de ocho horas, sin que se acredite estar debidamente calificada para contratar jornadas completas por la Secretaría de Trabajo; el hecho de pactar una jornada completa implica que se incumple con la referida normativa, por ende sale de ese ámbito, sumado a ello aunque en los citados contratos también se pactó que en el salario se incluye el 20% equivalente al décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario y auxilio de cesantía como lo señala la recurrente; ello fue revertido con las boletas de pago de salario mensual y consulta de ingreso por mes en las que no se detallan tales conceptos, por lo que a la luz del principio de primacía de la realidad, la documentación en referencia es insuficiente para acreditar que se trata de un contrato de excepción regido por la Ley de Empleo por Hora; de manera que la finalización de los contratos de los demandantes es ilegal por cuanto solo podría finalizarse invocando y probando cualquiera de las causas establecidas en el art. 112 del Código de Trabajo y el vencimiento del contrato no lo es; en relación al argumento del cierre del departamento de Amigos Municipales Comunitarios no resulta probada tal circunstancia. Los artículos 100.9 y 106 del Código del Trabajo, establecen entre otras, que es causa de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes, la detención o la prisión del trabajador decretada por autoridad competente; en cuyo caso el trabajador dará aviso al patrono dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que comenzó su detención o prisión, y tendrá la obligación de reanudar su trabajo dentro de los dos (2) días siguientes de haber sido puesto en libertad, más el término de la distancia en su caso. El incumplimiento de una de estas obligaciones, o la detención del trabajador por más de seis (6) meses dará lugar a la terminación del contrato, sin responsabilidad para ninguna de las partes. Dicha regulación se relaciona con uno de los elementos contractuales naturales del contrato o relación de trabajo: la prestación personal de servicios; y es que, siendo la obligación principal la de prestar los servicios por parte del empleado, privado este de su libertad desaparece la posibilidad de dicha prestación, impidiendo la prosecución del contrato o relación laboral. Ante esa probable situación, el derecho al trabajo y la estabilidad en el empleo garantizada constitucionalmente, el legislador consideró que de presentarse la imposibilidad de realizar las tareas laborales por la detención del empleado, es consecuente la suspensión del contrato de trabajo, debiendo el trabajador dar aviso a su empleador dentro de los cinco días siguientes a aquel en que comenzó su detención, con la obligación de reincorporarse a su trabajo dentro de los dos días siguientes de haber sido puesto en libertad; de no cumplirse con estas obligaciones o si la detención supera los seis meses, la ley autoriza la desvinculación laboral sin responsabilidad para ninguna de las partes; lo cual es 1ógico porque no se puede tener en suspenso una relación de trabajo de manera indefinida; de la revisión de los autos no consta que el señor Antonio Franco haya cumplido con lo estipulado en la norma legal precitada, pues no comunicó su detención ni se reincorporó en el término antes citado, por lo que los argumentos del representante actor resultan inatendibles. 5.- Mediante auto de fecha 10 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SERVIO TULIO MELARA MEJIA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 03 de junio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 15 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de octubre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA en su único motivo de casación alega: “ Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por falta de apreciación de determinadas pruebas habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho ya que el Juez ad quem no aprecio ni le dio valor probatorio al medio probatorio denominado CONTRATOS DE TRABAJO DE EMPLEO POR HORA REGISTRADOS EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, bajo la modalidad empleo por hora según número 0944 de la ciudad de San Pedro Sula, con el objeto de establecer que los demandantes fueron contratados al tenor de lo dispuesto en el decreto legislativo 354-2013 contentivo de la Ley de empleo por hora. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a la Municipalidad de San Pedro Sula, a través de su representante legal Roberto Contreras Mendoza a reintegrar a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones así como al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta el reintegro de los trabajadores CRISTIAM OMAR AGUILAR LARIOS y BELKYS YAHAIRA GALLARDO IZAGUIRRE, por los conceptos de prestaciones concedidas por el Juez a quo, pero la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, ante una Falta de apreciación de determinada prueba Documental habiendo incurrido en un error de derecho ya que no aprecio una prueba misma que tenía todas las solemnidades requeridas como ser los contratos suscritos con cada uno de los trabajadores (folios 89 al 98, 108 al 148 p.p.a.), que era fundamental para la aclaración de los hechos que motivaron el despido de los ahora demandantes: La terminación de la Relación de trabajo de mi representada con de los ahora demandantes si fue apegado a derecho ya que efectivamente los contratos de prestación de servicios por hora suscritos entre mi Representada y de los ahora demandantes mismos que fueron Registrados en tiempo y forma ante las Autoridades del Ministerio del Trabajo, habiéndose convenido en la Cláusula Octava de dicho contratos tal como lo ordena la ley de Empleo por Hora, cláusula que literalmente dice: “CLAUSULA OCTAVA: el empleador conviene en pagar al trabajador el salario base más una compensación no habitual equivalente al veinte por ciento sobre el salario base de lps. 8.33 por hora, detallado de la siguiente manera: el 16% equivalente al pago del treceavo y catorceavo mes de salario y el 4% equivalente al pago de auxilio de cesantía.- esta compensación no habitual será pagada en la misma fecha y frecuencia y modalidades en que se pague el salario base y la misma no constituye salario' así como la Cláusula decima que literalmente dice: CLAUSULA DECIMA: que entendido que la fecha de terminación del servicio contratado pone termino a la relación de trabajo sin responsabilidad de las partes” Como podrá ver Honorable Sala de lo Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia con la sentencia dictada por el juez a quo y confirmada por la Honorable Corte de Apelaciones que le está concediendo a los ahora demandantes reintegrarse a su puesto de trabajo es totalmente improcedente, ya que esto violenta el precepto legal de la alternabilidad que tiene dicho demandantes de reintegrarse a su puesto de trabajo o en su lugar el pago de prestaciones sociales, pero con la sentencia emitida de fecha veintiocho (28) de noviembre el mil veintitrés (2023) dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del trabajo de San Pedro Sula le está concediendo ambas cosa pues como se podrá ver a ellos mensualmente mediante una compensación no habitual se les iba pagando sus prestaciones sociales y ahora la Honorable Corte de Apelaciones del trabajo de San Pedro Sula, al confirmar la sentencia dictada por el juez a quo, con su sentencia está condenando a mi representada a las dos cosas la primera al pago de prestaciones sociales que como se explicó ya los pago mi representada y ahora la condena en una misma acción al reintegro a sus puestos de trabajo, porque como se explicó y ahora se vuelve hacer dichos pagos mi representada ya los hizo y ahora se le condena al reintegro de dichos trabajadores habiéndose pagado el totalidad de sus prestaciones sociales a los ahora demandantes en forma mensual con LA COMPENSACION NO HABITUAL DEL 20% SOBRE EL SALARIO, lo que se puede apreciar con los Contratos suscritos con los ahora demandantes de ese valor el 16% es para el pago del treceavo y catorceavo mes de salario y el 4% para el pago de auxilio de cesantía, CANTIDADES ESTAS QUE ERAN PAGADAS JUNTO A SU SALARIO BASE.- es importante señalar que mi representada si ha cumplido con todas y cada una de las Disposiciones emanadas de la ley de Empleo por hora, especialmente lo que señala el artículo 6 en cuanto a la forma de REMUNERACION A LOS TRABAJADORES, por lo que no valorar lo estipulado en este medio de prueba que consiste en los Contratos suscritos con cada uno de los ahora demandantes produce así la infracción directa de la ley sustantiva por falta de apreciación de la prueba incurriendo en error de hecho, situación está que lleva al convencimiento de la legalidad de mi Representada para terminar la Relación laboral como el ahora demandante. Esta falta de apreciación por parte de la Corte Sentenciadora, de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, no fue valorada ya que el tribunal ad quem no valoro nada de dichos medios probatorios por el hecho de haber dado valor a un medio de prueba, olvidándose de todos los medios probatorios aportados al juicio por mi representada y con lo que se logró probar la legalidad en la finalización de la relación de trabajo con los ahora demandantes y que era parte del objeto del debate en el presente juicio”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Recurrente no es claro al expresar su motivo de casación; b) el Recurrente fundamenta su recurso de casación en una violación directa de las normas sustantivas laborales, por lo que, debió subsumir la explicación de su motivo en hechos aceptados en el juicio. Por el contrario, la explicación del motivo de casación incluye hechos que fueron controvertidos en el juicio, los cuales son incompatibles con este tipo de motivo invocado; c) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) formula alegatos propios de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. SIN COSTAS. 2) Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, FIRMA Y SELLA DE MANERA ELECTRONICA, ROY PINEDA CASTRO, MAGISTRADO, FIRMA Y SELLA ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho de marzo del dos mil veintiséis; certificación de la resolución de fecha dieciocho días del mes de agosto del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL61-24. FIRMA Y SELLA,

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.