Sentencia CL-609-23 — Registro 20044
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de permanencia para que en sentencia definitiva se declare celebrada por tiempo indefinido la relación laboral originada en la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos y mediante la modalidad de interinato, servicio excluido del régimen de servicio civil, en aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, restablecimiento de salario.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: revisado lo expuesto se concluye que la Recurrente, asumió con ligereza este recurso extraordinario, pues, este Tribunal se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, siendo lo señalado un extenso e inoportuno alegato de instancia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 770 del Código de Trabajo. Es importante recordar, que las formalidades establecidas en la Ley Laboral, para la interposición de la demanda de casación y su desarrollo son la que determina el carácter extraordinario del mismo, lo contrario implica la violación al principio de doble instancia establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Para fines jurisprudenciales, es preciso establecer que lo que lo que motiva el recurso de casación es la confrontación de la ley con el fallo impugnado, por lo que es de rigor establecer con claridad y precisión en la formulación de los motivos lo siguiente: a) la norma de naturaleza sustantiva del orden nacional laboral que se estime infringida, es decir la proposición jurídica que implica la violación de la norma material y las relacionadas con la misma; b) el concepto en cualquiera de sus distintas modalidades ya sea por violación directa o indirecta; y, c) una explicación mediante la cual se demuestre la infracción en que ha incurrido el juzgador de instancia y la que el Recurrente considere correcta sin extenderse en alegatos de instancia la omisión en cualquiera de estos requisitos formales comprometen el éxito del recurso de casación como en el caso de mérito."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 12 de junio del 2024, por la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSE EDUARDO MEDINA REYES, representado en juicio por el abogado FELIX EDGARDO HERNANDEZ SUAREZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de permanencia para que en sentencia definitiva se declare celebrada por tiempo indefinido la relación laboral originada en la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos y mediante la modalidad de interinato, servicio excluido del régimen de servicio civil, en aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, restablecimiento de salario, conceder los derechos que ostentan los empleados permanentes derivados de la antigüedad, pago de vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, causados y proporcionales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de septiembre del 2018, por el abogado FELIX EDGARDO HERNANDEZ SUAREZ, como representante procesal del señor JOSE EDUARDO MEDINA REYES, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración Industrial y de Negocios, hondureño, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de junio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de mayo del 2022, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda promovida por el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES contra el demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a que se declara: 1) Al reconocimiento de permanente la relación laboral que unía al demandante con la demandada desde el inició de la relación laboral; es decir, el 02 de enero del 2012 con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes como ser los aumentos salariales a partir que el demandante cumplió su primer año de laborar; 2) pago de restablecimiento del salario de L.32,105.00 a partir del 02 de enero del 2018; en consecuencia, II) CONDENA al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a que se declara: 1) Al reconocimiento de permanente la relación laboral que unía al demandante con la demandada desde el inició de la relación laboral; es decir, el 02 de enero del 2012 con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes como ser los aumentos salariales a partir que el demandante cumplió su primer año de laborar; 2) pago de restablecimiento del salario de L.32,105.00 a partir del 02 de enero del 2018; al Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES; III.- Declarando SIN LUGAR la demanda promovida por el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES contra el demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto al reconocimiento vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales, en consecuencia, IV) ABSUELVE al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto al reconocimiento vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por el representante procesal demandado. VI) Declarando SIN LUGAR las COSTAS en esta Instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, el demandante inició su relación laboral con la Secretaría de Salud, en fecha 2 de enero del 2012, en las instalaciones de la sede administrativa del Municipio de Yoro, que corresponde a la Región Departamental de Salud número 18, del Departamento de Yoro, en el puesto de Auxiliar Administrativo, dependiente del departamento de Administración devengando un salario inicial de L. 5,886.00 mensuales; en el mes de junio de ese mismo año 2012, el demandante recibió mejora salarial siendo su salario nominal de L. 15,000.00 mensuales, en el periodo el trabajador demandante laboró para la Secretaria de Salud mediante la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos; que en fecha 2 de febrero del año 2013, el trabajador es trasladado al nivel central, con sede en el Edificio Principal de la Secretaria de Salud, concretamente en el Departamento de Hospitales, conocido actualmente como Departamento de Servicios de Segundo Nivel de Atención como Auxiliar Administrativo, cargo que desempeñó hasta el año de julio del 2017. Acto seguido es nombrado en el puesto de Asistente Especial Técnico III, dada su formación profesional administrativa, con un salario mensual de L. 32,000.00 mensuales, bajo la modalidad de Interinato, condición que según el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y 9 numeral 13 del Reglamento de la Ley, se considera Servicio Excluido del Régimen del Servicio Civil, aplicable a los servidores permanentes del Gobierno Central; en el mes de enero del año 2018, al renovarse la contratación laboral bajo la modalidad de Interinato, al trabajador demandante se le disminuye su salario, pasando a devengar la cantidad de L. 23,900.00 mensuales. En consecuencia, su salario fue disminuido en la cantidad de L.8,000.00. La contratación bajo la modalidad de Interinato ha sido renovada por dos ocasiones en el año 2018, inclusive en la actualidad, bajo las mismas condiciones, el mismo salario y las mismas funciones administrativas en el puesto de Asistente Especial Técnico III; el artículo 3, numeral 13) de la Ley de Servicio Civil, establece que las disposiciones de dicha ley no serán aplicables a los servidores públicos que presten su servicios con carácter de interino, el artículo 9 de la sección B, servicio excluido del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, dispone que están excluidos del Régimen de Servicio Civil, los que prestan servicios con carácter interino, por lo que el trabajador demandante ocurre ante esta jurisdicción del Trabajo con la finalidad que se le tutelen sus derechos laborales, según el artículo 134 de la Constitución de la República; según el artículo 49 del Código del Trabajo, el periodo de prueba de un trabajador no puede exceder de 60 días; si al término de este plazo el patrono no manifiesta su voluntad de ponerle fin, continuará por tiempo indefinido. Por otra parte, el artículo 47 del Código del Trabajo establece que las labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen. En el período laboral, el trabajador demandante ha fungido de manera continua e ininterrumpida, realizando funciones eminentemente administrativas, orientadas al área de salud. Su formación profesional ha sido consumada en el sector, lo que le ha permitido ascender al puesto de Asistente Especial Técnico III y prometido su nombramiento como empleado permanente, no obstante, reiteradamente sus superiores han postergado su legítimo derecho para obtener la anhelada estabilidad laboral. En virtud que las labores que realiza el demandante son de naturaleza administrativa, orientadas a eficientar los servicios que presta el demandado en materia de salud, las funciones prestadas no deben considerarse como interinas si no permanentes, con fundamento en el artículo 145, de la Constitución de la República, previendo una posible simulación contractual, expuesta por la Ex Procuradora General de la República en el oficio Numero 496-D-PGR-2013, de fecha 12 de septiembre de 2013, dirigido a las Secretarías de Estado. El Legislador ha establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo que al concurrir la actividad personal del trabajador, su continuada subordinación o dependencia y el pago de un salario, como en el presente caso, existe Contrato de Trabajo y, no deja de serlo por razón del nombre que se le dio, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, por lo que el trabajador demandante acude ante el Tribunal para que se tutele el derecho de permanencia laboral y restitución de salario, que le asiste de conformidad a las leyes. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda argumentando que se contrató al demandante bajo la modalidad de Nombramiento de Acuerdos Interino por Tiempo Determinado, con fecha de inicio y de finalización, para ser específicos con fecha de efectividad del 02 enero del 2019 hasta 30 de junio del 2019, por ende es claro que lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, no le son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo; siendo las disposiciones legales aplicables al caso de mérito las que devienen del derecho administrativo y que normalizan la contratación del Recurso Humano como Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas; es por ello que considerando sus necesidades se contrató al demandante mediante un Nombramiento de Acuerdos Interino de tiempo determinado con fecha de inicio y de finalización, tal como lo establece La Ley de Servicio Civil. En este orden de ideas, y en el caso que hubiese surgido un conflicto entre las partes contratantes, el competente para dirimirlos era la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual el demandante no puede solicitar un derecho subjetivo que no le pertenece y que no es competente para reconocer este Juzgado del Trabajo; es preciso establecer que el Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece en el artículo 6 que para los fines de la Ley y del presente Reglamento, los términos y definiciones que a continuación se indican tienen los siguientes significados, numeral 20) Empleado Interino Servidor Público nombrado en un puesto para sustituir de manera temporal a un empleado regular por motivos de enfermedad, riesgo profesional, licencia o cualquier otra causa de suspensión temporal de la relación de empleo; numeral 28) nombramiento, es el acto administrativo de concesión del status de Empleado o Servidor Público a una persona natural, por medio de un Acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley; en relación a la normativa del artículo 4 que señala “la relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria, determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia, dicha relación, por consiguiente, no se rige por un contrato de trabajo, fuere individual o colectivo, o de derecho público o privado”; de lo anterior se deprende que en el caso particular del demandante, no puede pretender la obtención de una permanencia en el puesto que ha ocupado como Asistente Especial Técnico III según el Acuerdo No. 989-2019. Se debe destacar que aunque en los interinatos se excluya en cuanto a derechos del Régimen de Servicio Civil, no quiere decir que la relación no se rige por Leyes Administrativas, por consiguiente es inaplicable para el caso el Código de Trabajo; es importante recalcar que no se le ha disminuido el salario al demandante, ya que únicamente el sueldo que goza por la cantidad de L. 23,900.00 es el salario asignado a la plaza de Asistente Especial Técnico III, por el cual fue contratado que ostenta por interinato, ya que en dicho sueldo no se encuentran incluidos los derechos colaterales que corresponden únicamente al titular de dicha plaza, que ha obtenido a través de la antigüedad, por lo cual no se le puede asignar lo presupuestado al demandante en la plaza que desempeña por interinato por ser el titular de dicha plaza, siendo que el mismo no se encuentra nombrado en forma permanente, en virtud de que el demandante labora bajo la suscripción de Nombramiento de Acuerdos Interno de tiempo determinado con fecha de inicio y de finalización, en consecuencia ninguna normativa legal le ampara para solicitar el restablecimiento de salario; en cuanto al argumento del demandante para reclamar el derecho subjetivo que pretende el mismo se apoya en el texto legal de los artículos 20, 47 y 49 del Código del Trabajo, que señala los elementos del contrato, la continuidad en las relaciones laborales y periodo de prueba del trabajador, con el único objetivo de utilizarlos para el reconocimiento de un derecho que no le corresponde, no tiene sustento jurídico, ya que la normativa del artículo del Código del Trabajo al que hace referencia la parte actora no es aplicable, es por ello que no puede aplicarse irresponsablemente la normativa laboral, por muy conveniente que sea para una de las partes, pues induciría a que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa de los artículos precitados, ya que de pleno conocimiento el demandante sabe la modalidad bajo la cual está regida su relación de servicio; es claro que al ser parte del Gobierno Central, las relaciones con sus servidores son regulados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y nunca por el Código del Trabajo, por ende, no serían aplicables esas normas del Código del Trabajo citadas; asimismo, la parte actora desconoce que al ser un órgano centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretende que se le reconozca tal permanencia debe dar cumplimiento a lo que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y artículo 7 de su Reglamento, que literalmente dispone “para ingresar al Servicio Civil se requiere... haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley”; artículo 7 del Reglamento “el régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del poder ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso”; normativas que no han sido cumplimentadas por el demandante, por consiguiente no puede dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento por acuerdo (permanencia), de lo anterior se concluye que esta no es la vía legal para alcanzar tal fin; es importante recalcar que se rechaza la acción de la parte actora de haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de que no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de Nombramiento de Acuerdo Interino que son regidos por la Ley de Servicio Civil, ya que la Jurisdicción competente, es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el nombramiento de Acuerdos Interino de tiempo determinado, suscrito entre las partes, y el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; de igual modo en el escrito de la contestación de la demanda interpuso Excepción Perentoria de Prescripción, sin que esto configure una aceptación que la relación se rige por el Código del Trabajo, de manera subsidiaria, que se desarrolla de la siguiente manera: según los fundamentos jurídicos los artículos 710, 862, 864 del Código del Trabajo y 2289, 2295 del Código Civil. El demandante suscribió el primer contrato de interinato del 01 de agosto del 2017 al 31 de diciembre del 2017 con un salario de L. 32,105.00, posteriormente suscribió el segundo contrato de interinato el 02 de enero del 2018 al 31 de marzo del 2018 con un salario de L. 23,900.00, interponiendo el demandante el reclamo administrativo de restablecimiento de salario hasta el 19 de julio del 2018, por lo que evidentemente transcurrieron más de los dos meses que manda la Ley para interponer el reclamo antes mencionado, transcurriendo exactamente 6 meses con 19 días, por lo que de una simple operación aritmética se verifica que dicho reclamo se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 864 del Código del Trabajo, por lo que su pretensión de restablecimiento de salario se encuentra legalmente prescrito, debiendo ser declarada con lugar la prescripción que conoce la presente causa. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de mayo del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda promovida por el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES contra el demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a que se declara: 1) Al reconocimiento de permanente la relación laboral que unía al demandante con la demandada desde el inició de la relación laboral; es decir, el 02 de enero del 2012 con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes como ser los aumentos salariales a partir que el demandante cumplió su primer año de laborar; 2) pago de restablecimiento del salario de L.32,105.00 a partir del 02 de enero del 2018; en consecuencia, II) CONDENA al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a que se declara: 1) Al reconocimiento de permanente la relación laboral que unía al demandante con la demandada desde el inició de la relación laboral; es decir, el 02 de enero del 2012 con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes como ser los aumentos salariales a partir que el demandante cumplió su primer año de laborar; 2) pago de restablecimiento del salario de L.32,105.00 a partir del 02 de enero del 2018; al Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES; III.- Declarando SIN LUGAR la demanda promovida por el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES contra el demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto al reconocimiento vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales, en consecuencia, IV) ABSUELVE al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto al reconocimiento vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por el representante procesal demandado. VI) Declarando SIN LUGAR las COSTAS en esta Instancia”. Bajo el criterio que, haciendo un análisis de los argumentos planteados por ambas partes, pruebas aportadas al proceso y la fundamentación jurídica aplicada al caso concreto, resulta que la parte demandada no acreditó que la relación laboral estuviera regulada por el Derecho Administrativo, ni interpuso incidente mediante el cual demostrará la incompetencia para el conocimiento del juicio, en cuanto a que el demandante ocupa un cargo interino, lo que ha acontecido puesto que el demandante inicio mediante Contrato de Servicios Profesionales, y técnicos durante el 2012 al 31 de julio del 2017, y luego del 01 de agosto del 2017 a la fecha labora mediante Acuerdo de Interno; en lo referente a los contratos de servicios profesionales, la Sala ha determinado previamente que por servicio profesional se relaciona al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos; no se ha demostrado que se solicitó que el demandante tuviera estudios especializados para su desempeño, y analizados los mismos se desprende que dentro de los mismos concurren los tres elementos esenciales establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo relacionados con los artículos 47 y 347 del mismo cuerpo legal, ya que una vez reunidos los tres elementos regulados por el artículo citado, se concluye que existe un verdadero contrato de trabajo, por otro lado la condición del contrato a término lo determina la actividad que se realizó y en el presente caso el demandante laboro mediante contrato de Servicios Profesionales o técnicos, en una actividad como Auxiliar Administrativo de forma continua e ininterrumpida acumulando una antigüedad a la fecha de la interposición de la presente demanda de 5 años, 6 meses y 28 días; y luego suscribió acuerdo de nombramiento interino, acumulando a la fecha de la interposición de la presente demanda una antigüedad de 6 años, 8 meses y 23 días, los cuales como se recordó anteriormente, la norma laboral y por existir una vasta jurisprudencia en la que se establece que la categoría de interino son para sustituir a otros permanentes, en los casos de suspensión de los contratos de trabajo, situación que no fue acreditada en juicios puesto que los acuerdos de nombramiento no hacen referencia a la empleada a la cual el demandante sustituiría, por lo tanto, no se toma en cuenta el término que se establezca en tales documentos de acuerdo a lo Primacía de la Realidad que rige en materia laboral, el patrono no acreditó fehacientemente la temporalidad de la relación laboral alegada, asimismo si bien es cierto alega en su escrito de contestación la incompetencia de este Juzgado, no es menos cierto que no interpuso incidente de declinatoria para demostrar la misma durante el proceso, mientras que la parte demandante ha demostrado que existió una relación laboral de forma continua ininterrumpida, y que cumplía los requisitos de un contrato de trabajo, encontrándonos frente a una verdadera relación de trabajo; por lo que es procedente, declarar Con Lugar la solicitud de reconocimiento de permanente la relación laboral que unía al demandante con la demandada desde el inició de la relación laboral; es decir, el 3 de enero del 2012, con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes como ser los aumentos salariales a partir que el demandante cumplió su primer año de laborar; también solicita restablecimiento de salario, consta el Acuerdo No. SCGG-001-401-2015 mediante el cual se actualiza a partir del 01 de enero del 2016 las bases de Estructura salarial del Régimen de Servicio Civil, que establece entre otras cosas para el grupo Directivo nivel XII L.32,200.00; y para el Grupo Ejecutivo nivel XI L. 23,900.00; que al demandante en ambos acuerdos de nombramiento interino en el 2017 se contrató con un de salario de L. 32,105.00 y en el año 2018 otorgándole salario de salario de L. 23,900.00, en ambas para realizas las mismas funciones y en el mismo cargo, coligiéndose que efectivamente existe una reducción del salario reconocido al demandante, partiendo que salario, jornal o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente, por lo que esa remuneración para el trabajador consiste en la esencia de la contraprestación de sus servicios, el contenido patrimonial está dado por el hecho de que el salario es la única fuente de ingreso, que permite la subsistencia del trabajador y su familia, por lo que el patrono venia obligado a acreditar los motivos por los cuales se le disminuyó el salario al demandante, circunstancias sobre las cuales no se estableció un argumento excusándose ni justificó las causas o motivos por los cual se efectuó el cambio de salario, lo que contraviene lo dispuesto al tenor del principio de progresividad y no regresividad, que el patrono en caso de una modificación de salario, la misma no puede ser menos a la concedida inicialmente al trabajador, por lo que resulta procedente declarar Con Lugar el restablecimiento del salario de L. 32,105.00, a partir del 02 de enero del 2018. Que el demandante también solicita el pago de reconocimiento vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales, constando en relación a los causados que se constató que no se le adeuda cantidad alguna por estos conceptos, en cuanto a los proporcionales, estos derechos corresponde únicamente cuando la relación ha finalizado, lo que no es el presente caso, puesto que la pretensión en el presente proceso es la declaratoria de permanencia en su puesto de trabajo, y que a la fecha sigue laborando para la institución demandada, por lo que resulta procedente declarar Sin Lugar estas pretensiones. En relación a la excepción perentoria de prescripción, según lo alegado por las partes y analizado los mismos, se considera que el demandante basa su excepción perentoria de prescripción en el artículo 864 del Código del Trabajo que establece “los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de 2 meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente”, circunstancias que no son aplicables al caso que nos ocupa, ya que no se está alegando la terminación de la relación laboral por despido injustificado, por el contrario se indica que a la fecha de la interposición de la presente demanda, el demandante continuaba laborando bajo las órdenes de la parte demandada, en consecuencia, se declara Sin Lugar la excepción perentoria de prescripción alegada por la parte demandada. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de junio del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que, habiéndose ya pronunciado la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, “si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho”. Consta en el expediente judicial que el demandante laboro mediante Contrato de Servicios Profesionales o Técnicos, en una actividad como auxiliar administrativo de forma continua e ininterrumpida acumulando la fecha una antigüedad de 5 años 6 meses 28 días luego suscribió un acuerdo de nombramiento interino, acumulando a la fecha 6 años 8 meses y 23 días, lo cual la norma laboral y por existir una vasta jurisprudencia en la que se establece que la categoría de interino son para sustituir a otros permanentes, situación que no fue acreditado en juicio puesto que los acuerdos de nombramiento no hacen referencia al empleado al cual el demandante debía de sustituir, por lo tanto, no se toma en cuenta el término que se reestablezca en tales documentos de acuerdo a la primacía de la realidad que rige en materia laboral, que la parte demandante demostró que existió una relación laboral de forma continua e ininterrumpida, y que cumplía con los requisitos del contrato de trabajo, desde el inicio de la relación laboral de fecha 3 de enero del año 2012, por lo que la Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio de que la relación existente entre las partes es de carácter permanente, por tanto, es procedente confirmar la sentencia definitiva apelada dictada en primera instancia. 5. Mediante auto de fecha 7 de marzo del 2024, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 12 de junio del 2024, compareció ante éste Tribunal la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 5 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de octubre del 2024 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado FELIX EDGARDO HERNÀNDEZ SUAREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la abogada KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA, en un primer y único motivo de casación alega: “Por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta al aplicar indebidamente el artículo 47 último párrafo y 52 del Código del Trabajo en relación con los artículos 19 y 20, del mismo Código, por error de derecho que aparece de manifiesto en los autos al apreciar en forma errónea la prueba documental propuesta por la parte demandada a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud consistente; Acuerdos de Contratos de Servicios Profesionales que corren agregados del folio (83,84, 85, 86, 87,88,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108), y que se detallan a continuación: contrato Acuerdo Ministerial No. 237 que comprende una vigencia por el periodo del 02 de enero 2015 al 30 de junio del año 2015; f.(83-84), Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos No6177, f.(85-87) que comprende del 01 de junio al 31 de diciembre 2017; f.(39-41), que comprende de 02 de enero al 15 de febrero del año 2018; f.(42-44) que comprende del 16 de febrero al 31 de marzo del año 2018, F.(45-47) que comprende del 02 de abril al 31 de mayo del año 2018; F.(48-50), que comprende del 01 al 30 de junio del año 2018; Prueba documental vía Oficio corre a folio (51 al 52, 53, 76.77,78,79, 80); asimismo los acuerdos Interinos No. 989-2019, con una vigencia del 02 de enero al 30 de junio del año 2019; que corren agregados en el folio No.84, Acuerdo No. 4126-2017, que comprende una vigencia del 01 de agosto al 31 de diciembre del año 2017, corre agregado en folio (136), Acuerdo Interino No. 3030-2018, que comprenden un periodo del 02 de abril al 30 de junio del año 2018, que corren agregados en el folio No. 137; Acuerdo Interino No. 3971-2018, por un periodo del 02 de julio al 31 de diciembre del año 2018, folio (138) mismos que obran en la primera pieza de autos al dar por establecido en la resolución emitida específicamente en el Considerando No.10, lo siguiente: "lo cual la norma laboral y por existir una vasta jurisprudencia en la que se establece que la categoría de interino son para sustituir a otros permanentes, situación que no fue acreditado en juicio puesto que los acuerdos de nombramiento no hacen referencia al empleado al cual el demandante debía de sustituir, por lo tanto no se toma en cuenta el término que se reestablezca en tales documentos de acuerdo a la primacía de la realidad que rige en materia laboral, que la parte demandante demostró que existió una relación laboral de forma continua e ininterrumpida, y que cumplía con los requisitos del contrato de trabajo, desde el inicio de la relación laboral de fecha 03 de enero del año 2012 por lo que esta Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio de que la relación existente entre el señor JOSE EDUARDO MEDINA REYES con el ESTADO DE HONDURAS es de carácter permanente., Siendo dichas afirmaciones erróneas y totalmente alejadas de la verdad, pues en el caso de autos, los argumentos en los cuales se encuentra fundamentado el improcedente fallo emitido por el aquem, son totalmente improcedentes en virtud que las sentencias deben ser claras y precisas basadas en hechos concretos apegados a derecho en este caso también al mismo contrato, pues tales argumentos manifestados por el A-quem, no constituye una justificación para considerar que la relación existente entre el Señor JOSE EDUARDO MEDINA REYES y la Secretaria de Salud, era por tiempo indefinido o permanente, por el hecho que se celebraron varios Contratos técnicos y profesionales de forma continua, con fechas de inicio y finalización mismos que han fueron venciendo en cada contratación realizada sujetos únicamente a las cláusulas establecidas en cada uno de los contratos, de ellas específicamente en la cláusula tercera que establece la vigencia de cada uno de dichos contratos, siendo que tales apreciaciones no se encuentran justificadas en la Ley, en virtud que los contratos de servicios profesionales y técnicos suscritos por la demandante y la Secretaria de Salud, se encuentran regulados por el Derecho Administrativo específicamente en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en la Ley de Contratación del Estado y la Ley de Ley de Servicio Civil, siendo estas normas que regulan las relaciones entre el Estado y los contratistas, como se puede apreciar los argumentos planteados por el Aquem en su improcedente fallo, no se encuentra conforme a la Ley, siendo que los contratos de servicios profesionales y técnicos, celebrados entre el demandante y la Secretaria de Salud, fueron suscritos al tenor de lo establecido en las cláusulas de los respectivos contratos específicamente la Cláusula tercera que establece la vigencia de cada contratación y la cláusula Novena que establece la Jurisdicción y Leyes aplicables, asimismo la Cláusula Decima Primera que establece la Aceptación de condiciones, como se probó en la secuela del juicio no debiendo considerarse bajo ninguna circunstancia que la relación que existió entre la demandante y la Secretaria de Salud fue permanente, siendo que la relación laboral que existió entre las partes, fue en forma temporal por así haberse pactado en los correspondientes contratos, por lo que es erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación contractual de trabajo entre las partes, siendo que la relación que se dio entre ambas partes fueron relaciones administrativas contractuales según se establece en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo los acuerdos de interinato celebrados con el demandante siendo esta la última relación de trabajo que mantuvieron las partes, no pudiendo considerarse por ese motivo empleado permanente el demandando por haber laborado bajo esta modalidad en virtud que los empleados contratados mediante interinato son empleados temporales que cubren una licencia sin goce de sueldo de un empleado permanente, sin embargo la plaza pertenece al titular de la plaza, no siendo necesario establecer en el acuerdo de interinato el nombre de la persona titular de la plaza según lo refiere el Aquem en el fundamento en el cual justifica su fallo, por lo cual no tiene sustento jurídico, ya que la normativa del del Código del Trabajo al que hace referencia el AQUO y el AQUEM no es aplicable, al caso que nos ocupa.-Es por ello que no puede aplicarse irresponsablemente la normativa laboral, por muy conveniente que sea para una de las partes, pues induciría a que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa de los artículos precitados, ya que de pleno conocimiento el demandante sabe la modalidad bajo la cual está regida su relación de servicio (Nombramiento de Acuerdos Interino de tiempo determinado con fecha de inicio y de finalización) Es claro que, al ser mi representado parte del gobierno central, las relaciones con sus servidores son regulados por la Ley de Servicio Civil y Reglamento, y nunca por el Código del Trabajo, por ende, no serían aplicables esas normas del Código del Trabajo citadas. Es de hacer mención que al demandante ya se encuentra nombrado en forma permanente en la Secretaria de Salud, desde el año 2022, por lo cual no puede considerarse que se le de acuerdo nombramiento permanente en virtud que ya cuenta con su acuerdo de nombramiento permanente. Por lo que no cabe duda que en el presente fallo fue emitido prescindiendo totalmente del procedimiento establecido en la Ley, siendo que se violentó lo establecido en el artículo 206, 207,208 del Código Procesal Civil que establece lo siguiente: Articulo 206.- CLARIDAD, PRESCISION Y EXHAUSTIVIDAD.- Articulo 207, Motivación, y el articulo 208.- CONGRUENCIA, que establece lo siguiente: 1.- Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- 2.-En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandando y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. De manera que el Aquem no realizo una debida interpretación de la Ley al emitir el fallo correspondiente en virtud que no valoro la prueba allegada al juicio, haciendo caso omiso a los artículos antes relacionados, y a los procedimientos establecidos en la Ley, siendo que los criterios en que fundamenta su fallo no se encuentran conforme a derecho; en virtud que al haberse reconocido al demandante la condición de empleado permanente sin seguirse los procedimientos establecidos en la Ley se violentaron los requisitos exigidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, como ser el examen de oposición por idoneidad en el cargo de auxiliar administrativo, según lo establece el artículo 2 y 11 de la Ley de Servicio Civil; asimismo se probó que no existía la plaza vacante disponible con su respectiva estructura Presupuestaria, habiendo violentado con dichos fallos normas constitucionales de carácter obligatorio incurriendo con ello en responsabilidad penal según lo establece el artículo 321 y 364 de la Constitución de la Republica; siendo el caso que nos ocupa lo que existió fueron contratos de servicios profesionales y técnicos temporales con fecha de inicio y de finalización, sujetos a la Constitución de la Republica, las Disposiciones Generales de Presupuesto y a la disponibilidad presupuestaria de la Secretaria de Salud y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y a la Ley Contratación del Estado, asimismo violentando la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por estar regulados dichos acuerdo de interinato en dicha Ley y su Reglamento. Por lo que resultan totalmente improcedentes las argumentos del Aquem, en la resolución emitida, ya que se está violentando lo libremente pactado entre las partes, según lo establecido en el artículo 1348 del Código Civil, que ya establece; " Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos."; De igual forma se violenta el artículo 1573 que establece lo siguiente: "Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.".- De igual manera según se establece en el artículo 1547 del mismo código que establece lo siguiente: "Los contratantes pueden establecer los pactos, clausulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las Leyes, a la moral, ni al orden público. Asimismo se violentó lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil el cual establece lo siguiente: "La Autoridad Nominadora podrá realizar nombramientos de empleados en forma interina. Se consideran en estado de interinato los servidores nombrados para sustituir temporalmente a un empleado regular por motivos de enfermedad, riego profesional, licencia o cualquier otra causa de suspensión temporal de la relación la de empleo, debiendo, en todo caso, acreditarse la idoneidad para el cargo.-Disposiciones que fueron violentadas al reconocerle las improcedentes pretensiones al demandante al considerarlo como empleado permanente, y por ende otorgarle las pretensiones reconocidos en la sentencia definitiva. Por lo que es evidente que en el caso de autos hubo infracción de la Ley, en virtud que el Tribunal de Alzada emitió su resolución basado en simples conjeturas, obviando lo libremente pactado entre las partes en el último contrato vigente celebrado entre las partes establecido específicamente en la cláusula Tercera, asimismo violentando el último acuerdo de interinato celebrado entre la partes, de fecha 02 de enero del año 2019, hasta el 30 de junio del año 2019, siendo esta la última relación de trabajo entre las partes, y que obra a folios ochenta y cuatro (84), de la primera pieza de autos, habiéndose infringido con ello el artículo, 77 del reglamento de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y 1348, 1547, 1573 del Código Civil, en total apego a lo establecido en el respectivo contrato suscrito entre la Secretaria de Salud y la demandante., Por lo que no debió considerarse dicho hecho por parte del Aquo y el Aquem al confirmar la sentencia de Primera Instancia, al reconocerle la relación laboral como permanente por haberse suscrito varios contratos de servicios profesionales y técnicos mismos que ya establecían una fecha determinada de inicio y finalización con una determinada partida presupuestaria, y por haberse suscrito acuerdos de nombramiento Interino entre las partes, mismos que eran temporales existiendo una clara interrupción entre el contrato y el acuerdo interino celebrado entre las partes, por lo que no se debió considerar que la relación entre las partes como permanente, habiéndose infringido con los fallos proferidos los artículos, 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765, ordinal 1º párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 765 ordinal 1° párrafo segundo dice que "Solo habrá lugar al error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo." Es así que el error de derecho solo surge en dos casos precisos: a) Aquel en que el juzgador ha valorado como apta una prueba cualquiera, cuando el legislador exige que para la demostración del hecho correspondiente sólo se admita y valore la prueba ad sustantiam actus, también denominada ad solemnitatem; y b) Aquel en que el juzgador no ha apreciado y no ha valorado debiendo hacerlo, una prueba de tal naturaleza, es decir, uno o varios de aquellos medios probatorios que la ley reviste de solemnidad para la validez misma de la sustancia del acto. El Señor EDUARDO MEDINA REYES, labora para la Secretaría de Salud desempeñándose en el cargo de ASISTENTE ESPECIAL TECNICO III, asignada en el en la ACTIVIDADES CENTRALES dependiente de la Secretaria de Salud, habiéndose desempeñado mediante Contratos de servicios profesionales por tiempos determinados y mediante Acuerdos de nombramiento Interinado con fecha de inicio y de finalización, siendo el ultimo el comprendido un periodo del 02 de enero del año 2019, hasta el 30 de junio del año 2019, siendo que actualmente el mismo ya se encuentra laborando bajo acuerdo permanente, situación que no fue acreditada en virtud que el mismo fue nombrado posteriormente al periodo de prueba. La parte demandante alega en su demanda entre otras cosas los siguiente: "PRIMERO: El trabajador demandante JOSE EDUARDO MEDINA REYES, inició su relación laboral con la Secretaria de Salud, en fecha 02 de enero del año dos mil doce (2012) en las instalaciones de la sede administrativa del municipio de Yoro, que corresponde a la Región Departamental de Salud número 18, del departamento de Yoro, en el puesto de Auxiliar Administrativo, dependiente del departamento de Administración devengando un salario inicial de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS (LPS, 5,886.00) lempiras mensuales; en el mes de junio de ese mismo año 2012, el demandante recibió mejora salarial siendo su salario nominal de QUINCE MIL LEMPIRAS (LPS. 15,000.00) mensuales. En el periodo el trabajador demandante laboró para la Secretaria de Salud mediante la modalidad de "CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS".-SEGUNDO: En fecha 02 de febrero del año 2013, el trabajador es trasladado al nivel central, con sede en el Edificio Principal de la Secretaria de Salud, en esta ciudad, concretamente en el departamento de Hospitales, conocido actualmente como Departamento de Servicios de Segundo Nivel de Atención como Auxiliar Administrativo, cargo que desempeñó hasta el año de julio del 2017. Acto seguido es nombrado en el puesto de ASISTENTE ESPECIAL TÉCNICO III, dada su formación profesional administrativa, con un salario mensual de TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 32,000.00) mensuales, bajo la modalidad de INTERINATO, condición que según el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y 9 numeral 13 del reglamento de la ley, se considera Servicio Excluido del Régimen del Servicio Civil, aplicable a los servidores permanentes del Gobierno Central.- TERCERO: En el mes de enero del año 2018, al renovarse la contratación laboral bajo la modalidad de INTERINATO, al trabajador demandante se le disminuye su salario, pasando a devengar la cantidad de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS (LPS. 23,900.00) mensuales. En consecuencia, su salario fue disminuido en la cantidad de OCHO MIL LEMPIRAS MENSUALES (LPS. 8,000.00). La contratación bajo la modalidad de INTERINATO ha sido renovada por dos ocasiones en el año 2018, inclusive en la actualidad, bajo las mismas condiciones, el mismo salario y las mismas funciones administrativas en el puesto de ASISTENTE ESPECIAL TECNICO.- CUARTO: Señora Juez, El artículo 3, numeral 13, de la Ley de Servicio Civil, establece que las disposiciones de dicha ley no serán aplicables a los servidores públicos que "presten su servicios con carácter de interino" Conteste, el artículo 9, de la sección B, SERVICIO EXCLUIDO, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, dispone que están excluidos del Régimen de Servicio Civil, "los que prestan servicios con carácter interino",. Por lo que el trabajador demandante ocurre ante esta jurisdicción del Trabajo con la finalidad que se le tutelen sus derechos laborales, según el artículo 134, de la Constitución de la República.- QUINTO: Según el Artículo 49 del Código del Trabajo, el periodo de prueba de un trabajador no puede exceder de sesenta (60) días; si al término de este plazo el patrono no manifiesta su voluntad de ponerle fin, continuará por tiempo indefinido.-SEXTO: Por otra parte, el Artículo 47 del Código del Trabajo establece que las labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen.-En el periodo laboral, el trabajador demandante ha fungido de manera continua e ininterrumpida, realizando funciones eminentemente administrativas, orientadas al área de salud. Su formación profesional ha sido consumada en el sector, lo que le ha permitido ascender al puesto de ASISTENTE ESPECIAL TÉCNICO III y prometido su nombramiento como empleado permanente. No obstante, reiteradamente, sus superiores han postergado su legítimo derecho para obtener la anhelada estabilidad laboral OCTAVO: En virtud que las labores que realiza el señor JOSE EDUARDO MEDINA REYES, son de naturaleza administrativa, orientadas a eficientar los servicios que presta el estado de Honduras en materia de salud, las funciones prestadas no deben considerarse como interinas, si no permanentes, con fundamento en el artículo 145, de la constitución de la República. En su oportunidad el ESTADO DE HONDURAS contestó la demanda y expresó entre otras cosas lo siguiente: "PRIMERO: No es suficiente la afirmación que hace la parte demandante en los hechos de la demanda, ya que debe fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Señora Juez, pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio.-SEGUNDO: Su señoría es importante establecer que el señor José Eduardo Medina, se contrató bajo la modalidad de " Nombramiento de Acuerdos Interino por Tiempo Determinado con fecha de inicio y de finalización", para ser específicos con fecha de efectividad del 02 de enero del 2019 hasta 30 de junio del 2019, por ende es claro que lo dispuesto en el Artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo, siendo las disposiciones legales aplicables al caso de mérito las que devienen del derecho administrativo y que normalizan la contratación del Recurso Humano como Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas; es por ello que considerando las necesidades de mi representado, se contrató al demandante mediante un Nombramiento de Acuerdos Interinos de tiempo determinado con fecha de inicio y de finalización, tal como lo establece La Ley de Servicio Civil.- En este orden de ideas, y en el caso que hubiese surgido un conflicto entre las partes contratantes, el competente para dirimirlos era la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual el demandante no puede solicitar un derecho subjetivo que no le pertenece y que no es competente para reconocer este Juzgado del Trabajo.- TERCERO: Su señoría es preciso establecer que el Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece en el artículo 6 que para los fines de la Ley y del presente Reglamento, los términos y definiciones que a continuación se indican tienen los siguientes significados: "Numeral 20) Empleado Interino. Servidor Público nombrado en un puesto para sustituir de manera temporal a un empleado regular por motivos de enfermedad, riesgo profesional, licencia o cualquier otra cosa de suspensión temporal de la relación de empleo..., Numeral 28) Nombramiento. Es el acto administrativo de concesión del status de Empleado o Servidor Público a una persona natural, per medio de un Acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley", en relación a la normativa del artículo 4 que señala. "La relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria, determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia, dicha relación, por consiguiente, no se rige por un contrato de trabajo, fuere individual o colectivo, de derecho público a privado de lo anterior se deprende que en el caso particular del demandante, específicamente el señor Jose Eduardo Medina Reyes, no puede pretender la obtención de una permanencia en el puesto que ha ocupado como ASISTENTE ESPECIAL TECNICO III según el acuerdo No 989-2019. Se debe destacar que aunque en los interinatos se excluya en cuanto a derechos del Régimen de Servicio Civil, no quiere decir que la relación no se rige por Leyes Administrativas, por consiguiente de inaplicable para el caso que nos ocupa el Código de Trabajo.-CUARTO: Su Señoría es importante recalcar que no se le ha disminuido el salario al demandante ya que únicamente el sueldo que goza por la cantidad de L.pr.23,000.00 es el salario actual plaza de Asistente Especial Técnico III por el cual fue contratado, que ostenta por interinato, ya que en dicho sueldo no se encuentran incluidos los derechos colaterales que corresponden únicamente al titular de dicha plaza, que ha obtenido a través de la antigüedad, por lo cual no se le puede asignar lo presupuestado al demandante en la plaza que desempeña por interinato por no ser el titular de dicha plaza, siendo que el mismo no se encuentra nombrado en forma permanente, en virtud de que el demandante labora bajo la suscripción de Nombramiento de Acuerdos Interino de tiempo determinado con fecha de inicio y de finalización en consecuencia, ninguna normativa legal ampara para solicitar el restablecimiento de salario.-QUINTO; En cuanto al argumento del demandante para reclamar el derecho subjetivo que pretende, el mismo se apoya en el texto legal de los artículos 20, 47 y 49 del Código del Trabajo que señala los elementos del contrato, la continuidad en las relaciones laborales y periodo de prueba del trabajador, con el único objetivo de utilizarlos para el reconocimiento de un derecho que no le corresponde, no tiene sustento jurídico, ya que la normativa del artículo del Código del Trabajo al que hace referencia la parte actora no es aplicable. Es por ello que no puede aplicarse irresponsablemente la normativa laboral, por muy conveniente que sea para una de las partes, pues induciría a que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa de los artículos precitados, ya que de pleno conocimiento el demandante sabe la modalidad bajo la cual está regida su relación de servicio (Nombramiento de Acuerdos Interino de tiempo determinado con fecha de inicio y de finalización) Es claro que, al ser mi representado parte del gobierno central, las relaciones con sus servidores son regulados por la Ley de Servicio Civil y Reglamento, y nunca por el Código del Trabajo, por ende, no serían aplicables esas normas del Código del Trabajo citadas.-SEXTO: Asimismo su señoría, la parte actora desconoce que al ser mi representado un órgano centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil consecuentemente si pretende que se le reconozca tal permanencia debe dar cumplimiento a le que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y Artículo 7 de su Reglamento, que literalmente dispone. "Para ingresar al Servicio Civil se requiere.... 5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley"; Artículo 7 del reglamento "El régimen del Servicio Civil se aplican a los empleados del poder ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso"; normativas que no han sido cumplimentadas por el demandante por consiguiente mi representado no puede dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento por acuerdo (permanencia). De lo anterior se concluye que esta no es la vía legal para tal fin.-SEPTIMO: Su señoría es importante recalcar que se rechaza la acción de la parte actora de haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de que mi representado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de Nombramiento de Acuerdo Interino que son regidos por la Ley de Servicio Civil, ya que la Jurisdicción competente (soluciones de controversias) es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el Nombramiento de Acuerdos Interino de tiempo determinado, suscrito entre la parte actora y mi representado, y el articulo 3 literal a), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." En los contratos referidos específicamente en el último contrato vigente suscrito entre las partes y copio textualmente las partes conducentes: "CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS" "CLAUSULA TERCERA: VALIDEZ Y VIGENCIA DEL CONTRATO". Este contrato tendrá validez una vez suscrito por las partes contratantes y será aprobado, mediante Acuerdo Ministerial correspondiente, estará sujeto a la normativa del derecho administrativo vigente, prestando "EL CONTRATISTA, sus servicios profesionales a partir del 02 de ENERO del 2017 al 31 de MARZO del 2017, haciendo un total de 30 días, este contrato no será PRORROGABLE. De igual manera la cláusula NOVENA: JURIDICCION APLICABLE: del último contrato vigente establece lo siguiente: "Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo contencioso administrativo de esta jurisdicción.' Asimismo en el último acuerdo Interino celebrado entre el demandante y la Secretaria de Salud y que obra en el folio 84 de la pieza de autos, donde se establece: Acuerdo No. 989-2019, Nombre del servidor: JOSE EDUARDO MEDINA REYES; Tipo de Acción: NOMBRAMIENTO INTERINO, fecha de efectividad del 02 de enero del 2019 hasta (fecha inclusive) 30 de junio del año 2019.- nombrado en actividades centrales, en el Puesto de Asistente Especial Técnico III, Sueldo: 23,900..., Estructura Presupuestaria: Institución, 060, programa: 18 ACTIVIDADES CENTRALES, Sub Programa:00, actividad Obra: 005; versión: 000001, Gerencia administrativa: 01; puesto: ASISTENTE ESPECIAL TÉCNICO III, No, de Puesto: 009790, Grupo Nivel:03-11; Sueldo Lps.. 23,900. El Juzgado del Letras de Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., declaró CON LUGAR la presente demanda, habiendo sido CONFIRMADA por la Corte de Apelaciones del Trabajo la sentencia definitiva de fecha 30 de mayo del año 2022, emitida por los Juzgados de Trabajo de Tegucigalpa y ha ordenado lo siguiente: "PARTE DISPOSITIVA: FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda promovida por el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES contra el demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a que se declara: 1) Al reconocimiento de permanente la relación laboral que unía al demandante con la demandada desde el inició de la relación laboral; es decir, el 02 de enero del 2012 con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes como ser los aumentos salariales a partir que el demandante cumplió su primer año de laborar; 2) pago de restablecimiento del salario de L.32,105.00 a partir del 02 de enero del 2018; en consecuencia, II) CONDENA al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a que se declara: 1) Al reconocimiento de permanente la relación laboral que unía al demandante con la demandada desde el inició de la relación laboral, es decir, el 02 de mero del 2012 con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes como ser los aumentos salariales a partir que el mandante cumplió su primer año de laborar; 2) pago de restablecimiento del salario de L.32,105.00 a partir del 02 de enero del 2018; al Abogado FELIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES: III. Declarando SIN LUGAR la demanda promovida por el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES contra el demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA en cuanto al reconocimiento vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales, en consecuencia, IV) ABSUELVE al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto al reconocimiento vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNÁNDEZ SUÁREZ, en su condición de representante procesal de JOSÉ EDUARDO MEDINA REYES; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por el representante procesal demandado. VI) Declarando SIN LUGAR las COSTAS en esta Instancia. Que en el sentenciador en la resolución emitida en fecha 23 de junio del año 2023, lo fundamenta específicamente en los considerandos en el CONSIDERANDO (8), (9), (10); que establece lo siguiente: CONSIDERANDO (8): Que la sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia (Exp. 11016 de segunda instancia) señala "Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento, por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de la relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho CONSIDERANDO (9): Que habiéndose ya pronunciado la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que "... si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho." - CONSIDERANDO (10): Consta en el expediente judicial que el señor José Eduardo Medina Reyes, laboro mediante Contrato de Servicios Profesionales o Técnicos, en una actividad como auxiliar administrativo de forma continua e ininterrumpida acumulando a la fecha una antigüedad de cinco (5) años seis (6) meses veintiocho (28) días luego suscribió un acuerdo de nombramiento interino, acumulando a la fecha seis (6) años ocho (8) meses y veintitrés (23) días, lo cual la norma laboral y por existir una vasta jurisprudencia en la que se establece que la categoría de interino son para sustituir a otros permanentes, situación que no fue acreditado en juicio puesto que los acuerdos de nombramiento no hacen referencia al empleado al cual el demandante debía de sustituir, por lo tanto no se toma en cuenta el término que se reestablezca en tales documentos de acuerdo a la primacía de la realidad que rige en materia laboral, que la parte demandante demostró que existió una relación laboral de forma continua e ininterrumpida, y que cumplía con los requisitos del contrato de trabajo, desde el inicio de la relación laboral de fecha 03 de enero del año 2012 por lo que esta Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio de que la relación existente entre el señor JOS EDUARDO MEDINA REYES con el ESTADO DE HONDURAS es de carácter permanente. CONSIDERANDO (11): Que es procedente confirmar la sentencia definitiva apelada POR TANTO: Esta Corte de apelaciones del Trabajo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS. El Artículo 47 párrafo último del Código de Trabajo dispone: "En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar." Asimismo, el artículo 52 del Código de Trabajo en su párrafo tercero establece lo siguiente: "Si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba." El artículo 19 del Código del Trabajo preceptúa: "Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a efectuar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros en todo lo que se refiera al trabajo." Y el artículo 20 del mismo Código antes citado dispone: "Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a ésta para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen." La disposición que parcialmente invoca el Tribunal Sentenciador es inaplicable en este caso porque parte del supuesto según establece en el CONSIDERANDO (10): Consta en el expediente judicial que el señor José Eduardo Medina Reyes, laboro mediante Contrato de Servicios Profesionales o Técnicos, en una actividad como auxiliar administrativo de forma continua e ininterrumpida acumulando a la fecha una antigüedad de cinco (5) años seis (6) meses veintiocho (28) días luego suscribió un acuerdo de nombramiento interino, acumulando a la fecha seis (6) años ocho (8) meses y veintitrés (23) días, lo cual la norma laboral y por existir una vasta jurisprudencia en la que se establece que la categoría de interino son para sustituir a otros permanentes, situación que no fue acreditado en juicio puesto que los acuerdos de nombramiento no hacen referencia al empleado al cual el demandante debía de sustituir, por lo tanto no se toma en cuenta el término que se reestablezca en tales documentos de acuerdo a la primacía de la realidad que rige en materia laboral, que la parte demandante demostró que existió una relación laboral de forma continua e ininterrumpida, y que cumplía con los requisitos del contrato de trabajo, desde el inicio de la relación laboral de fecha 03 de enero del año 2012 por lo que esta Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio de que la relación existente entre el señor JOS EDUARDO MEDINA REYES con el ESTADO DE HONDURAS es de carácter permanente. Si se celebran contratos de servicios profesionales y técnicos y contratación mediante la modalidad de interinato es principalmente por la naturaleza del servicio, en primer lugar porque no se pueden comprometer presupuestos de años futuros y de hacerlo se tiene que proceder conforme lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución de la República que claramente establece que "No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestas. Las infractoras serán responsables civil, penal y administrativamente." El artículo 15 de la Ley Orgánica de Presupuesto, expresa que "cuando se trate de contratos de obra de programas o proyectos de inversión, contratos de suministro, de asistencia técnica y de arrendamiento, cuando resulte antieconómico limitar sus plazos al ejercicio fiscal y cargos financieros originados en operaciones de crédito público, que obviamente no comprende este caso. En los acuerdos de nombramiento se establece la estructura presupuestaria con la cual será contratado el servidor público, siendo esta la estructura de la plaza que sustituye temporalmente al empleado permanente o al titular de dicha plaza, en virtud que este caso ya existe la plaza, asimismo en la cláusula Cuarta de los contratos se precisan: la fuente de donde serán pagado los contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, se establece que los fondos para este Contrato serán tomado de la Estructura Presupuestaria del CONGRESO NACIONAL de la Republica. Y en segundo lugar que la relación de servicio con carácter permanente en el Gobierno Central se vincula mediante acuerdos de nombramiento, después de seguir todo el procedimiento que para ello establece la Ley de Servicio Civil. Los artículos 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil prescriben: "ARTICULO 200. Las Secretarías de Estado y los organismos desconcentrados podrán suscribir contratos de servicios profesionales y técnicos con personas naturales cuando las labores asignadas no puedan ser realizadas por los empleados regulares o de carrera, ya fuere por la especialidad de las labores o por otra razón calificada. Esta modalidad también podrá emplearse para reclutar personal calificado que se requiera para la ejecución de proyectos especiales. Previo a la suscripción de los contratos deberá acreditarse que los candidatos reúnen los requisitos de idoneidad y capacidad requeridos, a cuyo efecto deberá acompañarse copia de los títulos, diplomas o certificados que correspondan, así como la hoja de vida con los antecedentes profesionales y la experiencia necesaria y sus remuneraciones deberán ajustarse en lo posible a los de los servidores públicos que realizan tareas similares como disponen los Artículos tres (3) inciso 1) de la Ley de Servicio Civil, y nueve (9) de este Reglamento, quienes prestan servicios bajo esta modalidad están excluidos del Servicio Civil. ARTICULO 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Para la validez de estos contratos deberán observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno si no hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad." El artículo 22 de la Ley de Servicio Civil dispone que "todos los puestos de la administración pública comprendidos en el Manual de Clasificación de Cargos deberán adjudicarse en base a exámenes por oposición salvo aquellas circunstancias especiales en que no sea conveniente seguir este procedimiento, por exigirse conocimientos muy especializados o porque la naturaleza del cargo así lo aconseje, en cuyo caso podrá aplicarse el método de oposición de antecedentes. El Manual de Clasificación de Cargos deberá señalar los casos calificados que comprenda esta excepción." El artículo 6 del Reglamento de esta Ley dispone: "Para los fines de la Ley y del presente Reglamento, los términos y definiciones que a continuación se indica, tienen el siguiente significado: 3. Acuerdo del Poder Ejecutivo: Acto administrativo dictado por el Presidente de la República que autoriza al respectivo Secretario de Estado o el dictado por un Secretario de Estado actuando por delegación del Presidente de la República, relativo, en ambos casos, a la legalización de situaciones prescritas por la Ley... 28. Nombramiento: Es el acto administrativo de concesión del status de Empleado o Servidor Público a una persona natural, por medio de un Acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley." De acuerdo con las disposiciones legales que he citado, para que un servidor público tenga la permanencia en el cargo, se requiere que exista una asignación presupuestaria y que la misma este afecta a dicha relación, que el servidor público se sujete a la normativa de la Ley de Servicio Civil, entre ellas la de hacer examen de oposición, requisitos que se constituyen en solemnidades para la permanencia en el cargo público. Si bien es cierto que el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de prueba y por lo tanto forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; sin embargo, cuando la ley exige determinada solemnidad ad sustantian actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medios. De ahí que el Tribunal Sentenciador al apreciar que los acuerdos Interinos celebrados entre el demandante y la Secretaria de Salud, así como los contratos de servicios profesionales y técnicos como contratos de trabajo regulados por el Código del Trabajo lo hace en forma errónea pues en su criterio no necesita de tales solemnidades para que el demandante exija derechos que únicamente le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud sin observar el procedimiento establecido en la Ley, nombrados mediante un acuerdo, no teniendo la competencia los Juzgados del Trabajo de Francisco Morazán de la jurisdicción de la Dirección General de Servicio Civil, para ordenar que a la demandante se le otorgue acuerdo de nombramiento permanente desde el inicio de la relación laboral al demandante y se le reconozcan todos los derechos que ostentan los Servidores Públicos nombrados mediante un acuerdo permanente, por no estar comprendido en el ámbito de su competencia, y que al hacerlo estaría incurriendo de esa manera en un error de derecho y que en forma indirecta infringe el 47,52, párrafo último en relación con los artículos 19 y 20, del Código del Trabajo, y el artículo 4,11 de la Ley de Servicio Civil, 22,77, 200,201 del Reglamento de Servicio Civil al haberlo aplicado indebidamente y que como consecuencia de esa aplicación indebida, a reconocerle la antigüedad en la relación laboral como permanente en la Secretaria de Salud y demás derechos exigidos por la parte demandante reconociendo por este acto la permanencia al señor JOSE EDUARDO MEDINA REYES, y por tal razón declaró con lugar la demanda, y demás derechos solicitados desde el inicio de la relación laboral al demandante. por lo antes expuesto, es procedente en derecho que se declare ha lugar este motivo de casación, que se case la sentencia recurrida y como resultado de ello que se declare sin lugar la demanda promovida contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Salud”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: revisado lo expuesto se concluye que la Recurrente, asumió con ligereza este recurso extraordinario, pues, este Tribunal se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, siendo lo señalado un extenso e inoportuno alegato de instancia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 770 del Código de Trabajo. Es importante recordar, que las formalidades establecidas en la Ley Laboral, para la interposición de la demanda de casación y su desarrollo son la que determina el carácter extraordinario del mismo, lo contrario implica la violación al principio de doble instancia establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República. IV.- Para fines jurisprudenciales, es preciso establecer que lo que lo que motiva el recurso de casación es la confrontación de la ley con el fallo impugnado, por lo que es de rigor establecer con claridad y precisión en la formulación de los motivos lo siguiente: a) la norma de naturaleza sustantiva del orden nacional laboral que se estime infringida, es decir la proposición jurídica que implica la violación de la norma material y las relacionadas con la misma; b) el concepto en cualquiera de sus distintas modalidades ya sea por violación directa o indirecta; y, c) una explicación mediante la cual se demuestre la infracción en que ha incurrido el juzgador de instancia y la que el Recurrente considere correcta sin extenderse en alegatos de instancia la omisión en cualquiera de estos requisitos formales comprometen el éxito del recurso de casación como en el caso de mérito. V.- Se hace la observación a los Juzgadores de instancia ser más cuidadosos al momento de emitir sus fallos judiciales en relación a identificar apropiadamente a la parte demandante y a sus representantes procesales para efectos de precisar en sus pronunciamientos la calidad con que actúa cada uno y establecer los derechos y obligaciones que a cada uno le corresponden. Debiendo rectificar numeral 2) del incido II) y IV) del fallo, conforme a los artículos 858 del Código del Trabajo y 22, 204.3 del código Procesal Civil. VI.- Por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se interpuesto en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en su primer y único motivo de casación; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL609-23. 24. FIRMA Y SELLO
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -